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06 de febrero, 2014.- A través de una misiva dirigida al Presidente Ollanta Humala, el economista español Pedro Arrojo nos refiere sobre su gran preocupación por la reciente promulgación de la Ley 30151 llamándola “licencia legal para matar”, así como de su relación con la criminalización de la protesta social. En esa línea, insta a que el único camino que puede llevar a resolver de forma efectiva los dolorosos conflictos abiertos en Cajamarca y en otras regiones de Perú es el del diálogo en un marco de estricto respeto a los derechos humanos.

Para Arrojo, que dicha ley exima a la policía y al ejército de responsabilidades penales, incluso cuando, haciendo uso de la fuerza, lleguen a producir lesiones y/o la muerte de personas, no sólo es muy grave, sino contrario a los más elementales principios de un orden constitucional democrático. No amparar la vida de las personas que ejercen derechos democráticos, como el de manifestación pacífica, supone una transgresión de los derechos humanos que conmueve y conmoverá más aún a la opinión pública internacional si, como nos tememos, llega a haber heridos graves e incluso muertos al amparo de esta ley, precisó el experto.

Adjuntamos la carta completa dirigida a Ollanta Humala, así como el Informe Final sobre la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua en el Perú.


*Pedro Arrojo, Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza (España).

 
 



Milton Sánchez, dirigente del Frente de Defensa Ambiental de Celendín ( Cajamarca ), anunció nuevamente una movilización para el día 9 de noviembre con dirección a las lagunas aledañas al proyecto minero Conga. Detalló que esta actividad se realiza conmemorando los dos años de haber iniciado la lucha contra Yanacocha. Asimismo, señaló se han hecho llegar las invitaciones respectivas a las organizaciones sociales opositoras, tanto de la provincia de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, con la finalidad de tener mayor hincapié. Indicó que no permitirá q la empresa Yanacocha continúe realizando trabajos en este sector y que su posición es firme. Lea más noticias de la región Cajamarca.

Fuente: RPP – http://www.rpp.com.pe/2013-11-06-dirigente-milton-sanchez-anuncia-nueva-movilizacion-contra-conga-noticia_645502.html


Protestas. En el primer taller donde exponían el EIA de Tía María hubo protestas que dejaron heridos a diez policías. Protestas. En el primer taller donde exponían el EIA de Tía María hubo protestas que dejaron heridos a diez policías.
Conflicto. Hasta el cierre de edición, Southern confirmó que el segundo taller será en la misma fecha. Alcaldes y dirigentes que se oponen al proyecto plantean reuniones previas.

Cecilia Mendoza.
Arequipa.

El primer taller participativo sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) delproyecto Tía María de Southern Perú prendió la mecha del conflicto social. Esta actividad terminó en medio de protestas de un grupo de pobladores que rechazan la operación minera.

El dirigente Jaime de la Cruz y el alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale, justificaron las manifestaciones en contra. Aseguran que los participantes del taller -requisito exigido para aprobar el EIA- no eran pobladores del Valle del Tambo. Y que a varios de los interesados en escuchar detalles del proyecto no los dejaron ingresar.

De la Cruz confirmó que el miércoles 30 a las 00:00 horas iniciarán un paro de 24 horas contra la compañía minera, a la que acusan de sacar Tía María contra viento y marea.

Según el dirigente, la mayoría de pobladores de la zona de influencia tiene temor de la actividad extractiva. “Ellos (la mina) dicen que la mayoría los apoya, si eso fuera verdad ellos mismos hubieran echado a los manifestantes que fueron a protestar en el primer taller”, indicó.

Para De la Cruz, quienes apoyan a la mina aún son pocos y esto lo consiguen a base de regalos.

PROPUESTA

De la Cruz pidió hablar con las autoridades para que estas alcancen a Southern las preocupaciones ambientales y de ordenamiento territorial, y un mapa que zonifique en donde se dará cada actividad.

En esta reunión se debe tomar acuerdos, refirió el dirigente, y después de ella se consultaría si se quiere escuchar a la mina. El lugar por tanto debe ser grande. La única condición es que los asistentes tengan voz y voto.

Por su parte, Richard Ale solicitó a los empresarios suspender el segundo taller participativo hasta que exista un ambiente de paz social.

Este mismo pedido lo realizó un día antes el presidente regional Juan Manuel Guillén. La autoridad solicitó a la empresa minera no precipitarse con la obtención de la licencia social, la luz verde de la ciudadanía para operar.

