La inauguración correrá a cargo de Alejandro Gómez de la Facultad de Derecho, de Marcela Ferreyra de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS) y del presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes. Acto seguido dará inició la Audiencia, con la comparecencia del caso por presuntos daños en el territorio de La Pampa ocasionados por el corte del río Atuel presentado por la Fundación Chadileuvú (FUCHAD) contra el Estado Nacional Argentino y la Provincia de Mendoza.
En la Audiencia, que se llevará a cabo hasta el viernes 9 de Noviembre, se escucharán también cuatro casos más del continente entre los que están el caso sobre la posible afectación de los mantos acuíferos en González Catán, Matanza, Buenos Aires; el caso por la posible afectación y merma del caudal hídrico en la República Mexicana; el caso de amenaza al derecho humano al agua por el proyecto minero Conga en Perú y el caso sobre los posibles daños medioambientales causados por el proyecto minero Pascua Lama en varios valles de la frontera chileno-argentina.
El Jurado de la Audiencia, compuesto por un grupo de notables internacionales, estará formado por Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia; Alexandre Camanho de Assis, Procurador de la República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero; la Dra. En derecho Silvia Nonna, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Giselle Boza Solano, abogada y periodista costarricense. El día 9 de noviembre, al finalizar las sesiones de escucha y deliberación, emitirán sentencia sobre los contradictorios.
De forma paralela a la Audiencia, se llevarán a cabo una serie de foros, en los que la sociedad civil podrá debatir e informarse más a fondo sobre los casos presentados, así como sobre la situación del agua en Buenos Aires, con la participación de Aloas. En estos foros, también se realizarán escuchas preliminares de otros casos susceptibles de comparecer en futuras Audiencias del Tribunal.
El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia de justicia ético-ambiental que procura contribuir a la solución de controversias hídricas en América Latina y a la protección de los cuerpos de agua . Desde el año 2000, este Tribunal ha realizado cinco Audiencias Latinoamericanas (en Costa Rica, México, Guatemala) y una Audiencia internacional en Estambul, así como múltiples foros y talleres. Esta es la primera Audiencia Pública que el Tribunal realiza en el Cono Sur, dando escucha a graves casos de posible afección medioambiental en la región.
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El día 9 de noviembre, al finalizar las sesiones de escucha y deliberación, emitirán sentencia sobre los contradictorios. Para más información sobre ellos, por favor, lea abajo.
Dr. Philippe Texier (Francia)
Es magistrado dela Corte Supremade Justicia de Francia y miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas, órgano del que fue presidente.
Fue juez de Instrucción en Chalon sur Marne, Marseilla y París, presidente de sala en el Tribunal de Apelaciones de París, Director dela División Judicialdela Escuela Nacionalde Magistrados de Camerún y Presidente del Tribunal de Gran Instancia de Melun y Evry. Además, ha sido experto independiente parala Comisiónde Derechos Humanos dela ONUen Haití y Director dela Divisiónde Derechos Humanos enla Misiónde Observación de las Naciones Unidas en El Salvador a principios de los 90.
Actualmente es Consejero dela Sala de Asuntos Sociales dela Corte de Casación de París y cuenta con una vasta experiencia en América Latina.
Dr. Alexandre Camanho (Brasil)
Magistrado del Ministerio Público y Procurador dela Repúblicade Brasil. Realizó sus estudios de derecho en Holanda y Grecia y ha impartido clases en el Instituto del Río Branco, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y enla Academianacional de Policía, donde es profesor También se ha destacado como consultor dela Repúblicay como Coordinador Criminal de la Procuraduría Regional de la República de la región Nº 1 desde 2006 hasta hoy.
Como Miembro del Ministerio Público ha participado en múltiples actividades relacionadas con la protección de la naturaleza, incluso acciones civiles y penales.
Ariosto Otero (México)
Muralista mexicano de reconocido prestigio y Presidente de la Unión Latinoamericana de Muralistas y Creadores de Arte Monumental, es también miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México y miembro de la Sociedad Bolivariana en México
Estudió en Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, España) y en la Escuela Nacional San Carlos, de la UNAM (México). Ha impartido docencia de postgrado en la Universidad Nacional de Plata, Argentina
Ha realizado más de 70 murales de gran formato en espacios emblemáticos de América Latina, especialmente en México, pero también en Argentina, Paraguay, Colombia y Guatemala. Entre sus últimas obras destacan “Justicia Para todos”, “Campo de Olotes” y “Los Héroes Caminan sobre el Tzompantli” ubicadas en el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo de México DF.
Por su labor artística y social, ha sido objeto de múltiples reconocimientos como la medalla Ricardo Flores Magón de la revista Proyección Económica 2020, la medalla Benita Galbana al mérito ciudadano del PRD (México) o el reconocimiento Miembro de Honor y la medalla de la Casa de Estudios, Universidad Nacional de La Plata, (Argentina). Recientemente La Lotería Nacional expidió un billete con el mural “Justicia para todos” en conmemoración de los 75 años del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.”
