Plataforma Inteinstitucional Celendina, Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, Sutep de la provincia de Celendín, Frente de Defensa del distrito de Huasmín, Frente de Defensa del Distrito de Sorochuco, Frente de Defensa de la Cuenca del río Jadibamba, Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, Central de Rondas Campesinas de Bambamarca, Juntas Vecinales de Bambamarca, Sutep de la provincia Hualgayoc – Bambamarca, Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú; en asamblea interprovincial celebrada en la Laguna El Perol, realizada el día 20 de octubre, se acordó realizar una gran movilización en la ciudad de Cajamarca para el día 26 de noviembre de 2015, rechazando los trabajos que viene realizando la minera Yanacocha en el dique El Perol, tal como se constató en dicha inspección. Es por ello que se hace la convocatoria para la participación masiva de las distintas comunidades y demostrar al Gobierno y a Yanacocha que este proyecto no tiene licencia social y que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus trabajos.

 


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Comparación gráfica de la zona de exploración de minera Yanacocha en la provincia de Lima

Servindi, 14 de noviembre, 2015.- Un estudio presentado en el XI Congreso Nacional de Geografía concluye en que sí existe una afectación a la disponibilidad de agua en torno a las instalaciones de la mina Yanacocha. Esta afectación consiste, efectivamente, en la disminución del caudal de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, e incluso el secado de algunas de ellas.

La ponencia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Cerdán Moreno afirma que “aunque no se ha podido cuantificar con detalle, los resultados de esta investigación confirman que existe una disminución de cantidad de agua en las fuentes dentro y alrededor de la mina, debido a sus operaciones”.

La investigación calculó el área de terreno necesaria para captar el agua de lluvia y reponer estos consumos, la cual resultó “mucho más grande que el área de operación de la mina”, y permite determinar que “sí existe una afectación a la disponibilidad de agua en torno a las instalaciones de la mina”.

El autor sugiere que “no es descabellado sopesar que incluso la actual disminución del agua fría disponible en el complejo turístico Baños del Inca esté relacionada con la actividad minera aguas arriba”.

La ponencia se titula: “Determinación de la afectación a la disponibilidad de agua en torno a la mina Yanacocha, Cajamarca, con la aplicación de software libre e información secundaria” y está disponible para su lectura en internet gracias al portal de la asociación Grufides que compartió dicho estudio.

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Ubicación de las actividades de Yanacocha

El análisis de información comprendió la precipitación en la zona de la mina; los caudales de consumo; los caudales de vertimiento de la mina e información de los estudios de impacto ambiental y otros documentos de la mina.

Es decir, se hizo un balance hídrico en la zona, con información secundaria libremente disponible de la Autoridad del Agua, de la empresa Yanacocha y otros estudios.

El autor advierte que para cuantificar mejor los efectos y tomar una decisión informada a detalle sobre cómo revertir o evitar esta afectación, se necesitan realizar mayores estudios hidrogeológicos.

Las afirmaciones del estudio son:

1) Existe un desbalance entre el volumen vertido en los puntos mostrados en este estudio, y el volumen que se puede recuperar por escurrimiento aguas arriba de estos puntos.

2) Este desbalance se compensa con el agua subterránea que es bombeada desde los tajos y otros puntos del terreno.

3) El bombeo del agua subterránea origina un descenso significativo del nivel freático, llegando a ser superior a los 100 metros (ver figuras
11, 12 y 13).

4) El descenso del nivel freático implica la necesidad de profundizar más los pozos para bombear un mismo caudal.

5) El descenso del nivel freático implica la afectación de manantiales y otras fuentes de agua que se alimentan del acuífero correspondiente.

6) Existe una afectación a la disponibilidad de agua en las zonas próximas a la mina Yanacocha.

7) Esta afectación corresponde a disminución de caudales y/o secado de fuentes de agua.

Sobre el autor

Carlos Alberto Cerdán Moreno es ingeniero civil con estudios de maestría en Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Cajamarca, especialista en Sistemas de Información Geográfica – Proceso de ZEE – OT de Cajamarca, de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional Cajamarca.

La versión de Yanacocha

El documento consigna una cita referida a la explicación que brinda Yanacocha sobre el uso del agua  que reproducimos a continuación:

¿Cómo trabaja Yanacocha con el agua?

Es importante afirmar que no es lo mismo uso y consumo de agua, conceptos que muchas veces generan confusión y son utilizados por muchas personas para alarmar sin razón a la población. El “uso” es la utilización de agua y la posibilidad de que otras personas la utilicen. “Consumo”, en cambio, es utilizarla una sola vez sin posibilidad de dejarla disponible para nadie más.

Por medio del bombeo, Yanacocha retira el agua subterránea para realizar las actividades de minado, más no consume esta agua. Yanacocha tiene permisos de uso de agua subterránea otorgados por la autoridad competente de aproximadamente 570 litros por segundo. Sin embargo, esto no significa que Yanacocha consume toda esa agua, ya que la mayor parte es bombeada, tratada y descargada directamente a la misma cuenca. (Gestión del agua en Yanacocha – pág. 37. [Yanacocha 2011])

Repercusión en las comunidades

Con advertir que con cierta regularidad, poblaciones aledañas a la mina Yanacocha han realizado diversos reclamos a la empresa, entre estas por supuestas afectaciones a la disponibilidad de agua, denunciando la disminución de caudales de manantiales o canales de riego, e incluso el secado de los mismos.