REUNIÓN PREVIA

Guillén propuso que antes de realizar los talleres se pacten las condiciones para estas reuniones con los alcaldes y dirigentes.

“Tengan por favor una reunión, un diálogo sobre las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el taller, me parece que es lo más prudente”, dijo la autoridad.

El presidente Guillén Benavides pidió a la minera tomar en cuenta que hay personas (contra la minería) que están dispuestas a poner en riesgo su vida y otras vidas.

Durante el primer taller participativo del proyecto, una turba de manifestantes encapuchados intentaron quemar el local y lanzaron piedras hacia la zona donde representantes de la mina exponían el EIA. Los policías fueron los más perjudicados


A través de las redes sociales, la señora Enma Vásquez informó que el Ministerio Público de Lambayeque pidió nueve años de prisión para su hija, sobre quien prefiere no exponer su nombre, pues se la acusa de haber golpeado a policías durante el conflicto minero Conga.

Vásquez afirma que el pedido del Ministerio Público resulta ser incongruente, pues carece de argumentos, dado que en los diferentes videos que se registraron, se puede apreciar que la golpeada en realidad es la joven e incluso quedó seminconsciente, en circunstancias que protestaba contra el proyecto.

De igual manera, señaló que le parece bastante extraño el archivamiento de la denuncia que realizó por los golpes que recibió su hija.

 

Foto: Vilma Rodríguez Chihuán

Nombres de los primeros compañeros detenidos en el paro indefinido en el sector El Empalme:

  • Wilmer Julón Huamán (36) El Tambo
  • Giovana Jesus Medina Saldaña (27) de Celendín
  • Janet Caruajulca Luna (27) Bambamarca
  • Emiterio Acuña Barboza (47) Bambamarca

  • Agentes proporcionarán información sobre las controversias que ocurran en su jurisdicción y actuarán como agente de prevención de conflictos.
  • Herramienta permite generar señales y acciones anticipadas a situaciones de conflictividad.

La Policía Nacional del Perú ha sido incorporada al Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART), implementado por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo de generar señales y acciones anticipadas a los conflictos sociales en el país.

La PNP se suma a esta red de información, integrada, en una primera etapa, por los Gobernadores, quienes actúan como proveedores de prealertas respecto a las diferencias, controversias o conflictos que ocurren en sus respectivas localidades.

Con la incorporación de la Policía, se da inicio a la segunda etapa de la implementación de este programa, lo cual permitirá contar con información actualizada de las incidencias en todo el país y que actúen como agentes de prevención de conflictos, priorizando el diálogo y la cultura de paz.

En esa línea, cerca de 550 efectivos fueron seleccionados para participar en el Taller ‘Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Conflictos Sociales: Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART)’, que se desarrolla desde el mes de mayo en Piura, Moquegua, Huánuco, Pasco, La Libertad, Puno y Lambayeque y, luego, se extenderá a todas las regiones del país.

Siendo la PNP una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, es de suma importancia que forme parte de la red de información del PART dentro del Sistema Nacional de Prevención.

ACERCA DEL PART

Con el Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART) se han automatizado los procesos de generación de alertas tempranas de los conflictos sociales. Esta herramienta fue implementada por la ONDS, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Canadá (ACDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El PART es operada por la Unidad Técnica de Prevención (UTP) de la ONDS, como ente receptor de prealertas y emisor de las alertas priorizadas. Por su parte, la Unidad de Gestión del Diálogo y Prevención (UGDP) recibe las alertas priorizadas y coordina con los diferentes ministerios para que estos generen las respuestas institucionales correspondientes.

El trabajo entre ambas unidades se sustenta en el software que cada una de ellas tiene a su cargo y ambas funcionalidades están interconectadas para la automatización del proceso de emisión, recepción y tratamiento de las alertas.

Con la utilización del PART y el registro de prealertas, se podrá actuar de forma preventiva y anticipar acciones de conflictividad para evitar enfrentamientos y víctimas. Este esfuerzo nos lleva a conseguir la implementación del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales, el cual tendrá como prioridad la atención en zonas sensibles.

Oficina de Prensa e Imagen Institucional

Lima, 03 de junio de 2013.

Fuente: PCM – http://www.pcm.gob.pe/noticias/policia-nacional-se-incorpora-a-programa-de-alerta-y-respuesta-temprana-de-conflictos-sociales/





Sin comentarios, saquen sus propias conclusiones respecto al documento, por seguridad nuestra y colaborador, nos reservamos la fuente.


