Posts etiquetados ‘Celendín’


Plataforma Inteinstitucional Celendina, Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, Sutep de la provincia de Celendín, Frente de Defensa del distrito de Huasmín, Frente de Defensa del Distrito de Sorochuco, Frente de Defensa de la Cuenca del río Jadibamba, Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, Central de Rondas Campesinas de Bambamarca, Juntas Vecinales de Bambamarca, Sutep de la provincia Hualgayoc – Bambamarca, Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú; en asamblea interprovincial celebrada en la Laguna El Perol, realizada el día 20 de octubre, se acordó realizar una gran movilización en la ciudad de Cajamarca para el día 26 de noviembre de 2015, rechazando los trabajos que viene realizando la minera Yanacocha en el dique El Perol, tal como se constató en dicha inspección. Es por ello que se hace la convocatoria para la participación masiva de las distintas comunidades y demostrar al Gobierno y a Yanacocha que este proyecto no tiene licencia social y que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus trabajos.

 


Por:

Wilfredo Cholán y Juan Limay

Días atrás, la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaró nula la resolución de la Fiscalía Provincial de Celendín que archivaba las denuncias interpuestas por Máxima Acuña por los constantes hostigamientos y agresiones de los que es objeto, por iniciativa de la Empresa Minera Yanacocha. Así, pues, se volverá a investigar todos los casos denunciados y se emitirá un nuevo fallo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falló a favor de los Chaupe Acuña. Asimismo, la gobernación de Cajamarca dio las garantías necesarias para que la familia pueda vivir tranquila. Sin embargo, la campesina se vio en la necesidad de denunciaruna serie de abusos cometidos por laminera.

En comunicación con Noticias SER, Socorro Quiroz, representante de la Asociación para la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente (ADEVIMA), calificó de “excelente” el pedido de nueva investigación de los casos denunciados, ya que, según consideró, todavía existe justicia: “A nosotros nos preocupan mucho los moretones de Máxima y los constantes hostigamientos que está sufriendo, pero esta noticia nos alienta a decir que hay personas justas y que la verdad siempre se impone”, comentó.

Quiroz señaló, sin embargo, que la justicia en Celendín parece estar corrompida, porque todos los casos que ha tenido Máxima allí prácticamente han sido archivados, o recibido sentencia en su contra: “Al parecer hay acuerdos entre la empresa y el Ministerio Publico”, subrayó.

En tanto, Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe Acuña, recordó que, desde enero del año pasado, ha venido denunciando todos los atropellos que Máxima y su familia han estado sufriendo, de parte de la empresa, y que la fiscalía de Celendín ha ido archivándolos sin ningún sustento legal. Este hecho ha motivado que la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaré nula dicha resolución y disponga nuevas investigaciones: “La fiscalía de Celendín archivó todas estas denuncias, diciendo que todo  constituye la defensa posesoria de la empresa. La resolución de ellos está mal fundamentada, no tiene sustento jurídico ni factico. Por eso han pedido profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades sobre el tema”, explicó.

La letrada dijo, igualmente, que tal decisión ha sido muy importante, porquede haberse cerrado los casos, validando los abusos como si fuera un ejercicio de derecho de la empresa, se habría sentado un pésimo precedente.

Destruyen cocina mejorada

El lunes último, Máxima Acuña denunció nuevamente que personas desconocidas destruyeron su cocina mejorada mientras se encontraba fuera de su casa. En tal sentido, el vicepresidente de las rondas campesinas de Sorochuco, Fabio Rodríguez, renovó su compromiso de brindar siempre su apoyo a la familia Chaupe y ofreció que estarían atentos ante cualquier abuso: “Como rondas, vamos a intervenir a la gente que estéocasionando daños; no hay otra manera, recalcó. Asimismo, adelantó que el 26 de noviembre los ronderosestarán participando en la movilización en Cajamarca.

Publicado por Noticias Ser

18/11/2015


Por:

Wilfredo Cholán

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca admitió la demanda de Amparo presentada hace dos años contra el proyecto minero Conga, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) así lo dispusiera mediante resolución. Asimismo, fueron admitidos los Amicus Curiae presentados por diferentes instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Cajamarca y  una universidad canadiense, entre otras. De este modo, la empresa minera Yanacocha tendrá que objetar y sustentar la demanda planteada de afectación de derechos fundamentales que ocasionaría el proyecto mencionado.

En diálogo con Noticias SER, Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides, explicó que esta admisión del Amparo marca un precedente en la justicia peruana, ya que minera Yanacocha estaba intentando que no se admita: “En el país, pocas veces se ha planteado  el asunto de discutir qué es prioritario, el derecho al medio ambiente o los derechos económicos, y esa es una discusión que estamos planteando. Va a ser importante, en  términos jurídicos, legales y sociales. A partir de esta experiencia, se van a declarar admisibles todos los amparos que se presenten en relación a megaproyectos que vayan a lesionar derechos fundamentales”, detalló. Asimismo, la abogada dijoque lo que plantea Yanacocha es que estos casos no deberían discutirse en un amparo que ve derechos fundamentales, sino que deberían evaluarse en un proceso administrativo.

