Posts etiquetados ‘Lumina Copper’


La empresa de capitales chinos, Lumina Copper, decidió frenar el desarrollo de su proyecto cuprífero Galeno (Cajamarca) a fin de elaborar un estudio de impacto ambiental (EIA) consistente con las expectativas socioambientales de las comunidades. Así lo informó a El Comercio, el gerente general de esta compañía, Richard Graeme. “Hemos frenado un poco nuestro avance para asegurar que las relaciones con las comunidades son buenas”.
 

Fuente: El Comercio – Impreso




¿POR QUÉ NO SE HACE EL TERMINAL MARÍTIMO? PUERTO ETEN NO DEBE ESPERAR MÁS:
La falta de liderazgo, el retraso de la creación de la Autoridad Portuaria Regional, el alto costo de inversión y el aún inconcluso Proyecto Olmos, son los principales factores que influyen para que la construcción del Terminal Marítimo de Puerto Eten no sea una realidad.

A estas conclusiones llegaron los especialistas que participaron en el Encuentro Regional Terminal Marítimo de Puerto Eten, desarrollado por la Sociedad Nacional de Industrias – SIN, a fin de sellar una alianza público-privada que asuma el compromiso para hacer realidad este anhelo lambayecano que sigue rezagado en las prioridades de la región.

En la actividad, quedó claro que el diálogo entre los principales actores, como Gobierno Regional, inversionistas y la Autoridad Portuaria Nacional es fundamental para encaminar el proyecto y conocer cuáles son sus potencialidades para el progreso económico de Lambayeque.

EXISTEN CONDICIONES FAVORABLES
El alcalde del distrito de Puerto Eten, Jaime Contreras Rivas manifiesta que debe afianzarse el trabajo entre la región y la sociedad, y reconoce que existen inconvenientes que retardan la ejecución de la obra, aunque rescata los últimos logros conseguidos en las negociaciones con las autoridades, como son los trámites para la formación de la Autoridad Portuaria Regional.

“Para suerte de todos, se han presentado las condiciones para el funcionamiento de dicho organismo, a fin de que asuma el liderazgo en concordancia con la Autoridad Portuaria Nacional, siendo auto sostenible para elaborar un perfil y dar luz verde al Terminal de Puerto Eten, enmarcado en un sistema de producción nacional e internacional”, afirma.

El burgomaestre refiere que al dar este paso se abre una puerta para que las metas trazadas se cumplan. “Existe una coyuntura favorable con los avances del Proyecto Olmos, cuyas producción para exportar sería superior al término medio de 660 mil toneladas. También debe considerarse la iniciativa minera de la empresa Lumina Copper, que propone la utilización de los mineroductos, lo que significa que hay un panorama alentador”, explica.

En tal sentido, Contreras Rivas exhorta al presidente regional, Humberto Acuña Peralta a fortalecer el trabajo con sus funcionarios. “Falta empuje a pesar que hay las armas suficientes en el basamento legal. Estamos a tiempo para rescatar el proyecto regional de Puerto Eten”, replica.

Por su parte, el vicepresidente regional, Juan Pablo Horna señala que la preocupación del alcalde Jaime Contreras es entendible. “El burgomaestre reconoce que hay una situación positiva para gestionar el Terminal Marítimo, aún cuando falta la creación de la Autoridad Portuaria Regional que es el punto de partida. Esperemos que la obra se efectivice en el menor tiempo posible, porque como autoridades estamos dispuestos a colaborar”, expresa.
Indica que con la unión de esfuerzos y voluntades de los gestores en combinación con inversionistas, el proyecto es viable.

Por: David Roca Basadre 
Colaborador de la Revista Hildenbrandt en sus trece, Blog MI MINA CORRUPTA y Blog Celendin Libre

Lo que es absolutamente no subsanable es la acción brutal de la minería. Eso los peritos no lo dijeron, y no lo hubieran dicho porque sus términos de referencia se lo impedían.

En suma, habrá que decir que las posturas técnicas se han expresado ya, con los señores que contrató el gobierno, Robert E. Moran, GRUFIDES, el MINAM cuando pensaba libre. Habrá que tomar de todo eso. Y ahora entrar en el terreno, sin hipocresías, de lo político.

El dilema es si se trata de buscar soluciones para la población, que es lo que primero cuenta, o para los señores de Yanacocha y los otros que quieren hacer de Cajamarca una región minera (igualito que La Oroya). He allí el verdadero tema.

Porque si pasa Conga, luego vendrán otras intervenciones más: los devastadores chinos de Lumina Cooper para Galeno, Michiquillay de Angloamerican, además de las ampliaciones de esta empresa (Yanacocha) denominadas La Carpa Central y El Amaro. ¡Toda una promesa de prosperidad… para los bolsillos de Newmont y Buenaventura!

Para llegar a esta etapa del conflicto debió aprobarse, en tiempos de García, un EIA apresurado y defectuos (XXX), se ha desconocido derechos territoriales de poblaciones, se ha expropiado en la práctica – con compras forzadas o engañosas – tierras a comuneros, se ha atentado contra los derechos democráticos a la información propalando inexactitudes sobre la gente que defiende sus derechos o sobre aspectos del proyecto, se ha pasado por encima de varias normas – como la que protege ecosistemas frágiles, como lo son las cabeceras de cuenca que serían afectadas –, todo a partir de una débil institucionalidad ambiental que se quiere perpetuar, a conveniencia de los depredadores. Pasivos, sobre todo, del desleal García. Qué el minero Valdés – amparado por un desleal Humala – está empeñado en ratificar, militarizando con lo que los cajamarquinos perciben como verdaderas fuerzas de ocupación. 

Aquello y la defensa que hacen todos los voceros de la derecha, tanto la suavecita y pasa piola como la DBA, de estos emprendimientos mineros, tratando de ocultar los antecedentes de la empresa en cuestión (“¡Nos quieren robar nuestros recursos naturales!”, grita un histérico Federico Salazar en El Comercio, argumentando que las leyes fujimoristas cumplen el papel de Dios), revelan sin tapujos el indudable debate profundamente político en curso.

Un debate en el que hay un sector minoritario que es dueño de todos los medios económicos posibles para imponer con prepotencia sus argumentos, pero que – sorprendentemente – no puede con una mayoría pobre, sin recursos económicos, armada tan solo con la fuerza de su razón, la intransigencia propia de quienes saben que se juegan la vida, y la capacidad organizativa que han logrado confirmar.
Un debate en el que se confrontan dos modelos de desarrollo divergentes: uno – tradicional, el mismo de siempre – extractivista y hecho para atender las demandas externas y los bolsillos de intermediarios (igualito que con el guano, el caucho, etc.) a cualquier costo, y otro que busca procesos que atiendan primero las demandas internas mediante actividades sostenibles del entorno, y que tenga como objetivo lo que se conoce como buen vivir, aquel estar armónico que significa justicia social y ambiental, en una tierra que dure y perdure, porque se respetan las fuentes de vida.

