Tenemos una gran noticia: #Hijadelalaguna se estrenará en Cineplanet Real Plaza Cajamarca desde este jueves 27 de agosto.
Se proyectará en dos horarios diarios: 8:10 PM y 10:10 PM
Por lo menos una semana: ¡solo si se llena se queda más tiempo!


(Publicado el 17.108.2015 en el Facebook de la Municipalidad Distrital de Sorochuco)

ALCALDE DISTRITAL DE SOROCHUCO Y AUTORIDADES LLEGARON A LA LAGUNA EL PEROL PARA LA SIEMBRA DE TRUCHAS PERO FUERON IMPEDIDOS POR EL PROYECTO CONGA.
El alcalde de la Municipalidad Distrital Dr. Elmer Alaya Izquierdo junto a algunas autoridades del Distrito de Sorochuco, atendiendo al cronograma establecido de la siembra de alevines de truchas, llegaron a la Laguna el Perol de manera pacífica y respetuosa, con la finalidad de cumplir lo establecido; sin embargo en una de las garitas de control del proyecto CONGA ubicado en el Caserío de Agua Blanca, fueron impedidos de realizar dicha siembra, puesto que en el lugar se encontró a las fuerzas del orden acompañados por el Fiscal adjunto provincial de la fiscalía corporativa de la provincia de Celendín Dr. Hugo Neyser Cojal Bazán y representantes de de Minera Yanacocha, quienes manifestaron que no existe el permiso correspondiente por estar la Laguna el Perol ubicado dentro de una propiedad privada.
Frente a dicha actitud el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sorochuco sostuvo que se realizaran las acciones correspondientes con la finalidad de realizar en lo sucesivo el poblamiento de alevines de truchas en dicha Laguna, teniendo en consideración que la Laguna el Perol no es propiedad de minera Yanacocha pues constituye un bien público. Finalmente esta visita hacia la Laguna el Perol concluyó con la firma de un acta en presencia de todos los presentes, habiendo también pedido el alcalde Distrital de Sorochuco la verificación o constatación de dicha Laguna a donde llegó junto a las autoridades presentes.


por Nelly Luna Amancio

Publicado en: ojo-publico.com

La compañía brasileña, involucrada en un gigantesco caso de corrupción en Brasil, construirá una represa que inundará poblados de Amazonas y Cajamarca, una extensión equivalente a tres veces San Isidro, y desplazará a mil personas. Estudio de Impacto Ambiental presentado por su subsidiaria en Lima fue observado inicialmente por el Ministerio de Energía y Minas, pero luego fue aprobado a pesar de que no detallaba montos de inversión destinados a la reubicación de familias afectadas y a las evidencias de los impactos sobre la cuenca del Marañón y el Amazonas. Odebrecht tiene la concesión de otros proyectos hidroeléctricos en la zona.

El miedo tiene la forma de una gran inundación en la frontera de Cajamarca y Amazonas. No son las lluvias las que aterran a los ronderos y agricultores de la región nororiental del Perú, sino una gigantesca represa que sumergirá campos de cultivo, casas y escuelas de once poblados. En este remoto lugar de escarpados paisajes y montañas atravesadas por el caudaloso río Marañón, la compañía Odebrecht, involucrada en escandalosos actos de corrupción en Brasil, ha proyectado construir Chadin II, una megahidroeléctrica de 175 metros de altura que inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro. Mil personas tendrían que dejar sus hogares en nombre de la imparable demanda energética.

Chadin II es uno de los 20 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Marañón que en abril del 2011, apenas tres meses antes de que culminara su gobierno, el expresidente Alan García declaró de interés nacional a través de un decreto supremo. La norma se basaba en estudios técnicos de hacía más de 30 años y formaba parte de la entonces agenda gubernamental para priorizar la exportación de energía al Brasil. Sin embargo, fue en el gobierno de Ollanta Humala, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó a la compañía AC Energía –subsidiaria de Odebrecht creada en Lima en el 2012- la concesión definitiva y aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El embalse inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro.

En la cuenca del Marañón, además de Chadin II, Odebrecht tiene otros dos proyectos con estudios de impacto ambiental en marcha: Rio Grande I y II, con impactos ambientales y sociales irrreversibles, y cuyo embalse -de construirse- desplazaría a otras 3.000 personas.

Odebrecht es uno de los mayores y más polémicos proveedores del Estado: muchas de sus obras presentan cuestionados sobrecostos. Sus negocios en el Perú se remontan a 1979, pero es a partir de los 90 cuando sus inversiones se incrementan. Desde entonces, han realizado 65 proyectos: las centrales hidroeléctricas Charcani V (Arequipa), San Gabán (Puno) y Cañón del Pato (Ancash); el proyecto Chavimochic (La Libertad) y en los últimos años, el millonario y cuestionado proyecto de irrigación Olmos (Lambayeque) junto con el Metro de Lima. Además tiene en marcha la construcción del gasoducto surandino que recorre la amazonía de Cusco, atraviesa los Andes y llega a la costa del Perú; la extensión de la vía Costa Verde-Callao y otros tres proyectos de infraestructura portuaria.

Impactos. Hay 19 sitios arqueológicos que serán afectados. El EIA dice que serán protegidos, pero no hay presupuesto al respecto. FOTO: José Serra

LOS DESPLAZADOS

La megahidroeléctrica de la subsidiaria de Odebrecht afectará a la población de seis distritos (Chumuch, Cortegana, Celendín, Pisuquia, Ocumal y Cocabamba), ubicadas en tres provincias (Celendin, Luya y Chachapoyas) de dos regiones: Cajamarca y Amazonas. El punto débil de Chadin II -al margen de las protestas de las rondas campesinas y las agrupaciones locales de la zona- radica en su polémico Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el MEM en febrero del 2014.

En setiembre del 2013 el Ministerio de Energía y Minas realizó 161 observaciones al EIA de Chadin II, elaborado por la consultora AMEC Perú. El megaproyecto brasileño no detalla presupuesto para los impactos sociales, ni planes de prevención contra los impactos que el gran embalse tendría sobre el río y las comunidades indígenas amazónicas Awajún y Wampis, ubicadas aguas abajo y cuya dieta en proteínas depende en parte del río Marañón. Además, establecía solo un 0.25% de su inversión para planes ambientales cuando estándares internacionales, como los del Banco Mundial, recomiendan más del 3%.

Luego de analizar el EIA, José Serra, ingeniero eléctrico con experiencia en el desarrollo de centrales hidroeléctricas y en el impacto que estas generan, concluyó para OjoPúblico, que la empresa brasileña no contempló un presupuesto para la reubicación y adaptación de los desplazados con su nuevo entorno. Además, el presupuesto que Odebrecht previó para el manejo ambiental de Chadin II resulta también insuficiente. “Para este tema la empresa ha previsto 4,2 millones de dólares (0.25% de la inversión total), pero si hacemos un cálculo de acuerdo a la mejor práctica del Banco Mundial, la inversión socioambiental mínima que debería hacer es de 58 millones de dólares, es decir el 3,4% de la inversión total”, coincide el ingeniero.

Rechazo. El área de influencia directa de Chadin II alcanza a seis distritos de Amazonas y Cajamarca. Ronderos y organizaciones locales rechazan el proyecto y demandan diálogo.

