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Por Carlos Monge*

30 de mayo, 2013.- Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.

Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.

* Carlos Monge es antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Historia por la Universidad de Miami. Posee experiencia en trabajo de promoción rural y desarrollo sostenible, asesoría y de consultoría a gremios campesinos locales y nacionales, organizaciones privadas de promoción del desarrollo e instituciones públicas. Es autor de varias publicaciones sobre temas vinculados al desarrollo rural, los movimientos sociales, la descentralización, la participación ciudadana y las industrias extractivas.
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Fuente: Publicado en el diario La Primera el 28 de mayo de 2013:http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/faenon-minero-en-otono_139984.html



Servindi, 20 de setiembre, 2012.- Como parte de la campaña “Alternativas al Extractivismo” la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) lanzó el video “Transiciones para salir del viejo desarrollo” que ya se encuentra circulando en las redes sociales.

El video explica de un modo sencillo cómo es que el actual modelo extractivista se está volviendo cada año más insostenible y plantea la pregunta de si los países, principalmente de la región, hacen bien al basar su supuesto desarrollo en un modelo depredador.

La tala de árboles, la minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos y la agricultura para biocombustibles son algunas de las actividades que provocan daños irreversibles en la naturaleza. Se suman a las consecuencias los impactos sociales y territoriales.

El video precisa los pasos a seguir para abandonar el modelo, algo que se logrará con acciones como la aplicación de la ley, el respeto de las exigencias medioambientales y la activa participación de un Estado fiscalizador y eficiente, defensor del bien común.

Un punto importante a destacar del contenido es que nos exhorta a comprender que crecimiento no es igual que desarrollo y que consumo no es igual que calidad de vida, conceptos que muchas veces son igualados generando así confusión.

“Transiciones para salir del viejo desarrollo” propone algunas ideas y caminos para alcanzar cambios a nivel global y abre el debate en torno a nuevas medidas que generen calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza.

La campaña “Alternativas al Extractivismo” es promovida también por el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) y que recoge aportes de múltiples diálogos en el Perú y la Región.


Ex viceministro explicó que se pueden tener algunas líneas de acción, pero dijo que no hay modelos que se repliquen con exactitud. 
No todos los conflictos son iguales

Ideeleradio.- La experiencia para el desarrollo del proyecto de mina Quellaveco en Moquegua no se puede replicar en Cajamarca porque no todos los conflictos son iguales; estimó el ex viceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, al cuestionar que exista una lógica de caricaturizar y homogenizar las protestas en el país.

“[¿Quellaveco es ad hoc para todos los casos y se puede replicar?] No hay modelos, uno puede tener algunas líneas de acción, pero creo que no hay modelos que se repliquen con esa exactitud […] No, no todos los conflictos son iguales, Conga no es lo mismo que Espinar y, por supuesto, Conga no es lo mismo que Quellaveco. La región Moquegua no es la región Cajamarca”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ese es otro tema que creo que los escenarios de los últimos meses tienen que ayudar a descifrar, en esta lógica de caricaturizar los conflictos, hay una tendencia a homogeneizarlos, que hay un complot perfectamente orquestado, de manera que en nuestro país hay pocas cosas que sean tan perfectas, pero todos los conflictos no son iguales”, acotó.

Veamos minería y sostenibilidad social y ambiental 

El exfuncionario refirió que existe una discusión totalmente legítima y que hay que empezar a encararla como país, sobre hasta cuándo podemos seguir “aguantando” la minería en los términos de su sostenibilidad ambiental y social.

“No hay que olvidarnos que en la zona de influencia de Conga está Galeno, Michiquillay y otros proyectos de menor envergadura. Creo que hay una discusión que es totalmente legítima y creo que hay que comenzar a encararla como país de hasta cuánto, sobre todo, si queremos seguir haciendo minería. Creo que es una actividad importante y va a seguir siéndolo, pero el tema de la sostenibilidad social y ambiental es importante”, advirtió.

“Cajamarca tiene muchos hechos emblemáticos, simbólicos y si uno le quiere poner fecha al inicio al boom de la minería en los últimos 20 años esa fecha es 1993 y ese es el inicio de Yanacocha. Cajamarca refleja una hipótesis de trabajo que estamos desarrollando, esta suerte que tiene relación con la explicación de los conflictos, un escenario de impactos acumulativos que vienen de atrás a la fecha, pero que también se perciben como impactos acumulativos de ahora hacia adelante”, acotó.

En otro momento, dijo que si uno revisa los conflictos más fuertes y que se denominan como emblemáticos de los últimos 15 años, se puede señalar que siempre se ha cometido el error de someter la viabilidad social a los tiempos de maduración del negocio de la minería.

“Conga es clarísimo, en su momento el Cerro Quilish, también es un ejemplo de eso, el proyecto Tía María también y todos los conflictos emblemáticos lo demuestran. En el caso Quellaveco es interesante en el marco conceptual porque queda en evidencia que lo más inteligente a hacer, como estrategia, es darle un espacio y un peso como el debe tener la viabilidad social”, argumentó.

“Se identificó cuál era la agenda legítima que estaba detrás de las preocupaciones de las poblaciones, los agricultores, una zona que estaba desarrollando proyectos de infraestructura para ampliar la frontera agrícola. Se identificó la agenda legítima que colocaban las autoridades locales, las actuales y anteriores. Se identificó ese punto y se empezó a trabajar y eso permitió que se maduren un poco las expectativas”, subrayó.


Por: David Roca Basadre 
Colaborador de la Revista Hildenbrandt en sus trece, Blog MI MINA CORRUPTA y Blog Celendin Libre

Lo que es absolutamente no subsanable es la acción brutal de la minería. Eso los peritos no lo dijeron, y no lo hubieran dicho porque sus términos de referencia se lo impedían.

En suma, habrá que decir que las posturas técnicas se han expresado ya, con los señores que contrató el gobierno, Robert E. Moran, GRUFIDES, el MINAM cuando pensaba libre. Habrá que tomar de todo eso. Y ahora entrar en el terreno, sin hipocresías, de lo político.

El dilema es si se trata de buscar soluciones para la población, que es lo que primero cuenta, o para los señores de Yanacocha y los otros que quieren hacer de Cajamarca una región minera (igualito que La Oroya). He allí el verdadero tema.

