Posts etiquetados ‘abuso policia’


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En nombre de los Guardianes de las Lagunas que son fuentes de vida en nuestra región de Cajamarca, especialmente nuestros hermanos de las provincias de Celendín y Bambamarca, en nombre de todas las personas de buena voluntad …que trabajan en la defensa de la vida, por los derechos del hombre y del medio ambiente de nuestro país … en nombre de los estudiantes y escolares de nuestra región de Cajamarca, en nombre de nuestras mujeres, de los maestros. En nombre de todos los cinco mártires que murieron defendiendo la vida y el agua en nuestra Región…

Palabras sabias, palabras profundas llenas de amor de nuestro querido hermano, amigo y Guardián de las Lagunas, Reverendo Padre Issac Shaguano Murrieta, quien falleciera a las 17 horas del día sábado. No olvidaremos nunca que acogió a luchadores, a ronderos, a ciudadanos en la Iglesia de San Francisco, protegió a la población de los abusos policiales, y fue Premio Nacional de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (2012).
Es hora de ir a despedir nuestro hermano Fraile y rendirle los honores que se merece, la Plataforma Interinstitucional Celendina presente le rinde homenaje.

Velalatorio en la capilla de la virgen de las Dolores, templo de San Francisco.

¡¡¡Cuando un luchador muere, nunca muere.!!!
¡¡¡¡Padre Isaac Presente!!!!
¡Conga no va!


OLYMPUS DIGITAL CAMERALuego de una multidudinaria concentración en la Casa del Maestro, con harengas de los compañeros Milton Sanchez y Nicanor Alavarado, comuneros, ronderos, maestros y defensores del agua nos dirigimos a la Plaza Mayor para enrumbar finlamente hacia la fiscalía de San Cayetano en Celendin. De esta fiscalía salen numerosas denuncias contra los compañeros Wilson Cueva, César Estrada, Luis Mayta, Rodas (más de cién), Milton Sánchez, etc. Después de hacernos esperar mas de una hora bajo el sol ardiente, finalmente el fiscal Ruperto Alcántara (el mismo que en el caso Chaupe que se lleva ante el juzgado de Celendin, de conocida actuación) salió a oir las protestas y denuncias de los compañeros. Estos, legajo en mano, mostraban las injusticias de las cuales eran víctimas, al ser denunciados ante esta fiscalía, sin pruebas, sin defensa, después de haber sido agredidos o violentados ante los ojos de los fiscales que trabajan parcialmente. Se incriminó al fiscal trabajar directamente para los intereses del sector minero yanacochino. Luego de una áspera conversación, se llegaron a una serie de acuerdos firmándose un acta por la PIC, las Rondas Campesinas y el mismo fiscal:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– la fiscalía se compromete a respetar la jurisdicción rondera de acuerdo al art- 149 de la Constitución peruana, al art. 169 OIT y la ley de Rondas. Se hace hincapié en el art. 18.3 del código penal
-se compromete a garantizar que las investigaciones se hagan con el debido el respeto a los DDHH en el caso Conga
-archivamiento de los casos sobre denuncias por ejercer funciones juridiccionales de las rondas cuando no existan elementos probatorios

Cabe resaltar la impecable conducción por parte de Milton S{amchez y Nicanor Alvarado . El paro fue en todo momento pacífico. Así mismo, el amigo de la empresa Maná (venta de productos a base de coca) prestó su automóvil y megáfonos de manera desinteresada.

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El 04 de febrero del presente integrantes de la Marcha Nacional de Mujeres, Consejo Regional de la Mujer (COREMU) y Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, denunciaron constantes acciones de hostigamiento y amedrentación a los integrantes de la familia de Máxima Acuña alertaron de la presencia de un ómnibus con DINOES  y cuatro camionetas contrabajadores de la empresa Minera Yanacocha.  
Testimonio fotográfico*
 

 Informacion Vehicular presente el dia del hostigaminto, mira foto anterior a ella.

 

*Imágenes extraídas de video registrado por integrante de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida 

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES



 
LINK PARA FIRMAR
 
¡Máxima y su familia en riesgo de desalojo!