El documento cita algunas de las manifestaciones en medios de prensa e internet sobre la problemática del agua como los siguientes:

  • Setiembre 2006: Comuneros de Combayo: Yanacocha ha “desaparecido” muchas lagunas y manantiales de su entorno. Yanacocha califica de “incorrectas” denuncias por “desaparición” de lagunas y manantiales. Fuente: Servicio de información Grufides.
  • Setiembre 2007: Comunidad campesina de Porcón se enfrenta a policía por escasez de agua causada por minera Yanacocha. Fuente: Servicio de información Grufides. Diario La República.
  • Marzo 2008: Afectación de agua canales Quishuar, Encajón Collotán, Llagamarca, San Martín. Secado de canal La Ramada. Fuente: Servicio de información Grufides. Componente social EIA Yanacocha Oeste – pág. 19. Red Verde Cajamarca.
  • Octubre 2008: Desaparición de 5 manantiales en el sector La Shacsha. Protesta por la expansión de mina Yanacocha. Fuente: Servicio de información Grufides. Conflictos mineros.net
  • Julio 2010: Usuarios de los canales La Toma y Tres Tingos comprobaron la desaparición de sus manantiales. Fuente: El Moscón.
  • Setiembre 2011: Disminución de caudal de laguna Totorococha y desaparición de manantiales. Fuente: diario El Mercurio.
  • Enero 2014: Disminución de agua del centro poblado Tartar Chico por trabajos en tajo Chaquicocha. Fuente: Noticias SER.
  • Abril 2015: Denuncian a minera Yanacocha por desaparecer manantial en caserío Zarcilleja. Fuente: Red Verde.

Acceda a la ponencia con un clic en el siguiente enlace:


A lo largo de 2014, el precio internacional de los metales, principal dinamizador en los últimos años del sector extractivo, continuó mostrando correcciones a la baja, como ocurre desde 2011 y 2012; asimismo y de manera más abrupta, el precio del petróleo redujo a la mitad su valor en seis meses. Todo ello tendrá un claro efecto en la disminución del aporte fiscal del sector extractivo.

Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.

Al mismo tiempo, han sido años de controversia. Por el lado económico, se generó un debate alrededor de la aplicación de la Ley de regalías mineras y de la negativa de un grupo de empresas a cumplir con dichos pagos en virtud de sus contratos de estabilidad tributaria; también, en el inicio del gobierno de Ollanta Humala se discutió la aplicación de un impuesto a las sobreganancias, propuesta que fue desplazada por la aplicación del gravamen minero, con efectos no muy claros. En tanto, en el campo social, los conflictos entre empresas y comunidades locales se reprodujeron en varias regiones del país debido a que éstas perciben que sus derechos económicos y sociales son vulnerados frente a un Estado con poca capacidad y voluntad para hacer cumplir las normas socio-ambientales, las que a su vez son cuestionadas por su permisividad excesiva.

Actualmente, la discusión sobre el sector extractivo está centrada entre continuar con el actual modelo primario exportador, aplicando algunos ajustes, o virar hacia una estructura económica más diversificada, tal como vienen recomendando la CEPAL y organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien ya en el 2014 se publicó el Plan Nacional de Diversificación Productiva, se percibe que este cuenta con poco respaldo político del gobierno y que, por el contrario, se pretende continuar con el modelo extractivo actual otorgando beneficios tributarios a las empresas, debilitando la institucionalidad ambiental y afectando los derechos de las comunidades. La necesidad de este debate se ve opacada por las voces de quienes afirman que el país crece a una menor velocidad debido a que no se llevaron adelante algunos proyectos mineros producto de los conflictos sociales y las trabas burocráticas.

En esta línea, los gremios empresariales exigen medidas que permitan agilizar los trámites, como la implementación de la ventanilla única, la acotación a la ley de consulta previa (que se aplique solo para comunidades amazónicas) y la agilización de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, la creación en 2013 de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos expresa la voluntad de una más fuerte presencia pública de los intereses de las empresas petroleras. Permeable a esta presión, a lo largo de 2014, el Gobierno Nacional impulsó una serie de medidas tributarias, de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión privada.

De este contexto han surgido claramente dos preocupaciones. Por un lado, en razón de la multiplicación de conflictos sociales ligados a la actividad extractiva, se habla de la necesidad de una mejor gestión sectorial y territorial del sector extractivo. De otro lado, en relación a la captación y redistribución de los recursos, un reto pendiente es fortalecer la capacidad de gestión del aparato público en todos sus niveles. Entre ambas, creemos necesario promover un debate abierto acerca de los resultados e impactos logrados con los recursos provenientes de la renta de las industrias extractivas en estos años de boom.

En otros términos, planteamos que se abra un debate sobre el rol que cumplió la minería en nuestra sociedad. El Reporte N° 19 de Vigilancia de las Industrias Extractivas propone un balance sobre la generación, distribución y uso de la renta de la minería, gas y petróleo en el país. Su publicación, a cargo de Grupo Propuesta Ciudadana, es posible gracias al apoyo de las organizaciones Natural Resource Governance Institute y Pan para el Mundo.

En este blog, vamos a ir compartiendo algunas conclusiones de nuestro reporte:.

No fue una riqueza compartida

Entre los años 2004 – 2012, el sector extractivo resultó favorecido por un escenario extraordinario de precios altos y demanda creciente de recursos naturales. Esto incentivó la llegada de grandes inversiones al sector que incrementaron la producción y las ganancias de las empresas y, por consiguiente, también la recaudación de ingresos fiscales del Estado.

Este escenario posicionó al sector extractivo –minero e hidrocarburífero–, como muy importante para la economía pese a su bajo aporte al PBI, al empleo y a los reducidos encadenamientos productivos que genera. Con un aporte a la caja fiscal que alcanzó en promedio el 23% de los ingresos del gobierno central en el período de mayor bonanza (2006-2011), este modelo aseguró recursos suficientes para financiar obra pública y programas sociales, por lo que los gobiernos de turno mantuvieron casi inalterables las políticas económicas gestadas en los años 90, perdiendo la oportunidad de participar en mejores condiciones de la riqueza generada.

Es claro que fueron las empresas las principales beneficiadas con el boom minero y que el Estado sólo participó de una porción menor de la riqueza generada debido a que el esquema tributario, establecido en los años 90, se mantuvo inalterado hasta el año 2011. En ese sentido, la aplicación de la Ley de regalías mineras fue diluida por los contratos de estabilidad jurídica que protegían a las empresas y, más adelante, la negociación del Aporte Voluntario Minero conformó un fondo apenas equivalente a las regalías mineras no pagadas. Las medidas tributarias aprobadas por el gobierno de Ollanta Humala en 2011 (gravamen minero e impuesto especial a la minería) produjeron mucho menos de los 3,000 millones de soles anuales ofrecido porque, de un lado, llegaron tarde cuando los precios caían y, del otro, porque el gobierno cometió el error de aceptar que estos pagos sean descontados como costos al momento de calcular la renta imponible.

