El presente estudio analiza un periodo reciente de la historia del Perú, durante el cual sucedieron acontecimientos económicos y sociales que reflejan los problemas estructurales del país, como la presencia de grupos económicos que distorsionan el mercado, la predominancia de una estructura económica primario-exportadora, la fragilidad institucional, los aún altos niveles de pobreza, entre otros.
El principal objetivo de esta investigación es analizar la política fiscal implementada en el sector minero en la década 2003-2012, durante la cual el alza sostenida de los precios internacionales de los metales generó un periodo de bonanza económica en el país, que paradójicamente se desarrolló en medio de conflictos socioambientales. El documento se concentra en investigar cómo evolucionaron los ingresos fiscales derivados de la renta minera, y en determinar cómo y cuánto el país ganó o dejó de ganar durante dicho periodo.
El estudio consta de tres capítulos. En el primero se presentan algunas variables económicas que revelan la importancia del sector minero en la economía nacional y se analiza el incremento del precio internacional de los metales como principal determinante de una década de bonanza económica.
Además, se presentan los principales instrumentos fiscales (impuestos y regalías) que aplica y ha aplicado el Estado como medios de apropiación de la renta minera.
En el segundo capítulo se revisa la política fiscal implementada en un contexto de bonanza, con énfasis en el sector minero. Si bien el éxito de la política de ingresos públicos depende de una adecuada política tributaria, la eficacia de la administración tributaria es clave. Por ello, se analizan los instrumentos fiscales adoptados con el objetivo de procurar que el Estado y las poblaciones mineras alcancen una mayor participación en las ganancias extraordinarias del sector. Asimismo, se evalúan las decisiones de política fiscal que se tomaron para administrar el fin de la bonanza minera.
En el tercer capítulo se busca responder si la política fiscal y los instrumentos, tributarios y no tributarios, implementados durante la década de bonanza para gravar la renta minera, fueron lo suficientemente eficaces para generar
recursos adecuados para el desarrollo del país. En particular, interesa conocer si las poblaciones mineras —representadas por sus gobiernos regionales y locales— lograron una mayor participación en los ingresos extraordinarios del sector. Desde esta perspectiva, este capítulo intenta hacer un balance de los temas abordados en los dos primeros capítulos.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio.
Frente a los últimos casos de que el poder judicial liberó a los agresores de Arlette Contreras y Lady Guillén, argumentando que fueron “lesiones leves” pese a las pruebas evidentes de su brutal violencia hacia ambas. Y frente a la creciente cifra de violencia familiar y sexual en nuestro país, como lo reportó el Ministerio de la Mujer que indicó que en los últimos cinco meses existen casi seis mil casos de violencia familiar y sexual.
Miles de mujeres de todas las edades, de identidades sexuales diversas, de distintos orígenes y de todos los estratos sociales, se han empezado a auto organizar, dejar el silencio y unir sus voces para frenar el maltrato y violencia. Esto empezó por las redes sociales donde se creó el grupo de Facebook ‘Ni Una Menos’, sin previa planificación y
sólo con indignación, mujeres diversas empezaron a contar los múltiples casos de agresión que han sufrido en toda su vida, sea física, psicológica o verbal. Con cada caso que se contaba, era otra mujer la que se animaba a contar su secreto que al parecer era el secreto de miles; generando así un espacio de complicidad, de apoyo mutuo y de solidaridad para decir Ni una Menos, este 13 de agosto en diversas ciudades del país. (Ver artículo completo descargando el documento)
Perú: nuevo ciclo político y punto de bifurcación Apuntes desde abajo por la izquierda, con la tierra y desde nuestros cuerpos…
Después de un proceso electoral muy largo, absorbente y complejo, toca analizar sus implicancias,lecciones y las perspectivas que nos deja sobre el país para el periodo que se ha abierto con la instalación del nuevo gobierno. Una forma de comprender un proceso electoral es verlo como un momento de medición de fuerzas entre distintos bloques políticos-sociales-culturales que se cristalizan por un periodo determinado en torno de intereses y horizontes políticos futuros,representado por distintas opciones electorales. Las elecciones no cambian el país, ni agotan los esfuerzos para hacerlo, pero sí puedan traer a la luz procesos más profundos de cambio en las
correlaciones de fuerza y los imaginarios políticos, que se pueden expresar en otras relaciones dentro del espacio de la política institucional.
