Posts etiquetados ‘Militarización’



El presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (Cajamarca), Milton Sánchez, señaló que las autoridades que se reunirán en la COP20 en diciembre próximo, deben tomar decisiones escuchando a las comunidades que están siendo afectadas por el cambio climático.
Milton, uno de los más reconocidos líderes ambientales de Cajamarca y uno de los principales opositores al proyecto Conga, señaló además que el modelo de desarrollo extractivista que domina la economía peruana se impone frente a los intereses de las comunidades del Perú, y violenta los derechos humanos.
De otro lado, resaltó la importancia que tiene la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático para articular a los pueblos y sus luchas, así como para plantear alternativas al actual modelo de desarrollo global. La cumbre de los pueblos se llevará a cabo en Lima del 9 al 12 de diciembre, de manera paralela a la COP20.
Diversos representantes de comunidades indígenas, ronderos, frentes de defensa, comités ambientales y activistas nacionales e internacionales, participan en la Cumbre de los Pueblos Cajamarca- Celendín que arrancó ayer y que finaliza el 23 de octubre. Este encuentro tiene por objetivo visibilizar la problemática ambiental en la que viven las comunidades del Perú, así como recoger propuestas que se espera sean escuchadas en la próxima COP20.

Fuente: La Mula – https://lamulaenvivo.lamula.pe/2014/10/24/proyectos-extractivos-se-estan-imponiendo-con-violacion-de-ddhh/danyvaldez/


El país de Yanacocha
Lo que el Estado y la minera no quieren que sepas

El 3 de julio de 2012 se cumplía poco más de un mes del paro regionalconvocado en la región Cajamarca en oposición al proyecto minero Conga.

En la provincia de Celendín, se vivía una tensa calma entre las Fuerzas Armadas, por un lado, y una gran mayoría del pueblo celendino levantada pacíficamente contra la minera, por el otro.

Aún nadie sabe cómo ni quién inició el incendio que fue la excusa para que policías y militares dispararan contra ciudadanos peruanos. Ese día, cuatro peruanos fallecieron; uno de ellos, un menor de 16 años de edad.

Al día siguiente, en Bambamarca, y con una declaratoria de estado de emergencia en la región, la ciudadanía decidió encender velas en la iglesia de la Plaza de Armas, en memoria a sus compañeros caídos en Celendín. Una vez más, la Policía y el Ejército arremetieron contra los ciudadanos.

Y a balazos.

En medio de todo eso, muere un peruano más.

5 peruanos murieron el 3 y el 4 de julio y muchos fueron heridos con balas de alto calibre.

Los grandes grupos de prensa, alineados con la minera Yanacocha, y ese monstruo llamado ‘opinión pública limeña’, acostumbrados a vivir de espaldas al resto del país, dijeron de todo.

Se buscó justificar como sea la masacre y, por último, se ignoró lo ocurrido hasta arrinconarlo en el olvido.

Este video reúne las voces de quienes jamás podrán olvidarlo.

Hoy, dos años después, un paquetazo legislativo vuelve a poner en riesgo la integridad de los recursos naturales y un ministro del interior, con denuncias graves por delitos de lesa humanidad, amenazan con repetir la historia.

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El 04 de febrero del presente integrantes de la Marcha Nacional de Mujeres, Consejo Regional de la Mujer (COREMU) y Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, denunciaron constantes acciones de hostigamiento y amedrentación a los integrantes de la familia de Máxima Acuña alertaron de la presencia de un ómnibus con DINOES  y cuatro camionetas contrabajadores de la empresa Minera Yanacocha.  
Testimonio fotográfico*
 

 Informacion Vehicular presente el dia del hostigaminto, mira foto anterior a ella.

 

*Imágenes extraídas de video registrado por integrante de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida 

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES




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header_ENEl dia jueves 12, en un evento organizado por France Libertés, ONG francesa que defiende el derecho a l agua, se realizó en la sede del CDDHH en Ginebra Suiza, un evento en la cual el compañero Milton Sanchez pudo exponer las violaciones a los DDHH perpetradas por el gobierno peruano y la minera Yanacocha en el caso Conga y  por el gobierno peruano yA.C. Energia SA (Odebrecht) en el caso Chadin 2. El embajador peruano ante el CDDHH estuvo presente defendiendo al gobierno y tratando de refutar las pruebas fehacientes presentadas por Milton Sanchez.

Así mismo, Milton Sanchez se entrevistó con miembros de diferentes relatorias ante el CDDDHH como el de Derechos de los Pueblos Indigenas, Agua y DDHH, Derecho al Agua y Empresas.

El dia viernes, el Director de la ONG francesa France Libertés, el sr. Poilane, expuso ante el CDDHH el caso Conga. Estos dos eventos encontraron un eco muy favorable dentro del Consejo. Ahora, el mundo entero habrá oido hablar de Conga y de cómo los DDHH se violan en nuestro pais.

Conga No Va!

La resistencia continua!

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Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”

En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada “Derechos humanos y protesta social en Perú”. En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.

De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.

Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”. Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.

Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza”. Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un “escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra”. Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.