¿De quién es la riqueza minera?

Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.

No supimos repartir bien la torta.

En el período 2004-2014, las transferencias de recursos hacia los gobiernos regionales, por canon y regalías, se vieron favorecidas por la recaudación creciente de recursos por parte del Estado.

Sin embargo, el que estas transferencias estuvieran concentradas en las principales zonas productoras, generó inequidades en la distribución del presupuesto en perjuicio de las regiones no productoras. Este problema fue parcialmente corregido por las transferencias compensatorias realizadas por el MEF aunque utilizando mecanismos discrecionales y poco transparentes.

El problema de la inequidad en la distribución del presupuesto persiste aunque en menor medida y, tras 10 años, el esquema de distribución del canon sigue sin modificación porque es políticamente difícil lograr un consenso en el Congreso de la República. Una eventual modificación de este esquema debe discutirse retomando la agenda de la descentralización fiscal, que nos permita avanzar hacia un sistema de transferencias más previsible, transparente y menos volátil.

La canon-dependencia

Los gobiernos subnacionales, receptores de los recursos del canon y regalías, financiaron con ello parte importante de sus inversiones. Fue, en algunos casos, la principal fuente de financiamiento, provocando una muy alta dependencia de las transferencias, en especial en el caso de las municipalidades de las regiones productoras. Entre el 2008 y el 2012, alrededor de una quinta parte del presupuesto total de los gobiernos regionales se financió con transferencias de recursos provenientes principalmente de la minería. Esta situación empezó a revertir a partir de 2012, cuando los precios de los minerales caen, arrastrando a la baja las utilidades de las empresas y con ellas las transferencias por canon. Las regiones mineras (Ancash, Cajamarca, Moquegua, Tacna, La Libertad) han visto reducirse drásticamente sus ingresos por concepto de canon minero, que pasó de S/. 5,200 millones en 2012 a S/. 2,000 en 2015. Frente a este escenario que combina ingresos a la baja y con alta volatilidad, los reclamos de las autoridades y la protesta social van en aumento por la disminución del empleo generado a través de las obras públicas.

Sin embargo, el peso de la renta extractiva en el financiamiento de las inversiones en los gobiernos regionales ha disminuido. Hasta el año 2010 financiaba más del 40% de las inversiones, y entre 2009 y 2010 financiaron más del 50%.

¿En qué gastamos el dinero del canon?

No gastamos solo en “monumentos inútiles”.

De los S/. 8,181 millones presupuestados para inversiones por parte de los gobiernos regionales en 2014, el 22% está financiado principalmente con recursos provenientes de las actividades extractivas. Estos recursos están orientados a proyectos en las funciones de Salud y Saneamiento (27.05%), Transporte (25.59%), Educación, Cultura y Deporte (20.05%) y Agropecuaria (13.98%), sumando en total 86.7%, siguiendo una tendencia que que no ha variado significativamente respecto a los últimos 10 años. Así, la evidencia contraviene la idea común de que las municipalidades y gobiernos regionales asignan esos recursos a proyectos no prioritarios.

Si bien existe información que indica que alguna porción de estos recursos se destina a proyectos de nula trascendencia en algunas localidades, es una falacia generalizar que los recursos del canon se dilapidan. El problema de fondo de la inversión pública, tanto la descentralizada como la nacional, tiene que ver con la calidad del gasto: obras sobredimensionadas, problemas de diseño y alta incidencia de la corrupción. La ausencia de información que permita medir la calidad del gasto y su impacto es un déficit urgente a superar desde el MEF.

¿Sabemos gastar el presupuesto público?

Desde hace varios años se cuestiona y critica a las autoridades locales y regionales por su bajo nivel de ejecución del gasto. Sin embargo, la información que publica la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta de que en los últimos ocho años, en cifras agregadas, el gasto de inversión en los gobiernos regionales y municipalidades ha crecido a una velocidad mayor que aquel del Gobierno Nacional.

Un aspecto que los críticos no consideran es que los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales sufren fuertes modificaciones durante el año, producto principalmente de las transferencias extemporáneas de recursos provenientes de los sectores del Gobierno Nacional (Ministerios de Educación, Vivienda y Construcción, Transportes, entre otros) y que realizan cuando su gasto sectorial avanza menos que lo previsto. Una prueba de ello es que el avance de ejecución del gasto supera el 100% cuando se toma como referencia el presupuesto de apertura y solo disminuye cuando se alude al presupuesto modificado.

Como podemos apreciar, los porcentajes más bajos de ejecución corresponden a los años en los que los cambios en el presupuesto fueron más marcados; pero también se observa una tendencia de mejora en la eficacia del gasto a partir de 2009. Desde 2007, las transferencias por canon minero se realizan en una sola ocasión, de golpe, reemplazando la transferencia en doce cuotas que se realizaba hasta entonces. Este cambio introduce más volatilidad al presupuesto porque implica que en junio o julio los gobiernos regionales reciben una fuerte transferencia de recursos que es imposible ejecutar en los cinco o seis meses restantes. El resultado inevitable: los elevados saldos presupuestales sin ejecutar que son transferidos al año fiscal siguiente.

La ‘privatización’ de los recursos públicos

Apelando a la supuesta “ineficiencia” o “mala gestión” de las inversiones por parte de los gobiernos locales y regionales -y del Estado en general-, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han tomado medidas orientadas a impulsar la participación del sector privado en la ejecución de obras públicas bajo el supuesto de una mayor eficiencia.

Para ello se han implementando dos mecanismos: Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). En ambos se observa una mayor participación de las empresas dedicadas a las actividades extractivas, y particularmente mineras en el mecanismo de OxI. Esto se debe a los beneficios que este mecanismo les procura, sobre todo en términos de mejora de imagen: aunque se trata de recursos públicos las empresas incorporan discursivamente este mecanismo dentro de una aparente responsabilidad social empresarial.

