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La aprobación de la Ley 30640, que modifica la Ley 29338, ley de recursos hídricos, mediante el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, impulsada por el congresista Marco Arana de la bancada del Frente Amplio, ha despertado una serie de debates parcializados y débiles en torno a las cabeceras de cuenca. La alerta la dio Víctor Gobitz presidente del CEO de minera Buenaventura en la pasado Perumin; los empresarios mineros manifestaron que esta norma pondría en riesgo las inversiones mineras en el país.

Para seguir alimentando la discusión respecto a este tema existe una importante publicación respecto a la jalca cajamarquina del reconocido investigador Fidel Torres, ganador del Premio Nacional de Investigación Ambiental, otorgado por el Ministerio del Ambiente, publicó en mayo del 2014 su investigación Conocimientos tradicionales y potencialidades de la jalca, alternativas de desarrollo al modelo actual y estrategias de conservación. Lamentablemente las autoridades de turno vienen ignorando estas valiosas propuestas, permitiendo con ello el afianzamiento de la actividad minera en estas valiosas zonas.

A través de este blog, iremos entregando por secciones los importantes aportes sobre los conocimientos tradicionales y potencialidades de la jalca.

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Conocimientos tradicionales y pontecialidades de la jalca

“Alternativas de desarrollo al modelo actual y estrategias de conservación”

Muchas veces escuchamos decir que “las jalcas y los páramos son tierras eriáceas, sin oportunidades para el desarrollo de las comunidades”, también que “las cabeceras de cuenca o las lagunas altoandinas pueden ser sustituidas por reservorios para brindar agua a las comunidades”, sin embargo, este tipo de discursos son planteados por aquellos grupos de interés que buscan desvalorar al ecosistema jalca con el afán de darle un distinto al tradicional, normalmente, el extractivo. Por ejemplo, en muchas ocasiones las empresas mineras esgrimen estos discursos para alentar a las comunidades a vender sus tierras para el desarrollo de proyectos mineros.

Por otro lado existe un persistente prejuicio a cerca del estado de desnutrición en el que viven las sociedades de la jalca, por la supuesta baja ingestión de proteína animal. Se dice esto, a pesar de que son capaces de usar y conservar muchas especies vegetales, como variedades de tubérculos, como papas nativas, ocas, ollucos y mashua. Si la conservación y manejo de la biodiversidad es expresión de una agricultura de alta cultura, la afirmación de desnutrición responde a una tendencia marcadamente discriminatoria hacia estas sociedades.

Con este trabajo se pretende demostrar los mitos negativos sobre la jalca. La jalca es un territorio con alto potencial, tanto productivo como cultural, que puede brindar un gran aporte a la ciencia y a la tecnología basado en el conocimiento especializado de sus comunidades sobre los recursos que esta ofrece. Así mismo, es un laboratorio para la adaptación al cambio climático, al poseer una valiosísima variabilidad de especies y endemismos de gran importancia. También provee de servicios ambientales estratégicos para el desarrollo de las comunidades, como son el servicio de captación, acumulación y distribución del recurso hídrico.

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Para poder demostrar el valor y potencial de la jalca, se realizó un trabajo bibliográfico, pero también un trabajo de campo, visitando varias zonas de jalca del territorio cajamarquino, donde se pudo registrar información de campo, pero también el valioso conocimiento de sus moradores, a través de entrevistas y encuestas. Se visitaron las comunidades de Jamcate, Combayo, El Lirio, Trascorrales, Rejopampa, Paucamarca, Campo Alegre y Sexemayo, ubicados en las jalcas de San Marcos, Cajamarca y Celendín y se realizaron más de 60 entrevistas a distintos pobladores. La jalca representa el 12% de la superficie del departamento de Cajamarca y aporta con el 18% de la producción agropecuaria de la región, de la cual, el 80% son pastos y el 20% cultivos alimenticios. La producción de papa, trigo, olluco, cebada, oca y haba representa el 6.4% del total de productos agrícolas del departamento, de los cuales, el olluco, las ocas y la mashua son exclusivos de este ecosistema, sin embargo, se puede verificar su presencia en distinto mercados locales, distritales y regionales.

La jalca brinda servicios ambientales estratégicos debido a características ecológicas especiales, sin embargo,  determinadas acciones humanas está deteriorando estas capacidades, lo cual debe ser controlado en un nuevo enfoque para aprovechar de manera sostenible. Dos servicios ambientales fundamentales que la jalca presta a la población, directa e indirectamente, son la provisión de agua en cantidad y calidad y el almacenamiento de carbono atmosférico que ayuda a controlar el calentamiento global.

Así mismo, los pobladores de la jalca se identifican fuertemente con su territorio, ya que este representa un espacio de bienestar, asociado a oportunidades productivas por las ventajas ambientales que la jalca ofrece para la crianza de animales y cultivos.

Como escenario de especies silvestres de importante utilidad para la salud, cosmética y nutrición, la jalca representa una fuente de nuevas posibilidades económicas en base al conocimiento experto de hombres y mujeres conocedores de sus propiedades, ubicación, formas de uso, dosis y preparación. La jalca es una importante despensa de plantas de uso medicinal, insecticida, tintóreo y nutricional, lo cual se verifica en la diversidad de especies utilizadas para los fines mencionados, especialmente medicinales y que, además, abastece en más del 80% a los mercados del norte del Perú (Seminario, A. 2008). Esto hace de la jalca sociedades de conocimientos especializados.