“Por ejemplo, el aporte que ha hecho la universidad de Cánada ha sido el mostrar cómo siendo ese también un país minero, en muchas oportunidades se ha logrado priorizar el derecho al medio ambiente para frenar megaproyectos mineros, incluso más grandes que el de Conga. Lo que ellos dicen es: si en Canadá se procede así, por qué en el Perú no se podría empezar con esa política de priorizar derechos fundamentales sobre derechos económicos”, puntualizó.

Debate de fondo

Vásquez anunció, así mismo, que en adelante se debatirá el tema de fondo, y ambas partes sustentarán técnica y legalmente sus posiciones y argumentos ante las instancias correspondientes: “Vamos a entrar a la discusión técnico legal sobre la vulneración de derechos al medio ambiente. Luego viene un fallo de primera instancia, respecto al cual, cualquiera de las partes tiene el derecho de impugnar. Supongo que el caso volverá al TC, porque cualquiera de las partes va a intentar agotar todas  las vías”, señaló.

“Es un paso importante en nuestra lucha”

Por su parte, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), señaló que dicha admisión es un paso legal importante en su lucha por la inviabilidad del proyecto Conga,y que por fin se ha logrado lo quese ha estado buscando desde hace tres años. “Ha sido sustancial, porque hasta los Amicus Curiae han sido admitidos. Entonces, imagino que Yanacocha debe estar preocupada”, declaró.

Asimismo, el dirigente consideró que su lucha se da desde varios espacios, como el social, legal y técnico: “el social tendrá su curso el 26 de noviembre, pues vamos a movilizarnos en Cajamarca; el tema legal se sustenta justamente en esta admisión de amparo, y el tema técnico, que nos avala,ya ha sido demostrado por diversas instituciones”, refirió.

Publicado en Noticias Ser

18/11/2015


Extraño. Posición de Jorge Urquía ha desconcertado a dirigencia del MAS. Alcalde de Celendín dejó su posición antiminera.

Cambio radical. Jorge Urquía lideraba luchas antimineras contra proyecto Conga..

Edgar Jara Rodríguez
Cajamarca

El alcalde provincial de Celendín, Jorge Urquía Sánchez, dejó atrás su cerrada oposición al proyecto minero Conga, al anunciar que en su condición de autoridad está imposibilitado de participar de las jornadas de lucha antimineras y protestas, pues al formar parte del Estado no podría estar contra él.

“Como autoridades estamos prohibidos de participar en movilizaciones y protestas, como Estado no podríamos estar contra el propio Estado”, respondió sobre la posición del concejo municipal acerca del cuestionado proyecto cuprífero. Urquía llegó a la condición de alcalde por el Movimiento de Afirmación Social (MAS), que lidera el encarcelado Gregorio Santos Guerrero.

Cuando las protestas arreciaron el 2012 contra el proyecto minero Conga, el entonces defensor del medio ambiente cuestionaba duramente al alcalde Mauro Siles, quien incluso huyó de la provincia abandonando el cargo por temor a perder su vida ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los radicales.

Mensaje incendiario

Más de uno en la ciudad cajamarquina de Celendín recuerda que en cuanta protesta contra la Newmont, dueña del proyecto Conga, Urquía, utilizando un lenguaje inflamable, llamaba a las movilizaciones porque “siempre debemos estar al lado del pueblo para rechazar la voracidad de las mineras que nos quieren dejar sin agua”.

En las últimas convocatorias para visitar las lagunas en la zona del proyecto Conga, el burgomaestre Jorge Urquía Sánchez brilló por su ausencia, pese a las reiteradas invitaciones.

La firmeza de la posición medioambientalista de Urquía ha levantado sospechas en las filas del MAS, pues si bien hace quince días en Cajamarca participó en las elecciones para elegir a la nueva dirigencia regional, antes, rodeado de funcionarios de Odebrecht, aplaudía el proyecto Chadín II, duramente cuestionado por el movimiento de Santos Guerrero, y que posteriormente fuera suspendido. 

 

Se inicia el juicio de 13 dirigentes del Distrito de Sorochuco y 3 del distrito y provincia de Celendín.

Gobernadores de la provincia de Celendín y del distrito de Sorochuco, no cuentan con pruebas objetivas, su acusación sólo se basan en su propia versión.

El jueves 29 de Octubre, en la ciudad de Cajamarca, se inició el juicio oral contra 16 dirigentes sociales acusados por los gobernadores de Celendín y Sorochuco de secuestro agravado, coacción,  y ultraje a los símbolos patrios.