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, mantienen una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. Tanto Yanacocha como la familia de Máxima Acuña afirman ser propietarios de la tierra. En julio de 2013 un tribunal anuló una resolución judicial de 2012, dictada tras una querella presentada por la empresa, que declaraba a la familia culpable de ocupación ilegal de la tierra. El juez concluyó que la primera resolución presentaba una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que no se habían examinado pruebas presentadas por la familia de Máxima Acuña y que incluían la documentación relativa a la compra de la tierra. El juez ordenó un nuevo juicio. La próxima audiencia está prevista para marzo.

La familia, mientras aguarda el resultado del nuevo juicio, ha sufrido, según la información recibida, numerosas amenazas y acoso de la policía. El 30 de enero, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armados, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero para intimidarla de nuevo. Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de las tierras.

Información complementaria

Según el derecho internacional, los desalojos forzosos son violaciones graves de varios derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, garantizado por el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en el propio domicilio, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, e independientemente de la situación de tenencia de las personas que van a ser desalojadas, éste debe llevarse a cabo de estricta conformidad con el derecho internacional y con los requisitos del proceso debido. Todo uso de la fuerza debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha manifestado que los desalojos no deben “dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”.

Perú es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, sus autoridades están obligadas a respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluye la prohibición y la prevención de los desalojos forzosos.

 
Fuente: Amnistia Internacional Perú – http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=48#

06 de febrero, 2014.- A través de una misiva dirigida al Presidente Ollanta Humala, el economista español Pedro Arrojo nos refiere sobre su gran preocupación por la reciente promulgación de la Ley 30151 llamándola “licencia legal para matar”, así como de su relación con la criminalización de la protesta social. En esa línea, insta a que el único camino que puede llevar a resolver de forma efectiva los dolorosos conflictos abiertos en Cajamarca y en otras regiones de Perú es el del diálogo en un marco de estricto respeto a los derechos humanos.

Para Arrojo, que dicha ley exima a la policía y al ejército de responsabilidades penales, incluso cuando, haciendo uso de la fuerza, lleguen a producir lesiones y/o la muerte de personas, no sólo es muy grave, sino contrario a los más elementales principios de un orden constitucional democrático. No amparar la vida de las personas que ejercen derechos democráticos, como el de manifestación pacífica, supone una transgresión de los derechos humanos que conmueve y conmoverá más aún a la opinión pública internacional si, como nos tememos, llega a haber heridos graves e incluso muertos al amparo de esta ley, precisó el experto.

Adjuntamos la carta completa dirigida a Ollanta Humala, así como el Informe Final sobre la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua en el Perú.


*Pedro Arrojo, Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza (España).

 
 




En la época medieval, en la época del oscurantismo, toda persona algún tanto diferente era condenada sin más ni más. Eran épocas en las que reinaba la ignorancia. Toda persona diferente terminaba rechazada. Es así que mujeres con algún saber ancestral o simplemente distintas o algo rebeldes eran calificadas de brujas. Y terminaban en la hoguera porque representaban un peligro para el poder de esa época que buscaba mantener a la población en la ignorancia.

Han pasado centenares de años y se vuelva a iniciar en nuestro país algo similar a las mejores épocas de Mc Carthy – conocido senador estadounidense por su política de “caza de brujas”, es decir de aquellas personas que pudieran ser un peligro para su sistema capitalista depredador.

Los albores de esta caza de brujas lo representa la ley 30151 que otorga impunidad a las fuerzas del orden en el uso de sus armas y las eternas denuncias y difamaciones contra cualquier persona que se oponga al proyecto minero Conga y a otros proyectos extractivistas en el país.

No contentos con azuzar a la población en contra de los defensores del medioambiente, ahora buscan extraños poderes ocultos extranjeros que tendrían las manos malévolas sobre el país y se opondrían a inversiones (vale decir inversiones de extranjeros también, pero parece que para el gobierno estos serían los “buenos”?).

Pueden un par de pequeñas ONG’ s, inclusive algunas reconocidas internacionalmente y miembros de los consejos de las Naciones Unidas o algunos senadores o diputados que gozan de la libertad de expresión y de acción en sus países europeos ser tan poderosos e impedir una inversión minera? No será que el gobierno y sus tentáculos se han dado cuenta de que aquéllas organizaciones, personas y colectivos, que no tienen ni un cobre ni un sol para dar ni regalar – contrariamente a lo afirmado-  son capaces de movilizar a la opinión pública mundial contra un proyecto ecocida en todo sentido de la palabra? No toma agua el sr. Santillana? No quiere él y su familia y amistades gozar de buena salud? No quiere él praderas y bosques limpios para que sus vástagos puedan correr alegremente? No quieren ellos todos un buen queso cajamarquino en la mesa de cada día? Además que da trabajo a miles de agricultores y ganaderos y comerciantes y transportistas y los turistas compran por kilos? Y encima es recontra sano, un cóctel de calcio. No tenemos todos derecho a vivir en paz y bien?

