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Mujeres ronderas resisten a la minería y a la criminalización en defensa del agua y sus territorios

Reportaje especial #8M

Por Mallu Muniz* (texto y fotos)

8 de marzo, 2017.- Maritza Emperatriz Bolaños Ayala entra a la sala de audiencias. La campesina y rondera camina con dificultad. “Tengo tres hernias en la columna. Se me hace un poco difícil porque vivo en el Anexo de la Ramada y para ir a trabajar al mercado tengo que madrugar” – lamenta la vendedora. Estamos frente a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y, a pesar de un lindo sol, el clima es supone una preocupación. Una vez más, Maritza ha dejado su casa, en el Distrito de Sorochuco, Celendín, para presentarse cuatro horas después, puntualmente, al juicio oral, conducido por un nuevo cuerpo de magistrados. Este cambio inesperado ha generado dudas entre los acusados, quienes decidieron en su mayoría ejercer el derecho a “guardar silencio”. Además, según Maritza, las constantes amenazas a su vida, la llevaron a silenciar su celular, el cual mantiene indefinidamente desconectado.

La vendedora de comida, es una de las dieciséis lideresas y líderes comunitarios, acusados por el exgobernador Distrital Luis Castañeda Pisco y por Pedro Zamora Rojas, ex gobernador de la provincia de Celendín, por su supuesto secuestro agravado, coacción y ultraje a los símbolos patrios, crímenes que podrían llevar a penas de hasta 36 años de prisión a varios de los acusados.

Mientras el Fiscal recuerda las acusaciones que constan en autos, la rondera se mueve en su silla, sostiene la cabeza con el brazo izquierdo, demuestra contrariedad e impaciencia.

Según la versión presentada por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, no hubo el llamado “ultraje”. Más bien, “los manifestantes retiraron el escudo del Perú del local de la gobernación para preservarlo simbólicamente de la corrupción”.

Los integrantes de la Comunidad Campesina de Sorochuco exigían, en el momento del incidente, la destitución de Castañeda por “su cercanía con la minera Yanacocha”.  Formada por un consorcio con participación de la empresa estadounidense Newmont, el Banco Mundial y la empresa peruana Buenaventura, asimismo, Yanacocha ha estado vinculada por varios años a la brasileña Odrebretcht. A su vez, la constructora es responsable por obras de infraestructura minera en Cajamarca, beneficiaria de mega proyectos hidroeléctricos en el Río Marañón, además de todo ello, se encuentra ubicada en el centro de un huracán de denuncias de corrupción que involucra a gobiernos de diversos países en Latinoamérica.

En el mismo día de la audiencia, el pasado lunes, un conjunto de organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos ha publicado una carta, como acto de solidaridad con los acusados, en la cual se identifica el proceso jurídico en curso como “consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha”“Este problema ocurre por el Proyecto Conga, porque nosotros somos defensoras, somos guardianas de la laguna, la laguna del Perol. Vivimos bajo la cabecera de cuenca, estamos a dos horas del proyecto Conga, entonces nosotras luchamos por defender los elementos hídricos, el agua, que es fundamental” – resaltó Maritza al salir de la audiencia.

“Tengo siete hijos, soy madre soltera, yo soy padre y madre para mis hijos” – afirma, reproduciendo el estigma social impuesto a las mujeres que no cuentan con la participación del esposo en la educación de sus hijos. Para ellos, Marizta espera transmitir un ejemplo de lucha: “Que tengan un buen recuerdo de mí, que he estado en las defensas del agua, y que sigan defendiendo lo que es nuestro” – dijo, antes de entrar a la oficina de la ONG GRUFIDES, donde le esperaban sus compañeros y abogados para evaluar la audiencia recién finalizada. Su apariencia frágil, oculta la determinación de quien ha pasado quince días apartada en un campamento “en la altura, donde las papas queman, rodeada por los policías de la DINOES [División de Operaciones Especiales]” – recuerda ella, refiriéndose a los enfrentamientos más intensos ocurridos entre fines de 2011 y 2013. “También tengo perdigones en la pierna, también tengo eso… Pero yo voy seguir defendiendo a pesar de estar enferma”


Maritza (izquierda) y María Bilda: ronderas en defensa del Agua durante juicio oral.

“La minería es destrucción y nos va matando cada día”

Terminada la audiencia, la emoción casi se desborda por los ojos de Andrea Rodríguez Chávez cuando se refiere a la opinión de sus hijos frente a su acción en defensa del agua: “Se sienten muy orgullosos de su madre, porque es una madre luchadora”. Andrea tiene 4 hijos. “Es mucho problema para nosotros trasladarnos a este sitio [en Cajamarca], porque como ama de casa uno tiene que hacer cualquier cosa para buscar el medio de cada día y estamos en estos problemas solamente por una calumnia” – afirma la rondera. “Dicen Justicia, pero nunca hay. La mujer en especial es maltratada de muchas maneras, entonces reclamamos eso, defendiendo nuestras aguas. El agua es lo esencial para nosotras, la fuente de vida.” – se desahoga la ama de casa al salir de la audiencia.

María Bilda Silva Rodríguez, “padre y madre” de siete hijos, también atribuye a ellos la razón de su lucha. “Yo pienso dejar lo principal, que es el agua, porque yo estoy mayor y los que van a sufrir son los que se quedan, ¿no? Y por ellos lucharemos, hasta adonde Dios diga” – afirma.

Si bien, la lucha aún no termina, la suspensión del Proyecto Conga fue una victoria y ha convertido la resistencia de las ronderas y los ronderos en un ejemplo internacionalmente reconocido. Cuestionada sobre la relación entre minería y desarrollo, Sandra es categórica al afirmar: “Con esto nos engañan, pero la minería es destrucción y nos va matando cada día. ¿Qué hace uno cuando tienen plata si ya no servimos para nada? Tenemos plomo en nuestra sangre, ya no podemos tomar el agua, nuestros animales se morirán. Yo no veo desarrollo”.  Sus palabras anuncian una realidad de desplazamientos, contaminación y enfermedades que Elita Yopla Herrera, 23 años, conoce de cerca.

