Este power point recoge una amplia gama de indicadores socioeconómicos y ambientales que reflejan las paradojas de la minería en la región Cajamarca.


Mina Los Bronces de Anglo American

Por Aidée Tassinari

Una de las peculiaridades del extractivismo contemporáneo es la integración de un selecto grupo de burguesías latinoamericanas al club de megaconsorcios mundiales. La estrategia principal de estos conglomerados transnacionales ha sido el despojo y apropiación de las tierras en las que se encuentran los recursos minerales y garantizar, al menos por varias décadas, que esa posesión no será modificada. En América Latina fueron tres los grupos empresariales que, al igual que los consorcios canadienses, obtuvieron concesiones para explorar más yacimientos.

En marzo de 2015 se anunció que, de acuerdo con la lista de multimillonarios de Forbes, tres latinoamericanos están entre los 10 empresarios de la industria minero metalúrgica más ricos del mundo. Germán Larrea Mota Velasco, dueño del Grupo México, detenta 13.9 billones de dólares, lo que lo posiciona como el tercer hombre más rico de la lista. Junto con el control de gran parte de las minas de cobre y carbón de México, este millonario posee inversiones en infraestructura y transportes. En el cuarto lugar está la familia chilena Luksi, dueña de Minerales Antofagasta, quienes detentan 13.5 billones de dólares. Además, otro mexicano entró en el noveno lugar de la lista de los diez exclusivos, Alberto Bailleres González, dueño de Industrias Peñoles, con 10.4 billones de dólares.

La riqueza de estos grupos se explica por la transnacionalización de sus operaciones de despojo, en las que el saqueo de los minerales trasciende a sus países de origen. El Grupo México de Germán Larrea se ha asentado en Perú y Estados Unidos. Los activos de la empresa incluyen la propiedad de Southern Copper Corp, la cual tiene dos minas a cielo abierto en Perú: Toquepala y Cuajone, así como un complejo metalúrgico. También es propietaria de Tía María, una mina de cobre al sur de Perú. Invirtió 1.4 billones de dólares en ésta y 1.7 billones en la expansión de Toquepala. Tía María no ha iniciado operaciones y enfrenta la mayor resistencia social contra el extractivismo en toda la región.

Los otros dos grupos extractivistas latinoamericanos, la familia Luksic y Alberto Bailleres, presentan la misma característica. Son grupos empresariales asociados a capitales transnacionales, dueños de un número considerables de minas que además poseen el control de bancos, empresas manufactureras, de comunicaciones y de transportes. Todas ellas están presentes en varias ramas económicas. Son consorcios monopólicos.

Industrias Peñoles, de Bailleres, configura un gran conglomerado. Es el primer productor de plata de México y el segundo de oro. Posee concesiones para la realización del “proyecto polimetálico” Rey de Plata en el que ha invertido 268 millones de dólares y producirá a inicios de 2016. Además, controla la empresa Fresnillo y es dueño de la empresa de seguros GNP, el Palacio de Hierro, entre otros.

Ni hablar de Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo. Aunque su incursión en la minería es relativamente reciente y su portafolio minero todavía es minoritario en comparación con el resto de sus inversiones, Slim empieza a pisar fuerte. Recientemente se hizo con la concesión de la mina de cobre Salaverna, en Zacatecas, con una de las más grandes reservas del mundo. El pueblo de Salaverna será demolido en su totalidad para dar paso a la explotación del yacimiento.

Estos monopolios de empresarios latinoamericanos concentran tierra y, con ello, vastas reservas de los minerales a fin de garantizar la explotación de los minerales por décadas.

America Latina se vende a las empresas multinacionales como la “tierra del éxito”. Los megaconsorcios mineros Barrik Gold, Goldcorp, BHP Billiton, Anglo American y Glencore son el ejemplo del éxito en el continente. “Los jugadores más ricos de América Latina tienen similitudes destacadas con los conglomerados mundiales de la minería: son conglomerados diversificados con un gran crecimiento potencial para alimentar a sus socios en el futuro. Tan sólo piénsese en Carlos Slim, dueño del imperio Telmex, Horst Paulmann de Cencosud y Jorge Paulo Lemann (…)”. Así explicó BNamericas, la fuente de noticias diseñada para los inversionistas de la era del extractivismo, en marzo de 2015. La lógica del saqueo ha tomado por el cuello a los recursos naturales de la región.

Crédito de foto: diarioUchile.


Aidée Tassinari es profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Fuente: http://www.30-30.com.mx/los-magnates-latinoamericanos-de-la-mineria/

Celendín: Vigilia #NiUnaMenos

Publicado: 14 agosto, 2016 en NOTICIAS
Etiquetas:,

El día de ayer distintas organizaciones sociales se movilizaron por las calles de la provincia de Celendín y por la noche en la Plaza de Armas la Organización de Mujeres Defensoras realizó una vigilia en la que dieron a conocer un pronunciamiento frente a la violencia contra las mujeres.

 

PRONUNCIAMIENTO

La Organización de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Celendín y la PIC rechazan todo tipo de violencia contra las mujeres peruanas.

¡NI UNA MENOS!, ni una mujer peruana violentada, criminalizada, con comunidades contaminadas ni inundadas o desplazadas.

Hoy 13 Agosto, se convierte en un momento histórico para el país porque es la primera vez en que millones de mujeres y varones, ciudadanas y ciudadanos, autoridades y familias de diversas regiones, se unen a la movilización  NI UNA MENOS.

Porque no queremos ni una mujer menos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras organizaciones, en nuestras luchas. No queremos ni a una mujer golpeada, violentada, violada, discriminada, excluida, con hambre, explotada, criminalizada, desplazada, despojada, contaminada, asesinada. Nos queremos libres de todo tipo de violencia, de la que viene del marido que golpea en algunos casos hasta matarnos, de los medios de comunicación que nos tratan como mercancía sexual, de las empresas que nos explotan y contaminan, de los policías que reprimen y maltratan a las que denuncian, del poder judicial que criminaliza y que no hace caso a las denuncias por violencias, del Estado que no ve a este problema como un problema urgente que atender, pese  a que afecta a más de la mitad de la población, generando con todo esto que las violencias se mantengan y se refuercen.

Lo decía una congresista que por denunciar también fue objeto de acoso político público, otro tipo de violencia. Indira Huilca, nos recordó que somos un “país de violadores” ya que ocupamos el segundo lugar en las estadísticas de violaciones sexuales contra las mujeres en América Latina y tercer lugar en el mundo. Una práctica violenta que se asemeja y se justifica de la misma manera como a las esterilizaciones forzadas implementada como política pública por el gobierno de Alberto Fujimori que tuvieron que pasar nuestras abuelas o madres en las regiones campesinas, indígenas y quechuahablantes del país; es decir porque, según ellos “son mujeres que no pueden y no deben decidir lo que quieren con sus vidas, sus cuerpos y su futuro”.