Finalmente, estos señores del gobierno buscan “conexiones extranjeras” para ensañarse contra los defensores del medioambiente del país y tener un pretexto más para atacarlos.

En el Perú se ha inventado un nuevo delito, el ser defensor del medioambiente. Pronto le seguirán los médicos por curar a la gente, o los abogados por defender a las personas. Por ahí va la cosa.

SOLIDARIDAD CON TODOS LOS DEFENSORES DEL MEDIOAMBIENTE COMPROMETIDOS CON EL PORVENIR DE UN PERÚ SANO Y QUE DURE MILES DE AÑOS MÁS.

 RN


Guardianes de las lagunas de Celendín El día de ayer 16 de enero respondiendo al llamado de la coordinación entre las diferentes organizaciones defensoras del medioambiente, la PIC, los frentes de defensa y las rondas campesinas, miles de personas se dirigieron a las lagunas. Los provenientes de la provincia de Celendín se dirigieron al Perol y los provenientes de las provincias de Cajamarca y Bambamarca se dirigieron hacia la laguna Misacocha.

A las 11 de la mañana, los compañeros del lado de Bambamarca, se concentraron en el cruce hacia Namococha, y luego se dirigieron a hacer la inspección del terreno en donde se levantará la casa del rondero, prosiguieron camino hacia el campamento de los Guardianes de las Lagunas frente a la laguna Namococha y luego se dirigieron hacia la laguna Misacocha todo el tiempo acompañados por el ancestral clarín del grupo Tinkari. Un frente se quedó en el lugar, otro dirigido por Edy Benavides se dirigió hacia las lomas llamadas del “cocodrilo” con el objetivo de llegar al Perol. Cabe señalar que esta caminata es muy larga y ardua. Otro grupo se dirigió a inspeccionar la maquinaria de la mina cerca del lugar “el cocodrilo”. Los compañeros no pudieron llegar al Perol, fueron impedidos en su paso por la DINOES y se concentraron alrededor de la maquinaria demostrando al Perú y el mundo los proyectos ecocidas de la empresa minera Yanacocha. Los compañeros exigieron el desalojo de la maquinaria.

Al llegar al cruce de Namocoha en horas de la mañana, del lado de Bambamarca, notamos la presencia de personas desconocidas que no se fueron con los compañeros a visitar el terreno en donde se construirá la casa del rondero sino más bien siguió su camino a pié hacia la carretera. Esta carretera lleva en un momento hacia la antena. Estas personas también se retiraron en horas tempranas de la tarde cuando la antena ya estaba tumbada si quedarse para participar en las asambleas.

La antena está resguardada por DINOES. Los que deben de decir quién tumbó la antena e incendió la caseta son los DINOES. Ningún rondero estuvo presente en estas acciones ya que el objetivo de la presencia masiva ese 16 de enero era exigir el desalojo de la maquinaria de la mina. Ningún compañero tenía como objetivo echarse abajo una antena de transmisión.

Así mismo, las personas detenidas, todas miembros de la municipalidad de Bambamarca y que trabajan para el alcalde NO SON RONDEROS por lo cual se está mal informando con el objetivo de desprestigiar a los ronderos otra vez más. Esto responde a la burda campaña que se lleva en contra ellos por parte del gobierno y de sus representantes como Vladimiro Huaroc y los que organizan seudo congresos ronderos. Y esto en vísperas de la organización del Congreso Regional de las Rondas de Cajamarca a realizarse en Celendin este 24 a 26 de enero.

Felicitamos así mismo la valerosa acción del compañero Manuel Ramos que exigió que la maquinaria fuera desalojada. Ellos con Edy Benavides y Elmer Micha del grupo Tinkari estuvieron acechados por la policía varias horas, muchos de los compañeros debieron escapar por los cerros a más de 4500 metros de altura de la policía que disparaba. También felicitar la valerosa actitud del compañero Nicanor Alvarado que se rehusó a dejar el lugar e instó a los ronderos y compañeros ir a apoyar a Manuel y Edy y Elmer y no retirarse hasta que que todos estuvieran sanos y salvos. Cabe señalar que eran las 10 de la noche, en la total oscuridad y con un frío con temperaturas negativas.