Porque si pasa Conga, luego vendrán otras intervenciones más: los devastadores chinos de Lumina Cooper para Galeno, Michiquillay de Angloamerican, además de las ampliaciones de esta empresa (Yanacocha) denominadas La Carpa Central y El Amaro. ¡Toda una promesa de prosperidad… para los bolsillos de Newmont y Buenaventura!

Para llegar a esta etapa del conflicto debió aprobarse, en tiempos de García, un EIA apresurado y defectuos (XXX), se ha desconocido derechos territoriales de poblaciones, se ha expropiado en la práctica – con compras forzadas o engañosas – tierras a comuneros, se ha atentado contra los derechos democráticos a la información propalando inexactitudes sobre la gente que defiende sus derechos o sobre aspectos del proyecto, se ha pasado por encima de varias normas – como la que protege ecosistemas frágiles, como lo son las cabeceras de cuenca que serían afectadas –, todo a partir de una débil institucionalidad ambiental que se quiere perpetuar, a conveniencia de los depredadores. Pasivos, sobre todo, del desleal García. Qué el minero Valdés – amparado por un desleal Humala – está empeñado en ratificar, militarizando con lo que los cajamarquinos perciben como verdaderas fuerzas de ocupación. 

Aquello y la defensa que hacen todos los voceros de la derecha, tanto la suavecita y pasa piola como la DBA, de estos emprendimientos mineros, tratando de ocultar los antecedentes de la empresa en cuestión (“¡Nos quieren robar nuestros recursos naturales!”, grita un histérico Federico Salazar en El Comercio, argumentando que las leyes fujimoristas cumplen el papel de Dios), revelan sin tapujos el indudable debate profundamente político en curso.

Un debate en el que hay un sector minoritario que es dueño de todos los medios económicos posibles para imponer con prepotencia sus argumentos, pero que – sorprendentemente – no puede con una mayoría pobre, sin recursos económicos, armada tan solo con la fuerza de su razón, la intransigencia propia de quienes saben que se juegan la vida, y la capacidad organizativa que han logrado confirmar.
Un debate en el que se confrontan dos modelos de desarrollo divergentes: uno – tradicional, el mismo de siempre – extractivista y hecho para atender las demandas externas y los bolsillos de intermediarios (igualito que con el guano, el caucho, etc.) a cualquier costo, y otro que busca procesos que atiendan primero las demandas internas mediante actividades sostenibles del entorno, y que tenga como objetivo lo que se conoce como buen vivir, aquel estar armónico que significa justicia social y ambiental, en una tierra que dure y perdure, porque se respetan las fuentes de vida.

Conga, entonces, es mucho más que Conga, allí hay un debate nacional sobre el futuro del país. Nada menos.

Twitter: @drocabas


La minería en el Perú no paga ningún tipo de tarifa por el agua que utiliza para sus operaciones por lo que es necesaria una ley para que exista este aporte por parte de las empresas mineras, aseguró el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Hugo Jara.

“La minería sólo está pagando lo que es el canon, pero no hay un precio por el agua. Hay una iniciativa en el Congreso para que exista un canon hídrico pero son ingresos que irían a la región o las comunidades. Las mineras sólo pagan por lo que corresponde a la autorización pero no por el uso, ni por el volumen”, refirió.

En ese sentido explicó que la principal usuaria del agua en el Perú es la agricultura y a esta actividad sí se le han establecido tarifas específicas. La actividad minera utiliza cerca del 1.8% del agua del país.

Por ello, Jara dijo que este uso debería tener una tarifa en base a la rentabilidad de la actividad económica, donde no solo entraría la minería sino otras actividades que hacen uso de los recursos hídricos como las hidroeléctricas.

“Yo no creo que les vaya a afectar a ellos un pago por el agua, que lo asuman dentro de sus costos por la alta rentabilidad que tienen”, añadió.

De otro lado, la ANA viene promoviendo y apoyando la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca como los órganos que, a iniciativa de los gobiernos regionales, buscarán una participación de todos los actores involucrados en la gestión del agua.

Entre estos actores figuran los gobiernos regionales y locales, la sociedad civil, el sector empresarial, las organizaciones de usuarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, entre otras.

Con esta iniciativa la ANA espera que se eviten los conflictos sociales relacionados con el agua y articular la participación en las decisiones públicas de todos los usuarios de los recursos hídricos del país.

RPP



08:32 La empresa considera que está marchando por buen camino en su propósito de lograr las licencias para iniciar la explotación de la mina.

La minera Anglo American mostró su complacencia por los pasos que está dando para lograr la aprobación, tanto del Gobierno como de la población de Moquegua, para iniciar la explotación de la mina de cobre Quellaveco, en ese departamento, principalmente porque aseguró que cuenta con el respaldo del presidente Ollanta Humala.

“He visto dos veces al presidente Humala, en enero último y casi seis meses antes. Debo decir que nos ha apoyado mucho y está muy complacido con el enfoque que hemos adoptado, reconociendo que ese sea probablemente el modelo para el país”, dijo Cynthia Blum Carrol, CEOde la empresa, en respuesta a una pregunta que le planteó durante una teleconferencia el ejecutivo del Deutsche Bank, Tim Plumbe.

Las operaciones en Quellaveco, con reservas estimadas de 10 millones de toneladas de cobre, fueron paralizadas a mediados del año pasado para posibilitar que Anglo American obtuviera los permisos para el uso de agua en la explotación.

Al respecto, Blum comentó que hace aproximadamente un año “decidimos hacer una pausa y desarrollar una mesa de diálogo para ver si sería mejor trabajar en línea con las expectativas y preocupaciones de la comunidad local, reconociendo la sensibilidad en torno a los proyectos mineros”.

Sobre las conversaciones con las autoridades regionales y los dirigentes comunales, John MacKenzie, presidente ejecutivo de la unidad de negocios Cobre de Anglo American, aseguró que “el Gobierno peruano ha sostenido que el modelo que estamos siguiendo es el que les gustaría ver en términos de la consulta a las comunidades y al representante local”.

Las conversaciones abarcan tres aspectos: agua, medio ambiente y contribución social. MacKenzie indicó que “las comunidades apoyan el plan de agua que estamos proponiendo, ya hemos resuelto satisfactoriamente gran parte de las demandas del medio ambiente y ahora estamos en la última fase de discutir, cómo contribuirá este proyecto a las comunidades locales.

