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GRUFIDES ACLARA SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE

A LA OPINIÓN PUBLICA

Sobre las últimas noticias difundidas en medios nacionales sobre el caso de la familia Chaupe, GRUFIDES aclara lo siguiente:

1. Para GRUFIDES el caso de la familia Chaupe es un caso emblemático porque es representativo de la situación de muchas personas que son vulneradas en sus derechos fundamentales para hacer viables megaproyectos poniendo en riesgo su integridad, su dignidad e incluso su vida.

2. GRUFIDES jamás a intentado presentar a la familia Chaupe como un ícono de pobreza, Sí hemos ayudado a visibilizar a una familia campesina símbolo de fortaleza, resistencia y dignidad, haciendo frente a una empresa transnacional para defender justos derechos en medio de la profunda asimetría que se vive en un país como el Perú.

3. GRUFIDES repudia el intento burdo de la empresa minera Yanacocha de deslegitimar socialmente a Máxima Acuña y su familia haciéndola aparecer como una acaparadora de propiedades. Este argumento ya fue presentado reiteradamente, en principio durante el desarrollo del juicio y luego fue centro de una campaña de desprestigio en medios locales la cual no tuvo éxito. Los predios en cuestión siempre han figurado en la SUNARP y por tanto constituyen información de acceso público, por ello rechazamos rotundamente la tendenciosa versión de que esta información se ocultó.

4. Es evidente que con esta campaña se intenta distraer las cuestiones de fondo de este tema. El problema fundamental no es el número de parcelas que tenga la familia, el asunto de fondo es el evidente abuso cometido por la empresa minera en contra de los derechos de la misma y el uso de la fuerza pública al servicio de sus intereses privados, lo cual ha terminado por mercenarizar las fuerzas policiales.

5. Por último, la campaña ¨Maxima somos todos¨ generada de manera espontánea por diversos colectivos, personas y organizaciones, es un expresión solidaria que no busca defender en estricto la propiedad sino y sobre todo, la dignidad y la vida de una familia de personas sencillas y trabajadoras como lo somos la mayoría de peruanos.

Cajamarca, 24 de febrero del 2015



Compartimos la entrevista que la Red Muqui sostuvo con la Dra Mirtha Vasquez Chuquilin, miembro de GRUFIDES y abogada de la familia Chaupe frente a las acusaciones de la minera Yanacocha en Cajamarca.

¿Qué ha pasado desde diciembre cuando ocurrió la sentencia a favor de Máxima Chaupe y su familia, que dice Yanacocha?
El 17 de diciembre de 2014, salió la sentencia que reconocía que Máxima Chaupe y su familia como inocentes de los cargos de la empresa. La empresa los acusaba de ser usurpadores, de haber usurpado en los terrenos de Yanacocha. La sentencia absuelve Máxima y su familia de todos los cargos.

Después de esto pensamos que la situación iba a ser más tranquila. A pesar de no decidir a quién pertenece el terreno, porque esto no era parte de la denuncia. Lo que por lo menos está reconociendo la sentencia es que es una posesión de la familia en este lugar. Y la posesión es un derecho tan válido como de la propiedad.

Con este pronunciamiento suponemos que la empresa va a utilizar las vías institucionales, una demanda por usar la propiedad. Pero no pasó así.

La familia sigue viviendo en el predio. El 3 de febrero la empresa minera con su compañía de seguridad más la policía privada que está a su servicio y con personas civiles entró a la propiedad de Máxima y destruyeron un nuevo cuartito que habían construido cerca de la casa que esta colapsando por las lluvias. Después de ello se fueron y la empresa minera Yanacocha dijo este acto era un acto de defensa posesoria – que es un concepto jurídico, pero que no se aplica para nada en este caso, porque es un acto de defensa-. Dijeron que la familia está ocupando nuevos predios que son propiedad de la empresa. Pero esto es falso por que la familia estaba construyendo el cuarto dentro de su propiedad. Entonces la empresa minera llegó ilegalmente.

Después vinieron y empezaron hacer una especie de corredores alrededor del predio de la familia. Pusieron alpacas en el lugar y llevaron casetas de vigilancia que supuestamente van a hacer vigilancia a las alpacas, pero que finalmente están apuntando directamente a la casa de Máxima. Todo esto nos parece hechos realmente escandalosos, de privación de la libertad, afectación a la libertad porque ahora tienen casetas vigilando toda su casa. Pero además han cerrado las vías de acceso a la casa, han puesto tranqueras en las cuales controlan quien entra y sale por estas propiedades. A veces no dejan entrar los hijos de Máxima que viven en Cajamarca. Yanacocha dice que es su carretera ya que había arreglado la vía anteriormente. Su lógica es, “si yo tengo plata y arreglo la calle, se volvería esta mi calle”.


¿Cómo se siente Máxima frente a toda esta situación?

