Afirmó que la paralización de este proyecto minero le costó a minera Yanacocha mil 700 millones de dólares.
Fuente: Internet
Convencido de sus palabras y de la realidad, Raúl Benavides Ganoza, alto directivo de minera Yanacocha y Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Buenaventura, afirmó que el proyecto minero está muerto y al menos por el momento las condiciones económicas y sociales no favorecer llevar adelante este proyecto.
Tras señalar que no hay nada concreto sobre la posibilidad de una reformulación del proyecto para su puesta en marcha, Raúl Benavides afirmó: “Para efecto prácticos el proyecto conga está muerto”.
Raúl Benavides hizo estas declaraciones luego de su participación en la juramentación de 70 representantes graduados del proyecto Creación y Fortalecimiento de Uniones de Crédito y Ahorro, UNICA, impulsado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, La Corporación Financiera de Desarrollo y gobiernos locales.
Estimó sin embargo que el proyecto minero conga podría ser reformulado, es decir de hacerlo de una forma distinta, buscando aspectos más convenientes que generen un menor impacto ambiental o poner sus instalaciones en otro sitio, para acto seguido agregar que si bien es cierto éstas son posibilidades, por el momento no hay nada concreto
Aun cuando no los reconoció directamente, el alto funcionario de Minera Yanacocha señaló que si existieron errores, éstos ya se reconocieron, la paralización de conga le costó a la empresa mil 700 millones de dólares, lo cual significa un costo muy alto.
Al ser consultado respecto a la opinión del Ministro de Economía de que en 18 en meses podrían reactivarse proyectos mineros en Ica, Moquegua y Cajamarca, consideró que son apreciaciones muy optimistas que ojalá se hagan realidad.
En relación a minera La Zanja dijo que se está llegando al agotamiento de las reservas y éstas solo se tienen hasta finales del 2018. De allí en adelante veremos que se hace, indicó.
El presente estudio analiza un periodo reciente de la historia del Perú, durante el cual sucedieron acontecimientos económicos y sociales que reflejan los problemas estructurales del país, como la presencia de grupos económicos que distorsionan el mercado, la predominancia de una estructura económica primario-exportadora, la fragilidad institucional, los aún altos niveles de pobreza, entre otros.
El principal objetivo de esta investigación es analizar la política fiscal implementada en el sector minero en la década 2003-2012, durante la cual el alza sostenida de los precios internacionales de los metales generó un periodo de bonanza económica en el país, que paradójicamente se desarrolló en medio de conflictos socioambientales. El documento se concentra en investigar cómo evolucionaron los ingresos fiscales derivados de la renta minera, y en determinar cómo y cuánto el país ganó o dejó de ganar durante dicho periodo.
El estudio consta de tres capítulos. En el primero se presentan algunas variables económicas que revelan la importancia del sector minero en la economía nacional y se analiza el incremento del precio internacional de los metales como principal determinante de una década de bonanza económica.
Además, se presentan los principales instrumentos fiscales (impuestos y regalías) que aplica y ha aplicado el Estado como medios de apropiación de la renta minera.
En el segundo capítulo se revisa la política fiscal implementada en un contexto de bonanza, con énfasis en el sector minero. Si bien el éxito de la política de ingresos públicos depende de una adecuada política tributaria, la eficacia de la administración tributaria es clave. Por ello, se analizan los instrumentos fiscales adoptados con el objetivo de procurar que el Estado y las poblaciones mineras alcancen una mayor participación en las ganancias extraordinarias del sector. Asimismo, se evalúan las decisiones de política fiscal que se tomaron para administrar el fin de la bonanza minera.
En el tercer capítulo se busca responder si la política fiscal y los instrumentos, tributarios y no tributarios, implementados durante la década de bonanza para gravar la renta minera, fueron lo suficientemente eficaces para generar
recursos adecuados para el desarrollo del país. En particular, interesa conocer si las poblaciones mineras —representadas por sus gobiernos regionales y locales— lograron una mayor participación en los ingresos extraordinarios del sector. Desde esta perspectiva, este capítulo intenta hacer un balance de los temas abordados en los dos primeros capítulos.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio.
La publicación presentada esta semana cuenta con el auspicio de la organización de cooperación solidaria Oxfam y ha sido puesta a disposición del gran público gracia a su publicación virtual en formato PDF.
El libro ha despertado un gran interés debido a que aborda el delicado tema de las relaciones de poder e influencia que las empresas, principalmente las extractivas, ejercen sobre el aparato legal y del estado.
El texto de 95 páginas describe el fenómeno de la captura política del Estado y cómo tiene efectos diferenciados. Por un lado favorece y fortalece a la élite económica y por otro afecta negativamente a grupos sociales vulnerables.