De hecho, la transferencia de gobierno y los primeros 100 días del nuevo gobierno son un nuevo momento de esta medida de fuerzas, ya que en ellos se instituyeran voluntades políticas, intereses y correlaciones de fuerzas para este nuevo momento político.
En este texto tratamos de comprender estos procesos más profundos, al nivel del poder y la subjetividad política en el país, desde el compromiso con una sociedad más justa, democrática y en equilibrio con la naturaleza. Por lo tanto, realizamos una Sociología de emergencias que busca entender los futuros potenciales presentes en las acciones actuales. Ello solo puede resultar en una serie de apuntes, de ideas en borrador sobre el momento histórico que vive el Perú para seguir discutiéndolas y convirtiéndolas en acciones políticas. Decimos en borrador, porque son inacabadas, inciertas, quizás optimistas, y a menudo conscientemente planteadas de forma un poco gruesa para provocar.
Sobre el resultado electoral…
1) El resultado electoral evidencia un momento complejo en la historia del país. De un lado, terminó instalándose en el Gobierno una propuesta de continuidad de la línea política de los últimos 15 años (con el breve intervalo del primer gabinete de Humala), de la tecnocracia neoliberal y extractivista. Pero a la vez, es evidente la polarización entre dos propuestas, prácticas e imaginarios del país opuestas, que buscan romper con este continuismo en dos direcciones contrarias, representadas por el Fujimorismo (y Alianza para el Progreso) de un lado, y del otro, por el Frente Amplio-FA (y Democracia Directa).
2) Una forma de caracterizar este momento histórico es como el fin de un ciclo político –que se inició con la transición a la democracia electoral– y el inicio de otro. Sin duda, este proceso electoral terminó con varias de las figuras políticas más importantes de este ciclo, como es el caso de Alejandro Toledo y Perú Posible, Susana Villarán, Lourdes Flores y probablemente Alan García. Mientras tanto, PPK realizará su etapa final en la política peruana como presidente, y el futuro del Nacionalismo y de la actual pareja presidencial, Humala y Heredia, es muy incierto por una larga lista de errores y una aparente perdida de…… DESCARGAR DOCUMENTO:
La publicación presentada esta semana cuenta con el auspicio de la organización de cooperación solidaria Oxfam y ha sido puesta a disposición del gran público gracia a su publicación virtual en formato PDF.
El libro ha despertado un gran interés debido a que aborda el delicado tema de las relaciones de poder e influencia que las empresas, principalmente las extractivas, ejercen sobre el aparato legal y del estado.
El texto de 95 páginas describe el fenómeno de la captura política del Estado y cómo tiene efectos diferenciados. Por un lado favorece y fortalece a la élite económica y por otro afecta negativamente a grupos sociales vulnerables.
Entre sus multiples consecuencias se encuentrann: debilita la neutralidad y la capacidad fiscalizadora del Estado y erosiona su legitimidad, fortalece la concentración de poderes políticos, impide al Congreso cumplir un rol legislativo proactivo, limita la deliberación democrática y afecta el acceso a recursos materiales y a oportunidades para los pobres.
El valioso documento concluye señalando que la sociedad podría evitar estos costos y funcionar mejor con menos concentración de riqueza, mayor equilibrio de poderes, acceso alternativo a los medios de comunicación y mayor vitalidad organizativa y capacidad propositiva de la sociedad civil.
Paquetazo ambiental
La publiicación dedica un capítulo al análisis de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, un controvertido conjunto de normas de índole ambiental, social y tributario sobre las cuales diversos sectores afectados exigen su derogatoria.
Tal como señala un fragmento del libro: “Frente a la abundancia de zonas grises entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo e ilegítimo, lo correcto y lo arbitrario, Durand aborda y analiza de manera detallada la captura política en el Perú a partir de un hecho concreto: la aprobación en el año 2014 de la Ley 30230, o el llamado “paquetazo ambiental”, durante el gobierno de Ollanta Humala».
«A través de un detallado mapeo de actores, el autor explica el proceso de aprobación de dicha ley, develando la indebida influencia y las alianzas que se tejieron entre el poder económico, mediático y político, así como los costos para el Estado y la sociedad debido a la falta de transparencia y equidad en su aprobación” prosigue la presentación.
