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Celendín: Vigilia #NiUnaMenos

Publicado: 14 agosto, 2016 en NOTICIAS
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El día de ayer distintas organizaciones sociales se movilizaron por las calles de la provincia de Celendín y por la noche en la Plaza de Armas la Organización de Mujeres Defensoras realizó una vigilia en la que dieron a conocer un pronunciamiento frente a la violencia contra las mujeres.

 

PRONUNCIAMIENTO

La Organización de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Celendín y la PIC rechazan todo tipo de violencia contra las mujeres peruanas.

¡NI UNA MENOS!, ni una mujer peruana violentada, criminalizada, con comunidades contaminadas ni inundadas o desplazadas.

Hoy 13 Agosto, se convierte en un momento histórico para el país porque es la primera vez en que millones de mujeres y varones, ciudadanas y ciudadanos, autoridades y familias de diversas regiones, se unen a la movilización  NI UNA MENOS.

Porque no queremos ni una mujer menos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras organizaciones, en nuestras luchas. No queremos ni a una mujer golpeada, violentada, violada, discriminada, excluida, con hambre, explotada, criminalizada, desplazada, despojada, contaminada, asesinada. Nos queremos libres de todo tipo de violencia, de la que viene del marido que golpea en algunos casos hasta matarnos, de los medios de comunicación que nos tratan como mercancía sexual, de las empresas que nos explotan y contaminan, de los policías que reprimen y maltratan a las que denuncian, del poder judicial que criminaliza y que no hace caso a las denuncias por violencias, del Estado que no ve a este problema como un problema urgente que atender, pese  a que afecta a más de la mitad de la población, generando con todo esto que las violencias se mantengan y se refuercen.

Lo decía una congresista que por denunciar también fue objeto de acoso político público, otro tipo de violencia. Indira Huilca, nos recordó que somos un “país de violadores” ya que ocupamos el segundo lugar en las estadísticas de violaciones sexuales contra las mujeres en América Latina y tercer lugar en el mundo. Una práctica violenta que se asemeja y se justifica de la misma manera como a las esterilizaciones forzadas implementada como política pública por el gobierno de Alberto Fujimori que tuvieron que pasar nuestras abuelas o madres en las regiones campesinas, indígenas y quechuahablantes del país; es decir porque, según ellos “son mujeres que no pueden y no deben decidir lo que quieren con sus vidas, sus cuerpos y su futuro”.

Somos además un país que se dice en crecimiento gracias al modelo de desarrollo basado en la extracción de nuestros recursos, ya sea el oro, el cobre, el agua, etc. Nosotras, las mujeres de Celendín, bien lo sabemos.

Tenemos gran parte de nuestro territorio cajamarquino concesionado y con explotación minera, y pronto quieren implementar proyectos hidroeléctricos. Cuando decimos que estos proyectos son también violencia contra las mujeres, nos preguntan y nos dicen por qué “politizan” este tema. La marcha de NI UNA MENOS en cualquier parte del país, es una marcha profundamente política, porque busca cambiar todo lo que nos afecta, cambiar nuestra sociedad. Es una marcha que está tejiendo más puntales al movimiento de mujeres y contra la violencia hacia las mujeres que existe desde muchos años atrás en el país. Es una marcha contra todas las violencias, nos solo la física, la verbal o la más terrible, la del feminicidio. Por eso nos sentimos incluidas y queremos dar nuestra voz para expresar que aquí también vivimos todas esas violencias, en nuestras vidas, en el día a día, desde mucho tiempo antes. ¿Acaso no fueron nuestras abuelas las primeras mujeres violentadas por la conquista colonial? Pero ellas también resistieron como nosotras lo hacemos ahora ante nuevos colonizadores que vienen por nuestros recursos naturales, arrasando nuestras tierras, lagunas y ríos, y dentro de ellas con nuestros cuerpos, nuestras vidas, familias y comunidades. ¿O es que acaso no es nuestra fuerza de trabajo, nuestra salud, nuestros proyectos de vida la que costean este crecimiento económico?, ¿no es a través de estas violencias por lo que ganan más dinero y se vuelven más poderosos?

Alzamos nuestra voz para decir que vivimos una violencia articulada: la que tenemos en casa, en las calles y por la defensa de nuestros territorios.  Pero no somos víctimas, somos sobrevivientes, somos resistencia, somos el otro poder. Desde ahí luchamos contra todo lo que nos violenta, despoja y oprime. Somos el legado de nuestras abuelas, de todas las mujeres que nos antecedieron, que nos querían libres, felices, en comunidad.

