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Wilfredo Cholán

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca admitió la demanda de Amparo presentada hace dos años contra el proyecto minero Conga, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) así lo dispusiera mediante resolución. Asimismo, fueron admitidos los Amicus Curiae presentados por diferentes instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Cajamarca y  una universidad canadiense, entre otras. De este modo, la empresa minera Yanacocha tendrá que objetar y sustentar la demanda planteada de afectación de derechos fundamentales que ocasionaría el proyecto mencionado.

En diálogo con Noticias SER, Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides, explicó que esta admisión del Amparo marca un precedente en la justicia peruana, ya que minera Yanacocha estaba intentando que no se admita: “En el país, pocas veces se ha planteado  el asunto de discutir qué es prioritario, el derecho al medio ambiente o los derechos económicos, y esa es una discusión que estamos planteando. Va a ser importante, en  términos jurídicos, legales y sociales. A partir de esta experiencia, se van a declarar admisibles todos los amparos que se presenten en relación a megaproyectos que vayan a lesionar derechos fundamentales”, detalló. Asimismo, la abogada dijoque lo que plantea Yanacocha es que estos casos no deberían discutirse en un amparo que ve derechos fundamentales, sino que deberían evaluarse en un proceso administrativo.

“Por ejemplo, el aporte que ha hecho la universidad de Cánada ha sido el mostrar cómo siendo ese también un país minero, en muchas oportunidades se ha logrado priorizar el derecho al medio ambiente para frenar megaproyectos mineros, incluso más grandes que el de Conga. Lo que ellos dicen es: si en Canadá se procede así, por qué en el Perú no se podría empezar con esa política de priorizar derechos fundamentales sobre derechos económicos”, puntualizó.

Debate de fondo

Vásquez anunció, así mismo, que en adelante se debatirá el tema de fondo, y ambas partes sustentarán técnica y legalmente sus posiciones y argumentos ante las instancias correspondientes: “Vamos a entrar a la discusión técnico legal sobre la vulneración de derechos al medio ambiente. Luego viene un fallo de primera instancia, respecto al cual, cualquiera de las partes tiene el derecho de impugnar. Supongo que el caso volverá al TC, porque cualquiera de las partes va a intentar agotar todas  las vías”, señaló.

“Es un paso importante en nuestra lucha”

Por su parte, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), señaló que dicha admisión es un paso legal importante en su lucha por la inviabilidad del proyecto Conga,y que por fin se ha logrado lo quese ha estado buscando desde hace tres años. “Ha sido sustancial, porque hasta los Amicus Curiae han sido admitidos. Entonces, imagino que Yanacocha debe estar preocupada”, declaró.

Asimismo, el dirigente consideró que su lucha se da desde varios espacios, como el social, legal y técnico: “el social tendrá su curso el 26 de noviembre, pues vamos a movilizarnos en Cajamarca; el tema legal se sustenta justamente en esta admisión de amparo, y el tema técnico, que nos avala,ya ha sido demostrado por diversas instituciones”, refirió.

Publicado en Noticias Ser

18/11/2015


Tres nuevos casos se suman a los otros tantos casos registrados y reportados y que fueron escondidos por el Ministerio de Salud “para evitar la conflictividad social”

Nuevos resultados de Censopas (Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente Para la Salud) ineludibles e inevitables han dicho que existen tres niños hualgayoquinos con plomo en la sangre, noticia que a ciertos funcionarios que solo buscan figuretear no les interesa ni hacen eco porque sería afectar la imagen de las mineras y trabajando para ellas podría resultar un mal negocio, más ahora que se busca un escaño en las próximas elecciones 2016 para el Congreso.

Los tres niños se suman a los otros tantos casos registrados y reportados y que fueron escondidos por el Ministerio de Salud “para evitar la conflictividad social” – como si con ello fueran a evitar que el deterioro de la salud de los niños se incremente- el tema parece ser irrelevante para aquellos funcionarios que no tienen plomo en la sangre, ni sangre en la cara… sin embargo, esto también es fiscalizar.

Por su parte funcionarios de Minera Gold Fields salieron a decir –mentir- que Hualgayoc no tenía agua “porque su población, que antes era de mil personas, ahora es de tres mil”. Mentira fastuosa y absurda que linda con la ridiculez, este funcionario que a todas luces no es cajamarquino no sabe dónde está parado ¿cuándo Hualgayoc tuvo mil habitantes? Ni siquiera en tiempos de la colonia.

Sin embargo, asumamos que lo que dice fuera cierto, ¿el incremento de personas en un pueblo hace que los manantiales desaparezcan? En Hualgayoc desaparecieron los pozos de agua y manantiales.  No dicen nada de las captaciones subterráneas que bajo el pueblo se han hecho y que ello ha conllevado a que Hualgayoc se quede sin agua, parece que el mal ejemplo de las mineras como Yanacocha ha pegado rápido en una empresa que tenía una política mucho más transparente.

Las personas contaminadas con plomo en la sangre necesitan atención y tratamiento inmediato, nadie responsabiliza a nadie de un hecho tan infeliz, no se sabe aún de donde proviene esa contaminación, puede ser de las actuales labores o de las anteriores, de los pasivos ambientales que están diseminados en la zona… pero de que urge atención inmediata, la urge.

Cuando se hizo la denuncia de contaminación por plomo hace unos meses el aparato mediático de las mineras de inmediato se puso a operar y trató de salvar responsabilidades desmintiendo al gerente del Renama, Sergio Sánchez Ibáñez, lo que era absurdo y cuestionable. La jauría de comunicadores llegó incluso a atacarlo vilmente.