Somos además un país que se dice en crecimiento gracias al modelo de desarrollo basado en la extracción de nuestros recursos, ya sea el oro, el cobre, el agua, etc. Nosotras, las mujeres de Celendín, bien lo sabemos.

Tenemos gran parte de nuestro territorio cajamarquino concesionado y con explotación minera, y pronto quieren implementar proyectos hidroeléctricos. Cuando decimos que estos proyectos son también violencia contra las mujeres, nos preguntan y nos dicen por qué “politizan” este tema. La marcha de NI UNA MENOS en cualquier parte del país, es una marcha profundamente política, porque busca cambiar todo lo que nos afecta, cambiar nuestra sociedad. Es una marcha que está tejiendo más puntales al movimiento de mujeres y contra la violencia hacia las mujeres que existe desde muchos años atrás en el país. Es una marcha contra todas las violencias, nos solo la física, la verbal o la más terrible, la del feminicidio. Por eso nos sentimos incluidas y queremos dar nuestra voz para expresar que aquí también vivimos todas esas violencias, en nuestras vidas, en el día a día, desde mucho tiempo antes. ¿Acaso no fueron nuestras abuelas las primeras mujeres violentadas por la conquista colonial? Pero ellas también resistieron como nosotras lo hacemos ahora ante nuevos colonizadores que vienen por nuestros recursos naturales, arrasando nuestras tierras, lagunas y ríos, y dentro de ellas con nuestros cuerpos, nuestras vidas, familias y comunidades. ¿O es que acaso no es nuestra fuerza de trabajo, nuestra salud, nuestros proyectos de vida la que costean este crecimiento económico?, ¿no es a través de estas violencias por lo que ganan más dinero y se vuelven más poderosos?

Alzamos nuestra voz para decir que vivimos una violencia articulada: la que tenemos en casa, en las calles y por la defensa de nuestros territorios.  Pero no somos víctimas, somos sobrevivientes, somos resistencia, somos el otro poder. Desde ahí luchamos contra todo lo que nos violenta, despoja y oprime. Somos el legado de nuestras abuelas, de todas las mujeres que nos antecedieron, que nos querían libres, felices, en comunidad.

Por eso hoy decimos:

¡NI UNA MENOS, si nos tocan a una, nos tocan a todas!

¡El Proyecto Conga, Chadín 2, Rio Grande 1 y 2, también son violencias contra las mujeres!

¡NO más violencias contra las celendinas, contra las peruanas!

DSC_0270DSC_0269DSC_0326DSC_0303DSC_0323DSC_0281DSC_0278DSC_0276

 


Se inauguró la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos en Celendín, como un espacio para la  formación desde el compartir, el sentir y la articulación entre luchas de la provincia y más allá de ella.

La provincia de Celendín fue el escenario en donde los días 5, 6 y 7 de agosto se desarrolló la escuela de líderes y lideresas “Hugo Blanco Galdos”. Este encuentro albergó a más de cien participantes provenientes de 31 comunidades de la provincia de Celendín, San Marcos y Cajabamba en la región Cajamarca, provincia de Bolívar de la Región La libertad y de las provincias de Luya y Chachapoyas de la región Amazonas. Las delegaciones provienen de territorios en resistencia frente al proyecto minero Conga y a territorios en resistencia a la construcción de mega represas como Chadín 2 y Río Grande 1 y 2 en el Río Marañón.

Esta escuela es una iniciativa de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) que junta a distintas organizaciones, colectivos y personas que se han organizado para defender el medio ambiente y la vida en la provincia de Celendín. Originalmente nuestro proceso organizativo se ha enfocado en resistir al mega-proyecto minero Conga, a lo cual se ha sumado posteriormente la defensa del Río Marañón en donde numerosas comunidades se encuentran hoy en resistencia frente a las hidroeléctricas Chadín 2, Río Grande 1 y 2, hecho que ha significado la recurrente criminalización y la represión de la protesta y la organización social.

En la Escuela “Hugo Blanco” se ha trabajado de forma comunitaria, aprendiendo tanto de la teoría, como de la práctica. Por ello se ha contado con presentaciones de líderes(as) sociales y otros especialistas sobre su experiencia; se ha realizado intercambios entre procesos de lucha; se ha reflexionado sobre nuestra historia, sobre nuestros desafíos personales y colectivos para lograr los cambios anhelados;  se ha desarrollado una visión común y propuestas de alternativas al extractivismo; todo ello a partir de momentos de mística, de arte y cultura, de compartires y sentires colectivos, que refuerzan nuestra identidad y conexión con la tierra.

Hugo Blanco estaba presente en esta primera sesión de la Escuela, compartiendo sus experiencias y convocando a construir otro país desde abajo, desde una ética y práctica comunitaria. También participaron Eduardo Cáceres, Mirtha Vázquez y la dirigente Bambamarquina Blanca Llamoqtanta para comentar las temáticas del programa. El equipo pedagógico que coordina y facilita la Escuela está conformado por dirigentes de la PIC y cuenta con la colaboración del equipo de educadores y educadoras populares del Programa Democracia y Transformación Global.

publicar 9publicar 15publicarpublicar 14publicar 13publicar 12publicar 11publicar 10publicar 6publicar 11publicarpublicar 8


Ni Una Menos, las mujeres se organizan

(Claudia palomino)

Frente a los últimos casos de que el poder judicial liberó a los agresores de  Arlette Contreras y Lady Guillén, argumentando que fueron “lesiones leves” pese a las pruebas evidentes de su brutal violencia hacia ambas. Y frente a la creciente cifra de violencia familiar y sexual en nuestro país, como lo reportó el Ministerio de la Mujer que indicó que en los últimos cinco meses existen casi seis mil casos de violencia familiar y sexual.
Miles de mujeres de todas las edades, de identidades sexuales diversas, de distintos orígenes y de todos los estratos sociales, se han empezado a auto organizar, dejar el silencio y unir sus voces para frenar el maltrato y violencia. Esto empezó por las redes sociales donde se creó el grupo de Facebook ‘Ni Una Menos’, sin previa planificación y
sólo con indignación, mujeres diversas empezaron a contar los múltiples casos de agresión que han sufrido en toda su vida, sea física, psicológica o verbal. Con cada caso que se contaba, era otra mujer la que se animaba a contar su secreto que al parecer era el secreto de miles; generando así un espacio de complicidad, de apoyo mutuo y de solidaridad para decir Ni una Menos, este 13 de agosto en diversas ciudades del país. (Ver artículo completo descargando el documento)