Por eso hoy decimos:

¡NI UNA MENOS, si nos tocan a una, nos tocan a todas!

¡El Proyecto Conga, Chadín 2, Rio Grande 1 y 2, también son violencias contra las mujeres!

¡NO más violencias contra las celendinas, contra las peruanas!

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Se inauguró la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos en Celendín, como un espacio para la  formación desde el compartir, el sentir y la articulación entre luchas de la provincia y más allá de ella.

La provincia de Celendín fue el escenario en donde los días 5, 6 y 7 de agosto se desarrolló la escuela de líderes y lideresas “Hugo Blanco Galdos”. Este encuentro albergó a más de cien participantes provenientes de 31 comunidades de la provincia de Celendín, San Marcos y Cajabamba en la región Cajamarca, provincia de Bolívar de la Región La libertad y de las provincias de Luya y Chachapoyas de la región Amazonas. Las delegaciones provienen de territorios en resistencia frente al proyecto minero Conga y a territorios en resistencia a la construcción de mega represas como Chadín 2 y Río Grande 1 y 2 en el Río Marañón.

Esta escuela es una iniciativa de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) que junta a distintas organizaciones, colectivos y personas que se han organizado para defender el medio ambiente y la vida en la provincia de Celendín. Originalmente nuestro proceso organizativo se ha enfocado en resistir al mega-proyecto minero Conga, a lo cual se ha sumado posteriormente la defensa del Río Marañón en donde numerosas comunidades se encuentran hoy en resistencia frente a las hidroeléctricas Chadín 2, Río Grande 1 y 2, hecho que ha significado la recurrente criminalización y la represión de la protesta y la organización social.

En la Escuela “Hugo Blanco” se ha trabajado de forma comunitaria, aprendiendo tanto de la teoría, como de la práctica. Por ello se ha contado con presentaciones de líderes(as) sociales y otros especialistas sobre su experiencia; se ha realizado intercambios entre procesos de lucha; se ha reflexionado sobre nuestra historia, sobre nuestros desafíos personales y colectivos para lograr los cambios anhelados;  se ha desarrollado una visión común y propuestas de alternativas al extractivismo; todo ello a partir de momentos de mística, de arte y cultura, de compartires y sentires colectivos, que refuerzan nuestra identidad y conexión con la tierra.

Hugo Blanco estaba presente en esta primera sesión de la Escuela, compartiendo sus experiencias y convocando a construir otro país desde abajo, desde una ética y práctica comunitaria. También participaron Eduardo Cáceres, Mirtha Vázquez y la dirigente Bambamarquina Blanca Llamoqtanta para comentar las temáticas del programa. El equipo pedagógico que coordina y facilita la Escuela está conformado por dirigentes de la PIC y cuenta con la colaboración del equipo de educadores y educadoras populares del Programa Democracia y Transformación Global.

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Gary Goldberg, CEO de Newmont Mining, tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el gobierno entrante.

(Bloomberg).- La minera estadounidense Newmont Mining Corp. buscará conversaciones con el nuevo Gobierno del Perú para discutir las opciones para desarrollar su enorme proyecto aurífero de Minas Conga en Cajamarca, cuatro años después que una serie de protestas forzaron la paralización de la iniciativa, dijo el CEO Gary Goldberg.

“He oído cosas buenas del presidente entrante y sobre su enfoque de querer fomentar el desarrollo con el apoyo de las comunidades locales”, dijo en una entrevista desde Greenwood Village, Colorado, donde la segunda compañía minera de oro más grande del mundo tiene su sede.

Si bien Newmont no tiene planes para desarrollar el proyecto en un “futuro previsible”, la minera está trabajando para obtener el apoyo local, dijo Goldberg, que tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el nuevo gobierno.

En el 2012 Newmont paralizó los trabajos en el proyecto de US$ 5,000 millones en la región Cajamarca después de violentas protestas por parte de agricultores que temen que la mina afecte los suministros de agua en la zona.

Los planes del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para reforzar la coordinación con las autoridades estatales podría allanar el camino para las conversaciones entreNewmont y las autoridades de Cajamarca, dijo Goldberg.

Kuczynski, quien asumirá la presidencia el 28 de julio, ha dicho que Minas Conga no es viable en tanto continúe el conflicto social.

Kuczynski, ex ministro de Finanzas y banquero de inversión, fue director ejecutivo de Halco Mining Inc. con sede en Pittsburgh hacia finales de la década de 1970. El miércoles PPK estuvo en La Oroya en el centro del Perú para visitar la fundición de zinc de Doe Run Perú, que fue cerrada en el 2009, y prometió hacer “el máximo esfuerzo” para reabrir el complejo.

