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Tenemos una gran noticia: #Hijadelalaguna se estrenará en Cineplanet Real Plaza Cajamarca desde este jueves 27 de agosto.
Se proyectará en dos horarios diarios: 8:10 PM y 10:10 PM
Por lo menos una semana: ¡solo si se llena se queda más tiempo!


(Publicado el 17.108.2015 en el Facebook de la Municipalidad Distrital de Sorochuco)

ALCALDE DISTRITAL DE SOROCHUCO Y AUTORIDADES LLEGARON A LA LAGUNA EL PEROL PARA LA SIEMBRA DE TRUCHAS PERO FUERON IMPEDIDOS POR EL PROYECTO CONGA.
El alcalde de la Municipalidad Distrital Dr. Elmer Alaya Izquierdo junto a algunas autoridades del Distrito de Sorochuco, atendiendo al cronograma establecido de la siembra de alevines de truchas, llegaron a la Laguna el Perol de manera pacífica y respetuosa, con la finalidad de cumplir lo establecido; sin embargo en una de las garitas de control del proyecto CONGA ubicado en el Caserío de Agua Blanca, fueron impedidos de realizar dicha siembra, puesto que en el lugar se encontró a las fuerzas del orden acompañados por el Fiscal adjunto provincial de la fiscalía corporativa de la provincia de Celendín Dr. Hugo Neyser Cojal Bazán y representantes de de Minera Yanacocha, quienes manifestaron que no existe el permiso correspondiente por estar la Laguna el Perol ubicado dentro de una propiedad privada.
Frente a dicha actitud el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sorochuco sostuvo que se realizaran las acciones correspondientes con la finalidad de realizar en lo sucesivo el poblamiento de alevines de truchas en dicha Laguna, teniendo en consideración que la Laguna el Perol no es propiedad de minera Yanacocha pues constituye un bien público. Finalmente esta visita hacia la Laguna el Perol concluyó con la firma de un acta en presencia de todos los presentes, habiendo también pedido el alcalde Distrital de Sorochuco la verificación o constatación de dicha Laguna a donde llegó junto a las autoridades presentes.


por Nelly Luna Amancio

Publicado en: ojo-publico.com

La compañía brasileña, involucrada en un gigantesco caso de corrupción en Brasil, construirá una represa que inundará poblados de Amazonas y Cajamarca, una extensión equivalente a tres veces San Isidro, y desplazará a mil personas. Estudio de Impacto Ambiental presentado por su subsidiaria en Lima fue observado inicialmente por el Ministerio de Energía y Minas, pero luego fue aprobado a pesar de que no detallaba montos de inversión destinados a la reubicación de familias afectadas y a las evidencias de los impactos sobre la cuenca del Marañón y el Amazonas. Odebrecht tiene la concesión de otros proyectos hidroeléctricos en la zona.

El miedo tiene la forma de una gran inundación en la frontera de Cajamarca y Amazonas. No son las lluvias las que aterran a los ronderos y agricultores de la región nororiental del Perú, sino una gigantesca represa que sumergirá campos de cultivo, casas y escuelas de once poblados. En este remoto lugar de escarpados paisajes y montañas atravesadas por el caudaloso río Marañón, la compañía Odebrecht, involucrada en escandalosos actos de corrupción en Brasil, ha proyectado construir Chadin II, una megahidroeléctrica de 175 metros de altura que inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro. Mil personas tendrían que dejar sus hogares en nombre de la imparable demanda energética.

Chadin II es uno de los 20 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Marañón que en abril del 2011, apenas tres meses antes de que culminara su gobierno, el expresidente Alan García declaró de interés nacional a través de un decreto supremo. La norma se basaba en estudios técnicos de hacía más de 30 años y formaba parte de la entonces agenda gubernamental para priorizar la exportación de energía al Brasil. Sin embargo, fue en el gobierno de Ollanta Humala, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó a la compañía AC Energía –subsidiaria de Odebrecht creada en Lima en el 2012- la concesión definitiva y aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El embalse inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro.

En la cuenca del Marañón, además de Chadin II, Odebrecht tiene otros dos proyectos con estudios de impacto ambiental en marcha: Rio Grande I y II, con impactos ambientales y sociales irrreversibles, y cuyo embalse -de construirse- desplazaría a otras 3.000 personas.

Odebrecht es uno de los mayores y más polémicos proveedores del Estado: muchas de sus obras presentan cuestionados sobrecostos. Sus negocios en el Perú se remontan a 1979, pero es a partir de los 90 cuando sus inversiones se incrementan. Desde entonces, han realizado 65 proyectos: las centrales hidroeléctricas Charcani V (Arequipa), San Gabán (Puno) y Cañón del Pato (Ancash); el proyecto Chavimochic (La Libertad) y en los últimos años, el millonario y cuestionado proyecto de irrigación Olmos (Lambayeque) junto con el Metro de Lima. Además tiene en marcha la construcción del gasoducto surandino que recorre la amazonía de Cusco, atraviesa los Andes y llega a la costa del Perú; la extensión de la vía Costa Verde-Callao y otros tres proyectos de infraestructura portuaria.

Impactos. Hay 19 sitios arqueológicos que serán afectados. El EIA dice que serán protegidos, pero no hay presupuesto al respecto. FOTO: José Serra

LOS DESPLAZADOS

La megahidroeléctrica de la subsidiaria de Odebrecht afectará a la población de seis distritos (Chumuch, Cortegana, Celendín, Pisuquia, Ocumal y Cocabamba), ubicadas en tres provincias (Celendin, Luya y Chachapoyas) de dos regiones: Cajamarca y Amazonas. El punto débil de Chadin II -al margen de las protestas de las rondas campesinas y las agrupaciones locales de la zona- radica en su polémico Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el MEM en febrero del 2014.

En setiembre del 2013 el Ministerio de Energía y Minas realizó 161 observaciones al EIA de Chadin II, elaborado por la consultora AMEC Perú. El megaproyecto brasileño no detalla presupuesto para los impactos sociales, ni planes de prevención contra los impactos que el gran embalse tendría sobre el río y las comunidades indígenas amazónicas Awajún y Wampis, ubicadas aguas abajo y cuya dieta en proteínas depende en parte del río Marañón. Además, establecía solo un 0.25% de su inversión para planes ambientales cuando estándares internacionales, como los del Banco Mundial, recomiendan más del 3%.

Luego de analizar el EIA, José Serra, ingeniero eléctrico con experiencia en el desarrollo de centrales hidroeléctricas y en el impacto que estas generan, concluyó para OjoPúblico, que la empresa brasileña no contempló un presupuesto para la reubicación y adaptación de los desplazados con su nuevo entorno. Además, el presupuesto que Odebrecht previó para el manejo ambiental de Chadin II resulta también insuficiente. “Para este tema la empresa ha previsto 4,2 millones de dólares (0.25% de la inversión total), pero si hacemos un cálculo de acuerdo a la mejor práctica del Banco Mundial, la inversión socioambiental mínima que debería hacer es de 58 millones de dólares, es decir el 3,4% de la inversión total”, coincide el ingeniero.

Rechazo. El área de influencia directa de Chadin II alcanza a seis distritos de Amazonas y Cajamarca. Ronderos y organizaciones locales rechazan el proyecto y demandan diálogo.

IMPACTO SOBRE BIODIVERSIDAD

Si se inunda gran parte de la cuenca, los impactos sobre la biodiversidad que alberga serán devastadores pues se interrumpirán los sedimentos que el Marañón arrastra hacia el Amazonas. “No sabemos cuál será el impacto de Chadin II y Veracruz [otra hidroeléctrica, pero en manos de la peruana Compañía Energética Veracruz, que se construye aguas arriba] en la población indígena awajún. Tampoco conocemos su impacto en la Reserva Natural Pacaya Samiria, de muy alta biodiversidad y productividad ictiológica”. Nada de eso, según Serra, se menciona en el EIA de Chadin II.

Los proyectos Rio Grande I y II inundarían un área de 38 kilómetros cuadrados, mucho más que Chadin II

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, también cuestionó la construcción de hidroeléctricas con gigantescos embalses en la Amazonía. La impresión del exfuncionario del Estado y actual consultor en temas energéticos, es que con la desaceleración económica del Perú y la corrupción destapada en Brasil, la presión para seguir construyendo represas podría diluirse, aunque considera que insistir con la construcción de las 20 hidroeléctricas en el Marañón destruirá la cuenca, desplazará a cientos de familias y generará un nuevo conflicto para el país.

REPRESAS. Estas son las hidroeléctricas declaradas de interés nacional que se proponen contruir a lo largo del río Marañón. Gran parte de la cuenca quedaría inundada.. Fuente: International Rivers

Ver mapa interactivo. Pulse aquí

“Se han enviado cartas al gobierno, pero las quejas aún no son atendidas”, advierte Socorro Quiroz, integrante de la Asociación por Defensa de la Vida. Ella dijo que en las zonas afectadas viven más personas de las que identificó el Censo del 2007, fuente que cita y usa Odebrecht. También contó que en los últimos meses trabajadores de la empresa están ingresando a las comunidades sin autorización. “Tienen la concesión, pero no la licencia social. Aquí la mayoría no quiere la represa y menos de la mano con una empresa que tiene la reputación por los suelos. La gente aquí no quiere vender sus tierras ni ser reubicados porque su subsistencia depende de estos territorios”, dijo Quiroz.

Consultado sobre el tema, el representante de Odebrecht y gerente general de AC Energía, Erlon Arfelli, contó a OjoPúblico que según sus estudios no todas las 1.000 personas afectadas viven en las zonas que serían inundadas, “hay otras que tienen propiedades o posesiones pero no viven ahí, hay otras que trabajan, o alguna vez han trabajado en esa zona”. La reubicación contempla “distintas formas de compensación a los propietarios o posesionarios”, desde la compra de tierras, compra asistida o reasentamiento”, indicó el alto funcionario brasileño, quien aceptó que antes de iniciar la construcción de Chadin II se deberá llegar a acuerdos con la población local.

LOS OTROS PROYECTOS DE ODEBRECHT: RIO GRANDE I Y II

En Perú Odebrecht tiene cinco proyectos de hidroeléctricas en la cuenca amazónica, además de Chadin II: los proyectos Rio Grande I y II en el Marañón, Chaglla, en Huánuco (con su subsidiaria Empresa de Generación Huallaga y cuya obra es financiada por el BNDES- Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y tiene la concesión definitiva de Belo Horizonte (Compañía Energética del Centro que le compró a la minera Volcan en junio del año pasado).

Rio Grande I y II, también se desarrollan en el Marañón, pero están en una etapa distinta: tienen estudios de impacto ambiental en marcha, aunque desde ya se estiman consecuencias sociales irreversibles debido a que el embalse inundaría un área de 38 kilómetros cuadrados (superior a Chadin II) y desplazaría a 3.000 personas de la zona.

Sin paisajes. La hidroeléctrica embalsará las aguas del río Marañón y construirá una presa de 175 metros de altura. Foto: Rocky Contos

Un informe de la ONG International Rivers determinó el año pasado que si se construyeran las 20 represas promovidas por el expresidente García en el 2011 los embalses inundarían el 80% del río Marañón. Un reporte del Congreso del 2011estableció que las tierras que ocupan las comunidades nativas y campesinas en dicha cuenca representan el 27% de la superficie del área de influencia. El ingeniero José Serra reconoce la capacidad hidroeléctrica del Perú, pero sostiene que estas “no deben desarrollarse en zonas ubicadas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, nada en la selva baja”, para evitar daños ambientales severos.

El representante de Odebrecht declaró que dentro de unos 60 meses iniciarían la construcción de la hidroeléctrica. Una vez que “se terminen los estudios de ingeniería y se haga el cierre financiero del proyecto”, dijo. La tensión en el Marañón -río bautizado como “La Serpiente de Oro” por el escritor Ciro Alegría- es permanente. En los últimos meses alrededor de 20 ronderos han sido denunciados por secuestro luego de que detuvieran a trabajadores de Odebrecht en la zona. Los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo reconocen un conflicto por Chadin, pero advierten la ausencia de diálogo.