Según Mirtha Vásquez, abogada de los 16 dirigentes ambientales, dijo que demostrará que la acusación del Fiscal de Celendín es ¨totalmente falsa¨. ¨Es verdad que los 16 inculpados y muchos pobladores de Sorochuco sí participaron en una reunión abierta y pública el 24 de abril del 2013 donde cuestionaron de manera pacífica la actitud de los gobernadores que tienen una posición a favor de la minería, particularmente en favor del Proyecto Conga, pero no hubo secuestro ni agresiones físicas a las autoridades¨, indicó.

Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, Gobernadores del distrito de Sorochuco y provincia de Celendín sostienen que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.

Por otro lado denunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Celendín no han dado la oportunidad a sus defendidos de ofrecer medios probatorios como parte del derecho a la defensa.

¨Afortunadamente el Juez Luis Vásquez del Juzgado Colegiado B de Cajamarca ha aceptado la presentación de los medios de prueba, los cuales cambiarán el rumbo del proceso¨ manifestó la abogada Mirtha Vásquez.

Fiscal reiteró pedido de cárcel

Por su parte el representante del Ministerio Público de Celendín reiteró su pedido de cárcel entre 33 y 36 años para los dirigentes ambientales, a pesar que su acusación sólo tiene versiones de los gobernadores.

Este proceso constituye una persecución e intento de neutralizar a los dirigentes y líderes que se oponen a proyectos que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo sus propiedades individuales. ¨Hay una clara intención de perjudicar el accionar de los dirigentes imputándoles delitos y hechos sumamente falsos y enfrentar procesos que implican varias desventajas para los denunciados¨, indicó Mirtha Vásquez.

El caso de los 16 dirigentes ambientales de Celendín es una clara muestra de la asociación grandes empresas – gobierno que buscan criminalizar a dirigentes y personas que al ver que su vida, sus territorios y sus pertenencias en peligro cuestionan la viabilidad de determinados proyectos.

Las personas denunciadas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

¿Quién está detrás de este proceso?

Para los involucrados en este caso, es visible y claro que detrás de esta persecución estaría la misma Minera Yanacocha, prueba de ello es la presencia de uno de sus abogados, César Cumpa Flores que se presentó en una audiencia anterior como abogado de los gobernadores de Sorochuco y Celendín. César Cumpa Flores antes de pasar a trabajar a Yanacocha se desempeñaba como fiscal de la provincia de Celendín e investigaba las denuncias en contra de autoridades y dirigentes en el conflicto Conga formuladas por la minera Yanacocha.

A la derecha, Pedro Zamora Rojas, Gobernador de Celendín, en el centro, César Cumpa Flores, abogado de Minera Yanacocha y en la izquierda el actual coordinador de los fiscales de la provincia de Celendín, en estrechas coordinaciones. 


Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

– Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.

Servindi, 13 de octubre, 2015.- Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI.

La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.

Max2w

Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de Lima. Foto: Servindi

“Vengo de Tragadero Grande”

“Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra”, denunció Máxima ante el auditorio de unas 500 personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y medios de comunicación de diversos países.

“Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales para cometer estas violaciones”, señaló la defensora de las lagunas.

“En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados. Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en nuestras propias tierras”, concluyó Máxima.

En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte. En mayo, un grupo de trabajadores de la empresa minera derribó una construcción levantada por la campesina y su familia.

En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima.

Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

“Siguen engañando a nuestro país”

“Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida”, dijo Elmer con voz firme ante la asamblea.

“Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro país con que el proyecto está suspendido”, señaló el representante de Bambamarca.

“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más derramamiento de sangre ni más muertos”, concluyó Elmer.

En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó baleado.

Meeting1e

Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi

Respuestas oficiales

La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute (NRGI) y ex director del Banco Mundial.

El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de Máxima y Elmer:

“Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo”, señaló McGuire.

“En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen”.

Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y justificaciones ante los reclamos formulados.

“La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones”.

“Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de manera abierta y sin violencia”.

“Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros, pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los derechos humanos o pasan momentos difíciles”.

“El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que generamos nosotros”, concluyó el funcionario.

Max1w

Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi

Conga no va

Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.

Se entregaron copias del informe “Conga no va” publicado recientemente por un grupo de organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”, agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo técnico.

“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto Conga” concluye el informe.

A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer cumplir sus propias Normas de Desempeño.

La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la región Cajamarca.

La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica.


Informe Hidroeléctricas en el marañón

Wilder A. Sánchez Sánchez

Tengo el deber de compartir el Informe Técnico elaborado por el Ing. Guido Peralta Quiroz sobre las graves consecuencias o impactos potenciales de las megarrepresas “Río Grande I” y “Río Grande II” que la empresa brasileña Odebrecht se apresta a construir en el Río Marañón, y que forman parte de 22 megaproyectos hidroeléctricos impulsados por el Gobierno de Alan García y por el actual.

