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Extraño. Posición de Jorge Urquía ha desconcertado a dirigencia del MAS. Alcalde de Celendín dejó su posición antiminera.

Cambio radical. Jorge Urquía lideraba luchas antimineras contra proyecto Conga..

Edgar Jara Rodríguez
Cajamarca

El alcalde provincial de Celendín, Jorge Urquía Sánchez, dejó atrás su cerrada oposición al proyecto minero Conga, al anunciar que en su condición de autoridad está imposibilitado de participar de las jornadas de lucha antimineras y protestas, pues al formar parte del Estado no podría estar contra él.

“Como autoridades estamos prohibidos de participar en movilizaciones y protestas, como Estado no podríamos estar contra el propio Estado”, respondió sobre la posición del concejo municipal acerca del cuestionado proyecto cuprífero. Urquía llegó a la condición de alcalde por el Movimiento de Afirmación Social (MAS), que lidera el encarcelado Gregorio Santos Guerrero.

Cuando las protestas arreciaron el 2012 contra el proyecto minero Conga, el entonces defensor del medio ambiente cuestionaba duramente al alcalde Mauro Siles, quien incluso huyó de la provincia abandonando el cargo por temor a perder su vida ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los radicales.

Mensaje incendiario

Más de uno en la ciudad cajamarquina de Celendín recuerda que en cuanta protesta contra la Newmont, dueña del proyecto Conga, Urquía, utilizando un lenguaje inflamable, llamaba a las movilizaciones porque “siempre debemos estar al lado del pueblo para rechazar la voracidad de las mineras que nos quieren dejar sin agua”.

En las últimas convocatorias para visitar las lagunas en la zona del proyecto Conga, el burgomaestre Jorge Urquía Sánchez brilló por su ausencia, pese a las reiteradas invitaciones.

La firmeza de la posición medioambientalista de Urquía ha levantado sospechas en las filas del MAS, pues si bien hace quince días en Cajamarca participó en las elecciones para elegir a la nueva dirigencia regional, antes, rodeado de funcionarios de Odebrecht, aplaudía el proyecto Chadín II, duramente cuestionado por el movimiento de Santos Guerrero, y que posteriormente fuera suspendido. 

 

Comunicado de prensa

Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).

Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto


Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

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Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302

Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com

Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.


Fecha: 03.julio.2012
Lugar: Celendín, Cajamarca, Perú
Motivo: Represión en el conflicto minero Conga

Los detenidos fueron llevados de Celendín a Cajamarca en helicópteros, permanecieron en Cajamarca y luego fueron llevados a Chiclayo, donde fueron recluidos en el Penal de Picsi, los detenidos fueron golpeados a manos de la policía y el ejército. Fueron liberados luego de 15 días.


Manifestaciones contra el proyecto minero Conga ocurridas el 29 de noviembre de 2011

 

– Novedosa herramienta legal aportará información sobre la jornada represiva del año 2011 en la que Campos resultó herido y por la cual padece hemiplejia.

Servindi, 19 de marzo 2015.- Un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga ubicado en la región de Cajamarca, al norte de Perú.

EarthRights International (ERI) presentó la solicitud en 2014 en nombre de Elmer Eduardo Campos Álvarez, un campesino peruano de 33 años de edad que resultó inmovilizado de la cintura para abajo por un disparo de arma de fuego que recibió en la espalda mientras se manifestaba pacíficamente cerca del área del proyecto minero.

Ciudadano de la provincia de Cajamarca, donde se proyecta desarrollar la mina, Campos fue uno de los 24 manifestantes heridos aquel 29 de noviembre de 2011.

Campos alega que fue baleado por la Policía Nacional del Perú bajo contrato con Minera Yanacocha, de la cual Newmont es accionista mayoritaria y operadora.

Además de quedar paralizado de forma permanente, Campos perdió un riñón y el bazo como consecuencia de la violenta represión policial.

El juez Robert E. Blackburn emitió una orden el lunes 16 de marzo de 2015 bajo la ley estadounidense llamada Estatuto de Asistencia Jurídica Externa (FLA por sus siglas en inglés), que permite solicitar pruebas en los Estados Unidos que puedan ayudar a dilucidar casos legales en otros países.

Luego de conocer la sentencia, Elmer Campos declaró: “Estoy muy contento con la noticia de que el juez de Colorado hizo justicia a favor del valor de la naturaleza y el agua como fuente de vida, porque aquí en el Perú no existe una verdadera justicia para los campesinos”.

Actualmente, en el Perú se lleva adelante una investigación penal contra los dos agentes al mando del operativo policial durante los sucesos de 2011 y una demanda civil contra la Policía. Campos es representado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en estas demandas.

“La decisión requiere que Newmont entregue numerosos documentos que esperamos puedan arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a los disparos de arma de fuego y la parálisis del señor Campos,” dijo la abogada de ERI Marissa Vahlsing.

Las evidencias incluyen fotos y videos relacionados con las protestas cerca de la mina Conga, informes de seguridad de Yanacocha, comunicaciones entre Yanacocha y la policía y comunicaciones internas de la empresa. Asimismo, el tribunal accedió a la solicitud del demandante de tomar declaración jurada a un representante de Newmont.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, comentó: “Perú ha sido testigo de muchos casos de represión a manifestantes en los últimos años. Esta decisión de la Corte de Estados Unidos fortalecerá la capacidad de Elmer Campos de obtener justicia en el Perú y permitirá que nuestros tribunales puedan investigar a fondo el caso”.

La legislación FLA ha sido utilizada antes por grandes corporaciones como Chevron para recabar información sobre sus opositores y críticos.

Planteos como el de Campos han permitido revertir la herramienta legal hacia quienes cuestionan el poder de las corporaciones.

Fuente: SERVINDI – http://servindi.org/actualidad/125598



El martes 24 de febrero, el Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática “Laguna Azul”.

Uceda da a conocer a la opinión pública la versión que Yanacocha brindó sobre los hechos en diversos medios y en el juicio que perdió contra lo familia Chaupe por delito de usurpación. Tratando de demostrar objetividad, Uceda da por cierta la versión de minera Yanacocha, y acusa a las ONGs de haber creído a ciegas, en lo sostenido por Máxima.