Conga, entonces, es mucho más que Conga, allí hay un debate nacional sobre el futuro del país. Nada menos.

Twitter: @drocabas


Por: David Roca Basadre
Colaborador para los blogs Mi Mina Corrupta y Celendin Libre

Click a la imagen


 Por Mirella Gallardo Marticorena*

16 de marzo, 2012.- La controversia generada por el Proyecto Minero Conga en el Departamento de Cajamarca al norte del Perú, es resultado de una “demanda democrática” de la gente que clama legítimamente por ser consultada y participar en los beneficios de la inversión minera. En este sentido son varios los aspectos de política institucional, normatividad y participación ciudadana que el gobierno peruano debe abordar con independencia e inteligencia, por la inclusión social.

El Estudio de Impacto Ambiental que presentó la empresa minera fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (responsable también de la promoción de la minería), pero recibió muchas críticas de las instituciones cajamarquinas y del Ministerio del Ambiente. Este artículo pretende aportar al debate, incorporando otros elementos que aún no han sido tomados en cuenta.

Es difícil imaginar que un paisaje altoandino de inmensos cerros, lagunas, bofedales y pastos pueda ser removido y luego transformado en pirámides simétricamente dispuestas y, aparentemente, pertenecientes a otro paisaje geomorfológico, distinto al de la jalca cajamarquina. Sin embargo esto ha pasado, como lo muestra la vista aérea de la zona (fuente: Google Earth).

El paisaje natural de la zona de explotación de la mina Yanacocha está completamente alterado, y en su vecindad –hacia el este y noreste– se ubica la zona del proyecto Conga, que aún no ha sido alterada. La explotación minera –especialmente la de tajo abierto– genera cambios de enormes dimensiones, lo que demanda que antes de ponerla en práctica, estos deben ser cuidadosamente analizados.

Los ecosistemas denominados altoandinos, en este caso, jalcas cajamarquinas, no solamente brindan extraordinarios paisajes, sino que también albergan una gran biodiversidad y poblaciones significativas de especies endémicas locales, entre las cuales se encuentran las hierbas medicinales que crecen en este entorno y otros cercanos, pero no en otros lugares del planeta. Estos parajes cajamarquinos brindan valiosos servicios ambientales pues son zonas de purificación de aire, reciclaje de nutrientes, provisión y regulación de agua.

De todas las bondades mencionadas, el aspecto más crítico para la vida de las sociedades que dependen de ellas, es el de provisión de agua. Las jalcas intervienen tanto en la cantidad de agua que se genera en las cuencas, como en la regulación hídrica, que implica la permanencia en el tiempo del caudal generado.

La cantidad total de agua generada está principalmente en función de la precipitación, a la que se suman la captación de agua de nieblas por la vegetación, así como su nivel de evapotranspiración y de consumo de agua. Se sabe que la precipitación se incrementa con la altitud, pero sin vegetación y en suelo impermeable, toda el agua de lluvia escurriría inmediatamente hacia las zonas bajas, y se agotarían de esta manera todas las reservas para la época de estiaje.

La regulación hídrica ayuda al mantenimiento del agua en los ríos durante todo el año, lo que implica una capacidad de almacenamiento de agua. Esta se da a través de mecanismos de regulación que pueden ser naturales tales como los glaciares, lagunas, suelo, acuíferos subterráneos, etc., y también artificiales como los embalses.

En las jalcas cajamarquinas no existen glaciares pero sí lagunas, suelos y acuíferos subterráneos. La vegetación capta la lluvia que suele ser de baja intensidad a esa altitud y, a través de su historia, los suelos han desarrollado condiciones de infiltración y retención de agua, alimentando así los acuíferos subterráneos que permiten el flujo lento aguas abajo y que son fuente de manantiales, bofedales y quebradas durante el tiempo posterior a la época de lluvias. Por todo ello, no en vano un conocido botánico peruano ha propuesto considerarlas Centros Hidrológicos.

La implementación de un proyecto minero en este contexto implica no solamente la alteración de las lagunas como reguladoras naturales de agua, sino también la alteración de acuíferos y del suelo, en superficies y volúmenes enormemente significativos (alrededor de 500 metros de profundidad y en un área de varios miles de hectáreas). No basta entonces calcular las capacidades de almacenamiento de las lagunas y reemplazarlas por reservorios, sino que además es necesario hacer varias preguntas: ¿Cómo impactará el movimiento de tierras a la captación del agua de lluvias que alimenta los acuíferos que afloran más de allá de las áreas de influencia directa e indirecta? Si las operaciones de excavación se realizan necesariamente en seco, ¿cuál será su efecto en los flujos de agua subterránea?, ¿cuántos manantiales, filtraciones, bofedales serán afectados en el área de influencia directa?, ¿cuáles son sus caudales, funciones y usos?

Como ciudadanos de este país, considero que no es momento de enfrentarnos en posiciones extremas, sino de construir conciencia ciudadana colectiva, basada en el conocimiento, en la verdad y en el derecho que tienen todas las personas cuya continuidad de vida en su propia tierra es afectada por ciertos proyectos extractivos, como es el caso de la explotación minera en una zona de la jalca cajamarquina. Es momento de construir los procedimientos que hagan posible el desarrollo económico en conjunto.

*Mirella Gallardo Marticorena, Ingeniera agrícola. especialista en recursos hídricos y temas ambientales. Ex asesora técnica del PDRS-GTZ (hoy GIZ), Cajamarca. Correo-e: mirella.gallardo@gmail.com
—-
Referencias:
- Acosta, Luis. 2011. Exposición en el Proyecto Punas, Agua y Cambio Climático. Instituto de Montaña/CONDESAN.
- García Sayan, Diego. 2011. Cuatro lecciones de Conga. La República, Lima, Perú. 11 de diciembre.
- Gobierno Regional Cajamarca. 2011. La diversidad biológica en Cajamarca. Visión étnicocultural y potencialidades. Gobierno Regional Cajamarca, Universidad Nacional de Cajamarca, Programa Desarrollo Rural Sostenible de la Deutsche Gesellshaft für Internationale Zuzammenarbe it (GIZ) – GmbH.