La megarrepresa Río Grande I estará ubicada aguas arriba de la confluencia de los ríos Púsac y Marañón. El dique o presa se construirá cerca al caserío de Huanabamba; tendrá una longitud de 720 m, ancho de 10 m y una altura de 150 m, con lo cual se formará un embalse de más de 2,820 hectáreas de extensión y que tendrá una longitud de 42.5 Km, desde el dique hasta la cola.

La megarrepresa Río Grande II estará ubicada aguas arriba del pueblo de Balsas; el dique o presa se construirá relativamente cerca al puente Chacanto que forma parte de la carretera Celendín – Chachapoyas; tendrá una longitud de 600 m y una altura de 60 m, a fin de formar un embalse de más de 470 hectáreas y que tendrá una longitud de 10.8 Km, desde el dique hasta la cola.

En su Informe, el Ing. Guido pronostica los impactos que se producirán en la fase de abandono de las referidas mega represas.  Esto, teniendo en cuenta que después de 35 o más años de funcionamiento las represas quedarán inservibles al quedar colmatadas de sedimentos, por lo que será necesario desmontar las respectivas centrales hidroeléctricas, cosa que el propio proyecto prevé.  Después de esto, los diques o presas todavía subsistirán durante otros años, pero al fin y al cabo sufrirán fallas y colapsarán; será entonces cuando se estaría produciendo un mega huayco de 400 millones de metros cúbicos, o sea, 80 veces mayor que el huayco que sepultó la ciudad de Yungay en el terremoto de 1970, y que arrasaría con varios centros poblados, carreteras, puentes, campos agrícolas, viviendas, etc., aguas debajo de los embalses, que causaría la muerte por ahogamiento de miles de personas, posiblemente.

Estas y otras graves consecuencias son las que prevé el Ing. Peralta Quiroz en su Informe Técnico, con el que lanza una alerta, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de exigir la derogatoria del Decreto Supremo que autorizó la construcción de mega represas y centrales hidroeléctricas en el Marañón y para que se apruebe una ley por la que se declare al río Marañón intangible a perpetuidad.

Cabe aclarar que los impactos potenciales pronosticados por el Ing. Peralta Quiroz únicamente se refieren a la etapa o fase de abandono de las mencionadas mega represas hidroeléctricas, mas no a los que se producirán en sus fases de construcción y operación.  En estas fases, por ejemplo, habrá gran destrucción de la biodiversidad, de ecosistemas únicos y la desaparición de especies endémicas, al quedar inundadas muchas tierras y zonas de vida ribereñas; asimismo, los embalses sepultarán importantes sitios arqueológicos y caminos pre-incas e incas que aún no han sido estudiados y puestos en valor.

Entérese de más detalles técnicos de las mega represas Río Grande I y II y de sus graves impactos en sus fases de abandono, leyendo el informe que se adjunta en formato pdf.

14.10.2015


Por: Mirtha Vázquez
Máxima Acuña de Chaupe se ha vuelto un símbolo dentro y fuera del país. Su tenaz y decidida lucha contra una transnacional minera que le quiere arrebatar sus tierras ha trascendido de forma talque la ha convertido en un ícono de la valentía y la resistencia, fuente de inspiración para muchos pobres que históricamente han sido atropellados por diferentes poderes.
Pero esta resistencia va dejando a su paso muchos costos para Máxima y sufamilia, que producto de esta lucha tienen que llevar una vida casi miserable, debido a las hostilidades de la empresa: Procesos judiciales, amenazas, ataques físicos e impedimentos para que puedan cultivar los productos que necesitan para auto sostenerse.
Para la empresa, este asunto también va generando suscostos. Su torpe manejo la ha puesto en evidencia respecto no solo a los pésimos métodos queutilizan para solucionar sus controversias, sino también por los excesos queestán dispuestos a cometer en nombre de “la defensa de sus derechos”. ¿Quién podría creer, a estas alturas, que esta es la forma correcta de resolver un conflicto cuasi doméstico para una empresa minera transnacional? Ni su propio gremio la avala. Se han oído, en repetidas oportunidades, solapadas críticas de sus homólogos, cuya preocupación es la secuela que este caso deja para todo el sector.
Pero aún más: El efecto Máxima ha trascendido hasta las estructuras más sensibles de este país. Ha puesto en evidencia las consecuencias perniciosas de un modelo neoliberal que minimiza un Estado y lo usa en función a los poderes económicos, quienes son los que de manera fáctica gobiernan el país. Este caso tiene la capacidad de probarlo: fuerzas policiales alquiladas para atacar y proteger los intereses empresariales, imposibilidad de actuación de autoridades para sancionar evidentes abusos, y hasta la modificación y adecuación de normas para legalizar los atropellos, como la ley 30230, que acomoda figuras legales como la “defensa posesoria” y le da la posibilidad a unacompañía como Yanacocha de escudarse en esta figura legal para destruir y dañar bienes sin ser sancionada.
Más allá de evidenciar lo negativo de este modelo, el efecto Máxima lo desafía, planteando desde la resistencia, un reacomodo de este Estado que la sociedad civil no se resigna a ceder a los poderes fácticos. No, Máxima no es una persona que defiende su tierra. Máxima se ha convertido en la expresión ciudadana que no va a ceder sus derechos ni su dignidad a la lógica económica.
No sabemos si Máxima finalmente logre conservar su propiedad, pero sí sabemos que ella ya ganó. Ganó al replantear problemas profundos de un Estado, que ahora podrán defenderse desde otras esferas.