Si bien el gobierno del presidente saliente Ollanta Humala ha visto un aumento de la inversión y producción minera por la puesta en marcha de proyectos de MMG Ltd. de China y de Freeport-McMoRan, otras empresas comoNewmont y Southern Copper Corp. han pospuesto sus proyectos debido a la oposición de la comunidades aledañas.

Fuente: Diario Gestion http://gestion.pe/empresas/newmont-quiere-reunion-ppk-discutir-viabilidad-conga-2164963


Plataforma Inteinstitucional Celendina, Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, Sutep de la provincia de Celendín, Frente de Defensa del distrito de Huasmín, Frente de Defensa del Distrito de Sorochuco, Frente de Defensa de la Cuenca del río Jadibamba, Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, Central de Rondas Campesinas de Bambamarca, Juntas Vecinales de Bambamarca, Sutep de la provincia Hualgayoc – Bambamarca, Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú; en asamblea interprovincial celebrada en la Laguna El Perol, realizada el día 20 de octubre, se acordó realizar una gran movilización en la ciudad de Cajamarca para el día 26 de noviembre de 2015, rechazando los trabajos que viene realizando la minera Yanacocha en el dique El Perol, tal como se constató en dicha inspección. Es por ello que se hace la convocatoria para la participación masiva de las distintas comunidades y demostrar al Gobierno y a Yanacocha que este proyecto no tiene licencia social y que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus trabajos.

 


Por:

Wilfredo Cholán y Juan Limay

Días atrás, la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaró nula la resolución de la Fiscalía Provincial de Celendín que archivaba las denuncias interpuestas por Máxima Acuña por los constantes hostigamientos y agresiones de los que es objeto, por iniciativa de la Empresa Minera Yanacocha. Así, pues, se volverá a investigar todos los casos denunciados y se emitirá un nuevo fallo.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falló a favor de los Chaupe Acuña. Asimismo, la gobernación de Cajamarca dio las garantías necesarias para que la familia pueda vivir tranquila. Sin embargo, la campesina se vio en la necesidad de denunciaruna serie de abusos cometidos por laminera.

En comunicación con Noticias SER, Socorro Quiroz, representante de la Asociación para la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente (ADEVIMA), calificó de “excelente” el pedido de nueva investigación de los casos denunciados, ya que, según consideró, todavía existe justicia: “A nosotros nos preocupan mucho los moretones de Máxima y los constantes hostigamientos que está sufriendo, pero esta noticia nos alienta a decir que hay personas justas y que la verdad siempre se impone”, comentó.

Quiroz señaló, sin embargo, que la justicia en Celendín parece estar corrompida, porque todos los casos que ha tenido Máxima allí prácticamente han sido archivados, o recibido sentencia en su contra: “Al parecer hay acuerdos entre la empresa y el Ministerio Publico”, subrayó.

En tanto, Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe Acuña, recordó que, desde enero del año pasado, ha venido denunciando todos los atropellos que Máxima y su familia han estado sufriendo, de parte de la empresa, y que la fiscalía de Celendín ha ido archivándolos sin ningún sustento legal. Este hecho ha motivado que la Fiscalía Superior Penal de Cajamarca declaré nula dicha resolución y disponga nuevas investigaciones: “La fiscalía de Celendín archivó todas estas denuncias, diciendo que todo  constituye la defensa posesoria de la empresa. La resolución de ellos está mal fundamentada, no tiene sustento jurídico ni factico. Por eso han pedido profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades sobre el tema”, explicó.

La letrada dijo, igualmente, que tal decisión ha sido muy importante, porquede haberse cerrado los casos, validando los abusos como si fuera un ejercicio de derecho de la empresa, se habría sentado un pésimo precedente.

Destruyen cocina mejorada

El lunes último, Máxima Acuña denunció nuevamente que personas desconocidas destruyeron su cocina mejorada mientras se encontraba fuera de su casa. En tal sentido, el vicepresidente de las rondas campesinas de Sorochuco, Fabio Rodríguez, renovó su compromiso de brindar siempre su apoyo a la familia Chaupe y ofreció que estarían atentos ante cualquier abuso: “Como rondas, vamos a intervenir a la gente que estéocasionando daños; no hay otra manera, recalcó. Asimismo, adelantó que el 26 de noviembre los ronderosestarán participando en la movilización en Cajamarca.