IMPACTO SOBRE BIODIVERSIDAD

Si se inunda gran parte de la cuenca, los impactos sobre la biodiversidad que alberga serán devastadores pues se interrumpirán los sedimentos que el Marañón arrastra hacia el Amazonas. “No sabemos cuál será el impacto de Chadin II y Veracruz [otra hidroeléctrica, pero en manos de la peruana Compañía Energética Veracruz, que se construye aguas arriba] en la población indígena awajún. Tampoco conocemos su impacto en la Reserva Natural Pacaya Samiria, de muy alta biodiversidad y productividad ictiológica”. Nada de eso, según Serra, se menciona en el EIA de Chadin II.

Los proyectos Rio Grande I y II inundarían un área de 38 kilómetros cuadrados, mucho más que Chadin II

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, también cuestionó la construcción de hidroeléctricas con gigantescos embalses en la Amazonía. La impresión del exfuncionario del Estado y actual consultor en temas energéticos, es que con la desaceleración económica del Perú y la corrupción destapada en Brasil, la presión para seguir construyendo represas podría diluirse, aunque considera que insistir con la construcción de las 20 hidroeléctricas en el Marañón destruirá la cuenca, desplazará a cientos de familias y generará un nuevo conflicto para el país.

REPRESAS. Estas son las hidroeléctricas declaradas de interés nacional que se proponen contruir a lo largo del río Marañón. Gran parte de la cuenca quedaría inundada.. Fuente: International Rivers

Ver mapa interactivo. Pulse aquí

“Se han enviado cartas al gobierno, pero las quejas aún no son atendidas”, advierte Socorro Quiroz, integrante de la Asociación por Defensa de la Vida. Ella dijo que en las zonas afectadas viven más personas de las que identificó el Censo del 2007, fuente que cita y usa Odebrecht. También contó que en los últimos meses trabajadores de la empresa están ingresando a las comunidades sin autorización. “Tienen la concesión, pero no la licencia social. Aquí la mayoría no quiere la represa y menos de la mano con una empresa que tiene la reputación por los suelos. La gente aquí no quiere vender sus tierras ni ser reubicados porque su subsistencia depende de estos territorios”, dijo Quiroz.

Consultado sobre el tema, el representante de Odebrecht y gerente general de AC Energía, Erlon Arfelli, contó a OjoPúblico que según sus estudios no todas las 1.000 personas afectadas viven en las zonas que serían inundadas, “hay otras que tienen propiedades o posesiones pero no viven ahí, hay otras que trabajan, o alguna vez han trabajado en esa zona”. La reubicación contempla “distintas formas de compensación a los propietarios o posesionarios”, desde la compra de tierras, compra asistida o reasentamiento”, indicó el alto funcionario brasileño, quien aceptó que antes de iniciar la construcción de Chadin II se deberá llegar a acuerdos con la población local.

LOS OTROS PROYECTOS DE ODEBRECHT: RIO GRANDE I Y II

En Perú Odebrecht tiene cinco proyectos de hidroeléctricas en la cuenca amazónica, además de Chadin II: los proyectos Rio Grande I y II en el Marañón, Chaglla, en Huánuco (con su subsidiaria Empresa de Generación Huallaga y cuya obra es financiada por el BNDES- Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y tiene la concesión definitiva de Belo Horizonte (Compañía Energética del Centro que le compró a la minera Volcan en junio del año pasado).

Rio Grande I y II, también se desarrollan en el Marañón, pero están en una etapa distinta: tienen estudios de impacto ambiental en marcha, aunque desde ya se estiman consecuencias sociales irreversibles debido a que el embalse inundaría un área de 38 kilómetros cuadrados (superior a Chadin II) y desplazaría a 3.000 personas de la zona.

Sin paisajes. La hidroeléctrica embalsará las aguas del río Marañón y construirá una presa de 175 metros de altura. Foto: Rocky Contos

Un informe de la ONG International Rivers determinó el año pasado que si se construyeran las 20 represas promovidas por el expresidente García en el 2011 los embalses inundarían el 80% del río Marañón. Un reporte del Congreso del 2011estableció que las tierras que ocupan las comunidades nativas y campesinas en dicha cuenca representan el 27% de la superficie del área de influencia. El ingeniero José Serra reconoce la capacidad hidroeléctrica del Perú, pero sostiene que estas “no deben desarrollarse en zonas ubicadas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, nada en la selva baja”, para evitar daños ambientales severos.

El representante de Odebrecht declaró que dentro de unos 60 meses iniciarían la construcción de la hidroeléctrica. Una vez que “se terminen los estudios de ingeniería y se haga el cierre financiero del proyecto”, dijo. La tensión en el Marañón -río bautizado como “La Serpiente de Oro” por el escritor Ciro Alegría- es permanente. En los últimos meses alrededor de 20 ronderos han sido denunciados por secuestro luego de que detuvieran a trabajadores de Odebrecht en la zona. Los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo reconocen un conflicto por Chadin, pero advierten la ausencia de diálogo.


Por: Milton Sánchez

Pobladores de 11 comunidades de los Centros Poblados de Huacatáz y del Centro Poblado de Otuzco, en la provincia de Cajamarca, usuarios de los canales de riego Tres Tingos, Muyoc, Huacatáz, Chicospata, entre otros, marcharon por las principales calles de la ciudad en protesta contra la Minera Yanacocha, quién producto de sus operaciones extractivas en las cabeceras de cuenca ha ocasionado la disminución y contaminación de las fuentes de agua, denunciaron los indignados agricultores.

Los pobladores indican que los problemas empezaron a evidenciarse hace 20 años, cuando minera Yanacocha inicia sus operaciones en Cajamarca, intensificándose luego de 10 años de operaciones. Indicaron también que las comunidades reciben agua tratada, no apta para el consumo humano y con metales pesados. También denunciaron que a partir de la presencia de la actividad minera, la población tiene problemas de salud, enfermedades al estómago y de dolores de garganta.

Mientras elaborados spots radiales emitidos en diversas radios locales pregonan que en Cajamarca la población cuenta con 30 % más de agua que antes, gracias a Yanacocha; el director de asuntos externos de la cuestionada minera, Raúl Farfán, en declaraciones a la prensa, manifestó que estas acusaciones que les imputan a su representada, no son ciertas y que por el contrario, son los directivos de los canales de riego de Tres Tingos, La Quinua y Totoras,  quienes amenazan a los usuarios con cobrarles multas si no se movilizan. También argumentó que son intereses económicos y políticos los que buscan perjudicar a Yanacocha.

Sin embargo ya son varias las oportunidades que la población viene movilizándose para denunciar la contaminación y desaparición de sus fuentes de agua. El 11 de junio de este año, pobladores de La Ramada, Manzanas Alto y Plan Manzanas, se movilizaron también ante el ALA Cajamarca, para denunciar que la minera Yanacocha ha quitado el agua a más de 400 familias.

En el mes de mayo, pobladores de Quishuar – Aliso Colorado ingresaron a la zona del tajo La Quinua Sur de Minera Yanacocha, para expresar su indignación, pues los manantiales que dotaban de agua a la quebrada Encajón se habían seco, debido a las actividades mineras. Asimismo, exigieron el cumplimiento de compromisos previamente asumidos por la empresa, como la construcción e implementación de una planta procesadora de productos lácteos en el caserío Aliso Colorado y la ampliación de la electrificación de  Quishuar Corral. (Ver aquí)

La minera Yanacocha, en esa oportunidad, al igual que el día de hoy, emitió un comunicado oficial asegurando que no ha afectado el agua de las comunidades y que todo se encuentra en regla.