“Realmente estamos progresando”, afirmó, según el reporte de la agencia Bloomberg.

Anglo American tiene en Michiquillay (Cajamarca) otro proyecto de cobre detenido debido a la oposición de la población.
 

Fuente: Gestion 27/02/12
 
Enlace de interes:

Más de 500 mil niños son los afectados en todo el país, principalmente de Huancavelica y Cajamarca. Informe revela que hubo estacamiento de 10 años para combatir este problema

Niños pobres

No solo el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia son los grandes problemas del país. Existe otro flagelo que también causa muertes y todavía no ha sido erradicado: la desnutrición crónica infantil.

Según las conclusiones del documento, denominado Desnutrición crónica infantil cero en 2016, presentado ayer, hace falta todavía una adecuada articulación de esfuerzos del Estado en todos sus niveles, las instituciones públicas y privadas, y la sociedad en su conjunto.

El propósito, se afirma, es posible porque la coyuntura muestra que existe decisión política, así como recursos económicos y humanos para hacerlo.

El informe –a cuya presentación asistió la esposa del mandatario, Nadine Heredia– revela que los niños con desnutrición crónica infantil suman 529.537 a nivel nacional, lo que representa el 15% del total de la población infantil del país.

UN ESTANCAMIENTO
Se indica que si bien hubo una reducción lenta en la prevalencia de este problema hasta 1995, después se registró un estancamiento por más de diez años.

No obstante, que en el período 2007-2011 se avanzó hacia una reducción más pronunciada, el número de niños sigue siendo elevado, anota el documento.

La mejora en el estado nutricional fue gracias al progreso en dos indicadores: la anemia en menores de 3 años y la incidencia de infecciones respiratorias agudas.

ZONAS MÁS VULNERABLES
Las regiones con mayor nivel de desnutrición crónica infantil son las mismas:Huancavelica (46,4 por ciento), Cajamarca (29,9 por ciento), Huánuco (28,8 por ciento), Apurímac (31,3 por ciento) y Ayacucho (28,1 por ciento). Paradójicamente, se trata de zonas que cuentan con riquezas mineras.

En Lima Metropolitana, entre tanto, la cifra de niños desnutridos es de 50.333 (el 5,8% del total nacional).

El distrito capitalino que tiene la mayor cantidad de menores con ese grave problema es San Juan de Lurigancho, con 6.803.

Le siguen Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Puente Piedra.

RECOMENDACIONES
El documento considera fundamental avanzar con más rapidez y eficiencia en otros indicadores como proporción de hogares con acceso a agua y saneamiento básico; gestantes que reciben suplemento de hierro; niños con bajo peso al nacer; e incidencia de infecciones diarreicas, entre otras.

La publicación explica que la desnutrición crónica infantil se inicia con mucha más frecuencia en el período de 6 a 18 meses de edad, “al dejar la leche materna” y cuando el niño empieza a comer los mismos alimentos que el resto de la familia.

Junto con el mencionado estudio, elaborado por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, fue presentado el Infobarómetro de la Primera Infancia.

Se trata de una herramienta virtual de fácil acceso que proporciona información detallada sobre la situación de la desnutrición crónica infantil.

El padre Gastón Garatea, miembro del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, saludó la existencia de una política de Estado dirigida a combatir la pobreza y, en especial, la desnutrición crónica infantil.

En ese sentido destacó la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

 
Fuente: El Comercio

Desde España.
Humala sobre conflicto en Cajamarca: no aceptaremos un régimen “polpotiano”

Asimismo, Humala Tasso ofreció corregir las cosas que deban corregirse.

El presidente Ollanta Humala se refirió al conflicto generado en Cajamarca por el proyecto minero Conga, y mencionó que no se aceptará un “régimen polpotiano” por parte del gobierno regional.

“Donde un gobierno regional pone restricciones a la libertad de trabajo y tránsito”, manifestó.

Asimismo, Humala señaló que heredó el conflicto por el proyecto minero Conga “como una criatura de seis meses de vida”, y no puede hacer un aborto de eso. “Que se corrija todo lo que tiene que corregirse”, agregó.

Fuente: La Republica


 

Desde la puerta de su hogar, Santiago Zavala mira la plaza de su pueblo, sin amor: automóviles, casas semiconstruidas y descoloridas, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había concesionado el Perú?

El párrafo anterior es una alegoría de Conversación en La Catedral, la genial novela de Mario Vargas Llosa, pero que representa un mismo estado de ánimo en personajes disímiles, ante un país alejado y ajeno.

Dicen que la mayor virtud puede ser a la vez un terrible defecto. El Perú es un país concesivo; bien por nosotros y sus beneficiarios. No es para menos. La variedad de climas y tierra —biodiversidad, que le llaman—, sumada a la riqueza de mares y subsuelo, convierten a nuestro territorio en un polo de atracción; y, claro, ser egoísta no es la voz. Menos aun cuando el cambio climático jaquea inmisericorde el futuro.

De país concesivo a país concesionado hay más que un juego de palabras. El famoso mapa que desnudaba las cuadrículas en que también está dividido nuestro territorio despertó la indignación en diferentes partes del país. Un número puede valer más que mil imágenes: actualmente casi 60% del territorio está concesionado, y 20% del territorio son concesiones mineras. ¿En qué momento se concesionó el Perú?

El boom de las inversiones entró de a pocos y aprovechando el pánico. Hace 20 años se percibió como algo muy bueno, sin importar las formas. Solo interesaba la inyección líquida y neta. El país no estaba para exquisiteces ambientales.

Acabábamos de salir de la recesión e hiperinflación que nos dejó el gobierno del primer Alan García. El país en bancarrota e inelegible andaba, por ese entonces, divorciado con el destino, pues no era buena plaza ni económica ni turística ni de toros, vaya.

¡Inversiones a mí! fue el grito que enarboló el gobierno de Fujimori acompañado de una serie de reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington. Ahora hasta los más críticos del sistema reconocen que en esos tiempos no había otra alternativa. Recibir o morir era el dilema.

Y el Perú recibió. A partir de 1994 las concesiones se empezaron a otorgar con prisa y sin pausa. Por esos tiempos empezó a trabajar una vieja conocida nuestra: la minera Yanacocha. Su relación con los cajamarquinos data de entonces. Reconstruir 18 años de asperezas y encono es pedir bastante.