Ante esto, hay que revisar los puntos planteados por Uceda:

1) Títulos existentes que se oponen
En un primer argumento, Uceda expone que Yanacocha tiene títulos irrefutables de propiedad de amplias extensiones de tierras, adquiridas de la comunidad de Sorochuco y que éstas comprenden el terreno Tragadero Grande. Lo que Uceda no dice es que la defensa de Máxima no está en cuestionando eso títulos de propiedad. Lo que viene sosteniendo es que, esos títulos no comprenden el terreno de Tragadero Grande. En las ventas realizadas por la comunidad de Sorochuco los límites no están definidos. La situación por lo tanto, no es tan clara como lo sostiene Uceda, pues si lo fuera, la Minera Yanacocha hubiera recurrido a un juicio de desalojo, que es de naturaleza sumaria y habría resuelto el problema. No lo hizo, ¿cabría preguntarse por qué?

De otro lado, Uceda sostiene que Máxima y su familia suelen ocupar tierras para hacerse luego de la propiedad de ellas. Para demostrarlo, señala que Máxima y su familia tienen la propiedad de otros terrenos adquiridos de esa manera. Para el caso, esto es imposible porque tratándose de una propiedad comunal no se aplica la prescripción adquisitiva.

Por otro lado, lo que no dice Uceda es que Máxima y su esposo tienen en su poder dos documentos: una transferencia de dominio y un certificado de posesión sobre ese terreno que data de 1994, antes que Yanacocha adquiriera terrenos de la comunidad de Sorochuco, a la que pertenecían los esposos Chaupe. Es decir, que no se trata de una invasión como se insinúa. La existencia de esos documentos es irrefutable. Es decir, que estamos ante dos sujetos que alegan un mismo derecho. Dilucidarlo, es un tema que deberá ventilarse en los tribunales.

Decir que los Chaupe tienen otros terrenos y que no son pobres es una estrategia mediática. Tal cosa se intentó sostener en los tribunales durante el juicio por usurpación, del cual los Chaupe fueron absueltos y en ese entonces los jueces desestimaron tales argumentos por no ser pertinentes.

De otro lado, los Chaupe han sostenido que efectivamente tienen 9 terrenos que en conjunto suman 8,6 hectáreas y que los han adquiridos, en gran parte por herencia. Uceda para desmentirlos señala que en realidad los han adquirido vía un programa de formalización de la propiedad rural sobre la base de acreditar con testigos la posesión continua durante cinco años. Lo cierto es que es muy usual en la zona rural, donde el Estado no tiene formalizada la propiedad de tierras, que quienes tienen títulos de propiedad no saneados recurran a los programas de formalización para regularizar su situación, evitándose con ello, todos los problemas legales, que supone sanear sus títulos.

Uceda ha cuestionado el por qué la familia Chaupe usa el terreno de Tragadero Grande y no los otros terrenos que, tendrían según su opinión mayor valor, deslizando la idea de que lo hace para mantener la posesión en un terreno que no es suyo. Para cualquier persona de ciudad, la pregunta por la preferencia o la forma de uso de sus propiedades, resultaría fuera de lugar porque es algo que corresponde a su libre albedrío. Sin embargo, es lógico preferir usar un terreno de 22 hectáreas a otros, dispersos en varios lugares y que suman 8,6 hectáreas.

Por otro lado, el que la familia Chaupe tenga otros terrenos además de Tragadero Grande no los hace ricos, ni de clase media. Todos sabemos que el valor de la propiedad rural es muy pequeño, y que muchas comunidades campesinas, a pesar de tener grandes extensiones de tierras, se ubican dentro de los niveles de extrema pobreza.

2) Un tema de institucionalidad y Estado de Derecho

Finalmente, nos llama la atención que el señor Uceda no diga nada sobre la actitud de minera Yanacocha de desconocer la sentencia judicial de segunda instancia, que además de absolver a familia Chaupe ordenaba el cese de su desalojo así como, de la administración del predio de Tragadero Grande por la empresa. Minera Yanacocha pese a esta sentencia se presentó, a través de sus trabajadores, en el lugar respaldada por la policía para, ilegalmente derrumbar una construcción de la familia Chaupe. Al haber perturbado violentamente la posesión pacífica del terreno, los trabajadores de minera Yanacocha han incurrido en delito de usurpación. Nos preguntamos si el señor Uceda respalda la comisión de un delito.

Esta transgresión al Estado de Derecho nos parece inaceptable y lo que hace es reafirmar la imagen que minera Yanacocha tiene en Cajamarca. Consideramos, que es necesario, que el país resuelva sus problemas a través de sus instituciones democráticamente constituidas y que no sea la prepotencia y el abuso que se legitime como la forma natural de proceder. Este retroceso es muy peligroso. Por lo que, diga lo que diga, el señor Uceda, el actuar de minera Yanacocha es injustificable.



GRUFIDES ACLARA SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE

A LA OPINIÓN PUBLICA

Sobre las últimas noticias difundidas en medios nacionales sobre el caso de la familia Chaupe, GRUFIDES aclara lo siguiente:

1. Para GRUFIDES el caso de la familia Chaupe es un caso emblemático porque es representativo de la situación de muchas personas que son vulneradas en sus derechos fundamentales para hacer viables megaproyectos poniendo en riesgo su integridad, su dignidad e incluso su vida.

2. GRUFIDES jamás a intentado presentar a la familia Chaupe como un ícono de pobreza, Sí hemos ayudado a visibilizar a una familia campesina símbolo de fortaleza, resistencia y dignidad, haciendo frente a una empresa transnacional para defender justos derechos en medio de la profunda asimetría que se vive en un país como el Perú.

3. GRUFIDES repudia el intento burdo de la empresa minera Yanacocha de deslegitimar socialmente a Máxima Acuña y su familia haciéndola aparecer como una acaparadora de propiedades. Este argumento ya fue presentado reiteradamente, en principio durante el desarrollo del juicio y luego fue centro de una campaña de desprestigio en medios locales la cual no tuvo éxito. Los predios en cuestión siempre han figurado en la SUNARP y por tanto constituyen información de acceso público, por ello rechazamos rotundamente la tendenciosa versión de que esta información se ocultó.

4. Es evidente que con esta campaña se intenta distraer las cuestiones de fondo de este tema. El problema fundamental no es el número de parcelas que tenga la familia, el asunto de fondo es el evidente abuso cometido por la empresa minera en contra de los derechos de la misma y el uso de la fuerza pública al servicio de sus intereses privados, lo cual ha terminado por mercenarizar las fuerzas policiales.