Algunos funcionarios piensan que su única labor es solo fiscalizar obras del gobierno regional y en casos como estos se olvidan de la dichosa palabreja, la omiten sistemáticamente, la relegan y hasta parece que nunca la oyeron. Y es que les da lo mismo porque no se trata de sus hijos y ellos no tienen plomo en la sangre, ni sangre en la cara tampoco, pero el figureteo sí les fascina y hablan de fiscalización, fiscalizar, investiga, indagar…

Publicado en Panorama Cajamarquino

17.11.2015


Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

– Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.

Servindi, 13 de octubre, 2015.- Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI.

La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.

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Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de Lima. Foto: Servindi

“Vengo de Tragadero Grande”

“Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra”, denunció Máxima ante el auditorio de unas 500 personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y medios de comunicación de diversos países.

“Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales para cometer estas violaciones”, señaló la defensora de las lagunas.

“En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados. Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en nuestras propias tierras”, concluyó Máxima.

En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte. En mayo, un grupo de trabajadores de la empresa minera derribó una construcción levantada por la campesina y su familia.

En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima.

Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

“Siguen engañando a nuestro país”

“Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida”, dijo Elmer con voz firme ante la asamblea.

“Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro país con que el proyecto está suspendido”, señaló el representante de Bambamarca.

“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más derramamiento de sangre ni más muertos”, concluyó Elmer.

En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó baleado.

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Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi

Respuestas oficiales

La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute (NRGI) y ex director del Banco Mundial.

El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de Máxima y Elmer:

“Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo”, señaló McGuire.

“En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen”.

Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y justificaciones ante los reclamos formulados.

“La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones”.

“Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de manera abierta y sin violencia”.

“Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros, pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los derechos humanos o pasan momentos difíciles”.

“El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que generamos nosotros”, concluyó el funcionario.

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Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi

Conga no va

Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.

Se entregaron copias del informe “Conga no va” publicado recientemente por un grupo de organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”, agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo técnico.

“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto Conga” concluye el informe.

A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer cumplir sus propias Normas de Desempeño.

La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la región Cajamarca.

La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica.


Fuente: elgranangular.com

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales alrededor de conflictos mineros.

Perú es el cuarto país del mundo más mortal  para los defensores ambientales y de la tierra, según el estudio de la organización Global Witness. Al menos 57 activistas fueron asesinados entre 2002 y la actualidad,  la mayoría de estas muertes fue por conflictos relacionados con proyectos de minería. El 56% de los presuntos autores de las muertes fue a manos de los  policías, y el 17% fue esta fuerza de seguridad junto con las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada.

Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las “dádivas” de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Esta región minera alberga relatos de impunidad, de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido.

La lucha del campesino Isidro Llanos

Sus lágrimas caen a borbotones de sus ojos, y recorren los surcos del anciano rostro. Paula Llanos no puede contener ese llanto ahogado al comenzar a  hablar de su “hermanito”, Isidro. Sus manos, embrutecidas por llevar toda una vida trabajando en el campo, y deformadas, por la artrosis, tratan de secar sus lágrimas.

“La mina, lo mataron a mi hermanito, mi papacito. Él sólo por resguardar esas aguas. Esos delincuentes, esos arrastrados, lo mataron”, se lamenta. Isidro Llanos era un hombre de campo, 58 años dedicados a cultivar sus tierras, y a criar ganado. El 2 de agosto de 2006 lo mataron en Combayo.

El río Azufre parecía condenado a un destino de contaminación. La empresa Yanacocha se instaló en los años noventa en el cerro Carachugo, ahí  se fundió la primera barra doré. En 2006, las intenciones de la empresa de ampliar el proyecto minero  (Carachugo II), movilizaron a la población. “Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino”, relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. “No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso”, comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. En diciembre de 2010 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca decidió liberar de cargos a los tres policías supuestamente involucrados, aduciendo no tener pruebas suficientes que los incriminen.  “No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo”, relata Paula Llanos.

“Nueve años después de la muerte de Isidro Llanos, no hay ningún culpable”

Vive en una herrumbrosa casa de adobe junto a su familia compuesta por mujeres. Cajamarca es la región más pobre del país, más de la mitad de sus habitantes (53.7%) viven en la pobreza y más del 20%  en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Enaho 2012.  Las dos niñas juegan animadamente con su hermanita de apenas dos años. Sus risotadas ignoran por un momento la pobreza extrema en la que viven, en la que el 36,1% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

María Tasilia se abre paso, entre las gallinas, para visitar la lápida de su tío. Camina descalza entre piedras, tierra y prado. Sus pies son gruesos y agrietados. Paula se arrodilla frente a la lápida y comienza a llorar. Cuando sus lágrimas comienzan a secarse,  y el vacío se apodera del estómago carcomiendo poco a poco, empieza a entonar una triste canción andina, para ella, para su consuelo,  como si de una nana se tratase, se calma. “Mi papacito, mi hermanito…” Poco a poco se apaga,  hundiéndose su cabeza coronada por el tradicional sombrero regional entre sus piernas.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

Ver línea de tiempo

Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque “declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos”. “Quienes toman la decisión política de que intervengan las fuerzas armadas, deben de saber medir  las consecuencias de dicho acto, porque éstas no están capacitadas para realizar funciones de índole policial”, explica. “Ese es el problema: porque cuando decides sacar a las fuerzas armadas salen con fusil, y si tú eres un muchacho de 18 años que está haciendo su servicio militar y se te viene una turba con palos, piedras. ¿Qué va a hacer? Reacciona y lamentablemente eso es lo que ha provocado varios muertos”, comenta.

