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El martes 24 de febrero, el Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática “Laguna Azul”.

Uceda da a conocer a la opinión pública la versión que Yanacocha brindó sobre los hechos en diversos medios y en el juicio que perdió contra lo familia Chaupe por delito de usurpación. Tratando de demostrar objetividad, Uceda da por cierta la versión de minera Yanacocha, y acusa a las ONGs de haber creído a ciegas, en lo sostenido por Máxima.

Ante esto, hay que revisar los puntos planteados por Uceda:

1) Títulos existentes que se oponen
En un primer argumento, Uceda expone que Yanacocha tiene títulos irrefutables de propiedad de amplias extensiones de tierras, adquiridas de la comunidad de Sorochuco y que éstas comprenden el terreno Tragadero Grande. Lo que Uceda no dice es que la defensa de Máxima no está en cuestionando eso títulos de propiedad. Lo que viene sosteniendo es que, esos títulos no comprenden el terreno de Tragadero Grande. En las ventas realizadas por la comunidad de Sorochuco los límites no están definidos. La situación por lo tanto, no es tan clara como lo sostiene Uceda, pues si lo fuera, la Minera Yanacocha hubiera recurrido a un juicio de desalojo, que es de naturaleza sumaria y habría resuelto el problema. No lo hizo, ¿cabría preguntarse por qué?

De otro lado, Uceda sostiene que Máxima y su familia suelen ocupar tierras para hacerse luego de la propiedad de ellas. Para demostrarlo, señala que Máxima y su familia tienen la propiedad de otros terrenos adquiridos de esa manera. Para el caso, esto es imposible porque tratándose de una propiedad comunal no se aplica la prescripción adquisitiva.

Por otro lado, lo que no dice Uceda es que Máxima y su esposo tienen en su poder dos documentos: una transferencia de dominio y un certificado de posesión sobre ese terreno que data de 1994, antes que Yanacocha adquiriera terrenos de la comunidad de Sorochuco, a la que pertenecían los esposos Chaupe. Es decir, que no se trata de una invasión como se insinúa. La existencia de esos documentos es irrefutable. Es decir, que estamos ante dos sujetos que alegan un mismo derecho. Dilucidarlo, es un tema que deberá ventilarse en los tribunales.

Decir que los Chaupe tienen otros terrenos y que no son pobres es una estrategia mediática. Tal cosa se intentó sostener en los tribunales durante el juicio por usurpación, del cual los Chaupe fueron absueltos y en ese entonces los jueces desestimaron tales argumentos por no ser pertinentes.

De otro lado, los Chaupe han sostenido que efectivamente tienen 9 terrenos que en conjunto suman 8,6 hectáreas y que los han adquiridos, en gran parte por herencia. Uceda para desmentirlos señala que en realidad los han adquirido vía un programa de formalización de la propiedad rural sobre la base de acreditar con testigos la posesión continua durante cinco años. Lo cierto es que es muy usual en la zona rural, donde el Estado no tiene formalizada la propiedad de tierras, que quienes tienen títulos de propiedad no saneados recurran a los programas de formalización para regularizar su situación, evitándose con ello, todos los problemas legales, que supone sanear sus títulos.

Uceda ha cuestionado el por qué la familia Chaupe usa el terreno de Tragadero Grande y no los otros terrenos que, tendrían según su opinión mayor valor, deslizando la idea de que lo hace para mantener la posesión en un terreno que no es suyo. Para cualquier persona de ciudad, la pregunta por la preferencia o la forma de uso de sus propiedades, resultaría fuera de lugar porque es algo que corresponde a su libre albedrío. Sin embargo, es lógico preferir usar un terreno de 22 hectáreas a otros, dispersos en varios lugares y que suman 8,6 hectáreas.

Por otro lado, el que la familia Chaupe tenga otros terrenos además de Tragadero Grande no los hace ricos, ni de clase media. Todos sabemos que el valor de la propiedad rural es muy pequeño, y que muchas comunidades campesinas, a pesar de tener grandes extensiones de tierras, se ubican dentro de los niveles de extrema pobreza.

2) Un tema de institucionalidad y Estado de Derecho

Finalmente, nos llama la atención que el señor Uceda no diga nada sobre la actitud de minera Yanacocha de desconocer la sentencia judicial de segunda instancia, que además de absolver a familia Chaupe ordenaba el cese de su desalojo así como, de la administración del predio de Tragadero Grande por la empresa. Minera Yanacocha pese a esta sentencia se presentó, a través de sus trabajadores, en el lugar respaldada por la policía para, ilegalmente derrumbar una construcción de la familia Chaupe. Al haber perturbado violentamente la posesión pacífica del terreno, los trabajadores de minera Yanacocha han incurrido en delito de usurpación. Nos preguntamos si el señor Uceda respalda la comisión de un delito.

Esta transgresión al Estado de Derecho nos parece inaceptable y lo que hace es reafirmar la imagen que minera Yanacocha tiene en Cajamarca. Consideramos, que es necesario, que el país resuelva sus problemas a través de sus instituciones democráticamente constituidas y que no sea la prepotencia y el abuso que se legitime como la forma natural de proceder. Este retroceso es muy peligroso. Por lo que, diga lo que diga, el señor Uceda, el actuar de minera Yanacocha es injustificable.



GRUFIDES ACLARA SITUACIÓN DE LA FAMILIA CHAUPE

A LA OPINIÓN PUBLICA

Sobre las últimas noticias difundidas en medios nacionales sobre el caso de la familia Chaupe, GRUFIDES aclara lo siguiente:

1. Para GRUFIDES el caso de la familia Chaupe es un caso emblemático porque es representativo de la situación de muchas personas que son vulneradas en sus derechos fundamentales para hacer viables megaproyectos poniendo en riesgo su integridad, su dignidad e incluso su vida.