5. Por último, la campaña ¨Maxima somos todos¨ generada de manera espontánea por diversos colectivos, personas y organizaciones, es un expresión solidaria que no busca defender en estricto la propiedad sino y sobre todo, la dignidad y la vida de una familia de personas sencillas y trabajadoras como lo somos la mayoría de peruanos.

Cajamarca, 24 de febrero del 2015



Compartimos la entrevista que la Red Muqui sostuvo con la Dra Mirtha Vasquez Chuquilin, miembro de GRUFIDES y abogada de la familia Chaupe frente a las acusaciones de la minera Yanacocha en Cajamarca.

¿Qué ha pasado desde diciembre cuando ocurrió la sentencia a favor de Máxima Chaupe y su familia, que dice Yanacocha?
El 17 de diciembre de 2014, salió la sentencia que reconocía que Máxima Chaupe y su familia como inocentes de los cargos de la empresa. La empresa los acusaba de ser usurpadores, de haber usurpado en los terrenos de Yanacocha. La sentencia absuelve Máxima y su familia de todos los cargos.

Después de esto pensamos que la situación iba a ser más tranquila. A pesar de no decidir a quién pertenece el terreno, porque esto no era parte de la denuncia. Lo que por lo menos está reconociendo la sentencia es que es una posesión de la familia en este lugar. Y la posesión es un derecho tan válido como de la propiedad.

Con este pronunciamiento suponemos que la empresa va a utilizar las vías institucionales, una demanda por usar la propiedad. Pero no pasó así.

La familia sigue viviendo en el predio. El 3 de febrero la empresa minera con su compañía de seguridad más la policía privada que está a su servicio y con personas civiles entró a la propiedad de Máxima y destruyeron un nuevo cuartito que habían construido cerca de la casa que esta colapsando por las lluvias. Después de ello se fueron y la empresa minera Yanacocha dijo este acto era un acto de defensa posesoria – que es un concepto jurídico, pero que no se aplica para nada en este caso, porque es un acto de defensa-. Dijeron que la familia está ocupando nuevos predios que son propiedad de la empresa. Pero esto es falso por que la familia estaba construyendo el cuarto dentro de su propiedad. Entonces la empresa minera llegó ilegalmente.

Después vinieron y empezaron hacer una especie de corredores alrededor del predio de la familia. Pusieron alpacas en el lugar y llevaron casetas de vigilancia que supuestamente van a hacer vigilancia a las alpacas, pero que finalmente están apuntando directamente a la casa de Máxima. Todo esto nos parece hechos realmente escandalosos, de privación de la libertad, afectación a la libertad porque ahora tienen casetas vigilando toda su casa. Pero además han cerrado las vías de acceso a la casa, han puesto tranqueras en las cuales controlan quien entra y sale por estas propiedades. A veces no dejan entrar los hijos de Máxima que viven en Cajamarca. Yanacocha dice que es su carretera ya que había arreglado la vía anteriormente. Su lógica es, “si yo tengo plata y arreglo la calle, se volvería esta mi calle”.


¿Cómo se siente Máxima frente a toda esta situación?

Máxima está muy quebrada emocionalmente y psicológicamente. Alguien puso un ejemplo exacto: “Si alguien, un ladrón o ratero, ha entrado en tu espacio privado, nunca más te quita este trauma, con la idea que van a volver e ingresar”. Imagínense lo que pasa a Máxima y su familia, todos los días están pensado en que la empresa va a ingresar, que los trabajadores van a destruir lo poco que tienen y matar a sus animales porque esto ya han hecho antes. Es una sensación de constante stress y esto impacta la salud de ellos.

Ellos ahora no pueden salir libremente de su casa, así no pueden salir a trabajar y así no tienen que comer. Tienen lo poco que están cultivando y lo que mandan sus hijos desde la ciudad. Pero hay días en que incluso ellos no ni quiera comen. Máxima dice que preferimos estar acá que salir a conseguir algo. Ellos lo justifican diciendo que ya son viejos. Si no comemos, no importa, dicen. Los hijos son grandes ya y solo somos los dos, resisten. Es una gran resignación, una situación de indignación increíble, de constante stress protegiéndose de las amenazas de la empresa. Es muy duro para ellos.

Solicitamos ayuda del Ministerio de la Mujer, y se converso con la aquel entonces ministra Carmen Omonte. Recibimos ayuda y acompañamiento psicológico, pero ahora su gestión de la Ministra Omonte ha acabado.


¿Cuáles son los siguientes pasos para hacer Máxima Chaupe?

Frente a esto y el único que nos queda es seguir denunciar a la empresa minera porque es un delito de usurpación. Pero la empresa tiene todo el poder y sigue anunciar cualquier cosa. Ahora están cerrándolos, llevan animales y personas, esto va a provocar otro enfrentamiento con Máxima y en la población. Esto nos preocupa mucho

Es una evidencia que la empresa no cree en el Estado, en el derecho de este país, en la Ley. No cree en nadie. Ellos quieren autorizarse la autoridad. De hecho esto ya está haciendo. Y sienten la sensación de impunidad de que nadie les va a decir nada porque este Gobierno no va a hacer nada. El riesgo para Máxima persiste ser constante.


¿Cuál ha sido el rol de GRUFIDES en todo este proceso de defensa?

Yo creo que hemos confiado demasiado. Hemos confiado mucho en las vías institucionales y hemos estado siempre esperando que el Estado nos responda. Esto no ha sucedido, esto sigue ser un mayor riesgo para la familia de Máxima.

A lo mejor, a la par de utilizar los mecanismos institucionales, hemos debido buscar apoyos que ayuden a proteger a esta familia. Porque a pesar de los fallos y el poder judicial, esto no va a terminar protegiéndonos. Esto no va a proteger la seguridad de las personas.

Fuente: Red Muqui


Por: Marisa Glave Remy


Ricardo Uceda es un periodista al que respeto. Por eso, fue grande mi sorpresa al leer su última columna sobre la familia Chaupe. El artículo da a entender que esta familia es propietaria de varios terrenos y que este hecho tira por los suelos la imagen de una mujer luchadora, que emociona hasta las lágrimas, pues Máxima y su familia no serían “indigentes”, sino algo así como una clase media acomodada. Quienes no conocen el mundo rural pueden tener la sensación de estar frente a una familia que tiene varias casas, con las que genera buena renta.