De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, sólo diez empresas (entre ellas cinco mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields; y dos bancos: BCP e Interbank) concentran más del 86%, y las cinco primeras, más del 72%.

Entre 2009 y abril de 2015 se han registrado 1,550.3 millones de soles en compromisos de inversión en el programa de OxI. El incremento significativo en el monto comprometido en 2011 se explica por la construcción del puente Chilina (Arequipa), por una inversión de 245.5 millones de soles. Luego hay una clara tendencia al alza en la implementación de los proyectos y en la participación de los capitales privados, notoriamente en 2013, cuando el número de obras dobló al de 2012 y multiplicó la inversión por 2.4 veces respecto al año anterior.

La evidencia internacional muestra que las obras realizadas mediante APP son mucho más costosas, y su ejecución adolece de poca transparencia. En el Perú, hemos demostrado que gran parte de las empresas mineras que gestionaron los recursos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo no cumplieron con elaborar los estudios de evaluación de impacto final de los proyectos implementados y, por tanto, no es posible conocer los impactos producidos por la aplicación de estos recursos, que ascendieron a S/. 2,300 millones de soles.

Desorden territorial e incertidumbre

Como sabemos, en años recientes, se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras en el territorio nacional, en particular en la sierra y selva.

Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplicó por ocho, mientras que la superficie (en hectáreas) entregada se multiplicó por once. En esta dinámica de ocupación del territorio, incluso algunas áreas naturales protegidas y territorios reservados son presionados por las concesiones y, en algunos casos, se les superponen derechos de uso, lo cual genera una sensación de temor, desconfianza y el reclamo de las autoridades locales y líderes de comunidades campesinas y nativas.

Si bien sólo una pequeña parte de los territorios concesionados están ocupados por algún tipo de actividad minera, esta situación contribuye a la conflictividad social que vive el país. Por ello, el sistema actual de entrega automática de concesiones debe ser revisado y modificado.

Publicado por Grupo Propuesta Ciudadana

 


Por:

Wilfredo Cholán y Juan Limay

Días atrás, la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaró nula la resolución de la Fiscalía Provincial de Celendín que archivaba las denuncias interpuestas por Máxima Acuña por los constantes hostigamientos y agresiones de los que es objeto, por iniciativa de la Empresa Minera Yanacocha. Así, pues, se volverá a investigar todos los casos denunciados y se emitirá un nuevo fallo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falló a favor de los Chaupe Acuña. Asimismo, la gobernación de Cajamarca dio las garantías necesarias para que la familia pueda vivir tranquila. Sin embargo, la campesina se vio en la necesidad de denunciaruna serie de abusos cometidos por laminera.

En comunicación con Noticias SER, Socorro Quiroz, representante de la Asociación para la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente (ADEVIMA), calificó de “excelente” el pedido de nueva investigación de los casos denunciados, ya que, según consideró, todavía existe justicia: “A nosotros nos preocupan mucho los moretones de Máxima y los constantes hostigamientos que está sufriendo, pero esta noticia nos alienta a decir que hay personas justas y que la verdad siempre se impone”, comentó.

Quiroz señaló, sin embargo, que la justicia en Celendín parece estar corrompida, porque todos los casos que ha tenido Máxima allí prácticamente han sido archivados, o recibido sentencia en su contra: “Al parecer hay acuerdos entre la empresa y el Ministerio Publico”, subrayó.

En tanto, Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe Acuña, recordó que, desde enero del año pasado, ha venido denunciando todos los atropellos que Máxima y su familia han estado sufriendo, de parte de la empresa, y que la fiscalía de Celendín ha ido archivándolos sin ningún sustento legal. Este hecho ha motivado que la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaré nula dicha resolución y disponga nuevas investigaciones: “La fiscalía de Celendín archivó todas estas denuncias, diciendo que todo  constituye la defensa posesoria de la empresa. La resolución de ellos está mal fundamentada, no tiene sustento jurídico ni factico. Por eso han pedido profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades sobre el tema”, explicó.

La letrada dijo, igualmente, que tal decisión ha sido muy importante, porquede haberse cerrado los casos, validando los abusos como si fuera un ejercicio de derecho de la empresa, se habría sentado un pésimo precedente.

Destruyen cocina mejorada

El lunes último, Máxima Acuña denunció nuevamente que personas desconocidas destruyeron su cocina mejorada mientras se encontraba fuera de su casa. En tal sentido, el vicepresidente de las rondas campesinas de Sorochuco, Fabio Rodríguez, renovó su compromiso de brindar siempre su apoyo a la familia Chaupe y ofreció que estarían atentos ante cualquier abuso: “Como rondas, vamos a intervenir a la gente que estéocasionando daños; no hay otra manera, recalcó. Asimismo, adelantó que el 26 de noviembre los ronderosestarán participando en la movilización en Cajamarca.

Publicado por Noticias Ser

18/11/2015


Por:

Wilfredo Cholán

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca admitió la demanda de Amparo presentada hace dos años contra el proyecto minero Conga, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) así lo dispusiera mediante resolución. Asimismo, fueron admitidos los Amicus Curiae presentados por diferentes instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Cajamarca y  una universidad canadiense, entre otras. De este modo, la empresa minera Yanacocha tendrá que objetar y sustentar la demanda planteada de afectación de derechos fundamentales que ocasionaría el proyecto mencionado.

En diálogo con Noticias SER, Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides, explicó que esta admisión del Amparo marca un precedente en la justicia peruana, ya que minera Yanacocha estaba intentando que no se admita: “En el país, pocas veces se ha planteado  el asunto de discutir qué es prioritario, el derecho al medio ambiente o los derechos económicos, y esa es una discusión que estamos planteando. Va a ser importante, en  términos jurídicos, legales y sociales. A partir de esta experiencia, se van a declarar admisibles todos los amparos que se presenten en relación a megaproyectos que vayan a lesionar derechos fundamentales”, detalló. Asimismo, la abogada dijoque lo que plantea Yanacocha es que estos casos no deberían discutirse en un amparo que ve derechos fundamentales, sino que deberían evaluarse en un proceso administrativo.