Entrevista

Elita Yopla Herrera vivió en Sán Andrés de Negritos y luego se fue al Centro Poblado Tual, comunidades de Cajamarcaafectadas por actividad minera desarrollada por la empresa Yanacocha durante la década del 90. Las memorias de la primera infancia todavía emocionan y han dejado marcas. Los fuertes dolores de estómago, el sueño en exceso, la debilidad de sus dientes y de su pelo, fueron en conjunto indicios para llegar al diagnóstico. Elita vivió gran parte de su vida con la silenciosa presencia de metales pesados en su cuerpo.

La semana anterior a la entrevista, Elita había sido golpeada en la calle por un hombre que la insultaba, amenazando también a su esposo, el periodista Cesar Estrada, uno de los beneficiarios por la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien acompaña los casos de violación de derechos en la región. “Así somos perseguidas solamente por informar, por hacer entender que la minera trae contaminación” – dijo ella, enseñando la mano herida hace algunos días.

A pesar de que el formato de su sombrero – un aderezo muy particular de la región norte del Perú – la distingue de las campesinas de Celendín, Elita comparte con Maritza, Andrea y María la triste experiencia que es vivir amedrentada por constantes amenazas.

Aun así, son mujeres, madres y ronderas que siguen luchando por el Agua, por sus territorios y por sus vidas.

Cuando llegaron “unos señores desconocidos”…

“Yo cuando era niñita vivíamos ahí todas las personas que nos conocíamos, no más. Y luego llegaron unos señores desconocidos, medían y plantaban unas bolsas blancas, haciendo un cuadrito, empezaban por un cerro al otro cerro, así más o menos. En línea recta, en línea recta. ¿A cuántos metros? No más de cinco metros, calculo yo. Hacián un cuadrito y ponían bolsitas blancas.”

¿Estaban marcando el territorio?

“Claro. Y luego mi mamá y mis abuelitos se pusieron a llorar y dijeron vamos… [Palabras incomprensibles, entre lágrimas]”

¿Te duele acordarte que tuviste que salir de allá?

“Sí, porque vinieron a trabajar con sus máquinas. Y nos sacaron de allí, a buenas o a malas. Teníamos que salir para que trabajaran ellos [de la empresa Yanacocha].”

¿Y les dieron algo, alguna plata por sus tierras?

“Si, mi abuelito recibió para comprar su terreno acá. Pero no queríamos salir, porque allá era más… [tierra]. Todo lo que se ve aquí poquito, allá era más de cada persona, de una sola persona, eran bastante hectáreas. Aquí vemos poquito para una sola persona, allá era más harto”.

El peso de los metales pesados

“Yo tenía fuerte dolor de estómago. Tenía bastante dolor. Todo alimento que ponía en la boca ya empezaba el dolor. Fuertísimo, insoportable. (…) En una máquina identificaron que tengo metales pesados – plomo, mercurio, arsénico… – son cinco. Yo viví cinco años en San Andrés de Negritos, desde que yo nací, cuando Yanacocha ha llegado en 1993. A los quince días de nacida fui llevada a este lugar. (…) Tengo mucho sueño y el Doctor me dijo que es por los mismos metales pesados, dijo algo que la sangre no circula normal. Y mi pelo yo tenía bastante, ahora se ve poquito, se ha caído bastante. Y mis dedos dolían feísimo, eran morados como si fuera sangre oscuro…”

Una mentira sembrada…

“Esto han sembrado así, pero esto es mentira, la minería no trae desarrollo, trae destrucción de la vida, nos trae bastantes enfermedades. Cuando estaba el trabajo en Yanacocha era bastante prostitución, bastantes problemas ha habido acá con los trabajadores, tomaban en las cantinas, se iban a pelear con sus familias… Algunos ya no siguen trabajando, algunos les han botado. Y este río que usted ve, este ha sido bastante agua, ahora parece como si fuera una sequía, pequeño. Este es el agua de cinco ríos que se juntan aquí, es poquísimo esta agua. A los ojos [fuentes] los han explotado para que saquen los minerales, ya no sale el agua, lo han secado. Ya no hay agua que baje. Más antes yo era niña y me acordaba que bajaba harta agua. Mi abuelo me dijo que pasaba el agua de cuatro, cinco ríos. Y purita.”

“Nos ponen en conflictos acá, señorita”

“La misma Yanacocha da trabajo a unos y a otros nos quita la vida, nos ponen en conflicto, señorita [entre lágrimas].  Estos mineros que se vayan, que aquí ya no sigan trabajando. Tengo mis primos algunos que trabajan arriba, con maquinaria pesada, esto también hay. El esposo de mi prima por andar trabajando allá seguro ya está contaminado. Él trabajaba en Yanacocha y dijo que tenía bastante dolor de estómago también. Sí los que vivimos ahí estamos así, imagina los que trabajan ahí.”

“¡Es por el aire, el aire lo trae!”

“…Ellos [de la empresa Yanacocha] lo hacen a tajo abierto y quizás el aire mismo nos trae la contaminación. Ellos dicen ‘no contaminamos porque no estamos cerca sus domicilios’. Pero no es necesario que estén cerca nuestros domicilios, el aire lo trae. Cuando respiramos, respiramos eso. Antes que tenga mi hija, hace siete años, yo cuando olía sentía como rocoto, como el ají que comemos. Yo era menor de edad que ahora y seguramente ahí estaban ingresando [los minerales], ¿cómo más va a ser? Porque yo sentía que en mi nariz se hacían heriditas, y yo misma me pregunto, “¿cómo se hacía heridas adentro? Es por el aire, es por el aire!”

¿Qué es ser rondera?

