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Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación ~ Miércoles, 22 Jul 2015

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En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derechono estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Áncash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Conoce aquí qué comunidades forman parte de la base de datos preliminar de pueblos indígenas

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El Ministerio de Energía y Minas contrató a consultores privados para identificar cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real.

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

EN LOS ANDES. El 63% de las comunidades identificadas como indígenas son quechuas del norte y sur del Perú.Crédito: Miguel Mejía.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

 Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.




En un comunicado, la empresa transnacional Southern Copper anunció “una pausa” en el proyecto minero Tía María en la provincia arequipeña de Islay. El “intervalo” que proponen la empresa es de 60 días para retomar el diálogo en la provincia de Islay.

Además, el presidente de Southern, Óscar Gonzáles Rocha, hizo un “llamado de paz” con este intervalo para Tía María.

“Southern Perú propone una pausa, un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores”, se lee en el documento.

A su vez, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró en el Pleno del Congreso que la empresa minera Southern Copper aceptó hacer “una pausa” en el proyecto Tía María.

Cateriano sostuvo que “el proyecto debe ser discutido técnicamente. Los problemas se deben solucionar sin el uso de la violencia. No podemos imponer por la fuerza el proyecto. Resulta inaceptable que una minoría, mediante la violencia, retrace el desarrollo de una región”.

Asimismo, el Primer Ministro declaró que desetimaron declarar toque de queda en Arequipa. “Después de una evaluación acordamos que no era viable una declaratoria del Estado de Emergencia”, indicó.

A su vez, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, destacó la importancia de defender el Estado de Derecho y la capacidad del Gobierno de “tomar decisiones sólidas”. También indicó que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) se hará cargo próximamente de los estudios de impacto ambiental detallados y lamentó que muchos opositores critiquen las acciones del Gobierno sin haberse informado.

Según recoge la agencia de noticias Reuters, el motivo de la pausa en el proyecto sería las constantes protestas violentas que se originaron en la provincia de Cocachacra y se expandieron a la ciudad de Arequipa.

Fuente: Actualidad Ambiental – http://www.actualidadambiental.pe/?p=30081

En Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 3941 “para la promoción de inversiones en zonas de mayor exclusión social”. El tema fue dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

Su ámbito de aplicación serán las entidades públicas relacionadas al otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y similares, así como las entidades vinculadas a las actividades de certificación ambiental, recaudación tributaria, promoción de la inversión, aprobación de servidumbres, valuación de terrenos, protección de áreas de seguridad y obtención de terrenos para obras de infraestructura de gran envergadura.

El alcance de la iniciativa será aplicable a los proyectos de inversión pública, privada, pública privada o de capital mixto.

El proyecto, que había sido enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, fue aprobado en primera votación por 58 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones.

Previamente fue desestimada la cuestión previa del legislador Yonhy Lescano para que el tema fuese devuelto a la Comisión de Pueblos Andinos. Fue por 55 votos en contra, 16 a favor y ninguna abstención.

También se rechazó la cuestión previa propuesta por el congresista Manuel Dammert para que se votara aparte el artículo 38º, relativo a las acciones para la optimización de los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la inversión privada. Ello fue con 57 votos en contra, 17 a favor y ninguna abstención.

 



Por: Luis Davelouis / (Perú 21)

¡Queremos orden! ¡Que se respete la ley! ¡Nadie puede enfrentarse al Estado sin consecuencias! ¡La violencia es monopolio del Estado! ¡Mano dura! ¡Palo! ¡Cárcel! ¡Bala!

Pero si el presidente de Capeco le roba arteramente al Estado, callo. Si el felón que está en Barbadillo arma una cebichada multitudinaria en su cárcel, soy mudo. Si a Pluspetrol se le derraman los tóxicos cada 15 días, miro al techo. Si las mineras contratan a la Policía como si fueran guachimanes a destajo con armas del Estado, no oigo. Cualquiera diría que soy un conchudo, un convenido y un lambiscón.