Máxima está muy quebrada emocionalmente y psicológicamente. Alguien puso un ejemplo exacto: “Si alguien, un ladrón o ratero, ha entrado en tu espacio privado, nunca más te quita este trauma, con la idea que van a volver e ingresar”. Imagínense lo que pasa a Máxima y su familia, todos los días están pensado en que la empresa va a ingresar, que los trabajadores van a destruir lo poco que tienen y matar a sus animales porque esto ya han hecho antes. Es una sensación de constante stress y esto impacta la salud de ellos.

Ellos ahora no pueden salir libremente de su casa, así no pueden salir a trabajar y así no tienen que comer. Tienen lo poco que están cultivando y lo que mandan sus hijos desde la ciudad. Pero hay días en que incluso ellos no ni quiera comen. Máxima dice que preferimos estar acá que salir a conseguir algo. Ellos lo justifican diciendo que ya son viejos. Si no comemos, no importa, dicen. Los hijos son grandes ya y solo somos los dos, resisten. Es una gran resignación, una situación de indignación increíble, de constante stress protegiéndose de las amenazas de la empresa. Es muy duro para ellos.

Solicitamos ayuda del Ministerio de la Mujer, y se converso con la aquel entonces ministra Carmen Omonte. Recibimos ayuda y acompañamiento psicológico, pero ahora su gestión de la Ministra Omonte ha acabado.


¿Cuáles son los siguientes pasos para hacer Máxima Chaupe?

Frente a esto y el único que nos queda es seguir denunciar a la empresa minera porque es un delito de usurpación. Pero la empresa tiene todo el poder y sigue anunciar cualquier cosa. Ahora están cerrándolos, llevan animales y personas, esto va a provocar otro enfrentamiento con Máxima y en la población. Esto nos preocupa mucho

Es una evidencia que la empresa no cree en el Estado, en el derecho de este país, en la Ley. No cree en nadie. Ellos quieren autorizarse la autoridad. De hecho esto ya está haciendo. Y sienten la sensación de impunidad de que nadie les va a decir nada porque este Gobierno no va a hacer nada. El riesgo para Máxima persiste ser constante.


¿Cuál ha sido el rol de GRUFIDES en todo este proceso de defensa?

Yo creo que hemos confiado demasiado. Hemos confiado mucho en las vías institucionales y hemos estado siempre esperando que el Estado nos responda. Esto no ha sucedido, esto sigue ser un mayor riesgo para la familia de Máxima.

A lo mejor, a la par de utilizar los mecanismos institucionales, hemos debido buscar apoyos que ayuden a proteger a esta familia. Porque a pesar de los fallos y el poder judicial, esto no va a terminar protegiéndonos. Esto no va a proteger la seguridad de las personas.

Fuente: Red Muqui



Marco Arana, en una pausa durante un reciente viaje por el interior del país, leyendo “La Maldición de la Abundancia”. Fuente: CARETAS

En medio de violentos conflictos medioambientales, el gobierno sigue de cerca al activista. Nota de inteligencia policial registra sus actividades, mientras el Premier Óscar Valdés suelta avalancha de tuits: “Podridos. Congelados. Incendiarios”.

Podridos. Congelados. Incendiarios. En una avalancha de twitter, el premier Óscar Valdés rescató el martes 5 la calificación que el historiador Jorge Basadre hiciera de los personajes que lastran al país. Comenzó por la inacción de las élites y siguió con ráfagas de acusaciones telúricas al mismo tiempo que el gobierno caminaba por una cuerda floja y varios actores políticos –que a los ojos de Valdés seguro calzaban en las tres categorías– pedían la cabeza del premier.

La renuncia a la bancada oficialista de los congresistas Verónika Mendoza, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila remeció los titulares del día anterior. Los dos últimos, invitados de izquierda y abiertos descontentos desde hacía meses, aprovecharon la salida de la primera, fundadora del Partido Nacionalista, que tiró el portazo en medio de severos cuestionamientos a su papel en la crisis de Espinar.

La brújula noticiosa dio un giro a favor del gobierno con el destemplado discurso ofrecido el martes por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que en medio del paro convocado en su región llamó al derrocamiento del presidente Ollanta Humala.

Los días anteriores, fichas prominentes del Ejecutivo como el propio Valdés y el ministro de Justicia Juan Jiménez se habían reunido con los corresponsales extranjeros a raíz de la detención de los dirigentes en Espinar, luego de los desmanes que provocaron dos muertos y la declaratoria del Estado de Emergencia. El arrestado alcalde de la localidad, Óscar Mollohuanca, fue trasladado a Ica y se anunció su detención preventiva por un lapso de cinco meses.

Jiménez afirmó que “los que están dirigiendo las protestas son dirigentes radicales, personas altamente ideologizadas, gentes de formación comunista, de ultraizquierda. Y no es casualidad. Se articula la protesta en muchas zonas del país para que la autoridad esté en muchos puntos al mismo tiempo, resguardando la seguridad y libertad de las personas. Es evidente la participación de sectores muy radicales en el gobierno”.