DESCARGA LUCHA INDÍGENA:

 


Perú: nuevo ciclo político y punto de bifurcación Apuntes desde abajo por la izquierda, con la tierra y desde nuestros cuerpos…

Después de un proceso electoral muy largo, absorbente y complejo, toca analizar sus implicancias,lecciones y las perspectivas que nos deja sobre el país para el periodo que se ha abierto con la instalación del nuevo gobierno. Una forma de comprender un proceso electoral es verlo como un momento de medición de fuerzas entre distintos bloques políticos-sociales-culturales que se cristalizan por un periodo determinado en torno de intereses y horizontes políticos futuros,representado por distintas opciones electorales. Las elecciones no cambian el país, ni agotan los esfuerzos para hacerlo, pero sí puedan traer a la luz procesos más profundos de cambio en las
correlaciones de fuerza y los imaginarios políticos, que se pueden expresar en otras relaciones dentro del espacio de la política institucional.
De hecho, la transferencia de gobierno y los primeros 100 días del nuevo gobierno son un nuevo momento de esta medida de fuerzas, ya que en ellos se instituyeran voluntades políticas, intereses y correlaciones de fuerzas para este nuevo momento político.
En este texto tratamos de comprender estos procesos más profundos, al nivel del poder y la subjetividad política en el país, desde el compromiso con una sociedad más justa, democrática y en equilibrio con la naturaleza. Por lo tanto, realizamos una Sociología de emergencias que busca entender los futuros potenciales presentes en las acciones actuales. Ello solo puede resultar en una serie de apuntes, de ideas en borrador sobre el momento histórico que vive el Perú para seguir discutiéndolas y convirtiéndolas en acciones políticas. Decimos en borrador, porque son inacabadas, inciertas, quizás optimistas, y a menudo conscientemente planteadas de forma un poco gruesa para provocar.
Sobre el resultado electoral…
1) El resultado electoral evidencia un momento complejo en la historia del país. De un lado, terminó instalándose en el Gobierno una propuesta de continuidad de la línea política de los últimos 15 años (con el breve intervalo del primer gabinete de Humala), de la tecnocracia neoliberal y extractivista. Pero a la vez, es evidente la polarización entre dos propuestas, prácticas e imaginarios del país opuestas, que buscan romper con este continuismo en dos direcciones contrarias, representadas por el Fujimorismo (y Alianza para el Progreso) de un lado, y del otro, por el Frente Amplio-FA (y Democracia Directa).
2) Una forma de caracterizar este momento histórico es como el fin de un ciclo político –que se inició con la transición a la democracia electoral– y el inicio de otro. Sin duda, este proceso electoral terminó con varias de las figuras políticas más importantes de este ciclo, como es el caso de Alejandro Toledo y Perú Posible, Susana Villarán, Lourdes Flores y probablemente Alan García. Mientras tanto, PPK realizará su etapa final en la política peruana como presidente, y el futuro del Nacionalismo y de la actual pareja presidencial, Humala y Heredia, es muy incierto por una larga lista de errores y una aparente perdida de……
DESCARGAR DOCUMENTO:

Imagen  —  Publicado: 11 agosto, 2016 en DOCUMENTOS, NOTICIAS
Etiquetas:, , ,


Gary Goldberg, CEO de Newmont Mining, tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el gobierno entrante.

(Bloomberg).- La minera estadounidense Newmont Mining Corp. buscará conversaciones con el nuevo Gobierno del Perú para discutir las opciones para desarrollar su enorme proyecto aurífero de Minas Conga en Cajamarca, cuatro años después que una serie de protestas forzaron la paralización de la iniciativa, dijo el CEO Gary Goldberg.

“He oído cosas buenas del presidente entrante y sobre su enfoque de querer fomentar el desarrollo con el apoyo de las comunidades locales”, dijo en una entrevista desde Greenwood Village, Colorado, donde la segunda compañía minera de oro más grande del mundo tiene su sede.

Si bien Newmont no tiene planes para desarrollar el proyecto en un “futuro previsible”, la minera está trabajando para obtener el apoyo local, dijo Goldberg, que tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el nuevo gobierno.

En el 2012 Newmont paralizó los trabajos en el proyecto de US$ 5,000 millones en la región Cajamarca después de violentas protestas por parte de agricultores que temen que la mina afecte los suministros de agua en la zona.

Los planes del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para reforzar la coordinación con las autoridades estatales podría allanar el camino para las conversaciones entreNewmont y las autoridades de Cajamarca, dijo Goldberg.

Kuczynski, quien asumirá la presidencia el 28 de julio, ha dicho que Minas Conga no es viable en tanto continúe el conflicto social.

Kuczynski, ex ministro de Finanzas y banquero de inversión, fue director ejecutivo de Halco Mining Inc. con sede en Pittsburgh hacia finales de la década de 1970. El miércoles PPK estuvo en La Oroya en el centro del Perú para visitar la fundición de zinc de Doe Run Perú, que fue cerrada en el 2009, y prometió hacer “el máximo esfuerzo” para reabrir el complejo.

Si bien el gobierno del presidente saliente Ollanta Humala ha visto un aumento de la inversión y producción minera por la puesta en marcha de proyectos de MMG Ltd. de China y de Freeport-McMoRan, otras empresas comoNewmont y Southern Copper Corp. han pospuesto sus proyectos debido a la oposición de la comunidades aledañas.

Fuente: Diario Gestion http://gestion.pe/empresas/newmont-quiere-reunion-ppk-discutir-viabilidad-conga-2164963


Servindi, 1 de julio, 2016.- El reciente libro de Francisco Durand ya se encuentra disponible para su libre descarga en internet. Se trata de “Cuando el Poder Extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú”,

La publicación presentada esta semana cuenta con el auspicio de la organización de cooperación solidaria Oxfam y ha sido puesta a disposición del gran público gracia a su publicación virtual en formato PDF.

El libro ha despertado un gran interés debido a que aborda el delicado tema de las relaciones de poder e influencia que las empresas, principalmente las extractivas, ejercen sobre el aparato legal y del estado.

El texto de 95 páginas describe el fenómeno de la captura política del Estado y cómo tiene efectos diferenciados. Por un lado favorece y fortalece a la élite económica y por otro afecta negativamente a grupos sociales vulnerables.

Entre sus multiples consecuencias se encuentrann: debilita la neutralidad y la capacidad fiscalizadora del Estado y erosiona su legitimidad, fortalece la concentración de poderes políticos, impide al Congreso cumplir un rol legislativo proactivo, limita la deliberación democrática y afecta el acceso a recursos materiales y a oportunidades para los pobres.