Luego de cuatro años el Perú ya se había recuperado económicamente y era un ejemplo para la región, de la manera cómo se debían hacer las reformas económicas. Al menos las de la primera ola, que tenía que ver con estabilidad macroeconómica y liberalización de la economía. Dicen que estas reformas fueron las únicas que hizo con cierta eficacia el gobierno de Fujimori, pues las que tenían que ver con democracia, participación y transparencia, cero balas.

Lo curioso es que antes de la ley minera en la que se promovían las inversiones, el gobierno de Fujimori, presionado por los organismos internacionales, impulsó al poco tiempo de haber ejercido su mandato el primer código ambiental. A los pocos meses este reglamento fue desvestido casi en su integridad a favor de la ley minera. Pero el país ya tenía de qué alardear en los foros de la tierra que en ese tiempo empezaban.

Tambogrande
El gobierno de Fujimori declaró de necesidad pública la inversión minera. La empresa Manhattan Minerals Corp. compró 10 mil hectáreas en Tambogrande.
Las protestas congregaron a cerca de 10 mil tambograndinos. El 2 de junio del 2002 una consulta ciudadana señaló que el 94% de la gente rechazaba el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa presentó estudios ambientales incompletos, en inglés, y con 21 tópicos faltantes.
Se le hizo llegar al presidente Alejandro Toledo un memorial con cientos de firmas para que dicho estudio no sea aprobado, y finalmente, en noviembre del 2003, después de que la población se negó a participar en las audiencias públicas, CentrominPerú señaló que la empresa Manhattan no había cumplido con obligaciones establecidas en el contrato.

Cosa más fácil de la vida

Actualmente, obtener la concesión de una parte del territorio peruano es la cosa más sencilla del mundo. Te acercas a Ingemmet, te enseñan un mapa, eliges la cuadrícula que más te apetezca, el funcionario lo contrasta con un ralo catastro no minero (que no choque con ninguna ruina o algún Parque Nacional, nada más), pagas un precio módico, y listo: ya tienes tu flamante pedazo de tierra para poder explorarla.

La indignación de nuestro prestado Zavalita se explica por la manera acelerada y sin tapujos en que se ha llevado adelante el proceso de concesiones. La mayoría de los pobladores de los lugares afectados no tenían ni la menor idea de que la mayor parte del suelo que habitaban estaba siendo concesionada.

Hay regiones, como Apurímac o Cajamarca, que han pasado de tener 25% ó 30% de su superficie a mediados de 1990 a 90% ó 95% de su superficie en petitorios mineros. Si comparamos con las cifras del 2010, hay un incremento significativo en varias regiones. En Puno, 53,8%; en Tacna, el 41%; en zonas como Madre de Dios, llama la atención el 33% a pesar del decreto de urgencia por el que supuestamente se ordenaba el otorgamiento de concesiones.

Según la geóloga Silvia Passuni, de Cooperacción, comparar la escala de concesiones sirve para tener una proyección de los conflictos a futuro: “Si tú mirabas el otorgamiento de concesiones a nivel regional hace cinco años, Cajamarca lo lideraba, y ahora es ahí donde se focalizan los conflictos. Ahora lo lidera Arequipa, lo que podría indicar lo que puede suceder dentro de algunos años”.

A la poca transparencia (ya que esta información no es de domino público) hay que agregarle una lamentable desinformación, pues la palabra “concesión” muchas veces se malinterpreta. En realidad, poseer la concesión de un territorio significa solo tener un petitorio para poder examinar las potencialidades del subsuelo. En la teoría, de ahí a comenzar una exploración y después la explotación de los recursos, hay mucho trecho.

Sin embargo, la palabrita y todo el proceso se prestan para malas interpretaciones, y no de manera gratuita. ¿Quién le explica al poblador que una concesión solamente es un petitorio? Es que quien tiene que ver con eso —o sea, el Estado— está ausente, y la empresa tiene vía libre después de haber pagado el peaje de la petición.

“El otorgamiento de concesiones es un procedimiento administrativo que se basa mucho en especulaciones. No necesariamente implica que se va a desarrollar actividad minera y genera suspicacias. Antes de que se inicie la exploración ya empieza generar transformación en el territorio, porque en la práctica sí compite con el derecho de propiedad, pues se le da todo un derecho a un titular que puede usarlo bien para especular bien para presionar al campesino para que le venda sus tierras”, advierte Silvia Passuni.

Ante la inminencia de la concesión, los pobladores pueden rebelarse o empezar a negociar con la empresa, pero estas negociaciones se dan en condiciones desiguales, ya que una parte cuenta con toda la información y la otra ha sido expresamente desinformada. Cuando caen en la cuenta, ya es demasiado tarde, pues los trámites han seguido, impertérritos, su curso.

Procesos privatizados

Pero, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Nos quedamos en que el proceso de concesiones se inicia cuando una empresa va a Ingemmet y hace su petitorio. Luego de esta etapa viene la de exploración, y si todo está tranqui continúa la explotación y, posteriormente, el cierre.

Cada una de estas etapas tiene algunos requisitos. Antes de iniciar una exploración la empresa debe presentar una declaración de impacto ambiental (DIA). Esto sucede cuando el yacimiento es pequeño. Cuando es extenso, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado.

Una vez que el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado ese estudio y la empresa ha realizado la exploración, se debe presentar un estudio de factibilidad. Ésta es una parte crucial en este proceso. Casi-casi es el punto de inflexión para el Estado. Dicho estudio implica cuán viable y rentable es el proyecto.

A medio camino entre la exploración y la explotación se deben hacer tres talleres participativos y una asamblea. Luego de ello viene el tan discutido Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estilo delivery que se ha impuesto ha desatado cuestionamientos y conflictos.

“La calidad de los primeros EIA era lamentable. Eso de pegar y copiar partes era cosa común para una empresa consultora. Por ejemplo, yo he leído un EIA aprobado referido al viejo lote 77 en Madre de Dios que habla del río Napo: es evidente que lo habían traspuesto”, relata el especialista Manuel Glave, de GRADE.