Se inicia el juicio de 13 dirigentes del Distrito de Sorochuco y 3 del distrito y provincia de Celendín.
Gobernadores de la provincia de Celendín y del distrito de Sorochuco, no cuentan con pruebas objetivas, su acusación sólo se basan en su propia versión.
El jueves 29 de Octubre, en la ciudad de Cajamarca, se inició el juicio oral contra 16 dirigentes sociales acusados por los gobernadores de Celendín y Sorochuco de secuestro agravado, coacción, y ultraje a los símbolos patrios.
Según Mirtha Vásquez, abogada de los 16 dirigentes ambientales, dijo que demostrará que la acusación del Fiscal de Celendín es ¨totalmente falsa¨. ¨Es verdad que los 16 inculpados y muchos pobladores de Sorochuco sí participaron en una reunión abierta y pública el 24 de abril del 2013 donde cuestionaron de manera pacífica la actitud de los gobernadores que tienen una posición a favor de la minería, particularmente en favor del Proyecto Conga, pero no hubo secuestro ni agresiones físicas a las autoridades¨, indicó.
Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, Gobernadores del distrito de Sorochuco y provincia de Celendín sostienen que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.
Por otro lado denunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Celendín no han dado la oportunidad a sus defendidos de ofrecer medios probatorios como parte del derecho a la defensa.
¨Afortunadamente el Juez Luis Vásquez del Juzgado Colegiado B de Cajamarca ha aceptado la presentación de los medios de prueba, los cuales cambiarán el rumbo del proceso¨ manifestó la abogada Mirtha Vásquez.
Fiscal reiteró pedido de cárcel
Por su parte el representante del Ministerio Público de Celendín reiteró su pedido de cárcel entre 33 y 36 años para los dirigentes ambientales, a pesar que su acusación sólo tiene versiones de los gobernadores.
Este proceso constituye una persecución e intento de neutralizar a los dirigentes y líderes que se oponen a proyectos que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo sus propiedades individuales. ¨Hay una clara intención de perjudicar el accionar de los dirigentes imputándoles delitos y hechos sumamente falsos y enfrentar procesos que implican varias desventajas para los denunciados¨, indicó Mirtha Vásquez.
El caso de los 16 dirigentes ambientales de Celendín es una clara muestra de la asociación grandes empresas – gobierno que buscan criminalizar a dirigentes y personas que al ver que su vida, sus territorios y sus pertenencias en peligro cuestionan la viabilidad de determinados proyectos.
Las personas denunciadas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.
¿Quién está detrás de este proceso?
Para los involucrados en este caso, es visible y claro que detrás de esta persecución estaría la misma Minera Yanacocha, prueba de ello es la presencia de uno de sus abogados, César Cumpa Flores que se presentó en una audiencia anterior como abogado de los gobernadores de Sorochuco y Celendín. César Cumpa Flores antes de pasar a trabajar a Yanacocha se desempeñaba como fiscal de la provincia de Celendín e investigaba las denuncias en contra de autoridades y dirigentes en el conflicto Conga formuladas por la minera Yanacocha.
A la derecha, Pedro Zamora Rojas, Gobernador de Celendín, en el centro, César Cumpa Flores, abogado de Minera Yanacocha y en la izquierda el actual coordinador de los fiscales de la provincia de Celendín, en estrechas coordinaciones.
Los escándalos de corrupción de la empresa de construcción brasileña Odebrecht y la estatal Petrobras extienden responsabilidades sobre el proyecto hidroeléctrico Chadín II en el Amazonas, así como otros 19 que esperan su turno en nuestro país, donde, aparte de los fuertes impactos ambientales que se generarían, estarían también los posibles multimillonarios sobornos a distintos gobiernos de ambos países.
Al parecer, el proyecto hidroeléctrico Chadín II, uno de los 20 que se están realizando en la selva peruana a cargo de la principal empresa constructora brasileña, Odebrecht –sí la misma que está involucrada hasta el cuello en un gigantesco caso de corrupción en su país–, no solo causaría impactos medioambientales, como ya se había denunciado en su momento, sino que habría generado jugosos dividendos para los gobiernos de ambos países.