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*

En esta semana la noticia en el aspecto de conflictos socio-ambientales fue en torno al proyecto Shahuindo de la minera Sulliden Shahuindo. Uno de los problemas de los conflictos socio-ambientales, se debe a la poca información que se brinda respecto a las empresas como también de sus proyectos, en estos casos mineros. Si nos ponemos a pensar como lectores promedios cuanto sabemos sobre estos proyectos, la respuesta es casi nula o nada.
¿Quién es Sulliden Shahuindo?
La minera Sulliden Shahuindo es una empresa de capital canadiense y cotiza en la bolsa de valores de Toronto – Canadá, New York – USA y Lima – Perú; esta empresa no tiene experiencia explotando yacimientos en ninguna parte del mundo, por el cual la empresa Kallpasab Securities lo cataloga[1] como empresa minera JUNIOR, Sulliden en Perú poseen un proyecto llamado Shahuindo, con una altitud de 2 900 m.s.n.m. ubicado en la provincia de Cajabamba, distrito de Cachachi cerca de los centros poblados de Araqueda y Algamarca que abarca varios caseríos como San José, Moyan y Shahuindo; cerca del Valle del Condebamba. Como antecedentes[2] la minera obtiene el proyecto en noviembre de 2002, entre el 2002 – 2009 Sulliden y la antigua concesionaria que era la CIA Algamarca S. A. que en ese entonces era de la familia Sánchez Paredes, comienzan una disputa legal por las concesiones , Hay que dejar claro dos punto: lo primero antes que ingrese Sulliden, también exploraron la minera Southern Perú Copper y ASARCO; lo segundo luego que la CIA Algamarca S.A abandona de manera inexplicable sus operaciones, varios mineros informales se posicionaron de los antiguos socavones y en la actualidad siguen siendo explotados.
Para Sulliden, el proyecto de explotación debe iniciar en el presente año (2013) y con expectativas de producción de oro y plata para el 2013-2014, según estos datos que proporciona la empresa, el Ministerio de Energía y Minas – MEM, toma en consideración a dicho proyecto en la cartera de inversiones[3] para el año 2013, donde deja como datos relevantes: Producción anual proyectada: 105,000 Oz/Au (no toman en cuenta la plata), Inversión proyectada: US$ 132 Millones y lo que no podemos dejar de lado es que poseen Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIAsd (aprobado RD 083-2011-MEM-AAM), para EXPLORAR, mas no para EXPLOTAR.
Es importante pues, conocer los antecedentes de las empresas que quieren invertir en el Perú, así como también de sus respectivos estudios de sus exploraciones y explotaciones, este conocimiento no solo debe ser a nivel de gobierno o instituciones involucradas sino también de la población y mucho más los de la zona de influencia del proyecto, para ser evaluados y así evitar los conflictos socio ambientales que se producen cuando no están claras las cosas.
Trabajos de exploración hechos por la empresa Sulliden Gold en Cajabamba. Foto: Sulliden Gold.

