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  • El Estado Peruano y la empresa minera Yanacocha S.R.L han sido denunciados ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en su Sexta Audiencia Pública de Buenos Aires, Argentina por el proyecto minero Conga.
  • Los demandantes los acusan de “amenazar medio ambiente y del derecho humano al agua de los habitantes de las provincias de Cajamarca y Celendín” y solicitan “la suspensión definitiva del proyecto”.
  • El viernes 9 de noviembre el jurado procederá a dictar veredicto sobre el caso.
Foto 001-Caso Conga
Miércoles, 7 de noviembre de 2012- La denuncia ha sido presentada por el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y por la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).

En su demanda, Sergio Sanchez Ibañez y Mirtha Vasquez, representantes de Grufides han señalado que, según el propio Informe de Impacto Ambiental presentado por Yanacocha y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas del Estado Peruano, el proyecto minero Conga tiene previsto “la pérdida inminente de lagunas naturales, la afectación de más de 680 manantiales y la modificación negativa de varios ecosistemas, entre ellos bofedales, fauna y flora en la región de Cajamarca”.

Los demandantes han subrayado que “la zona prevista para la explotación se encuentra en la cabecera de cinco microcuencas, entre las que están la del río alto Jaribamba y la del río Chailhuagón, cuyas aguas desembocan en el Amazonas”. Han señalado que “en el área del proyecto se encuentran además diversas lagunas como Perol, Azul, Mala, Chica, Mishacocha, Mamachocha o Alforjacocha”, de las cuales “cuatro se vaciarían: dos para extraer minerales de su base y dos para ser utilizadas como depósitos de desmontes”.


Los demandantes han señalado que “el plan de mitigación de la empresa de reemplazar estas cuatro lagunas naturales por reservorios artificiales rompería drásticamente el ecosistema hídrico andino” y además “la propiedad del agua en los reservorios artificiales pasaría a ser propiedad de la empresa”. También han indicado que “el estudio de impacto ambiental solo contempla a 32 comunidades, cuando en realidad hay 210 comunidades”.

Para argumentar la presunta inconsistencia del Informe de Impacto Ambiental de Yanacocha, Grufides se ha hecho eco de estudios independientes realizados por hidrogeólogos internacionales como Robert Moran o Javier Lamban, por el Colegio de ingenieros de Cajamarca o por el propio Ministerio de Medio Ambiente.

Además, los demandantes han indicado que “para alimentar la actividad minera se va a bombear más agua (1.364.400 litros/hora) de la que se puede tratar (233.000 litros/hora), por lo que la actividad minera desecharía aguas residuales”.

“El temor de los habitantes de Cajamarca- han señalado- proviene de la experiencia vivida por la operación durante 17 años de la misma minera (integrada actualmente por compañía de Minas Buenaventura (CMB), Newmont Minig Corporation (Newmont) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial) en Cajamarca en donde han demandado que “los cerros que captaban el agua ya no existen, ha habido importantes derrames tóxicos y han desaparecido completamente afluentes, ríos y lagunas”.

Por último, los demandantes han hecho hincapié en “la criminalización de la protesta social” y en “las trabas jurídicas que han encontrado en las instituciones de justicia peruanas a la hora de presentar sus alegatos”. En este sentido, Grufides ha demandado que “la justicia en Perú está polítizada” y ha solicitado al Tribunal que declare Fundada la demanda, por violación al derecho al Agua y al derecho al medio ambiente sano y equilibrado y requiera “la suspensión definitiva de la explotación del proyecto minero Conga”.

Por su parte, La minera Yanachocha ha señalado, a través de un comunicado, que “desconoce la jurisdicción del Tribunal”, a lo que el Tribunal ha contestado que se fundamenta en principios y normas internacionales vinculantes y que tal decisión no comprende el propósito de la Audiencia, que es buscar soluciones a las controversias hídricas.

El Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua, integrado porPhilippe Texier, miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil, el muralista mexicano Ariosto Otero, la Dra. Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, abogada y periodista costarricense resolverá el caso, emitirá veredicto al término de las sesiones de la Audiencia Pública este viernes 9 de noviembre de2012 a las 15.30 (hora argentina).


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El Jurado de la Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, que se realizará del próximo 5 de noviembre al 9 de noviembre, estará compuesto por un equipo de notables internacionales. Estos son Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia; Alexandre Camanho de Assis, Magistrado del Ministerio Público y Procurador de la República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero; Dra.Silvia Nonna, experta y asesora de la Nación Argentina en materia legal medioambiental y Giselle Boza Solano, abogada y periodista costarricense.

El día 9 de noviembre, al finalizar las sesiones de escucha y deliberación, emitirán sentencia sobre los contradictorios. Para más información sobre ellos, por favor, lea abajo.