Estos conocimientos se complementan con otros relacionados con la estructura de la alimentación y nutrición de las familias, en la que combinan especies con contenidos proteicos, vitamínicos y minerales en volúmenes suficientes para lograr una nutrición suficiente que les permite llevar una vida sana y activa. Siendo la papa el alimento principal de la dieta básica por el volumen de su ingestión de aproximadamente de 1.0 kg diarios por persona, se proveen de la energía y proteína que este volumen permite, a lo que se suma el consumo de ollucos con su importante aporte de antioxidantes, junto con la mashua por su reconocido aporte de proteína. El consumo de productos lácteos completa la cultura alimenticia de estas sociedades que se identifican con la jalca como un territorio de bienestar paisajístico, alimenticio y productivamente ventajoso frente a las partes bajas de la cuenca.

El rol e importancia de este ecosistema por sus servicios ambientales y provisión de biodiversidad para nuevas oportunidades económicas en la economía mundial, se fundamenta, por un lado; en el uso y aprovechamiento de las sociedades agrarias que lo habitan y, por otro lado, de sus conocimientos expertos sobre las propiedades de dicha biodiversidad. Sin embargo, durante las últimas cinco décadas las jalcas han comenzado a destacar también por su valor económico, pues se ha constituido en el escenario privilegiado de una abundante ganadería extensiva de vacunos  de carne y de leche, y en los últimos diez años, de la gran explotación minera. Precisamente estos dos factores constituyen hoy una de las causas de riesgo más importantes para la estabilidad de la biodiversidad de este ecosistema y la alteración de su rol en el ciclo hidrológico de la región (Rodríguez J. 1997); aspectos determinantes del destino económico de este departamento que posee la segunda economía agraria del norte país, después de La Libertad (Torres F. 2012) y que tendrá que tomar una decisión estratégica entre la prioridad que le asigne a la actividad extractiva de minerales o a la producción de alimentos.

Las ventajas comparativas y competitivas del territorio de la jalca deben representar tema fundamental en las estrategias e inversiones de los Planes de Desarrollo de Cajamarca que, utilizando la estructura normativa vigente debería posicionar la jalca con un rol protagónico en el aporte a la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de esta región, basada en los servicios ambientales estratégicos que provee y los conocimientos tradicionales especializados que se tienen de su biodiversidad endémica. Ventajas que traducidas en normas y políticas, generarán el ambiente de facilitación para las decisiones más pertinentes de su uso desde el enfoque territorial.

 

 

 

 

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Constructora brasileña Odebrecth reveló pagos a funcionarios peruanos en el acuerdo de colaboración suscrito con el Departamento de Justicia de los Estados Unido

La constructora brasileña Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó coimas por 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en 11 países, incluyendo Perú, Venezuela, Ecuador, Angola Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.
Respecto de Perú, Odebrecht revela que pagó coimas por 29 millones de dólares, en diversas obras, entre los años 2005 al 2014, lo que significa funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Odebrecht dice haber ganado en esa época 143 millones de dólares.
 

El acuerdo suscrito con Estados Unidos incluye el compromiso de los representantes de Odebrecht de colaborar con los fiscales e investigadores de los países donde pagó coimas para que se investigue y sancione a los responsables de los actos de corrupción.
Odebrecht reciere un pago específico de 1,4 millones de dólares a un alto funcionario del gobierno del rubro de transportes y los miembros del comité seleccionador el año 2008 para un contrato que se firmó el 2009 que le permitió ganancias por 400 millones de dólares.  El acuerdo no da mayores detalles de que obra se trata.
El 2009 Odebrecht firmó el contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la construcción del Metro de Lima. Diversas investigaciones periodistas señalan que el contrato se negoció el 2008 con el gobierno de Alan García y que la constructora brasileña logró un beneficio extra de 400 millones de dólares, por los dos tramos adjudicados.
Los pagos se realizaron a través de intermediarios y compañías vinculadas a los funcionarios

 

Por el Día de los Derechos Humanos, un grupo de artistas peruanos se ha sumado a  #SuCasaMiCasa, movimiento que busca mostrar su apoyo a Máxima Acuña y su familia, quienes han recibido diversos ataques y amenazas.

Máxima defiende sus tierras pese a las amenazas constantes que recibe; sin embargo, el riesgo que corre alarma a más de un peruano. Acuña ganó el reconocimiento internacional Goldman por su defensa al medio ambiente.

Mónica Sánchez, Olenka Zimmermann, Magdyel Ugaz, Gustavo Bueno, Giovanni Ciccia, Claudia Cisneros, Paul Martin y Gianni Chichizola se unieron para apoyar a Máxima Acuña en el video que realizó Amnistía Internacional Perú.

Mediante el video publicado en Facebook, narrado por Mónica Sánchez, se busca crear conciencia ante la población y demostrarle a Máxima Acuña que no está sola.

“Esperamos que el ministro Basombrío responda de manera favorable para el bienestar de Máxima y su familia”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Este sábado 10 se presentará la intervención teatral ‘Máxima no está sola’, dirigida por Claudia Tangoa y Rodrigo Benza. En la obra, se representará la violencia e intimidación con la que ha tenido que batallar Acuña durante años. Se realizará a las 3.45 p. m. en el Parque Municipal de Barranco. La entrada es libre. 