Sulliden, minería informal y conflictos
Para la Defensoría del Pueblo, los conflictos socio-ambientales por minería informal se remonta al Reporte Nº 35 Conflictos Sociales, hasta la fecha, los datos más relevantes sobre conflictos entorno a la minera Sulliden lo encontramos en los Reportes N° 76, 83 y 107.
El 7 de junio de 2010, mineros informales tomaron el campamento y estos fueron desalojados por la policía, en enero de 2011 la Defensoría del Pueblo recoge un dato muy interesante que citamos a continuación: “De otro lado, nos precisan que se viene coordinando con la Dirección Regional de Energía y Minas, con el objetivo de evitar enfrentamientos y situaciones de violencia en la zona, en el proceso de desocupación de La Chilca a favor de la empresa Sulliden.”[4], la pregunta es ¿Quién intento enviar realmente a la policía fue el gobierno o la minera?, las razones reales solo nos pueden explicar los funcionarios de Dirección Regional de Energía y Minas de esa época. En enero del 2013, los mineros informales realizaron una movilización en contra de la Minera Sulliden, exigiendo que la misma otorgue las facilidades para desarrollar los trámites de formalización de actividades que desarrollan en la zona.
El pasado 11 de marzo del presente año, pobladores que se oponen al proyecto mineros fueron reprimidos por la policía, dejando como saldo 8 heridos entre ellas una mujer en gestación, los pobladores denunciaron que la policía hizo uso de armas de fuego para disuadir a los manifestantes, que promovían la no participación en la presentación del EIA a las diferentes comunidades, por otro lado Romelia Izquierdo Leiva manifestó lo siguiente, para Noticas SER: “La empresa Sulliden ha traído gente en ómnibus de otros lugares, no son de acá, estamos rodeados con muchos policías como si fuéramos delincuentes, sólo reclamamos nuestros derechos, estamos indignados, vivimos en el valle que ellos quieren destrozar”, otro grupo que se opone al proyecto son los agricultores del Valle de Condebamba, quienes rechazan el proyecto por el temor a la contaminación que genera la mina y a la vez también piden que los mineros informales se retiren de la zona. Sergio Sánchez Ibáñez ex – gerente regional de RENAMA – Cajamarca, nos manifestó que los conflictos en torno al proyecto Shahuindo vienen del año 2006 y agrego que dicho proyecto afectara a un aproximado de 15 000 agricultores que viven cultivado en la zona del Valle de Condebamba. Los medios de comunicación tanto de Cajamarca como a nivel nacional, en ningún momento informaron que el EIA presentado al Ministerio Energía y Minas es para la EXPLOTACIÓN y no de exploración, esto es importante porque a la comunidad se le quiere sorprender, para obtener la licencia social, esto contribuye para que se agrave los conflictos sociales. 
 Vista área de la minería informal en Algamarca cerca de los predios de Sulliden.
 Foto: Jorge Chávez Ortiz
Un dato importante es que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, oficina adjunta a la Presidencia del Concejo de Ministro del Gobierno del Perú – PCM, en ninguno de sus informes denominados Willaqniki toca el tema de Shahuindo y la minería informal.
Más datos sobre el proyecto
La propiedad Shahuindo cubre aproximadamente 9 218 hectáreas de concesión minera, y otras 10 795 hectáreas en una elevación de 2.900 metros aproximado. El proyecto aurífero Shahuindo[5] planea construir un tajo abierto denominado “Moyan” que tendría como diámetro de 1.3 km aproximado, un depósito de desmonte de una capacidad aproximada de 56 100 000 m3, un pad de lixiviación de 29 000 000 m3 aprox., 2 reservorios de 249 000 m3 y 111 800 m3 aprox., planta de trituración para el materia extraído del tajo Moyan y otras estructura, pretenden minar 10 000 toneladas de roca por día (tpd) en un aproximado de 10 años. Para el desarrollo del proyecto Sulliden Gold ha conseguido financiamiento[6] por parte de Credit Suisse y Barclays Bank por un monto de $ 125 mil millones de dólares. 
Diseño de ingeniería del proyecto Shahuindo en explotación. Fuente: Sulliden Gold
Mismos pasos
Esta semana la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH representada en la Secretaria Ejecutiva por la Dr. Roció Silva Santisteban, explico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”[7]. Donde la empresa Minera Sulliden Shahuindo no escapa de la excepción.
El 01 de octubre de 2009, la empresa Sulliden Shahuindo suscribe un convenio de servicio extraordinarios complementarios con la Policía Nacional del Perú, estos servicios tienen como objetico de establecer medidas de prevención que detecte y neutralice riesgos que atenten contra el personal, instalaciones, materiales y equipos de la empresa mencionada. Este convenio a la vez pide atender diligentemente las denuncias, así, como prevenir, detectar y neutralizar actos de sabotaje, terrorismo y cualquier amenaza contra el personal, instalación y equipos de Sulliden. Por la prestación de servicios a la policía se pagó S/. 100 nuevos soles a cada efectivo policial (14 policías) y al oficial encargado S/. 120 nuevos soles (1 policía), aparte la empresa les brinda alojamiento y alimentación por el tiempo de servicio prestado. En una de las clausulas la empresa solicita efectivos policías adicionales en momentos excepcionales y/o emergencia. Este convenio tuvo vigencia por 2 años a partir de la suscripción. Este convenio suscrito culmino el pasado octubre de 2011.
Una de las preguntas que se hacen los activistas se refiere al convenio a “actos de sabotajes”, quienes son ese grupo de “terroristas” que atentan contra la inversión privada; por qué ocultar estos convenios a la población, si no es nada malo, porque no lo hacen público, esto ayudaría más bien a la transparencia de la empresa y no aumentaría su cuestionamiento por la población civil como por parte de los organismos en derechos humanos.
 Primera página del Convenio entre Sulliden y la PNP. Fuente: Reservada
Queramos dejar en claro que no estamos en contra de la minería, pero esta se tiene que desarrollar en zonas donde no afecte a nadie, aparte la minería formal e informal por igual contaminan y ambas no son reguladas apropiadamente por mas leyes que sean publicado. Pero lo importante para evitar los conflictos sociales, hay que tener en cuenta la trasnparencia de la empresa y gobierno hacia la comunidad, como respetar las opiniones de los diferentes actores del problema.
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*Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