Peru’s President Ollanta Humala called off the state of emergency in four provinces of Cajamarca region Dec. 16 after local leaders agreed to suspend their civil strike against Newmont Mining Corp.’s $4.8 billion Conga gold project. Prime Minister Oscar Valdés will lead a “high-level committee” to Cajamarca Dec. 19 to meet with regional officials and community leaders. Cajamarca’s regional president Gregorio Santos announced suspension of the paro in the face of growing pressure; the state of emergency had blocked bank accounts and other financial services in the region. Village mayors and community leaders have agreed to comply with the suspension pending the outcome of talks.

Colorado-based Newmont suspended work at its Minas Conga mine, Peru’s biggest investment project, on Nov. 30 after villagers launched protests over impacts on local water sources. The Lima government said Dec. 11 it will conduct a further review of the project’s environmental impact. “This marks a new phase in the debate,” Santos told Lima’s Canal N. “It’s important they admitted the mining company’s environmental study has major limitations.”

A Newmont spokesman said the company is “willing to play a constructive role in the dialogue sponsored by the government, and we will participate as directed by them. The company pointed out that its 13-year environmental study was approved by the Energy & Mines Ministry last year.

Peru’s government is looking to Newmont to stop a decline in mineral output from aging and depleted mines. Anglo American, Rio Tinto, Gold Fields and China Minmetals Corp. have cut back investment in copper and gold mining projects in Cajamarca because of the protests, central bank president Julio Velarde warned. “There’s a slowdown in the projects located in Cajamarca,” Velarde told reporters in Lima. “What could be the most exceptional decade in terms of mining investment, might not be so because of the fears of some investors.”

Newmont stock, which had fallen by 9.5% since the protests began, gained 1.2% to $62.47 on news of the strike suspension in Cajamarca. (La Republica, Los Andes, Bloomberg, Dec. 16)

See our last posts on Peru and the mineral cartel.


Some 400 protesters on Nov. 28 clashed with police as they attempted to occupy the site of the planned Conga gold and copper mine at Celendín municipality in Peru’s highland region of Cajamarca. National Police troops fired tear-gas and shot-gun blasts, and protesters hurled stones as they tried to take over a work camp at the site. The airport at Cajamarca city, the regional capital, was closed and flights cancelled as another 500 protesters gathered and pledged to occupy the facility. The police force securing the airport was massively outnumbered. Protesters also blockaded surrounding roads. It was the fifth consecutive day of a civil strike to demand a halt to the mining project. Two were arrested at the mine site, and one protester wounded in the leg. Protesters are demanding that PresidentOllanta Humala come to Cajamarca to hold a town meeting or consulta on the project, and pledged to escalate their tactics if he does not comply within 24 hours.

Wilfredo Saavedra, president of Cajamarca’s Environmental Defense Front which is coordinating the strike, said protests would go on until the government declared the Conga project “unfeasible.” Gregorio Santos, the regional president of Cajamarca, has thrown his support behind the strike. Alfonso Valderrama, leader of the Union of Regional Fronts of Peru (UFREP), said that municipalities and popular organizations elsewhere in Peru’s north were ready to join Cajamarca in the strike.

Prime Minister Salomón Lerner Ghitis said the government is in dialogue with the protesters, but that no representative of the executive branch would be travelling to Cajamarca. “We have the responsibility to continue to be firm in resolving conflicts using dialogue, and seeking consensus, but we can’t fall into the trap that some small interest groups have in creating chaos and violence, hurting the image that Peru has gained,” Lerner said.

But the Environment Ministry’s vice-mister for environmental management José de Echave submitted his resignation over the affair, charing that the government “lacks an adequate strategy for dealing with social conflict.” A former director of one of Peru’s leading environmental groups, CooperAccion, de Echave had been a key figure in negotiations with the Cajamarca protesters.

The open-pit project, located at 3,700 meters (12,140 feet) above the sea level, would entail draining the water from four alpine lakes into new reservoirs the company has pledged to build. Locals say the reservoirs would not adequately protect the waters. The lakes now feed groundwater for agriculture and livestock. A drought in Cajamarca has forced water rationing for the past three months. (AP, AFP, Dow Jones, Peru This Week, La Republica, La Republica, Lima, Cinabrioblog, Peru, Nov. 28; RPP, Nov. 26; Fox News Latino, Peru This Week, Nov. 25; Reuters, Nov. 25; BBC News, Nov, 24)

See our last posts on Peru and the Cajamarca struggle.

 

Escribe: Carlos Lamas

El verdadero dueño de los terrenos de Conga

Don Nestor Marchena, ingeniero agrícola de profesión, tiene entre sus manos una importante información que ha entregado a Viejo Topo en calidad de primicia: los documentos que acreditan su propiedad sobre los terrenos en los cuales se ejecuta el proyecto Conga, de la minera Yanacocha.

Sale así a la luz, cuando ya nadie en Cajamarca se puede poner al margen del crucial conflicto, que Yanacocha ya no sólo se había saltado olímpicamente la exigencia básica de que no puede haber explotación minera en cabeceras de cuenca, sino que haciendo uso de sus artes se saltó con garrocha los usos legales sobre la propiedad del terreno.

Según consta en los más de 20 documentos que nos mostrara Ernesto Marchena y que pudimos registrar –casi todos ellos en sus versiones originales-, el único propietario de la desmesurada zona de 7,000 hectáreas, que incluye el cerro El Perol, aledaño a la laguna Lucmacocha, es este hombre natural de Sorochuco, quien tuvo un papel clave en el reconocimiento de la comunidad campesina en 1963, de la que incluso llegó a ser su presidente.

Extiende su enorme plano –en el Hall del Hostal Becerra a un paso de la Plaza Mayor-, para señalar con orgullo que se lo dio el Estado, por intermedio del Ejército Peruano.

Este experto en asuntos de aguas, que dirige proyectos de envergadura en buena parte de la costa peruana, debe su formación profesional a Sorochuco, que mediante resolución de 1971 acordó encargarse de su educación. Desde entonces hizo sus estudios de Ingeniería Agrícola en la Universidad de Lambayeque y se convirtió con los años en un especialista en riegos y estudios hidrogeofísicos.

Dos años después, según Marchena, y en agradecimiento a su labor cumplida respecto a su comunidad, Sorochuco emitió otra resolución para que se le entregue el área que se señala en el mapa otorgado por el Ejército Peruano. Tanto el ministerio de Energía y Minas, como su propia comunidad ratificaron los límites que le pertenecen, como parte integrante de la Comunidad de Sorochuco.