Dra. Silvia Nonna (Argentina)
Docente de la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su doctorado en 2003 y donde es abogada especialista en Derecho de los Recursos Naturales. A lo largo de su trayectoria académica ha realizado múltiples estancias de investigación, por ejemplo la George Washington University, donde fue Environmental Research Fellow. Recientemente, ha sido nombrada profesora titular de Derecho Ambiental de la Universidad Abierta Interamericana.
Fue directora legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y su representante ante el Consejo Federal de Medio Ambiente. Asimismo, fue Directora del Registro Nacional de Residuos Peligrosos y Coordinadora de la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental de la SAyDS. En materia legal ambiental, también se ha desempeñado como asesora de la Cámara de Diputados de la Nación y del Ministerio de Economía de la Nación y ha representado a la Nación Argentina ante las Naciones Unidas.
También fue Directora del Instituto de Recursos Naturales y Ambiente del Colegio de Abogados de San Isidro. Se ha desempeñado como auditora para certificadoras internacionales y como directora de programas medioambientales de varias ONGs.
Entre sus publicaciones destacanPresupuestos Mínimos de Protección Ambiental, Guía de la regulación normativa provincial sobre residuos peligrosos; Environmental Law in Latin America o Derecho Ambiental en América Latina. Asimismo, ha sido coautora en múltiples libros y publicaciones sobre regulación ambiental, alimentaria y de residuos tóxicos.
Giselle Boza Solano (Costa Rica)
Es profesora de Derecho de la Comunicación en la Universidad de Costa Rica, donde se egresó en Ciencias Penales y donde es Directora del Sistema Radiofónico conformado por las emisoras Radio Universidad, Radio U y Radio 870 UCR.
Ha trabajado como periodista de radio y televisión y dirigió el Semanario Esta Semana y la Revista de pensamiento y cultura Contrapunto.
Es coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI), integrante de la Comisión Interdisciplinaria sobre Violencia y Sociedad y representante del Consejo Nacional de Rectores y de la UCR en las Comisiones Especiales Mixtas sobre Televisión Digital y Radio Digital.
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Servindi, 31 de octubre, 2012.- A tres años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 200 soles a favor de Minera Yanacocha, fueron condenados cuatro miembros de la familia Chaupe en el distrito de Sorochuco, región Cajamarca, por supuestamente haber usurpado propiedad de la empresa.
Según la sentencia la familia tiene 30 días para abandonar el predio en disputa que forma parte del proyecto minero Conga. La misma ha sido apelada ante las instancias superiores y se espera una reevaluación del caso y un fallo que esté acorde con las normas y la justicia.
La defensa de la familia Chaupe cuestiona la manera como actuó el Ministerio Público, que junto a la empresa, no han presentado pruebas que acrediten que Yanacocha es la real posesionaria del predio ubicado en la localidad de Tragadero Grande en Sorochuco.
Maxima Acuña muestra la secuela de los golpes que recibió en el intento de desalojo promovido por Yanacocha
En 1994 Jaime Chaupe Lozano adquirió 18 hectáreas de tierras para cultivo y pastoreo tal como lo indica el certificado de posesiónotorgado por la comunidad campesina del distrito. Sin embargo, la seguridad de ser titular de sus tierras estuvo presente hasta mayo de 2011 con la llegada de la minería hasta el lugar.
En aquel mes Yanacocha sorprendió a la familia de Chaupe Lozano presentándose a su terreno con maquinaria pesada con la intención de abrir una trocha carrozable aduciendo que el predio ubicado entre los parajes del Cerro Cocañes y El Perol es de su propiedad desde 2001.
Esto luego de que se celebrara la transferencia de activos de la empresa Minas Conga S.R.L. –la misma que en 1996 habría comprado directamente a la comunidad de Sorochuco las tierras en Tragadero Grande– a Minera Yanacocha S.R.L.
Aquel encuentro con la policía en 2011 que incluyó la presencia de una veintena de efectivos de la DINOES y de personal de la minera quedó grabado en un video registrado por una desesperada mujer que denunciaba ser víctima de agresiones físicas por parte de los “nuevos” dueños de sus tierras.
Al no lograr su propósito, Yanacocha interpuso una denuncia penal en agosto de aquel año por usurpación agravada contra Chaupe Lozano, además de Elías Abraham Chávez Rodríguez, Máxima Acuña Atalaya e Ysidora Chaupe Acuña, las dos últimas esposa e hija del primero, respectivamente.
Antes la familia había denunciado a la empresa por usurpación y daños, pero la fiscalía dispuso el archivamiento definitivo del caso. Consideró que Chaupe Lozano no había demostrado actividades reales de posesión en el predio en disputa y que la compañía se limitó a reconocer su propiedad.