El decreto establece que cuando la actuación de las fuerzas armadas en estado de emergencia se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo o elemento hostil, rigen las normas del derecho internacional humanitario. “El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado”, sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. “Cuando se produce una situación de conflicto armado entonces aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual rebaja el nivel de licitud del uso de la fuerza. En el contexto de un conflicto armado, el Derecho Internacional si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado”, comenta Bregaglio.

“Solo entre el 2011 y 2012 cinco personas fallecieron y 154 resultaron heridas”

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, “cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional”. No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de “sobrepasado”, considera que debe ser definido, para “no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder”. Para el Procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, en cambio, no ve necesidad de que esté definido. “Eso no puede estar tampoco en la ley, porque te da un marco general. Esos son hechos puntuales que competen a determinadas circunstancias que se tiene que valorar en su momento”.

Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del “orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable”, pues de lo contrario, “viviríamos en una anarquía”.  Añade además que “no hay una preocupación particular en el Congreso en el tema normativo, sino al contrario, hay una preocupación por el desorden social”.

“El agua es la vida”

El joven César Medina dedicaba su tiempo a defender algo tan lejano para los que viven en las ciudades: el agua. “El agua es la vida mamita. Tenemos que seguir luchando por ella”, le decía a su madre con convicción. Todos los pobladores de Celendín y de Bambamarca recuerdan cuando el presidente Ollanta Humala los visitó y les preguntó: “¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante el agua o el oro?”. El sentimiento de traición entre la población aflora en las conversaciones. “El presidente vendió a su pueblo a la minera, y nos mandó matar”, afirma Santos Huamán.

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces. Estos casos, a pesar de haber sucedido en Cajamarca,  la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, del Poder Judicial, (31 de mayo de 2012) ordena que los procesos judiciales sucedidos en Cajamarca sean de conocimiento por los órganos jurisdiccionales con sede en la región de Lambayeque.

“Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a losculpables”.

El 3 de julio, César Medina le dijo a su madre que iría a la Iglesia y después a una cabina de Internet  para poder terminar el trabajo que le habían mandado en la escuela, a pesar de que su madre Maximila Aguilar  le había recomendado que no saliera a  la calle porque habían protestas.  Tenía 17 años, le quedaban tres meses para terminar el último año de la secundaria, y además, estaba en el primer puesto. El joven  iba a formar parte de ese escaso 32% de  ciudadanos que termina sus estudios secundarios en la región. “Ya termino mi colegio, ya voy a trabajar mamita, ya no vas a sufrir”, le decía. “Porque yo trabajé mucho para educar a mis cuatro hijos”, comenta Aguilar. Celendín es la provincia que registra el mayor porcentaje de pobreza total de la región, con una tasa total de 75.1% y de 46.3% de pobreza extrema. Maximila Aguilar regresó del mercado a  su casa sobre  las 2 de la tarde, al ver que no retornaba su hijo, salió a buscarlo.  Las calles estaban llenas de policías, lo buscó en la Iglesia y en la posta, donde lo encontró  tumbado en una camilla.

Maximilia Aguilar

Las vigilias de la población contra el proyecto minero Conga unieron voluntades, esfuerzos, impulsaron debates y motivaron paros. Pero también encendieron la alarma política que veía en esta participación popular una amenaza.  El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. Afirma que con esta intervención se quiere “poder prevenir los actos de violencia que pudieran producirse a raíz de las acciones a desplegar en razón del paro regional indefinido convocado a partir del 31 de mayo”. Como consecuencia se instaló una base militar en el Coliseo de la ciudad.

José Faustino Sánchez era peluquero, pero desde hacía un tiempo trabajaba en la construcción porque debido a la presencia constante de las fuerzas armadas, según relata su viuda Marisol Malqui, no dejaban abrir los locales. José era el sustento de su hogar porque su esposa además, está enferma del corazón. Ese día, el 3 de julio de 2012, regresó a su casa a almorzar junto a ella. “En las noticias escuchamos que había un incendio en la plaza de armas de Celendín, no sabíamos la razón”, explica Marisol.

Según informes policiales, a las 11 horas un grupo de manifestantes de 1500 personas se dirigieron desde la Casa del Maestro con dirección a la Plaza de Armas. Hacia las 12.40 comenzaron los manifestantes los disturbios porque supuestamente, “arrojan piedras en forma violenta al personal policial y propiedad privada”, provocando lesiones a dos miembros de la policía. Poco después, de acuerdo a estos documentos, los manifestantes incendian las instalaciones de la Municipalidad. A la 1 de la tarde, el comandante de la PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo solicitó apoyo militar con la finalidad de brindar protección a las instalaciones de la comisaría, porque según la carpeta fiscal del Ministerio Público  un grupo de 800 personas se dirigían con la finalidad de incendiarla. Los equipos que actuaron  en apoyo de la policía nacional contaban con escopetas con cartuchos de 12mm con balas de goma, cascos antimotines, escudos de protección y otros contaban con fusil tipo Galil cuya munición es de calibre 5.56 mm.

“Todas las calles de Celendín, estaban ocupadas por los militares y policías”.

Marle Livaque, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de la provincia de Celendín, explica que hacia el 27 de junio algunos trabajadores de la Municipalidad les habían advertido que iba a ver un atentado en la Municipalidad, y que querían incendiar sus instalaciones para que echaran la culpa a los manifestantes ante lo cual, interpusieron una denuncia. Asimismo, Livaque afirma que hubo infiltrados que provocaron los disturbios.