Es difícil saber cuánto han abusado las empresas en sus EIA. Pero el hecho de tener la potestad de mandar a hacer la investigación a tu consultora favorita se presta para muy malas interpretaciones. El problema real, más allá de los estudios fuleros, es la privatización del proceso de otorgamiento de concesiones. El Estado espera de brazos cruzados que la empresa se encargue de todo, y ésta lo hace a lo Frank Sinatra: a su manera (y medida). Los EIA son encargados y pagados por la propia empresa interesada en la explotación del yacimiento. Lo mismo ocurre con los talleres consultivos, las asambleas y la licencia social. No es que en algún momento el Estado haya abdicado de sus funciones, sino que desde el inicio se eximió de esa responsabilidad.

Algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial.

A cocachos aprendí

Como en la década de los 90 existía una compulsión por acaparar inversiones, no se hizo ningún cambio en la legislación hasta el decenio siguiente. Pero ninguno de los agregados posteriores se hicieron motu proprio, sino más bien a raíz de conflictos sociales que costaron vidas y cuantiosas pérdidas económicas. Un error repetido a la enésima.

“El Estado hace cambios a regañadientes. Sucesos como el de Tambogrande traen consigo modificaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un lugar común que los conflictos terminan transformando instituciones del Estado. Es que el Estado persigue no ponerle traba a la inversión, y, por lo tanto, si modifica el sistema para que sea más estricto y transparente, para el empresariado es una traba”, sostiene Glave.

Los conflictos de Tambogrande y Tambopata le demostraron al Estado que un simple petitorio no puede ser patente de corso para iniciar el proceso de exploración; por eso luego de aquellos sucesos se implementaron las herramientas de talleres participativos y asambleas. De igual manera, el revés en Cerro Quilish demostró que los procesos de exploración debían contar con una licencia social. Ahora, en la minería post-Conga, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo esquema de “minería responsable”, aunque aún no se sabe bien cómo se come eso.

Si el Estado hubiese tomado en serio el proceso de la segunda ola de reformas y no hubiera hecho los cambios solo para llenar una plantilla de requerimientos internacionales, se habrían podido evitar estos conflictos.

Pozos tomados
Las aguas del río Cachiyacu, fuente de vida de los Shipibos-Konibo durante siglos, son ahora el origen de sus males. Según los líderes de la comunidad Canaán de Cachiyacu, la empresa Maple Gas Corp., afiliada al británico Maple Group, ha contaminado sus suelos y aguas, con lo que generado importantes daños ambientales, problemas de salud en la población (dolores estomacales y de cabeza, problemas de piel, neumonía, diarrea, tumores, etcétera) y un aumento de fallecimientos anormales. Los trabajadores de la petrolera serían también responsables de abusos sexuales perpetrados contra mujeres nativas.
La veracidad de las denuncias fue comprobada, en junio del 2005, por representantes de la ONG Earth Rights: “A pocos metros del pozo MA31, una ruptura de la línea de flujo provoca un pequeño pero permanente derrame de crudo […] se puede observar reflejos arco-iris y espuma de color beige”.
El 8 de julio del 2005, frente a la inacción y a la indiferencia, tanto de parte la empresa como del Estado, los nativos alzaron su voz de protesta. Tomando de sorpresa a los obreros, quienes se encontraban almorzando, aproximadamente 80 shipibos ingresaron a las instalaciones de Maple en la base Maquía y cerraron las válvulas de 9 pozos ubicados en del lote 31-B (que cuenta un campamento minero, una estación de separación del crudo, un terminal petrolero fluvial y 26 pozos, de los cuales 9 se encuentran dentro del territorio Shipibo, y son conectados a la base de Maquía por tubos y caminos).

El Perú avanza de Ollanta

El panorama actual del proceso de concesiones no ha cambiado mucho desde que se empezó a implementar, hace casi 20 años. En todo este tiempo, si bien hubo cuestionamientos crecientes, no habían existido promesas de cambio que generaran expectativas. Y sí que el candidato Ollanta Humala las generó. A veces con un discurso irresponsable que en ningún momento llegó a plasmar en ninguno de sus planes de gobierno.

Contra lo que muchos creen ahora, Humala no asumió el programa ambientalista, y esto lo saben bien los mismos activistas ecológicos. Su propuesta de gobierno se basó sobre todo en las reivindicaciones de la izquierda clásica: que las grandes empresas mineras aporten más rentas al Estado. El impuesto a las sobreganancias mineras fue una de sus banderas de primera vuelta. Quizá ya en esos momentos pensaba que mediante este impuesto podían financiar programas sociales. O quizá en esos tiempos ni pensaba que podía llegar al gobierno. Quién sabe.

Si bien Ollanta Humala no prometió grandes reformas en los estudios ambientales, ni habló de manera profusa de reformar el Ministerio del Ambiente (aunque en una encuesta realizada por esta revista afirmó que el Ministerio del Ambiente debía reforzarse), sí puso énfasis en que el país abandone el modelo primario-exportador y que dejemos de depender de la minería. “Lo justo, pe’ varón”, fue su programa; jamás el “Mina No”. Sin embargo, en sus incursiones a provincias, donde se veía obligado a tocar problemas concretos, hizo alianza con los grupos ambientalistas y las comunidades que tenían conflictos con las mineras.

Por ello se recuerda tanto cuando agitaba el dilema “agua u oro” en Cajamarca. Ahora los mismos pobladores con quienes al unísono agitaron que el agua vale más que el oro, lo ven en cadena por televisión peruana y no entienden nada: solemne, fruncido y enternado, lo escuchan decir que el agua y el oro son compatibles. Y claro que Conga va (iba) de todas mangas.

¿Moratoria now?

Las ganas de pisar el freno a las concesiones, si alguna vez las tuvo, se le quitaron seguramente después de ver el cuadro de crecimiento. Es sostenido desde hace 10 años y en los últimos 4 se ha desbordado. El click concesiones-inversiones-más ingresos para el Estado puede ser automático, pero también una ilusión óptica, pues, como hemos visto, una vez asignada la concesión pueden pasar muchos años para que se traduzca en dinero.

Por el contrario, está probado que una mayor asignación de concesiones acelera y multiplica los conflictos sociales. Es decir, en una nueva concesión minera el conflicto llega más rápido que el dinero contante y sonante de la inversión.

Pero tampoco un mayor número de concesiones debería traducirse, sí o sí, en fuentes de conflicto. Es el sistema de otorgamiento y fiscalización de los proyectos mineros el que hace que eso sea así.