Los métodos de Yanacocha

¿Qué hizo entonces Yanacocha para proclamar que está explotando un terreno de su propiedad? Según don Ernesto Marchena Atalaya, engañó al presidente de la Comunidad y engañó a la gente.

En el año, 2009 sabiendo Yanacocha que hay unas 84 minas para explotación minera en esa zona –enseña la lista-, empezó a fraguar compras de terrenos. Pero como la venta de terrenos dentro de una comunidad está sometida a que los 2/3 de la aprobación de sus comuneros lo respalde, Yanacocha, empleando la mentira y como pretexto que se necesitaba apoyo para construir carreteras para sacar la producción de leche hacia los mercados, pidió firmas a los comuneros y éstos bajo esa promesa, firmaron.

Yanacocha “compra” al presidente de la Comunidad Campesina de Sorochuco la zona de El Perol por 600, 000 soles –el cerro se llama así, insiste Marchena, en tanto que la laguna se llama Lucmacocha-. De esa cantidad Yanacocha sólo abonó 212, 000 según consta en el documento, por lo cual tampoco es una compra concluida, dice Marchena. Según el Ingeniero Marchena, Yanacocha no paga completo porque se da cuenta de que el presidente de la Comunidad no tiene título de propiedad de la zona que vendió.

Enterado de esa situación, Marchena entabla juicio a Yanacocha en el 2005, y recién entonces la minera, consigue –en complicidad con algunos funcionarios- registrar la zona como predio de su propiedad. Así, al engaño de dar firma para “hacer carreteras para sacar la leche de los comuneros al mercado”, se suma el fraguar documentos de propiedad.

El asunto se ventila hoy en el 5to Juzgado Liquidaror de Cajamarca, y la sentencia ha sido postergada por dos años, con tres cambios de juez de por medio y la acusación de Yanacocha, de que Marchena ha “falsificado documentos”.

El oro de Cajamarca

Marchena, miembro de una comunidad de 3,500 comuneros, mil de los cuales son iletrados, dice que “si mi pueblo dice que no quiere explotación minera en la zona, yo estoy con ellos”. Se refiere el proyecto Conga.

“No es cierto que Conga no vaya a afectar, claro que va a afectar, yo he denunciado a Yanacocha por haber desaparecido la laguna Yanacocha”.

Extiende otra vez su mapa, y señala a la laguna desaparecida por la minera que adoptó –irónicamente- el mismo nombre, y que había prometido estentóreamente que la minería que aplicaban era sustentable, etc. Esto corrobora los testimonios de comuneros que notaron desde esos años el descenso de los niveles de las aguas provenientes de lagunas y bofedales, y su creciente contaminación que afecta al ganado con enfermedades extrañas.

“En esa zona, dice Marchena, hay oro; en la laguna Lucmacocha, hay oro hasta los 1,800 metros”. E insiste – eternamente maravillado por el espectáculo que los comuneros cuentan siempre-: por la tarde esa laguna brilla y se forma en el cielo una figura como la de una lúcuma.

Siempre ha habido oro por esta zona, dice, y uno otra vez nos viene al recuerdo lo de la captura de Atahualpa y el oro para el botín de los invasores españoles. Los métodos de explotación minera –dice este experto en aguas- inevitablemente afectarán toda la zona, a toda la agricultura, para el oro se necesitan inmensas cantidades de agua. Pero es posible explotar, como se ha hecho hace muchos años, en los tiempos de los incas, mediante el método de la lixiviación, una separación del metal que no usa el cianuro sino unas especies orgánicas.

Eso quiere decir que es posible, según Marchena, una explotación minera que tome de los métodos artesanales de siglos atrás.

“Pero la verdad, dice, lo que les preocupa a estos extranjeros que se llevan nuestras riquezas, no es tanto el oro, lo que les interesa es que en la zona hay Uranio”. Don Néstor no deja de abrir una caja de sorpresas tras otra.

Uranio, el gran secreto, y la historia

“Yo estuve muy enfermo”, dice, mirando a su amigo que le acompaña el empresario, don Juan Ramal Quispe, quien asiente. “A mí, un obrero que manejaba una retroexcavadora, me entregó un puñado de tierra negra; es Uranio me dijo”. “El contacto con el Uranio casi me lleva a la tumba, por eso lo tengo en una caja de plomo, bien protegido, y voy a ver que me hagan un análisis de esto; el Uranio cuesta 700 veces más que el oro ¿me entiende? Por eso tanto interés de hacer explotación minera en la zona”.

Es suficiente para entender con más profundidad aún las cosas que se juegan hoy en Cajamarca, en el marco del crucial asunto minero con el que el Estado Peruano y la gran burguesía peruana, aliada al gran capital imperialista, buscan avanzar en su camino antipueblo.

Pero Don Néstor Marchena, tiene la tentación de compartir algo más de la historia de su comunidad, a la que defiende con pasión.

Él proviene de sus entrañas, eso es tal vez nos quiere decir, al retirarse a traer uno de sus secretos más celosamente guardados: los documentos antiguos ¿Cómo es que él va a inventar o falsificar –como le imputa Yanacocha- lo que proviene de una continuidad inobjetable en la historia?

Saca media docena de documentos, de los años 1830 y 1832, cuando se daba el tránsito del régimen colonial al republicano. Así como lo lee.

En esos años aun la corona española tenía injerencia en asuntos nacionales, y, otorgó a los “indios” de la zona de Suruchuco –así se llamaba- terrenos propios para que pudieran tener labor productiva que les permitiese seguir pagando sus impuestos.

La mina había diezmado a la población y la había empobrecido, así lo reconocían los propios documentos donde se aprecian firmas y rúbricas antañonas, y vuelven a resonar las referencias a virreyes y corregidores. Una fuerza que desde la autoridad del papel, de las leyes, los decretos, usó siempre la fuerza militar y la represión para imponerse a mansalva, hablando en nombre del progreso.

Suena conocido.

 
Fuente: Viejo Topo

 Los peritos internacionales contratados por la Presidencia del Consejo de Ministros para evaluar el componente hídrico del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Conga ya tienen en sus manos este documento y se encuentran abocados en la lectura de sus miles de páginas antes de proceder al trabajo de reconocimiento de campo en Cajamarca.

Así lo confirmó a La República el ingeniero de minas español Rafael Fernández Rubio, encargado del estudio de la calidad de las aguas y el impacto ambiental, a quien solicitamos una entrevista que no pudo aceptar precisamente por encontrarse inmerso en el referido trabajo.