El valioso documento concluye señalando que la sociedad podría evitar estos costos y funcionar mejor con menos concentración de riqueza, mayor equilibrio de poderes, acceso alternativo a los medios de comunicación y mayor vitalidad organizativa y capacidad propositiva de la sociedad civil.


Paquetazo ambiental

La publiicación dedica un capítulo al análisis de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, un controvertido conjunto de normas de índole ambiental, social y tributario sobre las cuales diversos sectores afectados exigen su derogatoria.

Tal como señala un fragmento del libro: “Frente a la abundancia de zonas grises entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo e ilegítimo, lo correcto y lo arbitrario, Durand aborda y analiza de manera detallada la captura política en el Perú a partir de un hecho concreto: la aprobación en el año 2014 de la Ley 30230, o el llamado “paquetazo ambiental”, durante el gobierno de Ollanta Humala”.

“A través de un detallado mapeo de actores, el autor explica el proceso de aprobación de dicha ley, develando la indebida influencia y las alianzas que se tejieron entre el poder económico, mediático y político, así como los costos para el Estado y la sociedad debido a la falta de transparencia y equidad en su aprobación” prosigue la presentación.

Para obtener el libro en su versión digital, debe ingresar al siguiente enlace:
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/capturadurand%20VF.pdf

 

Por César Javier Palacios*

20 minutos, 2 de julio, 2016.- Ser ecologista sale caro, muy caro. Especialmente si eres indígena. Te puede costar la vida. Como los 185 activistas ambientales que fueron asesinados el año pasado en todo el mundo por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas, según un informe de Global Witness. Tres personas muertas a la semana. Una cifra sin precedentes.

Brasil, Filipinas o Colombia son los países más sangrientos. En el informe En terreno peligroso se documentan 185 muertes que se sabe acaecieron el año pasado por todo el mundo. Esta negra estadística supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada y representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado.

Este escalofriante dato supone un aumento del 59 % respecto a la ya vergonzosa estadística de 2014. Pero pueden ser muchos más. Según la ONG Global Witness, las graves restricciones informativas que existen en muchos de esos países implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor.

En 2015 los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países, seguidos de Colombia (con 26 muertes), Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11). Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

A través de un comunicado de prensa Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, ha explicado:

“Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive.

Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo. Por cada asesinato que documentamos hay muchos otros que no se denuncian. Los gobiernos deben intervenir urgentemente para detener esta espiral de violencia”.

En el informe de “En terreno peligroso” se destaca la notable vulnerabilidad de los pueblos indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los convierten en el objetivo habitual del acaparamiento de tierras y recursos. Casi un 40 % de las víctimas de 2015 pertenecía a grupos indígenas.


El asesinato de Berta Cáceres

Alrededor de la medianoche del 2 de marzo de 2016, unos hombres armados tiraron abajo la puerta de la casa en la que se hospedaba Berta Cáceres en La Esperanza (Honduras). Dispararon contra ella y la mataron. Berta era una prominente activista ambiental y defensora de los derechos de los indígenas sobre la tierra.

El año pasado, a Berta Cáceres le otorgaron el Premio Goldman de Medio Ambiente, un prestigioso galardón con el que se premia el activismo ambiental local de todo el mundo. En su discurso de agradecimiento, Berta habló sobre las amenazas de muerte y los intentos de secuestro que había sufrido debido a su oposición a la presa de Agua Zarca.

Global Witness puso de relieve la valentía de su labor en el informe titulado ¿Cuántos más?, en el que se describía Honduras como el país más peligroso per cápita del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente.

Tantos reconocimientos no le sirvieron a Berta para nada. Su muerte se sumará a la negra estadística del próximo año de Global Witness.


Muerte en Filipinas

El padre y el abuelo de la activista filipina Michelle Campos fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Su isla de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es uno de los territorios más peligrosos del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015.

El testimonio de Campos es terrible:

“Nos amenazan, vilipendian y asesinan por enfrentarnos a las empresas mineras que operan en nuestra tierra y a los paramilitares que las protegen. Mi padre, mi abuelo y mi maestro fueron solo tres de un número incontable de víctimas. Conocemos a los asesinos; campan a sus anchas por nuestra comunidad. Estamos muriendo y nuestro Gobierno no hace nada para ayudarnos”.

Brasil y las talas ilegales de selva

Mientras, en Brasil, Global Witness denuncia que la lucha para salvar la Amazonía cada vez está convirtiéndose más en una lucha contra bandas de delincuentes que atemorizan a las poblaciones locales a instancias de las empresas madereras y los funcionarios a los que han corrompido.

Una de las últimas víctimas fue Isídio Antonio. Este líder de una comunidad de agricultores a pequeña escala del Estado de Marañón había sufrido durante años amenazas de muerte por denunciar la tala ilegal que se llevaba a cabo en su tierra. La Policía nunca ha investigado su asesinato.

En la Amazonía brasileña han surgido miles de campamentos de tala ilegal, asegura Global Witness. Allí, hombres armados con machetes y motosierras talan árboles de valiosa madera dura, como la caoba, el ébano o la teca. Se calcula que el 80 % de la madera de Brasil es ilegal y que ésta representa un 25 % de la madera ilegal de los mercados mundiales. Una gran parte de ella posteriormente se vende a compradores de Estados Unidos, Europa y China, contribuyendo a uno de los índices de deforestación más altos del mundo.

Como manifesta Billy Kyte,


“Los asesinatos que ocurren en aldeas mineras remotas o en el corazón de selvas tropicales y quedan impunes son fruto de las decisiones que toman consumidores de la otra punta del mundo. Las empresas y los inversores deben cortar sus vínculos con aquellos proyectos que pisotean los derechos que tienen las comunidades sobre su tierra. El calentamiento climático y el crecimiento de la población implican que habrá un aumento de la demanda de tierra y recursos naturales. Sin una intervención urgente, el número de muertes que estamos observando actualmente se considerará una minucia en comparación con las que están por venir”.

Global Witness destaca también la situación cada vez peor que viven los pueblos indígenas de Colombia y Nicaragua, cuya tierra y recursos naturales están siendo saqueados por poderosos intereses políticos y empresariales.

Los gobiernos deben actuar

Global Witness exhorta a los gobiernos de los países afectados a:

Aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas

Investigar los delitos, incluyendo a sus cerebros corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia

Defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades

Solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales.


*César Javier Palacios, es geógrafo, naturalista, escritor, periodista y miembro de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
—-
Fuente: La Crónica Verde: http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2016/06/30/asesinados-185-ecologistas-en-un-ano-por-defender-la-naturaleza/


La Libertad, 29 de abril de 2016.

Con gente foránea trasladada desde Cajamarca y otros lugares, la empresa brasileña Odebrecht realizó su llamada “audiencia pública” en la comunidad de San Vicente, distrito de Longotea, provincia de Bolívar, región La Libertad.