Pero lo realmente grave, es que el periodista dice que tales propiedades han sido logradas por ocupación. Como pone Uceda en el titular, emociona hasta las lágrimas…hasta [saberla] dueña de nueve predios por vía de la ocupación. La columna da a entender que los Chaupe llegaron, los ocuparon y luego se los apropiaron. Esta referencia no es gratuita. La disputa entre Máxima y Yanacocha por el predio Tragadero Grande es porque la empresa señala que ella es la “auténtica propietaria” y que la familia Chaupe lo habría “invadido”, para luego hacerse de la propiedad. Se pretende demostrar que la familia usa este mecanismo de manera habitual. Entonces, es fácil creer que los Chaupe son unos estafadores.

La imagen que el lector tiene al final del artículo es que una familia vendida como “indigente” por unas ONGs, obviamente politizadas, resulta ser de una clase media campesina acomodada, que se ha ido ganando la vida apropiándose de terrenos de otros. Se insinúa que la mala imagen de Yanacocha ha permitido que se cree una especie de “leyenda urbana” en torno al uso de la violencia contra la familia, la que parecería estar justificada, pues se omite un dato fundamental: Los varios intentos de desalojo contra los Chaupe se hicieron SIN MANDATO JUDICIAL, y el último, en el que se registra la destrucción de la ampliación de su vivienda, luego de que la justicia peruana declarara INOCENTE a Máxima del delito de usurpación, así como el cese del desalojo preventivo y de la administración provisional de Yanacocha sobre el predio Tragadero Grande.

Quisiera aclarar algunas de las imágenes que se construyen en el texto. Empiezo por las propiedades, en plural, para darnos una idea de qué significan nueve hectáreas (ha) en una zona andina. Los investigadores agrarios usan mecanismos de “estandarización” para comparar terrenos: Caballero y Álvarez plantean que una hectárea en costa con riego equivale a 0.53 ha en la sierra con riego y a 0.25 en secano. Si hacemos el cálculo tenemos, entonces, que las nueve hectáreas aludidas, equivalen a 4.77 ha, si fueran buenos suelos -que no lo son- y a 2.25 ha, si son de secano, como señala la familia. Sumados los predios, no llegan, pues, bajo ningún cálculo, ni a una mediana propiedad rural. Ello, sin tomar en cuenta que se trata de terrenos que, además, están dispersos.

Quisiera añadir, por otro lado, un dato sobre el “modo de apropiación”: Los títulos de propiedad parten del reconocimiento de la posesión, sí. Pero no porque se haya “ocupado” el espacio abruptamente, para conseguir la prescripción. Una parte de las parcelas es producto de una herencia. La madre de Máxima se las dio a ella y a sus hermanos. Y otros terrenos son adquiridos. Pero, ¿por qué la mamá o los vendedores originales no inscribieron la propiedad? Pues, porque en el campo hay un problema – grave – de acreditación de la propiedad. Eso no quiere decir que no exista, quiere decir que no está registrada. Por eso, desde los años 90, en que se empezó a fomentar el mercado de tierras rurales, funcionan programas especiales de titulación, que buscan formalizar la propiedad. Una familia podía ser propietaria de una parcela como consecuencia de la Reforma Agraria, por más de 30 años, pero recién a inicios de este siglo consiguió el título que acredita dicha propiedad. Sí, así es el Perú. Entonces, que el título que otorga el sector Agricultura se base en el reconocimiento de la posesión no quiere decir que los Chaupe sean unos usurpadores profesionales. Quiere decir que, como sucede a decenas de miles de campesinos en el Perú, sus derechos y los de sus familias no estaban reconocidos formalmente, pero sí socialmente por sus vecinos, quienes acreditan la propiedad.

El último argumento que quisiera rebatir, que es, además, el que me resulta más agresivo, es que Máxima despierta solidaridad porque es una “indigente”. Máxima es una mujer campesina, trabajadora y luchadora; ahí radica su fuerza. ¿La violencia de Yanacocha sobre Máxima deja de ser condenable porque ella es “propietaria” de algo más? ¿No es Máxima una ciudadana que tiene derecho a enfrentar el cuestionamiento de su propiedad sobre Tragadero Grande en un juicio justo? ¿No es una ciudadana que tiene derecho a que la Policía no vaya como guardián de una empresa con la que disputa la propiedad, a agredirla y a ser testigo pasivo de cómo destruyen su vivienda? El caso de Máxima es simbólico NO porque es una mujer “indigente”, sino porque es una ciudadana que no está dispuesta a aceptar que la insulten, la agredan o la pretendan desalojar con violencia y sin mandato judicial.

 


Neoliberalismo crudo, extractivismo, transnacionalizado y violencia institucional combinadas en dos realidades nacionales.
En este capítulo trataremos la complejísima realidad nacional colombiana que desde hace algunos años quiere ser transformada al calor de lo que las elites llaman “la locomotora minera” y al mismo tiempo la búsqueda de posicionar al Perú como el nuevo modelo minero para el continente.


(Foto: La República)

Por: Roxana Olivera

Caminando a paso ligero en las alturas de la jalca cajamarquina, Revista Ideele divisó entre la niebla a una figura diminuta con un enorme sombrero de paja que es más grande que ella. Su nombre es Máxima Acuña, y la llaman la guardiana de las lagunas. Esta campesina cuya vida consistía en criar a sus cuatro hijos, vigilar a sus animales, sembrar sus cultivos, confeccionar ponchos y tejer frazadas se ha visto de pronto enfrentada a la empresa minera Yanacocha y a contingentes de la DIROES que llegaron a desalojarla, golpearon brutalmente a su familia, pero no pudieron en su momento con ella. Hace unas semanas le ganó un juicio a la minera, pero ello no impidió que llegaran ahora a destruirle la ampliación de su casa. Una mujer que ha parido a sus hijos sola, en las madrugadas, caminando por los páramos para buscar ayuda, ya perdió el miedo mientras sigue resistiendo dentro de los escombros de su casa.

Cuenta que cuando su último hijo estaba por nacer, cruzó un río y casi dio a luz agarrada a una roca. Recuerda que en ese momento, “Le lloré a Dios, diciéndole: ‘Tú sabes que por mi pobreza y el hambre de mis hijos me veo ahora en esta penosa situación, por favor te ruego que no me desampares y me des fuerza!’” Se puso de pie y siguió caminando. Bajo una lluvia torrencial, Máxima llegó con un costal de papas a Amarcucho, al caserío que la vio nacer, donde vivía la abuela de Jaime, su esposo. Allí, minutos después, una perrita anunció el nacimiento de Carlos, su cuarto hijo. Cuando, por fin, llegó Jaime, su abuela le pegó dos palazos por haber dejado sola a su esposa.