“Agradezco su interés en mantener una entrevista… pero le ruego entienda que nuestra única ocupación, en estos momentos, es estudiar las miles de páginas que nos han sido facilitadas, sin restricción alguna, para poder realizar a posteriori los reconocimientos de campo, y solicitar informaciones complementarias, que pudiesen ser requeridas, para poder emitir un dictamen científico y técnico” nos manifestó el perito a través de un email.

Sin coacciones
El experimentado especialista de 79 años también precisó que el equipo de peritos internacionales “está trabajando y lo continuará haciendo con su mejor saber y entender, sin prejuicios de clase alguna; sin posturas anticipadas; sin coacciones de ningún sector”.

Anotó asimismo que su “capital” es exclusivamente su prestigio en la resolución de problemas hidrológicos y ambientales en el sector minero.

Luego señaló que su mayor deseo en cuanto al caso para el que ha sido convocado, “es contribuir, modestamente, a la resolución de este problema, por el bien de ese Perú al que tanto amo, y que siempre me ha recibido con los brazos abiertos”.

Efectivamente, Fernández Rubio visitó el Perú en varias oportunidades y participó en notables congresos, como el que se dio en Arequipa el año 2005, considerado la mayor cita iberoamericana sobre minería. En esa ocasión disertó sobre Rehabilitación en Minería.

A raíz de su intervención en Arequipa, Fernández Rubio fue invitado para dar conferencias en Cajamarca y en Lima.

Su última intervención en un certamen nacional se dio en el 2010.

Ahora integra la terna de peritos internacionales, junto con su compatriota Luis López García y al portugués José Martins Carvalho, que se encargará de despejar las dudas de los cajamarquinos sobre los impactos del proyecto Conga, según lo afirmó el premier Óscar Valdés.

La República


Desde España.
Humala sobre conflicto en Cajamarca: no aceptaremos un régimen “polpotiano”

Asimismo, Humala Tasso ofreció corregir las cosas que deban corregirse.

El presidente Ollanta Humala se refirió al conflicto generado en Cajamarca por el proyecto minero Conga, y mencionó que no se aceptará un “régimen polpotiano” por parte del gobierno regional.

“Donde un gobierno regional pone restricciones a la libertad de trabajo y tránsito”, manifestó.

Asimismo, Humala señaló que heredó el conflicto por el proyecto minero Conga “como una criatura de seis meses de vida”, y no puede hacer un aborto de eso. “Que se corrija todo lo que tiene que corregirse”, agregó.

Fuente: La Republica


 

Desde la puerta de su hogar, Santiago Zavala mira la plaza de su pueblo, sin amor: automóviles, casas semiconstruidas y descoloridas, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había concesionado el Perú?

El párrafo anterior es una alegoría de Conversación en La Catedral, la genial novela de Mario Vargas Llosa, pero que representa un mismo estado de ánimo en personajes disímiles, ante un país alejado y ajeno.

Dicen que la mayor virtud puede ser a la vez un terrible defecto. El Perú es un país concesivo; bien por nosotros y sus beneficiarios. No es para menos. La variedad de climas y tierra —biodiversidad, que le llaman—, sumada a la riqueza de mares y subsuelo, convierten a nuestro territorio en un polo de atracción; y, claro, ser egoísta no es la voz. Menos aun cuando el cambio climático jaquea inmisericorde el futuro.

De país concesivo a país concesionado hay más que un juego de palabras. El famoso mapa que desnudaba las cuadrículas en que también está dividido nuestro territorio despertó la indignación en diferentes partes del país. Un número puede valer más que mil imágenes: actualmente casi 60% del territorio está concesionado, y 20% del territorio son concesiones mineras. ¿En qué momento se concesionó el Perú?

El boom de las inversiones entró de a pocos y aprovechando el pánico. Hace 20 años se percibió como algo muy bueno, sin importar las formas. Solo interesaba la inyección líquida y neta. El país no estaba para exquisiteces ambientales.

Acabábamos de salir de la recesión e hiperinflación que nos dejó el gobierno del primer Alan García. El país en bancarrota e inelegible andaba, por ese entonces, divorciado con el destino, pues no era buena plaza ni económica ni turística ni de toros, vaya.

¡Inversiones a mí! fue el grito que enarboló el gobierno de Fujimori acompañado de una serie de reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington. Ahora hasta los más críticos del sistema reconocen que en esos tiempos no había otra alternativa. Recibir o morir era el dilema.

Y el Perú recibió. A partir de 1994 las concesiones se empezaron a otorgar con prisa y sin pausa. Por esos tiempos empezó a trabajar una vieja conocida nuestra: la minera Yanacocha. Su relación con los cajamarquinos data de entonces. Reconstruir 18 años de asperezas y encono es pedir bastante.

Luego de cuatro años el Perú ya se había recuperado económicamente y era un ejemplo para la región, de la manera cómo se debían hacer las reformas económicas. Al menos las de la primera ola, que tenía que ver con estabilidad macroeconómica y liberalización de la economía. Dicen que estas reformas fueron las únicas que hizo con cierta eficacia el gobierno de Fujimori, pues las que tenían que ver con democracia, participación y transparencia, cero balas.

Lo curioso es que antes de la ley minera en la que se promovían las inversiones, el gobierno de Fujimori, presionado por los organismos internacionales, impulsó al poco tiempo de haber ejercido su mandato el primer código ambiental. A los pocos meses este reglamento fue desvestido casi en su integridad a favor de la ley minera. Pero el país ya tenía de qué alardear en los foros de la tierra que en ese tiempo empezaban.

Tambogrande
El gobierno de Fujimori declaró de necesidad pública la inversión minera. La empresa Manhattan Minerals Corp. compró 10 mil hectáreas en Tambogrande.
Las protestas congregaron a cerca de 10 mil tambograndinos. El 2 de junio del 2002 una consulta ciudadana señaló que el 94% de la gente rechazaba el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa presentó estudios ambientales incompletos, en inglés, y con 21 tópicos faltantes.
Se le hizo llegar al presidente Alejandro Toledo un memorial con cientos de firmas para que dicho estudio no sea aprobado, y finalmente, en noviembre del 2003, después de que la población se negó a participar en las audiencias públicas, CentrominPerú señaló que la empresa Manhattan no había cumplido con obligaciones establecidas en el contrato.

Cosa más fácil de la vida

Actualmente, obtener la concesión de una parte del territorio peruano es la cosa más sencilla del mundo. Te acercas a Ingemmet, te enseñan un mapa, eliges la cuadrícula que más te apetezca, el funcionario lo contrasta con un ralo catastro no minero (que no choque con ninguna ruina o algún Parque Nacional, nada más), pagas un precio módico, y listo: ya tienes tu flamante pedazo de tierra para poder explorarla.