Entre sus multiples consecuencias se encuentrann: debilita la neutralidad y la capacidad fiscalizadora del Estado y erosiona su legitimidad, fortalece la concentración de poderes políticos, impide al Congreso cumplir un rol legislativo proactivo, limita la deliberación democrática y afecta el acceso a recursos materiales y a oportunidades para los pobres.
El valioso documento concluye señalando que la sociedad podría evitar estos costos y funcionar mejor con menos concentración de riqueza, mayor equilibrio de poderes, acceso alternativo a los medios de comunicación y mayor vitalidad organizativa y capacidad propositiva de la sociedad civil.
Paquetazo ambiental
La publiicación dedica un capítulo al análisis de la ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, un controvertido conjunto de normas de índole ambiental, social y tributario sobre las cuales diversos sectores afectados exigen su derogatoria.
Tal como señala un fragmento del libro: “Frente a la abundancia de zonas grises entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo e ilegítimo, lo correcto y lo arbitrario, Durand aborda y analiza de manera detallada la captura política en el Perú a partir de un hecho concreto: la aprobación en el año 2014 de la Ley 30230, o el llamado “paquetazo ambiental”, durante el gobierno de Ollanta Humala».
«A través de un detallado mapeo de actores, el autor explica el proceso de aprobación de dicha ley, develando la indebida influencia y las alianzas que se tejieron entre el poder económico, mediático y político, así como los costos para el Estado y la sociedad debido a la falta de transparencia y equidad en su aprobación” prosigue la presentación.
A lo largo de 2014, el precio internacional de los metales, principal dinamizador en los últimos años del sector extractivo, continuó mostrando correcciones a la baja, como ocurre desde 2011 y 2012; asimismo y de manera más abrupta, el precio del petróleo redujo a la mitad su valor en seis meses. Todo ello tendrá un claro efecto en la disminución del aporte fiscal del sector extractivo.
Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.
Al mismo tiempo, han sido años de controversia. Por el lado económico, se generó un debate alrededor de la aplicación de la Ley de regalías mineras y de la negativa de un grupo de empresas a cumplir con dichos pagos en virtud de sus contratos de estabilidad tributaria; también, en el inicio del gobierno de Ollanta Humala se discutió la aplicación de un impuesto a las sobreganancias, propuesta que fue desplazada por la aplicación del gravamen minero, con efectos no muy claros. En tanto, en el campo social, los conflictos entre empresas y comunidades locales se reprodujeron en varias regiones del país debido a que éstas perciben que sus derechos económicos y sociales son vulnerados frente a un Estado con poca capacidad y voluntad para hacer cumplir las normas socio-ambientales, las que a su vez son cuestionadas por su permisividad excesiva.
Actualmente, la discusión sobre el sector extractivo está centrada entre continuar con el actual modelo primario exportador, aplicando algunos ajustes, o virar hacia una estructura económica más diversificada, tal como vienen recomendando la CEPAL y organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien ya en el 2014 se publicó el Plan Nacional de Diversificación Productiva, se percibe que este cuenta con poco respaldo político del gobierno y que, por el contrario, se pretende continuar con el modelo extractivo actual otorgando beneficios tributarios a las empresas, debilitando la institucionalidad ambiental y afectando los derechos de las comunidades. La necesidad de este debate se ve opacada por las voces de quienes afirman que el país crece a una menor velocidad debido a que no se llevaron adelante algunos proyectos mineros producto de los conflictos sociales y las trabas burocráticas.
En esta línea, los gremios empresariales exigen medidas que permitan agilizar los trámites, como la implementación de la ventanilla única, la acotación a la ley de consulta previa (que se aplique solo para comunidades amazónicas) y la agilización de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, la creación en 2013 de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos expresa la voluntad de una más fuerte presencia pública de los intereses de las empresas petroleras. Permeable a esta presión, a lo largo de 2014, el Gobierno Nacional impulsó una serie de medidas tributarias, de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión privada.
De este contexto han surgido claramente dos preocupaciones. Por un lado, en razón de la multiplicación de conflictos sociales ligados a la actividad extractiva, se habla de la necesidad de una mejor gestión sectorial y territorial del sector extractivo. De otro lado, en relación a la captación y redistribución de los recursos, un reto pendiente es fortalecer la capacidad de gestión del aparato público en todos sus niveles. Entre ambas, creemos necesario promover un debate abierto acerca de los resultados e impactos logrados con los recursos provenientes de la renta de las industrias extractivas en estos años de boom.