2. GRUFIDES jamás a intentado presentar a la familia Chaupe como un ícono de pobreza, Sí hemos ayudado a visibilizar a una familia campesina símbolo de fortaleza, resistencia y dignidad, haciendo frente a una empresa transnacional para defender justos derechos en medio de la profunda asimetría que se vive en un país como el Perú.

3. GRUFIDES repudia el intento burdo de la empresa minera Yanacocha de deslegitimar socialmente a Máxima Acuña y su familia haciéndola aparecer como una acaparadora de propiedades. Este argumento ya fue presentado reiteradamente, en principio durante el desarrollo del juicio y luego fue centro de una campaña de desprestigio en medios locales la cual no tuvo éxito. Los predios en cuestión siempre han figurado en la SUNARP y por tanto constituyen información de acceso público, por ello rechazamos rotundamente la tendenciosa versión de que esta información se ocultó.

4. Es evidente que con esta campaña se intenta distraer las cuestiones de fondo de este tema. El problema fundamental no es el número de parcelas que tenga la familia, el asunto de fondo es el evidente abuso cometido por la empresa minera en contra de los derechos de la misma y el uso de la fuerza pública al servicio de sus intereses privados, lo cual ha terminado por mercenarizar las fuerzas policiales.

5. Por último, la campaña ¨Maxima somos todos¨ generada de manera espontánea por diversos colectivos, personas y organizaciones, es un expresión solidaria que no busca defender en estricto la propiedad sino y sobre todo, la dignidad y la vida de una familia de personas sencillas y trabajadoras como lo somos la mayoría de peruanos.

Cajamarca, 24 de febrero del 2015



Compartimos la entrevista que la Red Muqui sostuvo con la Dra Mirtha Vasquez Chuquilin, miembro de GRUFIDES y abogada de la familia Chaupe frente a las acusaciones de la minera Yanacocha en Cajamarca.

¿Qué ha pasado desde diciembre cuando ocurrió la sentencia a favor de Máxima Chaupe y su familia, que dice Yanacocha?
El 17 de diciembre de 2014, salió la sentencia que reconocía que Máxima Chaupe y su familia como inocentes de los cargos de la empresa. La empresa los acusaba de ser usurpadores, de haber usurpado en los terrenos de Yanacocha. La sentencia absuelve Máxima y su familia de todos los cargos.

Después de esto pensamos que la situación iba a ser más tranquila. A pesar de no decidir a quién pertenece el terreno, porque esto no era parte de la denuncia. Lo que por lo menos está reconociendo la sentencia es que es una posesión de la familia en este lugar. Y la posesión es un derecho tan válido como de la propiedad.

Con este pronunciamiento suponemos que la empresa va a utilizar las vías institucionales, una demanda por usar la propiedad. Pero no pasó así.

La familia sigue viviendo en el predio. El 3 de febrero la empresa minera con su compañía de seguridad más la policía privada que está a su servicio y con personas civiles entró a la propiedad de Máxima y destruyeron un nuevo cuartito que habían construido cerca de la casa que esta colapsando por las lluvias. Después de ello se fueron y la empresa minera Yanacocha dijo este acto era un acto de defensa posesoria – que es un concepto jurídico, pero que no se aplica para nada en este caso, porque es un acto de defensa-. Dijeron que la familia está ocupando nuevos predios que son propiedad de la empresa. Pero esto es falso por que la familia estaba construyendo el cuarto dentro de su propiedad. Entonces la empresa minera llegó ilegalmente.

Después vinieron y empezaron hacer una especie de corredores alrededor del predio de la familia. Pusieron alpacas en el lugar y llevaron casetas de vigilancia que supuestamente van a hacer vigilancia a las alpacas, pero que finalmente están apuntando directamente a la casa de Máxima. Todo esto nos parece hechos realmente escandalosos, de privación de la libertad, afectación a la libertad porque ahora tienen casetas vigilando toda su casa. Pero además han cerrado las vías de acceso a la casa, han puesto tranqueras en las cuales controlan quien entra y sale por estas propiedades. A veces no dejan entrar los hijos de Máxima que viven en Cajamarca. Yanacocha dice que es su carretera ya que había arreglado la vía anteriormente. Su lógica es, “si yo tengo plata y arreglo la calle, se volvería esta mi calle”.


¿Cómo se siente Máxima frente a toda esta situación?

Máxima está muy quebrada emocionalmente y psicológicamente. Alguien puso un ejemplo exacto: “Si alguien, un ladrón o ratero, ha entrado en tu espacio privado, nunca más te quita este trauma, con la idea que van a volver e ingresar”. Imagínense lo que pasa a Máxima y su familia, todos los días están pensado en que la empresa va a ingresar, que los trabajadores van a destruir lo poco que tienen y matar a sus animales porque esto ya han hecho antes. Es una sensación de constante stress y esto impacta la salud de ellos.

Ellos ahora no pueden salir libremente de su casa, así no pueden salir a trabajar y así no tienen que comer. Tienen lo poco que están cultivando y lo que mandan sus hijos desde la ciudad. Pero hay días en que incluso ellos no ni quiera comen. Máxima dice que preferimos estar acá que salir a conseguir algo. Ellos lo justifican diciendo que ya son viejos. Si no comemos, no importa, dicen. Los hijos son grandes ya y solo somos los dos, resisten. Es una gran resignación, una situación de indignación increíble, de constante stress protegiéndose de las amenazas de la empresa. Es muy duro para ellos.

Solicitamos ayuda del Ministerio de la Mujer, y se converso con la aquel entonces ministra Carmen Omonte. Recibimos ayuda y acompañamiento psicológico, pero ahora su gestión de la Ministra Omonte ha acabado.


¿Cuáles son los siguientes pasos para hacer Máxima Chaupe?