No es que las protestas se enfrenten al Estado ni reten a la autoridad. Tampoco que cunda la anarquía (¿?) o se incumpla la ley (o sea, exigen que se expulse a una jueza porque no les gustó el fallo), y tampoco que se impida la actividad económica que le tira un hueso al Estado y a la Policía para que no se metan con ellos. A muchos de los que piden mano dura, estas cosas no les interesan.

Les arde que esos mismos indios a los que antes se podía matar impunemente con francotiradores, esos cuasianalfabetos y salvajes, sean hoy ciudadanos con derechos y la posibilidad de exigirlos. Les jode que protesten cuando los pisan, se quejen cuando les pegan y devuelvan el golpe cuando los atropellan. Añoran la mita.

Hace casi un año, con un amigo y colega hicimos un mapeo de situaciones de riesgo en las regiones con actividad hidrocarburífera y encontramos que en Pichanaki ya hacía tiempo que se estaba armando el problemón que reventó en febrero. Nadie dijo ni hizo nada hasta que la gente salió a protestar. Uno no toma la calle ni va al paro porque es divertidísimo que le lancen gas y lo golpeen o lo maten, sale porque todo lo demás fracasó. No seamos idiotas.



¡NI UN MUERTO MÁS!
PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:

1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.

2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).

3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.

4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.

5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.

6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita retomar la calma en todo el Valle de Tambo.

Lima 23 de abril del 2015

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos


Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que hubo “un desborde” de parte de agentes de la Dinoes enviados a Islay desde Lima. (Foto: El Comercio)

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que “evidentemente” un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido durante las manifestaciones contra el proyecto Tía María, como denunciaron videos recientemente difundidos.

“Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó esta tarde a Canal N el alto funcionario del Poder Ejecutivo, quien consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.

Son agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de Lima los que se encuentran desde hace cuatro días en Arequipa, quienes además estuvieron en la zona del puente Pampa Blanca, donde murió un manifestante tras desangrarse a causa de un impacto de bala en un glúteo.

Según adelantó Pérez Guadalupe, ese grupo de la Dinoes relevó a efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), pero “ya está siendo relevado”, porque “ha habido un descontrol total”.

“Cuando va el equipo de Dinoes, hay un fusilero por cada diez efectivos. Pero ese fusilero que tiene un AKM tiene el permiso para portar el arma, pero no para usarla. Para hacerlo necesita la orden expresa del jefe de operaciones, en este caso es un comandante”, detalló el ministro.

Cabe recordar que el Mininter había prohibido que los agentes usen armas letales en la zona.

“HUBO DESBORDE DE LOS DINOES”

“Es el mismo grupo de Dinoes de Pampa Blanca. Queda claro que donde ha habido un desborde, un desorden de lo que se había indicado es en este grupo que ya estamos relevando por partes, porque está yendo recién gente de Arequipa. Son 280 efectivos de Dinoes de Lima que vamos a traer otra vez. Tenemos que hacer una evaluación más profunda del accionar de los Dinoes”, sentenció finalmente.

Más temprano, el director de la PNP, Jorge Flores Goigochea, anunció que se realizará una investigación para que se impongan las sanciones que correspondan.

 


​Nota de Prensa Tierra y Libertad

Comision Politica Nacional
Lima, 27 de Marzo del 2015


PROYECTO MINERO TÍA MARÍA DEBE CANCELARSE Y SOUTHERN DEBE DEVOLVER LA CONCESIÓN AL ESTADO

El día de hoy en la mañana, el señor Julio Morriberón, Director de Relaciones Institucionales de la Empresa Minera Southern, ha anunciado “la cancelación del proyecto Tía María y el retiro total de nuestra inversión en la Región Arequipa”, sustentando esta decisión “en primer lugar, la arremetida de un nuevo tipo de terrorismo, el terrorismo antiminero, llevado adelante por un grupo violento, minoritario, pero que tiene aterrorizada a gran parte de la población. En segundo lugar, la parálisis del Estado en su rol de promover las inversiones y dar las garantías necesarias para que se pongan en marcha”. Sobre esta base, en diversos medios de comunicación se ha achacado a Tierra y Libertad responsabilidad directa en este conflicto y en la cancelación de este proyecto minero.