Por eso algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial. Eso significa suspender todo tipo de petitorio hasta que exista un ordenamiento territorial, oleado y sacramentado. “Debe evaluarse la posibilidad de hacer moratoria de concesiones hasta que se tenga un ordenamiento del territorio. El catastro no minero debería ser revisado por las regiones e incorporar otros criterios”, plantea Silvi Passuni.

El principal argumento contra la moratoria es la eventual pérdida económica para el país. Pero ése es un error, ya que si se comienzan a explotar todas las concesiones que actualmente se tienen bastarían y sobrarían los recursos por lo menos de aquí a 15 años. Por el contrario, con la moratoria se eliminaría una inagotable fuente de conflictos, se daría un mensaje político de que existe voluntad para hacer las cosas de manera distinta, lo cual daría un respiro para evaluar mejor el sistema.

Sin embargo, la moratoria no tendría ningún sentido si no va acompañada de otras reformas que se convierten en inevitables si se quiere evitar futuros conflictos. Una de ellas es que el mismo petitorio debería contar con una licencia social que haga viable el proyecto.

Aun así, estas medidas deben pasar por otorgarle mayor poder de decisión a las regiones. Una alternativa que por el momento está muy lejos del discurso presidencial, cada vez más centralista y confrontacional. Para Glave es muy importante que los gobiernos regionales metan su cuchara en este asunto, para que se reconozca desde el Ejecutivo la legitimidad de esa cuchara. No vaya a pasar lo que ocurrió con una empresa de harina de pescado en Arequipa, que empezó a hacer su fábrica en unos humedales. Cuando el Gobierno Regional les llamó la atención sobre eso, la empresa le respondió: “Sorry, viejo, PRODUCE ya me autorizó”. El caso descansa hace años en el Tribunal Constitucional.

Tía María
En julio del 2009, la empresa Southern Copper tenía como objetivo poner en marcha el proyecto minero “Tía María” en el territorio de Islay, en el departamento de Arequipa. Este proyecto podría haber tenido efectos negativos, porque ponía en riesgo el medio natural agrario de los agricultores y campesinos. Los pobladores no estaban de acuerdo con esto, y así lo manifestaron en la consulta vecinal que se efectuó en septiembre de ese año.
El Estado dejó de lado los resultados de la consulta vecinal. La población de Islay reaccionó mediante movilizaciones, lo que obligó al presidente regional, Juan Manuel Guillén, a firmar un acta en febrero del 2010, por la que se acordaba respetar el resultado de la consulta popular y, además, que se debía paralizar la aprobación del Estudio del Impacto Ambiental presentado por Southern Perú, hecho que fue desconocido por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern, quienes convocaron a una audiencia pública. En abril del 2010 los pobladores se van a la huelga y un año después estalla una protesta que deja como saldo tres muertos y cincuenta heridos. Ante esto, el gobierno central decide cancelar el proyecto y manda retirar a la empresa del territorio.

Cada Gobierno Regional tendría que hacer su plan de ordenamiento territorial, y los proyectos en curso deberían hacer un plan de adecuación, tal como sucedió en los años 90 con las empresas que venían años trabajando y no habían hecho un estudio de impacto ambiental. En ese entonces se les pidió un plan de adecuación a las normas internacionales aprobadas. No debería haber ninguna actividad minera que no tuviera relación con el Plan de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Desarrollo Regional. Si se exige desde el saque a la empresa contar con licencia social, y que el proyecto esté comprendido dentro del ordenamiento territorial de la región, no habría posibilidad para que después, al momento de la exploración, como en el Cerro Quilish, o cuando ya se va a empezar la explotación, como en Conga, la población diga: ¿A quién le han preguntado?

“El Ingemmet no debería otorgar un petitorio si no tiene opinión favorable de los gobiernos regionales donde se encuentran los proyectos. El Gobierno Central no quiere de ninguna manera darles a los gobiernos regionales capacidad de decir dónde invertir, y ahí perro pericote y gato caen en el mismo saco, porque Toledo, García y Ollanta están en la misma situación: se han resistido a dar a los gobiernos regionales capacidad de decisión”, plantea Glave.

Otro de los elementos de conflicto en este sistema es que los proyectos son aprobados por el mismo sector al que pertenecen. La misma institución que promueve la inversión en un determinado rublo no puede ser la misma que otorgue el permiso y apruebe su viabilidad. Eso se remonta a la adecuación a las normas internacionales ambientales que se hizo durante el gobierno de Fujimori. Como todo lo relacionado con este tema, fue hecho a la champa, para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales, y así generó un tremendo problema. Es como poner al gato de despensero.

Es que la relación en el país entre la empresa privada y el Estado adolece de una promiscuidad histórica. Ahí está el famoso carrusel de funcionarios que pasan del Estado a la empresa privada usando al primero para favorecer sus asuntos particulares. Una anécdota sabrosa, pero que evidencia de manera clamorosa esta situación, es la de Hans Flury, quien fue gerente general de la Southern. En calidad de funcionario privado presentó al Estado una ampliación del programa de adecuación ambiental de su empresa. Esta adecuación fue aceptada, sin rubor, por el Estado, y quien firmó esta autorización fue el Ministro de Energía y Minas del gobierno de Toledo. Su nombre era Hans Flury, y no se trata de un homónimo. Él mismito era.

La vecindad

El ejercicio de repensar el sistema de concesiones y explotación minera, que el Perú se ha visto obligado a realizar, es compartido por sus pares regionales. Solo que en algunos casos han tenido la claridad de adelantarse a los conflictos, como ha sucedido en Ecuador, donde se promulgó una ley que liquidaba las concesiones mineras que no hubieran realizado ninguna inversión en sus proyectos y las que se estaban realizando en fuentes de agua. Pero tampoco esa posición los libró de un enfrentamiento con las poblaciones indígenas. Muchas ONG, luego, han cuestionado este proceso, porque nunca se terminó de realizar.

En Bolivia, a pesar del discurso a favor del respeto a la interculturalidad y la pachamama, hace poco les estalló en la cara un conflicto por una carretera en la que el Gobierno se había empeñado. Esta carretera cortaba el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que no fue aceptado por las comunidades. El presidente Evo Morales lo dijo en todos los idiomas: TIPNIS sí va. Y TIPNIS no fue. La resistencia indígena fue mucho más de lo que el Presidente boliviano estaba dispuesto a presionar. Actualmente en Bolivia están esperando por una nueva ley de minas.