Esta audiencia corresponde al proyecto denominado “Complejo hidroenergético Río Grande y línea de transmisión asociada”, implicaría la inundación de 3800 hectáreas de valles productivos y además el desplazamiento forzado de varias comunidades que viven a orillas del Río Marañón, entre las regiones de Cajamarca, La Libertad y Amazonas.

La empresa Odebrecht trasladó más de cien efectivos policiales para cuidar el orden justificaron los funcionarios. La fuerza policial fue usada para  dejar fuera de la audiencia a los principales actores: los propietarios de las riveras del río Marañón como La Pauca, Matibamba, Santa Luisa, Jecumbuy, Santa Rosa, José Sabogal y otras comunidades quienes reclamaban su derecho a participar.

Los pobladores que denunciaron irregularidades en la audiencia pública, se vieron obligados a reunirse en la plaza de armas de la comunidad de San Vicente para firmar un acta en la que acordaron desconocer esta audiencia pública por haberse desarrollado sin su participación.

DATO:

Esta empresa tiene a sus principales directivos presos por hechos de corrupción en las cárceles de Brasil, estos actos de corrupción se extienden hasta nuestro país e involucran a los gobiernos de Toledo, García y hasta del mismo Ollanta Humala.


Por: Carlos Neyra
 

Una fotografía, obtenida por este diario (Peru21), podría explicar otro nexo aún desconocido para las autoridades que investigan los actos de corrupción del actual régimen. En la imagen, del 2 de enero del año 2011, resalta la presencia de Martín Belaunde Lossio –ex asesor y amigo de la pareja presidencial– acompañado de un grupo de personas cuyas historias pueden conectarse con la investigación del caso Lava Jato.

La misión estuvo conformada por Martín Belaunde; Carlos Fuyikawa García –ex coordinador parlamentario de Produce y socio de Belaunde–; el gerente de Odebrecht, Reymundo Trindade Serra; y el actual candidato a la presidencia por Perú Libertario y entonces gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas. También asistieron el empresario Víctor Jaramillo Alva –acusado de ser testaferro de Belaunde y recluido en el penal por las obras de electrificación en el distrito de Catache, Cajamarca–; Ángel Ayala y el primo del ministro del Ambiente, Juan Sebastián Pulgar-Vidal de Rojas –ambos de la minera Lumina Copper SAC con sede en Cajamarca–; y el contratista Julio Vicuña García –líder del Movimiento Acción Social (MAS) fundado por Gregorio Santos– y otros dos personajes que no fueron identificados por esta redacción.

Perú21 conversó con Santos (Gregorio Santos) en enero del 2015, en el penal de Piedras Gordas. Se sorprendió al ser consultado por los detalles de ese encuentro. Se mostró cauto al responder. “Investiga el proyecto Marañón”, respondió escuetamente y se retiró hacia su celda.

Cabe recordar que el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, que investiga los actos de corrupción en el caso Cajamarca, estableció una vinculación entre el ex asesor presidencial y Gregorio Santos, pues, sostuvo, se habrían coludido para realizar obras en Cajamarca a cambio de comisiones. Por este motivo, la Fiscalía denunció a los empresarios Víctor Jaramillo (aparece en la foto) y Lorenzo Fernández, por irregularidades en las obras de electrificación en los distritos de Catache y El Tingo, en Cajamarca, que se encuentran abandonadas. Cabe entonces la pregunta: ¿Fue solo coincidencia que Belaunde, Santos y Jaramillo hayan participado en una reunión privada en la sede de los Baños del Inca junto al representante de Odebrecht?


Plataforma Inteinstitucional Celendina, Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, Sutep de la provincia de Celendín, Frente de Defensa del distrito de Huasmín, Frente de Defensa del Distrito de Sorochuco, Frente de Defensa de la Cuenca del río Jadibamba, Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, Central de Rondas Campesinas de Bambamarca, Juntas Vecinales de Bambamarca, Sutep de la provincia Hualgayoc – Bambamarca, Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú; en asamblea interprovincial celebrada en la Laguna El Perol, realizada el día 20 de octubre, se acordó realizar una gran movilización en la ciudad de Cajamarca para el día 26 de noviembre de 2015, rechazando los trabajos que viene realizando la minera Yanacocha en el dique El Perol, tal como se constató en dicha inspección. Es por ello que se hace la convocatoria para la participación masiva de las distintas comunidades y demostrar al Gobierno y a Yanacocha que este proyecto no tiene licencia social y que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus trabajos.

 


Yanacocha_en_Lima_ok (Copy)

Comparación gráfica de la zona de exploración de minera Yanacocha en la provincia de Lima

Servindi, 14 de noviembre, 2015.- Un estudio presentado en el XI Congreso Nacional de Geografía concluye en que sí existe una afectación a la disponibilidad de agua en torno a las instalaciones de la mina Yanacocha. Esta afectación consiste, efectivamente, en la disminución del caudal de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, e incluso el secado de algunas de ellas.

La ponencia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Cerdán Moreno afirma que “aunque no se ha podido cuantificar con detalle, los resultados de esta investigación confirman que existe una disminución de cantidad de agua en las fuentes dentro y alrededor de la mina, debido a sus operaciones”.

La investigación calculó el área de terreno necesaria para captar el agua de lluvia y reponer estos consumos, la cual resultó “mucho más grande que el área de operación de la mina”, y permite determinar que “sí existe una afectación a la disponibilidad de agua en torno a las instalaciones de la mina”.

El autor sugiere que “no es descabellado sopesar que incluso la actual disminución del agua fría disponible en el complejo turístico Baños del Inca esté relacionada con la actividad minera aguas arriba”.

La ponencia se titula: “Determinación de la afectación a la disponibilidad de agua en torno a la mina Yanacocha, Cajamarca, con la aplicación de software libre e información secundaria” y está disponible para su lectura en internet gracias al portal de la asociación Grufides que compartió dicho estudio.

Yanacocha_ubicacion_ok (Copy)

Ubicación de las actividades de Yanacocha

El análisis de información comprendió la precipitación en la zona de la mina; los caudales de consumo; los caudales de vertimiento de la mina e información de los estudios de impacto ambiental y otros documentos de la mina.

Es decir, se hizo un balance hídrico en la zona, con información secundaria libremente disponible de la Autoridad del Agua, de la empresa Yanacocha y otros estudios.

El autor advierte que para cuantificar mejor los efectos y tomar una decisión informada a detalle sobre cómo revertir o evitar esta afectación, se necesitan realizar mayores estudios hidrogeológicos.