La indignación de nuestro prestado Zavalita se explica por la manera acelerada y sin tapujos en que se ha llevado adelante el proceso de concesiones. La mayoría de los pobladores de los lugares afectados no tenían ni la menor idea de que la mayor parte del suelo que habitaban estaba siendo concesionada.

Hay regiones, como Apurímac o Cajamarca, que han pasado de tener 25% ó 30% de su superficie a mediados de 1990 a 90% ó 95% de su superficie en petitorios mineros. Si comparamos con las cifras del 2010, hay un incremento significativo en varias regiones. En Puno, 53,8%; en Tacna, el 41%; en zonas como Madre de Dios, llama la atención el 33% a pesar del decreto de urgencia por el que supuestamente se ordenaba el otorgamiento de concesiones.

Según la geóloga Silvia Passuni, de Cooperacción, comparar la escala de concesiones sirve para tener una proyección de los conflictos a futuro: “Si tú mirabas el otorgamiento de concesiones a nivel regional hace cinco años, Cajamarca lo lideraba, y ahora es ahí donde se focalizan los conflictos. Ahora lo lidera Arequipa, lo que podría indicar lo que puede suceder dentro de algunos años”.

A la poca transparencia (ya que esta información no es de domino público) hay que agregarle una lamentable desinformación, pues la palabra “concesión” muchas veces se malinterpreta. En realidad, poseer la concesión de un territorio significa solo tener un petitorio para poder examinar las potencialidades del subsuelo. En la teoría, de ahí a comenzar una exploración y después la explotación de los recursos, hay mucho trecho.

Sin embargo, la palabrita y todo el proceso se prestan para malas interpretaciones, y no de manera gratuita. ¿Quién le explica al poblador que una concesión solamente es un petitorio? Es que quien tiene que ver con eso —o sea, el Estado— está ausente, y la empresa tiene vía libre después de haber pagado el peaje de la petición.

“El otorgamiento de concesiones es un procedimiento administrativo que se basa mucho en especulaciones. No necesariamente implica que se va a desarrollar actividad minera y genera suspicacias. Antes de que se inicie la exploración ya empieza generar transformación en el territorio, porque en la práctica sí compite con el derecho de propiedad, pues se le da todo un derecho a un titular que puede usarlo bien para especular bien para presionar al campesino para que le venda sus tierras”, advierte Silvia Passuni.

Ante la inminencia de la concesión, los pobladores pueden rebelarse o empezar a negociar con la empresa, pero estas negociaciones se dan en condiciones desiguales, ya que una parte cuenta con toda la información y la otra ha sido expresamente desinformada. Cuando caen en la cuenta, ya es demasiado tarde, pues los trámites han seguido, impertérritos, su curso.

Procesos privatizados

Pero, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Nos quedamos en que el proceso de concesiones se inicia cuando una empresa va a Ingemmet y hace su petitorio. Luego de esta etapa viene la de exploración, y si todo está tranqui continúa la explotación y, posteriormente, el cierre.

Cada una de estas etapas tiene algunos requisitos. Antes de iniciar una exploración la empresa debe presentar una declaración de impacto ambiental (DIA). Esto sucede cuando el yacimiento es pequeño. Cuando es extenso, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado.

Una vez que el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado ese estudio y la empresa ha realizado la exploración, se debe presentar un estudio de factibilidad. Ésta es una parte crucial en este proceso. Casi-casi es el punto de inflexión para el Estado. Dicho estudio implica cuán viable y rentable es el proyecto.

A medio camino entre la exploración y la explotación se deben hacer tres talleres participativos y una asamblea. Luego de ello viene el tan discutido Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estilo delivery que se ha impuesto ha desatado cuestionamientos y conflictos.

“La calidad de los primeros EIA era lamentable. Eso de pegar y copiar partes era cosa común para una empresa consultora. Por ejemplo, yo he leído un EIA aprobado referido al viejo lote 77 en Madre de Dios que habla del río Napo: es evidente que lo habían traspuesto”, relata el especialista Manuel Glave, de GRADE.

Es difícil saber cuánto han abusado las empresas en sus EIA. Pero el hecho de tener la potestad de mandar a hacer la investigación a tu consultora favorita se presta para muy malas interpretaciones. El problema real, más allá de los estudios fuleros, es la privatización del proceso de otorgamiento de concesiones. El Estado espera de brazos cruzados que la empresa se encargue de todo, y ésta lo hace a lo Frank Sinatra: a su manera (y medida). Los EIA son encargados y pagados por la propia empresa interesada en la explotación del yacimiento. Lo mismo ocurre con los talleres consultivos, las asambleas y la licencia social. No es que en algún momento el Estado haya abdicado de sus funciones, sino que desde el inicio se eximió de esa responsabilidad.

Algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial.

A cocachos aprendí

Como en la década de los 90 existía una compulsión por acaparar inversiones, no se hizo ningún cambio en la legislación hasta el decenio siguiente. Pero ninguno de los agregados posteriores se hicieron motu proprio, sino más bien a raíz de conflictos sociales que costaron vidas y cuantiosas pérdidas económicas. Un error repetido a la enésima.

“El Estado hace cambios a regañadientes. Sucesos como el de Tambogrande traen consigo modificaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un lugar común que los conflictos terminan transformando instituciones del Estado. Es que el Estado persigue no ponerle traba a la inversión, y, por lo tanto, si modifica el sistema para que sea más estricto y transparente, para el empresariado es una traba”, sostiene Glave.

Los conflictos de Tambogrande y Tambopata le demostraron al Estado que un simple petitorio no puede ser patente de corso para iniciar el proceso de exploración; por eso luego de aquellos sucesos se implementaron las herramientas de talleres participativos y asambleas. De igual manera, el revés en Cerro Quilish demostró que los procesos de exploración debían contar con una licencia social. Ahora, en la minería post-Conga, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo esquema de “minería responsable”, aunque aún no se sabe bien cómo se come eso.

Si el Estado hubiese tomado en serio el proceso de la segunda ola de reformas y no hubiera hecho los cambios solo para llenar una plantilla de requerimientos internacionales, se habrían podido evitar estos conflictos.