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[1] Lista de empresas minera junior que participan en la Bolsa de Valores de Lima. Información disponible en: http://www.kallpasab.com/reportes/KallpaSAB_Mineria_Junior_Marzo_2012.pdf

[2] Historia del Proyecto Shahuindo y más datos, disponible en la página web de Minera Sulliden: http://www.sulliden.com/Spanish/Proyectos/Proyecto-Aurifero-Shahuindo/Historia/default.aspx

[3] Cartera Estimada de Proyectos Mineros – 2013, Ministerio de Energía y Minas, Pág. 39; disponible en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera2013.pdf

[4] Reporte Mensual Nº 99 Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Pág. 22. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/reporte-83.pdf

[5] Presentación Corporativa del Proyecto Shahuindo de minera Sulliden Gold. Diciembre de 2012. Disponible en: http://www.sulliden.com/files/doc_presentations/2012%20English/121227_Sulliden%20Gold%20Presentation_v001_o712ge.pdf
[6] Informe de Inversión hecha por Kallpasab Securities – Sociedad de Agentes de Bolsa. Fecha 14 de noviembre de 2012, disponible la información en el siguiente link: http://www.kallpasab.com/reportes/02_KallpaSAB_Sulliden_Actualizacion_14_11_2012.pdf

[7] Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”, publicado el 11 de marzo de 2013 en la web de la CNDDHH, disponible el texto completo en: http://derechoshumanos.pe/2013/03/rocio-silva-santisteban-advierte-en-la-cidh-se-esta-privatizando-la-policia-nacional-del-peru/


Presidente Gregorio Santos solicitó al Ministerio Público investigar agresión policial en contra de campesinos del Valle de Condebamba-Cajabamba.

El gobierno regional de Cajamarca expresa su enérgico rechazo a las agresiones sufridas esta mañana por efectivos policiales en contra de cientos de campesinos del Valle de Condebamba, quienes se movilizaban en forma pacífica contra la empresa Sulliden-Shahuindo, ubicada en el distrito de Cachachi.

La represión se produjo a las 10 am, en momentos en que un promedio de 400 campesinos se trasladaban por el puente Chuquibamba y Tabacal, informó la presidenta de las Rondas Campesina de Cajabamba Sra. Violeta Cabanillas Villareal.

La autoridad ronderil informó que producto de la represión policial, resultaron heridos 8 ciudadanos: Guillermina Izquierdo Leyva (38), Carlos Ulloa Barrios (28), Lucio Nicasio Santos (20), Ezequiel Liñán Villanueva (55), Inocencio Melón Trujillo (40), Isidro Sarmiento Rodríguez (50), Edín Risco Olórtegui (25) y Aquilina Calderón Jacinto (20), ésta última en estado de gestación.

Tras conocer los hechos, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, expresó su enérgico rechazo al Gobierno Central y Ministerio del Interior, por utilizar las fuerzas del orden para reprimir a la población que expresa su descontento en contra de empresas mineras.

“Todo proyecto que atente contra la vida y la salud de las personas, contra los recursos naturales, es inviable”, indicó Santos.

Expresamos nuestra solidaridad con los hermanos del Valle de Condebamba y demandamos al Ministerio Público investigación y sanción para los responsables de la represión en contra los hermanos de Cajabamba, afirmó la autoridad regional.

El presidente Santos dispuso que la Dirección Regional de Salud, Red de Salud Cajabamba, Centros y Puestos de Salud brinden una atención prioritaria a los hermanos heridos.

DATOS

Las Rondas Campesinas del Valle de Condebamba, el último fin de semana decidieron acatar una paro distrital por 72 horas desde hoy en contra de la empresa minera Sulliden-Shahuindo.

La minera canadiense Sulliden Gold Corporation adquirió una participación de 100% en las concesiones mineras Vikingo, ubicadas junto a su proyecto de oro y plata Shahuindo, localizado en Cajabamba (Cajamarca).