Y es que se había señalado que la construcción de este gigante de concreto de 175 metros de altura, ubicado en la cuenca del río Marañón, inundaría poblados del Amazonas y Cajamarca en un área total de 32 kilómetros cuadrados, obligando a desplazarse a unas mil personas de sus hogares.
Por otro lado, el estudio de impacto ambiental (EIA) que fue aprobado no tenía evidencias suficientes de los impactos que se generarían en la cuenca del Marañón y el Amazonas. Aparte que no se pormenorizaba cuánto iba a costar la reubicación de las familias trasladadas ni tampoco un presupuesto para impactos sociales en comunidades indígenas ubicadas aguas abajo.
CHADÍN II: ENTRE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y LOS SOBORNOS BRASILEÑOS
El megaproyecto hidroeléctrico a realizarse entre Cajamarca y Amazonas sigue en el ojo de la tormenta, donde sumados a los posibles impactos socioambientales y las acusaciones de corrupción de la empresa constructora Odebrecht están otros actos irregulares que ya están generando un nuevo conflicto social del cual el Gobierno ya estaba avisado.
Ya a estas alturas todos sabemos de los grandes actos de corrupción en que se ha visto inmersa la constructora brasileña Odebrecht, aquella que en nuestro país goza de varias concesiones que vieron su proliferación a partir de los años noventa, desempeñando trabajos desde 1979.
El megaproyecto hidroeléctrico Chadín II es uno de ellos, y genera naturalmente muchas suspicacias al respecto por la extraña forma de su aprobación. Y es que, mediante un decreto supremo en el 2011, el expresidente Alan García dio luz verde a la construcción de 20 represas en una zona que para muchos expertos es de alta vulnerabilidad a un impacto ambiental que sería de ingentes proporciones y pérdidas irreversibles.
En ese entonces, García pronunció el proyecto como de interés nacional y fue identificado por el Gobierno como un proyecto potencial para la exportación de energía a otros países.
Estaríamos hablando, entonces, de dos males endémicos enlazados a costa de todos los peruanos. El primero, la afectación de nuestros ecosistemas y, como segundo mal, un proyecto posiblemente echado a andar con sobornos multimillonarios a gobiernos peruanos. Más grave no habría.
Actualmente, el proyecto se encuentra con el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado y está en etapa
“Odebrecht tiene la concesión de Chadín II, Río Grande I y II, que no sabemos en qué circunstancias se han dado”.
En un comunicado, la empresa transnacional Southern Copper anunció “una pausa” en el proyecto minero Tía María en la provincia arequipeña de Islay. El “intervalo” que proponen la empresa es de 60 días para retomar el diálogo en la provincia de Islay.
Además, el presidente de Southern, Óscar Gonzáles Rocha, hizo un “llamado de paz” con este intervalo para Tía María.
“Southern Perú propone una pausa, un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores”, se lee en el documento.
A su vez, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró en el Pleno del Congreso que la empresa minera Southern Copper aceptó hacer “una pausa” en el proyecto Tía María.
Cateriano sostuvo que “el proyecto debe ser discutido técnicamente. Los problemas se deben solucionar sin el uso de la violencia. No podemos imponer por la fuerza el proyecto. Resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia, retrace el desarrollo de una región”.
Asimismo, el Primer Ministro declaró que desetimaron declarar toque de queda en Arequipa. “Después de una evaluación acordamos que no era viable una declaratoria del Estado de Emergencia”, indicó.
A su vez, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la importancia de defender el Estado de Derecho y la capacidad del Gobierno de “tomar decisiones sólidas”. También indicó que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) se hará cargo próximamente de los estudios de impacto ambiental detallados y lamentó que muchos opositores critiquen las acciones del Gobierno sin haberse informado.
Según recoge la agencia de noticias Reuters, el motivo de la pausa en el proyecto sería las constantes protestas violentas que se originaron en la provincia de Cocachacra y se expandieron a la ciudad de Arequipa.
El domingo 1 de marzo del 2013 se realizó en la Plaza de Armas de la ciudad de Celendín la I Feria AgroEcológica “Nuestra Tierra”, organizada por la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), en dónde participaron productores de los pueblos ribereños del río Marañón, amenazados por la inundación de sus valles productivos y el desplazamiento forzoso de sus comunidades para construir mega hidroeléctricas que brindarán energía a proyectos mineros en Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque y Ancash (Ver). También estuvieron presentes comuneros de las zonas altoandinas de la provincia de Celendín, amenazados por el proyecto minero Conga, ubicado en las nacientes de 5 ríos, con presencia de lagunas altoandinas que proveen de agua a cerca de 200 comunidades.