¿Quién es Máxima Acuña? ¿De dónde saca tanta fuerza esta mujer, de quien el padre de Ollanta Humala dijo que algún día futuras generaciones le harán un monumento por su valentía y heroísmo? Esta es su historia.

Orígenes y formación

Yo nací en el caserío Amarcucho, del distrito de Sorochuco, el 29 de mayo de 1970. Soy la tercera de 4 hermanos, dos varones y dos mujeres. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años. A mí de chiquita me gustaba cuando mi mamá salía, dejándome en la casa, yo primero tenía que hacer limpieza en la casa. De ahí tenía que criar cuyes. Después, me gustaba tejer sombreros. Mi mamá tejía sombreros de paja blanca. Tejía y le quedaban pajitas a ella y yo las agarraba y las escondía y los días que no estaba mi mamá, me ponía a practicar, a tejer el sombrero. Yo armaba los sombreros pequeñitos, chiquititos, como para juguetes, para muñecas. Yo recogía las tuzas del choclo, del maíz, y las cortaba y hacía la plantilla. Después hacía la copa, los terminaba, hacía la falda, la orilla y los sacaba solita yo. Mis amigas tenían sus muñecas, ellas llegaban y me decían: “Véndeme para mi muñeca”. Entonces, hacíamos el trato con ellas. En ese tiempo me daban 10 céntimos, la mitad de los 10 céntimos.

A mi mamá la veía que cosía vestimentas del estilo del lugar que usamos las mujeres. Cosíamos sacos, enaguas, faldas, polleras. Mi mamá cosía todo eso, pero yo la miraba nada más a ella cuando cosía y también cuando cortaba, le quedaban pedacitos de tela. Eso yo lo agarraba y lo escondía, porque mi mamá no permitía que cojamos nada. Eso no nos permitía mi mamá; nos corregía; nos pegaba. Yo cogía las telitas y las escondía. Y cuando ya faltaba, empezaba a coser con una aguja de mano, agujas que venden para remendar. Y con eso yo armaba el saco, la falda, el fustán, y venían mis amigas y decían: “¿Qué has hecho?” Y yo les decía: “Ya esto he hecho.” Y ellas traían sus muñecas y les medían la ropa que yo cosía. Entonces, ellas me compraban pues. Y así me gustaba hacer, me gustaba trabajar. Y así los días que mi mamá faltaba, primerito tempranito hacía yo el aseo en la casa. Después empezaba a coser. Y vendía y tenía yo. Y eso me gustaba a mí bastante.

La plata la enterraba yo, así la juntaba. A veces, compraba alguna cosita y le daba a mi mamá. Le decía: “Toma mamá; esto he hecho y lo he vendido”, pero con miedo que me pegue. Cuando yo le daba la plata, me la recibía pues. Sí, me la recibía. Cuando yo ya tenía 11 años, cuando iba ya para los 12 años, venían y me decían: “Cóseme mis ropitas para mi bebito, para niñitas, para bebitas mujercitas.” Yo les cosía los funditos, unos morillitos, les hacía sus saquitos. Aprendí a hacer mis sacos para mí. Tenía algunos familiares que me traían algunas telitas. Esas las cortaba yo. Anteriormente se usaban los sacos con capelos. Ahorita ya no los utilizamos. Ya se ha dejado de usar.

Si queríamos algo corriente nomás, no lo cosíamos sino que lo bordábamos. Me gustaba bastante hacer todas estas cosas. Como los tejidos en kallwa que mi mamá tejía. Todo eso aprendí al mismo tiempo, viendo a mi mamá y a algunas mujeres que hilaban así también. Me ponía a hacer de todo. Y como todo me salía bien, me gustaba bastante… Las familias pobres no teníamos ovejas, ganado, caballos. Por eso yo no pasteaba porque no había. Ninguno de mis hermanos fue a la escuela porque mi papá falleció y mi mamá era pobre. No tenía, y, anteriormente, no tenían interés en que nos eduquen. Por eso, nosotros no llegamos a conocer la escuela.

El esposo y la familia
Bueno, eso pasó porque yo me quedé huérfana. Mi mamá salía. No sé dónde se iba. Se demoraba dos días, tres días. Antiguamente, los mayores eran bien ignorantes. No nos dejaban dentro de sus casas. Nos dejaban así afuera en el corredor; allí teníamos que dormir. Bueno pasó una cosa. Seguro que Jaime me conocía. Bueno, claro, me imagino, pero sin tener conversación, sin tener ningún diálogo, sin que seamos enamorados, él, como asegurándose que yo estaba allí sola y que mi hermanito era pequeñito y no puede hablar. Allí, él se aprovechó, viendo que yo estaba sola. Pero yo a él no lo conocía, ni tampoco pensaba en él como enamorado, nada. Yo más bien a él le tenía vergüenza ―usando nuestra forma de hablar, yo le tenía vergüenza― pero él se aprovechó. Bueno, yo me quedaba; quería decirle a mi mamá, pero pensaba que mi mamá me iba a pegar, porque mi mamá era recontra ignorante. Yo no tenía ninguna explicación de mi mamá sobre cómo era la vida, cómo era la niñez.

Bueno, yo me sentía mal. No tenía cariño, ni entusiasmo, sino como después ya pasó como un año, yo estaba de 13 para 14 años, allí él empezó a seguirme. Empezó a mostrarse como si ya fuera mi enamorado, pero a mí no me llamaba la atención. Sino que según él, sus padres le dijeron: “Pueda ser que sepa su familia o alguien de su familia que sepa de justicia, te pueden denunciar. Y más bien trata de ―me imagino que así le aconsejaron a Jaime― seguirla y a aparecerte y comprometerte con ella.” Esa es la explicación que le dieron, pero no lo hicieron porque ellos realmente me quisieran a mí y me querían en su casa, sino que ellos lo hicieron por temor a la justicia y que alguien de mi familia se entere y se llegue a esa situación, porque mi mamá tampoco sabía nada de justicia. Nada.

Él tenía 16 años, yo tenía 14. Se apareció y habló con mi mamá, y mi mamá ni siquiera me preguntó a mí; ni si quiera me dijo: “¿Hija, cómo es?” Brutalmente nomás dijo: “Ya pues, te está siguiendo, que sea.” Yo no me sentía bien, pues. Yo tenía algo en mi corazón, de que podía reaccionar y de que no tendría un amor con él, ¿no?, realmente. Bueno, así pues se comprometió. Estuvimos un año más y un año después yo ya me vi embarazada.