http://larepublica.pe/


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INTRODUCCIÓN

El presente estudio analiza un periodo reciente de la historia del Perú, durante el cual sucedieron acontecimientos económicos y sociales que reflejan los problemas estructurales del país, como la presencia de grupos económicos que distorsionan el mercado, la predominancia de una estructura económica primario-exportadora, la fragilidad institucional, los aún altos niveles de pobreza, entre otros.
El principal objetivo de esta investigación es analizar la política fiscal implementada en el sector minero en la década 2003-2012, durante la cual el alza sostenida de los precios internacionales de los metales generó un periodo de bonanza económica en el país, que paradójicamente se desarrolló en medio de conflictos socioambientales. El documento se concentra en investigar cómo evolucionaron los ingresos fiscales derivados de la renta minera, y en determinar cómo y cuánto el país ganó o dejó de ganar durante dicho periodo.
El estudio consta de tres capítulos. En el primero se presentan algunas variables económicas que revelan la importancia del sector minero en la economía nacional y se analiza el incremento del precio internacional de los metales como principal determinante de una década de bonanza económica.
Además, se presentan los principales instrumentos fiscales (impuestos y regalías) que aplica y ha aplicado el Estado como medios de apropiación de la renta minera.
En el segundo capítulo se revisa la política fiscal implementada en un contexto de bonanza, con énfasis en el sector minero. Si bien el éxito de la política de ingresos públicos depende de una adecuada política tributaria, la eficacia de la administración tributaria es clave. Por ello, se analizan los instrumentos fiscales adoptados con el objetivo de procurar que el Estado y las poblaciones mineras alcancen una mayor participación en las ganancias extraordinarias del sector. Asimismo, se evalúan las decisiones de política fiscal que se tomaron para administrar el fin de la bonanza minera.
En el tercer capítulo se busca responder si la política fiscal y los instrumentos, tributarios y no tributarios, implementados durante la década de bonanza para gravar la renta minera, fueron lo suficientemente eficaces para generar
recursos adecuados para el desarrollo del país. En particular, interesa conocer si las poblaciones mineras —representadas por sus gobiernos regionales y locales— lograron una mayor participación en los ingresos extraordinarios del sector. Desde esta perspectiva, este capítulo intenta hacer un balance de los temas abordados en los dos primeros capítulos.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio.


Gary Goldberg, CEO de Newmont Mining, tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el gobierno entrante.

(Bloomberg).- La minera estadounidense Newmont Mining Corp. buscará conversaciones con el nuevo Gobierno del Perú para discutir las opciones para desarrollar su enorme proyecto aurífero de Minas Conga en Cajamarca, cuatro años después que una serie de protestas forzaron la paralización de la iniciativa, dijo el CEO Gary Goldberg.

“He oído cosas buenas del presidente entrante y sobre su enfoque de querer fomentar el desarrollo con el apoyo de las comunidades locales”, dijo en una entrevista desde Greenwood Village, Colorado, donde la segunda compañía minera de oro más grande del mundo tiene su sede.

Si bien Newmont no tiene planes para desarrollar el proyecto en un “futuro previsible”, la minera está trabajando para obtener el apoyo local, dijo Goldberg, que tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el nuevo gobierno.

En el 2012 Newmont paralizó los trabajos en el proyecto de US$ 5,000 millones en la región Cajamarca después de violentas protestas por parte de agricultores que temen que la mina afecte los suministros de agua en la zona.

Los planes del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para reforzar la coordinación con las autoridades estatales podría allanar el camino para las conversaciones entreNewmont y las autoridades de Cajamarca, dijo Goldberg.

Kuczynski, quien asumirá la presidencia el 28 de julio, ha dicho que Minas Conga no es viable en tanto continúe el conflicto social.

Kuczynski, ex ministro de Finanzas y banquero de inversión, fue director ejecutivo de Halco Mining Inc. con sede en Pittsburgh hacia finales de la década de 1970. El miércoles PPK estuvo en La Oroya en el centro del Perú para visitar la fundición de zinc de Doe Run Perú, que fue cerrada en el 2009, y prometió hacer “el máximo esfuerzo” para reabrir el complejo.

Si bien el gobierno del presidente saliente Ollanta Humala ha visto un aumento de la inversión y producción minera por la puesta en marcha de proyectos de MMG Ltd. de China y de Freeport-McMoRan, otras empresas comoNewmont y Southern Copper Corp. han pospuesto sus proyectos debido a la oposición de la comunidades aledañas.

Fuente: Diario Gestion http://gestion.pe/empresas/newmont-quiere-reunion-ppk-discutir-viabilidad-conga-2164963


Por: Carlos Neyra
 

Una fotografía, obtenida por este diario (Peru21), podría explicar otro nexo aún desconocido para las autoridades que investigan los actos de corrupción del actual régimen. En la imagen, del 2 de enero del año 2011, resalta la presencia de Martín Belaunde Lossio –ex asesor y amigo de la pareja presidencial– acompañado de un grupo de personas cuyas historias pueden conectarse con la investigación del caso Lava Jato.

La misión estuvo conformada por Martín Belaunde; Carlos Fuyikawa García –ex coordinador parlamentario de Produce y socio de Belaunde–; el gerente de Odebrecht, Reymundo Trindade Serra; y el actual candidato a la presidencia por Perú Libertario y entonces gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas. También asistieron el empresario Víctor Jaramillo Alva –acusado de ser testaferro de Belaunde y recluido en el penal por las obras de electrificación en el distrito de Catache, Cajamarca–; Ángel Ayala y el primo del ministro del Ambiente, Juan Sebastián Pulgar-Vidal de Rojas –ambos de la minera Lumina Copper SAC con sede en Cajamarca–; y el contratista Julio Vicuña García –líder del Movimiento Acción Social (MAS) fundado por Gregorio Santos– y otros dos personajes que no fueron identificados por esta redacción.

Perú21 conversó con Santos (Gregorio Santos) en enero del 2015, en el penal de Piedras Gordas. Se sorprendió al ser consultado por los detalles de ese encuentro. Se mostró cauto al responder. “Investiga el proyecto Marañón”, respondió escuetamente y se retiró hacia su celda.