En esta feria se ha expuesto una gran variedad de productos agropecuarios provenientes de estas zonas amenazadas por megaproyectos, evidenciando la rica biodiversidad y variedad de producción que se encuentran en eminente riesgo. Con esta feria se pretende demostrar que en nuestras comunidades existen alternativas viables al extractivismo depredador y que el actual modelo que nos quieren imponer es insostenible, porque genera más desigualdad, contaminación ambiental, daños a la salud pública, pobreza, corrupción, etc.
ESTO ES LO DEBES SABER SOBRE EL CONFLICTO QUE PODRÍA CONVERTIRSE EN OTRO BAGUAZO
Por Diego Pereira / Utero.pe
Hace tres días el congresista fujimorista Federico Pariona, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, anunció en RPP el inminente paro en Pichanaki por las actividades de exploración de la empresa Pluspetrol en dicha zona. Lo que dijo fue premonitorio:
“si el gobierno no se acerca, si no atiende necesidades, vamos a tener problemas y ojalá no se llegue a situaciones graves… que no ocurra un ‘Baguazo’”
Y al parecer en esas estamos:
Hasta el cierre de esta nota, el saldo son un muerto, 80 heridos y 40 detenidos.
¿Qué está pasando?
Hay que aclarar que el paro no es de último minuto. Cuenta el congresista Pariona que en setiembre del año pasado hubo otro paro indefinido y fue él quien intervino conjuntamente con el ministro de Energía y Minas. En ese momento hubo una solución: suspender el paro para instaurar una mesa de diálogo.
Sin embargo, como no hubo acuerdo, Pariona convocó nuevamente el 29 de octubre a una reunión pidiendo que “gente del ejecutivo, de Energía y Minas, del PCM” (básicamente, cualquiera que pueda) para que asistan, pero nadie respondió al llamado.
El legislador no necesita explicar que no hay voluntad política por parte del gobierno para establecer un diálogo con la población. Todos nos damos cuenta que esto es así.
El paro indefinido comenzó el 9 de febrero, hace dos días.
¿Cuál es el problema?
Perú21 reporta que el principal reclamo de la comunidad en la zona es que la empresa petrolera argentina estaría contaminando todo con sus actividades y piden su retiro del lote 108. Pluspetrol respondió asegurando que solo se encuentran realizando exploraciones.
Por su parte, el congresista Pariona asegura que los problemas son producto de la desinformación:
(…) la población no entiende de qué se trata este proyecto de exploración, estamos todavía en etapa de exploración (…) ellos creen que la empresa va a perjudicar, contaminar el ambiente (…) creen que porque hay explotación seguirán siendo pobres, como se ha visto en muchas oportunidades. Me consta que no están en contra de la empresa, ellos piden que el gobierno atienda sus necesidades: postas médicas, agua y desagüe, necesidades básicas…
Si bien la entrevista es de hace varios meses atrás, refleja bien la fricción que existe entre Pichanaki y Pluspetrol:
[Pluspetrol obtuvo una concesión en el 2005 para explotar hidrocarburos pero no empezó hasta el año pasado y] lo ha hecho en una primera fase pero sin que nadie de la zona tuviera información y sin cumplir la normativa que dice que se tiene que consultar a las comunidades nativas para realizar alguna explotación o cualquier otra cosa que les afecte. Además, esta empresa tiene antecedentes de haber actuado así en otras zonas del país donde ha contaminado mucho los ríos.
En realidad, es el Estado el que ha vulnerado los derechos de las personas, pues es él quien tiene que consultar a las comunidades nativas según el convenio de la OIT que Perú firmó en 1994. Y no lo ha hecho. Ya ha demostrado en otras partes que no solo afecta a la agricultura, que es la actividad primordial de la zona, y al agua, que, a mi juicio, es el bien más importante del Perú, sino también a la cultura de los nativos y de los colonos que han ido después. (…).