Las afirmaciones del estudio son:

1) Existe un desbalance entre el volumen vertido en los puntos mostrados en este estudio, y el volumen que se puede recuperar por escurrimiento aguas arriba de estos puntos.

2) Este desbalance se compensa con el agua subterránea que es bombeada desde los tajos y otros puntos del terreno.

3) El bombeo del agua subterránea origina un descenso significativo del nivel freático, llegando a ser superior a los 100 metros (ver figuras
11, 12 y 13).

4) El descenso del nivel freático implica la necesidad de profundizar más los pozos para bombear un mismo caudal.

5) El descenso del nivel freático implica la afectación de manantiales y otras fuentes de agua que se alimentan del acuífero correspondiente.

6) Existe una afectación a la disponibilidad de agua en las zonas próximas a la mina Yanacocha.

7) Esta afectación corresponde a disminución de caudales y/o secado de fuentes de agua.

Sobre el autor

Carlos Alberto Cerdán Moreno es ingeniero civil con estudios de maestría en Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Cajamarca, especialista en Sistemas de Información Geográfica – Proceso de ZEE – OT de Cajamarca, de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional Cajamarca.

La versión de Yanacocha

El documento consigna una cita referida a la explicación que brinda Yanacocha sobre el uso del agua  que reproducimos a continuación:

¿Cómo trabaja Yanacocha con el agua?

Es importante afirmar que no es lo mismo uso y consumo de agua, conceptos que muchas veces generan confusión y son utilizados por muchas personas para alarmar sin razón a la población. El “uso” es la utilización de agua y la posibilidad de que otras personas la utilicen. “Consumo”, en cambio, es utilizarla una sola vez sin posibilidad de dejarla disponible para nadie más.

Por medio del bombeo, Yanacocha retira el agua subterránea para realizar las actividades de minado, más no consume esta agua. Yanacocha tiene permisos de uso de agua subterránea otorgados por la autoridad competente de aproximadamente 570 litros por segundo. Sin embargo, esto no significa que Yanacocha consume toda esa agua, ya que la mayor parte es bombeada, tratada y descargada directamente a la misma cuenca. (Gestión del agua en Yanacocha – pág. 37. [Yanacocha 2011])

Repercusión en las comunidades

Con advertir que con cierta regularidad, poblaciones aledañas a la mina Yanacocha han realizado diversos reclamos a la empresa, entre estas por supuestas afectaciones a la disponibilidad de agua, denunciando la disminución de caudales de manantiales o canales de riego, e incluso el secado de los mismos.

El documento cita algunas de las manifestaciones en medios de prensa e internet sobre la problemática del agua como los siguientes:

  • Setiembre 2006: Comuneros de Combayo: Yanacocha ha “desaparecido” muchas lagunas y manantiales de su entorno. Yanacocha califica de “incorrectas” denuncias por “desaparición” de lagunas y manantiales. Fuente: Servicio de información Grufides.
  • Setiembre 2007: Comunidad campesina de Porcón se enfrenta a policía por escasez de agua causada por minera Yanacocha. Fuente: Servicio de información Grufides. Diario La República.
  • Marzo 2008: Afectación de agua canales Quishuar, Encajón Collotán, Llagamarca, San Martín. Secado de canal La Ramada. Fuente: Servicio de información Grufides. Componente social EIA Yanacocha Oeste – pág. 19. Red Verde Cajamarca.
  • Octubre 2008: Desaparición de 5 manantiales en el sector La Shacsha. Protesta por la expansión de mina Yanacocha. Fuente: Servicio de información Grufides. Conflictos mineros.net
  • Julio 2010: Usuarios de los canales La Toma y Tres Tingos comprobaron la desaparición de sus manantiales. Fuente: El Moscón.
  • Setiembre 2011: Disminución de caudal de laguna Totorococha y desaparición de manantiales. Fuente: diario El Mercurio.
  • Enero 2014: Disminución de agua del centro poblado Tartar Chico por trabajos en tajo Chaquicocha. Fuente: Noticias SER.
  • Abril 2015: Denuncian a minera Yanacocha por desaparecer manantial en caserío Zarcilleja. Fuente: Red Verde.

Acceda a la ponencia con un clic en el siguiente enlace:


A lo largo de 2014, el precio internacional de los metales, principal dinamizador en los últimos años del sector extractivo, continuó mostrando correcciones a la baja, como ocurre desde 2011 y 2012; asimismo y de manera más abrupta, el precio del petróleo redujo a la mitad su valor en seis meses. Todo ello tendrá un claro efecto en la disminución del aporte fiscal del sector extractivo.

Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.

Al mismo tiempo, han sido años de controversia. Por el lado económico, se generó un debate alrededor de la aplicación de la Ley de regalías mineras y de la negativa de un grupo de empresas a cumplir con dichos pagos en virtud de sus contratos de estabilidad tributaria; también, en el inicio del gobierno de Ollanta Humala se discutió la aplicación de un impuesto a las sobreganancias, propuesta que fue desplazada por la aplicación del gravamen minero, con efectos no muy claros. En tanto, en el campo social, los conflictos entre empresas y comunidades locales se reprodujeron en varias regiones del país debido a que éstas perciben que sus derechos económicos y sociales son vulnerados frente a un Estado con poca capacidad y voluntad para hacer cumplir las normas socio-ambientales, las que a su vez son cuestionadas por su permisividad excesiva.

Actualmente, la discusión sobre el sector extractivo está centrada entre continuar con el actual modelo primario exportador, aplicando algunos ajustes, o virar hacia una estructura económica más diversificada, tal como vienen recomendando la CEPAL y organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien ya en el 2014 se publicó el Plan Nacional de Diversificación Productiva, se percibe que este cuenta con poco respaldo político del gobierno y que, por el contrario, se pretende continuar con el modelo extractivo actual otorgando beneficios tributarios a las empresas, debilitando la institucionalidad ambiental y afectando los derechos de las comunidades. La necesidad de este debate se ve opacada por las voces de quienes afirman que el país crece a una menor velocidad debido a que no se llevaron adelante algunos proyectos mineros producto de los conflictos sociales y las trabas burocráticas.

En esta línea, los gremios empresariales exigen medidas que permitan agilizar los trámites, como la implementación de la ventanilla única, la acotación a la ley de consulta previa (que se aplique solo para comunidades amazónicas) y la agilización de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, la creación en 2013 de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos expresa la voluntad de una más fuerte presencia pública de los intereses de las empresas petroleras. Permeable a esta presión, a lo largo de 2014, el Gobierno Nacional impulsó una serie de medidas tributarias, de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión privada.