En otros términos, planteamos que se abra un debate sobre el rol que cumplió la minería en nuestra sociedad. El Reporte N° 19 de Vigilancia de las Industrias Extractivas propone un balance sobre la generación, distribución y uso de la renta de la minería, gas y petróleo en el país. Su publicación, a cargo de Grupo Propuesta Ciudadana, es posible gracias al apoyo de las organizaciones Natural Resource Governance Institute y Pan para el Mundo.
En este blog, vamos a ir compartiendo algunas conclusiones de nuestro reporte:.
No fue una riqueza compartida
Entre los años 2004 – 2012, el sector extractivo resultó favorecido por un escenario extraordinario de precios altos y demanda creciente de recursos naturales. Esto incentivó la llegada de grandes inversiones al sector que incrementaron la producción y las ganancias de las empresas y, por consiguiente, también la recaudación de ingresos fiscales del Estado.
Este escenario posicionó al sector extractivo –minero e hidrocarburífero–, como muy importante para la economía pese a su bajo aporte al PBI, al empleo y a los reducidos encadenamientos productivos que genera. Con un aporte a la caja fiscal que alcanzó en promedio el 23% de los ingresos del gobierno central en el período de mayor bonanza (2006-2011), este modelo aseguró recursos suficientes para financiar obra pública y programas sociales, por lo que los gobiernos de turno mantuvieron casi inalterables las políticas económicas gestadas en los años 90, perdiendo la oportunidad de participar en mejores condiciones de la riqueza generada.
Es claro que fueron las empresas las principales beneficiadas con el boom minero y que el Estado sólo participó de una porción menor de la riqueza generada debido a que el esquema tributario, establecido en los años 90, se mantuvo inalterado hasta el año 2011. En ese sentido, la aplicación de la Ley de regalías mineras fue diluida por los contratos de estabilidad jurídica que protegían a las empresas y, más adelante, la negociación del Aporte Voluntario Minero conformó un fondo apenas equivalente a las regalías mineras no pagadas. Las medidas tributarias aprobadas por el gobierno de Ollanta Humala en 2011 (gravamen minero e impuesto especial a la minería) produjeron mucho menos de los 3,000 millones de soles anuales ofrecido porque, de un lado, llegaron tarde cuando los precios caían y, del otro, porque el gobierno cometió el error de aceptar que estos pagos sean descontados como costos al momento de calcular la renta imponible.
¿De quién es la riqueza minera?
Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.
No supimos repartir bien la torta.
En el período 2004-2014, las transferencias de recursos hacia los gobiernos regionales, por canon y regalías, se vieron favorecidas por la recaudación creciente de recursos por parte del Estado.
Sin embargo, el que estas transferencias estuvieran concentradas en las principales zonas productoras, generó inequidades en la distribución del presupuesto en perjuicio de las regiones no productoras. Este problema fue parcialmente corregido por las transferencias compensatorias realizadas por el MEF aunque utilizando mecanismos discrecionales y poco transparentes.
El problema de la inequidad en la distribución del presupuesto persiste aunque en menor medida y, tras 10 años, el esquema de distribución del canon sigue sin modificación porque es políticamente difícil lograr un consenso en el Congreso de la República. Una eventual modificación de este esquema debe discutirse retomando la agenda de la descentralización fiscal, que nos permita avanzar hacia un sistema de transferencias más previsible, transparente y menos volátil.
La canon-dependencia
Los gobiernos subnacionales, receptores de los recursos del canon y regalías, financiaron con ello parte importante de sus inversiones. Fue, en algunos casos, la principal fuente de financiamiento, provocando una muy alta dependencia de las transferencias, en especial en el caso de las municipalidades de las regiones productoras. Entre el 2008 y el 2012, alrededor de una quinta parte del presupuesto total de los gobiernos regionales se financió con transferencias de recursos provenientes principalmente de la minería. Esta situación empezó a revertir a partir de 2012, cuando los precios de los minerales caen, arrastrando a la baja las utilidades de las empresas y con ellas las transferencias por canon. Las regiones mineras (Ancash, Cajamarca, Moquegua, Tacna, La Libertad) han visto reducirse drásticamente sus ingresos por concepto de canon minero, que pasó de S/. 5,200 millones en 2012 a S/. 2,000 en 2015. Frente a este escenario que combina ingresos a la baja y con alta volatilidad, los reclamos de las autoridades y la protesta social van en aumento por la disminución del empleo generado a través de las obras públicas.
Sin embargo, el peso de la renta extractiva en el financiamiento de las inversiones en los gobiernos regionales ha disminuido. Hasta el año 2010 financiaba más del 40% de las inversiones, y entre 2009 y 2010 financiaron más del 50%.
¿En qué gastamos el dinero del canon?