“Por ejemplo, el aporte que ha hecho la universidad de Cánada ha sido el mostrar cómo siendo ese también un país minero, en muchas oportunidades se ha logrado priorizar el derecho al medio ambiente para frenar megaproyectos mineros, incluso más grandes que el de Conga. Lo que ellos dicen es: si en Canadá se procede así, por qué en el Perú no se podría empezar con esa política de priorizar derechos fundamentales sobre derechos económicos”, puntualizó.

Debate de fondo

Vásquez anunció, así mismo, que en adelante se debatirá el tema de fondo, y ambas partes sustentarán técnica y legalmente sus posiciones y argumentos ante las instancias correspondientes: “Vamos a entrar a la discusión técnico legal sobre la vulneración de derechos al medio ambiente. Luego viene un fallo de primera instancia, respecto al cual, cualquiera de las partes tiene el derecho de impugnar. Supongo que el caso volverá al TC, porque cualquiera de las partes va a intentar agotar todas  las vías”, señaló.

“Es un paso importante en nuestra lucha”

Por su parte, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), señaló que dicha admisión es un paso legal importante en su lucha por la inviabilidad del proyecto Conga,y que por fin se ha logrado lo quese ha estado buscando desde hace tres años. “Ha sido sustancial, porque hasta los Amicus Curiae han sido admitidos. Entonces, imagino que Yanacocha debe estar preocupada”, declaró.

Asimismo, el dirigente consideró que su lucha se da desde varios espacios, como el social, legal y técnico: “el social tendrá su curso el 26 de noviembre, pues vamos a movilizarnos en Cajamarca; el tema legal se sustenta justamente en esta admisión de amparo, y el tema técnico, que nos avala,ya ha sido demostrado por diversas instituciones”, refirió.

Publicado en Noticias Ser

18/11/2015


Tres nuevos casos se suman a los otros tantos casos registrados y reportados y que fueron escondidos por el Ministerio de Salud “para evitar la conflictividad social”

Nuevos resultados de Censopas (Centro de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente Para la Salud) ineludibles e inevitables han dicho que existen tres niños hualgayoquinos con plomo en la sangre, noticia que a ciertos funcionarios que solo buscan figuretear no les interesa ni hacen eco porque sería afectar la imagen de las mineras y trabajando para ellas podría resultar un mal negocio, más ahora que se busca un escaño en las próximas elecciones 2016 para el Congreso.

Los tres niños se suman a los otros tantos casos registrados y reportados y que fueron escondidos por el Ministerio de Salud “para evitar la conflictividad social” – como si con ello fueran a evitar que el deterioro de la salud de los niños se incremente- el tema parece ser irrelevante para aquellos funcionarios que no tienen plomo en la sangre, ni sangre en la cara… sin embargo, esto también es fiscalizar.

Por su parte funcionarios de Minera Gold Fields salieron a decir –mentir- que Hualgayoc no tenía agua “porque su población, que antes era de mil personas, ahora es de tres mil”. Mentira fastuosa y absurda que linda con la ridiculez, este funcionario que a todas luces no es cajamarquino no sabe dónde está parado ¿cuándo Hualgayoc tuvo mil habitantes? Ni siquiera en tiempos de la colonia.

Sin embargo, asumamos que lo que dice fuera cierto, ¿el incremento de personas en un pueblo hace que los manantiales desaparezcan? En Hualgayoc desaparecieron los pozos de agua y manantiales.  No dicen nada de las captaciones subterráneas que bajo el pueblo se han hecho y que ello ha conllevado a que Hualgayoc se quede sin agua, parece que el mal ejemplo de las mineras como Yanacocha ha pegado rápido en una empresa que tenía una política mucho más transparente.

Las personas contaminadas con plomo en la sangre necesitan atención y tratamiento inmediato, nadie responsabiliza a nadie de un hecho tan infeliz, no se sabe aún de donde proviene esa contaminación, puede ser de las actuales labores o de las anteriores, de los pasivos ambientales que están diseminados en la zona… pero de que urge atención inmediata, la urge.

Cuando se hizo la denuncia de contaminación por plomo hace unos meses el aparato mediático de las mineras de inmediato se puso a operar y trató de salvar responsabilidades desmintiendo al gerente del Renama, Sergio Sánchez Ibáñez, lo que era absurdo y cuestionable. La jauría de comunicadores llegó incluso a atacarlo vilmente.

Algunos funcionarios piensan que su única labor es solo fiscalizar obras del gobierno regional y en casos como estos se olvidan de la dichosa palabreja, la omiten sistemáticamente, la relegan y hasta parece que nunca la oyeron. Y es que les da lo mismo porque no se trata de sus hijos y ellos no tienen plomo en la sangre, ni sangre en la cara tampoco, pero el figureteo sí les fascina y hablan de fiscalización, fiscalizar, investiga, indagar…

Publicado en Panorama Cajamarquino

17.11.2015


Extraño. Posición de Jorge Urquía ha desconcertado a dirigencia del MAS. Alcalde de Celendín dejó su posición antiminera.

Cambio radical. Jorge Urquía lideraba luchas antimineras contra proyecto Conga..

Edgar Jara Rodríguez
Cajamarca

El alcalde provincial de Celendín, Jorge Urquía Sánchez, dejó atrás su cerrada oposición al proyecto minero Conga, al anunciar que en su condición de autoridad está imposibilitado de participar de las jornadas de lucha antimineras y protestas, pues al formar parte del Estado no podría estar contra él.

“Como autoridades estamos prohibidos de participar en movilizaciones y protestas, como Estado no podríamos estar contra el propio Estado”, respondió sobre la posición del concejo municipal acerca del cuestionado proyecto cuprífero. Urquía llegó a la condición de alcalde por el Movimiento de Afirmación Social (MAS), que lidera el encarcelado Gregorio Santos Guerrero.

Cuando las protestas arreciaron el 2012 contra el proyecto minero Conga, el entonces defensor del medio ambiente cuestionaba duramente al alcalde Mauro Siles, quien incluso huyó de la provincia abandonando el cargo por temor a perder su vida ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los radicales.