José Faustino Sánchez hacia las 4 pm se marchó del trabajo a su casa por órdenes de su jefe, para que no los alcanzara una bala perdida. De camino, recibió un disparo. Paulino Leonterio regresó a Celendín el 2 de julio. Volvía a casa unos días para estar con su esposa Adelaida Amelia Tabaco y sus dos hijos, que tenían entonces 15 y 14 años. Paulino, de 43 años, estuvo trabajando un mes en Lima porque no encontró trabajo en su localidad. Este padre de familia, también defendía el agua, porque como repite Adelaida, ” el agua es la vida”. El 3 de julio, Paulino salió de su casa sobre las 11.30 de la mañana para visitar a su hermana. Todas las calles de Celendín “estaban ocupadas por los militares y policías”, relata Adelaida. Cuando retornaba a su casa y pasaba por  una calle cercana a la Plaza,  un impacto de bala le lesionó  el pulmón y tórax, causando su muerte.

Joselito Sánchez tenía 30 años y era albañil. Ese día estaba poniendo mayólica en una casa a unas cuadras de la Plaza de Armas. De camino a su trabajo se encontró con la protesta. Decidió sumarse a ella para “defender el agua”, relata su madre Santos Huamán. “Yo estaba en la plaza, pero no sabía que mi hijo también estaba. Un policía me habló feo y me tiró al suelo”. Al poco tiempo sobrevoló un helicóptero y fue entonces cuando comenzó la balacera, explica Santos quien añade que, según lo que la gente cuenta, su hijo empezó a filmar con su celular, y es en ese momento cuando recibe el disparo.

Las muertes de Conga 

Paseamos por la Plaza de Armas de Celendín, donde hay varios carteles promocionando que los jóvenes se apunten a la escuela de policía. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, considera que “no es casualidad. Es una estrategia para que luego repriman a su misma gente. Igual pasa con la proliferación de universidades como Alas Peruanas, la de San Pedro, ofrecen carreras como ingeniería de minas, donde después los jóvenes son captados por las mineras”.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al “traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego”. Marisol Malqui lo recuerda claro, no lo olvida porque estuvo presente mientras se realizaba la necropsia, “sin mi presencia, ustedes no lo van a hacer”, dijo Marisol, en un acto por velar y proteger a su marido José Faustino.

En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia recogido en la carpeta fiscal, se afirma que “es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín”.

Joselito Tumba

En la descripción de los hechos, se señala que las fuerzas de orden desarrollaron acciones disuasivas (medios no letales). La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Advertía además sobre “los problemas educativos, logísticos y normativos de la PNP en materia de violencia en conflictos sociales y la naturaleza de este hecho social se evidencia en la operatividad. Si no se aborda dicha problemática, los operativos policiales seguirán produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”.

Desde la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, habla de la “falta de especialización de la policía nacional en conflictos sociales en  el país. A veces por falta de personal se recurre a una división como DINOES, y ésta fue creada para hacer uso de la máxima fuerza para enfrentar terrorismo y narcotráfico. Trasladar a la DINOES a escenarios de conflictividad social es de altísimo riesgo”.

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“Mi sangre, mi vida. Todo por el agua, y mi pueblo desde el cielo. Les bendeciré para tener la victoria”, reza el epitafio de Joselito Vásquez, fallecido el 4 de julio a los 28 años. Su madre, María Alejandrina Jambo, pidió un préstamo para poder pagar el velorio.  Joselito murió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad durante la manifestación que hubo en la Plaza de Armas de Bambamarca en contra del proyecto Conga. Resultaron heridos  de gravedad además 8 civiles.   “Todo estaba lleno de policías. Vinieron de frente a matar a toda la gente. Mi hijo ese día estaba trabajando, dejó la camioneta, y le balearon. Ese día no estaba participando en la protesta”, explica su madre. Su hijo mantenía a su familia desde los 12 años como chofer. “¿Quién va a mantener a mi nietito de tres años?”, se pregunta.

“La PNP no cuenta con suficientes armas no letales para intervenir en conflictos sociales”

Ese día el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva en un informeexplican que el gobierno incurrió en la “argucia legal” de consignar como fecha del referido decreto el día anterior, el 3 de julio de 2012, con la intención de que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día siguiente como establece la Constitución, que en este caso sería el 5  de julio de 2012. Este cambio hizo  que la detención al  ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana el 4 de julio de 2012 fuera ilegal.

De acuerdo al pedido de queja realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacia las 9.30 horas  del 4 de julio en Bambamarca, aproximadamente unos 100 efectivos del ejército se presentaron para intervenir en el operativo contra los manifestantes, ocho de los cuales fueron heridos de gravedad. Participaron 42 suboficiales pertenecientes a la DITERPOL-Piura, destaca además que un contingente policial se desplazó hasta Bambamarca en dos vehículos de la empresa minera Yanacocha para prestar apoyo al comisario de la localidad.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

En el caso de Cajamarca y concretamente en actos de protesta en contra del proyecto minero Conga surge la pregunta, ¿Quiénes de esos efectivos policiales trabajan a su vez para la seguridad de la empresa Yanacocha? Existe un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP”. Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.

Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN. De acuerdo al convenio, “la policía nacional prestará el servicio policial de seguridad a empresa  minera en zonas de propiedad de la misma y zonas de influencia de acuerdo a las situaciones de riesgo que se prevean y en cualquier otro lugar que sea requerido dentro de la zona de operaciones”.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina elabogado Juan Carlos Ruíz. “Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo”, declara Luque.

Impunidad

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien”, comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  adolescente de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma “no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona”. “Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía”, cuenta.