En conferencia de prensa, Mavila criticó los “informes de inteligencia” que le sirven de insumo al gobierno para convencerse de la cualidad conspirativa de protestas aparentemente inconexas, como las de Cajamarca y Cusco. Así lo había declarado el presidente del Congreso, Daniel Abugattas (CARETAS 2234).
Diez Canseco se suma a la percepción de Mavila y advierte a CARETAS que “el gobierno no tiene operadores y va a terminar conducido por el Servicio de Inteligencia y las famosas explicaciones de planes y redes subversivas que están debajo de todos los movimientos del Perú, sin entender los niveles de frustración en la población. Mi sensación respecto a 1992 me resulta francamente preocupante”.

CARETAS accedió a una parte de los documentos de inteligencia mencionados. Y de allí se desprende que el personaje central, aquel que aglutinaría los presuntos esfuerzos conspirativos, es el activista ambiental Marco Arana (49).
Aquí el gobierno apunta alto. Este ex sacerdote y líder del Movimiento Tierra y Libertad, así como de la ONG Grufides, ha recibido reconocimientos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el festival Berlinale, que premió un documental sobre su lucha.

Su oposición a Yanacocha lo convirtió en un personaje reconocido. Y también es cierto que su postura antiminera no admite los matices propios de un país en crecimiento que debe imponer estándares ambientales, pero que obtiene una mayoría de su renta de los socavones y cuyo potencial agrícola tiene techo. “Hemos dejado de usar objetos de oro en nuestra parroquia”, le explicó a la revista Time cuando lo nombró héroe ambiental en 2009. “Dios no debería ser adorado con productos que han causado sufrimiento y destruido la naturaleza”.

Para investigarlo trabajan equipos de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) sin que ambas unidades coordinen entre sí, según fuentes policiales.

Ambas pesquisas están orientadas a conocer en profundidad las actividades de Arana y de sus seguidores, pero también sobre su vida privada, de acuerdo a fuentes confiables. No sería la primera vez (CARETAS 1956).

Para explicar su participación en los hechos del Cusco, inteligencia policial se remonta a una “reunión extraordinaria” ocurrida el 11 de marzo de 2012 en el Jr. San Pedro Nº 310, en Yauri. A dicha cita acudieron “el alcalde (Óscar) Mollohuanca y el padre Arana. Además contó con la participación de dirigentes de Tierra y Libertad, así como de regidores de la Municipalidad de Espinar. En esa reunión se desarrolló coordinaciones con miras a la radicalización de la agenda”.

El apresado Mollohuanca pertenece a Tierra y Libertad.

Según estas informaciones, durante todo marzo Arana organizó “congresos antimineros”: en las localidades de Chamaca, Chumbivilcas, Tintaya, Marquiri, Yauri y Espinar. “En el primer congreso de los nombrados se determinó, entre otros, conformar un Comité de Lucha contra el Corredor Minero (Cotabambas-Chumbivilcas y Espinar), mientras que en el segundo, efectuar una lucha frontal contra la minera Xstrata Tintaya y convocar indefectiblemente a una Huelga General Indefinida para el 21 de mayo”, indica una nota de inteligencia de la Dirin.

Según los documentos de inteligencia, “el pronunciamiento público del Sr. Arana en la provincia de Espinar se basó en tres temas por resolver: que la fundación Xstrata deje de actuar como un Estado en la zona, sin coordinar con los planes de desarrollo locales, que se atienda los pasivos y controles ambientales que vienen desde Tintaya y una mejor participación de las comunidades en la renta minera”.


Nota de inteligencia policial registra las presuntas actividades de Arana.

Se señala, además, que “el ex sacerdote remarcó en declaraciones periodísticas que hay diferencias sustantivas entre los conflictos de Conga y Tintaya. En el segundo se pide mayor participación en las rentas mineras y solución a los pasivos mineros”.

La Digimin señala que “con apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, encabezada por Rut Luque y de Arana (las autoridades de Espinar) llegaron a contactar a las ONGs “CAFOD y MULTI-WATCH” y tramitar una visita a sus sedes principales (Suiza y Gran Bretaña), así como gestionarse una reunión con el Directorio y/o Gerencia Internacional de Xstrata y el Parlamento Europeo, a fin de hacerles conocer los “supuestos” atentados contra el Medio Ambiente así como contra los derechos fundamentales de las poblaciones cercanas a ellas”. La Digimin se refiere al viaje del alcalde Mollohuanca quien, según su récord migratorio, estuvo en Holanda entre el 26 de abril y el 4 de mayo.

Del mismo modo, Arana es ligado por inteligencia con el llamado “Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca”, que tiene como voceros a Ydelso Hernández Llamo, Nilton Sánchez y Edy León Benavides. La Dirin asegura que ambos vienen “promoviendo un paro regional indefinido en 13 provincias de Cajamarca contra la viabilidad del proyecto Conga, así como una consulta popular en los distritos de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Hualgayoc y Celendín”.