De este contexto han surgido claramente dos preocupaciones. Por un lado, en razón de la multiplicación de conflictos sociales ligados a la actividad extractiva, se habla de la necesidad de una mejor gestión sectorial y territorial del sector extractivo. De otro lado, en relación a la captación y redistribución de los recursos, un reto pendiente es fortalecer la capacidad de gestión del aparato público en todos sus niveles. Entre ambas, creemos necesario promover un debate abierto acerca de los resultados e impactos logrados con los recursos provenientes de la renta de las industrias extractivas en estos años de boom.

En otros términos, planteamos que se abra un debate sobre el rol que cumplió la minería en nuestra sociedad. El Reporte N° 19 de Vigilancia de las Industrias Extractivas propone un balance sobre la generación, distribución y uso de la renta de la minería, gas y petróleo en el país. Su publicación, a cargo de Grupo Propuesta Ciudadana, es posible gracias al apoyo de las organizaciones Natural Resource Governance Institute y Pan para el Mundo.

En este blog, vamos a ir compartiendo algunas conclusiones de nuestro reporte:.

No fue una riqueza compartida

Entre los años 2004 – 2012, el sector extractivo resultó favorecido por un escenario extraordinario de precios altos y demanda creciente de recursos naturales. Esto incentivó la llegada de grandes inversiones al sector que incrementaron la producción y las ganancias de las empresas y, por consiguiente, también la recaudación de ingresos fiscales del Estado.

Este escenario posicionó al sector extractivo –minero e hidrocarburífero–, como muy importante para la economía pese a su bajo aporte al PBI, al empleo y a los reducidos encadenamientos productivos que genera. Con un aporte a la caja fiscal que alcanzó en promedio el 23% de los ingresos del gobierno central en el período de mayor bonanza (2006-2011), este modelo aseguró recursos suficientes para financiar obra pública y programas sociales, por lo que los gobiernos de turno mantuvieron casi inalterables las políticas económicas gestadas en los años 90, perdiendo la oportunidad de participar en mejores condiciones de la riqueza generada.

Es claro que fueron las empresas las principales beneficiadas con el boom minero y que el Estado sólo participó de una porción menor de la riqueza generada debido a que el esquema tributario, establecido en los años 90, se mantuvo inalterado hasta el año 2011. En ese sentido, la aplicación de la Ley de regalías mineras fue diluida por los contratos de estabilidad jurídica que protegían a las empresas y, más adelante, la negociación del Aporte Voluntario Minero conformó un fondo apenas equivalente a las regalías mineras no pagadas. Las medidas tributarias aprobadas por el gobierno de Ollanta Humala en 2011 (gravamen minero e impuesto especial a la minería) produjeron mucho menos de los 3,000 millones de soles anuales ofrecido porque, de un lado, llegaron tarde cuando los precios caían y, del otro, porque el gobierno cometió el error de aceptar que estos pagos sean descontados como costos al momento de calcular la renta imponible.

¿De quién es la riqueza minera?

Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.

No supimos repartir bien la torta.

En el período 2004-2014, las transferencias de recursos hacia los gobiernos regionales, por canon y regalías, se vieron favorecidas por la recaudación creciente de recursos por parte del Estado.

Sin embargo, el que estas transferencias estuvieran concentradas en las principales zonas productoras, generó inequidades en la distribución del presupuesto en perjuicio de las regiones no productoras. Este problema fue parcialmente corregido por las transferencias compensatorias realizadas por el MEF aunque utilizando mecanismos discrecionales y poco transparentes.

El problema de la inequidad en la distribución del presupuesto persiste aunque en menor medida y, tras 10 años, el esquema de distribución del canon sigue sin modificación porque es políticamente difícil lograr un consenso en el Congreso de la República. Una eventual modificación de este esquema debe discutirse retomando la agenda de la descentralización fiscal, que nos permita avanzar hacia un sistema de transferencias más previsible, transparente y menos volátil.

La canon-dependencia

Los gobiernos subnacionales, receptores de los recursos del canon y regalías, financiaron con ello parte importante de sus inversiones. Fue, en algunos casos, la principal fuente de financiamiento, provocando una muy alta dependencia de las transferencias, en especial en el caso de las municipalidades de las regiones productoras. Entre el 2008 y el 2012, alrededor de una quinta parte del presupuesto total de los gobiernos regionales se financió con transferencias de recursos provenientes principalmente de la minería. Esta situación empezó a revertir a partir de 2012, cuando los precios de los minerales caen, arrastrando a la baja las utilidades de las empresas y con ellas las transferencias por canon. Las regiones mineras (Ancash, Cajamarca, Moquegua, Tacna, La Libertad) han visto reducirse drásticamente sus ingresos por concepto de canon minero, que pasó de S/. 5,200 millones en 2012 a S/. 2,000 en 2015. Frente a este escenario que combina ingresos a la baja y con alta volatilidad, los reclamos de las autoridades y la protesta social van en aumento por la disminución del empleo generado a través de las obras públicas.

Sin embargo, el peso de la renta extractiva en el financiamiento de las inversiones en los gobiernos regionales ha disminuido. Hasta el año 2010 financiaba más del 40% de las inversiones, y entre 2009 y 2010 financiaron más del 50%.

¿En qué gastamos el dinero del canon?

No gastamos solo en “monumentos inútiles”.

De los S/. 8,181 millones presupuestados para inversiones por parte de los gobiernos regionales en 2014, el 22% está financiado principalmente con recursos provenientes de las actividades extractivas. Estos recursos están orientados a proyectos en las funciones de Salud y Saneamiento (27.05%), Transporte (25.59%), Educación, Cultura y Deporte (20.05%) y Agropecuaria (13.98%), sumando en total 86.7%, siguiendo una tendencia que que no ha variado significativamente respecto a los últimos 10 años. Así, la evidencia contraviene la idea común de que las municipalidades y gobiernos regionales asignan esos recursos a proyectos no prioritarios.

Si bien existe información que indica que alguna porción de estos recursos se destina a proyectos de nula trascendencia en algunas localidades, es una falacia generalizar que los recursos del canon se dilapidan. El problema de fondo de la inversión pública, tanto la descentralizada como la nacional, tiene que ver con la calidad del gasto: obras sobredimensionadas, problemas de diseño y alta incidencia de la corrupción. La ausencia de información que permita medir la calidad del gasto y su impacto es un déficit urgente a superar desde el MEF.

¿Sabemos gastar el presupuesto público?

Desde hace varios años se cuestiona y critica a las autoridades locales y regionales por su bajo nivel de ejecución del gasto. Sin embargo, la información que publica la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta de que en los últimos ocho años, en cifras agregadas, el gasto de inversión en los gobiernos regionales y municipalidades ha crecido a una velocidad mayor que aquel del Gobierno Nacional.