La asociación civil Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), que patrocina a la familia Chaupe y de la que forma parte la abogada Mirtha Vásquez, cuestionó la sentencia del juzgado de Celendín por una serie de irregularidades.
Para la citada organización llama la atención que la sentencia se haya basado solo en que la familia Chaupe no ha presentado pruebas para desvirtuar su responsabilidad cuando conforme a ley no le toca a los denunciados probar su inocencia sino al denunciante probar la culpabilidad.
Cuestiona además que la sentencia se haya basado en las inspecciones de la policía y la fiscalía en las que se comprueba que la familia estaba asentada en el predio y que se haya dejado de lado un elemento fundamental: que la empresa acredite que es la real poseedora del terreno, algo que nunca hicieron.
Finalmente, cuestionan el desempeño del Ministerio Público que habría incurrido en una falta conocida como sustracción de la materia, debido a que éste se ocupó más en defender la propiedad de la empresa respecto al predio cuando lo central era el tema de la posesión del bien.
Servindi, 14 de agosto, 2011.- La Plataforma Interinstitucional Celendina denunció la brutal agresión física que sufrieron varias mujeres de la familia Chaupe Lozano, incluyendo una niña, por personal contratado por la empresa Yanacocha, quien actuó con el apoyo de la Policía Nacional. Seguir leyendo…
Por César Gamboa*
31 de octubre, 2012.- Han pasado ya más de un mes y ha pasado un poco desapercibido el Informe de la Comisión Multisectorial que propone una “Nueva Minería” en base a criterios de sostenibilidad y equidad.
Si bien es cierto hay elementos muy genéricos, quizás hasta imprecisos, lo cierto es que son un conjunto de recomendaciones y medidas que son el término inicial para mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones en el país.
Si hacemos una lectura crítica del informe, podría decirse que es una agenda correctora y mejorada de lo que se esperaba de este modelo, sin intentar cambiarlo. Sin embargo, si se llegan a cumplir algunos extremos e implementar estas recomendaciones, probablemente estaríamos hablando de una mejora sustancial de la gestión ambiental.
El informe tiene 4 ejes y destacan 5 puntos esenciales donde se abordan cambios a la gestión ambiental:
Desarrollar instrumentos de planificación del territorio y del recurso hídrico;
Mejora de la calidad ambiental (completar la aprobación del ECA suelo y demás LMP para las actividades extractivas);
Mejorar la aprobación de los estudios de impacto ambiental y su institucionalidad (creación del SENACE);
Fortalecer la fiscalización ambiental y social de las inversiones; y
Creación del mecanismo de la rendición ambiental (Informe de Desempeño Ambiental).
Mecanismos interesantes y nuevos se proponen en el Informe (protocolo preventivo de conflicto social o plan de inclusión social), sin embargo, se adolece de una mayor contundencia en señalar la actualización de los reglamentos ambientales sectoriales, lo cual se debió dar hace más de dos años, no solo el agrario o de vivienda, sino todos los sectores.
Además, sorprenden las ausencias en el informe que le restan integralidad y un alcance más ambicioso para terminar de nombrarlo como una nueva relación con el ambiente:
Revisión del sistema de concesiones y su impacto ambiental en ecosistemas frágiles;
Los próximos pasos de la lucha contra la minería ilegal;
La definición de competencias ambientales de gobiernos regionales y locales en la aprobación de EIAs; y
Promoción mucho más clara de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas sectoriales y por niveles de gobierno.
Debemos proponer un debate nacional sobre los términos del informe e ir más allá del mismo. Lastimosamente no existe una hoja de ruta para este debate, transparente y participativo, plazos o términos reales de cumplimiento y ese es el primer paso que debería dar el Gobierno.
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Acceda al informe de la Comisión Multisectorial con un clic en este enlace (pdf, 42 páginas)
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* César Gamboa Balbín es Director de Políticas de la asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
“No queremos violencia, pero ellos están usurpando nuestra tierras y estamos tomando acuerdos para desalojarlos”, sostiene Felipe Palma López, dirigente rondero. En la reunión con el Premier, los representantes de estos caseríos y centros poblados, solicitaron que el dinero del Canon Minero sea entregado directamente a las comunidades porque consideran que las autoridades locales y regionales no realizado ninguna obra en beneficio de estas zonas altoandinas. “Antes no teníamos carretera y tardábamos dos o tres días para llegar a Cajamarca en nuestros caballos para vender nuestra papa, ahora, con la carretera que construyó la mina, lo podemos hacer en dos horas y media”, nos comenta Gerardo Orrillo Chávez, representante de la comunidad de santa Rosa de Huasmín.
El grupo de comuneros aseguran que las personas que se encuentran acampando cerca de Conga están siendo manipuladas por algunos políticos. “Si tanto quieren agua por qué se oponen a los reservorios”, sostienen.
CELENDIN LIBRE 