marañón

Los escándalos de corrupción de la empresa de construcción brasileña Odebrecht y la estatal Petrobras extienden responsabilidades sobre el proyecto hidroeléctrico Chadín II en el Amazonas, así como otros 19 que esperan su turno en nuestro país, donde, aparte de los fuertes impactos ambientales que se generarían, estarían también los posibles multimillonarios sobornos a distintos gobiernos de ambos países.

ESCRIBE: PABLO PRADO REYES / REVISTA VELAVERDE
pablo.prado@revistavelaverde.pe

Al parecer, el proyecto hi­droeléctrico Chadín II, uno de los 20 que se están realizando en la selva pe­ruana a cargo de la prin­cipal empresa constructora brasileña, Odebrecht –sí la misma que está invo­lucrada hasta el cuello en un gigantesco caso de corrupción en su país–, no solo causaría impactos medioambientales, como ya se había denunciado en su momento, sino que habría generado ju­gosos dividendos para los gobiernos de ambos países.

Y es que se había señalado que la construcción de este gigante de concre­to de 175 metros de altura, ubicado en la cuenca del río Marañón, inundaría poblados del Amazonas y Cajamarca en un área total de 32 kilómetros cuadra­dos, obligando a desplazarse a unas mil personas de sus hogares.

represa3

Por otro lado, el estudio de im­pacto ambiental (EIA) que fue apro­bado no tenía evidencias suficientes de los impactos que se generarían en la cuenca del Marañón y el Amazo­nas. Aparte que no se pormenorizaba cuánto iba a costar la reubicación de las familias trasladadas ni tampoco un presupuesto para impactos socia­les en comunidades indígenas ubica­das aguas abajo.

CHADIN II (2)

CHADÍN II: ENTRE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y LOS SOBORNOS BRASILEÑOS

El megaproyecto hidroeléctrico a realizarse entre Cajamarca y Amazonas sigue en el ojo de la tormenta, donde sumados a los posibles impactos socioambientales y las acusaciones de corrupción de la empresa constructora Odebrecht están otros actos irregulares que ya están generando un nuevo conflicto social del cual el Gobierno ya estaba avisado.

Ya a estas alturas todos sabemos de los grandes actos de corrupción en que se ha visto inmersa la constructora brasile­ña Odebrecht, aquella que en nuestro país goza de varias concesiones que vieron su proliferación a partir de los años noventa, desempeñando trabajos desde 1979.

El megaproyecto hidroeléctrico Chadín II es uno de ellos, y genera na­turalmente muchas suspicacias al res­pecto por la extraña forma de su apro­bación. Y es que, mediante un decreto supremo en el 2011, el expresidente Alan García dio luz verde a la cons­trucción de 20 represas en una zona que para muchos expertos es de alta vulnerabilidad a un impacto ambien­tal que sería de ingentes proporciones y pérdidas irreversibles.

En ese entonces, García pronunció el proyecto como de interés nacional y fue identificado por el Gobierno como un proyecto potencial para la exporta­ción de energía a otros países.

Estaríamos hablando, entonces, de dos males endémicos enlazados a cos­ta de todos los peruanos. El primero, la afectación de nuestros ecosistemas y, como segundo mal, un proyecto posiblemente echado a andar con so­bornos multimillonarios a gobiernos peruanos. Más grave no habría.

CHADIN II (1)

Actualmente, el proyecto se en­cuentra con el estudio de impacto am­biental (EIA) aprobado y está en etapa

“Odebrecht tiene la concesión de Chadín II, Río Grande I y II, que no sabemos en qué circunstancias se han dado”.

 


Tenemos una gran noticia: #Hijadelalaguna se estrenará en Cineplanet Real Plaza Cajamarca desde este jueves 27 de agosto.
Se proyectará en dos horarios diarios: 8:10 PM y 10:10 PM
Por lo menos una semana: ¡solo si se llena se queda más tiempo!