Cabe recordar que el fiscal anticorrupción Elmer Chirre, que investiga los actos de corrupción en el caso Cajamarca, estableció una vinculación entre el ex asesor presidencial y Gregorio Santos, pues, sostuvo, se habrían coludido para realizar obras en Cajamarca a cambio de comisiones. Por este motivo, la Fiscalía denunció a los empresarios Víctor Jaramillo (aparece en la foto) y Lorenzo Fernández, por irregularidades en las obras de electrificación en los distritos de Catache y El Tingo, en Cajamarca, que se encuentran abandonadas. Cabe entonces la pregunta: ¿Fue solo coincidencia que Belaunde, Santos y Jaramillo hayan participado en una reunión privada en la sede de los Baños del Inca junto al representante de Odebrecht?


Plataforma Inteinstitucional Celendina, Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, Sutep de la provincia de Celendín, Frente de Defensa del distrito de Huasmín, Frente de Defensa del Distrito de Sorochuco, Frente de Defensa de la Cuenca del río Jadibamba, Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, Central de Rondas Campesinas de Bambamarca, Juntas Vecinales de Bambamarca, Sutep de la provincia Hualgayoc – Bambamarca, Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú; en asamblea interprovincial celebrada en la Laguna El Perol, realizada el día 20 de octubre, se acordó realizar una gran movilización en la ciudad de Cajamarca para el día 26 de noviembre de 2015, rechazando los trabajos que viene realizando la minera Yanacocha en el dique El Perol, tal como se constató en dicha inspección. Es por ello que se hace la convocatoria para la participación masiva de las distintas comunidades y demostrar al Gobierno y a Yanacocha que este proyecto no tiene licencia social y que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus trabajos.

 


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Comparación gráfica de la zona de exploración de minera Yanacocha en la provincia de Lima

Servindi, 14 de noviembre, 2015.- Un estudio presentado en el XI Congreso Nacional de Geografía concluye en que sí existe una afectación a la disponibilidad de agua en torno a las instalaciones de la mina Yanacocha. Esta afectación consiste, efectivamente, en la disminución del caudal de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, e incluso el secado de algunas de ellas.

La ponencia presentada por el ingeniero Carlos Alberto Cerdán Moreno afirma que “aunque no se ha podido cuantificar con detalle, los resultados de esta investigación confirman que existe una disminución de cantidad de agua en las fuentes dentro y alrededor de la mina, debido a sus operaciones”.

La investigación calculó el área de terreno necesaria para captar el agua de lluvia y reponer estos consumos, la cual resultó “mucho más grande que el área de operación de la mina”, y permite determinar que “sí existe una afectación a la disponibilidad de agua en torno a las instalaciones de la mina”.

El autor sugiere que “no es descabellado sopesar que incluso la actual disminución del agua fría disponible en el complejo turístico Baños del Inca esté relacionada con la actividad minera aguas arriba”.

La ponencia se titula: “Determinación de la afectación a la disponibilidad de agua en torno a la mina Yanacocha, Cajamarca, con la aplicación de software libre e información secundaria” y está disponible para su lectura en internet gracias al portal de la asociación Grufides que compartió dicho estudio.

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Ubicación de las actividades de Yanacocha

El análisis de información comprendió la precipitación en la zona de la mina; los caudales de consumo; los caudales de vertimiento de la mina e información de los estudios de impacto ambiental y otros documentos de la mina.

Es decir, se hizo un balance hídrico en la zona, con información secundaria libremente disponible de la Autoridad del Agua, de la empresa Yanacocha y otros estudios.

El autor advierte que para cuantificar mejor los efectos y tomar una decisión informada a detalle sobre cómo revertir o evitar esta afectación, se necesitan realizar mayores estudios hidrogeológicos.

Las afirmaciones del estudio son:

1) Existe un desbalance entre el volumen vertido en los puntos mostrados en este estudio, y el volumen que se puede recuperar por escurrimiento aguas arriba de estos puntos.

2) Este desbalance se compensa con el agua subterránea que es bombeada desde los tajos y otros puntos del terreno.

3) El bombeo del agua subterránea origina un descenso significativo del nivel freático, llegando a ser superior a los 100 metros (ver figuras
11, 12 y 13).

4) El descenso del nivel freático implica la necesidad de profundizar más los pozos para bombear un mismo caudal.

5) El descenso del nivel freático implica la afectación de manantiales y otras fuentes de agua que se alimentan del acuífero correspondiente.

6) Existe una afectación a la disponibilidad de agua en las zonas próximas a la mina Yanacocha.

7) Esta afectación corresponde a disminución de caudales y/o secado de fuentes de agua.

Sobre el autor

Carlos Alberto Cerdán Moreno es ingeniero civil con estudios de maestría en Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Cajamarca, especialista en Sistemas de Información Geográfica – Proceso de ZEE – OT de Cajamarca, de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional Cajamarca.

La versión de Yanacocha

El documento consigna una cita referida a la explicación que brinda Yanacocha sobre el uso del agua  que reproducimos a continuación:

¿Cómo trabaja Yanacocha con el agua?

Es importante afirmar que no es lo mismo uso y consumo de agua, conceptos que muchas veces generan confusión y son utilizados por muchas personas para alarmar sin razón a la población. El “uso” es la utilización de agua y la posibilidad de que otras personas la utilicen. “Consumo”, en cambio, es utilizarla una sola vez sin posibilidad de dejarla disponible para nadie más.