Hay otros países, como Costa Rica y Honduras, donde han prohibido la minería de tajo abierto. Han preferido no entrar en discusiones exquisitas y han tomado la decisión política de priorizar otro tipo de inversiones y de ingresos. Algunos bromean diciendo que ser el estado 52 de la Unión le permite a Costa Rica ese tipo de lujos.

En Colombia existía hasta hace poco una ley que prohibía la minería en los páramos, o en cabeceras de cuenca, para que lo entendamos mejor acá (¿les suena parecido a Conga?). Sin embargo, la administración de Uribe revisó esa ley. Se avecinan tiempos ambientalmente complicados en la casa de al lado.

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Realizar cambios en política ambiental no significa necesariamente poner en jaque el modelo económico. Así, tal cual, sin mayores aspavientos pero ajustando la maquinaria con rigurosidad, las cosas pueden ir mejor. Basta con entender dos asuntos que nos recuerda Glave: no siempre pueden ganar todos todo, y el que gana no puede ganar siempre. El problema es que en nuestro país siempre pierden los mismos.

Primicia, chocherita: Han encontrado gas en Machu Picchu. ¿Va o no va?

Recortar para explotar
En el 2007, el Ministerio de Energía y Minas elaboró un proyecto de ley con la finalidad de cercenar en más de 200 mil hectáreas la extensión del Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido como “la última selva sin hombres”, que posee una alta y única diversidad biológica, protege las cabeceras de las cuencas de varios ríos y forma parte del territorio ancestral del pueblo amazónico originario Esse’eja.
¿El objetivo? Establecer lotes de explotación y exploración hidrocarburífera.
El proyecto de ley sostenía que el recorte convenía “a los intereses del país y al desarrollo nacional”, dado que beneficiaría “principalmente a las Regiones Puno y Madre de Dios; y, en general, a todo el sur del Perú”. Sobre este punto, el potencial productivo “probado, probable y posible” del yacimiento Candamo fue uno de los principales motivos por los que se planteó la nueva delimitación del Bahuaja.
La propuesta, sin embargo, fue recibida con fuerte rechazo, tanto a nivel nacional como internacional. Según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), dicho proyecto era irreconciliable con el mandato constitucional del Estado sobre la conservación de las áreas naturales protegidas, los compromisos internacionales asumidos por el país, así como el protocolo de enmienda al TLC Perú-EE.UU, que comprometió a ambas partes a no debilitar sus legislaciones de protección ambiental.

Fuente: Revista IDEELE
http://www.revistaideele.com/content/%C2%BFen-qu%C3%A9-momento-se-concesion%C3%B3-el-per%C3%BA


El presidente regional de Cajamarca sostiene que proyectos no son ambientalmente viables. Los tres principales proyectos mineros en Cajamarca llegan a US$ 3,900 millones

A los reparos que tiene sobre el proyecto Conga, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, anunció que los proyectos mineros de Anglo American, Rio Tinto y China Minmetals planeados para desarrollarse en su región no son ambientalmente viables.

“Los problemas del impacto ambiental serán peores si el Gobierno sigue actuando como juez y parte. Es muy complicado que todos estos proyectos mineros en las zonas frágiles de agua sean viables”, dijo Santos a la agencia Bloomberg.

Más aún, Santos, quien a fines del 2011 participó de la movilización contra el proyecto Conga, anunció que retomarán las protestas contra la minería en la región el próximo 1 de febrero.

Proyectos
El portafolio de inversión minera en el país supera los US$ 50 mil millones, de los cuales la inversión proyectada en la zona norte fluctúa entre US$ 12 mil millones y US$ 13 mil millones, según el reporte semanal de Macroconsult. Ese monto en el norte implica a 11 proyectos, de los cuales seis están en Cajamarca.

Precisamente en este departamento está el proyecto La Granja, de Rio Tinto, y el proyecto Michiquillay, de Anglo American, cada uno de ellos con una inversión de más de US$ 700 millones.

En total, esos proyectos suman inversiones por US$ 3,900 millones.

El fin de semana el Gobierno anunció que en marzo se culminará peritaje en Conga.

Gestión (Ed. Impresa 23/01/12 Pág. 10)


Contraste. El 70% de la población que vive en el contorno del centro histórico es el más afectado. Mientras el Frente de Defensa Ambiental culpa a Yanacocha de haber secado el Río Grande, la minera señala que Sedacaj no previó el crecimiento poblacional ni amplió la planta de tratamiento El Milagro.

Elízabeth Prado

La escasez de agua en la ciudad de Cajamarca empezó hace un año, pero fue en julio del 2011 cuando se hizo más intensa y las autoridades de Sedacaj procedieron a iniciar un incómodo racionamiento.

Este hecho ocasionó que un grupo de ciudadanos acudiera hasta la naciente del principal abastecedor de agua para consumo humano, el río Grande, en busca de una explicación.Cuando arribaron al lugar ubicado entre los cerros Quillish y La Quinua, encontraron que este afluente había perdido gran parte de su caudal, estaba casi seco.

No fue la única sorpresa. Metros más abajo advirtieron que cuatro gruesos tubos, propiedad de minera Yanacocha, expulsaban hacia la quebrada aguas ácidas y tratadas que luego iban a parar al cauce del río Grande, el mismo que gracias al aporte de los ríos Porcón y Quengorío recobra en su camino un caudal que es el que finalmente desemboca en la planta de tratamiento de agua El Milagro, reservorio proveedor de agua potable para la capital de la región Cajamarca.

Estos dos hechos, corroborados una semana después, tanto por el Gobierno Regional como por la municipalidad provincial de Cajamarca, reavivaron la discusión sobre la desaparición de los acuíferos que alimentaban al río Grande, y también sobre la posibilidad de que estarían consumiendo agua contaminada; hipótesis que se maneja desde 1999 cuando la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental del ministerio de Salud expresó su preocupación ante Sedacaj por la calidad del agua.