Sin embargo, horas más tarde, la Ministra de Energía y Minas Rosas Maria Ortiz ha declarado que ha llamado directamente a los Estados Unidos al Presidente de la Southern, señor Oscar Sanchez, y que este le habría señalado que no habría tal decisión de retirarse y que la empresa rectificaría el anuncio hecho por el señor Morriberón en las próximas horas.

Mientras Southern resuelve sus contradicciones internas y se conoce cuál es finalmente la decisión oficial de cuestionada empresa, la Comision Politica Nacional de Tierra y Libertad manifiesta lo siguiente:

1. El Proyecto Minero Tía Maria carece de licencia social. Ha sido rechazado ya por la ciudadanía de la Provincia de Islay que se manifestó masivamente por el NO en un referéndum sobre la viabilidad del proyecto convocado por las autoridades municipales, a lo cual se han sumado tres años de masivas movilizaciones, paros, acciones legales realizadas por las organizaciones de productores agrarios y defensores ambientales del valle del Tambo.

2. Tierra y Libertad declara con transparencia y orgullo que entre los dirigentes sociales y las autoridades locales que hoy encabezan la resistencia a la imposición de este mega proyecto y en defensa del Valle de Tambo efectivamente se encuentran militantes de nuestra organización, y que esta lucha cuenta con el decidido apoyo de nuestra dirección nacional en la medida en que expresa el derecho de las poblaciones y las autoridades locales a defender sus derechos ambientales, su paz, y a exigir que se respete otros modelos de desarrollo que no dañan de manera irremediable sus ecosistemas.

3. Tierra y Libertad rechaza el calificativo de “terroristas y violentistas” que la empresa minera y diversos medios de comunicación nos achacan. Las protestas anteriores y las de días recientes han sido convocadas por organizaciones sociales representativas y por autoridades electas legal y democráticamente por su pueblo, en ejercicio del legítimo derecho a manifestarse públicamente sobre un hecho de interés público. Las acciones de violencia que antes y ahora han causado muertos y heridos que el Tambo no olvida ni perdona, han corrido por cuenta de la Policía Nacional, que es enviada por sus superiores para proteger los intereses de una empresa privada y no los de la población local y que con seguridad actúan en el marco logístico y financiero de convenios entre la minera y la PNP.

4. Tierra y Libertad exige que la empresa Southern se retire del Valle del Rio Tambo y que el gobierno le retire la concesión de manera definitiva, para traer paz definitiva a la provincia de Islay. De la misma manera, exigimos que el gobierno promulgue leyes que promuevan las actividades económicas sostenibles en todo el país y que estén diseñadas para impulsar la productividad y competitividad agraria, turística, de prestación de servicios sobre la base de pequeños y medianos empresarios.

5. Tierra y Libertad exige al gobierno que en lugar de buscar imponer a balazos proyectos mineros que la población rechaza, se aboque más bien a fortalecer la zonificación y el ordenamiento territorial, a mejorar la institucionalidad y gobernabilidad ambiental que sus equivocadas leyes de promoción de inversiones están desmantelando y que tomen medidas concretas para potenciar el desarrollo agropecuario del Valle del Tambo, una de las despensas alimenticias y plataforma agroexportadoras más importantes de esa parte del Perú.

Para entrevistas y mayor información comunicarse con:

José De Echave: 999858280
Carlos Monge : 999145240
Marco Arana :976386492



La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, aseguró que se comunicó con el presidente de la minera, Óscar Gonzáles Rocha, quien le descartó que vayan a cancelar el proyecto cuprífero.
 
(Foto: Andina)

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, afirmó que en comunicación con el presidente de Southern Perú, Óscar Gonzáles Rocha, el ejecutivo le negó que la minera haya decidido cancelar el proyecto cuprífero Tía María y retirarse del departamento de Arequipa.

De esa manera, descartó lo anunciado esta mañana por Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la minera, quien aseguró que Tía María “se iba de Arequipa“, tras varios días de violentas protestas en contra del proyecto cuprífero en los distritos del valle de Tambo.