Por medio del bombeo, Yanacocha retira el agua subterránea para realizar las actividades de minado, más no consume esta agua. Yanacocha tiene permisos de uso de agua subterránea otorgados por la autoridad competente de aproximadamente 570 litros por segundo. Sin embargo, esto no significa que Yanacocha consume toda esa agua, ya que la mayor parte es bombeada, tratada y descargada directamente a la misma cuenca. (Gestión del agua en Yanacocha – pág. 37. [Yanacocha 2011])

Repercusión en las comunidades

Con advertir que con cierta regularidad, poblaciones aledañas a la mina Yanacocha han realizado diversos reclamos a la empresa, entre estas por supuestas afectaciones a la disponibilidad de agua, denunciando la disminución de caudales de manantiales o canales de riego, e incluso el secado de los mismos.

El documento cita algunas de las manifestaciones en medios de prensa e internet sobre la problemática del agua como los siguientes:

  • Setiembre 2006: Comuneros de Combayo: Yanacocha ha “desaparecido” muchas lagunas y manantiales de su entorno. Yanacocha califica de “incorrectas” denuncias por “desaparición” de lagunas y manantiales. Fuente: Servicio de información Grufides.
  • Setiembre 2007: Comunidad campesina de Porcón se enfrenta a policía por escasez de agua causada por minera Yanacocha. Fuente: Servicio de información Grufides. Diario La República.
  • Marzo 2008: Afectación de agua canales Quishuar, Encajón Collotán, Llagamarca, San Martín. Secado de canal La Ramada. Fuente: Servicio de información Grufides. Componente social EIA Yanacocha Oeste – pág. 19. Red Verde Cajamarca.
  • Octubre 2008: Desaparición de 5 manantiales en el sector La Shacsha. Protesta por la expansión de mina Yanacocha. Fuente: Servicio de información Grufides. Conflictos mineros.net
  • Julio 2010: Usuarios de los canales La Toma y Tres Tingos comprobaron la desaparición de sus manantiales. Fuente: El Moscón.
  • Setiembre 2011: Disminución de caudal de laguna Totorococha y desaparición de manantiales. Fuente: diario El Mercurio.
  • Enero 2014: Disminución de agua del centro poblado Tartar Chico por trabajos en tajo Chaquicocha. Fuente: Noticias SER.
  • Abril 2015: Denuncian a minera Yanacocha por desaparecer manantial en caserío Zarcilleja. Fuente: Red Verde.

Acceda a la ponencia con un clic en el siguiente enlace:


Por:

Wilfredo Cholán y Juan Limay

Días atrás, la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaró nula la resolución de la Fiscalía Provincial de Celendín que archivaba las denuncias interpuestas por Máxima Acuña por los constantes hostigamientos y agresiones de los que es objeto, por iniciativa de la Empresa Minera Yanacocha. Así, pues, se volverá a investigar todos los casos denunciados y se emitirá un nuevo fallo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falló a favor de los Chaupe Acuña. Asimismo, la gobernación de Cajamarca dio las garantías necesarias para que la familia pueda vivir tranquila. Sin embargo, la campesina se vio en la necesidad de denunciaruna serie de abusos cometidos por laminera.

En comunicación con Noticias SER, Socorro Quiroz, representante de la Asociación para la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente (ADEVIMA), calificó de “excelente” el pedido de nueva investigación de los casos denunciados, ya que, según consideró, todavía existe justicia: “A nosotros nos preocupan mucho los moretones de Máxima y los constantes hostigamientos que está sufriendo, pero esta noticia nos alienta a decir que hay personas justas y que la verdad siempre se impone”, comentó.

Quiroz señaló, sin embargo, que la justicia en Celendín parece estar corrompida, porque todos los casos que ha tenido Máxima allí prácticamente han sido archivados, o recibido sentencia en su contra: “Al parecer hay acuerdos entre la empresa y el Ministerio Publico”, subrayó.

En tanto, Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe Acuña, recordó que, desde enero del año pasado, ha venido denunciando todos los atropellos que Máxima y su familia han estado sufriendo, de parte de la empresa, y que la fiscalía de Celendín ha ido archivándolos sin ningún sustento legal. Este hecho ha motivado que la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaré nula dicha resolución y disponga nuevas investigaciones: “La fiscalía de Celendín archivó todas estas denuncias, diciendo que todo  constituye la defensa posesoria de la empresa. La resolución de ellos está mal fundamentada, no tiene sustento jurídico ni factico. Por eso han pedido profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades sobre el tema”, explicó.

La letrada dijo, igualmente, que tal decisión ha sido muy importante, porquede haberse cerrado los casos, validando los abusos como si fuera un ejercicio de derecho de la empresa, se habría sentado un pésimo precedente.

Destruyen cocina mejorada

El lunes último, Máxima Acuña denunció nuevamente que personas desconocidas destruyeron su cocina mejorada mientras se encontraba fuera de su casa. En tal sentido, el vicepresidente de las rondas campesinas de Sorochuco, Fabio Rodríguez, renovó su compromiso de brindar siempre su apoyo a la familia Chaupe y ofreció que estarían atentos ante cualquier abuso: “Como rondas, vamos a intervenir a la gente que estéocasionando daños; no hay otra manera, recalcó. Asimismo, adelantó que el 26 de noviembre los ronderosestarán participando en la movilización en Cajamarca.

Publicado por Noticias Ser

18/11/2015


Por:

Wilfredo Cholán

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca admitió la demanda de Amparo presentada hace dos años contra el proyecto minero Conga, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) así lo dispusiera mediante resolución. Asimismo, fueron admitidos los Amicus Curiae presentados por diferentes instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Cajamarca y  una universidad canadiense, entre otras. De este modo, la empresa minera Yanacocha tendrá que objetar y sustentar la demanda planteada de afectación de derechos fundamentales que ocasionaría el proyecto mencionado.