Un promedio de 300 ronderos continúan apostados en los puentes de Chuquibamba y Tabacal. Según informaron no permitirán la audiencia pública programada para este miércoles con el objetivo de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

 

Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.
En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.
Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.
Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo – 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

 

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata – Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:
  1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
  2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
  3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
  4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
  5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
  6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
  7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.
La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.______

* Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  –  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa


Debido a que últimamente el gobierno peruano ha sido seriamente cuestionado por los famosos CONVENIOS MILITARES entre la DIROES y LAS EMPRESAS MINERAS, presentamos una lista incompleta de convenio entre ambas partes, algunas fuentes que aportaron de datos son de carácter reservado. Por motivos de seguridad, nuestra fuente también entra en reserva. Para los que no creen este es la pantalla capturada donde se puede ver solo algunos convenios entre DIROES y PNP. Link: http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.html hay que recalcar que estos convenios no están disponibles para que cualquier ciudadano lo pueda revisar.

Atte – MMC Comunicaciones

Foto tomada el pasado 28 de febrero de 2013, SECURITAS cerrando acceso a via publica. Foto: Internet

El día 28 de febrero a las 19.17 horas, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, en la persona de los Dres. Gloria Torres Díaz y Marco Terán Arribasplata constata la comisión de un presunto ilícito que es denunciado por Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC). El defensor ambientalista denuncia a Minera Yanacocha-Conga por presunto delito de perturbación a los medios de transporte y comunicación en la vía pública. En el acta fiscal se deja constancia que la empresa minera a través del personal de seguridad de Securitas (Ex Forza) y con colaboración de la Dinoes ha puesto una tranquera de tubos de fierro que impiden el libre tránsito en la carretera pública que conduce al Centro Poblado Menor Santa Rosa, Distrito de Huasmín, provincia de Celendín.

En el acto de constatación estuvo presente por parte de minera Yanacocha un funcionario de seguridad de la minera, Paul Sagástegui Alvarez, identificado con DNI 09450949.

El acta da cuenta de que la tranquera que impide el libre tránsito hacia el distrito de Huasmín está en las cercanías de la laguna Azul. Los comuneros presentes en el momento de la constatación fiscal refieren que la vía pública tiene una antigüedad aproximada de 30 años, es decir diez años antes de que llegara la empresa minera a Cajamarca y muestran su justo reclamo además porque la laguna azul es un recurso hídrico que es del Estado y que como se estipula en la legislación peruana al ser un bien público es de libre acceso. No obstante, la empresa Securitas que proporciona servicios de seguridad a Yanacocha ha impuesto una tranquera de tubos de fierros con un candado al centro y al costado una garita de control y vigilancia que solo permite el acceso de vehículos de la empresa minera o la policía nacional que trabaja contratada para la minera, mientras que impide el libre tránsito de los pobladores que tienen una actitud opuesta a la imposición del proyecto minas Conga a los cuales se les impide el paso, se les filma y aún con apoyo de la Dinoes se les exige identificarse para ser registrados lo cual vulnera definitivamente el derecho de libre tránsito. (Fotos adjuntas)

El ingeniero Paul Sagástegui del personal de seguridad de Yanacocha firma el acta fiscal argumentando “que la tranquera existe por es propiedad de su representada”. Milton Sánchez por su parte, denuncia que la tranquera que viola el derecho de libre tránsito ha sido instalada desde hace un año sin que la autoridad impida la comisión de este delito.

El día sábado 02 de marzo a las 10 am, los fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en prevención del Delito de Cajamarca , doctores Sandra Flores y Johny Díaz toman constancia en acta fiscal de denuncias de ronderos sobre abusos policiales y piden se investigue a los que han intervenido en el desmantelamiento del campamento de los guardianes de las aguas en terrenos de propiedad privada de la familia Chaupe hecho ocurrido el 10 de enero pasado, igualmente piden que se investigue a Yanacocha por el delito contra libre tránsito al haber instalado dos tranqueras y casetas de control que impiden que los pobladores y los guardianes de las aguas se desplacen libremente por la carretera a Huasmín.

La instalación de las tranqueras que impiden el libre tránsito en las vías públicas apunta a amedrentar a los defensores de las aguas o hacer desistir a quienes circulen por las lagunas que van a ser destruidas por minas Conga ya que la policía los interviene arbitrariamente como ha ocurrido con periodistas o investigadores académicos nacionales y extranjeros. La ilícita situación reviste gravedad cuando se impide la libre circulación del personal de salud del puesto de Santa Rosa como ocurrió el día 1ro de marzo por la tarde o se impidió el derecho de tránsito a Elmer Campos, un rondero con discapacidad desde que una balacera policial le causó paraplejia.

Cajamarca, 04 de marzo 2013.
Observatorio de Conflictos Mineros.GRUFIDES.