 Por: Rocío Silva
04.08.15
El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de Lámaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.
El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?
Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.
Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.
Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!
Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.


Más comunidades muestran su rechazo a las represas en el Río Marañón, hace una semana llegaron a la ciudad de Celendín desde la Región Amazonas, las comunidades rivereñas de Tupén y la Mushca, para presentar memoriales de rechazo al proyecto Chadín 2 de la brasilera Odebrecht; en esta oportunidad lo hizo la comunidad de Yagén, del Distrito de Cortegana, provincia de Celendín.

Autoridades del CP de Yagén entregan documento de rechazo a la represa Chadín 2 que Odebrecht pretende construir en el Río Marañón

Autoridades del CP de Yagén entregan documento de rechazo a la represa Chadín 2 que Odebrecht pretende construir en el Río Marañón

El día lunes 8 de junio de 2015, otra delegación de las riveras del Río Marañón, arribó a la provincia de Celendín. Diferentes autoridades de la comunidad de Yagén, distrito de Cortegana, entregaron un memorial al gerente de la empresa Odebrecht,  respondiendo con un rotundo no a la carta en la que la empresa solicitaba una reunión informativa sobre el proyecto Chadin 2.  Por su parte, el alcalde de Cortegana, Mariano Vásquez y el teniente alcalde del mismo distrito, el señor Santos Huamán Julca, brindaron declaraciones en un medio de comunicación local, expresando  su rechazo al proyecto Chadín 2 y su solidaridad con la comunidad de Yagén.

La numerosa delegación de autoridades comunales se presentó en diversas emisoras radiales en donde dejaron sentado firmemente su rechazo a la posible construcción de la Central Hidroeléctrica Chadín 2 y con ello la inundación de sus valles productivos. Luego visitaron las oficinas de la empresa Odrebrecht haciendo entrega del memorial conteniendo cerca de 500 firmas de los miembros de su comunidad que fue entregado en manos de Mark Stenning, gerente de la empresa.

Por su parte, los comuneros indicaron que no desean dialogar con la empresa porque siempre se comportaron con prepotencia, llevando policías y gente extraña, hasta han sido víctimas de numerosos procesos judiciales por parte de los trabajadores de Odebrecht.

Un hecho preocupante fueron las afirmaciones de  Pierina Garateguy Gutierrez, responsable de comunicaciones del proyecto Chadín 2, quién para justificar a la empresa de los cuestionamientos realizados por los comuneros, manifestó que no acudieron a su llamado por haber recibido amenazas de muerte por parte de la Ong. Grufides; sin duda, esta afirmación podría causarle una querella por esta grave difamación. Creemos que esta forma de actuar de los funcionarios de Odebrecht – Chadín 2, no es la adecuada y contribuye a generar más desconfianza entre la población.

DOCUMENTOS PRESENTADOS

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Asamblea de ronderos en el centro poblado de Vigaspampa. Foto: Bear Guerra

Por Luis Claps

Servindi, 8 de junio, 2015.- El domingo 7 de junio se realizó el Primer Congreso Interdistrital de Rondas Campesinas en el centro poblado de Vigaspampa, en la provincia de Celendín. Bajo el lema “Consagrar la vida en defensa de la verdad”, el objetivo del evento fue promover la defensa de los intereses campesinos y garantizar el derecho a la vida de las comunidades.

Los ronderos fueron llegando, algunos a caballo, desde varias comunidades cercanas como Calconga, La Florida, Bellavista de Cajén, La Fortaleza, Oxamarca y Celendín. Luego de las presentaciones y la instalación de la mesa directiva, el congreso contó con tres ponencias y luego se abrió un espacio a la participación de los asistentes.

En Vigaspampa hay temor porque se dice que la empresa minera de capitales chinos a cargo del proyecto Galeno adquirió un terreno de 600 hectáreas próximo al centro poblado, donde propone reubicar a las comunidades que deben ser desplazadas para dar lugar a la explotación de la mina y  su infraestructura asociada.

Los ronderos no aceptan la llegada de estos nuevos comuneros. “Fueron capaces de vender sus tierras a la minera, por eso no confiamos en ellos”, señaló Edwar Rodas Rojas, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Celendín.

Por otra parte, Rodas Rojas dijo también que “el Ministerio del Interior está trabajando para infiltrar las bases y juramentar nuevas rondas campesinas que estén a favor de la minería. Pero ni la Fiscalía ni la Policía pueden juramentar rondas campesinas, porque carecen de potestad para ello”.

“¿Acaso las rondas campesinas juramentan a fiscales y policías?”, concluyó Rodas Rojas.

Las rondas campesinas surgieron en la región de Cajamarca en el año 1976. En aquel entonces se dedicaban a combatir el abigeato y operaban sin un marco legal ni apoyo de las autoridades del Estado. Luego defendieron a Cajamarca del terrorismo de Sendero Luminoso.

Las rondas cuentan con el respaldo de la Ley 27908, aprobada en 2003, y el DS 025 que la reglamentó. Incluso las avala el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que textualmente señala: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”.

De acuerdo a las funciones que le faculta la legislación vigente, en la actualidad las rondas campesinas incluyen entre sus principales objetivos la defensa del territorio y la conservación del medioambiente.

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Lidman Geiner Chávez se dirige a la asamblea en Vigaspampa. Foto: Bear Guerra

“Tenemos derecho a cuidar nuestros ríos y lagunas, a estar arriba en las montañas” dijo al respecto Lidman Geiner Chávez Pajares, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Oxamarca.

Sin embargo, en el Congreso Nacional se discuten modificaciones legales que atentarían contra sus facultades y hasta podrían llegar a criminalizarlas.

Un artículo de José Carlos Díaz en La República señala que la Comisión de Justicia podría excluir a la “justicia rondera” de un dictamen que busca crear un nuevo Código Penal.

El impulsor de esta medida es el congresista Juan Carlos Eguren, conspicuo defensor de los intereses de las empresas mineras.

Por su parte Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, aseguró que “es bueno reunirnos para intercambiar, para informarnos, porque estamos en una situación muy complicada, no solo en Celendín, no solo en Cajamarca, sino en todo el país, y debemos establecer estrategias conjuntas para poder defender nuestro territorio”.

“Los compañeros de Bambamarca tienen plomo en su sangre y ya no pueden tomar su agua. Muchos otros pueblos del país están sufriendo lo mismo, por este modelo basado en la extracción de nuestras riquezas. En realidad solo un pequeño grupo de empresarios y políticos se beneficia de estas actividades”, agregó.

“El próximo 3 de julio se cumplen tres años del asesinato de nuestros hermanos en Celendín, les invitamos a las actividades que estamos organizando”, concluyó Sánchez.


Mark Stenning de Lavalle, gerente de Chadín 2, recibe memorial de rechazo al represamiento del Río Marañón

Celendín, Perú.- El miércoles 3 de junio de 2015 arribó a la provincia de Celendín una delegación de las comunidades de La Mushca y Tupen Grande, ubicadas a la orilla del río Marañón, para dar respuesta a la carta enviada por la empresa Odrebrecht con un memorial en el que muestran su contundente rechazo al proyecto Chadín 2.

Las comunidades de La Mushca y Tupén Grande se reunieron el día primero de junio de 2015 y acordaron el viaje de una comisión para presentar un memorial en las oficinas de la empresa Odebrecht, en la provincia de Celendín.
A su llegada, los señores Emiliano García Julon y Silver Cruz Escalante, miembros de la delegación, fueron entrevistados por diferentes medios de comunicación radiales y televisivos, desmintiendo las versiones de la empresa que manifestaban que las comunidades de la zona de Chadín 2 estarían de acuerdo con la ejecución de dicho proyecto. Como se sabe el Estado Peruano ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y sin embargo el proyecto de represamiento del río Marañón no cuenta con licencia social.
Carta de Odrebrecht
 
Memorial
Videos
Conversación con Emiliano García Julón
Silver Cruz Escalante

Muralla. Máxima Acuña y Daniel Chaupe frente al cerco de mallas instalado por Yanacocha bajo el argumento de un proyecto de crianza de alpacas.

Muralla. Máxima Acuña y Daniel Chaupe frente al cerco de mallas instalado por Yanacocha bajo el argumento de un proyecto de crianza de alpacas..

Escribe: Wilber Huacasi

Denuncia. Empresa instaló cerco perimétrico de mallas de metal en la frontera limítrofe con el predio de mujer campesina. Familia asegura que se trata de un nuevo acto de presión para obligarlos a abandonar la zona. Minera desmiente la acusación.

—Queremos dialogar.
—¡Qué diálogo quieren!, ¿van a reconocer mi propiedad?, ¿me van a reconocer todos los daños que le han hecho a mi familia?
Con notorio enojo, Máxima Acuña de Chaupe recuerda una de las conversaciones que sostuvo con una funcionaria de relaciones comunitarias de Yanacocha. Su enfado —dice— es porque la minera busca un supuesto diálogo, cuando su comportamiento siempre ha estado marcado por la violencia y la hostilización.
El último hecho que doña Máxima denuncia como un acto de presión para obligarla a abandonar su predio es la instalación de un inmenso cerco de mallas de alambre galvanizado en el límite con el terreno de propiedad de Yanacocha.
“El martes pasado terminaron de cerrar todo ese cerco que ustedes ven aquí”, indica Máxima Acuña, quien desde el año 2011 mantiene una contienda legal con Yanacocha por un predio de 25 hectáreas.
Máxima asegura que su familia compró el predio a terceros y viven ahí desde 1994. Yanacocha, en cambio, maneja la versión de que todo el terreno de la zona fue adquirido a la comunidad campesina de Sorochuco por Minas Conga S.R.L., y luego les fue transferido, para la puesta en marcha del proyecto de explotación de oro conocido comoConga.
Si bien el cerco no impide a la familia Chaupe-Acuña salir hacia la carretera, Máxima asegura que con esta decisión la minera ha cerrado otro camino que utilizaban para comercializar sus productos en las zonas bajas. “Cuando no tengo para comer, agarro mi bestia y la llevo por este camino que es ancestral”, denuncia Máxima y asegura que detrás de este hecho está nuevamente la actitud prepotente de Yanacocha.
En comunicación enviada a La República, Yanacocha rechaza que exista hostilización (ver nota aparte), pero doña Máxima insiste y tiene una lista de actos de violencia que anteceden a esta última acción.
ANTECEDENTES
El 3 de febrero, personal de seguridad privada de Yanacocha destruyó con violencia los cimientos de la casa de adobe que la familia Chaupe-Acuña venía construyendo cerca de su actual vivienda, dentro del predio que reclaman como de su propiedad.
“Estábamos construyendo un dormitorio y una sala; quince días de trabajo que habíamos tenido lo han derrumbado”, recuerda su hijo Daniel Chaupe, mientras observa los escombros que dejó aquella intervención.
Yanacocha argumentó entonces que ejerció su “derecho a la defensa posesoria”.
Posteriormente, personal de Yanacocha destruyó una construcción que la familia de Máxima había realizado para la crianza de cuyes. “En la Fiscalía de Celendín (voceros de Yanacocha) nos dijeron que nos iban a devolver nuestros cuyes”, recuerda Máxima.
Daniel Chaupe, el hijo, denuncia además otra forma de hostilización: “Todo el día nos vigilan. Han instalado una cabina supuestamente para cuidar sus alpacas, pero, la verdad, es para que nos vigilen a nosotros”, señala.
La República constató que, en efecto, existe una cabina instalada en una loma desde la cual personal de Yanacocha puede vigilar directamente la rústica vivienda de los Acuña-Chaupe. Es más, la noche del 6 de junio, día de nuestra visita, personal de la minera alumbró con linternas de alta intensidad hacia la casa, en clara actitud de vigilancia.
RESTRICCIÓN VIAL
Por obra de Yanacocha, los pobladores que se desplazan desde Cajamarca hacia la localidad de Santa Rosa no pueden viajar con libertad. Personal de seguridad privada instaló una tranquera a la altura del paraje San Nicolás y allí solicita documentos a los pasajeros, como si fueran sospechosos de algo.
Todo indica que el propósito es impedir visitas a la familia de Máxima Acuña. Además de Etiqueta Negra no son pocos los testimonios de medios y periodistas que tuvieron impedimento para ingresar a la zona.
MÁS DENUNCIAS
El caso de Máxima parece no ser el único. Lindorfe Bolaños Atalaya (56 años) contó a La República que anteriormente sufrió la destrucción de su vivienda y ahora Yanacocha buscaría obligarlo a transar por un predio en aparente disputa.
“A otro vecino también lo han sacado a la fuerza de su chocita, hace un mes”, reseña, en alusión al poblador Noé Quilliche Chucnas.
A todo esto, Máxima asegura que seguirá defendiendo su predio: “Cuando me maten, ahí tal vez se quedarán con mi terreno, si nadie reclama”.