En el mes de marzo de este año, pobladores del caserío San José denunciaron la muerte de sus animales, quienes indicaron que desde marzo del 2014 que detectaron la contaminación de sus aguas, habían advertido la muerte de más de veinte vacunos en su comunidad. (Ver aquí)

En el mes de febrero de este año, se dio a conocer un Informe de la OEFA remitido a Yanacocha el día 18 de diciembre de 2014, documento que había permanecido oculto y no fue de conocimiento público. El informe demuestra que, el depósito de desmonte San José – Parte Sur, perteneciente a la Unidad Minera Chaupiloma Sur de Minera Yanacocha, vierte drenaje de aguas ácidas que exceden en 200% los límites máximos permisibles, el cual discurre por la quebrada Quishuar – San José, cuyas aguas son captadas por el canal San José, Río Grande. (Ver aquí)

Los problemas que afronta la minera no solo es por los escases y contaminación del agua, sino también por los incumplimientos de promesas realizadas a las comunidades. El 16 de junio pasado, ex propietarios de zona de influencia directa de la minera Yanacocha realizaron un paro, pues la minera no cumplió con otorgar trabajo a las empresas comunales, los pobladores se quejaron que “Yanacocha nos buscaba en nuestra casa para vender nuestros terrenos y para la viabilidad social, ahora nos corre con la policía”. (ver aquí)

También en junio del año pasado un informe publicado por un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona (España) y la Universidad Nacional de Cajamarca, liderados por la Dra. Marta Barenys, revelaron que los niveles de cadmio, arsénico y plomo que ingerían en su dieta diaria los pobladores ubicados entre la mina y la ciudad de Cajamarca, excedían los límites establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los resultados fueron publicados en Food and Chemical Toxicology.(Ver aquí)

Productos más consumidos en las comunidades cercanas a la mina respecto a los datos del INEI.

Productos más consumidos en las comunidades cercanas a la mina comparados con los datos del INEI.

Sin embargo la empresa minera, también negó estos hechos, tal como lo hiciera cuando trataba de deslindar su responsabilidad por el derrame de mercurio ocurrido en la comunidad de Choropampa, el cual afectó a más de 1200 personas. Lo que si es cierto, es que al momento no hay ningún gerente, funcionario, o accionista de minera Yanacocha denunciado o procesado por los daños ambientales y daños a la salud pública ocasionado a los cajamarquinos. Por el contrario abundan las denuncias y procesos judiciales en contra de los que se atreven a oponerse a los abusos de la poderosa Yanacocha.

A esta misma empresa el gobierno pretende premiar con la explotación por 20 años más las lagunas de Conga y pretende hacer creer que el estado  con rigurosas fiscalizaciones garantizará la cantidad y calidad de agua para las comunidades afectadas.


Por: JORGE PAUCAR ALBINO

¿Se picó feo? El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sugirió que Convoca.pe, medio de investigación que trata temas ambientales, busca la desaparición del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El martes 4 de agosto, en declaraciones a Radio Exitosa, Pulgar-Vidal dijo que la periodista Milagros Salazar “parece que le tiene una ojeriza al OEFA“.

Al parecer, al ministro no le gustaron las últimas investigaciones de Convoca.pe. Sus últimas publicaciones son “Los S/. 30 millones que no cobró el Gobierno en multas mineras“, “Las huellas del petróleo que intentaron esconder“, “Estrategia corporativa: Cómo la minera más sancionada del Perú logró que OEFA archive una multa en medio de conflictos de interés” y “La tarifa plana de la gran minería“. Todos estos posts cuestionan con datos la fiscalización ambiental en un país extractivista como el nuestro.

¿Cuál es el problema? Pulgar-Vidal cree que es algo personal o que Convoca.pe quiere desaparecer al OEFA. Salazar ha respondido a través de un post en la web del medio, el cual compartimos a continuación:

DE LA “OJERIZA” AL ACOSO

Ministro del Ambiente sugirió que Convoca busca la “desaparición de OEFA”, aquí nuestra respuesta

Por Milagros Salazar

Ayer martes 4 de agosto en la mañana, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal dio una entrevista al programa de Juan Carlos Tafur en Radio Exitosa. Y no solo habló de selfies, también se refirió a los reportajes de Convoca y a mi trabajo. Me recordó como “esta joven Milagros Salazar” que le “intentó atribuir” enIDL-Reporteros que “tenía alguna vinculación con Yanacocha” y que ahora “parece que le tiene una ojeriza a OEFA”, y peor aún, que Convoca “pareciera estar buscando (…) la desaparición” de este organismo regulador. ¿Conspiración?, ¿odio?, ¿mala fe?, ¿obsesión? Al ministro solo le faltó decir que se siente acosado por mí.

No ministro, no es nada personal. Mi trabajo periodístico consiste en investigar hechos de interés público y usted encabeza un sector que vengo cubriendo desde sus inicios porque desde hace diez años investigo el comportamiento de las industrias extractivas que ejercen una gran influencia económica y política en el país. Haga memoria cuando lo entrevistaba como experto de la sociedad civil, recuerde que lo llamaba para pedirle su opinión sobre estos temas y las responsabilidades de las autoridades de esos días. Recuerde. Y entenderá, que ahora que es ministro del Ambiente su trabajo y el de las instituciones que están a su cargo, deben ser vigilados con la misma rigurosidad y determinación. El trabajo de un periodista no cambia según el ministro de turno. Por eso vea aquí mi respuesta:

En enero de 2012, colaboré con IDL-Reporteros en una nota en la que dimos cuenta que Manuel Pulgar-Vidal recibió una oferta laboral de Yanacocha poco tiempo antes de ser ministro del Ambiente para ocupar una gerencia importante en esta minera, precisamente cuando el conflicto minero Conga estaba en una etapa crítica y ponía contra las cuerdas a la compañía. En el informe también dijimos que no se firmó el contrato pero sí hubo una negociación durante cuatro meses como lo aceptó el propio ministro en una entrevista con IDL-R. ¿Debía conocerse o no este hecho que tenía como protagonistas a la minera del caso Conga y al ministro que debía poner paños fríos en este conflicto en representación del Estado? En IDL-R concluimos que sí. Hubo críticas en las redes sociales de un sector que defendió al ministro y también el respaldo de un grupo de ciudadanos que agradeció la difusión del informe. En cualquier caso, ¿fue mentira lo que se publicó? No. Fue totalmente cierto.

Sobre mi trabajo en Convoca el ministro Pulgar-Vidal asegura que he publicado “cuatro reportes llenos de falsedades” sobre la fiscalización ambiental en el país y que el último informe “Los S/ 30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras” de Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro sobre los efectos de la ley 30230, “es totalmente falso” y no tiene “ninguna base metodológica”.

Antes de las declaraciones del ministro Pulgar-Vidal, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no había desmentido ninguno de los reportajes de Convoca en sus comunicados ni lanzado calificativos. OEFA a lo mucho había llegado a hablar tímidamente de “precisiones” y optado por el silencio ante la réplica de Convoca que casi siempre venía cargada de nueva información. Pero ahora que el ministro del Ambiente tuvo el micrófono abierto en Radio Exitosa, OEFA publicó a las pocas horas un comunicado en la misma línea de Pulgar-Vidal bajo el título: “El Sector Ambiente responde en relación a inexactitudes de las notas periodísticas publicadas por Convoca” resaltando cinco puntos en los que sostiene que “la información errada” del medio digital que dirijo “es una práctica frecuente” y que hay un “sesgo contra el OEFA”.