Frente a esto y el único que nos queda es seguir denunciar a la empresa minera porque es un delito de usurpación. Pero la empresa tiene todo el poder y sigue anunciar cualquier cosa. Ahora están cerrándolos, llevan animales y personas, esto va a provocar otro enfrentamiento con Máxima y en la población. Esto nos preocupa mucho

Es una evidencia que la empresa no cree en el Estado, en el derecho de este país, en la Ley. No cree en nadie. Ellos quieren autorizarse la autoridad. De hecho esto ya está haciendo. Y sienten la sensación de impunidad de que nadie les va a decir nada porque este Gobierno no va a hacer nada. El riesgo para Máxima persiste ser constante.


¿Cuál ha sido el rol de GRUFIDES en todo este proceso de defensa?

Yo creo que hemos confiado demasiado. Hemos confiado mucho en las vías institucionales y hemos estado siempre esperando que el Estado nos responda. Esto no ha sucedido, esto sigue ser un mayor riesgo para la familia de Máxima.

A lo mejor, a la par de utilizar los mecanismos institucionales, hemos debido buscar apoyos que ayuden a proteger a esta familia. Porque a pesar de los fallos y el poder judicial, esto no va a terminar protegiéndonos. Esto no va a proteger la seguridad de las personas.

Fuente: Red Muqui


Por: Marisa Glave Remy


Ricardo Uceda es un periodista al que respeto. Por eso, fue grande mi sorpresa al leer su última columna sobre la familia Chaupe. El artículo da a entender que esta familia es propietaria de varios terrenos y que este hecho tira por los suelos la imagen de una mujer luchadora, que emociona hasta las lágrimas, pues Máxima y su familia no serían “indigentes”, sino algo así como una clase media acomodada. Quienes no conocen el mundo rural pueden tener la sensación de estar frente a una familia que tiene varias casas, con las que genera buena renta.

Pero lo realmente grave, es que el periodista dice que tales propiedades han sido logradas por ocupación. Como pone Uceda en el titular, emociona hasta las lágrimas…hasta [saberla] dueña de nueve predios por vía de la ocupación. La columna da a entender que los Chaupe llegaron, los ocuparon y luego se los apropiaron. Esta referencia no es gratuita. La disputa entre Máxima y Yanacocha por el predio Tragadero Grande es porque la empresa señala que ella es la “auténtica propietaria” y que la familia Chaupe lo habría “invadido”, para luego hacerse de la propiedad. Se pretende demostrar que la familia usa este mecanismo de manera habitual. Entonces, es fácil creer que los Chaupe son unos estafadores.

La imagen que el lector tiene al final del artículo es que una familia vendida como “indigente” por unas ONGs, obviamente politizadas, resulta ser de una clase media campesina acomodada, que se ha ido ganando la vida apropiándose de terrenos de otros. Se insinúa que la mala imagen de Yanacocha ha permitido que se cree una especie de “leyenda urbana” en torno al uso de la violencia contra la familia, la que parecería estar justificada, pues se omite un dato fundamental: Los varios intentos de desalojo contra los Chaupe se hicieron SIN MANDATO JUDICIAL, y el último, en el que se registra la destrucción de la ampliación de su vivienda, luego de que la justicia peruana declarara INOCENTE a Máxima del delito de usurpación, así como el cese del desalojo preventivo y de la administración provisional de Yanacocha sobre el predio Tragadero Grande.

Quisiera aclarar algunas de las imágenes que se construyen en el texto. Empiezo por las propiedades, en plural, para darnos una idea de qué significan nueve hectáreas (ha) en una zona andina. Los investigadores agrarios usan mecanismos de “estandarización” para comparar terrenos: Caballero y Álvarez plantean que una hectárea en costa con riego equivale a 0.53 ha en la sierra con riego y a 0.25 en secano. Si hacemos el cálculo tenemos, entonces, que las nueve hectáreas aludidas, equivalen a 4.77 ha, si fueran buenos suelos -que no lo son- y a 2.25 ha, si son de secano, como señala la familia. Sumados los predios, no llegan, pues, bajo ningún cálculo, ni a una mediana propiedad rural. Ello, sin tomar en cuenta que se trata de terrenos que, además, están dispersos.

Quisiera añadir, por otro lado, un dato sobre el “modo de apropiación”: Los títulos de propiedad parten del reconocimiento de la posesión, sí. Pero no porque se haya “ocupado” el espacio abruptamente, para conseguir la prescripción. Una parte de las parcelas es producto de una herencia. La madre de Máxima se las dio a ella y a sus hermanos. Y otros terrenos son adquiridos. Pero, ¿por qué la mamá o los vendedores originales no inscribieron la propiedad? Pues, porque en el campo hay un problema – grave – de acreditación de la propiedad. Eso no quiere decir que no exista, quiere decir que no está registrada. Por eso, desde los años 90, en que se empezó a fomentar el mercado de tierras rurales, funcionan programas especiales de titulación, que buscan formalizar la propiedad. Una familia podía ser propietaria de una parcela como consecuencia de la Reforma Agraria, por más de 30 años, pero recién a inicios de este siglo consiguió el título que acredita dicha propiedad. Sí, así es el Perú. Entonces, que el título que otorga el sector Agricultura se base en el reconocimiento de la posesión no quiere decir que los Chaupe sean unos usurpadores profesionales. Quiere decir que, como sucede a decenas de miles de campesinos en el Perú, sus derechos y los de sus familias no estaban reconocidos formalmente, pero sí socialmente por sus vecinos, quienes acreditan la propiedad.

El último argumento que quisiera rebatir, que es, además, el que me resulta más agresivo, es que Máxima despierta solidaridad porque es una “indigente”. Máxima es una mujer campesina, trabajadora y luchadora; ahí radica su fuerza. ¿La violencia de Yanacocha sobre Máxima deja de ser condenable porque ella es “propietaria” de algo más? ¿No es Máxima una ciudadana que tiene derecho a enfrentar el cuestionamiento de su propiedad sobre Tragadero Grande en un juicio justo? ¿No es una ciudadana que tiene derecho a que la Policía no vaya como guardián de una empresa con la que disputa la propiedad, a agredirla y a ser testigo pasivo de cómo destruyen su vivienda? El caso de Máxima es simbólico NO porque es una mujer “indigente”, sino porque es una ciudadana que no está dispuesta a aceptar que la insulten, la agredan o la pretendan desalojar con violencia y sin mandato judicial.