Un aspecto que los críticos no consideran es que los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales sufren fuertes modificaciones durante el año, producto principalmente de las transferencias extemporáneas de recursos provenientes de los sectores del Gobierno Nacional (Ministerios de Educación, Vivienda y Construcción, Transportes, entre otros) y que realizan cuando su gasto sectorial avanza menos que lo previsto. Una prueba de ello es que el avance de ejecución del gasto supera el 100% cuando se toma como referencia el presupuesto de apertura y solo disminuye cuando se alude al presupuesto modificado.

Como podemos apreciar, los porcentajes más bajos de ejecución corresponden a los años en los que los cambios en el presupuesto fueron más marcados; pero también se observa una tendencia de mejora en la eficacia del gasto a partir de 2009. Desde 2007, las transferencias por canon minero se realizan en una sola ocasión, de golpe, reemplazando la transferencia en doce cuotas que se realizaba hasta entonces. Este cambio introduce más volatilidad al presupuesto porque implica que en junio o julio los gobiernos regionales reciben una fuerte transferencia de recursos que es imposible ejecutar en los cinco o seis meses restantes. El resultado inevitable: los elevados saldos presupuestales sin ejecutar que son transferidos al año fiscal siguiente.

La ‘privatización’ de los recursos públicos

Apelando a la supuesta “ineficiencia” o “mala gestión” de las inversiones por parte de los gobiernos locales y regionales -y del Estado en general-, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han tomado medidas orientadas a impulsar la participación del sector privado en la ejecución de obras públicas bajo el supuesto de una mayor eficiencia.

Para ello se han implementando dos mecanismos: Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). En ambos se observa una mayor participación de las empresas dedicadas a las actividades extractivas, y particularmente mineras en el mecanismo de OxI. Esto se debe a los beneficios que este mecanismo les procura, sobre todo en términos de mejora de imagen: aunque se trata de recursos públicos las empresas incorporan discursivamente este mecanismo dentro de una aparente responsabilidad social empresarial.

De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, sólo diez empresas (entre ellas cinco mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields; y dos bancos: BCP e Interbank) concentran más del 86%, y las cinco primeras, más del 72%.

Entre 2009 y abril de 2015 se han registrado 1,550.3 millones de soles en compromisos de inversión en el programa de OxI. El incremento significativo en el monto comprometido en 2011 se explica por la construcción del puente Chilina (Arequipa), por una inversión de 245.5 millones de soles. Luego hay una clara tendencia al alza en la implementación de los proyectos y en la participación de los capitales privados, notoriamente en 2013, cuando el número de obras dobló al de 2012 y multiplicó la inversión por 2.4 veces respecto al año anterior.

La evidencia internacional muestra que las obras realizadas mediante APP son mucho más costosas, y su ejecución adolece de poca transparencia. En el Perú, hemos demostrado que gran parte de las empresas mineras que gestionaron los recursos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo no cumplieron con elaborar los estudios de evaluación de impacto final de los proyectos implementados y, por tanto, no es posible conocer los impactos producidos por la aplicación de estos recursos, que ascendieron a S/. 2,300 millones de soles.

Desorden territorial e incertidumbre

Como sabemos, en años recientes, se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras en el territorio nacional, en particular en la sierra y selva.

Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplicó por ocho, mientras que la superficie (en hectáreas) entregada se multiplicó por once. En esta dinámica de ocupación del territorio, incluso algunas áreas naturales protegidas y territorios reservados son presionados por las concesiones y, en algunos casos, se les superponen derechos de uso, lo cual genera una sensación de temor, desconfianza y el reclamo de las autoridades locales y líderes de comunidades campesinas y nativas.

Si bien sólo una pequeña parte de los territorios concesionados están ocupados por algún tipo de actividad minera, esta situación contribuye a la conflictividad social que vive el país. Por ello, el sistema actual de entrega automática de concesiones debe ser revisado y modificado.

Publicado por Grupo Propuesta Ciudadana

 


Por:

Wilfredo Cholán y Juan Limay

Días atrás, la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaró nula la resolución de la Fiscalía Provincial de Celendín que archivaba las denuncias interpuestas por Máxima Acuña por los constantes hostigamientos y agresiones de los que es objeto, por iniciativa de la Empresa Minera Yanacocha. Así, pues, se volverá a investigar todos los casos denunciados y se emitirá un nuevo fallo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falló a favor de los Chaupe Acuña. Asimismo, la gobernación de Cajamarca dio las garantías necesarias para que la familia pueda vivir tranquila. Sin embargo, la campesina se vio en la necesidad de denunciaruna serie de abusos cometidos por laminera.

En comunicación con Noticias SER, Socorro Quiroz, representante de la Asociación para la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente (ADEVIMA), calificó de “excelente” el pedido de nueva investigación de los casos denunciados, ya que, según consideró, todavía existe justicia: “A nosotros nos preocupan mucho los moretones de Máxima y los constantes hostigamientos que está sufriendo, pero esta noticia nos alienta a decir que hay personas justas y que la verdad siempre se impone”, comentó.

Quiroz señaló, sin embargo, que la justicia en Celendín parece estar corrompida, porque todos los casos que ha tenido Máxima allí prácticamente han sido archivados, o recibido sentencia en su contra: “Al parecer hay acuerdos entre la empresa y el Ministerio Publico”, subrayó.

En tanto, Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe Acuña, recordó que, desde enero del año pasado, ha venido denunciando todos los atropellos que Máxima y su familia han estado sufriendo, de parte de la empresa, y que la fiscalía de Celendín ha ido archivándolos sin ningún sustento legal. Este hecho ha motivado que la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaré nula dicha resolución y disponga nuevas investigaciones: “La fiscalía de Celendín archivó todas estas denuncias, diciendo que todo  constituye la defensa posesoria de la empresa. La resolución de ellos está mal fundamentada, no tiene sustento jurídico ni factico. Por eso han pedido profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades sobre el tema”, explicó.

La letrada dijo, igualmente, que tal decisión ha sido muy importante, porquede haberse cerrado los casos, validando los abusos como si fuera un ejercicio de derecho de la empresa, se habría sentado un pésimo precedente.

Destruyen cocina mejorada

El lunes último, Máxima Acuña denunció nuevamente que personas desconocidas destruyeron su cocina mejorada mientras se encontraba fuera de su casa. En tal sentido, el vicepresidente de las rondas campesinas de Sorochuco, Fabio Rodríguez, renovó su compromiso de brindar siempre su apoyo a la familia Chaupe y ofreció que estarían atentos ante cualquier abuso: “Como rondas, vamos a intervenir a la gente que estéocasionando daños; no hay otra manera, recalcó. Asimismo, adelantó que el 26 de noviembre los ronderosestarán participando en la movilización en Cajamarca.

Publicado por Noticias Ser

18/11/2015