(Publicado el 17.108.2015 en el Facebook de la Municipalidad Distrital de Sorochuco)

ALCALDE DISTRITAL DE SOROCHUCO Y AUTORIDADES LLEGARON A LA LAGUNA EL PEROL PARA LA SIEMBRA DE TRUCHAS PERO FUERON IMPEDIDOS POR EL PROYECTO CONGA.
El alcalde de la Municipalidad Distrital Dr. Elmer Alaya Izquierdo junto a algunas autoridades del Distrito de Sorochuco, atendiendo al cronograma establecido de la siembra de alevines de truchas, llegaron a la Laguna el Perol de manera pacífica y respetuosa, con la finalidad de cumplir lo establecido; sin embargo en una de las garitas de control del proyecto CONGA ubicado en el Caserío de Agua Blanca, fueron impedidos de realizar dicha siembra, puesto que en el lugar se encontró a las fuerzas del orden acompañados por el Fiscal adjunto provincial de la fiscalía corporativa de la provincia de Celendín Dr. Hugo Neyser Cojal Bazán y representantes de de Minera Yanacocha, quienes manifestaron que no existe el permiso correspondiente por estar la Laguna el Perol ubicado dentro de una propiedad privada.
Frente a dicha actitud el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sorochuco sostuvo que se realizaran las acciones correspondientes con la finalidad de realizar en lo sucesivo el poblamiento de alevines de truchas en dicha Laguna, teniendo en consideración que la Laguna el Perol no es propiedad de minera Yanacocha pues constituye un bien público. Finalmente esta visita hacia la Laguna el Perol concluyó con la firma de un acta en presencia de todos los presentes, habiendo también pedido el alcalde Distrital de Sorochuco la verificación o constatación de dicha Laguna a donde llegó junto a las autoridades presentes.


por Nelly Luna Amancio

Publicado en: ojo-publico.com

La compañía brasileña, involucrada en un gigantesco caso de corrupción en Brasil, construirá una represa que inundará poblados de Amazonas y Cajamarca, una extensión equivalente a tres veces San Isidro, y desplazará a mil personas. Estudio de Impacto Ambiental presentado por su subsidiaria en Lima fue observado inicialmente por el Ministerio de Energía y Minas, pero luego fue aprobado a pesar de que no detallaba montos de inversión destinados a la reubicación de familias afectadas y a las evidencias de los impactos sobre la cuenca del Marañón y el Amazonas. Odebrecht tiene la concesión de otros proyectos hidroeléctricos en la zona.

El miedo tiene la forma de una gran inundación en la frontera de Cajamarca y Amazonas. No son las lluvias las que aterran a los ronderos y agricultores de la región nororiental del Perú, sino una gigantesca represa que sumergirá campos de cultivo, casas y escuelas de once poblados. En este remoto lugar de escarpados paisajes y montañas atravesadas por el caudaloso río Marañón, la compañía Odebrecht, involucrada en escandalosos actos de corrupción en Brasil, ha proyectado construir Chadin II, una megahidroeléctrica de 175 metros de altura que inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro. Mil personas tendrían que dejar sus hogares en nombre de la imparable demanda energética.

Chadin II es uno de los 20 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Marañón que en abril del 2011, apenas tres meses antes de que culminara su gobierno, el expresidente Alan García declaró de interés nacional a través de un decreto supremo. La norma se basaba en estudios técnicos de hacía más de 30 años y formaba parte de la entonces agenda gubernamental para priorizar la exportación de energía al Brasil. Sin embargo, fue en el gobierno de Ollanta Humala, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó a la compañía AC Energía –subsidiaria de Odebrecht creada en Lima en el 2012- la concesión definitiva y aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El embalse inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro.

En la cuenca del Marañón, además de Chadin II, Odebrecht tiene otros dos proyectos con estudios de impacto ambiental en marcha: Rio Grande I y II, con impactos ambientales y sociales irrreversibles, y cuyo embalse -de construirse- desplazaría a otras 3.000 personas.

Odebrecht es uno de los mayores y más polémicos proveedores del Estado: muchas de sus obras presentan cuestionados sobrecostos. Sus negocios en el Perú se remontan a 1979, pero es a partir de los 90 cuando sus inversiones se incrementan. Desde entonces, han realizado 65 proyectos: las centrales hidroeléctricas Charcani V (Arequipa), San Gabán (Puno) y Cañón del Pato (Ancash); el proyecto Chavimochic (La Libertad) y en los últimos años, el millonario y cuestionado proyecto de irrigación Olmos (Lambayeque) junto con el Metro de Lima. Además tiene en marcha la construcción del gasoducto surandino que recorre la amazonía de Cusco, atraviesa los Andes y llega a la costa del Perú; la extensión de la vía Costa Verde-Callao y otros tres proyectos de infraestructura portuaria.

Impactos. Hay 19 sitios arqueológicos que serán afectados. El EIA dice que serán protegidos, pero no hay presupuesto al respecto. FOTO: José Serra

LOS DESPLAZADOS

La megahidroeléctrica de la subsidiaria de Odebrecht afectará a la población de seis distritos (Chumuch, Cortegana, Celendín, Pisuquia, Ocumal y Cocabamba), ubicadas en tres provincias (Celendin, Luya y Chachapoyas) de dos regiones: Cajamarca y Amazonas. El punto débil de Chadin II -al margen de las protestas de las rondas campesinas y las agrupaciones locales de la zona- radica en su polémico Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el MEM en febrero del 2014.