Otro documento dibuja el posible alcance inmediato de las protestas:

“El escenario en la región Cusco –punto neurálgico desde donde se extenderían las protestas en el sur del país– se complicaría desde las provincias de Canchis en respaldo a Espinar, contra el Proyecto Salka Pucará y el respaldo a la región Cajamarca; Chumbivilcas, exigiendo el retiro definitivo de la minería en toda la provincia, entre ellas Hutbay, Anabi y Ares, y se extendería hacia Apurímac por la provincia de Cotabambas, en contra del Minero Ducto –que coincidentemente viene desde la provincia de Espinar, pasa por Canchis y Chumbivilcas para llegar a Las Bambas en Cotabambas, Apurímac– extendiéndose hacia Andahuaylas y Abancay, bloqueando la salida hacia Lima”. Allí está el origen de las advertencias del premier Valdés, quien antes de señalar a podridos, congelados e incendiarios, apuntó a las intenciones de frenar en seco Las Bambas, otro proyecto de Xstrata que demandará una inversión de US$ 4,200 millones, y donde el terreno social parecía haber sido asfaltado a lo largo de años.



La inadecuada respuesta gubernamental a la población campesina en Perú por los serios impactos de la gran minería preocupa a organizaciones de la sociedad civil. DW habló con uno de sus representantes en Bruselas.

“Por cada gramo de oro hay que mover una tonelada de roca. Son 600.000 toneladas al día. Las fuentes de agua y los manantiales han desaparecido en Cajamarca. Cuando las manifestaciones en contra del proyecto Conga –la ampliación de la mina Yanacocha- el ejército y la policía fueron pagados por la mina. Estamos presenciando una mercenarización de la Policía”, afirmó Pablo Sánchez, director de Grufides (Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible).

Cajamarca, un mal augurio

Que Cajamarca, la mitad de cuyo territorio está bajo concesiones mineras, sea la región más pobre y con mayores conflictos de Perú –a pesar de que su economía registra un crecimiento del 6% y de que la pobreza se ha reducido a la mitad en diez años- lanza sombras oscuras para el porvenir de las poblaciones rurales.


Cajamarca, Perú 2012

Tanto la organización alemana Misereor como las belgas Justice et Paix y Centre Avec detectan un incremento en la criminalización de la protesta social. También la falta de espacios de diálogo.

“Después de 20 años de actividad de la empresa Yanacocha y de sus elevados beneficios gracias a la explotación de la mayor mina de oro a cielo abierto de América del Sur -a pesar de las promesas de empleo y prosperidad para la ciudad, Cajamarca es la primera en la lista de ciudades con pobreza extrema en Perú”, afirma Géraldine Duquenne de Justice et Paix.

A esto se suma que el Ministerio de Medio Ambiente y los mecanismos de control autónomo se enfrentan a recortes en su campo de acción. Además las comunidades campesinas indígenas no están protegidas por la Ley de la Consulta Previa, aprobada en Perú en 2011 y que prevé la posibilidad de que una población originaria se oponga a un proyecto extractivo.

Según Susanne Friess de Misereror, las comunidades andinas del Perú nunca se autodenominaron indígenas por temor a la discriminación. La situación en conjunto pinta de negro el porvenir del 30% de la población del país andino que no habita los grandes centros urbanos.

Pero no será “sólo” la población rural la afectada: los pasivos ambientales que provoca la extracción minera, con legislaciones nacionales muy permisivas, se prevén a perpetuidad. Sobre todo en cuanto a la contaminación de las aguas se refiere.

¿No sirven las cláusulas?

En este contexto, tanto el acuerdo de libre comercio firmado con la UE (2012) como el acuerdo de materias primas firmado con Alemania (2013) preocupan, pues son instrumentos políticos para promover la actividad económica, en el Perú claramente orientada a la exportación de materias primas.

Aunque no se fijan volúmenes, el acuerdo de materias primas con Perú reviste mucho atractivo para Alemania, pues “aparte de ser un gran consumidor de recursos mineros a escala global, su sector empresarial siempre ha mostrado mucho interés por proveer servicios a la actividad minera en el Perú”, explica a DW el director de Grufides.

Cabe subrayar que el acuerdo firmado con Alemania tiene una cláusula referente a la observación de los convenios de la OIT –como el de la consulta previa. Y que el firmado con la UE posee mecanismos de observación del cumplimiento de estándares de desarrollo sostenible y de derechos humanos.

No obstante, “esto representa sólo una herramienta, que de ser usada brinda una posibilidad, una ventana de esperanza. La prioridad de los acuerdos”, resalta Sánchez De Francesch, “no es necesariamente su cumplimiento. A ello se suma las limitaciones que existen para aplicar desde Europa controles sobre decisiones que los políticos europeos consideran domésticas o locales”.


Pablo Sánchez De Francesch, director del Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible

Así las cosas, en la gira que por Europa hace el activista, apoyado por organizaciones europeas, el objetivo es visibilizar la preocupante situación y la perspectiva en el país andino.

“Las naciones de la UE tienen una responsabilidad a través de la compra que hacen las naciones de los minerales en el mundo y también de las inversiones que se realizan”, concluye el activista abogando por mayor trabajo a favor de la transparencia y la trazabilidad de los minerales. Y subrayando que es muy importante que se sepa que en su país en este momento, según el entrevistado, las empresas mineras pagan a la policía.