Por meses vivía donde mi mamá, pero no tenía ahí tranquilidad. Me llevaba él donde su mamá. Llegaba y no me trataban bien, porque trataban de marginarme. No me querían porque yo era bien pobre. Con las lágrimas en mis ojos, yo tenía que estar ahí y servirlos a ellos. En el campo acostumbran a pelar el trigo, el mote y a tostar la cebada para los molinos, para que le lleven a los peones. Yo no dormía. En la noche les lavaba su ropa. Yo amanecía pelando su trigo y mote. Yo salía a las 4:00 am al campo, al monte, a juntar su leña. Les traía su leña a ellos. Yo los servía bastante. En el día tenía que trabajar. Me ponía a urdir, a hacer mis tejidos; yo hacía mis alforjas; hacía mis ponchos; hacía mis frazadas. No teníamos ropa para cambiarnos, yo y Jaime. No teníamos un polo que ponernos, una chompa que ponernos. ¿Yo qué hacía? Yo no tenía ovejas, pero le sacaba lana de las ovejas de la gente. Me daban lana para medias. Hacía frazadas y las vendía. Con la venta de esas frazadas yo me compraba una blusita o un polito. Igual a Jaime le compraba una chompa, o un polo, o un par de yangüés, lo que sea…y así la pasábamos.

El terreno en cuestión
Para comprar nuestro terreno arriba en la jalca, yo pedí ganado partido. Me dieron ganado partido. Nos dan una vaca, nosotros la vemos. La vaca logra su cría en nuestro poder, esa cría nos la dan a nosotros y nosotros les entregamos la vaca pero con otro a pie. Eso es partido. Nos dan, por ejemplo, ovejas partido, chanchos a la media, así, entonces yo criaba. Y de mi trabajo lo que vendía, de mi comida que cosechaba y mis cuyes, mis gallinitas, todo lo juntábamos, uníamos la platita. Para comprar esa jalca, tuve un torito que le saqué a una vaca a partido, y ese torito ya era grande, pero no tenía dónde criarlo. En la noche me iba donde la gente tenía sus chacras de maíz, su pasto. Me iba y juntaba la hierba en la noche y la traía y la amontonaba para que ese torito coma esa hierba, ese pasto, en el día para que se haga grande. Y cuando apareció ese terreno, vendimos ese toro, empleamos la platita que habíamos juntado, lo que trabajábamos. Tenía ahí mis ovejitas, las vendimos. Teníamos nuestro potrillito, lo vendimos. Todos nuestros animalitos pequeñitos los vendimos para poder juntar esa plata y comprar esa jalca que ahora la mina nos quiere quitar.

Esa jalca se la compramos al tío de Jaime, el señor Esteban Chaupe Rodríguez. Él compró esa jalca no recuerdo en qué año. Tuvo esa jalca por tres o cuatro años y de ahí se apareció un terreno al lado de su casa en Cruz Pampa. Él vivía en Cruz Pampa. Entonces, él agarra esa jalca y nos avisa a nosotros y nos dice: “Mira sobrino, te vendo ese terreno arriba en la jalca porque tú estás al lado de tu papá.” Mi suegro Samuel Chaupe había comprado un lote del señor Santos García de Chugurmayo. El tío compró al costado; era colindante. El tío nos vende a nosotros ese terreno y así fuimos colindantes con mis suegros. Nosotros tenemos un documento que es de la comunidad. En la comunidad se forman unas autoridades de la comunidad. Estas autoridades tienen una autorización de qué comunero hace un traspaso a otro comunero. Esa comunidad le da su documento de traspaso. Tenemos el documento de traspaso de las mismas autoridades de la comunidad y también tenemos el documento de posesión. La posesión el señor Esteban me la pasa a mí. Por eso yo quedo como posesionaria allí. Tenemos un documento firmado en el que se habla quiénes son los vendedores y quiénes son los compradores y cuánto de dinero se dio por ese terreno. De acuerdo a la linderación, de ancho es 800 metros por cada lado. Y por cabecera, agarra 1,500, por el pie 1,500. El plano lo ha levantado un ingeniero civil en 2012, donde sale 25 hectáreas.

Y ahora la minera quiere coger ese predio. O sea, me lo quiere quitar gratis, porque el Ingeniero Guillermo Silva ―dicen que en ese tiempo era el gerente del área de relaciones comunitarias― va y compra terrenos de los colindantes y se va y levanta el plano que él quiere, sin avisarles ni a los colindantes para que le muestren las linderaciones, agarra y levanta el plano, engloba todo con mi terreno dentro y se lo vende todo a Yanacocha. Y por eso, en el conflicto se enfrentó el Ingeniero Guillermo Silva. Él es el autor de todo esto, fue con la policía, con el personal, en los primeros desalojos del mes de mayo. Después nuevamente regresaron en el mes de agosto. Las autoridades hicieron llamar a esa persona, que él era el culpable, que él era el que tenía que responder. Pero los ingenieros de Yanacocha, de la empresa, no se presentan a ninguna audiencia. Sin embargo, a ellos todavía les dan libertad y a nosotros nos acusan sin que tengamos ningún delito.

A mí me golpeó la policía. Me cogieron entre tres de cada brazo así hacia atrás y los demás vinieron con sus palotes y me jalaban como a una persona que no sentía nada, ¿no? Me golpearon los brazos. Me agarraron y me arrastraron por el suelo, por las piedras me golpearon mis tobillos. Me patearon en la cintura. Me maltrataron. Me patearon por todas partes, por eso ahora siento dolor en mi cintura, en mis brazos. Anteriormente yo no tenía ningún problema para trabajar, pero ahora sí me siento mal y ya no tengo la energía para trabajar, como anteriormente, sin ningún problema. Todo eso se ha denunciado, pero lamentablemente no han seguido adelante con nuestras denuncias, con nuestros procesos. Las autoridades no valoran nuestras denuncias. Eso todo lo han archivado. Por ejemplo, yo tengo certificados médicos míos, pero no los valoran. No los toman en cuenta. Las autoridades hacen como si no hubiera pasado nada. Se tapan la boca, se callan y no pronuncian una sola palabra al respecto. Nada. Cuando mataron a mis ovejas, lo mismo. Ellos no dijeron nada.

Ahora lo único que exijo es que la empresa minera me enseñe un documento que demuestre que yo les he vendido este terreno. ¿Por qué no le exigen eso los jueces?