Agua por horas

En mayo del año 2007, la empresa Yanacocha anunció que a pesar de contar con permisos para utilizar 900 litros de agua por segundo, la minera sólo consumía 52 litros por segundo; hecho que contrastaba con el procesamiento de 220 l/s que realiza la planta de tratamiento El Milagro para satisfacer a una población que supera los doscientos mil habitantes.

Lo cierto es que desde hace un año el caudal en las griferías domésticas empezó a bajar, y a partir del mes de julio los cajamarquinos tuvieron que someterse a un racionamiento que afecta grandemente al setenta por ciento de los habitantes, quienes viven en la periferia de la gran ciudad.

Barrios como Mollepampa disponen del bien hídrico desde las 5 hasta las 8 de la mañana, y después de 6 a 7 de la noche. El caso de La Esperanza Baja es distinto, ellos tienen agua hasta la una de la tarde, hora en que se corta el abastecimiento.

Este pequeño privilegio se debe a que cerca de La Esperanza Baja está el reservorio de Sedacaj, la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de Cajamarca.

En el centro histórico de la ciudad, los hoteles, restaurantes, y muchas de las viviendas han resuelto la escasez con el uso de tanques, bien que es imposible de adquirir en la veintena de barrios similares, entre ellos La Paccha, Samanacruz, La Tumpuna, La Florida, Chontapaccha, Pueblo Nuevo, Lucmacucho, El Estanco.

Al respecto, Reinhard Seifert, asesor técnico del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, refiere que el Río Grande se ha secado hace años, y que si no fuera por los aportes del Quengorío y del Porcón, la situación en Cajamarca sería aún peor.

“El Río Grande está afectado hace varios años, y para mitigar esta situación la minera Yanacocha colocó en el año 2005 los cuatro tubos que expulsan agua tratada en este río, no es reciente. Por eso es que Sedacaj y Yanacocha firman varios convenios de cooperación para enfrentar la escasez y también para corregir la contaminación de estas aguas”, manifiesta Seifert.

Resultados distintos

Una de las primeras alertas sobre posible contaminación de las aguas que llegan a la planta de tratamiento El Milagro la dio la Universidad Nacional de Cajamarca en 1998. Según la versión de esa entidad, por la grifería de los domicilios salía agua con trazas de cromo, manganeso, cobre, cianuro y hierro.

Desde entonces se hicieron informes técnicos y actas de inspección ejecutados tanto por Sedacaj como por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), aunque con resultados diversos. No había un estudio efectivo que despejara plenamente las dudas sobre contaminación.

Tal parece que la propia empresa Yanacocha no estaba segura de la calidad de agua que consumía la población, por eso en el año 2005 fueron descubierto unos carteles en los lavabos del centro educativo bilingüe Davy College, donde estudian los hijos de funcionarios mineros, que recomendaban, en español e inglés, no beber de esas griferías.

Uno de los últimos monitoreos que realizaron Sedacaj y la DESA en las cuencas del río Grande y del río Porcón fue en agosto del año 2010.

El resultado arrojó la presencia de Trihalometanos. Esa vez el jefe de la División de Control de Calidad de Sedacaj, ingeniero Alfredo Chávez Álvarez, explicó que aún cuando estaba por debajo del límite máximo permisible, los Trihalometanos eran un riesgo para la calidad del agua potable.

Los Trihalometanos son compuestos químicos que se generan durante el proceso de potabilización del agua por la reacción de la materia orgánica con el cloro utilizado para desinfectar.

Pero el ex miembro del Directorio de Sedacaj, José Romero Rojas, fue más concluyente y señaló que los Trihalometanos son cancerígenos, por lo tanto el agua que bebían los cajamarquinos no era apto para consumo humano.

Esta grave revelación generó una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca por parte del ex gerente general de Sedacaj, Óscar Quevedo Pango, quien en enero del 2011 solicitó identificar a los responsables “que ponen en riesgo el tratamiento del agua”.

Pero otro informe de la misma Sedacaj dirigido al Consejo Provincial de Cajamarca, en marzo del 2011, dijo que los resultados del monitoreo realizado desde el 17 al 28 de febrero,en coordinación con la DESA, determinaron que las aguas crudas no sufrieron variaciones al momento de ingresar a la planta El Milagro, por lo tanto garantizan su consumo.

Sin embargo, no todos los pobladores de la ciudad capital consumen el agua que viene del río Grande y va a la Planta de Tratamiento El Milagro.

En el distrito de Baños del Inca, donde vive la mayoría de funcionarios de Yanacocha, se proveen de las límpidas aguas que discurren desde los manantiales ubicadosen las alturas del cerro Shahullo. En estas nuevas urbanizaciones no falta el agua.

Sobre la escasez que hay en el otro lado de la ciudad, el gerente de Responsabilidad Ambiental y Social de la empresa Yanacocha, Luis Campos Aboado, dice que es superable y que están trabajando con Sedacaj y la municipalidad de Cajamarca para mejorar la captación del recurso hídrico.

“Hay un plan que se está armando. Estamos apoyando para proveer de más agua a la población. El agua que brinda Sedacaj es de buena calidad, ya lo ha dicho Sedacaj, no está contaminada”, enfatizó el funcionario minero.

Alcaldes se reunen hoy con Gregorio Santos y ministro René Cornejo

En horas de la mañana los 127 alcaldes distritales y los 13 provinciales se reunirán con el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos en el hotel Gran Continental de esta ciudad para ejecutar un plan de desarrollo en toda la región Cajamarca.

Por la tarde, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento René Cornejo, recibirá al presidente regional y a todos los alcaldes en la sede de la municipalidad provincial de Cajamarca. También estarán presentes los representantes de los colegios profesionales y universidades, así como de comunidades y ronderos de las zonas impactadas por la minería.

El presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés señaló que la mesa de trabajo número 2 proseguirá para atender las necesidades de la población cajamarquina.

Dijo que están considerados la construcción y mantenimiento de carreteras con más de 2,470 millones de soles; la construcción de la presa de Chonta con 372 millones;electrificación rural por 390 millones; modernización y rehabilitación de sistemas de riego; y la ampliación del programa Juntos hasta alcanzar 90,000 familias, con más de 112 millones.

En el sector de agua, saneamiento y vivienda, anunció inversiones ascendentes a 136 millones de nuevos soles.
Sobre la minería, Valdés expresó que en Cajamarca están en juego proyectos por 12 mil millones de dólares; y 50 mil millones en el país.