Fuente: DW Alemania – http://www.dw.de/miner%C3%ADa-en-per%C3%BA-mal-augurio-para-ind%C3%ADgenas-y-campesinos/a-17919052


 
Por: Juan Arribasplata

Mirtha Vázquez, secretaria ejecutiva de GRUFIDES informó, el día de ayer y en medio de gran expectativa, que el Tribunal Constitucional ha citado a audiencia por el caso del proyecto Conga, el 27 de setiembre próximo, a las 9:30 de la mañana, en la ciudad de Lima.

Vázquez recordó que en el año 2012 se presentó una Acción de Amparo por el caso Conga. La demanda se interpuso por amenaza de violación al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, planteando que de realizarse el citado proyecto, se provocaría un daño irreversible y se atentaría contra el derecho que asiste a los ciudadanos. “En esta causa se va a ver qué argumentos, qué medios probatorios hemos presentado nosotros, la ciudadanía, para que se pueda respetar al medio ambiente y evitar que el proyecto Conga vaya, debido a su impacto irreversible”, refirió.

Por otro lado, supuso que la empresa minera y el Estado van acudir a la cita para justificarse y exponer las razones por las que quieren que el proyecto Conga siga adelante. “Va a ser un momento muy importante, yo creo, porque el tribunal máximo de este país va a revisar este caso”, opinó Vásquez.

Del mismo modo, la secretaria ejecutiva de GRUFIDES informó que la demanda fue interpuesta contra Yanacocha y el Ministerio de Energía y Minas, y explicó que antes de emitir sentencia, el Tribunal Constitucional llama a una audiencia llamada “Vista de Causa”, en la que las partes argumentan sus posturas. “Lo que nosotros pedimos puntualmente es que se declare inaplicable la Resolución No. 351-2010-MEM/AAM, que aprobó el EIA de Conga, y, por tanto, se suspenda la explotación de dicho proyecto”, dijo.

Cabe recordar que el 14 de abril de este año, la empresa Minera Yanacocha ha presentado, ante el Ministerio de Energía y Minas, una segunda modificatoria al EIA mostrado inicialmente y que fue elaborado por la firma consultora Schlumberger Water Services.

Sobre esta segunda presentación, Vázquez declaró que espera que sean expertos quienes lleven a cabo la revisión, tarea que demora un tiempo importante. “Desde ya las modificatorias expresan que las empresas mineras proponen cambios, y eso le da una inseguridad al ciudadano, porque no sabemos en qué se piensa modificar, qué tipo de nuevas acciones hay en el proyecto, qué nuevas actividades se proponen”, señaló.

 


Escribe: Jorge Chavez Ortiz
Fotos: Jorge Chavez Ortiz (@ChavezWar)

La mañana del 02 de julio de 2014, al promediar las 11:30 a.m. un grupo de activista llegado de diferentes partes del Perú y el mundo, comienzo la realización del mural histórico de la lucha del pueblo de Celendín contra el proyecto minero Conga, dicho mural ubicado está en la esquina del Jr. Pardo y Jr. 2 de mayo. El mural histórico de la lucha, era el prologo de las actividades conmemorativa, en honor a los caídos del 03 de julio de 2012.

Por la tarde se desarrollo el foro publico denominado “Minería  y Movimientos Sociales en el Perú”, organizado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, donde estuvieron presente como ponentes:
  • José de Echave (Ex-vice ministro del Ministerio del Ambiente)
  • Roció Silva Santisteban  (Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH)
  • Raphael Hoetmer (Activista y investigador, miembro del Programa Democracia y Tranformacion Global – PDTG)
  • Alejandro Seminario (Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca)
  • Marco Arana Zegarra (Activista Ambiental y miembro del Movimiento Tierra y Libertad)
El foro publico inicio desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la Casa del Maestro, donde el publico presente pudo hacer preguntas al los panelistas.
Por la noche, a las 8:30 p.m. inicio la vigilia en el atrio de la Iglesia Virgen del Carmen, la vigilia fue dedicada en honor a los hermanos caídos el pasado 03 de julio de 2012 a manos del Ejercito Peruano y la Policía Nacional del Perú.
Doña Máxima Acuña de Chaupe, La Dama de las Lagunas, estuvo presente también en la vigilia.
Dentro de las organizaciones internacionales que estuvieron presente esta noche, fue el Comité de Justicia y Paz de Denver, Colorado de Estados Unidos. Donde se manifestaron sobre el proyecto minero Conga, como se sabe el pasado 2010, la misma organizacion reconoció a la ONG GRUFIDES por el trabajo y apoyo a las comunidades afectadas por las actividades extractivas en la región de Cajamarca. También estuvo presente la representante del Comité de Apoyo París Francia.
La vigilia contó con participación de diferentes artistas celendinos y cajamarquinos, donde los mas destacados esta Daniel Gil, cantautor y guardián de las lagunas. En otra parte de la vigilia, un  grupo de mujeres se encontraban trabajando en el cafecito que se repartió entre los presentes, como también preparaban los insumos para la olla común de se cocinara este 03 de julio.
Para el cierre de la vigilia, el grupo musical Tinkari, creador del himno de la lucha “Agua Si, Oro No”, se hizo presente, cerrando así la vigilia cultural.