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Marisol Malqui dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera que habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. “Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.”. Marisol no tiene un trabajo estable,  limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  “¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Tras la muerte de los maridos e hijos de estas mujeres, la soledad las acompaña, y la pobreza se recrudece. Santos Huamán, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. “Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura”.

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La disposición fiscal del 7 de enero de 2014  por el que se archivó  el caso en un primer momento (La CNDDHH realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación) resultaba llamativa en cuanto sus conclusiones, que señala:  “Existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso (…) ya que las víctimas han recibido impactos de proyectiles de armas de fuego provenientes posiblemente de armas que portaban algunos de los miembros del Ejército Peruano”.  “No existen indicios que permitan establecer que los agraviados hayan tenido en su poder armas de fuego, con las que  hayan atacado a las fuerzas del orden”, determina el fiscal. Las razones por las que se archivó el caso era por la falta de individualización de los presuntos autores, entre otras cosas, porque el Ejército no ha proporcionado información requerida, como el plan de operaciones formulado para actuar ese día, la relación del personal de las patrullas, ni el registro de entrega de armamento y munición a los miembros del Ejército.

“Teniendo en cuenta las pericias y los protocolos de necropsia, no cabe duda que las órdenes de disparar no se limitaron a señalar que se efectuaran disparos disuasivos al aire, sino que directamente se ordenó disparar al cuerpo”, señala el pedido de queja presentado por la organización. “Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

“En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vía judicial”, declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. Mendoza añade: “No hay responsabilidad penal ni política, y ese es el peor mensaje que puede dar el Estado peruano frente a una población que lo único que reclama es que se respeten sus derechos”.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva”

¿Hasta qué punto el decreto 1095 puede impedir la debida investigación por justicia penal ordinaria de los sucesos acontecidos en este caso y en  otros? Este dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en aplicación de este Decreto Legislativo o en ejercicio de su función son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial”. Víctor Álvarez afirma que “ninguna afectación a los derechos de las personas en esta situación pueden ser materia de fuero militar, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional”. La organización Human Rights Watch explica que “los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles”.

Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de la organización Grufides, afirma que “estas leyes son útiles para los sectores empresariales contra los cuales se ha ejercido más el derecho a la protesta por los abusos y vulneraciones de derechos que están cometiendo”. La abogada destaca que en Cajamarca, hay más de 303 líderes procesados por temas de protesta social, y “se les asocia con delitos de disturbios, resistencia a la autoridad, rebelión, hay procesados por terrorismo. Además, en muchos casos se emplean estas normas para lograr la impunidad  para las fuerzas del orden en casos de violación de los derechos humanos”. Milton Sánchez acarrea 50 denuncias, además recibe llamadas telefónicas amenazantes. El presidente de esta organización además explica que han abierto dos centros policiales en las zonas de las lagunas, cada uno con capacidad para 300 efectivos de la DINOES.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales”, concluye el abogado del IDL. “Hay una consolidación del modelo económico neoliberal extractivista iniciado en los 90 con Fujimori, y en la medida en que este proceso se extiende y se consolida necesita ingresar a nuevos territorios, requiriendo de más energía, más agua. Esto hace que aumenten los conflictos. Lo que necesita este modelo entonces es limitar los derechos, y  un manejo cada vez más autoritario”, explica Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas de la población son estructurales; sí el Estado mantiene esta legislación y una posición pro inversión sin considerar a las poblaciones, el desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

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Convenio de prestación de servicios entre Minera Yanacocha S.R.L. y PNP

Minera Yanacocha  afirma requerir contar con el apoyo de la policía nacional “a efectos de prevenir la comisión de delitos o atentados que puedan perpetrarse contra su personal y/o instalaciones, y asimismo desea contribuir con la seguridad de la ciudad de Cajamarca y otras localidades del ámbito de influencia de sus operaciones”.

La policía nacional prestará el servicio policial de seguridad sólo con el personal de vacaciones, franco o personal que haya participado en acciones meritorias en actos de servicio… (4.1.3).

Yanacocha se compromete a facilitar una asesoría legal, gratuita y permanente al personal policial que  con ocasión de brindar el servicio policial de seguridad, se vea involucrado en un proceso judicial derivado del cumplimiento de dicho servicio. (4.2.10)

Yanacocha se compromete a cubrir los gastos de mantenimiento o reparación del armamento, accesorios y/o reposición del uniforme de faena policial de propiedad del Estado, que como consecuencia del Servicio Policial de Seguridad se deteriore… (4.2.11) El servicio en la mina asciende a 38 soles diarios para cada oficial, y 18 soles diarios para cada suboficial…En circunstancias especiales, servicios en lugares sin facilidades de alojamiento y alimentación asciende  a 78 soles diarios. Asimismo, Yanacocha se compromete a contratar una póliza de seguro a favor de la policía que presta este servicio que cubre por fallecimiento (US$20,000 dólares), invalidez permanente (US$18,000 dólares) curaciones por lesiones graves (hasta US$10 mil dólares), por lesiones leves (hasta 3,500 US$), sepelio (3,500 US$) y el 100% del traslado para atención médica.

En la cláusula décima establece el convenio que cuando el “personal de la policía nacional realice un acto de servicio en función de su ejercicio policial (y por tanto no estén prestando el servicio policial de seguridad), no resultarán exigibles las obligaciones de minera Yanacocha referidas en la cláusula cuarta (condiciones en las que son prestados los servicios), a excepción de 4.2.2 y 4.2.4″, es decir, la póliza de seguro y la atención en centros de asistencia médica de la minera.