No gastamos solo en “monumentos inútiles”.
De los S/. 8,181 millones presupuestados para inversiones por parte de los gobiernos regionales en 2014, el 22% está financiado principalmente con recursos provenientes de las actividades extractivas. Estos recursos están orientados a proyectos en las funciones de Salud y Saneamiento (27.05%), Transporte (25.59%), Educación, Cultura y Deporte (20.05%) y Agropecuaria (13.98%), sumando en total 86.7%, siguiendo una tendencia que que no ha variado significativamente respecto a los últimos 10 años. Así, la evidencia contraviene la idea común de que las municipalidades y gobiernos regionales asignan esos recursos a proyectos no prioritarios.
Si bien existe información que indica que alguna porción de estos recursos se destina a proyectos de nula trascendencia en algunas localidades, es una falacia generalizar que los recursos del canon se dilapidan. El problema de fondo de la inversión pública, tanto la descentralizada como la nacional, tiene que ver con la calidad del gasto: obras sobredimensionadas, problemas de diseño y alta incidencia de la corrupción. La ausencia de información que permita medir la calidad del gasto y su impacto es un déficit urgente a superar desde el MEF.
¿Sabemos gastar el presupuesto público?
Desde hace varios años se cuestiona y critica a las autoridades locales y regionales por su bajo nivel de ejecución del gasto. Sin embargo, la información que publica la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta de que en los últimos ocho años, en cifras agregadas, el gasto de inversión en los gobiernos regionales y municipalidades ha crecido a una velocidad mayor que aquel del Gobierno Nacional.
Un aspecto que los críticos no consideran es que los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales sufren fuertes modificaciones durante el año, producto principalmente de las transferencias extemporáneas de recursos provenientes de los sectores del Gobierno Nacional (Ministerios de Educación, Vivienda y Construcción, Transportes, entre otros) y que realizan cuando su gasto sectorial avanza menos que lo previsto. Una prueba de ello es que el avance de ejecución del gasto supera el 100% cuando se toma como referencia el presupuesto de apertura y solo disminuye cuando se alude al presupuesto modificado.
Como podemos apreciar, los porcentajes más bajos de ejecución corresponden a los años en los que los cambios en el presupuesto fueron más marcados; pero también se observa una tendencia de mejora en la eficacia del gasto a partir de 2009. Desde 2007, las transferencias por canon minero se realizan en una sola ocasión, de golpe, reemplazando la transferencia en doce cuotas que se realizaba hasta entonces. Este cambio introduce más volatilidad al presupuesto porque implica que en junio o julio los gobiernos regionales reciben una fuerte transferencia de recursos que es imposible ejecutar en los cinco o seis meses restantes. El resultado inevitable: los elevados saldos presupuestales sin ejecutar que son transferidos al año fiscal siguiente.
La ‘privatización’ de los recursos públicos
Apelando a la supuesta “ineficiencia” o “mala gestión” de las inversiones por parte de los gobiernos locales y regionales -y del Estado en general-, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han tomado medidas orientadas a impulsar la participación del sector privado en la ejecución de obras públicas bajo el supuesto de una mayor eficiencia.
Para ello se han implementando dos mecanismos: Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). En ambos se observa una mayor participación de las empresas dedicadas a las actividades extractivas, y particularmente mineras en el mecanismo de OxI. Esto se debe a los beneficios que este mecanismo les procura, sobre todo en términos de mejora de imagen: aunque se trata de recursos públicos las empresas incorporan discursivamente este mecanismo dentro de una aparente responsabilidad social empresarial.
De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, sólo diez empresas (entre ellas cinco mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields; y dos bancos: BCP e Interbank) concentran más del 86%, y las cinco primeras, más del 72%.
Entre 2009 y abril de 2015 se han registrado 1,550.3 millones de soles en compromisos de inversión en el programa de OxI. El incremento significativo en el monto comprometido en 2011 se explica por la construcción del puente Chilina (Arequipa), por una inversión de 245.5 millones de soles. Luego hay una clara tendencia al alza en la implementación de los proyectos y en la participación de los capitales privados, notoriamente en 2013, cuando el número de obras dobló al de 2012 y multiplicó la inversión por 2.4 veces respecto al año anterior.
La evidencia internacional muestra que las obras realizadas mediante APP son mucho más costosas, y su ejecución adolece de poca transparencia. En el Perú, hemos demostrado que gran parte de las empresas mineras que gestionaron los recursos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo no cumplieron con elaborar los estudios de evaluación de impacto final de los proyectos implementados y, por tanto, no es posible conocer los impactos producidos por la aplicación de estos recursos, que ascendieron a S/. 2,300 millones de soles.