“He conversado con el presidente de Southern Perú, operadora del proyecto, y me ha comunicado que en las siguientes horas va a haber una rectificación en relación a la versión del directivo de Southern, Julio Morriberón, en horas de la mañana”, anotó en conferencia de prensa.

Ortiz dijo que Gonzáles Rocha estaba extrañado por el anuncio de Morriberon, debido a que recientemente se había instalado una mesa de diálogo en Arequipa para solucionar los conflictos sociales en torno a Tía María, en la que también participa su empresa.

“Estas conversaciones podrían extenderse entre tres y cuatro meses para llegar a un acuerdo y que el proyecto continúe, pues es de interés de Southern Perú”, dijo.

Manifestó que -por tal motivo- el retiro de la firma de Arequipa “no tenía sentido”, pues había que esperar los resultados de la mesa de diálogo antes de tomar una decisión.

 


La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, expresó su extrañeza por el anuncio del vocero de Southern Perú, Julio Morriberón sobre la presunta cancelación del proyecto minero ‘Tía María’ en Arequipa. Dijo que habló con el presidente de la empresa quien desmintió esa información.

“Llamé al señor Oscar González Rocha y le manifesté mi extrañeza por lo dicho por el señor Morriberón y él se extrañó igual que yo… Me pidió las disculpas del caso y me ofreció hacer las rectificaciones correspondientes en las próximas horas”, dijo Ortiz.

De esta manera, la ministra desmintió al vocero, quien horas antes aseguró que la empresa cancelaba sus inversiones en la región debido a la presión de “terroristas antimineros” y a la falta de apoyo del gobierno.

Al respecto, Ortiz creer que “Morriberón ha exagerado en sus declaraciones” y que prefiere “creerle al presidente del directorio de la empresa antes que a un vocero”.

La ministra señaló que la mesa de desarrollo a raíz de las protestas en Arequipa contra el proyecto minero, se instaló el viernes 20 de marzo en el distrito de Mejía y que González Rocha está a la espera del resultado de estas negociaciones para aclarar cualquier duda de los ciudadanos en la zona.

Sobre por qué Morriberón se adelantó a hacer el anuncio de la cancelación de ‘Tía María’, Ortiz dijo que debió tratarse de un error y no de una amenaza de la empresa. “El Gobierno está del lado de la inversión pero buscando el equilibrio entre las comunidades y los inversores”, dijo.

Fuente: Canal N – http://canaln.pe/actualidad/tia-maria-no-se-va-ministerio-energia-y-minas-asegura-que-southern-hara-rectificacion-n175279


La empresa Southern canceló el proyecto Tía María en Arequipa. Así lo anuncio un medio local hoy (viernes) en la mañana.

Empresa minera anuncia que tras 8 años de trabajo y dos estudios de impacto ambiental, cancelan inversión de US$1 400 millones. (Fuente: RPP)

“El proyecto Tía María se va”, sentenció escuetamente Julio Morriberon, director de relaciones institucionales de la minera, en la entrevista al medio local. “En Southern Perú han sido ocho años de arduo trabajo para que se concrete una gran inversión para Arequipa, de más de US$1.400 millones […] Hemos hecho todo el esfuerzo”, indicó

Aprovechó para expresar acusaciones inverosímiles sobre los ciudadanos y ciudadanas arequipeños, señalando que existe “terrorismo antiminero” en la zona. Nosotros preguntamos: ¿Desde cuándo las huelgas de hambre, marchas pacíficas son terrorismo? ¿Quiénes son los terroristas si los asesinados y heridos durante las protestas de estos años fueron los ciudadanos de Arequipa?

Mientras tanto los arequipeños se encuentran en paro indefinido y aún no se decide sobre el levantamiento de este, debido a la natural desconfianza que existe sobre este tipo de anuncios. Además que el anuncio no se ha oficializado a través de documentos:

“Tía María se va y este anuncio que hoy les doy la alta dirección de la empresa lo oficializará con las gestiones correspondientes frente a los órganos correspondientes”, acotó

Esperamos que este anuncio sea real y la calma vuelva al Valle del Tambo. Felicitamos a los valientes arequipeños que han logrado esta victoria.