El día de ayer, en la provincia de Celendín, una numerosa manifestación compuesta por pobladores del campo y la ciudad, con lemas como “ni Conga, ni Tía María van” salieron a las calles para expresar su solidaridad con El Valle del Tambo. La población celendina expreso también su enérgico rechazo al Gobierno de Ollanta Humala, quien a través de una represión brutal, viene tratando de imponer el proyecto minero Tía María, pese al rechazo de los agricultores de Cocachacra.

La movilización social de solidaridad con el pueblo de Arequipa, también contó con el desplazamiento de la Bandera Ecológica más grande del mundo “Mamapachapa Unanchan” (Bandera de la Madre Tierra). El dirigente Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional Celendina, manifestó que: “esta bandera nació en la resistencia contra el proyecto minero Conga en Cajamarca y recorrió creciendo por varias regiones del país en solidaridad con la resistencia Cajamarquina. Esta misma bandera que flameaba en el sur, ahora marcha en Celendín en solidaridad con nuestros hermanos de Arequipa”.

La jornada de resistencia culminó por la noche con una vigilia en la Plaza de Armas de la provincia de Celendín.

Fotos: Conga Conflict


Salvemos al Marañón

Por qué es importante

En el Perú, mediante el Decreto Supremo 020-2011-EM, se ha considerado al Río Marañón como la “Arteria Energética del Perú” y se ha declarado de interés nacional y social la construcción de veinte (20) centrales hidroeléctricas en la cuenca de este río, el cual, es uno de los ríos más importantes del Perú y principal afluente del río Amazonas.

Reasentamientos involuntarios de comunidades enteras, la destrucción de ecosistemas y de especies endémicas, la inundación de miles de hectáreas de bosques y emisión de Gases de Efecto Invernadero son algunos de los impactos socioambientales de la construcción de represas, propias de centrales hidroeléctricas con embalse, las cuales en el caso peruano no responden a una planificación integral y se dan en un clima de desconfianza y vulnerando el derecho de participación de ciudadanos que a pesar de vivir muy lejos de la capital, también son peruanos.

Las grandes represas ya han fragmentado y transformado los ríos del mundo, modificando el 46% de las vertientes básicas, además de dejar impactos negativos de difícil mitigación. No dejemos que esta historia se repita otra vez y menos en un río tan importante como el Marañón.

Esta petición será entregada a los titulares del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Cultura y de la Defensoría del Pueblo del Estado Peruano.
Firma y ayúdanos a difundir este pedido.

Para firmar, sigue el siguiente enlace: https://goo.gl/yavl7y

http://www.remandojuntos.org/


Una de las mineras de oro más ricas del mundo intenta desalojar
a una campesina que vive en un terreno que esta compañía reclama como suyo.
La empresa Yanacocha y el gobierno del Perú apuestan por un proyecto, Conga,
para explotar una gran reserva de oro. Dicen que de él depende el progreso del país.
Máxima Acuña se niega a irse de su casa y cambiar la única vida que conoce.
Por años ha vivido frente a una laguna que Yanacocha proyecta
convertir en un depósito de desechos tóxicos.
¿Vale más el oro de todo un país que
la tierra y el agua de una familia?

Un perfil de Joseph Zárate
Fotografías de Antonio Sorrentino / Phoss

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Fotografía de Antonio Sorrentino / Phoss

Fuente: etiquetanegra.com.pe

Una mañana de enero de 2015, con el fin de poner los cimientos de una casa, Máxima Acuña Atalaya picaba las piedras de una colina con golpes secos y certeros como los de un leñador. Acuña mide menos de un metro y medio, pero carga rocas del doble de su peso sobre la espalda y destaza un carnero de cien kilos en minutos. Cuando visita la ciudad de Cajamarca, la capital de la sierra norte del Perú donde ella vive, teme que la atropellen los autos, pero es capaz de enfrentar a una retroexcavadora en movimiento para defender el terreno que habita, el único con abundante agua para sus cultivos. Nunca aprendió a leer y escribir, pero desde 2011 ha impedido que una minera de oro la expulse de su casa. Para campesinos, defensores de derechos humanos y ecologistas, Máxima Acuña es un ejemplo de coraje y resistencia. Para quienes el progreso de un país depende de explotar sus recursos naturales, Máxima Acuña es una campesina terca y egoísta. O, peor aún, una mujer que busca sacarle dinero a una compañía millonaria.

—Me han dicho que debajo de mi terreno y de la laguna hay bastante oro —dice Máxima Acuña, con su voz aguda—. Por eso quieren que me largue de aquí.

La laguna se llama Azul, pero ahora luce gris. Aquí, en las montañas de Cajamarca, a más de cuatro mil metros de altitud, una espesa niebla lo cubre todo y disuelve el perfil de las cosas. No se oyen cantos de aves, ni hay árboles altos, ni cielo azul, ni flores en los alrededores, porque casi todas mueren congeladas por el viento frío cercano a los cero grados. Todas excepto las rosas y las dalias que Máxima Acuña lleva bordadas en el cuello de su blusa. La vivienda de barro, piedras y calaminas donde vive ahora, dice, está a punto de derrumbarse por las lluvias. Necesita construir una casa nueva, aunque no sabe si conseguirá hacerlo. Más allá de la niebla, a unos metros frente a su predio, está la Laguna Azul, donde hace unos años Máxima Acuña pescaba truchas junto a su esposo y sus cuatro hijos. La campesina teme que la empresa minera Yanacocha la despoje de la tierra donde vive y convierta la Laguna Azul en un depósito para unos quinientos millones de toneladas de desechos tóxicos que saldrán de un nuevo tajo minero.

En quechua, Yanacocha significa ‘Laguna Negra’. También es el nombre de una laguna que dejó de existir a inicios de los noventa para dar paso a una mina de oro de tajo abierto considerada en su mejor época la más grande y rentable del mundo. Debajo de las lagunas de Celendín, la provincia donde viven Máxima Acuña y su familia, hay oro. Para extraerlo, la minera Yanacocha ha diseñado un proyecto llamado Conga que, según economistas y políticos, llevaría al Perú hacia el Primer Mundo: vendrían más inversiones y por tanto más puestos de trabajo, modernas escuelas y hospitales, lujosos restaurantes, nuevas cadenas de hoteles, rascacielos y, como anunció el Presidente del Perú, quizá hasta un tren subterráneo en la capital. Para conseguir todo ello, sin embargo, Yanacocha dice que será necesario secar una laguna ubicada a más de un kilómetro al sur de la casa de Máxima Acuña, para convertirla en una mina de tajo abierto. Después, utilizaría otras dos lagunas para depositar allí los desechos. La Laguna Azul es una de ellas. Si eso sucede, dice la campesina, podría perder todo lo que su familia posee: las casi veinticinco hectáreas de tierra rebosante de ichu y otros pastos alimentados por manantiales. Los pinos y queñuales que le proveen de leña. Las papas, ollucos y habas que hay en su chacra. Y, sobre todo, el agua que beben su familia, sus cinco ovejas y sus cuatro vacas. A diferencia de sus vecinos que vendieron sus tierras a la compañía, la familia Chaupe-Acuña es la única que todavía vive junto a la futura zona de extracción del proyecto minero: el corazón de Conga. Ellos dicen que jamás se irán de allí.

—Algunos comuneros dicen que por mi culpa no tienen trabajo. Que la mina no funciona porque estoy acá —dice la campesina—. ¿Qué hago? ¿dejo que me quiten mi terreno y mi agua?

Máxima Acuña se detiene, deja de picar las rocas y se seca el sudor de la frente. Su pelea con Yanacocha, cuenta, se inició con la construcción de un camino. Una mañana de 2010, Acuña se levantó con un dolor punzante en el vientre. Tenía una infección en los ovarios que no la dejaba caminar. Sus hijos alquilaron un caballo para llevarla hasta la choza que heredaron de su abuela, en un caserío a ocho horas de allí, para que se recuperara. Un tío suyo se quedaría a cuidar su chacra. Tres meses después, cuando logró reponerse, ella y su familia regresaron a casa, pero encontraron algo distinto en el paisaje: la antigua trocha de tierra y piedras que cruzaba una parte de su predio se había convertido en un camino amplio y llano. Unos obreros de Yanacocha, les dijo su tío, habían llegado con aplanadoras. La campesina fue a reclamar a las oficinas de la compañía en las afueras de Cajamarca. Insistió durante días hasta que un ingeniero la recibió. Ella le mostró su certificado de posesión.

—Ese terreno es de la mina —dijo él, mientras ojeaba el documento—. La comunidad de Sorochuco lo vendió hace años. ¿Acaso no sabía?

Sorprendida y enfadada, la campesina solo tenía preguntas. ¿Cómo podía ser eso cierto si ella había comprado esa parcela en 1994 al tío de su marido? ¿Cómo podía ser si ella había criado ganado ajeno y ordeñado vacas durante años para ahorrar el dinero? Ella había pagado dos toros, de casi cien dólares cada uno, para adquirir ese terreno. ¿Cómo podía ser Yanacocha dueña del predio Tragadero Grande si ella tenía un papel que decía lo contrario? Esa tarde el ingeniero de la empresa la despidió de su oficina sin respuestas.

Medio año después, en mayo de 2011, días antes de su cumpleaños número cuarenta y uno, Máxima Acuña salió temprano a casa de una vecina para tejerle una frazada de lana de oveja. Al regresar encontró su choza reducida a cenizas. Los corrales de sus cuyes estaban tirados. La chacra de papas destruida. Las piedras que su esposo Jaime Chaupe juntaba para construir una casa estaban desperdigadas. Máxima Acuña denunció a Yanacocha al día siguiente, pero la denuncia fue archivada por falta de pruebas. Los Chaupe-Acuña construyeron una choza provisional. Intentaron seguir con sus vidas hasta que llegó agosto de 2011. El relato de Máxima Acuña y su familia sobre lo que Yanacocha les hizo a inicios de mes, es una secuencia de abusos que temen que se vuelva a repetir.

El lunes 8 de agosto un policía llegó hasta la choza y pateó las ollas donde preparaban el desayuno. Les advirtió que debían dejar el terreno. No lo hicieron.

El martes 9 unos policías y vigilantes de la minera confiscaron todas sus cosas, desataron la choza y le prendieron fuego.

El miércoles 10 la familia durmió a la intemperie sobre la pampa. Se taparon con ichu para protegerse del frío.

El jueves 11 un centenar de policías con cascos, escudos antimotines, garrotes y escopetas fueron a desalojarlos. Una retroexcavadora venía con ellos. La hija menor de Máxima Acuña, Jhilda Chaupe, se arrodilló frente a la máquina para impedir que ingresara al terreno. Mientras unos policías intentaban apartarla, otros apaleaban a su madre y hermanos. Un suboficial golpeó a Jhilda en la nuca con la culata de una escopeta, ella se desmayó y el escuadrón, asustado, se replegó. Ysidora Chaupe, la hija mayor, grabó el resto de la escena con la cámara de su celular. El video dura un par de minutos y se puede ver en Youtube: su madre grita, su hermana está inconsciente en el suelo. Los ingenieros de Yanacocha miran de lejos, al lado de sus camionetas. Los policías formados están a punto de marcharse. Ese día fue el más frío de ese año en Cajamarca, aseguran los meteorólogos. Los Chaupe-Acuña pasaron la noche a la intemperie a siete grados bajo cero.