 

(Foto: La República)

Por: Roxana Olivera

Caminando a paso ligero en las alturas de la jalca cajamarquina, Revista Ideele divisó entre la niebla a una figura diminuta con un enorme sombrero de paja que es más grande que ella. Su nombre es Máxima Acuña, y la llaman la guardiana de las lagunas. Esta campesina cuya vida consistía en criar a sus cuatro hijos, vigilar a sus animales, sembrar sus cultivos, confeccionar ponchos y tejer frazadas se ha visto de pronto enfrentada a la empresa minera Yanacocha y a contingentes de la DIROES que llegaron a desalojarla, golpearon brutalmente a su familia, pero no pudieron en su momento con ella. Hace unas semanas le ganó un juicio a la minera, pero ello no impidió que llegaran ahora a destruirle la ampliación de su casa. Una mujer que ha parido a sus hijos sola, en las madrugadas, caminando por los páramos para buscar ayuda, ya perdió el miedo mientras sigue resistiendo dentro de los escombros de su casa.

Cuenta que cuando su último hijo estaba por nacer, cruzó un río y casi dio a luz agarrada a una roca. Recuerda que en ese momento, “Le lloré a Dios, diciéndole: ‘Tú sabes que por mi pobreza y el hambre de mis hijos me veo ahora en esta penosa situación, por favor te ruego que no me desampares y me des fuerza!’” Se puso de pie y siguió caminando. Bajo una lluvia torrencial, Máxima llegó con un costal de papas a Amarcucho, al caserío que la vio nacer, donde vivía la abuela de Jaime, su esposo. Allí, minutos después, una perrita anunció el nacimiento de Carlos, su cuarto hijo. Cuando, por fin, llegó Jaime, su abuela le pegó dos palazos por haber dejado sola a su esposa.

¿Quién es Máxima Acuña? ¿De dónde saca tanta fuerza esta mujer, de quien el padre de Ollanta Humala dijo que algún día futuras generaciones le harán un monumento por su valentía y heroísmo? Esta es su historia.

Orígenes y formación

Yo nací en el caserío Amarcucho, del distrito de Sorochuco, el 29 de mayo de 1970. Soy la tercera de 4 hermanos, dos varones y dos mujeres. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años. A mí de chiquita me gustaba cuando mi mamá salía, dejándome en la casa, yo primero tenía que hacer limpieza en la casa. De ahí tenía que criar cuyes. Después, me gustaba tejer sombreros. Mi mamá tejía sombreros de paja blanca. Tejía y le quedaban pajitas a ella y yo las agarraba y las escondía y los días que no estaba mi mamá, me ponía a practicar, a tejer el sombrero. Yo armaba los sombreros pequeñitos, chiquititos, como para juguetes, para muñecas. Yo recogía las tuzas del choclo, del maíz, y las cortaba y hacía la plantilla. Después hacía la copa, los terminaba, hacía la falda, la orilla y los sacaba solita yo. Mis amigas tenían sus muñecas, ellas llegaban y me decían: “Véndeme para mi muñeca”. Entonces, hacíamos el trato con ellas. En ese tiempo me daban 10 céntimos, la mitad de los 10 céntimos.

A mi mamá la veía que cosía vestimentas del estilo del lugar que usamos las mujeres. Cosíamos sacos, enaguas, faldas, polleras. Mi mamá cosía todo eso, pero yo la miraba nada más a ella cuando cosía y también cuando cortaba, le quedaban pedacitos de tela. Eso yo lo agarraba y lo escondía, porque mi mamá no permitía que cojamos nada. Eso no nos permitía mi mamá; nos corregía; nos pegaba. Yo cogía las telitas y las escondía. Y cuando ya faltaba, empezaba a coser con una aguja de mano, agujas que venden para remendar. Y con eso yo armaba el saco, la falda, el fustán, y venían mis amigas y decían: “¿Qué has hecho?” Y yo les decía: “Ya esto he hecho.” Y ellas traían sus muñecas y les medían la ropa que yo cosía. Entonces, ellas me compraban pues. Y así me gustaba hacer, me gustaba trabajar. Y así los días que mi mamá faltaba, primerito tempranito hacía yo el aseo en la casa. Después empezaba a coser. Y vendía y tenía yo. Y eso me gustaba a mí bastante.

La plata la enterraba yo, así la juntaba. A veces, compraba alguna cosita y le daba a mi mamá. Le decía: “Toma mamá; esto he hecho y lo he vendido”, pero con miedo que me pegue. Cuando yo le daba la plata, me la recibía pues. Sí, me la recibía. Cuando yo ya tenía 11 años, cuando iba ya para los 12 años, venían y me decían: “Cóseme mis ropitas para mi bebito, para niñitas, para bebitas mujercitas.” Yo les cosía los funditos, unos morillitos, les hacía sus saquitos. Aprendí a hacer mis sacos para mí. Tenía algunos familiares que me traían algunas telitas. Esas las cortaba yo. Anteriormente se usaban los sacos con capelos. Ahorita ya no los utilizamos. Ya se ha dejado de usar.

Si queríamos algo corriente nomás, no lo cosíamos sino que lo bordábamos. Me gustaba bastante hacer todas estas cosas. Como los tejidos en kallwa que mi mamá tejía. Todo eso aprendí al mismo tiempo, viendo a mi mamá y a algunas mujeres que hilaban así también. Me ponía a hacer de todo. Y como todo me salía bien, me gustaba bastante… Las familias pobres no teníamos ovejas, ganado, caballos. Por eso yo no pasteaba porque no había. Ninguno de mis hermanos fue a la escuela porque mi papá falleció y mi mamá era pobre. No tenía, y, anteriormente, no tenían interés en que nos eduquen. Por eso, nosotros no llegamos a conocer la escuela.