Mensaje incendiario

Más de uno en la ciudad cajamarquina de Celendín recuerda que en cuanta protesta contra la Newmont, dueña del proyecto Conga, Urquía, utilizando un lenguaje inflamable, llamaba a las movilizaciones porque “siempre debemos estar al lado del pueblo para rechazar la voracidad de las mineras que nos quieren dejar sin agua”.

En las últimas convocatorias para visitar las lagunas en la zona del proyecto Conga, el burgomaestre Jorge Urquía Sánchez brilló por su ausencia, pese a las reiteradas invitaciones.

La firmeza de la posición medioambientalista de Urquía ha levantado sospechas en las filas del MAS, pues si bien hace quince días en Cajamarca participó en las elecciones para elegir a la nueva dirigencia regional, antes, rodeado de funcionarios de Odebrecht, aplaudía el proyecto Chadín II, duramente cuestionado por el movimiento de Santos Guerrero, y que posteriormente fuera suspendido. 

 

Se inicia el juicio de 13 dirigentes del Distrito de Sorochuco y 3 del distrito y provincia de Celendín.

Gobernadores de la provincia de Celendín y del distrito de Sorochuco, no cuentan con pruebas objetivas, su acusación sólo se basan en su propia versión.

El jueves 29 de Octubre, en la ciudad de Cajamarca, se inició el juicio oral contra 16 dirigentes sociales acusados por los gobernadores de Celendín y Sorochuco de secuestro agravado, coacción,  y ultraje a los símbolos patrios.

Según Mirtha Vásquez, abogada de los 16 dirigentes ambientales, dijo que demostrará que la acusación del Fiscal de Celendín es ¨totalmente falsa¨. ¨Es verdad que los 16 inculpados y muchos pobladores de Sorochuco sí participaron en una reunión abierta y pública el 24 de abril del 2013 donde cuestionaron de manera pacífica la actitud de los gobernadores que tienen una posición a favor de la minería, particularmente en favor del Proyecto Conga, pero no hubo secuestro ni agresiones físicas a las autoridades¨, indicó.

Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, Gobernadores del distrito de Sorochuco y provincia de Celendín sostienen que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.

Por otro lado denunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Celendín no han dado la oportunidad a sus defendidos de ofrecer medios probatorios como parte del derecho a la defensa.

¨Afortunadamente el Juez Luis Vásquez del Juzgado Colegiado B de Cajamarca ha aceptado la presentación de los medios de prueba, los cuales cambiarán el rumbo del proceso¨ manifestó la abogada Mirtha Vásquez.

Fiscal reiteró pedido de cárcel

Por su parte el representante del Ministerio Público de Celendín reiteró su pedido de cárcel entre 33 y 36 años para los dirigentes ambientales, a pesar que su acusación sólo tiene versiones de los gobernadores.

Este proceso constituye una persecución e intento de neutralizar a los dirigentes y líderes que se oponen a proyectos que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo sus propiedades individuales. ¨Hay una clara intención de perjudicar el accionar de los dirigentes imputándoles delitos y hechos sumamente falsos y enfrentar procesos que implican varias desventajas para los denunciados¨, indicó Mirtha Vásquez.

El caso de los 16 dirigentes ambientales de Celendín es una clara muestra de la asociación grandes empresas – gobierno que buscan criminalizar a dirigentes y personas que al ver que su vida, sus territorios y sus pertenencias en peligro cuestionan la viabilidad de determinados proyectos.

Las personas denunciadas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

¿Quién está detrás de este proceso?

Para los involucrados en este caso, es visible y claro que detrás de esta persecución estaría la misma Minera Yanacocha, prueba de ello es la presencia de uno de sus abogados, César Cumpa Flores que se presentó en una audiencia anterior como abogado de los gobernadores de Sorochuco y Celendín. César Cumpa Flores antes de pasar a trabajar a Yanacocha se desempeñaba como fiscal de la provincia de Celendín e investigaba las denuncias en contra de autoridades y dirigentes en el conflicto Conga formuladas por la minera Yanacocha.

A la derecha, Pedro Zamora Rojas, Gobernador de Celendín, en el centro, César Cumpa Flores, abogado de Minera Yanacocha y en la izquierda el actual coordinador de los fiscales de la provincia de Celendín, en estrechas coordinaciones. 


Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

– Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.

Servindi, 13 de octubre, 2015.- Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI.

La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.

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Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de Lima. Foto: Servindi

“Vengo de Tragadero Grande”

“Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra”, denunció Máxima ante el auditorio de unas 500 personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y medios de comunicación de diversos países.

“Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales para cometer estas violaciones”, señaló la defensora de las lagunas.

“En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados. Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en nuestras propias tierras”, concluyó Máxima.

En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte. En mayo, un grupo de trabajadores de la empresa minera derribó una construcción levantada por la campesina y su familia.

En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima.

Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

“Siguen engañando a nuestro país”

“Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida”, dijo Elmer con voz firme ante la asamblea.

“Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro país con que el proyecto está suspendido”, señaló el representante de Bambamarca.

“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más derramamiento de sangre ni más muertos”, concluyó Elmer.

En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó baleado.

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Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi

Respuestas oficiales

La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute (NRGI) y ex director del Banco Mundial.

El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de Máxima y Elmer:

“Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo”, señaló McGuire.

“En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen”.

Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y justificaciones ante los reclamos formulados.

“La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones”.

“Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de manera abierta y sin violencia”.

“Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros, pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los derechos humanos o pasan momentos difíciles”.

“El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que generamos nosotros”, concluyó el funcionario.

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Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi

Conga no va

Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.

Se entregaron copias del informe “Conga no va” publicado recientemente por un grupo de organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”, agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo técnico.

“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto Conga” concluye el informe.

A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer cumplir sus propias Normas de Desempeño.

La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la región Cajamarca.

La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica.