Pozos tomados
Las aguas del río Cachiyacu, fuente de vida de los Shipibos-Konibo durante siglos, son ahora el origen de sus males. Según los líderes de la comunidad Canaán de Cachiyacu, la empresa Maple Gas Corp., afiliada al británico Maple Group, ha contaminado sus suelos y aguas, con lo que generado importantes daños ambientales, problemas de salud en la población (dolores estomacales y de cabeza, problemas de piel, neumonía, diarrea, tumores, etcétera) y un aumento de fallecimientos anormales. Los trabajadores de la petrolera serían también responsables de abusos sexuales perpetrados contra mujeres nativas.
La veracidad de las denuncias fue comprobada, en junio del 2005, por representantes de la ONG Earth Rights: “A pocos metros del pozo MA31, una ruptura de la línea de flujo provoca un pequeño pero permanente derrame de crudo […] se puede observar reflejos arco-iris y espuma de color beige”.
El 8 de julio del 2005, frente a la inacción y a la indiferencia, tanto de parte la empresa como del Estado, los nativos alzaron su voz de protesta. Tomando de sorpresa a los obreros, quienes se encontraban almorzando, aproximadamente 80 shipibos ingresaron a las instalaciones de Maple en la base Maquía y cerraron las válvulas de 9 pozos ubicados en del lote 31-B (que cuenta un campamento minero, una estación de separación del crudo, un terminal petrolero fluvial y 26 pozos, de los cuales 9 se encuentran dentro del territorio Shipibo, y son conectados a la base de Maquía por tubos y caminos).

El Perú avanza de Ollanta

El panorama actual del proceso de concesiones no ha cambiado mucho desde que se empezó a implementar, hace casi 20 años. En todo este tiempo, si bien hubo cuestionamientos crecientes, no habían existido promesas de cambio que generaran expectativas. Y sí que el candidato Ollanta Humala las generó. A veces con un discurso irresponsable que en ningún momento llegó a plasmar en ninguno de sus planes de gobierno.

Contra lo que muchos creen ahora, Humala no asumió el programa ambientalista, y esto lo saben bien los mismos activistas ecológicos. Su propuesta de gobierno se basó sobre todo en las reivindicaciones de la izquierda clásica: que las grandes empresas mineras aporten más rentas al Estado. El impuesto a las sobreganancias mineras fue una de sus banderas de primera vuelta. Quizá ya en esos momentos pensaba que mediante este impuesto podían financiar programas sociales. O quizá en esos tiempos ni pensaba que podía llegar al gobierno. Quién sabe.

Si bien Ollanta Humala no prometió grandes reformas en los estudios ambientales, ni habló de manera profusa de reformar el Ministerio del Ambiente (aunque en una encuesta realizada por esta revista afirmó que el Ministerio del Ambiente debía reforzarse), sí puso énfasis en que el país abandone el modelo primario-exportador y que dejemos de depender de la minería. “Lo justo, pe’ varón”, fue su programa; jamás el “Mina No”. Sin embargo, en sus incursiones a provincias, donde se veía obligado a tocar problemas concretos, hizo alianza con los grupos ambientalistas y las comunidades que tenían conflictos con las mineras.

Por ello se recuerda tanto cuando agitaba el dilema “agua u oro” en Cajamarca. Ahora los mismos pobladores con quienes al unísono agitaron que el agua vale más que el oro, lo ven en cadena por televisión peruana y no entienden nada: solemne, fruncido y enternado, lo escuchan decir que el agua y el oro son compatibles. Y claro que Conga va (iba) de todas mangas.

¿Moratoria now?

Las ganas de pisar el freno a las concesiones, si alguna vez las tuvo, se le quitaron seguramente después de ver el cuadro de crecimiento. Es sostenido desde hace 10 años y en los últimos 4 se ha desbordado. El click concesiones-inversiones-más ingresos para el Estado puede ser automático, pero también una ilusión óptica, pues, como hemos visto, una vez asignada la concesión pueden pasar muchos años para que se traduzca en dinero.

Por el contrario, está probado que una mayor asignación de concesiones acelera y multiplica los conflictos sociales. Es decir, en una nueva concesión minera el conflicto llega más rápido que el dinero contante y sonante de la inversión.

Pero tampoco un mayor número de concesiones debería traducirse, sí o sí, en fuentes de conflicto. Es el sistema de otorgamiento y fiscalización de los proyectos mineros el que hace que eso sea así.

Por eso algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial. Eso significa suspender todo tipo de petitorio hasta que exista un ordenamiento territorial, oleado y sacramentado. “Debe evaluarse la posibilidad de hacer moratoria de concesiones hasta que se tenga un ordenamiento del territorio. El catastro no minero debería ser revisado por las regiones e incorporar otros criterios”, plantea Silvi Passuni.

El principal argumento contra la moratoria es la eventual pérdida económica para el país. Pero ése es un error, ya que si se comienzan a explotar todas las concesiones que actualmente se tienen bastarían y sobrarían los recursos por lo menos de aquí a 15 años. Por el contrario, con la moratoria se eliminaría una inagotable fuente de conflictos, se daría un mensaje político de que existe voluntad para hacer las cosas de manera distinta, lo cual daría un respiro para evaluar mejor el sistema.

Sin embargo, la moratoria no tendría ningún sentido si no va acompañada de otras reformas que se convierten en inevitables si se quiere evitar futuros conflictos. Una de ellas es que el mismo petitorio debería contar con una licencia social que haga viable el proyecto.

Aun así, estas medidas deben pasar por otorgarle mayor poder de decisión a las regiones. Una alternativa que por el momento está muy lejos del discurso presidencial, cada vez más centralista y confrontacional. Para Glave es muy importante que los gobiernos regionales metan su cuchara en este asunto, para que se reconozca desde el Ejecutivo la legitimidad de esa cuchara. No vaya a pasar lo que ocurrió con una empresa de harina de pescado en Arequipa, que empezó a hacer su fábrica en unos humedales. Cuando el Gobierno Regional les llamó la atención sobre eso, la empresa le respondió: “Sorry, viejo, PRODUCE ya me autorizó”. El caso descansa hace años en el Tribunal Constitucional.

Tía María
En julio del 2009, la empresa Southern Copper tenía como objetivo poner en marcha el proyecto minero “Tía María” en el territorio de Islay, en el departamento de Arequipa. Este proyecto podría haber tenido efectos negativos, porque ponía en riesgo el medio natural agrario de los agricultores y campesinos. Los pobladores no estaban de acuerdo con esto, y así lo manifestaron en la consulta vecinal que se efectuó en septiembre de ese año.
El Estado dejó de lado los resultados de la consulta vecinal. La población de Islay reaccionó mediante movilizaciones, lo que obligó al presidente regional, Juan Manuel Guillén, a firmar un acta en febrero del 2010, por la que se acordaba respetar el resultado de la consulta popular y, además, que se debía paralizar la aprobación del Estudio del Impacto Ambiental presentado por Southern Perú, hecho que fue desconocido por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern, quienes convocaron a una audiencia pública. En abril del 2010 los pobladores se van a la huelga y un año después estalla una protesta que deja como saldo tres muertos y cincuenta heridos. Ante esto, el gobierno central decide cancelar el proyecto y manda retirar a la empresa del territorio.