Helicóptero de la División de Asaltos del Ejercito aterrizó en el Campo Deportivo “Carlos Torres” población bambamarquina reaccionó con pierdas ante tal provocación del Presidente de la república Ollanta Humala.

Aproximadamente a las 17 horas con 23 minutos en el Campo Deportivo “Carlos Torres” de la Ciudad de Bambamarca decoló el helicóptero de la División de Asaltos del Ejército Peruano que escotaba el traslado en otro helicóptero al Presidente de la República Ollanta Humala de su regreso a Lima del distrito de Chalamarca provincia de Chota donde inauguró la V etapa de electrificación rural.
Al ver el helicóptero en el campo “Carlos Torres” la población urbana reacciono con piedras impidiendo que sus pasajeros se bajen considerando a un acto de provocación por parte del Presidente Ollanta Humala.
La población con arengas gritaba Ollanta traidor y conga no va no ahora ni nunca, los pocos efectivos policiales no pudieron controlar la situación que seguro que si demoraba en alzar bueno estuviéramos contando otra historia.
La población rodeo al helicóptero ante tanta presión el mayor de la policía de Bambamarca Dante Renzo Mendoza Ramírez subió al helicóptero alzando vuelo que según la fuente policial había decolado nuevamente el helicóptero en el centro poblado de yanacancha baja distrito de la Encañada provincia de Cajamarca.
El Presidente del Frente de defensa de la provincia de Hualgayoc Hugo Cruzado Quiroz lamento que el presidente de la república provoque así a la población pensó que en Bambamarca íbamos a recibirlo como han hecho en el distrito de Chalamarca
Ollanta Humala Tasso será bienvenido en la provincia de Hualgayoc siempre y cuando declare inviable el megaproyecto conga y el poder judicial sancione a las fuerzas armadas que asesinaron a cinco ronderos en Bambamarca y Celendín el pasado 3 y 4 de julio del 2012.
El Alcalde provincial Edy Benavides Ruíz desde la ciudad de Lima reveló que el presidente Ollanta Humala ha enviado el helicóptero a propósito a Bambamarca para medir el temperamento de la población pero ya vieron salieron disparados por un tubo ante la reacción del pueblo con piedras y huevos.

Fuente: Radio Charles – Bambamarca

 


lagunas. Organizaciones sostienen que Conga sigue sin conseguir la licencia social. (Miguel Mejía)

Organizaciones sostienen que Conga sigue sin conseguir la licencia social. (Miguel Mejía)

Conflicto. Pero organizaciones dudan y denuncian la reciente llegada a Celendín de más de un centenar de policías.

El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó desde la Pre COP social que se celebra en Isla Margarita (Venezuela) que las mineras Newmont y Buenaventura están demostrando “buena voluntad para resolver los problemas” con las comunidades afectadas por el proyecto minero Conga.

En declaraciones a la agencia de noticias económicas Bloomberg, Pulgar Vidal dijo creer que las comunidades afectadas y el proyecto Conga pueden llegar a un entendimiento “y que las conversaciones están de vuelta a la pista”.

Sin embargo, sus afirmaciones sorprendieron a las organizaciones sociales de Celendín, una de las provincias que está dentro del área de influencia del megaproyecto minero.

Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, desmintió que Conga haya iniciado conversaciones con las organizaciones sociales y recordó que el pasado mes de octubre, durante la Cumbre de los Pueblos celebrada en Cajamarca, la población volvió a movilizarse en contra del proyecto minero.

A esto se une el resultado de las últimas elecciones regionales y municipales, en las que los movimientos políticos que se oponen a Conga han conseguido amplia mayoría en los distritos dentro del área de influencia del proyecto.

Aumento de policías

El dirigente cajamarquino informó que el sábado llegaron a la provincia de Celendín entre 150 y 200 efectivos policiales, y aseguró que la población está alarmada ante una posible imposición a la fuerza del proyecto minero.

Al incremento de efectivos policiales se suma la construcción de dos grandes comisarías de Policía en las alturas de Conga:  Una en la pequeña comunidad de Aguas Blancas y la otra en la zona de San Nicolás. Según Sánchez, estas comisarías tienen capacidad para albergar hasta 300 efectivos y condiciones para tener helipuerto.

Fuente: www.larepublica.pe/09-11-2014


En noche cultural de la Cumbre de los Pueblos, desarrollada en la provincia de Celendin, región de Cajamarca, se compartió diversas formas de arte: teatro, cantos, poemas, documentales, etc. En nombre de la realizadora Françoise Chambeu (miembro de Francia America Latina y del Comité de Solidaridad con Cajamarca), se presentó el documental « Cuentan y Cantan », que nos recuerda a todos y a todas las fuerzas de las mujeres en estas luchas.

Este documental presenta en primera linea de la lucha por la defensa del agua y de la vida a las mujeres cajamarquinas “ronderas” toman la palabra, expresan con fuerza, convicción y dignidad, sus motivaciones, su indignación frente a la represión , sus esperanzas de victoria y cantan la resistencia, la solidaridad.


Luego de la exitosa jornada del Encuentro Internacional de los Guardianes del Agua, realizado en la comunidad hermana de El Tambo, el 6 de agosto los pueblos de Bambamarca, Cajamarca y Celendín nos dirigimos hacia la casa de Máxima Acuña que un día antes, en la provincia de Celendín, la justicia corrupta, la justicia minera, sentenció a Máxima y su familia como usurpadores de los supuestos terrenos de la minera Yanacocha. El juez pedía en su sentencia 2.8 años de cárcel suspendida y una reparación civil a la familia de Maxima por una suma de 5,500 soles a favor de la empresa minera Yanacocha.