Rondamos nuestra jurisdicción, nuestro territorio que nos pertenece, lo cuidamos. Sí hay conflictos familiares los hacemos arreglar, así funciona la ronda. (…) Tenemos entendido que nosotros como ronderos también tenemos derecho a ejercer Justicia dentro de nuestro territorio, y esto me hace sentirme orgullosa, sin ser policía, sin ser una autoridad. Por el hecho de ser rondera yo puedo ejercer la Justicia en mi territorio, con mis compañeras, con mis compañeros. Puedo dar mis opiniones libremente sin tener que pedir permiso a la Justicia, o pedir permiso a un juez o algún policía. Damos opiniones libremente.


*Mallu Muniz es comunicadora social y PhD en Sociología.

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Fuente: PIC

Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y del medioambiente, son víctimas de la percusión judicial en el Perú.

Hoy 6 de marzo se dará inicio al juicio oral en contra de dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al Proyecto Minero Conga después de que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca, presentó acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión a varios de ellos.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), sub-organismo del Banco Mundial para el sector privado. Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur—han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. Con el Proyecto Conga pretenden depositar 96,000 toneladas de relaves mineros tóxicos al día, en lugares ecológicamente sensibles como las cabeceras de cuenca que constituye su principal fuente generadora de recursos hídricos en esta zona. Debido a la oposición a este proyecto, en julio del 2012, se generó una represión de fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército contra manifestantes de las ciudades de Celendín y Bambamarca, dejando cinco muertos, entre ellos un joven de 16 años, además de heridos y cientos de procesados.

Estas denuncias y procesos penales, desde nuestras perspectivas podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas, pues no solo los cargos son absolutamente alejados de las conductas de los líderes sociales, sino las penas son equivalentes o más graves a las que se pediría para delincuentes de alta peligrosidad en este país.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentra Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse. Contra esta acción hoy se encuentra en curso un recurso de nulidad.

Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del

derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por lo tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el Poder Judicial, que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos AIETI

Broederlijk Delen

CooperAcción

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Perú

Demus

Diakonia

EarthRights International (ERI)

EntrePueblos Perú

Fórum Solidaridad Perú (FSP)

Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz FEEPAZ

GRUFIDES

Instituto de Defensa Legal y Ambiental y Desarrollo Sostenible de Perú (IDLADS)

Instituto de Defensa Legal IDL

Koepel Van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11

La Pastoral Social del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier – Jaén

Observatorio de conflictos mineros de America Latina OCMAL

Paz y Esperanza

Programa Democracia y Transformacion Global (PDGT)

Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN

Red Muqui


Por: Mirtha Vásquez

Si al país le escandaliza que una empresa como Odebrecht haya llegado a ser beneficiada con tantos millonarios megaproyectos en el Perú solo por corrupción, a la gente que vive en estos lugares donde se ejecutaban o se tenía previsto hacer los mismos, los indigna profundamente.

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Pobladores de Celendín, amenazados por hidroeléctricas en el Río Marañón concesionadas a Odebrecht 

Así, con una frase los campesinos y pobladores de las comunidades en Cajamarca han resumido el escandaloso caso de corrupción de la empresa Odebrecht.

Desde hace años la gente afectada por los megaproyectos mineros, energéticos y viales, cuestiona la imposición de los mismos dados sus altos costos territoriales, ambientales y sociales. El discurso de cada gobierno ha sido prácticamente el mismo: Desarrollo y crecimiento para el país. La población por supuesto nunca se ha creído este discurso, más bien siempre ha sospechado de los intereses empresariales y corrupción detrás de ellos; sin embargo, la magnitud y las conexiones en las que se sostenía, apenas se empiezan a descubrir ahora.

Si al país le escandaliza que una empresa como Odebrecht haya llegado a ser beneficiada con tantos millonarios megaproyectos en el Perú solo por corrupción, a la gente que vive en estos lugares donde se ejecutaban o se tenía previsto hacer los mismos, los indigna profundamente.

En Cajamarca apenas se empieza a atar cabos. Se sabía de la empresa Odebrecht y sus millonarios contratos con su principal socia en la región, Minera Yanacocha, a quien le ha hecho múltiples trabajos de infraestructura minera desde el año 1996. Le construyó obras en cada una de sus minas, accesos, y se había hecho de la construcción de la primera etapa del proyecto minero Conga por más de 500 millones de dólares. Simultáneamente a este último encargo, en junio del 2010 el ex Presidente Alan García firmaba el acuerdo hidroenergético Perú-Brasil, con el que se autorizaba el represamiento de varios ríos. Incluso emitió antes de irse del gobierno el Decreto Supremo 020-2011-EM, que declara de interés nacional y social la construcción de 20 centrales hidroeléctricas en el río Marañón.

Por supuesto la población se preguntaba por las razones de este acuerdo, los objetivos del mismos, ¿sería acaso que estos represamientos y las hidroeléctricas resolverían el problema de los miles de pueblos que aún carecen de electricidad? porque el costo iba a ser alto, poblaciones desplazadas, actividades económicas tradicionales eliminadas, pueblos inundados, pérdida de recursos ambientales valiosos, y finalmente la muerte del río.

Pronto se fueron absolviendo tímida y solapadamente estas interrogantes. La energía no era para resolver las carencias energéticas del país, era para exportarla al Brasil; la energía no era para los pueblos, era para proveer mega proyectos como Conga y otros que se encuentran en el norte del país. El sucesor de Alan García, Humala, lo confesó abiertamente en la 39va. Convención Minera Perumin.

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Los nexos se empezaban a notar, los intereses empresariales salían a la luz, los beneficios mutuos y trueques de los grandes socios (Odebrecht- Yanacocha) se evidenciaban ¿Era por el desarrollo del país que a estas transnacionales querían construir estos proyectos?

Así como descubrimos que, los famosos proyectos de la IIRSA que promovían una supuesta integración vial, no partieron de una necesidad del Estado sino de una propuesta de Odebrecht, hoy tenemos más claro que las hidroeléctricas o proyectos mineros como Conga también partieron de este interés particular de empresas hoy altamente cuestionadas.

El costo, social y ambiental de la imposición de estos proyectos no importaba, la gente puede ser desplazada, puede quedarse sin tierra, sin agua, los ríos pueden ser destruidos, las fuentes de agua desaparecidas. Y todo, absolutamente todo, por la corrupción.