Informe Hidroeléctricas en el marañón

Wilder A. Sánchez Sánchez

Tengo el deber de compartir el Informe Técnico elaborado por el Ing. Guido Peralta Quiroz sobre las graves consecuencias o impactos potenciales de las megarrepresas “Río Grande I” y “Río Grande II” que la empresa brasileña Odebrecht se apresta a construir en el Río Marañón, y que forman parte de 22 megaproyectos hidroeléctricos impulsados por el Gobierno de Alan García y por el actual.

La megarrepresa Río Grande I estará ubicada aguas arriba de la confluencia de los ríos Púsac y Marañón. El dique o presa se construirá cerca al caserío de Huanabamba; tendrá una longitud de 720 m, ancho de 10 m y una altura de 150 m, con lo cual se formará un embalse de más de 2,820 hectáreas de extensión y que tendrá una longitud de 42.5 Km, desde el dique hasta la cola.

La megarrepresa Río Grande II estará ubicada aguas arriba del pueblo de Balsas; el dique o presa se construirá relativamente cerca al puente Chacanto que forma parte de la carretera Celendín – Chachapoyas; tendrá una longitud de 600 m y una altura de 60 m, a fin de formar un embalse de más de 470 hectáreas y que tendrá una longitud de 10.8 Km, desde el dique hasta la cola.

En su Informe, el Ing. Guido pronostica los impactos que se producirán en la fase de abandono de las referidas mega represas.  Esto, teniendo en cuenta que después de 35 o más años de funcionamiento las represas quedarán inservibles al quedar colmatadas de sedimentos, por lo que será necesario desmontar las respectivas centrales hidroeléctricas, cosa que el propio proyecto prevé.  Después de esto, los diques o presas todavía subsistirán durante otros años, pero al fin y al cabo sufrirán fallas y colapsarán; será entonces cuando se estaría produciendo un mega huayco de 400 millones de metros cúbicos, o sea, 80 veces mayor que el huayco que sepultó la ciudad de Yungay en el terremoto de 1970, y que arrasaría con varios centros poblados, carreteras, puentes, campos agrícolas, viviendas, etc., aguas debajo de los embalses, que causaría la muerte por ahogamiento de miles de personas, posiblemente.

Estas y otras graves consecuencias son las que prevé el Ing. Peralta Quiroz en su Informe Técnico, con el que lanza una alerta, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de exigir la derogatoria del Decreto Supremo que autorizó la construcción de mega represas y centrales hidroeléctricas en el Marañón y para que se apruebe una ley por la que se declare al río Marañón intangible a perpetuidad.

Cabe aclarar que los impactos potenciales pronosticados por el Ing. Peralta Quiroz únicamente se refieren a la etapa o fase de abandono de las mencionadas mega represas hidroeléctricas, mas no a los que se producirán en sus fases de construcción y operación.  En estas fases, por ejemplo, habrá gran destrucción de la biodiversidad, de ecosistemas únicos y la desaparición de especies endémicas, al quedar inundadas muchas tierras y zonas de vida ribereñas; asimismo, los embalses sepultarán importantes sitios arqueológicos y caminos pre-incas e incas que aún no han sido estudiados y puestos en valor.

Entérese de más detalles técnicos de las mega represas Río Grande I y II y de sus graves impactos en sus fases de abandono, leyendo el informe que se adjunta en formato pdf.

14.10.2015


Comunicado de prensa

Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).

Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto


Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

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Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302

Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com

Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.


La organización solicitó al Ministerio Público que realice una investigación inmediata respecto a la muerte de las personas que participaron de los enfrentamientos ocurridos contra el proyecto minero Las Bambas.

Amnistía Internacional solicitó al Ministerio Público que realice una investigación inmediata, exhaustiva e independiente respecto a la muerte de las personas que participaron de los enfrentamientos ocurridos este lunes en la provincia de Apurimac, contra el proyecto minero ‘Las Bambas’.

“Las muertes que hemos presenciado son inaceptables y esas responsabilidades deben ser asumidas. El precio de las protestas sociales no debe ser la muerte de ninguna persona”, afirmó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú.

A través de un comunicado de prensa, la organización advirtió que lamentablemente esta no es la primera vez que se registran casos de violencia en protestas sociales por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país.

En ese sentido, recordó que en los últimos cuatro años, se han registrado 40 personas fallecidas en circunstancias en que la Policía hizo uso excesivo de la fuerza y que la mayoría de estas muertes no fue investigada de manera apropiada.

Asimismo, advirtió que según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, la policía solo puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y ese uso debe ser proporcional a un propósito legítimo.

Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso, como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y el uso letal intencionado de armas de fuego sólo puede justificarse cuando sea absolutamente inevitable para proteger vidas”, agrega el comunicado.

Finalmente, Amnistía Internacional hizo un llamado a solucionar por la vía pacífica este conflicto, antes de que se arriesgue la integridad física de los habitantes de la zona.


El proyecto minero de Las Bambas se ha convertido en el centro de un grave conflicto social. En esta nota especial, LaRepublica.pe enumera los puntos más importantes para entender este tema.

Escribe:Jorge Cárdenas

La República

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en varias provincias de varias regiones de Apurímac y Cusco a raíz de las protestas en contra del proyecto minero Las Bambas, que ya han dejado un saldo de tres fallecidos y varios heridos. A continuación LaRepublica.pe explica las claves para entender este conflicto social.

1. Antecedentes

Corría el año 2004 cuando la empresa Xstrata Copper obtuvo la licencia para explorar Las Bambas. Este proceso concluyó en el 2008 luego de que la empresa perforara un total de 306 908 metros acumulados.
En el 2010 se realiza la primera audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurimac. Asimismo se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión estimada en 5 mil millones de dólares. Al año siguiente (2011) el Estado aprobó el EIA con lo que se inicia el proceso de construcción de la inversión planeada.
Si bien hasta entonces la relación de las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, el trato era predominantemente positivo. Pero todo cambió cuando en mayo del 2013 las empresas Glencore (australiana) y Xstrata (china) se fusionaron. Debido a las leyes antimonopolio de China, Xstrata se vio obligada a vender el proyecto de cobre.
Así, en abril del 2014, Las Bambas fue comprado por un consorcio conformado por las empresas MMG Limited (62,5 %), una subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). A diciembre de este año, el avance del proyecto se encontraba en el 80%, pero la situación dio un giro.