Miles de comuneros llegaron a solidarizarse con la familia de Máxima, todos gritando a todo pulmón ¡Máxima hermana, la mina no nos gana! Y es que la lucha contra la minera Yanacocha y su devastador mega proyecto Conga, no es fácil, pero tampoco nos rendiremos. Son ellos o nosotros.

¡Conga no Va!

Dejamos con ustedes un video elaborado por la CNDDHH sobre esta visita a Máxima y a nuestras lagunas amenazadas por el proyecto minero Conga.


La República, 9.6.14

Sala Penal remitirá a Cajamarca 25 procesos relacionados al caso Conga.

Los expedientes judiciales abiertos contra Gregorio Santos y otros dirigentes también serán derivados a esa región.

Los 25 procesos judiciales relacionados al conflicto minero Conga – los que son resueltos en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque– serán remitidos a Cajamarca para que en esa jurisdicción sean investigados y resueltos, informó el abogado Wilfrefo Chero Villegas.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidió el viernes pasado que los casos sean derivados a esa región, en base al artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que indica que “ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”.

Estos casos están relacionados a delitos contra la tranquilidad pública, usurpasión, asociación ilícita para dilinquir, entre otros.

“Todos los delitos son similares, relacionados principalmente a las marchas y protestas contra el proyecto minero Conga, realizadas en Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, Huasmin y en las lagunas Perol y Conga”, indicó Chero.

La disposición de la Sala evitará que posibles detenidos en Cajamarca y las personas que ya son investigadas, sean procesadas en Chiclayo. En su momento esa situación fue criticada por Chero, quien asegura que el traslado de investigados a Chiclayo afectaba el debido proceso y el principio de juez natural.

“La decisión ha sido definitiva y marca un precente, pues siempre existió la disputa de en dónde resolver los casos, en Cajamarca o en Lambayeque”, refirió el abogado.

Los procesos anteriores como los que afronta el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, el rondero Manuel Ramos, o el dirigente campesino Eddy Benavides, también serán remitidos a esa jurisdicción.

Wilfredo Chero también informó que el Estado no cumplió con brindar seguridad a los dirigentes campesinos ni emitió el informe sobre estas medidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo estableción en la resolución emitida el 5 de mayo.


Escrito por: Jose Alejandro Godoy

Durante los últimos días, se han dado informaciones inexactas respecto a procedimientos (presentes y futuros) sobre casos vinculados al Perú ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. Dado que ambos casos son de actualidad y generan posiciones polarizadas, conviene explicar qué es lo que ha ocurrido, para evitar cualquier interpretación que tergiverse las instituciones planteadas en el sistema.

CASO CONGA:

Desde el gobierno, así como varios columnistas de opinión, han señalado un único mensaje respecto a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una medida cautelar solicitada por los opositores al proyecto Conga. Dicho mensaje es bien resumido por el consultor de empresas mineras Miguel Santillana:

La CIDH solo aceptó que el Estado peruano proteja la vida y la integridad de los pobladores del proyecto Conga de la agresión de grupos de desadaptados que vienen de otras zonas como hordas de Atila. La CIDH acepta que las FF.AA. y FF.PP. protejan a las 32 comunidades del área de influencia del proyecto y no se manifiesta sobre las licencias y derechos otorgados a la empresa, por lo que se entiende que cumplieron los requisitos de ley.

Lo dicho por Santillana tiene dos inexactitudes. Y por ello, siempre en estos casos, antes que visiones de parte, conviene remitirse a lo que dicen los documentos. Desde el Tercer Piso accedió al documento completo de la CIDH que resuelve la medida cautelar sobre este tema. Y lo que dice es bastante distinto al tenor que el consultor intenta dar.

En primer lugar, las garantías otorgadas son precisamente para los dirigentes de la protesta: 46 líderes comunales y ronderos, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el periodista César Estrada. La Comisión ordena al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de estas personas.  Y lo hace porque el Estado no ha demostrado que medidas de protección está ejerciendo a favor de estos ciudadanos.

En segundo lugar, no se puede decir, como señala Santillana, que la CIDH “no se manifiesta sobre las licencias y derechos otorgados a la empresa, por lo que se entiende que cumplieron los requisitos de ley”. En realidad la Comisión, en el acápite 29, explica por qué no se pronuncia: porque los pedidos hechos por los opositores a Conga y la respuesta del Estado tienen que ver con el fondo del asunto y, por tanto, el mecanismo más adecuado es pronunciarse sobre el fondo de la petición planteada por los opositores a Conga. La medida cautelar solo se destina para situaciones de manifiesta vulneración de derechos fundamentales y donde hay una situación de emergencia que atender.

Así las cosas, la CIDH no ha extendido un “certificado de buena conducta” sobre el proyecto Conga, sino que se pronunciará sobre el tema cuando vea la petición de fondo. Claro está, esto significa también que la continuidad o no del proyecto, por ahora, esté en manos del principal interesado, es decir, Yanacocha. Newmont ya indicó que Conga se evaluará a fines de año, luego del resultado de las elecciones regionales y considerando el precio de los minerales.

CASO CONCENTRACION DE MEDIOS:

Hoy El Comercio informa lo siguiente como noticia central:

El presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, espera que la demanda presentada por un grupo de periodistas y propietarios de medios de comunicación en contra de la asociación entre el Grupo El Comercio y Epensa “se solucione definitivamente dentro de la jurisdicción nacional, que es en donde se viene ventilando, sin interferencias nacionales e internacionales”. Así lo expresó Mendoza a través de un comunicado remitido por la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a lo informado, el magistrado ha recibido recientemente la visita de Juan Jiménez Mayor, representante peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ex primer ministro le expresó “su preocupación por la gran cantidad de demandas y procesos pendientes que tiene el Estado Peruano ante la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Recientemente, Jiménez se mostró a favor de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pronuncie sobre la asociación entre los referidos grupos periodísticos, lo cual coincide con lo expresado por quienes han demandado al El Comercio y Epensa.