Ver también:

Levantan monumento a Hitler Rojas guardián del Río Marañón Asesinado


Constructora brasileña Odebrecth reveló pagos a funcionarios peruanos en el acuerdo de colaboración suscrito con el Departamento de Justicia de los Estados Unido

La constructora brasileña Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó coimas por 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en 11 países, incluyendo Perú, Venezuela, Ecuador, Angola Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.
Respecto de Perú, Odebrecht revela que pagó coimas por 29 millones de dólares, en diversas obras, entre los años 2005 al 2014, lo que significa funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Odebrecht dice haber ganado en esa época 143 millones de dólares.
 

El acuerdo suscrito con Estados Unidos incluye el compromiso de los representantes de Odebrecht de colaborar con los fiscales e investigadores de los países donde pagó coimas para que se investigue y sancione a los responsables de los actos de corrupción.
Odebrecht reciere un pago específico de 1,4 millones de dólares a un alto funcionario del gobierno del rubro de transportes y los miembros del comité seleccionador el año 2008 para un contrato que se firmó el 2009 que le permitió ganancias por 400 millones de dólares.  El acuerdo no da mayores detalles de que obra se trata.
El 2009 Odebrecht firmó el contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la construcción del Metro de Lima. Diversas investigaciones periodistas señalan que el contrato se negoció el 2008 con el gobierno de Alan García y que la constructora brasileña logró un beneficio extra de 400 millones de dólares, por los dos tramos adjudicados.
Los pagos se realizaron a través de intermediarios y compañías vinculadas a los funcionarios

 

Por el Día de los Derechos Humanos, un grupo de artistas peruanos se ha sumado a  #SuCasaMiCasa, movimiento que busca mostrar su apoyo a Máxima Acuña y su familia, quienes han recibido diversos ataques y amenazas.

Máxima defiende sus tierras pese a las amenazas constantes que recibe; sin embargo, el riesgo que corre alarma a más de un peruano. Acuña ganó el reconocimiento internacional Goldman por su defensa al medio ambiente.

Mónica Sánchez, Olenka Zimmermann, Magdyel Ugaz, Gustavo Bueno, Giovanni Ciccia, Claudia Cisneros, Paul Martin y Gianni Chichizola se unieron para apoyar a Máxima Acuña en el video que realizó Amnistía Internacional Perú.

Mediante el video publicado en Facebook, narrado por Mónica Sánchez, se busca crear conciencia ante la población y demostrarle a Máxima Acuña que no está sola.

“Esperamos que el ministro Basombrío responda de manera favorable para el bienestar de Máxima y su familia”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Este sábado 10 se presentará la intervención teatral ‘Máxima no está sola’, dirigida por Claudia Tangoa y Rodrigo Benza. En la obra, se representará la violencia e intimidación con la que ha tenido que batallar Acuña durante años. Se realizará a las 3.45 p. m. en el Parque Municipal de Barranco. La entrada es libre. 

http://larepublica.pe/


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INTRODUCCIÓN

El presente estudio analiza un periodo reciente de la historia del Perú, durante el cual sucedieron acontecimientos económicos y sociales que reflejan los problemas estructurales del país, como la presencia de grupos económicos que distorsionan el mercado, la predominancia de una estructura económica primario-exportadora, la fragilidad institucional, los aún altos niveles de pobreza, entre otros.
El principal objetivo de esta investigación es analizar la política fiscal implementada en el sector minero en la década 2003-2012, durante la cual el alza sostenida de los precios internacionales de los metales generó un periodo de bonanza económica en el país, que paradójicamente se desarrolló en medio de conflictos socioambientales. El documento se concentra en investigar cómo evolucionaron los ingresos fiscales derivados de la renta minera, y en determinar cómo y cuánto el país ganó o dejó de ganar durante dicho periodo.
El estudio consta de tres capítulos. En el primero se presentan algunas variables económicas que revelan la importancia del sector minero en la economía nacional y se analiza el incremento del precio internacional de los metales como principal determinante de una década de bonanza económica.
Además, se presentan los principales instrumentos fiscales (impuestos y regalías) que aplica y ha aplicado el Estado como medios de apropiación de la renta minera.
En el segundo capítulo se revisa la política fiscal implementada en un contexto de bonanza, con énfasis en el sector minero. Si bien el éxito de la política de ingresos públicos depende de una adecuada política tributaria, la eficacia de la administración tributaria es clave. Por ello, se analizan los instrumentos fiscales adoptados con el objetivo de procurar que el Estado y las poblaciones mineras alcancen una mayor participación en las ganancias extraordinarias del sector. Asimismo, se evalúan las decisiones de política fiscal que se tomaron para administrar el fin de la bonanza minera.
En el tercer capítulo se busca responder si la política fiscal y los instrumentos, tributarios y no tributarios, implementados durante la década de bonanza para gravar la renta minera, fueron lo suficientemente eficaces para generar
recursos adecuados para el desarrollo del país. En particular, interesa conocer si las poblaciones mineras —representadas por sus gobiernos regionales y locales— lograron una mayor participación en los ingresos extraordinarios del sector. Desde esta perspectiva, este capítulo intenta hacer un balance de los temas abordados en los dos primeros capítulos.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio.


En la provincia de Celendín en dónde se pretende acentuar proyectos de muerte, como los mineros e hidroeléctricos que  amenazan la subsistencia y supervivencia de la población, se ha generado una fuerte resistencia a este modelo extractivista que hasta el momento ha logrado detener la construcción del proyecto minero Conga de minera Yanacocha y de Centrales hidroeléctricas como Chadín 2 y Río Grande de Odebrecht.  Sin embargo, vivimos un escenario en dónde el Estado peruano ha sido capturado por las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, en el que, además, estos grupos económicos han colocado en el gobierno, no a un advenedizo, sino a uno de entre sus propias filas para profundizar el modelo extractivista que tiene como características principales el despojo de territorios, la criminalización de la protesta, el asesinato de líderes ambientales, la destrucción y contaminación del agua y la tierra, afectación diferenciada a varones y mujeres, además de la implementación de fuertes sistemas de corrupción; con la finalidad de seguir enriqueciendo a los grupos de poder. Por ello se hace imprescindible el fortalecimiento y articulación del movimiento social de las distintas resistencias en nuestro país. Con esta finalidad el pasado 11, 12 y 13 de noviembre, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) ha desarrollado la segunda jornada de la Escuela de Líderes y Lideresas denominado “Hitler Rojas Gonzales” en memoria a uno de los principales defensores del Río Marañón asesinado.