 Mural en Celendin, Cajamarca region, PeruFront Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders – http://www.frontlinedefenders.org/node/26271


Escrito por AFP / Terra
Foto: Jorge Chavez Ortiz

El crecimiento explosivo de la minería ilegal en Perú y la decisión del gobierno de impulsar grandes proyectos mineros pese a la oposición indígena, hacen prever un 2014 marcado por una alta conflictivad social, advirtieron el jueves organizaciones ambientalistas.

A dos años y medio de la gestión del presidente Ollanta Humala, las tensiones persisten en varias regiones del país derivadas de la actividad extractiva, subrayó el Observatorio de Conflictos Mineros.

“Las perspectivas no son muy alentadoras; el crecimiento de la actividad minera no sólo no es sostenible, sino que seguirá produciendo una fuerte conflictividad social”, dijo José de Echave, ex viceministro del Ambiente al inicio del actual gobierno y representante de la ONG CooperAcción.

Otras dos ONGs, Fedepaz (Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz) y Grufides (Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo) integran, junto a CooperAcción, el Observatorio de Conflictos Mineros.

En los últimos años Perú ha afrontado conflictos derivados de la actividad extractiva minera que han encontrado dura oposición de los campesinos, que aseguran que afecta gravemente el medio ambiente y destruyen sus fuentes de agua.

Según el observatorio, en 2013 hubo un descenso de los conflictos mineros en relación al año anterior a consecuencia de una estrategia gubernamental que apostó “por el cansancio” de los pobladores que se oponen a esos proyectos, pero sin abordar las bases objetivas que han explicado los litigios.

“De esa manera los equilibrios son tremendamente precarios, la situación latente está ahí”, precisó De Echave al puntualizar que “hay un cóctel complicado para el 2014”.

A los problemas entre las mineras y comunidades se agrega “con mayor fuerza los problemas ocasionados por la minería informal y la ilegal”, anotó De Echave.

“La minería ilegal en pequeña escala tiene un crecimiento explosivo y descontrolado especialmente en la extracción de oro y en los últimos seis años el número de concesiones de minería informal se triplicó”, señala el informe del Observatorio.

Para ordenar esta actividad el Observatorio propone al gobierno la moratoria o suspensión de concesiones hasta que no se den pasos seguros hacia su formalización.

 

 
Photo credit: Grufides

Peru is a mining conflict country. In September of this year, the Defensoría del Pueblo (National Ombudsman Office) reported 223 social conflicts in September alone, with more than two thirds of them linked to minerals. The report also registers 196 dead and 2,369 injured in disputes over natural resources from 2006 to 2011. The database of the Latin American Observatory of Mining Conflicts (OCMAL)registers 34 cases across Peru. Even though the State has increased its presence in some mining areas and has its own Social Conflict Administration Office, the front line often becomes the ugliest side of corporate-community relations.

Hard Partners

A report published this month by Peruvian NGOs Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras (Human Rights without Borders), the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (National Coordinator for Human Rights, CNDDHH), and the Society for Threatened Peoples (STP) of Switzerland, revealed that mining corporations have signed agreements with the National Police to secure their assets. Titled “Police in the Pay of Mining Companies,” the report examined the links between the police and mining corporations Antamina, Gold Fields, Sulliden Gold, Xstrata Tintaya, Minera Coimolache, and Yanacocha. These agreements allow them to request permanent police presence or ask for rapid deployment of larger units to prevent or repress social protests. In some cases, the companies provide full financial and logistical support: an incentive to use force.

Expanding Giant

The Switzerland-based commodities giant Glencore Xstrata owns the Tintaya mine and its expansion Antapaccay. Protesters in the province of Espinar have accused the company of causing pollution. As the protests grew, police moved in: three people were killed and around one hundred were injured. In a typical “knee jerk” reaction, the government of Ollanta Humala suspended freedom of assembly and imposed a state of emergency. What then? In an unusual display of force, the police arrested the mayor leading the protest against Xstrata. Dozens of riot police carrying plastic shields stormed the municipal building to pull Óscar Mollohuanca out.

Far away, indignant voters in the relaxed Swiss town of Hedingen decided to donate to charity some US$120,700 of taxes paid by Glencore Xstrata Chief Executive Ivan Glasenberg in protest against the commodities trader’s business practices.

On the Payroll

Early this year, the report “Policía mercenaria” (mercenary police) released in April by the combative newspaper Hildebrandt en sus trece, reported that in normal conditions, mining companies pay around S/.48 a day (US$10) to the official in charge, and S/.28 a day (US$10) to sub officials, for providing protection to the corporation. In circumstances denoted as “special,” the pay can be as high as S/.78 a day (US$28). Mar Pérez from the CNDDHH says that these agreements put all the responsibility for the repression of the protests in the hands of the police. “If someone dies,” she notes, “it is much harder to investigate the crime.”