Esta mañana, en entrevista con Rosa María Palacios – una de las periodistas que interpuso la demanda de amparo en contra de la compra de Epensa por parte de El Comercio -, Jiménez Mayor señaló que el gobierno está estudiando la posibilidad de solicitar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno a los parámetros que tiene el sistema interamericano respecto a la concentración y el acaparamiento de medios. Asimismo, precisó que, en su entrevista con Mendoza, no se trató este tema.

El abogado de El Comercio, Natale Amprimo, ha intentado vender esta posibilidad como una suerte de injerencia indebida del sistema interamericano. Así lo expuso en un artículo publicado en el diario al que defiende:

Como quiera que la estratagema abortó, ahora el mismo embajador político Jiménez Mayor señala que está evaluando la formulación de una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de que se pronuncie sobre la misma materia. Es decir, por otra vía, se busca, una vez más, interferir en la función jurisdiccional.

El problema para el doctor Amprimo es que, antes de escribir el mencionado artículo, debió revisar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el reglamento de la Corte, donde se señala la posibilidad que los Estados u órganos parte de la Organización de Estados Americanos puedan solicitar a la Corte IDH una opinión consultiva donde, en forma abstracta – y sin referirse a un caso en particular (pues así lo precisa la normativa internacional – se puedan precisar determinados conceptos.

De hecho, la Corte ha emitido, a lo largo de su historia, 20 opiniones consultivas sobre diversos tópicos en torno a la interpretación de derechos fundamentales. Una de esas opiniones fue solicitada sobre un tema vinculado al Perú: la responsabilidad internacional por expedición y aplicación de normas vulneratorias de la Convención Americana, cuando en la Constitución de 1993 se ampliaron los supuestos para la pena de muerte. Dichas 20 opiniones consultivas no constituyen una injerencia indebida en casos que posiblemente lleguen al sistema interamericano, sino que establecen parámetros claros de interpretación para situaciones complicadas. De hecho, una de estas opiniones consultivas estableció que la colegiación obligatoria de periodistas vulneraba la libertad de expresión.

Así las cosas, conviene recordar un consejo a los periodistas: antes que declaraciones de parte, conviene revisar los documentos legales y las instituciones jurídicas, para saber en que consisten, antes que los abogados de parte los usen como mera caja de resonancia. Y, para los abogados y lobbistas, resulta necesario que sus opiniones de parte estén fundamentadas en la verdad y no en la tergiversación. Ello aplica en ambos casos.

Fuente: http://www.desdeeltercerpiso.com/


PARA LOS QUE NOS ENSEÑAN A RESISTIR

 
GUARDIANES DE LAS LAGUNAS

Nos hemos levantado con la lluvia,
Tras haber dormido sin cerrar los ojos,
Para contemplar el mundo, la heredad.

Nos hemos levantado en la montaña,
Donde duermen Dios, su dolor y el nuestro,
Para llenar nuestros ojos de fuerza y de luz.

Nos hemos levantado para ver el cerco,
Los sicarios enviados por nuestros enemigos
Para arrancarnos la piel y roernos los huesos.

Nos hemos levantado en la mañana final,
Para vivir este largo día en que lo dejaremos todo
En defensa de la vida y de nuestros hijos.

Nos hemos levantado en la montaña,
Bendecidos por la sangre de nuestros hermanos,
Para enfrentar a los cuervos que nos matan.

Alfredo Pita
Viernes Santo, 18 de abril de 2014

 
Blog: http://lacazasutil.blogspot.fr/
Lluvia al amanecer, alturas de Conga, primeros días de abril de 2014. Los heroicos guardianes de las lagunas cajamarquinos resisten en condiciones inhumanas la imposición de la megaminería en la zona.

Lluvia al amanecer, alturas de Conga, primeros días de abril de 2014. Los heroicos guardianes de las lagunas cajamarquinos resisten en condiciones inhumanas la imposición de la megaminería en la zona.

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Lluvia al amanecer, alturas de Conga, primeros días de abril de 2014. Los heroicos guardianes de las lagunas cajamarquinos resisten en condiciones inhumanas la imposición de la megaminería en la zona.

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Reunión para defender el Agua. Comunidad de la Quinua, Oxamarca.

 
 
 

En el reinicio de la movilizaciones en contra del mega proyecto minero Conga el pueblo de Bambamarca se volcó masivamente a las calles de esta provincia, demostrando una vez más que este proyecto minero de la transnacional Yanacocha, no cuenta con licencia social y que al contrario goza del total repudio de la población. También se anunció que el 17 y 18 de abril la provincia de Bambamarca retomará el campamento de los guardianes de las lagunas en el sector de la laguna Mamacocha.

El dirigente celendino Milton Sánchez también informó que la provincia de Celendín, por acuerdo de las asambleas comunales del 31 de marzo saldrán masivamente el día de mañana 8 de abril hacia la laguna Azul y Perol. También informaron que realizarán una movilización frente a la persecución judicial que vienen sufriendo dirigentes y comuneros que se oponen a la ejecución del proyecto Conga.

 

Movilización Bamabamarca

Concentración Plaza de Armas Bambamarca

Mitin Plaza de Armas Bambamarca

 

Reunión de comunidades 31 de marzo,  Jadibamba – Celendín