La empresa minera ha negado esas acusaciones una y otra vez ante jueces y periodistas. Piden pruebas. Máxima Acuña sólo tiene certificados médicos y fotos que registran los moretones que le dejaron en los brazos y las rodillas. Ese día, la policía redactó un acta que acusa a la familia de haber atacado a ocho suboficiales con palos, piedras y machetes, pero a la vez reconoce que no tenía poder para desalojarlos sin el permiso de un fiscal.

—¿Has escuchado que las lagunas se venden? —pregunta Máxima Acuña, mientras levanta una pesada roca con las manos— ¿O que los ríos se venden, el manantial se vende y se prohíbe?

Después de que los medios difundieran su caso, la lucha de Máxima Acuña ganó seguidores en el Perú y el extranjero, pero también escépticos y enemigos. Para Yanacocha, ella es una usurpadora de tierras. Para miles de campesinos en Cajamarca y activistas del medio ambiente ella es La Dama de la Laguna Azul, como la empezaron a llamar cuando su resistencia se hizo conocida. La vieja metáfora de David contra Goliat se volvió inevitable: era la palabra de una campesina contra la de la minera de oro más poderosa de Latinoamérica. Pero lo que estaba en juego, en realidad, involucraba a todos: el caso de Máxima Acuña enfrenta diferentes visiones de aquello que llamamos progreso.

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Fotografía de Antonio Sorrentino / Phoss

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Salvo las ollas de acero en las que cocina y el diente postizo de platino que luce cuando sonríe, Máxima Acuña no tiene otro objeto de metal que sea valioso. Ni un anillo, ni una pulsera, ni un collar. Ni de fantasía ni de metal precioso. Le cuesta entender la fascinación que sienten las personas por el oro. Ningún otro mineral ha seducido y trastornado tanto la imaginación humana como el destello del metal con el símbolo químico Au. Basta revisar cualquier libro de Historia Universal para confirmar que el deseo de poseerlo ha precipitado guerras y conquistas, fortificado imperios, arrasado montañas y bosques. Hoy el oro convive con nosotros desde prótesis dentales hasta componentes de celulares y laptops, desde monedas y trofeos hasta lingotes de oro en bóvedas bancarias. El oro no es vital para ningún ser vivo. Sirve, sobre todo, para alimentar nuestra vanidad y nuestras ilusiones de seguridad: cerca del sesenta por ciento del oro que se extrae en el mundo termina en forma de joyas. Y un treinta por ciento se utiliza como respaldo financiero. Sus principales virtudes —no se oxida, no pierde su brillo, no se deteriora con el tiempo— lo vuelven uno de los metales más codiciados. El problema es que cada vez hay menos oro para explotar.

Desde niños hemos imaginado que el oro se extrae por toneladas y que cientos de camiones lo transportan en forma de lingotes hasta las bóvedas de los bancos, pero en realidad es un metal escaso. Si pudiéramos juntar todo el oro que se ha obtenido a lo largo historia y lo derritiéramos, apenas alcanzaría para llenar dos piscinas olímpicas. Sin embargo, para obtener una onza de oro —cantidad suficiente para fabricar un anillo de matrimonio— hace falta extraer cerca de cuarenta toneladas de tierra, tanto como para llenar treinta camiones de mudanza. Los depósitos más ricos del planeta se agotan y cada vez es más difícil hallar nuevas vetas. Casi todo el mineral que queda por extraer —una tercera piscina— yace enterrado en minúsculas cantidades bajo montañas y lagunas inhóspitas. El paisaje que queda luego de la extracción revela un contraste superlativo: mientras que las compañías mineras dejan agujeros en la tierra tan descomunales que pueden verse desde el espacio, las partículas extraidas son tan diminutas que hasta doscientas de ellas cabrían en la cabeza de un alfiler. Una de las últimas reservas de oro del mundo yace bajo los cerros y lagunas de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, donde la minera Yanacocha opera desde fines del Siglo XX.

El Perú es el exportador de oro número uno de América Latina y el número seis del mundo, después de China, Australia y Estados Unidos. Esto se debe, en parte, a las reservas de oro que tiene el país y a las inversiones de transnacionales como Newmont, el gigante de Denver, quizá la minera más rica del planeta y dueña de más de la mitad de las acciones de Yanacocha. En un solo día Yanacocha excava unas quinientas mil toneladas de tierra y roca, un peso equivalente a quinientos aviones Boing 747. Montañas enteras desaparecen en semanas. Hasta fines de 2014, una onza de oro costaba cerca de mil doscientos dólares. Para extraer esa cantidad, necesaria para fabricar unos aretes, se producen casi veinte toneladas de residuos con restos de químicos y metales pesados. Estos desechos son tóxicos por una razón: hay que verter cianuro sobre la tierra removida para extraer el metal. El cianuro es un veneno mortal. Una cantidad del tamaño de un grano de arroz basta para matar a un ser humano, y un millonésimo de gramo disuelto en un litro de agua puede matar decenas de peces de un río. La minera Yanacocha insiste en que el cianuro se mantiene dentro de la mina y es tratado con los más altos estándares de seguridad. Muchos cajamarquinos no creen que esos procesos químicos sean tan limpios. Para probar que su miedo no es absurdo o antiminero cuentan la historia de Hualgayoc, una provincia minera donde las aguas de dos de sus ríos son de color rojo y donde ya nadie se baña. O la de San Andrés de Negritos, donde una laguna que abastecía a la comunidad se contaminó con el aceite quemado que se filtraba de la mina. O la del pueblo de Choropampa, donde un camión que transportaba mercurio derramó el veneno por accidente e intoxicó a cientos de familias. Como actividad económica, cierto tipo de explotación minera resulta inevitable y necesaria para llevar la vida que llevamos. Sin embargo, la minería, aún la más avanzada en tecnología y la menos agresiva con el ambiente, es considerada una industria sucia en todo el mundo. Para Yanacocha, que ya tiene antecedentes en el Perú, limpiar su imagen de errores ambientales puede ser una tarea tan difícil como resucitar las truchas de un lago contaminado.

El rechazo de las comunidades preocupa a los inversionistas mineros, pero no tanto como la posibilidad de que sus ganancias disminuyan. Según la empresa Yanacocha, solo quedan reservas de oro para cuatro años más en sus minas en actividad. El proyecto Conga —que será casi tan grande como una cuarta parte de Lima— permitiría continuar con el negocio. Yanacocha explica que deberá secar cuatro lagunas, pero que construirá cuatro reservorios de agua que se alimentarán de las lluvias. Según su estudio de impacto ambiental, será suficiente para abastecer a las cuarenta mil personas que beben de los ríos nacidos de aquellas fuentes. La minera explotará oro durante diecinueve años pero promete emplear a unas diez mil personas e invertir casi cinco mil millones de dólares que le darán al país más dinero en impuestos. Esa es su oferta. Los empresarios tendrían más dividendos y el Perú más fondos para invertir en obras y puestos de trabajo, la promesa de prosperidad para todos.

Pero así como hay políticos y líderes de opinión que apoyan el proyecto por motivos económicos, también hay ingenieros y ambientalistas que se oponen por razones de salud pública. Expertos en manejo de aguas como Robert Moran, de la Universidad de Texas, y Peter Koenig, ex funcionario del Banco Mundial, explican que las veinte lagunas y seiscientos manantiales que existen en la zona del proyecto Conga forman un sistema interconectado de agua. Una especie de aparato circulatorio creado durante millones de años que alimenta a los ríos y riega las praderas. Dañar cuatro lagunas, dicen los expertos, afectaría para siempre todo el conjunto. A diferencia de otras zonas de los Andes, en la sierra norte del Perú —donde vive Máxima Acuña—, no existen glaciares para abastecer de suficiente agua a sus habitantes. Las lagunas de estas montañas sirven como reservorios naturales. La tierra negra y los pastos funcionan como una extensa esponja que absorbe las lluvias y la humedad de la niebla. De ahí nacen los manantiales y los ríos. Más del ochenta por ciento del agua en el Perú se destina a la agricultura. En la cuenca central de Cajamarca, según un reporte del Ministerio de Agricultura de 2010, la cantidad de agua utilizada por toda la minería en un año representó casi la mitad de lo que consumió la población de la zona durante el mismo periodo. Hoy miles de agricultores y ganaderos temen que la explotación de oro contamine las únicas fuentes de agua que tienen.

En Cajamarca y otras dos provincias implicadas en el proyecto, los muros de algunas calles están pintados con grafitis: «Conga no va», «Agua sí, oro no». En 2012, el año más tenso de las protestas contra Yanacocha, la encuestadora Apoyo anunciaba que ocho de cada diez cajamarquinos estaba en contra del proyecto. En Lima, donde se toman las decisiones políticas del Perú, la bonanza crea el espejismo de que el país seguirá llenando sus bolsillos de dinero. Pero eso solo será posible si Conga va. De lo contrario, advierten algunos líderes de opinión, ocurrirá una catástrofe. «Si Conga no va, sería como dispararnos a los pies», escribió en una columna el ex ministro de economía Pedro Pablo Kuczynski. Para los empresarios, el proyecto Conga sería un salvavidas: el hito del Antes y el Después. Para campesinos como Máxima Acuña, también significaría una bisagra en su historia: sus vidas no volverán a ser las mismas si pierden su principal riqueza. Hay quienes dicen que la historia de Máxima Acuña es utilizada por grupos antimineros que se oponen al desarrollo del país. Sin embargo, hace tiempo que las noticias locales empañan el optimismo de los que quieren inversiones a toda costa: hasta febrero de 2015, en promedio siete de cada diez conflictos sociales en el Perú fueron causados por la actividad minera, según la Defensoría del Pueblo. En los últimos tres años, uno de cada cuatro cajamarquinos ha perdido su empleo. De acuerdo a las estadísticas oficiales, Cajamarca es la región que más oro produce pero la que más pobres tiene en todo el país.

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Fotografía de Antonio Sorrentino / Phoss

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Si alguien intentara visitar a Máxima Acuña puede que una tranquera de metal se lo impida. Para llegar a su casa, es necesario viajar cuatro horas en furgoneta desde Cajamarca a través de valles, cerros y abismos hasta los alrededores de la Laguna Azul. Hacerlo no sería complicado si no hubiera que pasar por el puesto de vigilancia del proyecto minero Conga. Si eres de Lima o del extranjero, no te dejarán continuar. Si dices que vas a visitar a Máxima Acuña no pasarás, a menos que saques una cámara de televisión. «Esa señora tiene problemas con la mina», dirá el vigilante, con chaleco naranja y walkie-talkie en la mano. Entonces te hará bajar del vehículo y anotará tu nombre en una libreta y le dirás que ese es un camino público y el repetirá que no, señor, no se puede, esta vía es sólo para comuneros. Si insistes, llamará a los policías que patrullan en una camioneta de la minera. «Es propiedad privada», dirán ellos. Entonces quizá pagues algo extra al chofer que te ha llevado hasta ahí para tomar un desvío y viajar dos horas más hasta Santa Rosa, la comunidad más cercana a la casa de los Chaupe-Acuña. Llegarás de noche. A cambio de más dinero, un campesino tal vez acepte llevarte en su motocicleta por una trocha llena de charcos, hasta llegar cerca a otro puesto de vigilancia. Entonces tendrás que bajar de la moto y cruzar una colina, a oscuras y agachado, para que los guardias de Yanacocha no te vean. Al otro lado, la motocicleta espera. Sigues. Diez minutos después llegas al terreno. Todo alrededor es barro y pasto y neblina. Ladran unos perros. Enciendes la linterna para divisar la casa. Caminar por allí de noche es como andar a ciegas.