Desorden territorial e incertidumbre
Como sabemos, en años recientes, se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras en el territorio nacional, en particular en la sierra y selva.
Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplicó por ocho, mientras que la superficie (en hectáreas) entregada se multiplicó por once. En esta dinámica de ocupación del territorio, incluso algunas áreas naturales protegidas y territorios reservados son presionados por las concesiones y, en algunos casos, se les superponen derechos de uso, lo cual genera una sensación de temor, desconfianza y el reclamo de las autoridades locales y líderes de comunidades campesinas y nativas.
Si bien sólo una pequeña parte de los territorios concesionados están ocupados por algún tipo de actividad minera, esta situación contribuye a la conflictividad social que vive el país. Por ello, el sistema actual de entrega automática de concesiones debe ser revisado y modificado.
La organización solicitó al Ministerio Público que realice una investigación inmediata respecto a la muerte de las personas que participaron de los enfrentamientos ocurridos contra el proyecto minero Las Bambas.
«Las muertes que hemos presenciado son inaceptables y esas responsabilidades deben ser asumidas. El precio de las protestas sociales no debe ser la muerte de ninguna persona», afirmó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú.
A través de un comunicado de prensa, la organización advirtió que lamentablemente esta no es la primera vez que se registran casos de violencia en protestas sociales por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país.
En ese sentido, recordó que en los últimos cuatro años, se han registrado 40 personas fallecidas en circunstancias en que la Policía hizo uso excesivo de la fuerza y que la mayoría de estas muertes no fue investigada de manera apropiada.
Asimismo, advirtió que según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, la policía solo puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y ese uso debe ser proporcional a un propósito legítimo.
«Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso, como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y el uso letal intencionado de armas de fuego sólo puede justificarse cuando sea absolutamente inevitable para proteger vidas», agrega el comunicado.
Finalmente, Amnistía Internacional hizo un llamado a solucionar por la vía pacífica este conflicto, antes de que se arriesgue la integridad física de los habitantes de la zona.
El proyecto minero de Las Bambas se ha convertido en el centro de un grave conflicto social. En esta nota especial, LaRepublica.pe enumera los puntos más importantes para entender este tema.
El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en varias provincias de varias regiones de Apurímac y Cusco a raíz de las protestas en contra del proyecto minero Las Bambas, que ya han dejado un saldo de tres fallecidos y varios heridos. A continuación LaRepublica.pe explica las claves para entender este conflicto social.
Corría el año 2004 cuando la empresa Xstrata Copper obtuvo la licencia para explorar Las Bambas. Este proceso concluyó en el 2008 luego de que la empresa perforara un total de 306 908 metros acumulados.
En el 2010 se realiza la primera audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurimac. Asimismo se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión estimada en 5 mil millones de dólares. Al año siguiente (2011) el Estado aprobó el EIA con lo que se inicia el proceso de construcción de la inversión planeada.
Si bien hasta entonces la relación de las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, el trato era predominantemente positivo. Pero todo cambió cuando en mayo del 2013 las empresas Glencore (australiana) y Xstrata (china) se fusionaron. Debido a las leyes antimonopolio de China, Xstrata se vio obligada a vender el proyecto de cobre.
Así, en abril del 2014, Las Bambas fue comprado por un consorcio conformado por las empresas MMG Limited (62,5 %), una subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). A diciembre de este año, el avance del proyecto se encontraba en el 80%, pero la situación dio un giro.
2. ¿Qué piden los opositores al proyecto?
Con la compra del megaproyecto minero también hubo modificaciones en este lo que provocó el rechazo de varias comunidades campesinas y organizaciones de las zonas de impacto en la región de Apurimac.
Entre estos cambios se encuentran: la no construcción del mineroducto (que pone en riesgo las zonas aledañas por el transporte del mineral); la construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba (que podría afectar al río Challhuahuacho) y la construcción de otra planta de filtros en el lugar.
Los manifestantes piden que estan plantas sean retiradas y que el proyecto sea puesto a consulta previa, aduciendo los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Por otra parte, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía de Transporte de Carga Pesada.
3. La respuesta del gobierno
Tras lamentar la violencia que se dio en las protestas, el presidente Ollanta Humala decretó estado de emergencia en varios distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. Mientras que el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello Abarca, explicó que desde hace varios meses vienen pidiendo el diálogo con el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, minimizó la existencia de dicho frente en un programa de televisión.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que asegura que la empresa presentó en el 2013 un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) sobre «la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado» con el que se concluyó que no tendrá un impacto ambiental significativo en la zona.