Es decir, no se trata de que “los pobladores” hayan sido convencidos de que Pluspetrol está contaminando (que no es posible, porque recién está en fase de exploración). Se está reclamando la realización de una Consulta Previa, además de que temen losantecedentes de la empresa.
Un dato extra: el cura García es actualmente “fiscal del comité de Defensa Ambiental”. Es precisamente el Frente de Defensa Ambiental el que convocó al paro. No son los dirigentes indígenes, como se está diciendo. De hecho,este comunicado emitido por laAsociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central rechaza por completo el paro convocado para estas fechas. No obstante, si son claros en cuanto a necesitar la presencia del Estado en la zona:
Queremos trabajar con paz social y el orden interno, y solicitamos al Estado las garantías necesarias para realizar nuestras actividades de manera normal y sin ningún tipo de actos delincuenciales que perturben nuestra tranquilidad.
¿Que salió mal?
La protesta se salió de control y la falta de diálogo llevó a la radicalización de las manifestaciones. Según cuenta Perú21, más de 300 efectivos policiales se han repartido por diversos puntos de Pichanaki para controlar “posibles situaciones vandálicas”.
En este video de Guerrilla Audivisual podemos ver a los manifestantes confirmando la muerte de una persona:
En estos momentos en Pichanaki se vive en tensión debido a que los pobladores amenazan con marchar hasta La Oroya en demanda del retiro definitivo de Pluspetrol de esta zona del país.
Por su parte Pluspetrol, un comunicado, en el que lamentaba el ataque de los pobladores al cuartel del Ejército y deslinda cualquier responsabilidad, indicó que en ese local la empresa no tiene instalaciones y solo guarda implementos logísticos para el proyecto del Lote 88, el cual se encuentra en fase de exploración.
Además, indicó que tratan de mantener el diálogo con los dirigentes y que a través de las radios locales explican de qué se trata el proyecto y en que fase se encuentra.
En este video de Anonymous Perú vemos cómo la policía no tiene ningún reparo en dispararle a los civiles:
¿Qué pasa ahora? Reporta El Comercio que finalmente el gobierno ha decidido enviar “una comisión técnica de alto nivel” de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) irá a Pichanaki. Esta comisión incluye al viceministro de Energía y Minas, representantes del Ministerio del Ambiente y otros funcionarios.
¿El problema? Pues que el diálogo recién ocurriría en 5 días. En ese lapso de tiempo realmente puede pasar CUALQUIER COSA.Realmente esperemos que no sea demasiado tarde (pero probablemente lo sea).
El estudio analiza porqué la mina de oro más grande de la región, Yanacocha, declaró que durante el ejercicio fiscal del año 2013 sólo registró pérdidas, por lo que no pagó ni un sol de impuestos al Estado peruano; lo que puede configurarse como un caso de elusión tributaria.
El destacado periodista Raúl Wiener presentaró su reciente trabajo de investigación «La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso Yanacocha», editado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD). El libro se presentó el día de ayer 5 de febrero a las 10:30 am, en la Sala Miguel Grau del Congreso.
La Fiscalía habría iniciado una investigación preliminar contra Javier Velarde, gerente general de Minera Yanachoca y director regional de asuntos legales de Newmont Mining, minera norteamericana que tiene el 51.4% de Yanacocha.
La investigación sería porque Minera Yanacocha aumentó deliberadamente sus costos para pagar menos impuestos a la renta. principalmente cargando costos de otro proyecto, principalmente el proyecto Conga, que se encuentra suspendido. La investigación de la Fiscalía trataría de demostrar que los costos del proyecto Conga son cargados a los costos operativos, administrativos y a la depreciación para el cálculo de impuesto a la renta, cuando debió hacerse con las utilidades de Yanacocha después de impuestos.
Recordemos que el congresista por Cajamarca, Jorge Rimarachín Cabrera, denunció en diciembre del año pasado a la empresa Minera Yanacocha por elusión tributaria, ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio Público, basándose en estudio denominado “La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar?” El caso Yanacocha”, elaborado por el periodista Raúl Wiener y el contador Juan Torres Polo, que se presentó como un libro hoy 5 de febrero en el Congreso de la República.