—Aquí vivimos secuestrados —dijo Máxima Acuña la noche en que la conocí, mientras atizaba la leña para calentar una olla de sopa—. No podemos salir lejos, no podemos recibir visitas, no podemos caminar con libertad. Es muy triste vivir como yo vivo.

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Tres décadas antes de convertirse en La Dama de la Laguna Azul, Máxima Acuña era una niña a la que le aterraban los policías. Cada vez que veía uno por las calles de su pueblo, lloraba y se aferraba a la falda de su madre. La asustaban aquellos hombres de uniforme verde petróleo y botas polvorientas. Máxima, la tercera de cuatro hermanos, era demasiado tímida. Cuando llegaban visitas a su hogar en el caserío de Amarcucho, a setenta kilómetros al norte de Cajamarca, ella se escondía. No tenía amigas. No jugaba con muñecas, pero le gustaba confeccionar ropa para los recién nacidos de su barrio. Con los años su cuerpo cambió pero no su personalidad. No salía a fiestas. No hablaba con chicos. «En realidad, no hablaba con nadie y era bien terca», recuerda Jaime Chaupe, su esposo, quien se casó con ella cuando tenía dieciocho años, después de insistirle durante cuatro. Ella pasaba el día tejiendo sombreros o limpiando los corrales de los cuyes o recogiendo leña y ayudando a su madre en la chacra. Su padre murió cuando era una niña y nunca la enviaron a la escuela. Deseaba crecer pronto para trabajar, tener su propia chacra y comprarse un par de zapatos. Quería que, si algún día tenía hijos, no caminaran descalzos como ella.

Máxima Acuña dice que descubrió que tenía coraje cuando vio cómo la policía golpeaba a su familia, en el primer enfrentamiento con la minera Yanacocha. Durante sus primeros años de matrimonio la familia de su esposo la marginaba por ser analfabeta. Por eso siempre fue muy severa con sus hijos al punto de pegarles si no estudiaban. A lo largo de casi cinco años de juicios, apelaciones y audiencias que tuvo desde que la intentaron desalojar de Tragadero Grande, supo qué otras cosas no quería para su vida. Decidió, por ejemplo, que jamás viviría en una ciudad. La primera vez que fue a Cajamarca para denunciar la destrucción de su primera choza, casi la atropellan dos veces por no saber qué significaba la luz roja del semáforo. Descubrió que el humo de los autos le provoca sarpullido, que los tallarines de los restaurantes le saben asquerosos, que detesta el sabor de las aceitunas y que no puede salir a la calle sola porque siempre se pierde. También descubrió que podía expresar lo que sentía a través de canciones. A Máxima Acuña le gusta cantar. En las marchas junto a otros campesinos y activistas, nunca falta alguien que le anima a pararse ante la multitud e improvisar un yaraví —un canto andino triste— que narra su lucha. Cuando comenzó su pelea con Yanacocha descubrió también cómo se llamaba: siempre había pensado que ella era Maximina, como le decía su madre, hasta que su abogada, al leerle su documento de identidad, le dijo que su verdadero nombre era Máxima. El suyo era un nombre sin diminutivos.

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Fotografía de Antonio Sorrentino / Phoss

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Un día antes de que Máxima Acuña tomara un avión rumbo a Ginebra para denunciar su caso en las Naciones Unidas, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recuerda que pasó la tarde con ella en su departamento en Miraflores. Silva Santisteban dice que cuando salieron a pasear por el malecón, Máxima miraba todo con curiosidad: jamás había visto construcciones tan altas, ni cruzado avenidas tan luminosas. Jamás había visto el mar de noche ni desde esa distancia. Pero lo que más le intrigaba era cómo hacían los limeños para llevar agua hasta el último piso de los edificios.

Antes de convertirse en un ícono de lucha antiminera, a Máxima Acuña le sudaban las manos y se ponía nerviosa al hablar ante una autoridad. Le costó aprender a defenderse delante de un juez. Después que intentaran desalojarla en agosto de 2011, Yanacocha denunció a la familia Chaupe-Acuña por el delito de usurpación agravada. Según los abogados de la empresa, los campesinos habían invadido el terreno luego de golpear a policías y vigilantes privados. Desde esa fecha, la familia tuvo que asistir a las audiencias —primero en Celendín, la provincia donde viven, y luego en Cajamarca— pero no tenían dinero para el transporte. Los esposos Chaupe-Acuña debían levantarse de madrugada y caminar durante ocho horas hasta la comunidad de Sorochuco para tomar un bus que los llevara al juzgado. Cuando por fin llegaban, los magistrados solían postergar la sesión porque los representantes de Yanacocha no podían asistir. En la ciudad de Cajamarca, los cuatro hijos de Máxima Acuña estaban alertas. Ellos viven juntos en un cuarto alquilado al fondo de una carpintería. Allí comen, estudian y duermen. Dicen que se mudan cada cierto tiempo por seguridad. Una noche dos hombres con pasamontañas amenazaron de muerte a Ysidora Chaupe cuando salía de la universidad donde estudia Contabilidad. Daniel Chaupe, su hermano menor, quien enfermó luego de que los policías lo golpearan en los pulmones, fue rechazado de un trabajo en una ferretería por ser hijo de «una antiminera». Mientras, en Tragadero Grande, Máxima Acuña y su esposo aseguran haber soportado el acoso de la empresa. Cuentan que las camionetas de Yanacocha se estacionaban frente al terreno hasta seis veces al día. Los vigilantes tomaban fotos, observaban qué hacía la familia. Un día, dice Máxima, un vehículo de la mina atropelló a dos carneros y robó dos más. En otra ocasión mataron a Mickey, el perro que cuidaba las ovejas y ladraba a todo aquel que se acercara a su terreno. Algunas noches dicen haber escuchado disparos. Lo cuenta toda la familia. Quisieran tener forma de probarlo.

En la corte de Celendín, los Chaupe-Acuña perdieron dos juicios. Fueron sentenciados a casi tres años de prisión y a pagar cerca de dos mil dólares como reparación a la minera. Debían abandonar ese terreno que habían invadido. Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña, explica que los jueces y fiscales no tomaron en cuenta las pruebas que había presentado la familia, como el certificado de posesión y el testimonio de los parientes a quienes habían comprado el terreno. La defensa de los Chaupe-Acuña apeló a la Corte Superior de Cajamarca y se inició un nuevo juicio. Durante esos meses, con el apoyo de la cooperación internacional, Máxima Acuña y su hija mayor viajaron a Europa para contar su caso en el extranjero. En Suiza —el país que más oro le compra al Perú— se entrevistó con una oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En Francia se reunió con el sindicato metalúrgico y con una senadora que meses después fue a visitarla a su terreno. En Bélgica, durante un foro sobre derechos humanos, le contaron sobre otras mujeres con historias parecidas a la de ella. Yolanda Oqueli, Guatemala: madre de dos niños, baleada varias veces por liderar protestas pacíficas contra un proyecto minero que invadiría dos comunidades rurales. Carmen Benavides, Bolivia: amenazada por combatir la minería industrial que contamina el río donde habita su etnia. Francia Márquez, Colombia: perseguida por paramilitares que quieren en su pueblo minería de oro a gran escala. Francisca Chuchuca, Ecuador: denunciada por oponerse a un proyecto minero de oro que contaminaría dos ríos que abastecen a medio millón de campesinos. Entre 2012 y 2013, la Unión Latinoamericana de Mujeres registró cien agresiones a defensoras de la tierra y el agua en todo el continente. Las acusan de oponerse al progreso.

Máxima Acuña, sin embargo, es diferente a todas ellas: ella no es dirigente, ni activista, ni tiene aspiraciones de ser líder. «Solo quiero que me dejen vivir tranquila en mi terreno y que no contaminen mi agua», ha declarado. Sin proponérselo, la mujer que fue elegida Defensora del Año 2014 por la Unión Latinoamericana de Mujeres, pasó de ser una señora tímida a inspirar a quienes luchan para evitar el despojo de sus tierras. «Ella es una de las pocas personas que no se ha vendido a la mina», dice Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, que pasó varias noches en Tragadero Grande, junto a cientos ronderos y defensores de las lagunas durante las protestas. Glevys Rondón, directora ejecutiva de la Fundación para el Monitoreo de la Actividad Minera en América Latina y traductora de Máxima Acuña durante su viaje a Europa, dice que a diferencia de la mayoría de defensoras, que tienen un discurso articulado, el de su amiga peruana es muy personal e íntimo. «En el mundo hay más Máximas», dice Rondón. En 2003, un empresario enjuició al argentino José Luis Godoy por la supuesta usurpación de un terreno que habita desde hace seis décadas y que tiene canteras de granito rojo. En 2011, la policía quemó la casa del ecuatoriano Alfredo Zambrano para que abandonara el pedazo de bosque tropical donde vive y que el gobierno expropió para construir una represa. En 2012, unos sicarios le sacaron los ojos al hijo de la venezolana Carmen Fernández por oponerse a que las tierras de su etnia sean entregadas a las mineras de carbón. En 2014, el nicaragüense Fredy Orozco fue acusado de guerrillero por no dejar que la policía lo desalojara de sus tierras de cultivos para construir un canal interoceánico. A ellos, al igual que a Máxima Acuña, los han acusado de sacrificar el progreso de sus países por un beneficio personal. De victimizarse delante de los periodistas para sacar provecho de las empresas. De ser utilizados por personas u organizaciones que trabajan para sus propios intereses.

—Todo el que cuestione a las compañías extractivas y sea un aliado de los defensores de la tierra y el agua va a ser atacado —dice el activista y ex sacerdote Marco Arana, denunciado en múltiples ocasiones por Yanacocha—. A Máxima la llaman terrateniente, a nosotros terroristas.

Máxima Acuña explica que solo quiere conservar la única vida que conoce y le pertenece: cultivar papas, ordeñar vacas, tejer mantas, beber el agua de sus manantiales y pescar truchas en la Laguna Azul sin que un vigilante le diga «esto es propiedad privada». Preferiría no tener que pelear para seguir con su vida, dice. Por eso cuando le piden que narre lo que le ha hecho la minera, a veces se niega. Dice que durante las reuniones en Europa repetía su historia diez veces al día. Terminaba tan harta y deprimida que al llegar al hotel solo podía dormir.

Cuando regresó a Lima de ese viaje, su salud colapsó. Durante esos meses, con la incertidumbre del proceso judicial, sufría dolores de cabeza, mareos y se desmayaba. Rocío Silva Santisteban la llevó al doctor. El diagnóstico: estrés severo, acentuado por los síntomas de la menopausia. Debía descansar. Le recetaron pastillas para dormir, jarabes y hormonas. Recibió terapia psicológica. Dejó de dar entrevistas. Mientras Máxima Acuña recuperaba fuerzas para su tercer juicio en Cajamarca, Yanacocha amplió su pool de abogados a seis y contrató a Arsenio Oré Guardia, una eminencia del derecho penal en el país y asesor de otras mineras poderosas como Barrick y Doe Run. La abogada Mirtha Vásquez reconoce que se sintió intimidada al litigar con Oré Guardia, autor de libros que ella había estudiado con obsesión en la universidad. Si antes habían perdido dos juicios, ahora existía el riesgo de perder contra un maestro del Derecho. La abogada Vásquez reunió a la familia Chaupe-Acuña en su oficina. Quería ser sincera: esa sentencia, les dijo, era la última oportunidad que tenían para ganar. Si perdían la familia debía considerar la posibilidad de irse a vivir a otra parte. Sí se quedaban sus vidas correrían peligro. Máxima Acuña le dijo que se quedaría a morir allí.