Esta escuela tuvo como participantes a líderes y lideresas de las comunidades afectadas por el proyecto minero Conga y proyectos hidroeléctricos Chadín 2 y Río Grande, provenientes de los distritos de Sorochuco, Huasmín, Oxamarca, Sucre, Cortegana, Chumuch de la provincia de Celendín-Cajamarca; así como las provincias de Bolívar y Luya de las regiones de La Libertad y Amazonas, respectivamente. Este evento contó también con la participación de delegaciones como Cotabambas en Apurímac, Cañaris en Lambayeque y de Ayabaca en Piura, que compartieron experiencias de fuerte resistencia a proyectos mineros que amenazan sus territorios.

El tema principal de esta segunda jornada fue las Rondas Campesinas y la defensa del territorio; para ello se contó con la participación de Oscar Sánchez y Juana Vásquez provenientes de la hermana provincia de Chota; lugar en el que, hace 40 años, se fundó esta importante organización social. También tratamos los límites de la participación de las mujeres en las comunidades, los procesos organizativos y luchas ecoterritoriales, identificando estrategias y compromisos para superarlos. El equipo pedagógico que coordina y facilita la escuela está conformado por dirigentes de la PIC y cuenta con la colaboración del equipo de educadores y educadoras populares del Programa Democracia y Transformación Global, Docu Perú y Común Espacio.

Celendín: Vigilia #NiUnaMenos

Publicado: 14 agosto, 2016 en NOTICIAS
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El día de ayer distintas organizaciones sociales se movilizaron por las calles de la provincia de Celendín y por la noche en la Plaza de Armas la Organización de Mujeres Defensoras realizó una vigilia en la que dieron a conocer un pronunciamiento frente a la violencia contra las mujeres.

 

PRONUNCIAMIENTO

La Organización de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Celendín y la PIC rechazan todo tipo de violencia contra las mujeres peruanas.

¡NI UNA MENOS!, ni una mujer peruana violentada, criminalizada, con comunidades contaminadas ni inundadas o desplazadas.

Hoy 13 Agosto, se convierte en un momento histórico para el país porque es la primera vez en que millones de mujeres y varones, ciudadanas y ciudadanos, autoridades y familias de diversas regiones, se unen a la movilización  NI UNA MENOS.

Porque no queremos ni una mujer menos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras organizaciones, en nuestras luchas. No queremos ni a una mujer golpeada, violentada, violada, discriminada, excluida, con hambre, explotada, criminalizada, desplazada, despojada, contaminada, asesinada. Nos queremos libres de todo tipo de violencia, de la que viene del marido que golpea en algunos casos hasta matarnos, de los medios de comunicación que nos tratan como mercancía sexual, de las empresas que nos explotan y contaminan, de los policías que reprimen y maltratan a las que denuncian, del poder judicial que criminaliza y que no hace caso a las denuncias por violencias, del Estado que no ve a este problema como un problema urgente que atender, pese  a que afecta a más de la mitad de la población, generando con todo esto que las violencias se mantengan y se refuercen.

Lo decía una congresista que por denunciar también fue objeto de acoso político público, otro tipo de violencia. Indira Huilca, nos recordó que somos un “país de violadores” ya que ocupamos el segundo lugar en las estadísticas de violaciones sexuales contra las mujeres en América Latina y tercer lugar en el mundo. Una práctica violenta que se asemeja y se justifica de la misma manera como a las esterilizaciones forzadas implementada como política pública por el gobierno de Alberto Fujimori que tuvieron que pasar nuestras abuelas o madres en las regiones campesinas, indígenas y quechuahablantes del país; es decir porque, según ellos “son mujeres que no pueden y no deben decidir lo que quieren con sus vidas, sus cuerpos y su futuro”.

Somos además un país que se dice en crecimiento gracias al modelo de desarrollo basado en la extracción de nuestros recursos, ya sea el oro, el cobre, el agua, etc. Nosotras, las mujeres de Celendín, bien lo sabemos.

Tenemos gran parte de nuestro territorio cajamarquino concesionado y con explotación minera, y pronto quieren implementar proyectos hidroeléctricos. Cuando decimos que estos proyectos son también violencia contra las mujeres, nos preguntan y nos dicen por qué “politizan” este tema. La marcha de NI UNA MENOS en cualquier parte del país, es una marcha profundamente política, porque busca cambiar todo lo que nos afecta, cambiar nuestra sociedad. Es una marcha que está tejiendo más puntales al movimiento de mujeres y contra la violencia hacia las mujeres que existe desde muchos años atrás en el país. Es una marcha contra todas las violencias, nos solo la física, la verbal o la más terrible, la del feminicidio. Por eso nos sentimos incluidas y queremos dar nuestra voz para expresar que aquí también vivimos todas esas violencias, en nuestras vidas, en el día a día, desde mucho tiempo antes. ¿Acaso no fueron nuestras abuelas las primeras mujeres violentadas por la conquista colonial? Pero ellas también resistieron como nosotras lo hacemos ahora ante nuevos colonizadores que vienen por nuestros recursos naturales, arrasando nuestras tierras, lagunas y ríos, y dentro de ellas con nuestros cuerpos, nuestras vidas, familias y comunidades. ¿O es que acaso no es nuestra fuerza de trabajo, nuestra salud, nuestros proyectos de vida la que costean este crecimiento económico?, ¿no es a través de estas violencias por lo que ganan más dinero y se vuelven más poderosos?