En diálogo con Noticias SER, Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides, explicó que esta admisión del Amparo marca un precedente en la justicia peruana, ya que minera Yanacocha estaba intentando que no se admita: “En el país, pocas veces se ha planteado  el asunto de discutir qué es prioritario, el derecho al medio ambiente o los derechos económicos, y esa es una discusión que estamos planteando. Va a ser importante, en  términos jurídicos, legales y sociales. A partir de esta experiencia, se van a declarar admisibles todos los amparos que se presenten en relación a megaproyectos que vayan a lesionar derechos fundamentales”, detalló. Asimismo, la abogada dijoque lo que plantea Yanacocha es que estos casos no deberían discutirse en un amparo que ve derechos fundamentales, sino que deberían evaluarse en un proceso administrativo.

“Por ejemplo, el aporte que ha hecho la universidad de Cánada ha sido el mostrar cómo siendo ese también un país minero, en muchas oportunidades se ha logrado priorizar el derecho al medio ambiente para frenar megaproyectos mineros, incluso más grandes que el de Conga. Lo que ellos dicen es: si en Canadá se procede así, por qué en el Perú no se podría empezar con esa política de priorizar derechos fundamentales sobre derechos económicos”, puntualizó.

Debate de fondo

Vásquez anunció, así mismo, que en adelante se debatirá el tema de fondo, y ambas partes sustentarán técnica y legalmente sus posiciones y argumentos ante las instancias correspondientes: “Vamos a entrar a la discusión técnico legal sobre la vulneración de derechos al medio ambiente. Luego viene un fallo de primera instancia, respecto al cual, cualquiera de las partes tiene el derecho de impugnar. Supongo que el caso volverá al TC, porque cualquiera de las partes va a intentar agotar todas  las vías”, señaló.

“Es un paso importante en nuestra lucha”

Por su parte, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), señaló que dicha admisión es un paso legal importante en su lucha por la inviabilidad del proyecto Conga,y que por fin se ha logrado lo quese ha estado buscando desde hace tres años. “Ha sido sustancial, porque hasta los Amicus Curiae han sido admitidos. Entonces, imagino que Yanacocha debe estar preocupada”, declaró.

Asimismo, el dirigente consideró que su lucha se da desde varios espacios, como el social, legal y técnico: “el social tendrá su curso el 26 de noviembre, pues vamos a movilizarnos en Cajamarca; el tema legal se sustenta justamente en esta admisión de amparo, y el tema técnico, que nos avala,ya ha sido demostrado por diversas instituciones”, refirió.

Publicado en Noticias Ser

18/11/2015


Se inicia el juicio de 13 dirigentes del Distrito de Sorochuco y 3 del distrito y provincia de Celendín.

Gobernadores de la provincia de Celendín y del distrito de Sorochuco, no cuentan con pruebas objetivas, su acusación sólo se basan en su propia versión.

El jueves 29 de Octubre, en la ciudad de Cajamarca, se inició el juicio oral contra 16 dirigentes sociales acusados por los gobernadores de Celendín y Sorochuco de secuestro agravado, coacción,  y ultraje a los símbolos patrios.

Según Mirtha Vásquez, abogada de los 16 dirigentes ambientales, dijo que demostrará que la acusación del Fiscal de Celendín es ¨totalmente falsa¨. ¨Es verdad que los 16 inculpados y muchos pobladores de Sorochuco sí participaron en una reunión abierta y pública el 24 de abril del 2013 donde cuestionaron de manera pacífica la actitud de los gobernadores que tienen una posición a favor de la minería, particularmente en favor del Proyecto Conga, pero no hubo secuestro ni agresiones físicas a las autoridades¨, indicó.

Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, Gobernadores del distrito de Sorochuco y provincia de Celendín sostienen que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.

Por otro lado denunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Celendín no han dado la oportunidad a sus defendidos de ofrecer medios probatorios como parte del derecho a la defensa.

¨Afortunadamente el Juez Luis Vásquez del Juzgado Colegiado B de Cajamarca ha aceptado la presentación de los medios de prueba, los cuales cambiarán el rumbo del proceso¨ manifestó la abogada Mirtha Vásquez.

Fiscal reiteró pedido de cárcel

Por su parte el representante del Ministerio Público de Celendín reiteró su pedido de cárcel entre 33 y 36 años para los dirigentes ambientales, a pesar que su acusación sólo tiene versiones de los gobernadores.

Este proceso constituye una persecución e intento de neutralizar a los dirigentes y líderes que se oponen a proyectos que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo sus propiedades individuales. ¨Hay una clara intención de perjudicar el accionar de los dirigentes imputándoles delitos y hechos sumamente falsos y enfrentar procesos que implican varias desventajas para los denunciados¨, indicó Mirtha Vásquez.

El caso de los 16 dirigentes ambientales de Celendín es una clara muestra de la asociación grandes empresas – gobierno que buscan criminalizar a dirigentes y personas que al ver que su vida, sus territorios y sus pertenencias en peligro cuestionan la viabilidad de determinados proyectos.

Las personas denunciadas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

¿Quién está detrás de este proceso?

Para los involucrados en este caso, es visible y claro que detrás de esta persecución estaría la misma Minera Yanacocha, prueba de ello es la presencia de uno de sus abogados, César Cumpa Flores que se presentó en una audiencia anterior como abogado de los gobernadores de Sorochuco y Celendín. César Cumpa Flores antes de pasar a trabajar a Yanacocha se desempeñaba como fiscal de la provincia de Celendín e investigaba las denuncias en contra de autoridades y dirigentes en el conflicto Conga formuladas por la minera Yanacocha.