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A fines de 2014, la Corte Superior de Cajamarca declaró que los Chaupe-Acuña eran inocentes de la supuesta ocupación ilegal de Tragadero Grande. Luego del fallo, Máxima Acuña creyó que la empresa minera Yanacocha dejaría de hostigarla para que se fuera. Entonces eligió con su familia una colina protegida por un cerro a doscientos metros de su casa para levantar una nueva vivienda, pues la que tenía estaba a punto de caerse por las lluvias. Ella y su familia abrieron zanjas, recolectaron piedras para las bases y empezaron a hacer las paredes con arcilla. Pero unas semanas después de que colocaran las primeras rocas, hombres de seguridad y obreros de Yanacocha ingresaron al terreno con picos y palas para destruir los cimientos. Máxima Acuña, su esposo y dos muchachos que en ese momento ayudaban a levantar los muros, intentaron defenderse con piedras. La seguridad de la minera los ahuyentó a garrotazos. Esa tarde, Yanacocha difundió un video de lo ocurrido. Dijo que el lugar donde los Chaupe-Acuña construían no pertenecía a las tierras en litigio, y que actuaron en defensa de su posesión. La abogada de Máxima Acuña desmintió a Yanacocha: el fallo de la Justicia, explicó, involucraba todo el territorio que abarca Tragadero Grande. Se trataba, dijo, de un acto intimidatorio. La policía de Cajamarca —que tiene un convenio para prestar seguridad a la minera— no intervino. Solo hubo un escuadrón de suboficiales a un lado del camino junto al terreno, observando desde lejos cómo Yanacocha deshacía en minutos lo que los Chaupe-Acuña habían construido.

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Fotografía de Antonio Sorrentino / Phoss

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Algunas oficinas de la sede principal de la minera Yanacocha, en Lima, se llaman El Perol, Mamacocha, Chailhuagón, Azul. Son los nombres de lagunas que podrían desaparecer por la extracción de oro del proyecto Conga. El químico Raúl Farfán es director de Asuntos Externos de la compañía y tiene su despacho junto a esas oficinas. Es un hombre joven de pelo engominado y ojos atentos que una mañana me recibió en su departamento de Chacarilla, una zona residencial de Lima. Su trabajo es encargarse, entre otras cosas, de las buenas relaciones entre la minera y las comunidades. Él, quien ha dedicado la mitad de su vida a temas de responsabilidad social en compañías como Shell, Antamina y Xtrata, dijo que entendía las razones por las que la población desconfiaba de Yanacocha —«es normal que en estos casos sintamos simpatía por el más débil»— pero que no todo lo que había declarado la familia era cierto.

—No destruimos su casa —aseguró Farfán, quien llevaba diez meses en su cargo— sólo removimos los cimientos de una nueva construcción para que no sigan invadiendo nuestro predio.

Para explicar mejor las razones de esa decisión, el químico sacó un mapa. En él estaban contemplados dos terrenos comprados a la comunidad de Sorochuco en 1996 y en 1997 por el proyecto Minas Conga. Dentro de esas compras estaría incluido el predio Tragadero Grande que Máxima Acuña y su familia reclaman como suyo. La junta directiva de Sorochuco firmó los documentos de compra-venta. Samuel Chaupe, suegro de Máxima Acuña, también firmó y avaló la transferencia del terreno. De hecho, dijo Farfán, hay fotos satelitales para probar que los Chaupe-Acuña mienten al decir que vivieron allí desde 1994: en esas imágenes no hay chozas ni chacras. Para la empresa, la familia invadió los terrenos recién en 2011, cuando estalló el conflicto de Conga. Yanacocha dice que el certificado de posesión que muestra Máxima Acuña no es un título de propiedad. Que solo la comunidad de Sorochuco, que sí tenía títulos, podía vender esas tierras. Que por eso los denunció y pidió a la policía desalojarlos. Esa es su versión.

—Con la construcción de la nueva casa, estaban cometiendo una nueva invasión —dijo Farfán—. Si ves que alguien extraño construye en tu propiedad, tienes el derecho de remover esos cimientos en los quince días siguientes. Eso dice la ley. Hemos defendido nuestra posesión.

Miguel Ayala, quien era presidente de la comunidad de Sorochuco cuando se vendieron los primeros terrenos para el proyecto Conga, dice que la versión de la empresa está distorsionada.

—La minera dice que la familia ha invadido, pero cómo puede ser si hace quince años yo firmé y les di a los Chaupe el certificado de posesión de su terreno —dice—. La comunidad es testigo de que ellos vivían allí incluso desde antes de que tuvieran el certificado.

Sentado en un rincón de la bodega que tiene en Cajamarca, Ayala recuerda que los esposos Chaupe-Acuña llegaban desde Tragadero Grande a Sorochuco para hacer trueque. Traían papas y ollucos y las cambiaban por las arvejas o el maíz que otros comuneros como Ayala producían. En las alturas de Celendín, Máxima Acuña era vecina de su suegro, Samuel Chaupe, quien sí vendió su parcela a la mina porque firmó el documento que cedía los terrenos a Yanacocha.

—Máxima y Jaime no firmaron —dice Ayala— por lo tanto no vendieron su predio.

La disputa entre la familia de Máxima Acuña y la empresa minera se convirtió también en un asunto de números e interpretaciones geográficas. En 2012, cuando la disputa entre los Chaupe-Acuña y Yanacocha recién se iniciaba, un experto del Gobierno Regional de Cajamarca, el ingeniero civil Carlos Cerdán, viajó hasta Tragadero Grande, el predio de la discordia. Cerdán, un hombre flaco de nariz angulosa y de anteojos gruesos, es experto en mapas. Durante una mañana el especialista delimitó el área exacta del terreno usando tres GPS, la carta nacional y los límites que registran las escrituras de ambas partes. El estudio concluyó que la parcela adquirida por los Chaupe-Acuña —casi veinticinco hectáreas— no formaría parte de las tierras compradas por Yanacocha. O en todo caso, me explicó Cerdán, sólo una parte estaría dentro del terreno de la empresa, pero no toda la parcela. Esto ocurre por un detalle: si bien los límites están claros en los documentos de ambas partes, hay problemas de cálculo. Todo es una confusión de números y papeles que no se ajustan a la realidad. No hay mapas infalibles.

—Pero todos cometemos errores —dijo el ingeniero—. Incluso puede que yo esté equivocado.

El estudio del experto en mapas no fue considerado en ningún momento del juicio. Tanto la defensa de los Chaupe-Acuña como la de Yanacocha han reconocido que para resolver la disputa sería necesario ir a un juicio civil donde cada uno presentara sus pruebas para demostrar quién es el propietario. Aún cuando este proceso se inicie, Yanacocha no dejará que Máxima Acuña y su familia construyan una nueva casa.

—Queremos evitar que haya una invasión sistemática de terrenos, que venga otra familia y quiera invadir —dice Raúl Farfán, directivo de Yanacocha—. No queremos sentar un precedente.

El gerente de Asuntos Legales de la minera, el abogado Wilby Cáceres, es más enfático en su temor. Para él, la zona donde los Chaupe-Acuña intentan construir otra vivienda ha sido habitada por dirigentes antimineros durante las protestas contra el proyecto Conga. «Nos preocupa que la propiedad sea ocupada por ellos». Aunque otros ejecutivos de Yanacocha no lo reconocerían delante de una grabadora, hay otra razón evidente: si Máxima Acuña y su familia se quedan ahí, Conga no podría realizarse.

***

La Dama de la Laguna Azul está de pie, vigilando sus ovejas sobre la pampa. Lleva un radio a pilas colgado en el hombro derecho y escucha huaynos de una emisora evangélica llamada Tigre. Ha pasado un mes desde la vez que ella picaba y cargaba piedras en esta colina, solo que ahora el terreno que pisa está cubierto con escombros de barro, paja y madera mojada por las lluvias. Son los restos que quedaron de lo que iba a ser su nueva casa. Junto a ellos, a unos metros, la minera Yanacocha ha colocado un extenso cerco de malla a lo largo de una pradera para criar alpacas. Dentro hay una caseta de seguridad que mira directamente a la casa de Máxima Acuña. La campesina dice que uno de los vigilantes se acercó hace unos días para ofrecerle trabajo a su esposo. Le dijo que Yanacocha ya no quería pelear.

—Ahora quieren paz, quieren diálogo. ¿Acaso soy cualquier cosa para que me hagan lo que les da la gana y de ahí no pasa nada? —se queja Máxima Acuña, levantando la voz en medio de la pampa—. Me han difamado. Han golpeado a mis hijos. Ahora quieren darnos trabajo. Prefiero no tener plata. Mi tierra me hace feliz, pero el dinero no.

Por esos días, algunos medios habían difundido la existencia de unos títulos de propiedad que demostraban que los esposos Chaupe-Acuña era dueños de otros nueve terrenos —casi ocho hectáreas en total— en Sorochuco. Esas noticias daban a entender que la familia llegaba a un terreno vacío, lo ocupaba y luego se lo apropiaba. Sin sutilezas, presentaban a Máxima Acuña con una usurpadora profesional. Ysidora Chaupe, hija mayor de la campesina, recuerda que luego de esas noticias recibió decenas de llamadas de gente que apoyaba su causa y que le preguntaba si en verdad tenían más terrenos y por qué no lo habían mencionado antes.

—Nos han difamado diciendo que tenemos una casa en Cajamarca, que mi mamá es una terrateniente, que ella ha trabajado en un chifa de Lima, que quiere sacarle plata a la mina —me dijo Ysidora Chaupe, mientras amamantaba a su hijo recién nacido—. Pero no nos importa si la gente no nos cree. Tenemos los documentos. Ya declaramos todo en el juicio.

En las escrituras de compra-venta que guarda Máxima Acuña, esos terrenos aparecen como herencia de sus padres o compras a sus hermanos, por los que ha pagado un carnero o un toro. Son parcelas dispersas, ubicadas en laderas de cerros. Algunas tienen pasto, en otras hay leña, maíz o arvejas que solo se pueden cultivar cuando llueve. Se calcula que una familia campesina de la sierra del Perú necesita poseer treinta y dos hectáreas de tierra para producir el equivalente a una hectárea de tierra en la costa, por las dificultades que presenta. Tragadero Grande, dice Máxima Acuña, es el único lugar que tiene para vivir porque allí hay pasto abundante, el territorio es extenso para tener ganado y sobre todo porque, a diferencia de los otros terrenos, es el único que tiene fuentes de agua: allí hay manantiales por todos lados. A pesar de eso, algunos medios acusaron a su abogada Mirtha Vásquez y a Grufides, la oenegé que dirige, de victimizar a la familia Chaupe-Acuña. Dicen que Vásquez es inmoral y mentirosa. Incluso, cuenta la abogada, han ingresado a su casa dos veces para romper todas sus cosas. No puede asegurar quiénes fueron pero lo sospecha, porque no le robaron nada.

—Algo nos tenían que cobrar —dice Vásquez, que también es profesora en la universidad y madre de dos hijos—. Yanacocha no va a perdonarnos que le hayamos ganado un juicio. Solo temo por Máxima y su familia. A veces pienso que esto nos está costando más que lo que valen veinticinco hectáreas de terreno.

Hasta marzo de 2015, la minera Yanacocha había puesto seis denuncias más por usurpación a la familia Chaupe-Acuña. Los han denunciado por hacer una chacra de papas, por plantar pinos en sus linderos, por salir a pastar las ovejas en otra zona del terreno, incluso por quemar ichu para llamar a la lluvia, como es costumbre entre los campesinos de la zona. Ahora hay un cerco de metal al costado de su terreno que les ha cerrado el camino a Sorochuco donde hacen trueque o compran algunos alimentos. Los comuneros y activistas que defienden las lagunas de Cajamarca están organizándose para llegar hasta allí, construir la casa de los Chaupe-Acuña y montar guardia para protegerlos. El presidente regional de Cajamarca, Porfirio Medina, ha dicho que si algo le pasara a la campesina, «el pueblo librará todas las batallas necesarias contra los abusos de la minera». Máxima Acuña solo insiste en que así venga el dueño de Yanacocha a disculparse, no sacará de su mente lo que ha sufrido.

