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Doña Santos mostrando foto de su hijo asesinado por el ejercito el pasado de 3 de julio de 2012. 
(Foto: Jorge Chavez Ortiz – 30.11.2013)

– Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.

Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.

Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.

En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.

Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.

Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.

En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)





Servindi, 20 de setiembre, 2012.- Como parte de la campaña “Alternativas al Extractivismo” la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) lanzó el video “Transiciones para salir del viejo desarrollo” que ya se encuentra circulando en las redes sociales.

El video explica de un modo sencillo cómo es que el actual modelo extractivista se está volviendo cada año más insostenible y plantea la pregunta de si los países, principalmente de la región, hacen bien al basar su supuesto desarrollo en un modelo depredador.

La tala de árboles, la minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos y la agricultura para biocombustibles son algunas de las actividades que provocan daños irreversibles en la naturaleza. Se suman a las consecuencias los impactos sociales y territoriales.

El video precisa los pasos a seguir para abandonar el modelo, algo que se logrará con acciones como la aplicación de la ley, el respeto de las exigencias medioambientales y la activa participación de un Estado fiscalizador y eficiente, defensor del bien común.

Un punto importante a destacar del contenido es que nos exhorta a comprender que crecimiento no es igual que desarrollo y que consumo no es igual que calidad de vida, conceptos que muchas veces son igualados generando así confusión.

“Transiciones para salir del viejo desarrollo” propone algunas ideas y caminos para alcanzar cambios a nivel global y abre el debate en torno a nuevas medidas que generen calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza.

La campaña “Alternativas al Extractivismo” es promovida también por el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) y que recoge aportes de múltiples diálogos en el Perú y la Región.

Servindi, 14 de mayo, 2012.- Saúl Juárez Flores es un extrabajador de Antamina despedido por la empresa minera a causa del agravamiento en su salud ocurrido durante el trabajo. En el programa Punto Final denuncia su caso.

Hoy, Saúl no sólo debe enfrentar el desamparo por parte de la empresa a la que le dedicó más de diez años de su vida, sino también la indiferencia de la justicia que ignora su caso.

El 1 de abril de 1999, Saúl Juárez ingresa a trabajar en la compañía minera Antamina completamente sano. Así lo indica el examen médico pre ocupacional en donde solamente se le detecta gingivitis, caries y una hematuria, por lo que solo se le pide descartar cálculos.

Información acerca del caso publicada en Servindi:
Perú: El caso de Saúl Juárez, extrabajador de Antamina enfermo de cáncer

Servindi, 31 de enero, 2012.- Saúl Juárez Flores es un extrabajador de Antamina, despedido por la empresa minera a causa del agravamiento en su salud ocasionadas durante el trabajo. Hoy, Saúl no sólo debe enfrentar el desamparo por parte de la empresa a la que le dedicó más de diez años de su vida, sino también la indiferencia de la justicia que ignora su caso. Seguir leyendo…


La minería en el Perú no paga ningún tipo de tarifa por el agua que utiliza para sus operaciones por lo que es necesaria una ley para que exista este aporte por parte de las empresas mineras, aseguró el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Hugo Jara.

“La minería sólo está pagando lo que es el canon, pero no hay un precio por el agua. Hay una iniciativa en el Congreso para que exista un canon hídrico pero son ingresos que irían a la región o las comunidades. Las mineras sólo pagan por lo que corresponde a la autorización pero no por el uso, ni por el volumen”, refirió.

En ese sentido explicó que la principal usuaria del agua en el Perú es la agricultura y a esta actividad sí se le han establecido tarifas específicas. La actividad minera utiliza cerca del 1.8% del agua del país.

Por ello, Jara dijo que este uso debería tener una tarifa en base a la rentabilidad de la actividad económica, donde no solo entraría la minería sino otras actividades que hacen uso de los recursos hídricos como las hidroeléctricas.

“Yo no creo que les vaya a afectar a ellos un pago por el agua, que lo asuman dentro de sus costos por la alta rentabilidad que tienen”, añadió.

De otro lado, la ANA viene promoviendo y apoyando la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca como los órganos que, a iniciativa de los gobiernos regionales, buscarán una participación de todos los actores involucrados en la gestión del agua.

Entre estos actores figuran los gobiernos regionales y locales, la sociedad civil, el sector empresarial, las organizaciones de usuarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, entre otras.

Con esta iniciativa la ANA espera que se eviten los conflictos sociales relacionados con el agua y articular la participación en las decisiones públicas de todos los usuarios de los recursos hídricos del país.