 
Photo credit: Hildebrandt en sus trece

Police corruption is not just a mining issue. In fact, it was one of the main issues in last week’s Lima political agenda when a scandal broke out involving the police protection of Óscar Lopez Meneses, former intelligence officer under house arrest. Meneses was a member of the inner circle and in the 1990s was a close advisor to Vladimiro Montesinos, chief of intelligence under dictator Alberto Fujimori who is now serving a 25-year prison sentence. In response, José de Echave, Director of Lima-based NGO Cooperacción, wrote: “the fact that a fundamental body of the State such as the National Police should take the side of those who pay them, instead of the side of the public…reveals that it does not care about public interest in the least.”

Keepers of the Lakes

The Conga mining project is located some 73 km northeast of the city of Cajamarca, in the discricts of Sorochuco and Huasmín. It has been the site of anti-mining protests for years. The U.S.-based Newmont Mining Corp. proposes to dig the Chailhuagón and Perol pits and at least two other additional areas. A plant with the capacity to process 92,000 tons of rock a day would produce 3.1 billion pounds of copper and 11.6 million ounces of gold in 20 years. However, the mineral content is very low: each ton contains less than 1 gram of gold and 0.2% of copper.

The Regional Government and the local communities denounced the serious impacts the project would have on the watersheds. To the complaints about the destruction of the Azul, Perol, Mala, and Chica Andean lakes, Minera Yanacocha replied that it would build three reservoirs to replace them. In July 2011, Denver-based Newmont Mining and its local partner Buenaventura publicly announced that they had approved funding for the project to the value of US$4800 million, one of the biggest mining investments in the history of Peru. In Cajamarca, the same mining companies have operated Yanacocha, the largest open-pit goldmine in South America, for the past 19 years.

But in November 2011, a massive strike forced them to suspend all activities. In December, Humala decreed a 60-day state of emergency in the provinces of Cajamarca, Hualgayoc, Celendín, and Contumazá. In the first days of July 2012, brutal police repression of demonstrators protesting to defend their lakes left a tragic toll of five dead and around 150 injured. In response, the communities have organized an admirable form of protests: the guardianes de las lagunas (keepers of the lakes).

Private Security Agencies

Luis Escarcena Ishikawa is the Securitas coordinator for Canadian corporation Hudbay Minerals. He was Alberto Fujimori´s aide-de-camp and one of the three pilots of the “narco-plane,” the Peruvian Air Force detained minutes before leaving for Russia with 170 Kg (375lbs) of cocaine in May 1996. According to a report by IDL Reporteros, Fujimori himself exculpated Escarcena in a public speech in July 1997.

Hudbay bought Norsemont Mining and its Constancia copper project near the Tintaya mine in 2011. Some 40% of the construction of the mine has already been completed. Authorities of the Chamaca community have expressed their concerns about the project’s “huge enviornmental impacts and reduced economic benefits.” Tito Cruz Llacma, from the local organization Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (United Front in Defense of the Chamaca’s Interests, FUDICH) stated that “it’s going to be like Espinar, where cattle and agriculture have been affected by contamination of the rivers.”

Congressional Investigation

Private security firm Forza was investigated in 2009, when a Congressional commission opened an inquiry into whether crimes were committed by the police and private security personnel in response to protests.Peruvian prosecutors accused the police of torturing protesters at the Rio Blanco mining camp in 2005, but cleared the security firm. At the time, Monterrico Metals operated the Rio Blanco project. When the scandal erupted, Forza’s press office referred Reuters to Switzerland’s Securitas, which later officially bought the Peruvian company in 2007. After the Monterrico affair, China’s Zijin bought the project in 2007. Monterrico was sued by 33 of the victims in a UK court and in 2011 agreed to pay them compensation.

Surviving the Pierina Mine

On September 19, 2012 at 3:30 p.m., about 100 protesters from the Marinayoc Community, a close neighbor of Barrick Gold Corporation’s Pierina gold and silver mine in Huaraz, gathered at the mine’s main gate known as Bravo 22. They demanded that the Toronto-based gold miner fulfill its promise to provide the community with fresh and clean water, as the massive open pit and its infrastructure had destroyed their water sources. While they were protesting at the gate, the police sent by Barrick fired tear gas bombs. The protestors dispersed down the hill while being chased by shotguns. Nemesio Poma Rosales (55) was wounded and later died. Barrick released his body to the local morgue the next day in Jangas, the district capital. According to Lima-based newspaper La República, “Edith Poma denounced that her father Nemesio was taken alive to the mine medical post where he bled to death.”