—Eso está sembrado dentro de mí —dice.

Una lluvia gruesa cae de pronto sobre Tragadero Grande. Máxima Acuña apura el paso de sus botas de jebe para volver a su casa. Un perro blanco y escuálido la sigue sin dejar de ladrarle.

—Se llama Johnny —dice la campesina y suelta una risa irónica.

Dice que es en “honor” al vigilante de Yanacocha que quemó su primera choza, y que tenía el mismo nombre.

Una de las últimas noches que pasé en Tragadero Grande, días antes de que destruyeran los cimientos de la nueva casa, la pareja de campesinos y yo cenamos un plato de sopa de fideos, envueltos en varias frazadas, sobre un par de colchones. Las camionetas de seguridad de Yanacocha se habían estacionado cinco veces frente a su terreno durante ese día. Unos vigilantes —acompañados de policías con cascos, garrotes y escudos, pero sin identificación— ingresaron al predio para tomar fotos y filmar lo que los esposos construían.

—Algo malo va a pasar, mi coca se ha puesto amarga —susurró Jaime Chaupe, un hombre supersticioso, mientras masticaba hojas de coca y fumaba un cigarrillo—. No sé, hay veces en que quiero largarme ya.

La lluvia golpeaba el techo de calamina, como si intentara romperlo.

—No te acobardes —dijo Máxima Acuña—. A esos policías no les tengo miedo.

Entonces apagó la vela y se acostó junto a su esposo.♦


Fuente: elgranangular.com

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales alrededor de conflictos mineros.

Perú es el cuarto país del mundo más mortal  para los defensores ambientales y de la tierra, según el estudio de la organización Global Witness. Al menos 57 activistas fueron asesinados entre 2002 y la actualidad,  la mayoría de estas muertes fue por conflictos relacionados con proyectos de minería. El 56% de los presuntos autores de las muertes fue a manos de los  policías, y el 17% fue esta fuerza de seguridad junto con las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada.

Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las “dádivas” de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Esta región minera alberga relatos de impunidad, de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido.

La lucha del campesino Isidro Llanos

Sus lágrimas caen a borbotones de sus ojos, y recorren los surcos del anciano rostro. Paula Llanos no puede contener ese llanto ahogado al comenzar a  hablar de su “hermanito”, Isidro. Sus manos, embrutecidas por llevar toda una vida trabajando en el campo, y deformadas, por la artrosis, tratan de secar sus lágrimas.

“La mina, lo mataron a mi hermanito, mi papacito. Él sólo por resguardar esas aguas. Esos delincuentes, esos arrastrados, lo mataron”, se lamenta. Isidro Llanos era un hombre de campo, 58 años dedicados a cultivar sus tierras, y a criar ganado. El 2 de agosto de 2006 lo mataron en Combayo.

El río Azufre parecía condenado a un destino de contaminación. La empresa Yanacocha se instaló en los años noventa en el cerro Carachugo, ahí  se fundió la primera barra doré. En 2006, las intenciones de la empresa de ampliar el proyecto minero  (Carachugo II), movilizaron a la población. “Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino”, relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. “No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso”, comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. En diciembre de 2010 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca decidió liberar de cargos a los tres policías supuestamente involucrados, aduciendo no tener pruebas suficientes que los incriminen.  “No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo”, relata Paula Llanos.

“Nueve años después de la muerte de Isidro Llanos, no hay ningún culpable”

Vive en una herrumbrosa casa de adobe junto a su familia compuesta por mujeres. Cajamarca es la región más pobre del país, más de la mitad de sus habitantes (53.7%) viven en la pobreza y más del 20%  en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Enaho 2012.  Las dos niñas juegan animadamente con su hermanita de apenas dos años. Sus risotadas ignoran por un momento la pobreza extrema en la que viven, en la que el 36,1% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

María Tasilia se abre paso, entre las gallinas, para visitar la lápida de su tío. Camina descalza entre piedras, tierra y prado. Sus pies son gruesos y agrietados. Paula se arrodilla frente a la lápida y comienza a llorar. Cuando sus lágrimas comienzan a secarse,  y el vacío se apodera del estómago carcomiendo poco a poco, empieza a entonar una triste canción andina, para ella, para su consuelo,  como si de una nana se tratase, se calma. “Mi papacito, mi hermanito…” Poco a poco se apaga,  hundiéndose su cabeza coronada por el tradicional sombrero regional entre sus piernas.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

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Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque “declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos”. “Quienes toman la decisión política de que intervengan las fuerzas armadas, deben de saber medir  las consecuencias de dicho acto, porque éstas no están capacitadas para realizar funciones de índole policial”, explica. “Ese es el problema: porque cuando decides sacar a las fuerzas armadas salen con fusil, y si tú eres un muchacho de 18 años que está haciendo su servicio militar y se te viene una turba con palos, piedras. ¿Qué va a hacer? Reacciona y lamentablemente eso es lo que ha provocado varios muertos”, comenta.

El decreto establece que cuando la actuación de las fuerzas armadas en estado de emergencia se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo o elemento hostil, rigen las normas del derecho internacional humanitario. “El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado”, sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. “Cuando se produce una situación de conflicto armado entonces aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual rebaja el nivel de licitud del uso de la fuerza. En el contexto de un conflicto armado, el Derecho Internacional si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado”, comenta Bregaglio.

“Solo entre el 2011 y 2012 cinco personas fallecieron y 154 resultaron heridas”

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, “cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional”. No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de “sobrepasado”, considera que debe ser definido, para “no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder”. Para el Procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, en cambio, no ve necesidad de que esté definido. “Eso no puede estar tampoco en la ley, porque te da un marco general. Esos son hechos puntuales que competen a determinadas circunstancias que se tiene que valorar en su momento”.

Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del “orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable”, pues de lo contrario, “viviríamos en una anarquía”.  Añade además que “no hay una preocupación particular en el Congreso en el tema normativo, sino al contrario, hay una preocupación por el desorden social”.

“El agua es la vida”

El joven César Medina dedicaba su tiempo a defender algo tan lejano para los que viven en las ciudades: el agua. “El agua es la vida mamita. Tenemos que seguir luchando por ella”, le decía a su madre con convicción. Todos los pobladores de Celendín y de Bambamarca recuerdan cuando el presidente Ollanta Humala los visitó y les preguntó: “¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante el agua o el oro?”. El sentimiento de traición entre la población aflora en las conversaciones. “El presidente vendió a su pueblo a la minera, y nos mandó matar”, afirma Santos Huamán.

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces. Estos casos, a pesar de haber sucedido en Cajamarca,  la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, del Poder Judicial, (31 de mayo de 2012) ordena que los procesos judiciales sucedidos en Cajamarca sean de conocimiento por los órganos jurisdiccionales con sede en la región de Lambayeque.

“Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a losculpables”.

El 3 de julio, César Medina le dijo a su madre que iría a la Iglesia y después a una cabina de Internet  para poder terminar el trabajo que le habían mandado en la escuela, a pesar de que su madre Maximila Aguilar  le había recomendado que no saliera a  la calle porque habían protestas.  Tenía 17 años, le quedaban tres meses para terminar el último año de la secundaria, y además, estaba en el primer puesto. El joven  iba a formar parte de ese escaso 32% de  ciudadanos que termina sus estudios secundarios en la región. “Ya termino mi colegio, ya voy a trabajar mamita, ya no vas a sufrir”, le decía. “Porque yo trabajé mucho para educar a mis cuatro hijos”, comenta Aguilar. Celendín es la provincia que registra el mayor porcentaje de pobreza total de la región, con una tasa total de 75.1% y de 46.3% de pobreza extrema. Maximila Aguilar regresó del mercado a  su casa sobre  las 2 de la tarde, al ver que no retornaba su hijo, salió a buscarlo.  Las calles estaban llenas de policías, lo buscó en la Iglesia y en la posta, donde lo encontró  tumbado en una camilla.

Maximilia Aguilar

Las vigilias de la población contra el proyecto minero Conga unieron voluntades, esfuerzos, impulsaron debates y motivaron paros. Pero también encendieron la alarma política que veía en esta participación popular una amenaza.  El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. Afirma que con esta intervención se quiere “poder prevenir los actos de violencia que pudieran producirse a raíz de las acciones a desplegar en razón del paro regional indefinido convocado a partir del 31 de mayo”. Como consecuencia se instaló una base militar en el Coliseo de la ciudad.

José Faustino Sánchez era peluquero, pero desde hacía un tiempo trabajaba en la construcción porque debido a la presencia constante de las fuerzas armadas, según relata su viuda Marisol Malqui, no dejaban abrir los locales. José era el sustento de su hogar porque su esposa además, está enferma del corazón. Ese día, el 3 de julio de 2012, regresó a su casa a almorzar junto a ella. “En las noticias escuchamos que había un incendio en la plaza de armas de Celendín, no sabíamos la razón”, explica Marisol.

Según informes policiales, a las 11 horas un grupo de manifestantes de 1500 personas se dirigieron desde la Casa del Maestro con dirección a la Plaza de Armas. Hacia las 12.40 comenzaron los manifestantes los disturbios porque supuestamente, “arrojan piedras en forma violenta al personal policial y propiedad privada”, provocando lesiones a dos miembros de la policía. Poco después, de acuerdo a estos documentos, los manifestantes incendian las instalaciones de la Municipalidad. A la 1 de la tarde, el comandante de la PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo solicitó apoyo militar con la finalidad de brindar protección a las instalaciones de la comisaría, porque según la carpeta fiscal del Ministerio Público  un grupo de 800 personas se dirigían con la finalidad de incendiarla. Los equipos que actuaron  en apoyo de la policía nacional contaban con escopetas con cartuchos de 12mm con balas de goma, cascos antimotines, escudos de protección y otros contaban con fusil tipo Galil cuya munición es de calibre 5.56 mm.

“Todas las calles de Celendín, estaban ocupadas por los militares y policías”.

Marle Livaque, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de la provincia de Celendín, explica que hacia el 27 de junio algunos trabajadores de la Municipalidad les habían advertido que iba a ver un atentado en la Municipalidad, y que querían incendiar sus instalaciones para que echaran la culpa a los manifestantes ante lo cual, interpusieron una denuncia. Asimismo, Livaque afirma que hubo infiltrados que provocaron los disturbios.

José Faustino Sánchez hacia las 4 pm se marchó del trabajo a su casa por órdenes de su jefe, para que no los alcanzara una bala perdida. De camino, recibió un disparo. Paulino Leonterio regresó a Celendín el 2 de julio. Volvía a casa unos días para estar con su esposa Adelaida Amelia Tabaco y sus dos hijos, que tenían entonces 15 y 14 años. Paulino, de 43 años, estuvo trabajando un mes en Lima porque no encontró trabajo en su localidad. Este padre de familia, también defendía el agua, porque como repite Adelaida, ” el agua es la vida”. El 3 de julio, Paulino salió de su casa sobre las 11.30 de la mañana para visitar a su hermana. Todas las calles de Celendín “estaban ocupadas por los militares y policías”, relata Adelaida. Cuando retornaba a su casa y pasaba por  una calle cercana a la Plaza,  un impacto de bala le lesionó  el pulmón y tórax, causando su muerte.

Joselito Sánchez tenía 30 años y era albañil. Ese día estaba poniendo mayólica en una casa a unas cuadras de la Plaza de Armas. De camino a su trabajo se encontró con la protesta. Decidió sumarse a ella para “defender el agua”, relata su madre Santos Huamán. “Yo estaba en la plaza, pero no sabía que mi hijo también estaba. Un policía me habló feo y me tiró al suelo”. Al poco tiempo sobrevoló un helicóptero y fue entonces cuando comenzó la balacera, explica Santos quien añade que, según lo que la gente cuenta, su hijo empezó a filmar con su celular, y es en ese momento cuando recibe el disparo.