En setiembre del 2013 el Ministerio de Energía y Minas realizó 161 observaciones al EIA de Chadin II, elaborado por la consultora AMEC Perú. El megaproyecto brasileño no detalla presupuesto para los impactos sociales, ni planes de prevención contra los impactos que el gran embalse tendría sobre el río y las comunidades indígenas amazónicas Awajún y Wampis, ubicadas aguas abajo y cuya dieta en proteínas depende en parte del río Marañón. Además, establecía solo un 0.25% de su inversión para planes ambientales cuando estándares internacionales, como los del Banco Mundial, recomiendan más del 3%.

Luego de analizar el EIA, José Serra, ingeniero eléctrico con experiencia en el desarrollo de centrales hidroeléctricas y en el impacto que estas generan, concluyó para OjoPúblico, que la empresa brasileña no contempló un presupuesto para la reubicación y adaptación de los desplazados con su nuevo entorno. Además, el presupuesto que Odebrecht previó para el manejo ambiental de Chadin II resulta también insuficiente. “Para este tema la empresa ha previsto 4,2 millones de dólares (0.25% de la inversión total), pero si hacemos un cálculo de acuerdo a la mejor práctica del Banco Mundial, la inversión socioambiental mínima que debería hacer es de 58 millones de dólares, es decir el 3,4% de la inversión total”, coincide el ingeniero.

Rechazo. El área de influencia directa de Chadin II alcanza a seis distritos de Amazonas y Cajamarca. Ronderos y organizaciones locales rechazan el proyecto y demandan diálogo.

IMPACTO SOBRE BIODIVERSIDAD

Si se inunda gran parte de la cuenca, los impactos sobre la biodiversidad que alberga serán devastadores pues se interrumpirán los sedimentos que el Marañón arrastra hacia el Amazonas. “No sabemos cuál será el impacto de Chadin II y Veracruz [otra hidroeléctrica, pero en manos de la peruana Compañía Energética Veracruz, que se construye aguas arriba] en la población indígena awajún. Tampoco conocemos su impacto en la Reserva Natural Pacaya Samiria, de muy alta biodiversidad y productividad ictiológica”. Nada de eso, según Serra, se menciona en el EIA de Chadin II.

Los proyectos Rio Grande I y II inundarían un área de 38 kilómetros cuadrados, mucho más que Chadin II

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, también cuestionó la construcción de hidroeléctricas con gigantescos embalses en la Amazonía. La impresión del exfuncionario del Estado y actual consultor en temas energéticos, es que con la desaceleración económica del Perú y la corrupción destapada en Brasil, la presión para seguir construyendo represas podría diluirse, aunque considera que insistir con la construcción de las 20 hidroeléctricas en el Marañón destruirá la cuenca, desplazará a cientos de familias y generará un nuevo conflicto para el país.

REPRESAS. Estas son las hidroeléctricas declaradas de interés nacional que se proponen contruir a lo largo del río Marañón. Gran parte de la cuenca quedaría inundada.. Fuente: International Rivers

Ver mapa interactivo. Pulse aquí

“Se han enviado cartas al gobierno, pero las quejas aún no son atendidas”, advierte Socorro Quiroz, integrante de la Asociación por Defensa de la Vida. Ella dijo que en las zonas afectadas viven más personas de las que identificó el Censo del 2007, fuente que cita y usa Odebrecht. También contó que en los últimos meses trabajadores de la empresa están ingresando a las comunidades sin autorización. “Tienen la concesión, pero no la licencia social. Aquí la mayoría no quiere la represa y menos de la mano con una empresa que tiene la reputación por los suelos. La gente aquí no quiere vender sus tierras ni ser reubicados porque su subsistencia depende de estos territorios”, dijo Quiroz.

Consultado sobre el tema, el representante de Odebrecht y gerente general de AC Energía, Erlon Arfelli, contó a OjoPúblico que según sus estudios no todas las 1.000 personas afectadas viven en las zonas que serían inundadas, “hay otras que tienen propiedades o posesiones pero no viven ahí, hay otras que trabajan, o alguna vez han trabajado en esa zona”. La reubicación contempla “distintas formas de compensación a los propietarios o posesionarios”, desde la compra de tierras, compra asistida o reasentamiento”, indicó el alto funcionario brasileño, quien aceptó que antes de iniciar la construcción de Chadin II se deberá llegar a acuerdos con la población local.

LOS OTROS PROYECTOS DE ODEBRECHT: RIO GRANDE I Y II

En Perú Odebrecht tiene cinco proyectos de hidroeléctricas en la cuenca amazónica, además de Chadin II: los proyectos Rio Grande I y II en el Marañón, Chaglla, en Huánuco (con su subsidiaria Empresa de Generación Huallaga y cuya obra es financiada por el BNDES- Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y tiene la concesión definitiva de Belo Horizonte (Compañía Energética del Centro que le compró a la minera Volcan en junio del año pasado).