Horas más tarde, el ministerio del Ambiente publicó el mismo comunicado en su página web. Interesante el manejo mediático del ministro Pulgar-Vidal: en la mañana sale en un radio a desmentirnos, después los funcionarios que tiene a su cargo publican el comunicado (y el propio presidente de OEFA, Hugo Gómez, se suma a la “ola” compartiéndolo en Facebook) y casi al final de la tarde se reproduce el texto en la website del Minam. Un ‘tuit’ de OEFA aquí, un ‘retuit’ del Minam allá. Todo un aparato estatal moviéndose para ocultar lo que es imposible de ocultar, ministro.

Convoca empezó a publicar desde marzo de este año la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre la fiscalización ambiental a las industrias extractivas en el Perú como resultado de un trabajo que venimos realizando desde hace un año. ¿Por qué? ¿Porque odiamos a OEFA y al ministro Pulgar-Vidal? Ensayar una respuesta de ese tipo es no tener la menor idea del trabajo que hacemos los periodistas de investigación, y que puedo resumir en lo siguiente:revelar hechos de interés público a partir del esfuerzo propio. Cualquier persona que tenga una noción básica de lo que sucede en el país, conoce que las ganancias millonarias, los principales ingresos por exportaciones y también el mayor número de conflictos sociales se generan alrededor de las industrias extractivas, y que por lo tanto, lo que sucede con estas actividades económicas tiene gran relevancia pública.

Solo doce empresas de la gran minería han generado cerca de 57 mil millones de dólares de utilidades netas entre 2008 y 2014 por extraer lo minerales del territorio peruano, lo que superó en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos en 2015. Y pese a ello, el Estado aún adolece de una fiscalización ambiental efectiva de este sector. La minería ilegal genera condenables y graves daños en suelos, ríos y bosques en un mundo de informalidad de pequeña y mediana escala, pero al mismo tiempo un grupo de empresas de la gran minería a las que supervisa OEFA lo hace valiéndose de las propias normas, de abogados y técnicos que van y vienen entre el sector público y privado (Ver Revelaciones a Tajo Abierto).

Debido a la polarización que genera el tema, decidimos hacer un esfuerzo investigativo: no solo entrevistar a los protagonistas de los hechos y acceder a documentos, sino construir una base de datos inédita a partir de información oficial y propia que nos permita conocer a profundidad y de manera sistémica el comportamiento ambiental de las industrias extractivas y cómo se desempeñan las autoridades responsables. No hemos recurrido a una sola fuente y tampoco lo hemos hecho en tiempo récord, optamos por el trabajo de largo aliento para confrontar todas las versiones y ser sólidos en nuestros hallazgos. Los “reportes llenos de falsedades” como asegura Pulgar-Vidal, se hicieron a partir de 120 solicitudes de información al Estado, más de 60 entrevistas, la revisión de más de 4 mil documentos de 40 mil páginas y la revisión de decenas de expedientes. En forma adicional, hemos construido con la ayuda de desarrolladores un mapa interactivo con los procesos sancionadores iniciados por OEFA para que los ciudadanos conozcan lo que pasa en sus territorios y puedan ejercer la vigilancia pública. Hemos hecho lo que debió hacer el Estado.

En todos los reportajes se incluye la versión de OEFA, incluso hemos postergado la publicación de nuestros informes hasta recibir la respuesta de este organismo estatal y cuando ha sido necesario, hemos buscado la versión del propio ministro del Ambiente (Ver El Círculo Minero de la Infracción). Pero Pulgar-Vidal asegura que buscamos otra cosa: “la desaparición de OEFA”. ¿Desaparición?, ¿así como sucedió con los papeles que se esfumaron de uno de los expedientes de Volcan, la empresa más infractora, y que permitió liberar a esta empresa de una multa millonaria por decisión del tribunal de OEFA? (Ver Estrategia corporativa) El ministro no recuerda eso y tampoco el reportaje que publicó Convoca para informar quiénes eran las empresas infractoras que demandaron a OEFA y al Minam para no pagar el Aporte por Regulación. Prefiere descalificar, ocultar y escudarse en una estrategia mediática.

Imagino que debió ser difícil para Pulgar-Vidal despertar el último domingo 2 de agosto con una portada y un reportaje de dos páginas en La República en el que se reproducía la investigación de Convoca sobre cómo se premió el incumplimiento ambiental de las empresas mineras con la ley 30230. Esta norma impulsada por el Ejecutivo, terminó siendo avalada por el ministro del Ambiente como parte de la “simplificación de procedimientos” para promover las inversiones. Y a un año de la aplicación de la norma, Convoca logró demostrar las consecuencias de esta decisión que se resume en lo siguiente: “el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares”.

El período del análisis oscila entre julio de 2014 y marzo de 2015 y significó la revisión de todas las resoluciones de sanción aprobadas bajo la ley 30230. Solo se incluyeron las multas firmes que los propios técnicos de OEFA consideraron como rangos mínimos y máximos en estas resoluciones basándose en la escala de multas y sanciones que rigen en el sector. Si a Pulgar-Vidal le incomoda que se haya titulado el reportaje tomando en cuenta el rango máximo que aparecen en los documentos oficiales, entonces puede elegir un titular con el monto mínimo que también señala la investigación: más de 20 millones de soles en multas congeladas y reducidas a favor de empresas mineras infractoras. ¿O acaso es posible multar a las empresas por debajo del monto mínimo?, ¿o los funcionarios de OEFA consignaron “falsedades” e “inexactitudes” en las resoluciones de sanción? Es OEFA versus OEFA.

Toda esta información aparece en el reportaje, pero ya que para el ministro lo publicado no fue suficiente, aquí explicamos el paso a paso del método para que, ojalá esta vez, lo entienda.

En su comunicado, el sector ambiente omite esta explicación y otros puntos centrales: que la versión de OEFA sobre las medidas correctivas que reemplazaron a las multas fue incluida en el reportaje, que un grupo de mineras también ha apelado estas medidas porque no quieren cumplir aunque les hayan suspendido las multas, que hasta marzo no se registró ninguna multa efectiva por reincidencia, que hasta el cierre del reportaje OEFA no impuso ninguna medida coercitiva, que varias de las multas congeladas y reducidas correspondían a infracciones muy graves cometidas hasta cuatro años atrás y que en esos términos no existe “corrección oportuna de la infracción” como señala el comunicado. Y no solo eso, la ley ha beneficiado con la reducción de una multa por más de un millón y medio de dólares a Doe Run, una empresa conocida por incumplir sus obligaciones ambientales y que incluso ha demandado al Estado peruano por 800 millones de dólares en un arbitraje internacional.

El sector Ambiente también intenta descalificar otra investigación de Convoca ahora que el ministro decidió salir al frente: “Las huellas del petróleo que intentaron esconder”, la cual reveló cómo las autoridades de tres gobiernos permitieron la prescripción de más de mil informes de supervisión ambiental en el sector hidrocarburos y electricidad benefiando a un grupo de empresas. En el comunicado señala que el 98% de los casos prescribieron bajo la responsabilidad de Osinergmin, como si Convoca hubiese dicho lo contario. Nada más falso. ¿Dónde está la mentira?, ¿qué es lo tendencioso?, ¿quizás no debimos decir que también prescribieron informes en los tiempos de OEFA?, ¿debimos ocultar que hubo más de treinta casos que este organismo regulador tuvo la obligación de evaluar y no lo hizo?, ¿quién manipula la información?, ¿quién debe explicaciones a los ciudadanos?

Desde hace varios meses, Convoca ha solicitado, de manera reiterada, entrevistas con el presidente de OEFA, Hugo Gómez. Ayer, también pedimos conversar con el ministro Pulgar-Vidal luego de escuchar sus declaraciones. Pero ninguno de los dos funcionarios ha accedido a responder sobre lo que no dicen sus comunicados y, por lo tanto, lo que aún no terminan de explicar al país. Vea usted ministro, no se trata de “ojeriza” ni de acoso. A estas alturas, usted debería reconocer que mi trabajo consiste en revelar hechos de interés público aunque, desde el puesto que ahora le toca desempeñar, le incomode.