Las muertes de Conga 

Paseamos por la Plaza de Armas de Celendín, donde hay varios carteles promocionando que los jóvenes se apunten a la escuela de policía. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, considera que “no es casualidad. Es una estrategia para que luego repriman a su misma gente. Igual pasa con la proliferación de universidades como Alas Peruanas, la de San Pedro, ofrecen carreras como ingeniería de minas, donde después los jóvenes son captados por las mineras”.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al “traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego”. Marisol Malqui lo recuerda claro, no lo olvida porque estuvo presente mientras se realizaba la necropsia, “sin mi presencia, ustedes no lo van a hacer”, dijo Marisol, en un acto por velar y proteger a su marido José Faustino.

En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia recogido en la carpeta fiscal, se afirma que “es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín”.

Joselito Tumba

En la descripción de los hechos, se señala que las fuerzas de orden desarrollaron acciones disuasivas (medios no letales). La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Advertía además sobre “los problemas educativos, logísticos y normativos de la PNP en materia de violencia en conflictos sociales y la naturaleza de este hecho social se evidencia en la operatividad. Si no se aborda dicha problemática, los operativos policiales seguirán produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”.

Desde la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, habla de la “falta de especialización de la policía nacional en conflictos sociales en  el país. A veces por falta de personal se recurre a una división como DINOES, y ésta fue creada para hacer uso de la máxima fuerza para enfrentar terrorismo y narcotráfico. Trasladar a la DINOES a escenarios de conflictividad social es de altísimo riesgo”.

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“Mi sangre, mi vida. Todo por el agua, y mi pueblo desde el cielo. Les bendeciré para tener la victoria”, reza el epitafio de Joselito Vásquez, fallecido el 4 de julio a los 28 años. Su madre, María Alejandrina Jambo, pidió un préstamo para poder pagar el velorio.  Joselito murió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad durante la manifestación que hubo en la Plaza de Armas de Bambamarca en contra del proyecto Conga. Resultaron heridos  de gravedad además 8 civiles.   “Todo estaba lleno de policías. Vinieron de frente a matar a toda la gente. Mi hijo ese día estaba trabajando, dejó la camioneta, y le balearon. Ese día no estaba participando en la protesta”, explica su madre. Su hijo mantenía a su familia desde los 12 años como chofer. “¿Quién va a mantener a mi nietito de tres años?”, se pregunta.

“La PNP no cuenta con suficientes armas no letales para intervenir en conflictos sociales”

Ese día el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva en un informeexplican que el gobierno incurrió en la “argucia legal” de consignar como fecha del referido decreto el día anterior, el 3 de julio de 2012, con la intención de que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día siguiente como establece la Constitución, que en este caso sería el 5  de julio de 2012. Este cambio hizo  que la detención al  ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana el 4 de julio de 2012 fuera ilegal.

De acuerdo al pedido de queja realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacia las 9.30 horas  del 4 de julio en Bambamarca, aproximadamente unos 100 efectivos del ejército se presentaron para intervenir en el operativo contra los manifestantes, ocho de los cuales fueron heridos de gravedad. Participaron 42 suboficiales pertenecientes a la DITERPOL-Piura, destaca además que un contingente policial se desplazó hasta Bambamarca en dos vehículos de la empresa minera Yanacocha para prestar apoyo al comisario de la localidad.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

En el caso de Cajamarca y concretamente en actos de protesta en contra del proyecto minero Conga surge la pregunta, ¿Quiénes de esos efectivos policiales trabajan a su vez para la seguridad de la empresa Yanacocha? Existe un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP”. Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.

Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN. De acuerdo al convenio, “la policía nacional prestará el servicio policial de seguridad a empresa  minera en zonas de propiedad de la misma y zonas de influencia de acuerdo a las situaciones de riesgo que se prevean y en cualquier otro lugar que sea requerido dentro de la zona de operaciones”.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina elabogado Juan Carlos Ruíz. “Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo”, declara Luque.

Impunidad

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien”, comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  adolescente de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma “no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona”. “Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía”, cuenta.

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Marisol Malqui dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera que habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. “Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.”. Marisol no tiene un trabajo estable,  limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  “¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Tras la muerte de los maridos e hijos de estas mujeres, la soledad las acompaña, y la pobreza se recrudece. Santos Huamán, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. “Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura”.

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La disposición fiscal del 7 de enero de 2014  por el que se archivó  el caso en un primer momento (La CNDDHH realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación) resultaba llamativa en cuanto sus conclusiones, que señala:  “Existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso (…) ya que las víctimas han recibido impactos de proyectiles de armas de fuego provenientes posiblemente de armas que portaban algunos de los miembros del Ejército Peruano”.  “No existen indicios que permitan establecer que los agraviados hayan tenido en su poder armas de fuego, con las que  hayan atacado a las fuerzas del orden”, determina el fiscal. Las razones por las que se archivó el caso era por la falta de individualización de los presuntos autores, entre otras cosas, porque el Ejército no ha proporcionado información requerida, como el plan de operaciones formulado para actuar ese día, la relación del personal de las patrullas, ni el registro de entrega de armamento y munición a los miembros del Ejército.

“Teniendo en cuenta las pericias y los protocolos de necropsia, no cabe duda que las órdenes de disparar no se limitaron a señalar que se efectuaran disparos disuasivos al aire, sino que directamente se ordenó disparar al cuerpo”, señala el pedido de queja presentado por la organización. “Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

“En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vía judicial”, declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. Mendoza añade: “No hay responsabilidad penal ni política, y ese es el peor mensaje que puede dar el Estado peruano frente a una población que lo único que reclama es que se respeten sus derechos”.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva”

¿Hasta qué punto el decreto 1095 puede impedir la debida investigación por justicia penal ordinaria de los sucesos acontecidos en este caso y en  otros? Este dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en aplicación de este Decreto Legislativo o en ejercicio de su función son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial”. Víctor Álvarez afirma que “ninguna afectación a los derechos de las personas en esta situación pueden ser materia de fuero militar, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional”. La organización Human Rights Watch explica que “los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles”.

Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de la organización Grufides, afirma que “estas leyes son útiles para los sectores empresariales contra los cuales se ha ejercido más el derecho a la protesta por los abusos y vulneraciones de derechos que están cometiendo”. La abogada destaca que en Cajamarca, hay más de 303 líderes procesados por temas de protesta social, y “se les asocia con delitos de disturbios, resistencia a la autoridad, rebelión, hay procesados por terrorismo. Además, en muchos casos se emplean estas normas para lograr la impunidad  para las fuerzas del orden en casos de violación de los derechos humanos”. Milton Sánchez acarrea 50 denuncias, además recibe llamadas telefónicas amenazantes. El presidente de esta organización además explica que han abierto dos centros policiales en las zonas de las lagunas, cada uno con capacidad para 300 efectivos de la DINOES.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales”, concluye el abogado del IDL. “Hay una consolidación del modelo económico neoliberal extractivista iniciado en los 90 con Fujimori, y en la medida en que este proceso se extiende y se consolida necesita ingresar a nuevos territorios, requiriendo de más energía, más agua. Esto hace que aumenten los conflictos. Lo que necesita este modelo entonces es limitar los derechos, y  un manejo cada vez más autoritario”, explica Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas de la población son estructurales; sí el Estado mantiene esta legislación y una posición pro inversión sin considerar a las poblaciones, el desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

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Convenio de prestación de servicios entre Minera Yanacocha S.R.L. y PNP

Minera Yanacocha  afirma requerir contar con el apoyo de la policía nacional “a efectos de prevenir la comisión de delitos o atentados que puedan perpetrarse contra su personal y/o instalaciones, y asimismo desea contribuir con la seguridad de la ciudad de Cajamarca y otras localidades del ámbito de influencia de sus operaciones”.

La policía nacional prestará el servicio policial de seguridad sólo con el personal de vacaciones, franco o personal que haya participado en acciones meritorias en actos de servicio… (4.1.3).

Yanacocha se compromete a facilitar una asesoría legal, gratuita y permanente al personal policial que  con ocasión de brindar el servicio policial de seguridad, se vea involucrado en un proceso judicial derivado del cumplimiento de dicho servicio. (4.2.10)

Yanacocha se compromete a cubrir los gastos de mantenimiento o reparación del armamento, accesorios y/o reposición del uniforme de faena policial de propiedad del Estado, que como consecuencia del Servicio Policial de Seguridad se deteriore… (4.2.11) El servicio en la mina asciende a 38 soles diarios para cada oficial, y 18 soles diarios para cada suboficial…En circunstancias especiales, servicios en lugares sin facilidades de alojamiento y alimentación asciende  a 78 soles diarios. Asimismo, Yanacocha se compromete a contratar una póliza de seguro a favor de la policía que presta este servicio que cubre por fallecimiento (US$20,000 dólares), invalidez permanente (US$18,000 dólares) curaciones por lesiones graves (hasta US$10 mil dólares), por lesiones leves (hasta 3,500 US$), sepelio (3,500 US$) y el 100% del traslado para atención médica.

En la cláusula décima establece el convenio que cuando el “personal de la policía nacional realice un acto de servicio en función de su ejercicio policial (y por tanto no estén prestando el servicio policial de seguridad), no resultarán exigibles las obligaciones de minera Yanacocha referidas en la cláusula cuarta (condiciones en las que son prestados los servicios), a excepción de 4.2.2 y 4.2.4″, es decir, la póliza de seguro y la atención en centros de asistencia médica de la minera.


Fecha: 03.julio.2012
Lugar: Celendín, Cajamarca, Perú
Motivo: Represión en el conflicto minero Conga

Los detenidos fueron llevados de Celendín a Cajamarca en helicópteros, permanecieron en Cajamarca y luego fueron llevados a Chiclayo, donde fueron recluidos en el Penal de Picsi, los detenidos fueron golpeados a manos de la policía y el ejército. Fueron liberados luego de 15 días.


Video muestra que policía “sembró” arma a manifestante contra Tía María
Video muestra que policía “sembró” arma a manifestante contra Tía María. Captura: Mollendinostv Islaytv.
Video muestra que policía “sembró” arma a manifestante contra Tía María. Captura: Mollendinostv Islaytv.
El Ministerio del Interior tiene que responder por esta denuncia.

Las protestas contra el proyecto minero Tía María en la región Arequipa continúan. Hay cuatro fallecidos, además de heridos y detenidos, mientras que una denuncia en video muestra cómo un miembro de la Policía Nacional “siembra” a uno de los manifestantes un metal que puede emplearse como arma punzocortante.

PUEDE VER: Protestas en rechazo de proyecto minero deja un muerto y 11 heridos | Tía María

El video, subido al canal YouTube Mollendinostv Islaytv, muestra cómo dos miembros de la PNP cargan de los brazos a un hombre. Hacia ellos se dirige otro policía, con el rostro cubierto, quien le coloca al detenido un objeto en la mano derecha. Luego alza la extremidad, lo cual es captado por un fotoperiodista de diario Correo.

Foto: Correo.

El mencionado diario informa así: “En una de las imágenes se puede ver a un detenido que empuña fierros de construcción puntiagudos, arma que podría ser letal para los infortunados que reciban el golpe del iracundo manifestante.” El video de Mollendinostv Islaytv señala que el medio de comunicación actuó con injusticia.

En su artículo, Correo muestra fotografías de varios manifestantes con los rostros cubiertos que emplean hondas y piedras.

Para finalizar, transcribimos parte del diálogo entre el policía que sembró el metal y el detenido:

Policía: ¿Por qué cargas esto?

Detenido: Yo no he cargado eso

Policía: ¿Entonces nosotros lo tiramos?

Ustedes, lectores, ya tienen la respuesta.


Luego de verse descubiertos retiraron la noticia de su página web:

Correo Tía María web 2

Captura diario el correo

Realmente este es su estilo, la noticia al servicio de las corporaciones. No es su rol informar con la verdad, sino, favorecer a las empresas y deslegitimar la protesta social.

Aquí algo de Cajamarca

Narcos vs Conga