Alzamos nuestra voz para decir que vivimos una violencia articulada: la que tenemos en casa, en las calles y por la defensa de nuestros territorios.  Pero no somos víctimas, somos sobrevivientes, somos resistencia, somos el otro poder. Desde ahí luchamos contra todo lo que nos violenta, despoja y oprime. Somos el legado de nuestras abuelas, de todas las mujeres que nos antecedieron, que nos querían libres, felices, en comunidad.

Por eso hoy decimos:

¡NI UNA MENOS, si nos tocan a una, nos tocan a todas!

¡El Proyecto Conga, Chadín 2, Rio Grande 1 y 2, también son violencias contra las mujeres!

¡NO más violencias contra las celendinas, contra las peruanas!

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Se inauguró la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos en Celendín, como un espacio para la  formación desde el compartir, el sentir y la articulación entre luchas de la provincia y más allá de ella.

La provincia de Celendín fue el escenario en donde los días 5, 6 y 7 de agosto se desarrolló la escuela de líderes y lideresas “Hugo Blanco Galdos”. Este encuentro albergó a más de cien participantes provenientes de 31 comunidades de la provincia de Celendín, San Marcos y Cajabamba en la región Cajamarca, provincia de Bolívar de la Región La libertad y de las provincias de Luya y Chachapoyas de la región Amazonas. Las delegaciones provienen de territorios en resistencia frente al proyecto minero Conga y a territorios en resistencia a la construcción de mega represas como Chadín 2 y Río Grande 1 y 2 en el Río Marañón.

Esta escuela es una iniciativa de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) que junta a distintas organizaciones, colectivos y personas que se han organizado para defender el medio ambiente y la vida en la provincia de Celendín. Originalmente nuestro proceso organizativo se ha enfocado en resistir al mega-proyecto minero Conga, a lo cual se ha sumado posteriormente la defensa del Río Marañón en donde numerosas comunidades se encuentran hoy en resistencia frente a las hidroeléctricas Chadín 2, Río Grande 1 y 2, hecho que ha significado la recurrente criminalización y la represión de la protesta y la organización social.

En la Escuela “Hugo Blanco” se ha trabajado de forma comunitaria, aprendiendo tanto de la teoría, como de la práctica. Por ello se ha contado con presentaciones de líderes(as) sociales y otros especialistas sobre su experiencia; se ha realizado intercambios entre procesos de lucha; se ha reflexionado sobre nuestra historia, sobre nuestros desafíos personales y colectivos para lograr los cambios anhelados;  se ha desarrollado una visión común y propuestas de alternativas al extractivismo; todo ello a partir de momentos de mística, de arte y cultura, de compartires y sentires colectivos, que refuerzan nuestra identidad y conexión con la tierra.

Hugo Blanco estaba presente en esta primera sesión de la Escuela, compartiendo sus experiencias y convocando a construir otro país desde abajo, desde una ética y práctica comunitaria. También participaron Eduardo Cáceres, Mirtha Vázquez y la dirigente Bambamarquina Blanca Llamoqtanta para comentar las temáticas del programa. El equipo pedagógico que coordina y facilita la Escuela está conformado por dirigentes de la PIC y cuenta con la colaboración del equipo de educadores y educadoras populares del Programa Democracia y Transformación Global.

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Gary Goldberg, CEO de Newmont Mining, tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el gobierno entrante.

(Bloomberg).- La minera estadounidense Newmont Mining Corp. buscará conversaciones con el nuevo Gobierno del Perú para discutir las opciones para desarrollar su enorme proyecto aurífero de Minas Conga en Cajamarca, cuatro años después que una serie de protestas forzaron la paralización de la iniciativa, dijo el CEO Gary Goldberg.

“He oído cosas buenas del presidente entrante y sobre su enfoque de querer fomentar el desarrollo con el apoyo de las comunidades locales”, dijo en una entrevista desde Greenwood Village, Colorado, donde la segunda compañía minera de oro más grande del mundo tiene su sede.

Si bien Newmont no tiene planes para desarrollar el proyecto en un “futuro previsible”, la minera está trabajando para obtener el apoyo local, dijo Goldberg, que tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el nuevo gobierno.

En el 2012 Newmont paralizó los trabajos en el proyecto de US$ 5,000 millones en la región Cajamarca después de violentas protestas por parte de agricultores que temen que la mina afecte los suministros de agua en la zona.

Los planes del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para reforzar la coordinación con las autoridades estatales podría allanar el camino para las conversaciones entreNewmont y las autoridades de Cajamarca, dijo Goldberg.

Kuczynski, quien asumirá la presidencia el 28 de julio, ha dicho que Minas Conga no es viable en tanto continúe el conflicto social.

Kuczynski, ex ministro de Finanzas y banquero de inversión, fue director ejecutivo de Halco Mining Inc. con sede en Pittsburgh hacia finales de la década de 1970. El miércoles PPK estuvo en La Oroya en el centro del Perú para visitar la fundición de zinc de Doe Run Perú, que fue cerrada en el 2009, y prometió hacer “el máximo esfuerzo” para reabrir el complejo.

Si bien el gobierno del presidente saliente Ollanta Humala ha visto un aumento de la inversión y producción minera por la puesta en marcha de proyectos de MMG Ltd. de China y de Freeport-McMoRan, otras empresas comoNewmont y Southern Copper Corp. han pospuesto sus proyectos debido a la oposición de la comunidades aledañas.