Rio Grande I y II, también se desarrollan en el Marañón, pero están en una etapa distinta: tienen estudios de impacto ambiental en marcha, aunque desde ya se estiman consecuencias sociales irreversibles debido a que el embalse inundaría un área de 38 kilómetros cuadrados (superior a Chadin II) y desplazaría a 3.000 personas de la zona.

Sin paisajes. La hidroeléctrica embalsará las aguas del río Marañón y construirá una presa de 175 metros de altura. Foto: Rocky Contos

Un informe de la ONG International Rivers determinó el año pasado que si se construyeran las 20 represas promovidas por el expresidente García en el 2011 los embalses inundarían el 80% del río Marañón. Un reporte del Congreso del 2011estableció que las tierras que ocupan las comunidades nativas y campesinas en dicha cuenca representan el 27% de la superficie del área de influencia. El ingeniero José Serra reconoce la capacidad hidroeléctrica del Perú, pero sostiene que estas “no deben desarrollarse en zonas ubicadas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, nada en la selva baja”, para evitar daños ambientales severos.

El representante de Odebrecht declaró que dentro de unos 60 meses iniciarían la construcción de la hidroeléctrica. Una vez que “se terminen los estudios de ingeniería y se haga el cierre financiero del proyecto”, dijo. La tensión en el Marañón -río bautizado como “La Serpiente de Oro” por el escritor Ciro Alegría- es permanente. En los últimos meses alrededor de 20 ronderos han sido denunciados por secuestro luego de que detuvieran a trabajadores de Odebrecht en la zona. Los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo reconocen un conflicto por Chadin, pero advierten la ausencia de diálogo.


 Por: Rocío Silva
04.08.15
El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de Lámaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.
El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?
Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.
Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.
Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!
Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.


Más comunidades muestran su rechazo a las represas en el Río Marañón, hace una semana llegaron a la ciudad de Celendín desde la Región Amazonas, las comunidades rivereñas de Tupén y la Mushca, para presentar memoriales de rechazo al proyecto Chadín 2 de la brasilera Odebrecht; en esta oportunidad lo hizo la comunidad de Yagén, del Distrito de Cortegana, provincia de Celendín.

Autoridades del CP de Yagén entregan documento de rechazo a la represa Chadín 2 que Odebrecht pretende construir en el Río Marañón

Autoridades del CP de Yagén entregan documento de rechazo a la represa Chadín 2 que Odebrecht pretende construir en el Río Marañón

El día lunes 8 de junio de 2015, otra delegación de las riveras del Río Marañón, arribó a la provincia de Celendín. Diferentes autoridades de la comunidad de Yagén, distrito de Cortegana, entregaron un memorial al gerente de la empresa Odebrecht,  respondiendo con un rotundo no a la carta en la que la empresa solicitaba una reunión informativa sobre el proyecto Chadin 2.  Por su parte, el alcalde de Cortegana, Mariano Vásquez y el teniente alcalde del mismo distrito, el señor Santos Huamán Julca, brindaron declaraciones en un medio de comunicación local, expresando  su rechazo al proyecto Chadín 2 y su solidaridad con la comunidad de Yagén.

La numerosa delegación de autoridades comunales se presentó en diversas emisoras radiales en donde dejaron sentado firmemente su rechazo a la posible construcción de la Central Hidroeléctrica Chadín 2 y con ello la inundación de sus valles productivos. Luego visitaron las oficinas de la empresa Odrebrecht haciendo entrega del memorial conteniendo cerca de 500 firmas de los miembros de su comunidad que fue entregado en manos de Mark Stenning, gerente de la empresa.

Por su parte, los comuneros indicaron que no desean dialogar con la empresa porque siempre se comportaron con prepotencia, llevando policías y gente extraña, hasta han sido víctimas de numerosos procesos judiciales por parte de los trabajadores de Odebrecht.

Un hecho preocupante fueron las afirmaciones de  Pierina Garateguy Gutierrez, responsable de comunicaciones del proyecto Chadín 2, quién para justificar a la empresa de los cuestionamientos realizados por los comuneros, manifestó que no acudieron a su llamado por haber recibido amenazas de muerte por parte de la Ong. Grufides; sin duda, esta afirmación podría causarle una querella por esta grave difamación. Creemos que esta forma de actuar de los funcionarios de Odebrecht – Chadín 2, no es la adecuada y contribuye a generar más desconfianza entre la población.

DOCUMENTOS PRESENTADOS

DSCF9042DSCF9043DSCF9052   DSCF9044 DSCF9045 DSCF9046 DSCF9047 DSCF9048 DSCF9049 DSCF9050 DSCF9051