2. ¿Qué piden los opositores al proyecto?

Con la compra del megaproyecto minero también hubo modificaciones en este lo que provocó el rechazo de varias comunidades campesinas y organizaciones de las zonas de impacto en la región de Apurimac.
Entre estos cambios se encuentran: la no construcción del mineroducto (que pone en riesgo las zonas aledañas por el transporte del mineral); la construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba (que podría afectar al río Challhuahuacho) y la construcción de otra planta de filtros en el lugar.
Los manifestantes piden que estan plantas sean retiradas y que el proyecto sea puesto a consulta previa, aduciendo los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Por otra parte, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía de Transporte de Carga Pesada.

3. La respuesta del gobierno

Tras lamentar la violencia que se dio en las protestas, el presidente Ollanta Humala  decretó estado de emergencia en varios distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. Mientras que el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello Abarca, explicó que desde hace varios meses vienen pidiendo el diálogo con el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, minimizó la existencia de dicho frente en un programa de televisión.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que asegura que la empresa presentó en el 2013 un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) sobre “la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado” con el que se concluyó que no tendrá un impacto ambiental significativo en la zona.
Asimismo asegura que no se ejecutaron los talleres de participación ciudadana porque en el caso de los ITS, esta información solo se difunde a “las autoridades locales y provinciales correspondientes”.
El gobierno no puede alegar que no sabía de las preocupaciones de la población por los cambios en el proyecto porque el gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas, lo informó en su momento al Ministerio de Energía y Minas pero le respondieron que estas modificaciones “no eran sustanciales y estaban de acuerdo a ley”.

4. La importancia del proyecto Las Bambas

Con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales por 10.5 millones de toneladas métricas de cobre, Las Bambas es el proyecto minero más grande del país y cuenta con una inversión de 10 000 millones de dólares.
Para el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva la economía peruana depende, entre otros factores, de este tipo de proyectos comiencen a operar. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno.
Otros proyectos mineros importantes son el de Toromocho, con una inversión de US$3 500 millones; Constancia, con US$1 400 millones; y la ampliación de Cerro Verde por US$4 600 millones.

PRONUNCIAMIENTO

NI UNA MUERTE MÁS:

Un llamado a la calma y al diálogo en el caso de Las Bambas

Ante los lamentables sucesos ocurridos el día de ayer, 28 de septiembre, en la localidad de Chalhuahuacho, Apurímac, donde cuatro ciudadanos peruanos perdieron la vida, veintitrés personas resultaron heridas y varias decenas detenidas, en el enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional del Perú; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública y autoridades para expresar lo siguiente:

1.    Lamentamos profundamente la pérdida de cuatro vidas humanas en los hechos de violencia ocurridos el día de ayer, así como la situación de extrema gravedad de algunas de las personas heridas, incluyendo a los efectivos de la PNP. En este sentido, hacemos un llamado a la calma a la población de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, y exhortamos al Estado a evitar el uso de métodos represivos, que incluyen proyectiles de armas de fuego, para controlar los actos de protesta. Recordamos a ambas partes la necesidad de restablecer lo más pronto posible  los canales de diálogo y de erradicar el uso de la violencia en sus intervenciones.

2.    El paro iniciado el 25 de septiembre por pobladores de las provincias de la región Apurímac, Cotabambas y Grau, así como la provincia cusqueña de Chumbivilcas, tiene como una de sus principales causas la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado sin consulta previa con la población. La empresa habría cambiado la ubicación de las plantas de procesamiento y la modalidad del sistema de transporte de minerales, hechos que en opinión de las y los pobladores afectarían  sus recursos naturales.

3.    Exigimos la pronta y exhaustiva investigación de los hechos a fin de establecer las circunstancias en que se produjeron y quiénes son las instancias y personas responsables. Demandamos la necesidad que el Ministerio Público, en cumplimiento de su rol constitucional de conducir las investigaciones respectivas, esté presente en el lugar de los hechos. Insistimos en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática para evitar el estallido de los conflictos sociales.

4.    Asimismo hacemos de conocimiento que hace unas semanas se aprobó el Decreto Legislativo N° 1186, el mismo que regula el uso de la fuerza de parte de la PNP. Los principios previstos por esta norma no se han aplicado en Chalhuahuacho, y muy por el contrario, el uso desproporcionado de la fuerza por miembros de la PNP habría contribuido a un clima de mayor violencia.

5.    Advertimos que la restricción de los derechos fundamentales originados en la declaratoria de estado de emergencia, tiene que cumplir con los criterios de  razonabilidad y proporcionalidad. El estado de emergencia no justifica bajo ningún motivo la arbitrariedad de parte de las instituciones del Estado.

Finalmente, recordamos a la opinión pública que durante el actual gobierno se han producido 49 muertes por el uso indebido de la fuerza, en contextos de conflicto social. El estado debe promover una política responsable, de prevención y diálogo, que garantice los derechos de las partes así como la vida de las personas.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos


La República

Este martes el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano publicó un decreto supremo por el que se declara estado de emergencia en la región Apurímac, específicamente en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros; esto por las protestas desatadas en marco del proyecto minero Las Bambas. También estarán bajo la misma medida Chumbivilcas y Espinar de la región Cusco.

“Con la finalidad de lograr la estabilidad y gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales resguardando los puntos críticos vitales, como las vías de comunicación, carreteras y puentes existentes en la zona, para el normal desarrollo de las actividades de la población”, indica el documento.

Esta decisión llega luego de que tres pobladores perdieran la vida en medio de las protestas, que parten de la modificación del estudio de impacto ambiental, que descarta la construcción de un mineroducto, entre otras decisiones. Según los opositores a Las Bambas, estos cambios contaminarán el suelo y la cabecera de cuenca del río Challhuahuacho.

Según la cartera de Energía y Minas, estos cambios no son sustanciales y están de acuerdo a ley.

Dato

El estado de emergencia durará 30 días.