Del lado del Perol, se realizó una asamblea que concentró a miles de compañeros y compañeras provenientes de la provincia de Celendín demostrando el firme temple de defender las lagunas hasta el final. No hubo ningún incidente que lamentar.

CONGA NO VA NI HOY NI NUNCA!
ABAJO LA PRENSA AMARILLA
VIVAN LOS RONDEROS DE CAJAMARCA
FUERA YANACOCHA DEL PERU

Raquel Neyra


 
 Por: Rocio Silva Santisteban M. (@pavese)
 
El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el reportaje adolece de confusión en relación con los que implica la institución “rondas” y en la medida que he trabajado el tema desde hace muchos años quería aclarar algunos puntos.

Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido: simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la constitución y la legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.

Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano).

El reportaje de Oscar Miranda del domingo apenas plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas, pero ni en Lima ni en otras ciudades del Perú se percibe la diferencia. Por la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para ello. Y eso es cierto, pero los ronderos que yo conozco, también perciben esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema.

El día viernes estuve en El Tambo, en las alturas de Bambamarca, y le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más reconocidos de las rondas en todo el departamento, sobre su opinión de lo sucedido en el Alondra. Ramos me dijo: “jamás las rondas de El Tambo le han pegado a una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa manera. Y si tendríamos que entrar a un lugar donde se ejerce la prostitución clandestina, hubiéramos sancionado a los cafichos y a los explotadores, no a las explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la prostitución como un ejercicio de libertad de trabajo y de uso del cuerpo como espacio de mercancía dentro de los anchos límites del mercado. Quizás esto sea cierto para un porcentaje muy reducido de trabajadoras sexuales, en términos generales en nuestro país, la prostitución implica una situación de explotación de jóvenes mujeres, sobre todo, en zonas alrededor de campamentos mineros legales e ilegales.

Pero el debate sobre la prostitución es otro tema. Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976. ¿Las rondas campesinas administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales.

Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del narcotráfico, se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por las Lagunas de Conga

 

investigación. De Echave realizó junto a varios técnicos un análisis del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. Será expuesto este viernes en Cocachacra.


María Chauca Castillo.

Arequipa.

José de Echave formó parte del primer gabinete de Ollanta Humala y fue invitado a participar en la audiencia pública que los agricultores del Valle del Tambo harán el próximo viernes sobre el EIA del proyecto minero Tía María. Dice que no podrá asistir, pero enviará a técnicos para que expongan su análisis. Autor del libro Más allá de Conga, De Echave nos concedió esta entrevista vía telefónica. Explica su punto de vista sobre el proyecto de Southern.

¿Qué similitudes hay entre Tía María y el proyecto Conga?

Cada proyecto tiene sus particularidades. El piso ecológico de Tía María no es el mismo que el de Conga, donde un ecosistema de lagunas altoandinas iban a ser afectados por la minería. Tía María tiene otras particularidades. El hecho de estar en un valle cerca de la costa se asemeja más al de Tambogrande (Piura), porque son casos donde finalmente la actividad minera contrasta con el riesgo para la actividad agrícola.

¿Tía María es un caso aislado de conflicto social?

Arequipa es la región del Perú con más terrenos concesionados y donde se concentra el mayor número de proyectos de inversión minera. Creo que es un error ver el proyecto como un caso aislado. Se debe ver como un proceso en el que el Estado pretende desarrollar en una zona agrícola una zona de creciente minería, que sin duda va a desplazar a las actividades económicas tradicionales. Hay que leer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde esta perspectiva y comenzar a ver los impactos acumulativos que se pueden generar en una zona si es que se van a desarrollar varios proyectos mineros. Los EIA tienen una limitación y es que evalúan de manera aislada un proyecto.

¿Debió el ministro Merino afirmar que Tía María obtuvo, con la realización de la audiencia, la licencia social?

Decir eso fue mostrar un desconocimiento total de qué significa obtener una licencia social. Si pensamos que una licencia social se logra con una audiencia pública que trae una movilización impresionante de policías, donde miran quién entra y quién no al auditorio, con escaso diálogo y poco tiempo para que la población revise el EIA, es no entender lo que ha pasado en el país en los últimos años.