(Foto de portada: El Heraldo / Marcos Rojas)


Por: Wilfredo Cholán
Noticias Ser
El 60% cree que el proyecto Conga se concretará pese a protestas antimineras

El ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, emitió el Auto Directoral N°46-2015-MEM/DGAAM, a través del cual concede el recurso de revisión a la resolución que aprobaba la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga. Tal decisión es una respuesta a una iniciativa del gobierno regional de Cajamarca, cuyos representantes solicitaron tal recurso de revisión a la Resolución Directoral 228-2015-MEM, del 29 de mayo de 2015, que aprobaba la segunda modificación del EIA.

Sergio Sánchez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en diálogo con Noticias SER, comentó que el equipo técnico de RENAMA había notado que en el EIA de Conga había observaciones que no habían sido levantadas, pese a que la gerencia, en reiteradas ocasiones, había pedido las respectivas subsanaciones. Ahora, la impugnación deberá hacerse ante el Consejo de Minería. “Vamos por el lado de sustentar técnica y legalmente que el EIA del proyecto Conga presenta muchas deficiencias. Es una forma de buscar su nulidad”, expresó.

Por su parte, Nevenka Caicedo, asesora legal de RENAMA, explicó que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros ha concedido el recurso de revisión para que se deje sin efecto la resolución que aprueba la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga, y que ahora se está en el proceso administrativo, el mismo que reclama la sustentación, ante el Consejo de Minería, de los argumentos de su recurso: “Hemos presentado un cuadro demostrativo y estamos cuestionando, en la vía administrativa, el EIA. Si la respuesta del Consejo de Minería es desfavorable, evaluaremos, como gobierno regional, la posibilidad, pertinencia y necesidad de llevar a la vía judicial esa resolución. Es decir, si esa resolución fuera a una etapa judicial, nosotros podríamos solicitar una medida cautelar para que en tanto no se pueda ejecutar el proyecto”, argumentó.

Por otro lado, la funcionaria indicó que es importante rescatar el tema, ya que es la primera vez que se concede un recurso de esta naturaleza al gobierno regional, y que, por lo general, se había llegado hasta la etapa en la que sale la resolución que aprueba el EIA y con ello finaliza el proceso: “Es la primera vez que se impugna a nivel administrativo una resolución de esta naturaleza, y eso es gracias a que el equipo técnico ha identificado las debilidades continuas y permanentes del EIA de Conga. Estamos a disposición, listos para asistir, en cuanto nos oficien para presentarnos” refirió.

Publicado: 30/07/2015


Complejo Metalúrgico de La Oroya. Foto: Virgilio Grajeda – La República.

Publicado en: convoca.pe

Ha transcurrido un año desde que se empezó a implementar en Perú la ley N°30230 que exoneró a las empresas mineras, en la mayoría de los casos, y en otros, a reducir las multas impuestas por infringir normas ambientales en sus procesos de extracción de minerales del territorio del país. Para promover y agilizar la inversión del sector, el Ejecutivo impulsó esta norma, bautizada por sus detractores como ‘paquetazo ambiental’, y aprobada luego que se incrementaron las multas por graves infracciones ambientales. Después de revelar cuáles son las empresas de la gran minería que incumplen sus obligaciones ambientales de manera reiterada y cómo tres gobiernos beneficiaron durante cerca de una década a la mayoría de estas empresas con una tarifa plana de las multas, esta vez Convoca demuestra que en el último año, el gobierno de Ollanta Humala fijó una especie de amnistía ambiental con la ley 30230: dejó de cobrar hasta 30.9 millones de soles (11 millones de dólares) en multas por infracciones ambientales ratificadas por el tribunal y consentidas por las propias empresas. Conoce a las compañías y a los funcionarios que protagonizan esta nueva entrega de la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre quién es quién en las industrias extractivas.

Por Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro*

Jueves, 3 de julio de 2014. A pocas horas de que el Congreso de la República aprobara la ley 30230, el presidente Ollanta Humala defendía, entre eufemismos y titubeos, esta norma que redujo y suspendió el cobro de las multas de las industrias extractivas: “Hemos respetado las multas que puede asignar la OEFA [sic]. Lo que estamos haciendo es darle gradualidad, de tal manera que puedan ser realistas”, respondió incómodo a la prensa en un enlace en vivo desde Palacio de Gobierno.

Lo que él llamo “gradualidad” a cambio de prometer que las  inversiones de las empresas favorecidas incrementen entre 1 a 1.5 puntos porcentuales el PBI, en la práctica significaba una amnistía durante tres años a un grupo de empresas que incumplieron sus obligaciones ambientales y que, en varios casos, han interpuesto reiteradas medidas legales en el Poder Judicial para evitar que el Estado cobre las multas impuestas (Ver El Círculo Minero de la Infracción).

A un año de la aplicación de esta norma presentada al Congreso por el Ministerio de Economía y Finanzas, Convoca revela los hallazgos de la construcción de un registro de más de cien procesos sancionadores para determinar qué empresas mineras se beneficiaron con la suspensión del cobro de las multas, entre julio de 2014 y marzo de 2015. El análisis se realizó a partir de las resoluciones de sanción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Amnistía minera

El 80% de los procesos correspondieron a infracciones detectadas entre 2010 y 2011, es decir hasta cuatro años antes de que se aplicara la ley 30230, que terminó suspendiendo la multa a pesar que en varios casos se trataron de infracciones graves y muy graves. Con la norma, OEFA reemplazó la sanción económica por medidas correctivas de faltas ya consumadas.

La ley permitió que los procesos evaluados en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI), la primera instancia de OEFA, no terminen en multas para las empresas durante los siguientes tres años y que a cambio se establezcan estas medidas correctivas. En el caso de los procesos que estaban en manos del Tribunal, la segunda instancia, las multas disminuyeron en 50%. La ley 30230, que empezó a aplicarse en la quincena de julio de 2014, suspendió el incremento de multas escalonadas que OEFA iba empezar a aplicar desde inicios de ese año (Ver La tarifa plan de la gran minería).

Debido a que la polémica norma fue impulsada desde Palacio de Gobierno y el MEF, OEFA defendió la medida públicamente a través de su presidente Hugo Gómez. Y este es el resultado: el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares.

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De acuerdo con el análisis, en la primera instancia se dejó de cobrar entre 4.4 y 8.1 millones de dólares en 57 procesos seguidos a 40 mineras mientras que en el tribunal la reducción del 50% de las multas representó 2.7 millones de dólares a favor de 15 empresas. Si se hace una única lista de empresas, sin contar dos veces a aquellas que se beneficiaron en ambas instancias, en total son 49 mineras favorecidas.

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De las resoluciones registradas en el tribunal, 38 incluyeron sanciones económicas en las que sí se pudo exigir el cobro total porque eran multas fijas excluidas de la reducción de la ley 30230. Este es el caso de la falta más recurrente por exceso de límites máximos permisibles de efluentes mineros arrojados a ríos, lagunas y suelos. A pesar de ello, en 2014 cuando ya empezó a aplicarse la norma, OEFA solo pudo establecer el cobro de 4.4 millones de dólares, lo que representa apenas el 21% de las multas firmes de OEFA en 2013.