Por Lo Justo TV

En el regreso de Lo Justo, programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban entrevistó a Luz Vargas y a Alex Luna, del Colectivo Nadienospaga, quienes relataron su visita a Cajamarca y en particular a la familia Chaupe-Acuña, cuyas tierras están siendo arrebatadas injustamente por la empresa Yanacocha, en complicidad con el sistema legal peruano. También contaron su experiencia con la policía en la zona (que se encuentra en dudoso convenio con la empresa), y su forma de actuar matonesca y parcializada en medio de un conflicto de intereses.




Heridos de Cañaris por represion hecha por la PNP
25.Enero.2012
Fuente: Diario La Industria de Chiclayo

1. Clemente Calderón Carlos
2. Enrique Barrios Reyes
3. Agapito Mendoza
4. Margarito Mendoza
5. Elsa Rinza
6. Javier Mendoza
7. Manuel Mendoza
8. Augusto Tantarico
9. Pedro Lucero
10. Dennos Huaman
11. Dionisio Calderón
12. Santos Santiago Rinza
13. Martina de la Cruz
14. Fermín Bernilla Calderón
15. Pantaleon Pariacuri
16. Hilario Rinza
17. Pedro Barrios Huamán
18. Alex Mendoza
19. Alejandro Manayay
20. Nicolás Payacuri
21. Santos Sánchez
22. Santos Calderón
23. Paulina Sánchez
24. Victor Lucero
25. Santos Tantarico Berníos
26. Lindaura Sánchez Vilcabana


Se oponen. Dirigentes y autoridades consideran que sería contraproducente en zonas como Espinar y Chumbivilcas.
Medida. Wilfredo Pedraza ha generado polémica con su propuesta.

José Víctor Salcedo.
Cusco.

La propuesta del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de instalar frentes policiales en zonas mineras del interior del país, con la finalidad de garantizar las actividades extractivas, provocó rechazo en autoridades y dirigentes cusqueños.

Milton Barrionuevo Orosco, consejero regional de Chumbivilcas, zona donde hay tres grandes proyectos mineros (en exploración y próximos a explotar) en los que se invertirán cerca de US$ 2 mil millones, calificó de desatinada la decisión del Ejecutivo nacional.

Refirió que una acción como esa no será bien recibida en la provincia cusqueña. “Parece una actitud represiva que no va a funcionar, pues en lugar de crear un ambiente de paz generará rechazo”.

Por su parte, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), Herbert Huamán, refirió que instalar las bases policiales sería una muestra de que se quiere imponer la minería y no buscar consensos en torno a esa actividad.

En Espinar se encuentra el proyecto cuprífero Antapaccay de propiedad de Xstrata Copper, y cerca de 5 proyectos más están próximos a empezar la etapa de explotación. Se calcula una inversión cerca a US$ 3 mil millones en esa provincia.

Para el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), Wilfredo Álvarez, la presencia policial en comunidades campesinas de Espinar y Chumbivilcas creará más tensión entre comuneros y empresas mineras.

Fuente: La Republica – http://www.larepublica.pe/24-01-2013/rechazan-frentes-policiales-en-zonas-mineras-del-pais


Hace unos días, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó que “el conflicto minero va a ser permanente, por eso la necesidad de crear estos frentes policiales con la finalidad de garantizar la actividad de los ciudadanos, la inversión minera y, también, la protesta pacífica, porque es lícita una protesta” (La República, 24-1-2013).

Santiago Pedraglio,Opina.21
spedraglio@peru21.com

Es sorprendente que se propongan estos “frentes policiales” para las zonas de extracción minera, un tipo de organización que recuerda a los frentes político-militares de la época del conflicto armado interno. Incluso si tuviera una buena intención, la promesa del ministro implicaría un cambio de 180 grados frente al modo de actuar de los últimos gobiernos; y, lejos de la defensa multipropósito que propone, se acabaría por legalizar la privatización de la labor de la Policía en defensa de las inversiones mineras.

Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, anunció, a propósito de las protestas en Cañaris (provincia de Ferreñafe), que “son los mismos agitadores”. Agregó que “hay que decirlo con nombre propio”, y señaló que “el dirigente del frente de defensa estuvo preso 10 años por terrorismo”.

La respuesta del gobierno viene siendo la conocida: afirmar que quienes exigen derechos son radicales y/o terroristas, y que no se puede hablar con ellos. Así se pretende descalificar las demandas y aislar a los dirigentes. Pero el ministro está olvidando Conga, donde usaron los mismos argumentos hasta el cansancio y, a pesar de eso, la encuesta de Ipsos Apoyo aplicada en el momento del conflicto dejó ver que 78% de los cajamarquinos eran contrarios al mencionado proyecto (¡y 82% en la zona rural!). No era, pues, un pequeño y caprichoso grupo el que impulsaba los “desmanes”.

Sin repetir los errores de Conga y Espinar –sin falsear la realidad ni abusar de la fuerza–, bien haría el Gobierno en establecer un diálogo serio y equilibrado con los ciudadanos de Cañaris, una comunidad, dicho sea de paso, muy rica culturalmente.