When the police started shooting, many of the protesters ran away. Alejandro Tomás Rosales Chávez (45) had made it some 20 steps down the hill when he was wounded in his back by bullet splinters. Alejandro was then taken to a clinic in Huaraz where, after three operations, the doctors saved his life. I took his testimony for this year’s edition of Barrick Gold alternative annual report. A day after the violence at Pierina, Human Rights Watch issued an open letter to President Ollanta Humala expressing concern over the use of lethal force deployed during protests. Barrick financed the restoration of the house where César Vallejo, the canonical Latin American poet, spent his childhood. The stated goals of the project were to strengthen regional pride in the rich cultural heritage of La Libertad and to improve the local economy through an expansion of the tourist industry; the money came from the Lagunas Norte mine in La Libertad, located some 150 km from Pierina.

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Luis Manuel Claps studied Communications at the Buenos Aires University. He has followed mining in Latin America since 2004 as editor of the Mines and Communities Website. He is based in Lima, Perú.

 

Doña Santos mostrando foto de su hijo asesinado por el ejercito el pasado de 3 de julio de 2012. 
(Foto: Jorge Chavez Ortiz – 30.11.2013)

– Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.

Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.

Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.

En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.

Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.

Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.

En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)



OLYMPUS DIGITAL CAMERACamacho Mendoza, otrora abogado empleado de una ONG, ha puesto hoy sus conocimientos a disposición de Yanacocha mediante un buen sueldo. No importa que se tenga que acusar a una humilde familia de “usurpadora”. En la 2da audiencia en contra de la familia Chaupe en la ciudad de Celendin hoy a las 11 am, el abogado trata de encontrar contradicciones en las declaraciones de Isidora Chaupe, hija de la familia Chaupe, y esposo. Sin embargo, la palma de oro se la lleva el fiscal, que en un castellano mal construido pretende insinuar de que Isidora no dispone de los saberes suficientes: “Ud estudia economía, le dice, pero no sabe cuánto representa 800m2?”. Solo que Isidora estudia contabilidad, no economía, señor fiscal. Las preguntas del fiscal son tan insidiosas que la emoción brota en la familia Chaupe, Máxima tiene un malestar y debe de salir unos momentos e Isidora sigue con el relato de como la policía amenazaba aquél 8 de agosto del 2011 a su hermano de 16 años que gritaba auxilio: “Calla chibolo o te matamos” .
Felizmente, don Hugo Blanco estaba ahí para levantar la moral a la familia y expresarle como todos nosotros nuestra entera solidaridad.
Próxima audiencia: 21 de noviembre

R. Neyra



Activistas pedirán nulidad del proyecto minero Conga ante el Tribunal Constitucional.

En la última edición de Lo Justo, programa producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), contamos con la presencia de Marco Arana, líder del Movimiento Tierra y Libertad y Mirtha Vásquez, Secretaria Ejecutiva del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

Arana comentó que el proyecto minero Conga nunca se paralizó y prueba de ellos son las propias declaraciones de Roque Benavides, quien señaló que ya se gastaron 1500 millones de dólares. El líder de Tierra y Libertad aseguró que “lo que pasa es que no avanzó al ritmo que ellos querían por la falta de condiciones sociales y lo que hizo la empresa es rediseñar la construcción de su proyecto”.

Actualmente ya han construido campamentos para los trabajadores, trochas y carreteras, que muchas de ellas han sido tomadas por efectivos policiales. Asimismo, existe una infraestructura hidráulica que ha convertido una laguna en reservorio y lo mismo sucedería con la Laguna Azul.

Peritaje internacional al desmonte

Sobre el famoso peritaje realizado el año pasado por el actual gobierno que recomendó evaluar alternativas para la reubicación de los desmontes del taje Perol para proteger las lagunas Azul y Chica, Marco Arana señaló que no hay modificación alguna pues “la Laguna Azul y la Laguna Perol van a ser destruidas y los tajos abiertos se harán donde la empresa ya había establecido”.

Pedido de nulidad ante el TC

Mirtha Vásquez, Secretaria Ejecutiva de Grufides, señaló que ahora se está intentando buscar una salida legal para lograr la nulidad del proyecto Conga. “Existe un derecho al medio ambiente, elaboramos una demanda el año pasado que fue desestimada por formalidades, luego interpusimos un recurso de agravio constitucional para que el caso sea analizado por el TC, hace unos días hicieron una audiencia y no nos notificaron”, además, añadió que en nuestro país existe una ley que habla sobre el “Principio de precaución” y que están demandando que se aplique.

Por otro lado, el líder de Tierra y Libertad comentó que ahora el Ministerio del Ambiente sostiene que el Informe Giesecke no existe y Yanacocha ha señalado lo mismo ante el Tribunal Constitucional. Además, agregó que existen antecedentes internacionales como el caso Conga en Colombia, Brasil y en otros países. Finalmente, resaltó que este no es un tema de “anti inversión”, “comunista” sino que se exigen “inversiones que garanticen el medio ambiente, el trabajo y la salud”.

Fuente: CNDDHH – http://derechoshumanos.pe/2013/11/marco-arana-%E2%80%9Cconga-nunca-se-detuvo-solo-no-avanzo-al-ritmo-que-yanacocha-queria%E2%80%9D/