¿Cómo el Estado logra equidad en afrontar estos conflictos cuando parece que está a favor del proyecto?

Un gobierno tiene la obligación de abordar estos temas con equidad, transparencia, sin precipitación y generando condiciones adecuadas para que se dé un diálogo democrático, participativo e informado. El Estado Peruano y las autoridades deberían ser percibidas por la población como neutrales. En Cocachacra se ve a las autoridades con un afán por sacar adelante el proyecto y de no trabajar en función del bien común. Nadie dice que no haya inversión minera, pero se deben generar condiciones adecuadas y en el caso de Tía María no las hay.

¿Debería ejecutarse este proyecto teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrollaron los talleres y la audiencia pública?

Este proyecto no tiene licencia social. Hoy en día las empresas mineras modernas no ejecutan proyectos si no consiguen esta aprobación. En el 2011, cuando se iba a presentar el EIA, que fue observado por la Unops, tampoco se tenía licencia social. En ese momento se le dijo a la empresa que debía desalinizar el agua en lugar de utilizar la del valle de Tambo, y ésta se negó porque el proyecto sería más caro o inviable. Ahora Southern asegura que desalinizará y cree que con esa afirmación la situación va a cambiar de manera sustantiva, sin darse cuenta que al verse negado años atrás rompió la confianza y creó que la imagen de una empresa que trataba de minimizar costos para obtener mayores ganancias, sin interesarle los temas ambientales. Recuperar la confianza no se hace de un día para el otro. Mal se haría en forzar una situación si no hay las condiciones adecuadas. La minería es una actividad importante, pero debe desarrollarse de manera armónica con los intereses de la población y sin afectar los derechos económicos, sociales, culturales.

¿Cómo se obtiene la licencia social si no hay normativas que lo regulan?

En un país donde hay recursos mineros se debería avanzar en definir cómo se obtiene una licencia social. El ministro de Energía y Minas nos ha dado una lección impresionante de que para él la licencia social se obtiene con una audiencia pública. Los procesos de licencia social están relacionados con procesos de construcción de confianza, aceptación mutua. Tienen su tiempo de maduración y las empresas modernas aceptan y reconocen que es un proceso complicado y complejo.

Los talleres y la audiencia del proyecto fueron accidentadas, con violencia y exposiciones que poco se entendían. ¿Cuáles deberían ser las condiciones para realizar estos eventos?

Esas definitivamente no fueron las condiciones adecuadas, más bien fue una caricatura de un proceso participativo. La participación ciudadana para estos temas tiene que ser oportuna e informada y no fue ninguna de las dos. El EIA del proyecto Tía María tiene un poco más de dos mil páginas. No es un estudio muy largo a comparación del proyecto Conga que tenía poco más de 20 mil hojas. ¿Una población agrícola está en condiciones de revisar en menos de un mes un EIA complejo desde un punto de vista técnico? No. Así tenga los recursos sería difícil porque es un proceso complicado y complejo. Se necesita el concurso de varias especialidades. Las audiencias públicas tienen que ser mejoradas de manera sustantiva.

¿Cuál es papel del Ministerio del Ambiente en estos aspectos?

Se espera que con la creación del Nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) sea el Ministerio del Ambiente quien revise y apruebe los proyectos y no el Minem.

¿Debería la Unops revisar este EIA?

Podría ser. La Unops jugó un rol importante la vez pasada. Es una alternativa interesante. ♣

 

Protesta social en Celendin – Cajamarca contra el proyecto minero Conga. Foto: Jorge Chavez Ortiz

Se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.
Quedarán “exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”, según reza una ley publicada hoy el diario oficial “El Peruano” y firmada este lunes 13 de enero por el jefe del Estado, Ollanta Humala, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.
La Ley 30151 fue aprobada por sesión plenaria del Parlamento en junio del 2013 y comunicada por el presidente del Congreso, Fredy Otárola, al Gobierno en diciembre del año pasado.
La iniciativa legislativa permitirá dotar a los miembros de los institutos armados y policiales demecanismos que puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros. En ese sentido, se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.

 
Foto: Perú 21

Escribe: José De Echave C.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.

La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.

Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.

El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.

Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.

Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.

El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.

Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013



Doña Santos mostrando foto de su hijo asesinado por el ejercito el pasado de 3 de julio de 2012. 
(Foto: Jorge Chavez Ortiz – 30.11.2013)

– Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.

Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.

Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.

En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.

Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.

Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.

En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)