Fuente: Diario Gestion http://gestion.pe/empresas/newmont-quiere-reunion-ppk-discutir-viabilidad-conga-2164963


Plataforma Inteinstitucional Celendina, Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, Sutep de la provincia de Celendín, Frente de Defensa del distrito de Huasmín, Frente de Defensa del Distrito de Sorochuco, Frente de Defensa de la Cuenca del río Jadibamba, Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, Central de Rondas Campesinas de Bambamarca, Juntas Vecinales de Bambamarca, Sutep de la provincia Hualgayoc – Bambamarca, Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú; en asamblea interprovincial celebrada en la Laguna El Perol, realizada el día 20 de octubre, se acordó realizar una gran movilización en la ciudad de Cajamarca para el día 26 de noviembre de 2015, rechazando los trabajos que viene realizando la minera Yanacocha en el dique El Perol, tal como se constató en dicha inspección. Es por ello que se hace la convocatoria para la participación masiva de las distintas comunidades y demostrar al Gobierno y a Yanacocha que este proyecto no tiene licencia social y que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus trabajos.

 


Por:

Wilfredo Cholán y Juan Limay

Días atrás, la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaró nula la resolución de la Fiscalía Provincial de Celendín que archivaba las denuncias interpuestas por Máxima Acuña por los constantes hostigamientos y agresiones de los que es objeto, por iniciativa de la Empresa Minera Yanacocha. Así, pues, se volverá a investigar todos los casos denunciados y se emitirá un nuevo fallo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falló a favor de los Chaupe Acuña. Asimismo, la gobernación de Cajamarca dio las garantías necesarias para que la familia pueda vivir tranquila. Sin embargo, la campesina se vio en la necesidad de denunciaruna serie de abusos cometidos por laminera.

En comunicación con Noticias SER, Socorro Quiroz, representante de la Asociación para la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente (ADEVIMA), calificó de “excelente” el pedido de nueva investigación de los casos denunciados, ya que, según consideró, todavía existe justicia: “A nosotros nos preocupan mucho los moretones de Máxima y los constantes hostigamientos que está sufriendo, pero esta noticia nos alienta a decir que hay personas justas y que la verdad siempre se impone”, comentó.

Quiroz señaló, sin embargo, que la justicia en Celendín parece estar corrompida, porque todos los casos que ha tenido Máxima allí prácticamente han sido archivados, o recibido sentencia en su contra: “Al parecer hay acuerdos entre la empresa y el Ministerio Publico”, subrayó.

En tanto, Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe Acuña, recordó que, desde enero del año pasado, ha venido denunciando todos los atropellos que Máxima y su familia han estado sufriendo, de parte de la empresa, y que la fiscalía de Celendín ha ido archivándolos sin ningún sustento legal. Este hecho ha motivado que la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaré nula dicha resolución y disponga nuevas investigaciones: “La fiscalía de Celendín archivó todas estas denuncias, diciendo que todo  constituye la defensa posesoria de la empresa. La resolución de ellos está mal fundamentada, no tiene sustento jurídico ni factico. Por eso han pedido profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades sobre el tema”, explicó.

La letrada dijo, igualmente, que tal decisión ha sido muy importante, porquede haberse cerrado los casos, validando los abusos como si fuera un ejercicio de derecho de la empresa, se habría sentado un pésimo precedente.

Destruyen cocina mejorada

El lunes último, Máxima Acuña denunció nuevamente que personas desconocidas destruyeron su cocina mejorada mientras se encontraba fuera de su casa. En tal sentido, el vicepresidente de las rondas campesinas de Sorochuco, Fabio Rodríguez, renovó su compromiso de brindar siempre su apoyo a la familia Chaupe y ofreció que estarían atentos ante cualquier abuso: “Como rondas, vamos a intervenir a la gente que estéocasionando daños; no hay otra manera, recalcó. Asimismo, adelantó que el 26 de noviembre los ronderosestarán participando en la movilización en Cajamarca.

Publicado por Noticias Ser

18/11/2015


Por:

Wilfredo Cholán

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca admitió la demanda de Amparo presentada hace dos años contra el proyecto minero Conga, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) así lo dispusiera mediante resolución. Asimismo, fueron admitidos los Amicus Curiae presentados por diferentes instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Cajamarca y  una universidad canadiense, entre otras. De este modo, la empresa minera Yanacocha tendrá que objetar y sustentar la demanda planteada de afectación de derechos fundamentales que ocasionaría el proyecto mencionado.

En diálogo con Noticias SER, Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides, explicó que esta admisión del Amparo marca un precedente en la justicia peruana, ya que minera Yanacocha estaba intentando que no se admita: “En el país, pocas veces se ha planteado  el asunto de discutir qué es prioritario, el derecho al medio ambiente o los derechos económicos, y esa es una discusión que estamos planteando. Va a ser importante, en  términos jurídicos, legales y sociales. A partir de esta experiencia, se van a declarar admisibles todos los amparos que se presenten en relación a megaproyectos que vayan a lesionar derechos fundamentales”, detalló. Asimismo, la abogada dijoque lo que plantea Yanacocha es que estos casos no deberían discutirse en un amparo que ve derechos fundamentales, sino que deberían evaluarse en un proceso administrativo.

“Por ejemplo, el aporte que ha hecho la universidad de Cánada ha sido el mostrar cómo siendo ese también un país minero, en muchas oportunidades se ha logrado priorizar el derecho al medio ambiente para frenar megaproyectos mineros, incluso más grandes que el de Conga. Lo que ellos dicen es: si en Canadá se procede así, por qué en el Perú no se podría empezar con esa política de priorizar derechos fundamentales sobre derechos económicos”, puntualizó.

Debate de fondo

Vásquez anunció, así mismo, que en adelante se debatirá el tema de fondo, y ambas partes sustentarán técnica y legalmente sus posiciones y argumentos ante las instancias correspondientes: “Vamos a entrar a la discusión técnico legal sobre la vulneración de derechos al medio ambiente. Luego viene un fallo de primera instancia, respecto al cual, cualquiera de las partes tiene el derecho de impugnar. Supongo que el caso volverá al TC, porque cualquiera de las partes va a intentar agotar todas  las vías”, señaló.

“Es un paso importante en nuestra lucha”

Por su parte, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), señaló que dicha admisión es un paso legal importante en su lucha por la inviabilidad del proyecto Conga,y que por fin se ha logrado lo quese ha estado buscando desde hace tres años. “Ha sido sustancial, porque hasta los Amicus Curiae han sido admitidos. Entonces, imagino que Yanacocha debe estar preocupada”, declaró.