El esposo y la familia
Bueno, eso pasó porque yo me quedé huérfana. Mi mamá salía. No sé dónde se iba. Se demoraba dos días, tres días. Antiguamente, los mayores eran bien ignorantes. No nos dejaban dentro de sus casas. Nos dejaban así afuera en el corredor; allí teníamos que dormir. Bueno pasó una cosa. Seguro que Jaime me conocía. Bueno, claro, me imagino, pero sin tener conversación, sin tener ningún diálogo, sin que seamos enamorados, él, como asegurándose que yo estaba allí sola y que mi hermanito era pequeñito y no puede hablar. Allí, él se aprovechó, viendo que yo estaba sola. Pero yo a él no lo conocía, ni tampoco pensaba en él como enamorado, nada. Yo más bien a él le tenía vergüenza ―usando nuestra forma de hablar, yo le tenía vergüenza― pero él se aprovechó. Bueno, yo me quedaba; quería decirle a mi mamá, pero pensaba que mi mamá me iba a pegar, porque mi mamá era recontra ignorante. Yo no tenía ninguna explicación de mi mamá sobre cómo era la vida, cómo era la niñez.

Bueno, yo me sentía mal. No tenía cariño, ni entusiasmo, sino como después ya pasó como un año, yo estaba de 13 para 14 años, allí él empezó a seguirme. Empezó a mostrarse como si ya fuera mi enamorado, pero a mí no me llamaba la atención. Sino que según él, sus padres le dijeron: “Pueda ser que sepa su familia o alguien de su familia que sepa de justicia, te pueden denunciar. Y más bien trata de ―me imagino que así le aconsejaron a Jaime― seguirla y a aparecerte y comprometerte con ella.” Esa es la explicación que le dieron, pero no lo hicieron porque ellos realmente me quisieran a mí y me querían en su casa, sino que ellos lo hicieron por temor a la justicia y que alguien de mi familia se entere y se llegue a esa situación, porque mi mamá tampoco sabía nada de justicia. Nada.

Él tenía 16 años, yo tenía 14. Se apareció y habló con mi mamá, y mi mamá ni siquiera me preguntó a mí; ni si quiera me dijo: “¿Hija, cómo es?” Brutalmente nomás dijo: “Ya pues, te está siguiendo, que sea.” Yo no me sentía bien, pues. Yo tenía algo en mi corazón, de que podía reaccionar y de que no tendría un amor con él, ¿no?, realmente. Bueno, así pues se comprometió. Estuvimos un año más y un año después yo ya me vi embarazada.

Por meses vivía donde mi mamá, pero no tenía ahí tranquilidad. Me llevaba él donde su mamá. Llegaba y no me trataban bien, porque trataban de marginarme. No me querían porque yo era bien pobre. Con las lágrimas en mis ojos, yo tenía que estar ahí y servirlos a ellos. En el campo acostumbran a pelar el trigo, el mote y a tostar la cebada para los molinos, para que le lleven a los peones. Yo no dormía. En la noche les lavaba su ropa. Yo amanecía pelando su trigo y mote. Yo salía a las 4:00 am al campo, al monte, a juntar su leña. Les traía su leña a ellos. Yo los servía bastante. En el día tenía que trabajar. Me ponía a urdir, a hacer mis tejidos; yo hacía mis alforjas; hacía mis ponchos; hacía mis frazadas. No teníamos ropa para cambiarnos, yo y Jaime. No teníamos un polo que ponernos, una chompa que ponernos. ¿Yo qué hacía? Yo no tenía ovejas, pero le sacaba lana de las ovejas de la gente. Me daban lana para medias. Hacía frazadas y las vendía. Con la venta de esas frazadas yo me compraba una blusita o un polito. Igual a Jaime le compraba una chompa, o un polo, o un par de yangüés, lo que sea…y así la pasábamos.

El terreno en cuestión
Para comprar nuestro terreno arriba en la jalca, yo pedí ganado partido. Me dieron ganado partido. Nos dan una vaca, nosotros la vemos. La vaca logra su cría en nuestro poder, esa cría nos la dan a nosotros y nosotros les entregamos la vaca pero con otro a pie. Eso es partido. Nos dan, por ejemplo, ovejas partido, chanchos a la media, así, entonces yo criaba. Y de mi trabajo lo que vendía, de mi comida que cosechaba y mis cuyes, mis gallinitas, todo lo juntábamos, uníamos la platita. Para comprar esa jalca, tuve un torito que le saqué a una vaca a partido, y ese torito ya era grande, pero no tenía dónde criarlo. En la noche me iba donde la gente tenía sus chacras de maíz, su pasto. Me iba y juntaba la hierba en la noche y la traía y la amontonaba para que ese torito coma esa hierba, ese pasto, en el día para que se haga grande. Y cuando apareció ese terreno, vendimos ese toro, empleamos la platita que habíamos juntado, lo que trabajábamos. Tenía ahí mis ovejitas, las vendimos. Teníamos nuestro potrillito, lo vendimos. Todos nuestros animalitos pequeñitos los vendimos para poder juntar esa plata y comprar esa jalca que ahora la mina nos quiere quitar.

Esa jalca se la compramos al tío de Jaime, el señor Esteban Chaupe Rodríguez. Él compró esa jalca no recuerdo en qué año. Tuvo esa jalca por tres o cuatro años y de ahí se apareció un terreno al lado de su casa en Cruz Pampa. Él vivía en Cruz Pampa. Entonces, él agarra esa jalca y nos avisa a nosotros y nos dice: “Mira sobrino, te vendo ese terreno arriba en la jalca porque tú estás al lado de tu papá.” Mi suegro Samuel Chaupe había comprado un lote del señor Santos García de Chugurmayo. El tío compró al costado; era colindante. El tío nos vende a nosotros ese terreno y así fuimos colindantes con mis suegros. Nosotros tenemos un documento que es de la comunidad. En la comunidad se forman unas autoridades de la comunidad. Estas autoridades tienen una autorización de qué comunero hace un traspaso a otro comunero. Esa comunidad le da su documento de traspaso. Tenemos el documento de traspaso de las mismas autoridades de la comunidad y también tenemos el documento de posesión. La posesión el señor Esteban me la pasa a mí. Por eso yo quedo como posesionaria allí. Tenemos un documento firmado en el que se habla quiénes son los vendedores y quiénes son los compradores y cuánto de dinero se dio por ese terreno. De acuerdo a la linderación, de ancho es 800 metros por cada lado. Y por cabecera, agarra 1,500, por el pie 1,500. El plano lo ha levantado un ingeniero civil en 2012, donde sale 25 hectáreas.