Jaime Chaupe, esposo de Maxima Acuña de Chaupe, reporta que desde las 10.00am aproximadamente 300 trabajadores de la empresa minera Yanacocha trataron de entrar a su terreno agresivamente y que ahora están en los alrededores del terreno proclamando que van a construir un campamento para la mina. También hay presencia de aproximadamente 40 policías armados y con escudos. Los trabajadores están armados con picos y traen barretas y mayas.
Después de los recientes ataques de intimidación y acoso del 20 de enero y 03 de febrero contra Maxima y su esposo Jaime, ambos defensores están muy ansiosos y al solo ver a policías y trabajadores de la mina cerca de su hogar sienten mucho miedo y temor de ser agredidos otra vez.
Por suerte, el compañero Milton Sanchez y otros compañeros de Celendin están acompañando a la familia en estos momentos.
Pueden escuchar aquí el testimonio de Maxima Acuña, Jaime Chaupe y Milton Sanchez:
La voz de Maxima Acuña se transmitió en radio líder de Cajamarca.
Leer aqui nuestra denuncia pública sobre el incidente del 03 de Febrero 2015
El día 03 de febrero de 2015, Máxima Acuña y su familia en el predio de Tragadero Grande, en Cajamarca, fueron atacados por la empresa Yanacocha, que a través de sus trabajadores y personas con indumentaria policial (se presume que son policías sin identificación) destruyeron la ampliación de su vivienda.
Como es de conocimiento público Acuña venció a Yanacocha en los tribunales en diciembre de 2014, frente a la acusación de usurpación de tierras. Pese a ello la empresa atacó a Máxima y su familia; quienes en el colmo de la injusticia y prepotencia se defienden diciendo que han actuado en “defensa posesoria”. Pueden ver más sobre la opinión de la defensa de Acuña y del inefable comunicado de la empresa aquí.
Compartimos las fotos difundidas desde el facebook de Grufides sobre la agresión:
Escucha el audio donde Máxima Acuña relata lo sucedido:
Máxima ha manifestado que no se irá de su tierra en declaraciones para Ideele:
Si a mí o mis hijos nos pasa algo, será responsabilidad de todas las autoridades que están a favor de la empresa minera Yanacocha, advirtió Máxima Acuña de Chaupe, tras considerar que no se dejará amedrentar por el accionar de dicha compañía.
“[La minera Yanacocha] no puede impedir que construya en mi territorio, que de aquí es mío y de aquí para allá es de la empresa, ¡no señor! Ahora estoy trabajando con mis peones dentro de mi territorio. Desde este momento, cualquier cosa que me pase a mí y a mis hijos será responsabilidad de todas las autoridades que están a favor de la empresa minera”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Yo no voy a abandonar mi tierra por ningún motivo, voy a dar mi vida, voy a dar mi sangre para que quede esto para la historia y para las próximas generaciones”, manifestó.
Compartimos el siguiente comunicado del Poder Judicial sobre el caso Chaupe:
En medio del malestar y la controversia generados por la violenta incursión que el día de ayer hicieran fuerzas de seguridad de le empresa minera Yanacocha en terrenos que viene ocupando la familia Chaupe y que la compañía considera de su propiedad, el Poder Judicial de Cajamarca ha emitido el siguiente comunicado:
“La Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que tuvo como ponente y director de debates al Juez Superior Elard Zavalaga Vargas, e integrada por su Presidente Oscar Gilberto Vásquez Arana y el Juez Superior Jorge Fernando Bazán Cerdán, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Minera Yanacocha S.R.L., en contra de la sentencia del 17 de diciembre del 2014; en la que se revocó el fallo emitido por el Juez del Juzgado Unipersonal de la provincia de Celendín y se absolvió de la acusación fiscal por el delito de usurpación agravada a Jaime Chaupe Lozano, Elías Abraham Chávez Rodríguez, Máxima Acuña Atalaya e Ysidora Chaupe Acuña.
“Como se recuerda, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, ordenó en la sentencia del 17 de diciembre del 2014, anular los antecedentes generados en contra de los acusados, así como la cesación del desalojo preventivo y ministración provisional de la posesión del predio “Tragadero Grande” a favor de la empresa agraviada ordenado mediante resolución número tres de fecha veintidós de diciembre del año dos mil once por el Juez de Investigación Preparatoria de Celendín”.
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Cajamarca, 04 de febrero de 2015
CELENDIN LIBRE 