A la derecha, Pedro Zamora Rojas, Gobernador de Celendín, en el centro, César Cumpa Flores, abogado de Minera Yanacocha y en la izquierda el actual coordinador de los fiscales de la provincia de Celendín, en estrechas coordinaciones. 


Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

– Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.

Servindi, 13 de octubre, 2015.- Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI.

La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.

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Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de Lima. Foto: Servindi

“Vengo de Tragadero Grande”

“Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra”, denunció Máxima ante el auditorio de unas 500 personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y medios de comunicación de diversos países.

“Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales para cometer estas violaciones”, señaló la defensora de las lagunas.

“En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados. Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en nuestras propias tierras”, concluyó Máxima.

En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte. En mayo, un grupo de trabajadores de la empresa minera derribó una construcción levantada por la campesina y su familia.

En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima.

Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

“Siguen engañando a nuestro país”

“Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida”, dijo Elmer con voz firme ante la asamblea.

“Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro país con que el proyecto está suspendido”, señaló el representante de Bambamarca.

“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más derramamiento de sangre ni más muertos”, concluyó Elmer.

En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó baleado.

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Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi

Respuestas oficiales

La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute (NRGI) y ex director del Banco Mundial.

El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de Máxima y Elmer:

“Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo”, señaló McGuire.

“En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen”.

Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y justificaciones ante los reclamos formulados.

“La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones”.

“Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de manera abierta y sin violencia”.

“Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros, pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los derechos humanos o pasan momentos difíciles”.

“El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que generamos nosotros”, concluyó el funcionario.

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Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi

Conga no va

Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.

Se entregaron copias del informe “Conga no va” publicado recientemente por un grupo de organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”, agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo técnico.

“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto Conga” concluye el informe.

A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer cumplir sus propias Normas de Desempeño.

La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la región Cajamarca.

La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica.


Informe Hidroeléctricas en el marañón

Wilder A. Sánchez Sánchez

Tengo el deber de compartir el Informe Técnico elaborado por el Ing. Guido Peralta Quiroz sobre las graves consecuencias o impactos potenciales de las megarrepresas “Río Grande I” y “Río Grande II” que la empresa brasileña Odebrecht se apresta a construir en el Río Marañón, y que forman parte de 22 megaproyectos hidroeléctricos impulsados por el Gobierno de Alan García y por el actual.

La megarrepresa Río Grande I estará ubicada aguas arriba de la confluencia de los ríos Púsac y Marañón. El dique o presa se construirá cerca al caserío de Huanabamba; tendrá una longitud de 720 m, ancho de 10 m y una altura de 150 m, con lo cual se formará un embalse de más de 2,820 hectáreas de extensión y que tendrá una longitud de 42.5 Km, desde el dique hasta la cola.

La megarrepresa Río Grande II estará ubicada aguas arriba del pueblo de Balsas; el dique o presa se construirá relativamente cerca al puente Chacanto que forma parte de la carretera Celendín – Chachapoyas; tendrá una longitud de 600 m y una altura de 60 m, a fin de formar un embalse de más de 470 hectáreas y que tendrá una longitud de 10.8 Km, desde el dique hasta la cola.

En su Informe, el Ing. Guido pronostica los impactos que se producirán en la fase de abandono de las referidas mega represas.  Esto, teniendo en cuenta que después de 35 o más años de funcionamiento las represas quedarán inservibles al quedar colmatadas de sedimentos, por lo que será necesario desmontar las respectivas centrales hidroeléctricas, cosa que el propio proyecto prevé.  Después de esto, los diques o presas todavía subsistirán durante otros años, pero al fin y al cabo sufrirán fallas y colapsarán; será entonces cuando se estaría produciendo un mega huayco de 400 millones de metros cúbicos, o sea, 80 veces mayor que el huayco que sepultó la ciudad de Yungay en el terremoto de 1970, y que arrasaría con varios centros poblados, carreteras, puentes, campos agrícolas, viviendas, etc., aguas debajo de los embalses, que causaría la muerte por ahogamiento de miles de personas, posiblemente.

Estas y otras graves consecuencias son las que prevé el Ing. Peralta Quiroz en su Informe Técnico, con el que lanza una alerta, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de exigir la derogatoria del Decreto Supremo que autorizó la construcción de mega represas y centrales hidroeléctricas en el Marañón y para que se apruebe una ley por la que se declare al río Marañón intangible a perpetuidad.

Cabe aclarar que los impactos potenciales pronosticados por el Ing. Peralta Quiroz únicamente se refieren a la etapa o fase de abandono de las mencionadas mega represas hidroeléctricas, mas no a los que se producirán en sus fases de construcción y operación.  En estas fases, por ejemplo, habrá gran destrucción de la biodiversidad, de ecosistemas únicos y la desaparición de especies endémicas, al quedar inundadas muchas tierras y zonas de vida ribereñas; asimismo, los embalses sepultarán importantes sitios arqueológicos y caminos pre-incas e incas que aún no han sido estudiados y puestos en valor.

Entérese de más detalles técnicos de las mega represas Río Grande I y II y de sus graves impactos en sus fases de abandono, leyendo el informe que se adjunta en formato pdf.