Y ahora la minera quiere coger ese predio. O sea, me lo quiere quitar gratis, porque el Ingeniero Guillermo Silva ―dicen que en ese tiempo era el gerente del área de relaciones comunitarias― va y compra terrenos de los colindantes y se va y levanta el plano que él quiere, sin avisarles ni a los colindantes para que le muestren las linderaciones, agarra y levanta el plano, engloba todo con mi terreno dentro y se lo vende todo a Yanacocha. Y por eso, en el conflicto se enfrentó el Ingeniero Guillermo Silva. Él es el autor de todo esto, fue con la policía, con el personal, en los primeros desalojos del mes de mayo. Después nuevamente regresaron en el mes de agosto. Las autoridades hicieron llamar a esa persona, que él era el culpable, que él era el que tenía que responder. Pero los ingenieros de Yanacocha, de la empresa, no se presentan a ninguna audiencia. Sin embargo, a ellos todavía les dan libertad y a nosotros nos acusan sin que tengamos ningún delito.

A mí me golpeó la policía. Me cogieron entre tres de cada brazo así hacia atrás y los demás vinieron con sus palotes y me jalaban como a una persona que no sentía nada, ¿no? Me golpearon los brazos. Me agarraron y me arrastraron por el suelo, por las piedras me golpearon mis tobillos. Me patearon en la cintura. Me maltrataron. Me patearon por todas partes, por eso ahora siento dolor en mi cintura, en mis brazos. Anteriormente yo no tenía ningún problema para trabajar, pero ahora sí me siento mal y ya no tengo la energía para trabajar, como anteriormente, sin ningún problema. Todo eso se ha denunciado, pero lamentablemente no han seguido adelante con nuestras denuncias, con nuestros procesos. Las autoridades no valoran nuestras denuncias. Eso todo lo han archivado. Por ejemplo, yo tengo certificados médicos míos, pero no los valoran. No los toman en cuenta. Las autoridades hacen como si no hubiera pasado nada. Se tapan la boca, se callan y no pronuncian una sola palabra al respecto. Nada. Cuando mataron a mis ovejas, lo mismo. Ellos no dijeron nada.

Ahora lo único que exijo es que la empresa minera me enseñe un documento que demuestre que yo les he vendido este terreno. ¿Por qué no le exigen eso los jueces?

Puesta al día

El 3 de febrero de este año, personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha entró a la propiedad de Máxima Acuña y le destruyeron los cimientos de construcción de una ampliación de su humilde casa. En su denuncia, Máxima señaló que 200 policías, acompañados por personal de la minera, entraron ilegalmente a su propiedad.

A través de un comunicado de prensa, Yanacocha sostiene que el terreno le pertenece, que actuó de manera pacífica y que simplemente “está actuando en defensa de sus derechos y en estricto cumplimiento de la ley. [Y que] así lo seguirá haciendo, pese a las campañas mediáticas que buscan descalificar a la empresa”.

Fuente: IDL Reporteros – http://revistaideele.com/ideele/content/m%C3%A1xima-acu%C3%B1a-y-los-kos-de-conga


 Por: Elena Chavez Goycochea

Cómo una mujer enfrentada al poder de una gran empresa se ha convertido en un símbolo para los cajamarquinos, y para todos los que luchan por defender el ambiente.

Más de medio millón de personas se movilizaron el domingo 21 de setiembre en el marco de la Cumbre sobre el Clima 2014 organizado por las Naciones Unidas (UN). El mar humano inundó las calles de Nueva York para demandar a los gobiernos acciones urgentes para frenar el cambio climático. En su seno, la delegación peruana llevaba como estandarte la imagen de una mujer, retratada puño en alto, sonriendo bajo el gran ala de su sombrero. Una mujer cajamarquina, llamada Maxima Acuña. Esta es su historia.
DAVID VS. GOLIAT

El 2011 fue para Máxima Acuña el año del inicio de una batalla desigual contra la poderosa minera Yanacocha, que intenta tomar control de sus terrenos, desconociendo, alega Acuña, el certificado en que consta que ella adquirió la propiedad a la comunidad de Sorocucho. Estas tierras, en las que ella vive y trabaja con su familia desde 1994, son aledañas a la Laguna Azul, lugar implicado en el mega proyecto minero Conga. La historia previa es que la empresa quiso comprar y Máxima no quiso vender.

La negativa de Acuña derivó en violencia. En eventos que no han sido satisfactoriamente explicados por las autoridades peruanas, Máxima y su familia han sido atacados por policías de DINOES en varias ocasiones, las más garves en mayo y en agosto de 2011. Hubo quemas, destrozos; operarios ingresaron maquinaria a sus terrenos, sus hijos fueron golpeados. Pero ella no soportó en silencio el abuso. Pronto se generó una cadena solidaria con los ronderos que se oponían al proyecto Conga y se logró que en Lima algunos medios hablaran sobre el ataque que sufrió, captando la atención de la ciudadanía y las organizaciones defensoras de los derechos humanos y el ambiente.