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¿Esto tiene algún impacto en la fiscalización ambiental? En OEFA explicaron que el presupuesto de las multas se recauda de manera directa vía el Banco de la Nación, precisamente para actividades de supervisión y fiscalización. El Aporte por Regulación se suponía que iba a significar mayor recaudación para este propósito, pero varias empresas sancionadas han denunciado este pago ante el Poder Judicial e Indecopi (Ver Quiénes están detrás de la demanda contra el aporte ambiental).

El ranking

El 65% de lo que dejó de fijar en multas el tribunal, corresponde a la multa reducida a una de las empresas más infractoras: Doe Run Perú, la filial nacional fundada por el multimillonario estadounidense Ira Rennert.


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Esta compañía que operaba en La Oroya (Junín) está enfrentada al Estado desde hace seis años por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales y actualmente se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración de Profit Consultoría. Aunque su situación es incierta en Perú, en setiembre de 2014 se benefició con la reducción de una multa que pasó de tres millones 500 mil dólares (2636 UIT) a más de un millón 700 mil dólares por infracciones cometidas en 2010.

Según la resolución del tribunal N°009-2014-OEFA, la empresa no cumplió, dentro de los seis meses exigidos, con presentar “las garantías a favor del Ministerio de Energías y Minas que cubran el 100% del costo del proyecto” de la planta de ácido sulfúrico y la modificación del circuito de procesamiento de cobre del Complejo Metalúrgico La Oroya, que eran indispensables para reducir las emisiones contaminantes de la chimenea principal de la planta. Convoca insistió en obtener la versión de la empresa en las oficinas que aún tiene en Lima y en La Oroya, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Resolución del Tribunal Nº 009-2014-OEFA que redujo la sanción de Doe Run

Doe Run no es la excepción. Lo controversial es que las empresas más sancionadas y reincidentes como Volcan, Buenaventura y Santa Luisa, se han beneficiado con multas congeladas por reiteradas faltas ambientales.

La minera Ares no solo se ubica como la segunda empresa más sancionada por OEFA desde que asumió su función fiscalizadora a mediados de 2010. La compañía, que pertenece al Grupo Hochschild, es la minera con mayor número de procesos sancionadores con multas firmes suspendidas: seis. Las sanciones económicas llegan hasta 801 mil dólares.

La principal extractora de oro de Sudamérica, Yanacocha, es otra beneficiada por la ley 30230. A marzo de 2015, registraba cinco procesos, de los cuales tres fueron exonerados de multas por infracciones detectadas en el campamento Chaupiloma Sur en Cajamarca, a una hora de la ciudad capital de la región.

En noviembre de 2014, dos meses después de aprobarse todas resoluciones de sanción en Chaupiloma Sur y luego de las denuncias de la población del caserío San José, OEFA detectó en el mismo campamento minero que “existían filtraciones que eran descargadas directamente al suelo natural” con niveles de acidez que superaban el parámetro permitido en 200%. La Dirección de Fiscalización del organismo regulador ordenó que la empresa informe sobre la remediación de las zonas impactadas, lo que debía incluir “indefectiblemente” el monitoreo de suelos y de agua de la quebrada Quishuar San José y el río Grande.

Debido a la ley 30230, no se multó a la minera y a cambio se le pidió que demuestre la subsanación de las faltas detectadas a pesar que superar el impacto por aguas ácidas puede tomar años, según los ingenieros ambientales consultados. En una respuesta enviada por correo electrónico a Convoca, Yanacocha aseguró que implementó “las acciones correctivas puntuales (…) dentro de los plazos de ley”.

Resolución de sanción de OEFA  535-2014 que reemplazó multas por medidas correctivas a favor de Yanacocha

Apelaciones

Diversas organizaciones de la sociedad civil junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentaron una demanda de inconstitucional contra la ley 30230 en abril último. Sin embargo, OEFA reivindica el espíritu preventivo de las medidas correctivas establecidas en la norma y asegura que si una empresa incumple estas recomendaciones, se le aplicará una multa coercitiva y además la multa original. Pero aún no ha impuesto ninguna de estas sanciones económicas porque, según explicó en una respuesta enviada a Convoca vía correo electrónico en junio, “los plazos para las medidas correctivas no han vencido, las medidas correctivas han sido impugnadas o se encuentran en evaluación a partir de la documentación presentada por la empresa”.

Pero el cambio de multas por medidas correctivas tampoco ha dejado conforme a todas las empresas. De 97 resoluciones de sanción en primera instancia a marzo de 2015, 31 fueron apeladas por las compañías al no estar de acuerdo con las medidas. Al 21 de julio, siete cumplieron con las recomendaciones, entre ellas la minera Ares y Río Tinto, informó OEFA.

Para los casos de reincidencia, la norma no suspendió el cobro pero sí redujo el periodo en el que debía considerarse la repetición de las faltas: de cuatro años pasó a apenas seis meses.  Hasta marzo no se registró ningún caso de multa efectiva por reincidencia.

Operaciones de la minera Morococha . Foto: David Huananí . Diario La República.

Solo en una resolución de sanción de la minera Morococha, que opera en Junín, OEFA declaró la reincidencia, decidió que vaya al Registro de Infractores Ambientales, pero cambió la multa por una medida correctiva. En la Dirección de Fiscalización explicaron que hoy solo aplica la reincidencia si las dos infracciones tienen una resolución firme después de entrar en vigencia la ley 30230. Si una de ellas es firmada antes de la polémica norma, se aplica el borrón y cuenta nueva o lo que el presidente Ollanta Humala prefirió llamar “la gradualidad” de las multas cuando decidió impulsar esta controversial norma.

Conoce la metodología para el cálculo de los montos publicados en el reportaje:

Actualización (05/08/15): Lea la respuesta de nuestra directora Milagros Salazar frente a las críticas del ministro del Ambiente Manuel Pulgar – Vidal a nuestra investigación —> http://goo.gl/3QSF8E

*Con la colaboración de Milagros Salazar en el desarrollo de la metodología para el análisis y verificación de los datos.

Este reportaje también fue publicado en dos páginas en el diario La República y destacado en su portada de domingo 02 de agosto.


Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación ~ Miércoles, 22 Jul 2015

www.ojo-publico.com

En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derechono estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Áncash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Conoce aquí qué comunidades forman parte de la base de datos preliminar de pueblos indígenas

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El Ministerio de Energía y Minas contrató a consultores privados para identificar cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real.

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

EN LOS ANDES. El 63% de las comunidades identificadas como indígenas son quechuas del norte y sur del Perú.Crédito: Miguel Mejía.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

 Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.


 Por: Rocío Silva
04.08.15
El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de Lámaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.
El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?
Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.
Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.
Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!
Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.


¿Recuerdan al cardenal Juan Luis Cipriani criticar a los opositores a proyectos mineros? Ahora lo entendemos un poco más: no era solo una cuestión ideológica, sino también de intereses económicos.

JORGE PAUCAR ALBINO / La mula.pe

Ambos conforman los poderes de facto. Empresariado e Iglesia van de la mano. Casi siempre. Eso no debería ser novedad. Hemos visto al cardenal Juan Luis Cipriani emitir discursos políticos en su programa radial en RPP “Diálogos de fe“, que de diálogos no tienen nada. Solo es un monólogo en el que el religioso católico difunde su ideología conservadora de derecha. Recordemos cuando él se pronunció en contra de aquellos que ven con preocupaución la minería a tajo abierto y el desarrollo de proyectos extractivos en zonas agrícolas, como el caso de Conga (Yanacocha) y las rondas campesinas y Tía María (Southern Copper / Grupo México) en el Valle de Tambo. Aquí podemos ver a Cipriani dando un discurso político:

Lee también: Cardenal Juan Luis Cipriani analiza viabilidad del proyecto Conga .