Puesta al día

El 3 de febrero de este año, personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha entró a la propiedad de Máxima Acuña y le destruyeron los cimientos de construcción de una ampliación de su humilde casa. En su denuncia, Máxima señaló que 200 policías, acompañados por personal de la minera, entraron ilegalmente a su propiedad.

A través de un comunicado de prensa, Yanacocha sostiene que el terreno le pertenece, que actuó de manera pacífica y que simplemente “está actuando en defensa de sus derechos y en estricto cumplimiento de la ley. [Y que] así lo seguirá haciendo, pese a las campañas mediáticas que buscan descalificar a la empresa”.

Fuente: IDL Reporteros – http://revistaideele.com/ideele/content/m%C3%A1xima-acu%C3%B1a-y-los-kos-de-conga


– Autorización se habría dado vulnerando derechos y seguridad hídrica de poblaciones locales.

Servindi, 27 de enero, 2015.- Una segunda inspección realizada por más de mil campesinos guardianes de las lagunas comprobó el lunes 26 de enero que la empresa Yanacocha abrió tres pozos tubulares, de los cuales extrae agua del subsuelo, a razón de diez camiones cisterna diarios por pozo, es decir, unos treinta camiones cisternas en total.

Son alrededor de mil campesinos quienes comprobaron que los pozos tubulares se encuentran en la zona Huayramachay, ubicada entre las lagunas El Perol y Azul.

El hallazgo indicaría que la destrucción de las fuentes de agua donde opera Yanacocha es tan grave que ahora tiene que proveerse en zonas distintas tanto uso propio o abastecer a quienes se quedaron sin ella por su actividad contaminante.

También confirmaría la corrupción y la complicidad de la Autoridad Local del Agua (ALA) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) quienes habrían autorizado a Yanacocha de espaldas y vulnerando los derechos de las poblaciones locales.

En esta nueva inspeción participó Jorge Luis Urquía Sánchez, el nuevo alcalde provincial de Celendín.

El nuevo presidente Regional y los funcionarios de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) brillaron por su ausencia.

La denominada Resistencia Celendina que organizó la inspección denunció este nuevo y grave hidrocidio porque atenta contra las fuentes de agua y la seguridad hídrica de las poblaciones locales.

A continuación el reportaje gráfico de Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).

Fuente: SERVINDI – http://servindi.org/actualidad/122036




16 humildes ciudadanos, entre ellos, algunos dirigentes ambientales tanto de Sorochuco como de Celendín – Cajamarca son objeto de una absurda denuncia debido a sus posturas en defensa del agua y por oponerse al Proyecto Conga.

Los procesados, quienes siempre se han opuesto al Proyecto Conga por las impactos negativos que ocasionaría y por defensa de las lagunas, son sospechosamente acusados por el hoy gobernador de Sorochuco, Luis Armando Castañeda Pisco, de haberlo secuestrado.

La denuncia del Gobernador

Los hechos se han producido en pleno conflicto Conga cuando los pobladores del distrito de Sorochuco, en Celendín, le exigieron al mencionado gobernador, que manifestara su postura respecto a este tema y que definiera si iba a estar a lado de su pueblo. Debido a ello se celebró una asamblea en la plaza central del distrito donde los ciudadanos expresaron sus preocupaciones y pese a que la gente estuvo enérgica al plantear sus preocupaciones al gobernador, dicha reunión se realizó de manera pacífica, no existiendo ninguna agresión en contra del mismo, menos aún hubo alguna retención como lo denuncia la citada autoridad, argumentando que la población lo habría secuestrado.

Pese a lo absurdo de la denuncia, Ruperto Alcantara, Fiscal de Celendín, arduo defensor del Proyecto Conga y del Presidente Humala, formuló acusación en contra de los 16 ciudadanos por los delitos de Secuestro agravado y coacción, pidiendo 35 años de carcel para cada uno de ellos.

Por la naturaleza del delito y la cantidad de implicados este caso fue declarado “complejo” o de gravedad, pasando a ser juzgado por una sala colegiada en la Corte Superior de Justicia Cajamarca, habiéndose dado inicio al inició juicio oral.

 


Marco Arana, en una pausa durante un reciente viaje por el interior del país, leyendo “La Maldición de la Abundancia”. Fuente: CARETAS

En medio de violentos conflictos medioambientales, el gobierno sigue de cerca al activista. Nota de inteligencia policial registra sus actividades, mientras el Premier Óscar Valdés suelta avalancha de tuits: “Podridos. Congelados. Incendiarios”.

Podridos. Congelados. Incendiarios. En una avalancha de twitter, el premier Óscar Valdés rescató el martes 5 la calificación que el historiador Jorge Basadre hiciera de los personajes que lastran al país. Comenzó por la inacción de las élites y siguió con ráfagas de acusaciones telúricas al mismo tiempo que el gobierno caminaba por una cuerda floja y varios actores políticos –que a los ojos de Valdés seguro calzaban en las tres categorías– pedían la cabeza del premier.

La renuncia a la bancada oficialista de los congresistas Verónika Mendoza, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila remeció los titulares del día anterior. Los dos últimos, invitados de izquierda y abiertos descontentos desde hacía meses, aprovecharon la salida de la primera, fundadora del Partido Nacionalista, que tiró el portazo en medio de severos cuestionamientos a su papel en la crisis de Espinar.

La brújula noticiosa dio un giro a favor del gobierno con el destemplado discurso ofrecido el martes por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que en medio del paro convocado en su región llamó al derrocamiento del presidente Ollanta Humala.

Los días anteriores, fichas prominentes del Ejecutivo como el propio Valdés y el ministro de Justicia Juan Jiménez se habían reunido con los corresponsales extranjeros a raíz de la detención de los dirigentes en Espinar, luego de los desmanes que provocaron dos muertos y la declaratoria del Estado de Emergencia. El arrestado alcalde de la localidad, Óscar Mollohuanca, fue trasladado a Ica y se anunció su detención preventiva por un lapso de cinco meses.

Jiménez afirmó que “los que están dirigiendo las protestas son dirigentes radicales, personas altamente ideologizadas, gentes de formación comunista, de ultraizquierda. Y no es casualidad. Se articula la protesta en muchas zonas del país para que la autoridad esté en muchos puntos al mismo tiempo, resguardando la seguridad y libertad de las personas. Es evidente la participación de sectores muy radicales en el gobierno”.