14.10.2015


Por: Mirtha Vázquez
Máxima Acuña de Chaupe se ha vuelto un símbolo dentro y fuera del país. Su tenaz y decidida lucha contra una transnacional minera que le quiere arrebatar sus tierras ha trascendido de forma talque la ha convertido en un ícono de la valentía y la resistencia, fuente de inspiración para muchos pobres que históricamente han sido atropellados por diferentes poderes.
Pero esta resistencia va dejando a su paso muchos costos para Máxima y sufamilia, que producto de esta lucha tienen que llevar una vida casi miserable, debido a las hostilidades de la empresa: Procesos judiciales, amenazas, ataques físicos e impedimentos para que puedan cultivar los productos que necesitan para auto sostenerse.
Para la empresa, este asunto también va generando suscostos. Su torpe manejo la ha puesto en evidencia respecto no solo a los pésimos métodos queutilizan para solucionar sus controversias, sino también por los excesos queestán dispuestos a cometer en nombre de “la defensa de sus derechos”. ¿Quién podría creer, a estas alturas, que esta es la forma correcta de resolver un conflicto cuasi doméstico para una empresa minera transnacional? Ni su propio gremio la avala. Se han oído, en repetidas oportunidades, solapadas críticas de sus homólogos, cuya preocupación es la secuela que este caso deja para todo el sector.
Pero aún más: El efecto Máxima ha trascendido hasta las estructuras más sensibles de este país. Ha puesto en evidencia las consecuencias perniciosas de un modelo neoliberal que minimiza un Estado y lo usa en función a los poderes económicos, quienes son los que de manera fáctica gobiernan el país. Este caso tiene la capacidad de probarlo: fuerzas policiales alquiladas para atacar y proteger los intereses empresariales, imposibilidad de actuación de autoridades para sancionar evidentes abusos, y hasta la modificación y adecuación de normas para legalizar los atropellos, como la ley 30230, que acomoda figuras legales como la “defensa posesoria” y le da la posibilidad a unacompañía como Yanacocha de escudarse en esta figura legal para destruir y dañar bienes sin ser sancionada.
Más allá de evidenciar lo negativo de este modelo, el efecto Máxima lo desafía, planteando desde la resistencia, un reacomodo de este Estado que la sociedad civil no se resigna a ceder a los poderes fácticos. No, Máxima no es una persona que defiende su tierra. Máxima se ha convertido en la expresión ciudadana que no va a ceder sus derechos ni su dignidad a la lógica económica.
No sabemos si Máxima finalmente logre conservar su propiedad, pero sí sabemos que ella ya ganó. Ganó al replantear problemas profundos de un Estado, que ahora podrán defenderse desde otras esferas.

marañón

Los escándalos de corrupción de la empresa de construcción brasileña Odebrecht y la estatal Petrobras extienden responsabilidades sobre el proyecto hidroeléctrico Chadín II en el Amazonas, así como otros 19 que esperan su turno en nuestro país, donde, aparte de los fuertes impactos ambientales que se generarían, estarían también los posibles multimillonarios sobornos a distintos gobiernos de ambos países.

ESCRIBE: PABLO PRADO REYES / REVISTA VELAVERDE
pablo.prado@revistavelaverde.pe

Al parecer, el proyecto hi­droeléctrico Chadín II, uno de los 20 que se están realizando en la selva pe­ruana a cargo de la prin­cipal empresa constructora brasileña, Odebrecht –sí la misma que está invo­lucrada hasta el cuello en un gigantesco caso de corrupción en su país–, no solo causaría impactos medioambientales, como ya se había denunciado en su momento, sino que habría generado ju­gosos dividendos para los gobiernos de ambos países.

Y es que se había señalado que la construcción de este gigante de concre­to de 175 metros de altura, ubicado en la cuenca del río Marañón, inundaría poblados del Amazonas y Cajamarca en un área total de 32 kilómetros cuadra­dos, obligando a desplazarse a unas mil personas de sus hogares.

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Por otro lado, el estudio de im­pacto ambiental (EIA) que fue apro­bado no tenía evidencias suficientes de los impactos que se generarían en la cuenca del Marañón y el Amazo­nas. Aparte que no se pormenorizaba cuánto iba a costar la reubicación de las familias trasladadas ni tampoco un presupuesto para impactos socia­les en comunidades indígenas ubica­das aguas abajo.

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CHADÍN II: ENTRE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y LOS SOBORNOS BRASILEÑOS

El megaproyecto hidroeléctrico a realizarse entre Cajamarca y Amazonas sigue en el ojo de la tormenta, donde sumados a los posibles impactos socioambientales y las acusaciones de corrupción de la empresa constructora Odebrecht están otros actos irregulares que ya están generando un nuevo conflicto social del cual el Gobierno ya estaba avisado.

Ya a estas alturas todos sabemos de los grandes actos de corrupción en que se ha visto inmersa la constructora brasile­ña Odebrecht, aquella que en nuestro país goza de varias concesiones que vieron su proliferación a partir de los años noventa, desempeñando trabajos desde 1979.

El megaproyecto hidroeléctrico Chadín II es uno de ellos, y genera na­turalmente muchas suspicacias al res­pecto por la extraña forma de su apro­bación. Y es que, mediante un decreto supremo en el 2011, el expresidente Alan García dio luz verde a la cons­trucción de 20 represas en una zona que para muchos expertos es de alta vulnerabilidad a un impacto ambien­tal que sería de ingentes proporciones y pérdidas irreversibles.

En ese entonces, García pronunció el proyecto como de interés nacional y fue identificado por el Gobierno como un proyecto potencial para la exporta­ción de energía a otros países.

Estaríamos hablando, entonces, de dos males endémicos enlazados a cos­ta de todos los peruanos. El primero, la afectación de nuestros ecosistemas y, como segundo mal, un proyecto posiblemente echado a andar con so­bornos multimillonarios a gobiernos peruanos. Más grave no habría.

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Actualmente, el proyecto se en­cuentra con el estudio de impacto am­biental (EIA) aprobado y está en etapa

“Odebrecht tiene la concesión de Chadín II, Río Grande I y II, que no sabemos en qué circunstancias se han dado”.