Y también ha pedido estado de emergencia en Islay por el conflicto por Tía María.

Ahora, contamos con un dato que nos permite entender mejor la posición del cardenal. Resulta que el Arzobispado de Lima es accionista minoritario de la empresa minera Buenaventura, socia de minera Yanacocha en el Conga. Recordemos que este proyecto es rechazado por la población local desde el 2012 y actualmente está suspendido. El conflicto por Conga dejó 5 muertos, producto de la represión policial. Las rondas campesinas lideran hasta ahora la resistencia. Pero la vida y la ecología parece importarle poco al religioso Cipriani. Diario 16 reportó hoy, lunes 15 de junio, que el Arzobispado es accionista minoritario de Buenaventura. “La máxima instancia católica en el Perú figura con acciones del tipo D”, dice el medio. Esto significa, explica el diario, que se tienen “acciones por dividendo”. Es decir, el Arzobispado iba a recibir ingresos de todas maneras, se ejecute o no el proyecto.


CONGA SEGÚN CARLÍN / LA REPUBLICA

Esta posición pro-minera de Cipriani no se terminaría de entender si no consideramos este dato. Así que no solo era una cuestión ideológica, también era una defensa de intereses económicos lo que hacía el cardenal cuando apoyaba polémicos proyectos mineros y atacaba a los opositores.

Que diferencia con el Papa Francisco, quien tiene, al menos en el discurso, un mensaje ambientalista. En noviembre del 2013, Bergoglio se puso la camiseta del “agua sí, oro no”, cuando el diputado argentino, Fernando “Pino” Solanas visitó al Pontífice para hablar sobre el medio ambiente.


FOTO: @FERNANDOSOLANAS / TWITTER

Y si nos ubicamos en el Perú, qué diferencia entre Cipriani y el padre Issac Shahuano, quien ganó el premio nacional de derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Él tomó partido en el conflicto por el proyecto minero Conga, apoyó a los ambientalistas y a las rondas campesinas.


FOTO: JORGE CHAVEZ ORTIZ

Del otro lado del charco, también está la “Red Iglesias y Minería”, que publicó un documental ambientalista:


Más comunidades muestran su rechazo a las represas en el Río Marañón, hace una semana llegaron a la ciudad de Celendín desde la Región Amazonas, las comunidades rivereñas de Tupén y la Mushca, para presentar memoriales de rechazo al proyecto Chadín 2 de la brasilera Odebrecht; en esta oportunidad lo hizo la comunidad de Yagén, del Distrito de Cortegana, provincia de Celendín.

Autoridades del CP de Yagén entregan documento de rechazo a la represa Chadín 2 que Odebrecht pretende construir en el Río Marañón

Autoridades del CP de Yagén entregan documento de rechazo a la represa Chadín 2 que Odebrecht pretende construir en el Río Marañón

El día lunes 8 de junio de 2015, otra delegación de las riveras del Río Marañón, arribó a la provincia de Celendín. Diferentes autoridades de la comunidad de Yagén, distrito de Cortegana, entregaron un memorial al gerente de la empresa Odebrecht,  respondiendo con un rotundo no a la carta en la que la empresa solicitaba una reunión informativa sobre el proyecto Chadin 2.  Por su parte, el alcalde de Cortegana, Mariano Vásquez y el teniente alcalde del mismo distrito, el señor Santos Huamán Julca, brindaron declaraciones en un medio de comunicación local, expresando  su rechazo al proyecto Chadín 2 y su solidaridad con la comunidad de Yagén.

La numerosa delegación de autoridades comunales se presentó en diversas emisoras radiales en donde dejaron sentado firmemente su rechazo a la posible construcción de la Central Hidroeléctrica Chadín 2 y con ello la inundación de sus valles productivos. Luego visitaron las oficinas de la empresa Odrebrecht haciendo entrega del memorial conteniendo cerca de 500 firmas de los miembros de su comunidad que fue entregado en manos de Mark Stenning, gerente de la empresa.

Por su parte, los comuneros indicaron que no desean dialogar con la empresa porque siempre se comportaron con prepotencia, llevando policías y gente extraña, hasta han sido víctimas de numerosos procesos judiciales por parte de los trabajadores de Odebrecht.

Un hecho preocupante fueron las afirmaciones de  Pierina Garateguy Gutierrez, responsable de comunicaciones del proyecto Chadín 2, quién para justificar a la empresa de los cuestionamientos realizados por los comuneros, manifestó que no acudieron a su llamado por haber recibido amenazas de muerte por parte de la Ong. Grufides; sin duda, esta afirmación podría causarle una querella por esta grave difamación. Creemos que esta forma de actuar de los funcionarios de Odebrecht – Chadín 2, no es la adecuada y contribuye a generar más desconfianza entre la población.

DOCUMENTOS PRESENTADOS

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Asamblea de ronderos en el centro poblado de Vigaspampa. Foto: Bear Guerra

Por Luis Claps

Servindi, 8 de junio, 2015.- El domingo 7 de junio se realizó el Primer Congreso Interdistrital de Rondas Campesinas en el centro poblado de Vigaspampa, en la provincia de Celendín. Bajo el lema “Consagrar la vida en defensa de la verdad”, el objetivo del evento fue promover la defensa de los intereses campesinos y garantizar el derecho a la vida de las comunidades.

Los ronderos fueron llegando, algunos a caballo, desde varias comunidades cercanas como Calconga, La Florida, Bellavista de Cajén, La Fortaleza, Oxamarca y Celendín. Luego de las presentaciones y la instalación de la mesa directiva, el congreso contó con tres ponencias y luego se abrió un espacio a la participación de los asistentes.

En Vigaspampa hay temor porque se dice que la empresa minera de capitales chinos a cargo del proyecto Galeno adquirió un terreno de 600 hectáreas próximo al centro poblado, donde propone reubicar a las comunidades que deben ser desplazadas para dar lugar a la explotación de la mina y  su infraestructura asociada.

Los ronderos no aceptan la llegada de estos nuevos comuneros. “Fueron capaces de vender sus tierras a la minera, por eso no confiamos en ellos”, señaló Edwar Rodas Rojas, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Celendín.

Por otra parte, Rodas Rojas dijo también que “el Ministerio del Interior está trabajando para infiltrar las bases y juramentar nuevas rondas campesinas que estén a favor de la minería. Pero ni la Fiscalía ni la Policía pueden juramentar rondas campesinas, porque carecen de potestad para ello”.

“¿Acaso las rondas campesinas juramentan a fiscales y policías?”, concluyó Rodas Rojas.

Las rondas campesinas surgieron en la región de Cajamarca en el año 1976. En aquel entonces se dedicaban a combatir el abigeato y operaban sin un marco legal ni apoyo de las autoridades del Estado. Luego defendieron a Cajamarca del terrorismo de Sendero Luminoso.

Las rondas cuentan con el respaldo de la Ley 27908, aprobada en 2003, y el DS 025 que la reglamentó. Incluso las avala el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que textualmente señala: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”.

De acuerdo a las funciones que le faculta la legislación vigente, en la actualidad las rondas campesinas incluyen entre sus principales objetivos la defensa del territorio y la conservación del medioambiente.

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Lidman Geiner Chávez se dirige a la asamblea en Vigaspampa. Foto: Bear Guerra

“Tenemos derecho a cuidar nuestros ríos y lagunas, a estar arriba en las montañas” dijo al respecto Lidman Geiner Chávez Pajares, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Oxamarca.