Cada Gobierno Regional tendría que hacer su plan de ordenamiento territorial, y los proyectos en curso deberían hacer un plan de adecuación, tal como sucedió en los años 90 con las empresas que venían años trabajando y no habían hecho un estudio de impacto ambiental. En ese entonces se les pidió un plan de adecuación a las normas internacionales aprobadas. No debería haber ninguna actividad minera que no tuviera relación con el Plan de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Desarrollo Regional. Si se exige desde el saque a la empresa contar con licencia social, y que el proyecto esté comprendido dentro del ordenamiento territorial de la región, no habría posibilidad para que después, al momento de la exploración, como en el Cerro Quilish, o cuando ya se va a empezar la explotación, como en Conga, la población diga: ¿A quién le han preguntado?

“El Ingemmet no debería otorgar un petitorio si no tiene opinión favorable de los gobiernos regionales donde se encuentran los proyectos. El Gobierno Central no quiere de ninguna manera darles a los gobiernos regionales capacidad de decir dónde invertir, y ahí perro pericote y gato caen en el mismo saco, porque Toledo, García y Ollanta están en la misma situación: se han resistido a dar a los gobiernos regionales capacidad de decisión”, plantea Glave.

Otro de los elementos de conflicto en este sistema es que los proyectos son aprobados por el mismo sector al que pertenecen. La misma institución que promueve la inversión en un determinado rublo no puede ser la misma que otorgue el permiso y apruebe su viabilidad. Eso se remonta a la adecuación a las normas internacionales ambientales que se hizo durante el gobierno de Fujimori. Como todo lo relacionado con este tema, fue hecho a la champa, para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales, y así generó un tremendo problema. Es como poner al gato de despensero.

Es que la relación en el país entre la empresa privada y el Estado adolece de una promiscuidad histórica. Ahí está el famoso carrusel de funcionarios que pasan del Estado a la empresa privada usando al primero para favorecer sus asuntos particulares. Una anécdota sabrosa, pero que evidencia de manera clamorosa esta situación, es la de Hans Flury, quien fue gerente general de la Southern. En calidad de funcionario privado presentó al Estado una ampliación del programa de adecuación ambiental de su empresa. Esta adecuación fue aceptada, sin rubor, por el Estado, y quien firmó esta autorización fue el Ministro de Energía y Minas del gobierno de Toledo. Su nombre era Hans Flury, y no se trata de un homónimo. Él mismito era.

La vecindad

El ejercicio de repensar el sistema de concesiones y explotación minera, que el Perú se ha visto obligado a realizar, es compartido por sus pares regionales. Solo que en algunos casos han tenido la claridad de adelantarse a los conflictos, como ha sucedido en Ecuador, donde se promulgó una ley que liquidaba las concesiones mineras que no hubieran realizado ninguna inversión en sus proyectos y las que se estaban realizando en fuentes de agua. Pero tampoco esa posición los libró de un enfrentamiento con las poblaciones indígenas. Muchas ONG, luego, han cuestionado este proceso, porque nunca se terminó de realizar.

En Bolivia, a pesar del discurso a favor del respeto a la interculturalidad y la pachamama, hace poco les estalló en la cara un conflicto por una carretera en la que el Gobierno se había empeñado. Esta carretera cortaba el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que no fue aceptado por las comunidades. El presidente Evo Morales lo dijo en todos los idiomas: TIPNIS sí va. Y TIPNIS no fue. La resistencia indígena fue mucho más de lo que el Presidente boliviano estaba dispuesto a presionar. Actualmente en Bolivia están esperando por una nueva ley de minas.

Hay otros países, como Costa Rica y Honduras, donde han prohibido la minería de tajo abierto. Han preferido no entrar en discusiones exquisitas y han tomado la decisión política de priorizar otro tipo de inversiones y de ingresos. Algunos bromean diciendo que ser el estado 52 de la Unión le permite a Costa Rica ese tipo de lujos.

En Colombia existía hasta hace poco una ley que prohibía la minería en los páramos, o en cabeceras de cuenca, para que lo entendamos mejor acá (¿les suena parecido a Conga?). Sin embargo, la administración de Uribe revisó esa ley. Se avecinan tiempos ambientalmente complicados en la casa de al lado.

– 0 –

Realizar cambios en política ambiental no significa necesariamente poner en jaque el modelo económico. Así, tal cual, sin mayores aspavientos pero ajustando la maquinaria con rigurosidad, las cosas pueden ir mejor. Basta con entender dos asuntos que nos recuerda Glave: no siempre pueden ganar todos todo, y el que gana no puede ganar siempre. El problema es que en nuestro país siempre pierden los mismos.

Primicia, chocherita: Han encontrado gas en Machu Picchu. ¿Va o no va?

Recortar para explotar
En el 2007, el Ministerio de Energía y Minas elaboró un proyecto de ley con la finalidad de cercenar en más de 200 mil hectáreas la extensión del Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido como “la última selva sin hombres”, que posee una alta y única diversidad biológica, protege las cabeceras de las cuencas de varios ríos y forma parte del territorio ancestral del pueblo amazónico originario Esse’eja.
¿El objetivo? Establecer lotes de explotación y exploración hidrocarburífera.
El proyecto de ley sostenía que el recorte convenía “a los intereses del país y al desarrollo nacional”, dado que beneficiaría “principalmente a las Regiones Puno y Madre de Dios; y, en general, a todo el sur del Perú”. Sobre este punto, el potencial productivo “probado, probable y posible” del yacimiento Candamo fue uno de los principales motivos por los que se planteó la nueva delimitación del Bahuaja.
La propuesta, sin embargo, fue recibida con fuerte rechazo, tanto a nivel nacional como internacional. Según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), dicho proyecto era irreconciliable con el mandato constitucional del Estado sobre la conservación de las áreas naturales protegidas, los compromisos internacionales asumidos por el país, así como el protocolo de enmienda al TLC Perú-EE.UU, que comprometió a ambas partes a no debilitar sus legislaciones de protección ambiental.

Fuente: Revista IDEELE
http://www.revistaideele.com/content/%C2%BFen-qu%C3%A9-momento-se-concesion%C3%B3-el-per%C3%BA