Asimismo asegura que no se ejecutaron los talleres de participación ciudadana porque en el caso de los ITS, esta información solo se difunde a «las autoridades locales y provinciales correspondientes».
El gobierno no puede alegar que no sabía de las preocupaciones de la población por los cambios en el proyecto porque el gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas, lo informó en su momento al Ministerio de Energía y Minas pero le respondieron que estas modificaciones «no eran sustanciales y estaban de acuerdo a ley».
4. La importancia del proyecto Las Bambas
Con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales por 10.5 millones de toneladas métricas de cobre, Las Bambas es el proyecto minero más grande del país y cuenta con una inversión de 10 000 millones de dólares.
Para el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva la economía peruana depende, entre otros factores, de este tipo de proyectos comiencen a operar. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno.
Otros proyectos mineros importantes son el de Toromocho, con una inversión de US$3 500 millones; Constancia, con US$1 400 millones; y la ampliación de Cerro Verde por US$4 600 millones.
Un llamado a la calma y al diálogo en el caso de Las Bambas
Ante los lamentables sucesos ocurridos el día de ayer, 28 de septiembre, en la localidad de Chalhuahuacho, Apurímac, donde cuatro ciudadanos peruanos perdieron la vida, veintitrés personas resultaron heridas y varias decenas detenidas, en el enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional del Perú; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública y autoridades para expresar lo siguiente:
1. Lamentamos profundamente la pérdida de cuatro vidas humanas en los hechos de violencia ocurridos el día de ayer, así como la situación de extrema gravedad de algunas de las personas heridas, incluyendo a los efectivos de la PNP. En este sentido, hacemos un llamado a la calma a la población de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, y exhortamos al Estado a evitar el uso de métodos represivos, que incluyen proyectiles de armas de fuego, para controlar los actos de protesta. Recordamos a ambas partes la necesidad de restablecer lo más pronto posible los canales de diálogo y de erradicar el uso de la violencia en sus intervenciones.
2. El paro iniciado el 25 de septiembre por pobladores de las provincias de la región Apurímac, Cotabambas y Grau, así como la provincia cusqueña de Chumbivilcas, tiene como una de sus principales causas la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado sin consulta previa con la población. La empresa habría cambiado la ubicación de las plantas de procesamiento y la modalidad del sistema de transporte de minerales, hechos que en opinión de las y los pobladores afectarían sus recursos naturales.
3. Exigimos la pronta y exhaustiva investigación de los hechos a fin de establecer las circunstancias en que se produjeron y quiénes son las instancias y personas responsables. Demandamos la necesidad que el Ministerio Público, en cumplimiento de su rol constitucional de conducir las investigaciones respectivas, esté presente en el lugar de los hechos. Insistimos en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática para evitar el estallido de los conflictos sociales.
4. Asimismo hacemos de conocimiento que hace unas semanas se aprobó el Decreto Legislativo N° 1186, el mismo que regula el uso de la fuerza de parte de la PNP. Los principios previstos por esta norma no se han aplicado en Chalhuahuacho, y muy por el contrario, el uso desproporcionado de la fuerza por miembros de la PNP habría contribuido a un clima de mayor violencia.
5. Advertimos que la restricción de los derechos fundamentales originados en la declaratoria de estado de emergencia, tiene que cumplir con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El estado de emergencia no justifica bajo ningún motivo la arbitrariedad de parte de las instituciones del Estado.
Finalmente, recordamos a la opinión pública que durante el actual gobierno se han producido 49 muertes por el uso indebido de la fuerza, en contextos de conflicto social. El estado debe promover una política responsable, de prevención y diálogo, que garantice los derechos de las partes así como la vida de las personas.
Este martes el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano publicó un decreto supremo por el que se declara estado de emergencia en la región Apurímac, específicamente en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros; esto por las protestas desatadas en marco del proyecto minero Las Bambas. También estarán bajo la misma medida Chumbivilcas y Espinar de la región Cusco.
“Con la finalidad de lograr la estabilidad y gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales resguardando los puntos críticos vitales, como las vías de comunicación, carreteras y puentes existentes en la zona, para el normal desarrollo de las actividades de la población”, indica el documento.
Esta decisión llega luego de que tres pobladores perdieran la vida en medio de las protestas, que parten de la modificación del estudio de impacto ambiental, que descarta la construcción de un mineroducto, entre otras decisiones. Según los opositores a Las Bambas, estos cambios contaminarán el suelo y la cabecera de cuenca del río Challhuahuacho.
Según la cartera de Energía y Minas, estos cambios no son sustanciales y están de acuerdo a ley.
La violencia en Las Bambas debe detenerse para abrir paso al diálogo, exigió la Defensoría del Pueblo.