En 2012, la minera acuso a Máxima de “ocupación ilegal/usurpación”, un juez de Celendín dictó tres años de prisión y el pago de 200 soles en compensación a Yanacocha, cuya inversión en Conga rodea los 4.800 millones de dólares. Si bien casi un año después, este veredicto fue anulado, la empresa ha insistido, y hoy se espera que una corte local resuelva la apelación de la última sentencia desfavorable a la familia de Máxima, que les condena a ocho meses de prisión, una reparación civil de 5 500 soles y el abandono de su predio.


EN DEFENSA DE LAS LAGUNAS

Pese al continuo hostigamiento que debe soportar, Máxima no ha cejado, y hasta ha alojado varias temporadas en sus terrenos a los “guardianes del agua”, grupos de ronderos que desde 2012 se turnan vigilando las frías alturas al borde de las lagunas, en previsión de que, aún sin contar con la licencia social, Yanacocha inicie trabajos de ingeniería sobre este acuífero.

Desde entonces esta mujer, que ha sido varias veces arrestada por recibir a activistas y turistas solidarios que van a buscarla hasta su casa, ha hecho suyo el discurso de los miles de cajamarquinos que no toleran el lugar que se les quiere asignar como receptores de “las grandes inversiones” y que ven a la minería como un peligro enorme para la naturaleza:
“Puedo ser pobre…pero sé que nuestros lagos de montaña son nuestro tesoro real. De ellos puedo conseguir agua fresca y limpia para mis hijos, para mi marido y para mis animales… ¿Sin embargo, somos los que debemos sacrificar nuestra agua y nuestra tierra para que la gente de Yanacocha pueda tomar el oro de vuelta a su país? ¿Se supone que sentarse en silencio y dejar que ellos envenenen nuestra tierra y el agua?”

UNA MUJER SÍMBOLO

Lejos de ser únicamente una causa legal, el caso Máxima vs. Yanacocha está en el centro de un problema político que ha sacudido Cajamarca y el Perú en las últimas décadas: la relación entre las grandes inversiones mineras y los derechos de las familias y comunidades campesinas que no desean el desarrollo de actividades extractivas en su entorno.

Máxima y su familia se han resistido, generando a Yanacocha un tremendo problema, ya que no sólo se trata del impedimento material de proceder con las labores de remoción de tierra -la casa de la familia Chaupe-Acuña está dentro del área prevista por el proyecto minero- sino de un ejemplo molesto: una humilde familia peruana que se rebela contra un gran poder, malacostumbrado a operar sin oposición, con el dinero y la autoridad de su lado.

La lucha de Máxima ha inspirado a miles de personas. Asimismo, ha hecho visible un problema que afecta no solo a su familia, sino a todo el Perú: la falta de una ley efectiva que respalde a las familias campesinas frente a los intereses de la gran industria extractiva.

Por esas razones, Máxima Acuña es considerada una de nuestras heroínas ambientales. 



Por: Rocio Silva Santisteban M.
Foto: Jorge Chavez Ortiz


Máxima no puede leer esta columna pero ha cambiado, con su ejemplo de dignidad, el sentido de la vida de muchas mujeres que leemos y tenemos formación universitaria. Tampoco es una “excepción en las estadísticas” porque el analfabetismo es una situación usual para muchas mujeres rurales de nuestro país: algo que debería de indignarnos. Máxima mide 1.50 cm, es delgada, tiene los huesos fuertes y la voluntad inquebrantable. Nunca fue a la escuela pero conoce perfectamente los usos medicinales de muchas plantas y con una voz muy queda canta la historia de su terreno y su propia historia. A las 5 de la mañana ordeña las vacas, arrea al ganado, prepara te de berenjena. Máxima Acuña de Chaupe, con cuatro hijos todos mayores de edad y sin llegar a cumplir ella aún los 48 años, ha podido cincelar con su oralidad y su inteligencia una de las resistencias pacíficas más fuertes de toda nuestra historia.

La Dama de la Laguna Azul ha sido avasallada por la empresa de oro más grande de Sudamérica. Y no se ha amilanado: sigue persistente luchando por su terreno en pleno corazón del proyecto Minas Conga. “Dicen que aquí en mi terreno hay oro, y por esa ambición del oro es que me quieren quitar mi terreno a la mala, a la fuerza. Aun hasta matándome…”, ha dicho Máxima Acuña en uno de los numerosos documentales que se han grabado sobre su caso.

El 9 de agosto del 2011 la empresa Yanacocha intentó desalojar a la Familia Chaupe a la fuerza: aproximadamente 200 efectivos de la DINOES ingresaron al terreno, echaron los enseres, los pellejos que fungen de camas y las frazadas para calentarse de la casa de tapial que tenían, y luego quemaron la misma casa. Ellos, los Chaupe, resistieron y los DINOES no se retiraron sino hasta que un culatazo de fusil en la nuca de Gilda Chaupe la desmayó. Gilda permaneció tres horas tendida sobre la grama. Todos pensaron que había fallecido y la policía se retiró de la zona. Felizmente solo estaba desmayada. Jaime cortó ichu de los alrededores y los días siguientes durmieron a la intemperie bajo los matorrales de ichu para abrigarse porque a 4,200 msnm el frío en las noches perfora los huesos. Pero no abandonaron el terreno.

Desde el 2011 los ataques y acosos de la minera no han parado. Los últimos hostigamientos –incluso luego de que la CIDH les otorgara medidas cautelares– se han producido el 21, 22 y 24 de julio, en esta última ocasión un grupo de policías y funcionarios, así como de ronderos, amenazaron a Jaime Chaupe. “Hasta estos momentos, siguen atacándonos. Ellos ven que no se encuentra nadie a esa hora y entran a perturbarnos todos los días. No nos dejan tranquilos. ¡Cómo vamos a vivir!”, dice Gilda Chaupe.

Hoy el fiscal Ruperto Alcántara, de la Fiscalía General de Celendín, presentará su acusación de manera oral, pero tenemos entendido que ha pedido el desalojo inmediato del predio, una altísima reparación civil a favor de Yanacocha y tres años de prisión efectiva para Máxima Acuña de Chaupe, Jaime Chaupe, Ysidora Chaupe y su esposo, Elías Chávez, como ¡“invasores” del terreno de su propiedad! La empresa no ha podido probar la posesión del terreno previo a la posesión de los Chaupe, por tanto, es imposible que exista una invasión. ¿Será la justicia esta vez justa?