En conferencia de prensa, Mavila criticó los “informes de inteligencia” que le sirven de insumo al gobierno para convencerse de la cualidad conspirativa de protestas aparentemente inconexas, como las de Cajamarca y Cusco. Así lo había declarado el presidente del Congreso, Daniel Abugattas (CARETAS 2234).
Diez Canseco se suma a la percepción de Mavila y advierte a CARETAS que “el gobierno no tiene operadores y va a terminar conducido por el Servicio de Inteligencia y las famosas explicaciones de planes y redes subversivas que están debajo de todos los movimientos del Perú, sin entender los niveles de frustración en la población. Mi sensación respecto a 1992 me resulta francamente preocupante”.

CARETAS accedió a una parte de los documentos de inteligencia mencionados. Y de allí se desprende que el personaje central, aquel que aglutinaría los presuntos esfuerzos conspirativos, es el activista ambiental Marco Arana (49).
Aquí el gobierno apunta alto. Este ex sacerdote y líder del Movimiento Tierra y Libertad, así como de la ONG Grufides, ha recibido reconocimientos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el festival Berlinale, que premió un documental sobre su lucha.

Su oposición a Yanacocha lo convirtió en un personaje reconocido. Y también es cierto que su postura antiminera no admite los matices propios de un país en crecimiento que debe imponer estándares ambientales, pero que obtiene una mayoría de su renta de los socavones y cuyo potencial agrícola tiene techo. “Hemos dejado de usar objetos de oro en nuestra parroquia”, le explicó a la revista Time cuando lo nombró héroe ambiental en 2009. “Dios no debería ser adorado con productos que han causado sufrimiento y destruido la naturaleza”.

Para investigarlo trabajan equipos de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) sin que ambas unidades coordinen entre sí, según fuentes policiales.

Ambas pesquisas están orientadas a conocer en profundidad las actividades de Arana y de sus seguidores, pero también sobre su vida privada, de acuerdo a fuentes confiables. No sería la primera vez (CARETAS 1956).

Para explicar su participación en los hechos del Cusco, inteligencia policial se remonta a una “reunión extraordinaria” ocurrida el 11 de marzo de 2012 en el Jr. San Pedro Nº 310, en Yauri. A dicha cita acudieron “el alcalde (Óscar) Mollohuanca y el padre Arana. Además contó con la participación de dirigentes de Tierra y Libertad, así como de regidores de la Municipalidad de Espinar. En esa reunión se desarrolló coordinaciones con miras a la radicalización de la agenda”.

El apresado Mollohuanca pertenece a Tierra y Libertad.

Según estas informaciones, durante todo marzo Arana organizó “congresos antimineros”: en las localidades de Chamaca, Chumbivilcas, Tintaya, Marquiri, Yauri y Espinar. “En el primer congreso de los nombrados se determinó, entre otros, conformar un Comité de Lucha contra el Corredor Minero (Cotabambas-Chumbivilcas y Espinar), mientras que en el segundo, efectuar una lucha frontal contra la minera Xstrata Tintaya y convocar indefectiblemente a una Huelga General Indefinida para el 21 de mayo”, indica una nota de inteligencia de la Dirin.

Según los documentos de inteligencia, “el pronunciamiento público del Sr. Arana en la provincia de Espinar se basó en tres temas por resolver: que la fundación Xstrata deje de actuar como un Estado en la zona, sin coordinar con los planes de desarrollo locales, que se atienda los pasivos y controles ambientales que vienen desde Tintaya y una mejor participación de las comunidades en la renta minera”.


Nota de inteligencia policial registra las presuntas actividades de Arana.

Se señala, además, que “el ex sacerdote remarcó en declaraciones periodísticas que hay diferencias sustantivas entre los conflictos de Conga y Tintaya. En el segundo se pide mayor participación en las rentas mineras y solución a los pasivos mineros”.

La Digimin señala que “con apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, encabezada por Rut Luque y de Arana (las autoridades de Espinar) llegaron a contactar a las ONGs “CAFOD y MULTI-WATCH” y tramitar una visita a sus sedes principales (Suiza y Gran Bretaña), así como gestionarse una reunión con el Directorio y/o Gerencia Internacional de Xstrata y el Parlamento Europeo, a fin de hacerles conocer los “supuestos” atentados contra el Medio Ambiente así como contra los derechos fundamentales de las poblaciones cercanas a ellas”. La Digimin se refiere al viaje del alcalde Mollohuanca quien, según su récord migratorio, estuvo en Holanda entre el 26 de abril y el 4 de mayo.

Del mismo modo, Arana es ligado por inteligencia con el llamado “Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca”, que tiene como voceros a Ydelso Hernández Llamo, Nilton Sánchez y Edy León Benavides. La Dirin asegura que ambos vienen “promoviendo un paro regional indefinido en 13 provincias de Cajamarca contra la viabilidad del proyecto Conga, así como una consulta popular en los distritos de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Hualgayoc y Celendín”.

Otro documento dibuja el posible alcance inmediato de las protestas:

“El escenario en la región Cusco –punto neurálgico desde donde se extenderían las protestas en el sur del país– se complicaría desde las provincias de Canchis en respaldo a Espinar, contra el Proyecto Salka Pucará y el respaldo a la región Cajamarca; Chumbivilcas, exigiendo el retiro definitivo de la minería en toda la provincia, entre ellas Hutbay, Anabi y Ares, y se extendería hacia Apurímac por la provincia de Cotabambas, en contra del Minero Ducto –que coincidentemente viene desde la provincia de Espinar, pasa por Canchis y Chumbivilcas para llegar a Las Bambas en Cotabambas, Apurímac– extendiéndose hacia Andahuaylas y Abancay, bloqueando la salida hacia Lima”. Allí está el origen de las advertencias del premier Valdés, quien antes de señalar a podridos, congelados e incendiarios, apuntó a las intenciones de frenar en seco Las Bambas, otro proyecto de Xstrata que demandará una inversión de US$ 4,200 millones, y donde el terreno social parecía haber sido asfaltado a lo largo de años.


En la región peruana de Celendín está concluyendo la Cumbre de los Pueblos, en la que campesinos y organizaciones ambientales discuten los efectos del cambio climático. De este encuentro, tres son las conclusiones principales: los efectos perjudiciales para el medio ambiente del actual modelo económico de Perú, pedir que el parlamento peruano apruebe una ley de cambio climático, y que las comunidades lleven el planteamiento de propuestas alternativas de desarrollo a la próxima Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 20) que se celebrará a finales de año en la ciudad de Lima.