La República
Por medio de un comunicado de prensa la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que se abra paso al diálogo entre las organizaciones de las provincias apurimeñas de Cotabambas y Grau con la empresa MMG a cargo del proyecto minero Las Bambas.
En el documento, la Defensoría del Pueblo lamentó la violencia que ha afectado a catorce personas, entre 13 heridos y un fallecido, registrada en el distrito de Challhuahuacho y pidió a la Policía Nacional que haga un «uso racional de la fuerza» y a los manifestantes a no usar medios violentos en la protesta.
Asimismo, esta institución exigió que se facilite el traslado de los heridos a centros de salud especializados y pide a la población que no se obstruya el paso de las ambulancias.
Además el comunicado recuerda que tanto las autoridades municipales como la empresa minera MMG han solicitado un espacio de diálogo para atender los pedidos de las comunidades de Cotabambas y Grau y hace un llamado para que este pedido sea acogido y se establezca con prontitud un lugar para la reunión.
El texto culmina con un ofrecimiento de la Defensoría para colaborar en la resolución de este conflicto en virtud de sus funciones.
Servindi, 28 de setiembre, 2015.- El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en la zona de Cotabambas reportó cuatro fallecidos, diez heridos de bala y treinta detenidos, entre dirigentes y pobladores en la localidad de Fuerabamba a consecuencia de los enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales.
Entre los fallecidos se encuentra Escal Huamami Mío y entre los heridos: Socimo Ccopa Benito, Jesús Huamani, Joel Quispe Huilsa, Uriel Elguera Chuclla, Beto Chahuayllo Huillca, Alberto Cordovas Clallco, Leyma Quispe Román, Demetrio Pomera.
Apurímac: confirman un muerto tras enfrentamiento en Chalhuahuacho
Imágen y Nota: Apurímac: confirman un muerto tras enfrentamiento en Chalhuahuacho
El director de la posta médica de Chalhuahuacho en la provincia de Cotabambas, Percy Jerónimo Roque, confirmó como cifra un muerto y quince heridos producto de un enfrentamiento entre policías y pobladores durante una movilización por el proyecto minero «Las Bambas» en este sector mencionado de la región Apurímac .
En comunicación a RPP Noticias, el médico manifestó que a la posta que dirige llegó un comunero fallecido producto un impacto de bala, asimismo reportó que llegaron quince heridos, diez de ellos también por impacto de bala y otros dos por contusiones .
Resaltó que doce de los heridos fueron trasladados a la ciudad del Cusco para su atención, cuatro de ellos se encuentran graves.
Con respecto al lado de la policía, el galeno manifestó que no se registraron efectivos heridos, incluso reclamó que durante el traslado de los heridos desde la zona de Manantial (donde se registró el enfrentamiento) una de sus ambulancias sufrió un impacto de proyectil.
– Todas las vías de acceso a Cotabambas se encuentran bloqueadas.
Servindi, 28 de setiembre, 2015.- El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros en la zona de Cotabambas, región Apurímac, informó que en la localidad de Fuerabamba se vienen produciendo enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales. Se han reportado 6 heridos de bala, entre ellos el poblador Santos Ccopa de la comunidad Pisacasa y Joel Mamani.
La policía habría intentado dispersar a las comunidades que estaban reunidas en esa localidad y se habrían producido las primeras detenciones de pobladores.
El Observatorio ya había expresado su alarma por el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional enfrentar el paro indefinido contra el proyecto minero Las Bambas iniciado el viernes 25 de setiembre.
La Resolución Suprema 200-2015 del Ministerio del Interior autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas desde el 25 de setiembre hasta el 24 de octubre en las provincias de Grau y Cotabambas, en el departamento de Apurímac, así como en las provincias de Chumbivilcas y Espinar, en el Cusco.
De esta manera el Poder Ejecutivo busca enfrentar la medida de fuerza, agregando “un mayor ingrediente de tensión en la zona” apunta el Observatorio.
Segun reportó el Observatorio miles de pobladores se estaban movilizando en la localidad de Challhuahuacho, desde diversos distritos de las provincias de Cotabambas y Grau, mientras que todas las vías de acceso a Cotabambas se encuentran bloqueadas.
El acuerdo del paro iniciado en las provincias y distritos de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas se adoptó en un encuentro interprovincial realizado el 12 de setiembre en la comunidad de Huancuire, Cotabambas, con la participación de más de 600 delegados.
Representantes del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba, en Cotabambas, señalan que la empresa minera modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de manera irregular y sin transparencia.
Los cambios efectuados sin conocimiento de la población modifican la ubicación de plantas de procesamiento y el sistema de transporte de mineral de Cotabambas a Espinar.