Dr. Philippe Texier (Francia)

Es magistrado dela Corte Supremade Justicia de Francia y miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas, órgano del que fue presidente.

Fue juez de Instrucción en Chalon sur Marne, Marseilla y París, presidente de sala en el Tribunal de Apelaciones de París, Director dela División Judicialdela Escuela Nacionalde Magistrados de Camerún y Presidente del Tribunal de Gran Instancia de Melun y Evry. Además, ha sido experto independiente parala Comisiónde Derechos Humanos dela ONUen Haití y Director dela Divisiónde Derechos Humanos enla Misiónde Observación de las Naciones Unidas en El Salvador a principios de los 90.

Actualmente es Consejero dela Sala de Asuntos Sociales dela Corte de Casación de París y cuenta con una vasta experiencia en América Latina.

Dr. Alexandre Camanho (Brasil)

Magistrado del Ministerio Público y Procurador dela Repúblicade Brasil. Realizó sus estudios de derecho en Holanda y Grecia y ha impartido clases en el Instituto del Río Branco, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y enla Academianacional de Policía, donde es profesor También se ha destacado como consultor dela Repúblicay como Coordinador Criminal de la Procuraduría Regional de la República de la región Nº 1 desde 2006 hasta hoy.

Como Miembro del Ministerio Público ha participado en múltiples actividades relacionadas con la protección de la naturaleza, incluso acciones civiles y penales.

Ariosto Otero (México)

Muralista mexicano de reconocido prestigio y Presidente de la Unión Latinoamericana de Muralistas y Creadores de Arte Monumental, es también miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México y miembro de la Sociedad Bolivariana en México

Estudió en Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, España) y en la Escuela Nacional San Carlos, de la UNAM (México). Ha impartido docencia de postgrado en la Universidad Nacional de Plata, Argentina

Ha realizado más de 70 murales de gran formato en espacios emblemáticos de América Latina, especialmente en México, pero también en Argentina, Paraguay, Colombia y Guatemala. Entre sus últimas obras destacan “Justicia Para todos”, “Campo de Olotes” y “Los Héroes Caminan sobre el Tzompantli” ubicadas en el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo de México DF.

Por su labor artística y social, ha sido objeto de múltiples reconocimientos como la medalla Ricardo Flores Magón de la revista Proyección Económica 2020, la medalla Benita Galbana al mérito ciudadano del PRD (México) o el reconocimiento Miembro de Honor y la medalla de la Casa de Estudios, Universidad Nacional de La Plata, (Argentina). Recientemente La Lotería Nacional expidió un billete con el mural “Justicia para todos” en conmemoración de los 75 años del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.”

Dra. Silvia Nonna (Argentina)

Docente de la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su doctorado en 2003 y donde es abogada especialista en Derecho de los Recursos Naturales. A lo largo de su trayectoria académica ha realizado múltiples estancias de investigación, por ejemplo la George Washington University, donde fue Environmental Research Fellow. Recientemente, ha sido nombrada profesora titular de Derecho Ambiental de la Universidad Abierta Interamericana.

Fue directora legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y su representante ante el Consejo Federal de Medio Ambiente. Asimismo, fue Directora del Registro Nacional de Residuos Peligrosos y Coordinadora de la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental de la SAyDS. En materia legal ambiental, también se ha desempeñado como asesora de la Cámara de Diputados de la Nación y del Ministerio de Economía de la Nación y ha representado a la Nación Argentina ante las Naciones Unidas.

También fue Directora del Instituto de Recursos Naturales y Ambiente del Colegio de Abogados de San Isidro. Se ha desempeñado como auditora para certificadoras internacionales y como directora de programas medioambientales de varias ONGs.

Entre sus publicaciones destacanPresupuestos Mínimos de Protección Ambiental, Guía de la regulación normativa provincial sobre residuos peligrosos; Environmental Law in Latin America o Derecho Ambiental en América Latina. Asimismo, ha sido coautora en múltiples libros y publicaciones sobre regulación ambiental, alimentaria y de residuos tóxicos.

Giselle Boza Solano (Costa Rica)

Es profesora de Derecho de la Comunicación en la Universidad de Costa Rica, donde se egresó en Ciencias Penales y donde es Directora del Sistema Radiofónico conformado por las emisoras Radio Universidad, Radio U y Radio 870 UCR.

Ha trabajado como periodista de radio y televisión y dirigió el Semanario Esta Semana y la Revista de pensamiento y cultura Contrapunto.

Es coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI), integrante de la Comisión Interdisciplinaria sobre Violencia y Sociedad y representante del Consejo Nacional de Rectores y de la UCR en las Comisiones Especiales Mixtas sobre Televisión Digital y Radio Digital.

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