Sin embargo, en el Congreso Nacional se discuten modificaciones legales que atentarían contra sus facultades y hasta podrían llegar a criminalizarlas.

Un artículo de José Carlos Díaz en La República señala que la Comisión de Justicia podría excluir a la “justicia rondera” de un dictamen que busca crear un nuevo Código Penal.

El impulsor de esta medida es el congresista Juan Carlos Eguren, conspicuo defensor de los intereses de las empresas mineras.

Por su parte Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, aseguró que “es bueno reunirnos para intercambiar, para informarnos, porque estamos en una situación muy complicada, no solo en Celendín, no solo en Cajamarca, sino en todo el país, y debemos establecer estrategias conjuntas para poder defender nuestro territorio”.

“Los compañeros de Bambamarca tienen plomo en su sangre y ya no pueden tomar su agua. Muchos otros pueblos del país están sufriendo lo mismo, por este modelo basado en la extracción de nuestras riquezas. En realidad solo un pequeño grupo de empresarios y políticos se beneficia de estas actividades”, agregó.

“El próximo 3 de julio se cumplen tres años del asesinato de nuestros hermanos en Celendín, les invitamos a las actividades que estamos organizando”, concluyó Sánchez.


Mark Stenning de Lavalle, gerente de Chadín 2, recibe memorial de rechazo al represamiento del Río Marañón

Celendín, Perú.- El miércoles 3 de junio de 2015 arribó a la provincia de Celendín una delegación de las comunidades de La Mushca y Tupen Grande, ubicadas a la orilla del río Marañón, para dar respuesta a la carta enviada por la empresa Odrebrecht con un memorial en el que muestran su contundente rechazo al proyecto Chadín 2.

Las comunidades de La Mushca y Tupén Grande se reunieron el día primero de junio de 2015 y acordaron el viaje de una comisión para presentar un memorial en las oficinas de la empresa Odebrecht, en la provincia de Celendín.
A su llegada, los señores Emiliano García Julon y Silver Cruz Escalante, miembros de la delegación, fueron entrevistados por diferentes medios de comunicación radiales y televisivos, desmintiendo las versiones de la empresa que manifestaban que las comunidades de la zona de Chadín 2 estarían de acuerdo con la ejecución de dicho proyecto. Como se sabe el Estado Peruano ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y sin embargo el proyecto de represamiento del río Marañón no cuenta con licencia social.
Carta de Odrebrecht
 
Memorial
Videos
Conversación con Emiliano García Julón
Silver Cruz Escalante

Muralla. Máxima Acuña y Daniel Chaupe frente al cerco de mallas instalado por Yanacocha bajo el argumento de un proyecto de crianza de alpacas.

Muralla. Máxima Acuña y Daniel Chaupe frente al cerco de mallas instalado por Yanacocha bajo el argumento de un proyecto de crianza de alpacas..

Escribe: Wilber Huacasi

Denuncia. Empresa instaló cerco perimétrico de mallas de metal en la frontera limítrofe con el predio de mujer campesina. Familia asegura que se trata de un nuevo acto de presión para obligarlos a abandonar la zona. Minera desmiente la acusación.

—Queremos dialogar.
—¡Qué diálogo quieren!, ¿van a reconocer mi propiedad?, ¿me van a reconocer todos los daños que le han hecho a mi familia?
Con notorio enojo, Máxima Acuña de Chaupe recuerda una de las conversaciones que sostuvo con una funcionaria de relaciones comunitarias de Yanacocha. Su enfado —dice— es porque la minera busca un supuesto diálogo, cuando su comportamiento siempre ha estado marcado por la violencia y la hostilización.
El último hecho que doña Máxima denuncia como un acto de presión para obligarla a abandonar su predio es la instalación de un inmenso cerco de mallas de alambre galvanizado en el límite con el terreno de propiedad de Yanacocha.
“El martes pasado terminaron de cerrar todo ese cerco que ustedes ven aquí”, indica Máxima Acuña, quien desde el año 2011 mantiene una contienda legal con Yanacocha por un predio de 25 hectáreas.
Máxima asegura que su familia compró el predio a terceros y viven ahí desde 1994. Yanacocha, en cambio, maneja la versión de que todo el terreno de la zona fue adquirido a la comunidad campesina de Sorochuco por Minas Conga S.R.L., y luego les fue transferido, para la puesta en marcha del proyecto de explotación de oro conocido comoConga.
Si bien el cerco no impide a la familia Chaupe-Acuña salir hacia la carretera, Máxima asegura que con esta decisión la minera ha cerrado otro camino que utilizaban para comercializar sus productos en las zonas bajas. “Cuando no tengo para comer, agarro mi bestia y la llevo por este camino que es ancestral”, denuncia Máxima y asegura que detrás de este hecho está nuevamente la actitud prepotente de Yanacocha.
En comunicación enviada a La República, Yanacocha rechaza que exista hostilización (ver nota aparte), pero doña Máxima insiste y tiene una lista de actos de violencia que anteceden a esta última acción.
ANTECEDENTES
El 3 de febrero, personal de seguridad privada de Yanacocha destruyó con violencia los cimientos de la casa de adobe que la familia Chaupe-Acuña venía construyendo cerca de su actual vivienda, dentro del predio que reclaman como de su propiedad.
“Estábamos construyendo un dormitorio y una sala; quince días de trabajo que habíamos tenido lo han derrumbado”, recuerda su hijo Daniel Chaupe, mientras observa los escombros que dejó aquella intervención.
Yanacocha argumentó entonces que ejerció su “derecho a la defensa posesoria”.
Posteriormente, personal de Yanacocha destruyó una construcción que la familia de Máxima había realizado para la crianza de cuyes. “En la Fiscalía de Celendín (voceros de Yanacocha) nos dijeron que nos iban a devolver nuestros cuyes”, recuerda Máxima.
Daniel Chaupe, el hijo, denuncia además otra forma de hostilización: “Todo el día nos vigilan. Han instalado una cabina supuestamente para cuidar sus alpacas, pero, la verdad, es para que nos vigilen a nosotros”, señala.
La República constató que, en efecto, existe una cabina instalada en una loma desde la cual personal de Yanacocha puede vigilar directamente la rústica vivienda de los Acuña-Chaupe. Es más, la noche del 6 de junio, día de nuestra visita, personal de la minera alumbró con linternas de alta intensidad hacia la casa, en clara actitud de vigilancia.
RESTRICCIÓN VIAL
Por obra de Yanacocha, los pobladores que se desplazan desde Cajamarca hacia la localidad de Santa Rosa no pueden viajar con libertad. Personal de seguridad privada instaló una tranquera a la altura del paraje San Nicolás y allí solicita documentos a los pasajeros, como si fueran sospechosos de algo.
Todo indica que el propósito es impedir visitas a la familia de Máxima Acuña. Además de Etiqueta Negra no son pocos los testimonios de medios y periodistas que tuvieron impedimento para ingresar a la zona.
MÁS DENUNCIAS
El caso de Máxima parece no ser el único. Lindorfe Bolaños Atalaya (56 años) contó a La República que anteriormente sufrió la destrucción de su vivienda y ahora Yanacocha buscaría obligarlo a transar por un predio en aparente disputa.
“A otro vecino también lo han sacado a la fuerza de su chocita, hace un mes”, reseña, en alusión al poblador Noé Quilliche Chucnas.
A todo esto, Máxima asegura que seguirá defendiendo su predio: “Cuando me maten, ahí tal vez se quedarán con mi terreno, si nadie reclama”.