Los pobladores temen que sus recursos se vean afectados y han acordado desconocer la modificación del EIA y conformar un comité de lucha.
De acuerdo a una Plataforma de Lucha, los pobladores piden consulta previa, demolición y retiro de la planta de molibdeno, la renuncia de los funcionarios de la empresa minera, el cierre de las emisoras de la empresa, la renegociación de las tierras comunales y la presencia de altos funcionarios de la empresa.
Los dirigentes informaron que estas medidas responden a la falta de respuesta del Estado, la falta de medidas correctivas y previsiones solicitadas por la población en reiteradas oportunidades.
Se espera que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros tomen cartas en el asunto, inicien un proceso de diálogo que permita encontrar salidas inmediatas y así evitar el estallido de un nuevo conflicto.
El proyecto minero prevé una extracción de 6,9 millones de toneladas de cobre. Se sitúa a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, entre las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cusco.
En mayo del 2013, se concretó la fusión entre Glencore y Xstrata. Como parte de las reglas antimonopolio de China, se le puso como condición a Xstrata que venda el proyecto de cobre en Perú llamado “Las Bambas”. MMG Limited fue la empresa que la compró.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) es una plataforma informativa y de análisis que busca recoger y sistematizar información relevante de los principales conflictos vinculados a la actividad minera que se desarrollan en distintas regiones del país.
En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.
La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derechono estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.
Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?
En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.
OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.
SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA
Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Áncash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.
El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.
El Ministerio de Energía y Minas contrató a consultores privados para identificar cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros.
El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.
LA HISTORIA DE HUAQUIRCA
En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real.
Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.
Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).
El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.
CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL
Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.
El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.
Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.
EN LOS ANDES. El 63% de las comunidades identificadas como indígenas son quechuas del norte y sur del Perú.Crédito: Miguel Mejía.
Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.
La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista conOjoPúblicoque “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.
SANCIONES Y RESPONSABILIDADES
El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.
La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.
El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.
Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.
Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.
El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.
En un comunicado, la empresa transnacional Southern Copper anunció “una pausa” en el proyecto minero Tía María en la provincia arequipeña de Islay. El “intervalo” que proponen la empresa es de 60 días para retomar el diálogo en la provincia de Islay.
Además, el presidente de Southern, Óscar Gonzáles Rocha, hizo un “llamado de paz” con este intervalo para Tía María.
“Southern Perú propone una pausa, un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores”, se lee en el documento.
A su vez, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró en el Pleno del Congreso que la empresa minera Southern Copper aceptó hacer “una pausa” en el proyecto Tía María.
Cateriano sostuvo que “el proyecto debe ser discutido técnicamente. Los problemas se deben solucionar sin el uso de la violencia. No podemos imponer por la fuerza el proyecto. Resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia, retrace el desarrollo de una región”.
Asimismo, el Primer Ministro declaró que desetimaron declarar toque de queda en Arequipa. “Después de una evaluación acordamos que no era viable una declaratoria del Estado de Emergencia”, indicó.
A su vez, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la importancia de defender el Estado de Derecho y la capacidad del Gobierno de “tomar decisiones sólidas”. También indicó que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) se hará cargo próximamente de los estudios de impacto ambiental detallados y lamentó que muchos opositores critiquen las acciones del Gobierno sin haberse informado.
Según recoge la agencia de noticias Reuters, el motivo de la pausa en el proyecto sería las constantes protestas violentas que se originaron en la provincia de Cocachacra y se expandieron a la ciudad de Arequipa.
En Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 3941 “para la promoción de inversiones en zonas de mayor exclusión social”. El tema fue dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Su ámbito de aplicación serán las entidades públicas relacionadas al otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y similares, así como las entidades vinculadas a las actividades de certificación ambiental, recaudación tributaria, promoción de la inversión, aprobación de servidumbres, valuación de terrenos, protección de áreas de seguridad y obtención de terrenos para obras de infraestructura de gran envergadura.
El alcance de la iniciativa será aplicable a los proyectos de inversión pública, privada, pública privada o de capital mixto.
El proyecto, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, fue aprobado en primera votación por 58 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones.
Previamente fue desestimada la cuestión previa del legislador Yonhy Lescano para que el tema fuese devuelto a la Comisión de Pueblos Andinos. Fue por 55 votos en contra, 16 a favor y ninguna abstención.
También se rechazó la cuestión previa propuesta por el congresista Manuel Dammert para que se votara aparte el artículo 38º, relativo a las acciones para la optimización de los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la inversión privada. Ello fue con 57 votos en contra, 17 a favor y ninguna abstención.
CELENDIN LIBRE 