Fuente: La Republica –  http://www.larepublica.pe/columnistas/kolumna-okupa/maxima-05-08-2014


Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos del proyecto minero La Colosa, aseguró que la compañía no tiene ninguna posición u opinión relacionada con una posible solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.

Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.

Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.

La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.

Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.

Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.

Panorama internacional

En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.

Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.

Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.

Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.

Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.

A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.

En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.

Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.

En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.

“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.

Medidas cautelares

De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.

Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.

Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.

“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.

“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.

Y agregó que, “(…) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (…)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.

Un antecedente incómodo

Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.

Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.

De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.

En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.

Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.

Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.

La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.

De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.

En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.

Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.

En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.

¿Puede parar ‘la locomotora’?

No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.

En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.

También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.

Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.

Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.

Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.

La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.

Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.

Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.

“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.

Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.

Fuente: El Nuevo Dia – http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa



Se adjunta el correo Laurence Cohen, el senador de Val-de-Marne, enviada el viernes al embajador de Perú, sobre la situación de Chaupe Máxima Acuña. Estoy seguro de mantenerle informado de cualquier respuesta. Le deseamos una buena recepción.
cordialmente

Yannick MARIN
Asistente parlamentario Laurence Cohen, el senador por Val-de-Marne

 

Policia intimidando en el predio de la familia Chaupe en la zona del py. minero Conga. Foto: Milton Sanchez

Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP (1), la CCP (2), la CNA (3), la CONACAMI (4) y la ONAMIAP (5), en el caso CONGA. La primera medida cautelar solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.

Estas organizaciones también solicitaron que se proteja el territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca. Dicha solicitud guardaba relación con la petición P716-12, que presentaron a la CIDH el 12 abril de 2012.

Sobre el primer punto, la Comisión considera que está demostrado que los líderes y lideresas identificados en el procedimiento se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, pues su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, le exige al Estado Peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de dichas personas.

Sobre el segundo pedido, encontramos su pronunciamiento en la parte referida al análisis de los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. En esta parte se hace un recuento de lo argumentado por las organizaciones sociales y el Estado, y la CIDH concluye lo siguiente:

“En este escenario, la CIDH observa que existiría una controversia sobre diversos aspectos que podrían ser materia de una petición o caso contencioso. Por consiguiente, considera que el mecanismo adecuado para abordar dichos alegatos y la información aportada sería la petición P716-12.”

Si bien es cierto, que para el segundo pedido la CIDH no otorgó la medida cautelar, es claro también que se nos remite al procedimiento de la petición presentada (P716-12), en el cual se abordará la afectación del territorio ancestral.

Para entender lo sucedido, debemos recordar que las medidas cautelares sirven para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso de un caso pendiente, en situaciones de gravedad y urgencia y las peticiones para denunciar las violaciones o amenazas a derechos humanos.

Por lo tanto, José Miguel Morales Dasso, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), falta a la verdad cuando dice: “Yo creo que lo que ha hecho la Comisión es ratificar que las adjudicaciones que se le han dado al proyecto Conga son válidas, entonces no vemos razón alguna para que haya oposición de nadie”. Esta afirmación no guarda correspondencia con lo decidido por la CIDH.

Lo que llama la atención, es que no sea de preocupación del empresariado minero y del Estado peruano, el que la CIDH concluya que la vida e integridad de un conjunto de personas estarían amenazadas y en grave riesgo. Nos debería preocupar a todos los peruanos, que en un Estado democrático de derecho, se esté afectando los derechos fundamentales de líderes sociales por el solo hecho de oponerse a un proyecto minero.

1 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
2 Confederación Campesina del Perú.
3 Confederación Nacional Agraria.
4 Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
5 Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú.
Ana Leyva V
Cooperación.


El 04 de febrero del presente integrantes de la Marcha Nacional de Mujeres, Consejo Regional de la Mujer (COREMU) y Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, denunciaron constantes acciones de hostigamiento y amedrentación a los integrantes de la familia de Máxima Acuña alertaron de la presencia de un ómnibus con DINOES  y cuatro camionetas contrabajadores de la empresa Minera Yanacocha.  
Testimonio fotográfico*
 

 Informacion Vehicular presente el dia del hostigaminto, mira foto anterior a ella.

 

*Imágenes extraídas de video registrado por integrante de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida 

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES



 
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¡Máxima y su familia en riesgo de desalojo!

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, mantienen una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. Tanto Yanacocha como la familia de Máxima Acuña afirman ser propietarios de la tierra. En julio de 2013 un tribunal anuló una resolución judicial de 2012, dictada tras una querella presentada por la empresa, que declaraba a la familia culpable de ocupación ilegal de la tierra. El juez concluyó que la primera resolución presentaba una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que no se habían examinado pruebas presentadas por la familia de Máxima Acuña y que incluían la documentación relativa a la compra de la tierra. El juez ordenó un nuevo juicio. La próxima audiencia está prevista para marzo.

La familia, mientras aguarda el resultado del nuevo juicio, ha sufrido, según la información recibida, numerosas amenazas y acoso de la policía. El 30 de enero, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armados, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero para intimidarla de nuevo. Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de las tierras.

Información complementaria

Según el derecho internacional, los desalojos forzosos son violaciones graves de varios derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, garantizado por el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en el propio domicilio, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, e independientemente de la situación de tenencia de las personas que van a ser desalojadas, éste debe llevarse a cabo de estricta conformidad con el derecho internacional y con los requisitos del proceso debido. Todo uso de la fuerza debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha manifestado que los desalojos no deben “dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”.

Perú es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, sus autoridades están obligadas a respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluye la prohibición y la prevención de los desalojos forzosos.

 
Fuente: Amnistia Internacional Perú – http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=48#