Asimismo, el dirigente consideró que su lucha se da desde varios espacios, como el social, legal y técnico: “el social tendrá su curso el 26 de noviembre, pues vamos a movilizarnos en Cajamarca; el tema legal se sustenta justamente en esta admisión de amparo, y el tema técnico, que nos avala,ya ha sido demostrado por diversas instituciones”, refirió.

Publicado en Noticias Ser

18/11/2015


Extraño. Posición de Jorge Urquía ha desconcertado a dirigencia del MAS. Alcalde de Celendín dejó su posición antiminera.

Cambio radical. Jorge Urquía lideraba luchas antimineras contra proyecto Conga..

Edgar Jara Rodríguez
Cajamarca

El alcalde provincial de Celendín, Jorge Urquía Sánchez, dejó atrás su cerrada oposición al proyecto minero Conga, al anunciar que en su condición de autoridad está imposibilitado de participar de las jornadas de lucha antimineras y protestas, pues al formar parte del Estado no podría estar contra él.

“Como autoridades estamos prohibidos de participar en movilizaciones y protestas, como Estado no podríamos estar contra el propio Estado”, respondió sobre la posición del concejo municipal acerca del cuestionado proyecto cuprífero. Urquía llegó a la condición de alcalde por el Movimiento de Afirmación Social (MAS), que lidera el encarcelado Gregorio Santos Guerrero.

Cuando las protestas arreciaron el 2012 contra el proyecto minero Conga, el entonces defensor del medio ambiente cuestionaba duramente al alcalde Mauro Siles, quien incluso huyó de la provincia abandonando el cargo por temor a perder su vida ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los radicales.

Mensaje incendiario

Más de uno en la ciudad cajamarquina de Celendín recuerda que en cuanta protesta contra la Newmont, dueña del proyecto Conga, Urquía, utilizando un lenguaje inflamable, llamaba a las movilizaciones porque “siempre debemos estar al lado del pueblo para rechazar la voracidad de las mineras que nos quieren dejar sin agua”.

En las últimas convocatorias para visitar las lagunas en la zona del proyecto Conga, el burgomaestre Jorge Urquía Sánchez brilló por su ausencia, pese a las reiteradas invitaciones.

La firmeza de la posición medioambientalista de Urquía ha levantado sospechas en las filas del MAS, pues si bien hace quince días en Cajamarca participó en las elecciones para elegir a la nueva dirigencia regional, antes, rodeado de funcionarios de Odebrecht, aplaudía el proyecto Chadín II, duramente cuestionado por el movimiento de Santos Guerrero, y que posteriormente fuera suspendido. 

 

Se inicia el juicio de 13 dirigentes del Distrito de Sorochuco y 3 del distrito y provincia de Celendín.

Gobernadores de la provincia de Celendín y del distrito de Sorochuco, no cuentan con pruebas objetivas, su acusación sólo se basan en su propia versión.

El jueves 29 de Octubre, en la ciudad de Cajamarca, se inició el juicio oral contra 16 dirigentes sociales acusados por los gobernadores de Celendín y Sorochuco de secuestro agravado, coacción,  y ultraje a los símbolos patrios.

Según Mirtha Vásquez, abogada de los 16 dirigentes ambientales, dijo que demostrará que la acusación del Fiscal de Celendín es ¨totalmente falsa¨. ¨Es verdad que los 16 inculpados y muchos pobladores de Sorochuco sí participaron en una reunión abierta y pública el 24 de abril del 2013 donde cuestionaron de manera pacífica la actitud de los gobernadores que tienen una posición a favor de la minería, particularmente en favor del Proyecto Conga, pero no hubo secuestro ni agresiones físicas a las autoridades¨, indicó.

Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, Gobernadores del distrito de Sorochuco y provincia de Celendín sostienen que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.

Por otro lado denunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Celendín no han dado la oportunidad a sus defendidos de ofrecer medios probatorios como parte del derecho a la defensa.

¨Afortunadamente el Juez Luis Vásquez del Juzgado Colegiado B de Cajamarca ha aceptado la presentación de los medios de prueba, los cuales cambiarán el rumbo del proceso¨ manifestó la abogada Mirtha Vásquez.

Fiscal reiteró pedido de cárcel

Por su parte el representante del Ministerio Público de Celendín reiteró su pedido de cárcel entre 33 y 36 años para los dirigentes ambientales, a pesar que su acusación sólo tiene versiones de los gobernadores.

Este proceso constituye una persecución e intento de neutralizar a los dirigentes y líderes que se oponen a proyectos que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo sus propiedades individuales. ¨Hay una clara intención de perjudicar el accionar de los dirigentes imputándoles delitos y hechos sumamente falsos y enfrentar procesos que implican varias desventajas para los denunciados¨, indicó Mirtha Vásquez.

El caso de los 16 dirigentes ambientales de Celendín es una clara muestra de la asociación grandes empresas – gobierno que buscan criminalizar a dirigentes y personas que al ver que su vida, sus territorios y sus pertenencias en peligro cuestionan la viabilidad de determinados proyectos.

Las personas denunciadas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

¿Quién está detrás de este proceso?

Para los involucrados en este caso, es visible y claro que detrás de esta persecución estaría la misma Minera Yanacocha, prueba de ello es la presencia de uno de sus abogados, César Cumpa Flores que se presentó en una audiencia anterior como abogado de los gobernadores de Sorochuco y Celendín. César Cumpa Flores antes de pasar a trabajar a Yanacocha se desempeñaba como fiscal de la provincia de Celendín e investigaba las denuncias en contra de autoridades y dirigentes en el conflicto Conga formuladas por la minera Yanacocha.

A la derecha, Pedro Zamora Rojas, Gobernador de Celendín, en el centro, César Cumpa Flores, abogado de Minera Yanacocha y en la izquierda el actual coordinador de los fiscales de la provincia de Celendín, en estrechas coordinaciones.