RPP



Más de 500 mil niños son los afectados en todo el país, principalmente de Huancavelica y Cajamarca. Informe revela que hubo estacamiento de 10 años para combatir este problema

Niños pobres

No solo el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia son los grandes problemas del país. Existe otro flagelo que también causa muertes y todavía no ha sido erradicado: la desnutrición crónica infantil.

Según las conclusiones del documento, denominado Desnutrición crónica infantil cero en 2016, presentado ayer, hace falta todavía una adecuada articulación de esfuerzos del Estado en todos sus niveles, las instituciones públicas y privadas, y la sociedad en su conjunto.

El propósito, se afirma, es posible porque la coyuntura muestra que existe decisión política, así como recursos económicos y humanos para hacerlo.

El informe –a cuya presentación asistió la esposa del mandatario, Nadine Heredia– revela que los niños con desnutrición crónica infantil suman 529.537 a nivel nacional, lo que representa el 15% del total de la población infantil del país.

UN ESTANCAMIENTO
Se indica que si bien hubo una reducción lenta en la prevalencia de este problema hasta 1995, después se registró un estancamiento por más de diez años.

No obstante, que en el período 2007-2011 se avanzó hacia una reducción más pronunciada, el número de niños sigue siendo elevado, anota el documento.

La mejora en el estado nutricional fue gracias al progreso en dos indicadores: la anemia en menores de 3 años y la incidencia de infecciones respiratorias agudas.

ZONAS MÁS VULNERABLES
Las regiones con mayor nivel de desnutrición crónica infantil son las mismas:Huancavelica (46,4 por ciento), Cajamarca (29,9 por ciento), Huánuco (28,8 por ciento), Apurímac (31,3 por ciento) y Ayacucho (28,1 por ciento). Paradójicamente, se trata de zonas que cuentan con riquezas mineras.

En Lima Metropolitana, entre tanto, la cifra de niños desnutridos es de 50.333 (el 5,8% del total nacional).

El distrito capitalino que tiene la mayor cantidad de menores con ese grave problema es San Juan de Lurigancho, con 6.803.

Le siguen Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Puente Piedra.

RECOMENDACIONES
El documento considera fundamental avanzar con más rapidez y eficiencia en otros indicadores como proporción de hogares con acceso a agua y saneamiento básico; gestantes que reciben suplemento de hierro; niños con bajo peso al nacer; e incidencia de infecciones diarreicas, entre otras.

La publicación explica que la desnutrición crónica infantil se inicia con mucha más frecuencia en el período de 6 a 18 meses de edad, “al dejar la leche materna” y cuando el niño empieza a comer los mismos alimentos que el resto de la familia.

Junto con el mencionado estudio, elaborado por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, fue presentado el Infobarómetro de la Primera Infancia.

Se trata de una herramienta virtual de fácil acceso que proporciona información detallada sobre la situación de la desnutrición crónica infantil.

El padre Gastón Garatea, miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, saludó la existencia de una política de Estado dirigida a combatir la pobreza y, en especial, la desnutrición crónica infantil.

En ese sentido destacó la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

 
Fuente: El Comercio

LIMA, 21 Feb. (Reuters/EP) –

Organizaciones indígenas exigieron el lunes al Gobierno peruano más protagonismo en la nueva ley que busca disminuir los conflictos sociales generados por el desarrollo minero.

Según la ley, el Gobierno y los grupos nativos deben discutir la viabilidad de los proyectos mineros en sus comunidades, pero en caso de no alcanzar ningún acuerdo, la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades y las comunidades indígenas no tienen poder de veto.

Los indígenas quieren tener la última palabra y además, piden que la ley, que debería entrar en vigor este mes, sea retroactiva a los proyectos que ya se aprobaron.

El líder del principal grupo que defiende los derechos de los indígenas para el desarrollo de las actividades, Alberto Pizango, dijo que “no se trata de que el Estado tome las decisiones, sino que el Estado logre el consentimiento de los pueblos indígenas para el desarrollo de las actividades”.

El Gobierno peruano ha dicho que la ley no dará derecho a veto a las comunidades indígenas y también ha señalado que la norma no puede tener carácter retroactivo, debido a que generaría un ambiente de inestabilidad en el país.

Los indígenas aseguraron que si el Gobierno no inicia la modificación de la ley en los próximos 30 días presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante el Tribunal Constitucional.

Perú tiene proyectos mineros valorados en unos 50.000 millones de dólares para la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo de la población local por no percibir los frutos de la bonanza económica y temer que los proyectos afecten su medio ambiente.