Publicado por Noticias Ser

18/11/2015


Por:

Wilfredo Cholán

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca admitió la demanda de Amparo presentada hace dos años contra el proyecto minero Conga, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) así lo dispusiera mediante resolución. Asimismo, fueron admitidos los Amicus Curiae presentados por diferentes instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Cajamarca y  una universidad canadiense, entre otras. De este modo, la empresa minera Yanacocha tendrá que objetar y sustentar la demanda planteada de afectación de derechos fundamentales que ocasionaría el proyecto mencionado.

En diálogo con Noticias SER, Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides, explicó que esta admisión del Amparo marca un precedente en la justicia peruana, ya que minera Yanacocha estaba intentando que no se admita: “En el país, pocas veces se ha planteado  el asunto de discutir qué es prioritario, el derecho al medio ambiente o los derechos económicos, y esa es una discusión que estamos planteando. Va a ser importante, en  términos jurídicos, legales y sociales. A partir de esta experiencia, se van a declarar admisibles todos los amparos que se presenten en relación a megaproyectos que vayan a lesionar derechos fundamentales”, detalló. Asimismo, la abogada dijoque lo que plantea Yanacocha es que estos casos no deberían discutirse en un amparo que ve derechos fundamentales, sino que deberían evaluarse en un proceso administrativo.

“Por ejemplo, el aporte que ha hecho la universidad de Cánada ha sido el mostrar cómo siendo ese también un país minero, en muchas oportunidades se ha logrado priorizar el derecho al medio ambiente para frenar megaproyectos mineros, incluso más grandes que el de Conga. Lo que ellos dicen es: si en Canadá se procede así, por qué en el Perú no se podría empezar con esa política de priorizar derechos fundamentales sobre derechos económicos”, puntualizó.

Debate de fondo

Vásquez anunció, así mismo, que en adelante se debatirá el tema de fondo, y ambas partes sustentarán técnica y legalmente sus posiciones y argumentos ante las instancias correspondientes: “Vamos a entrar a la discusión técnico legal sobre la vulneración de derechos al medio ambiente. Luego viene un fallo de primera instancia, respecto al cual, cualquiera de las partes tiene el derecho de impugnar. Supongo que el caso volverá al TC, porque cualquiera de las partes va a intentar agotar todas  las vías”, señaló.

“Es un paso importante en nuestra lucha”

Por su parte, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), señaló que dicha admisión es un paso legal importante en su lucha por la inviabilidad del proyecto Conga,y que por fin se ha logrado lo quese ha estado buscando desde hace tres años. “Ha sido sustancial, porque hasta los Amicus Curiae han sido admitidos. Entonces, imagino que Yanacocha debe estar preocupada”, declaró.

Asimismo, el dirigente consideró que su lucha se da desde varios espacios, como el social, legal y técnico: “el social tendrá su curso el 26 de noviembre, pues vamos a movilizarnos en Cajamarca; el tema legal se sustenta justamente en esta admisión de amparo, y el tema técnico, que nos avala,ya ha sido demostrado por diversas instituciones”, refirió.

Publicado en Noticias Ser

18/11/2015


Extraño. Posición de Jorge Urquía ha desconcertado a dirigencia del MAS. Alcalde de Celendín dejó su posición antiminera.

Cambio radical. Jorge Urquía lideraba luchas antimineras contra proyecto Conga..

Edgar Jara Rodríguez
Cajamarca

El alcalde provincial de Celendín, Jorge Urquía Sánchez, dejó atrás su cerrada oposición al proyecto minero Conga, al anunciar que en su condición de autoridad está imposibilitado de participar de las jornadas de lucha antimineras y protestas, pues al formar parte del Estado no podría estar contra él.

“Como autoridades estamos prohibidos de participar en movilizaciones y protestas, como Estado no podríamos estar contra el propio Estado”, respondió sobre la posición del concejo municipal acerca del cuestionado proyecto cuprífero. Urquía llegó a la condición de alcalde por el Movimiento de Afirmación Social (MAS), que lidera el encarcelado Gregorio Santos Guerrero.

Cuando las protestas arreciaron el 2012 contra el proyecto minero Conga, el entonces defensor del medio ambiente cuestionaba duramente al alcalde Mauro Siles, quien incluso huyó de la provincia abandonando el cargo por temor a perder su vida ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los radicales.

Mensaje incendiario

Más de uno en la ciudad cajamarquina de Celendín recuerda que en cuanta protesta contra la Newmont, dueña del proyecto Conga, Urquía, utilizando un lenguaje inflamable, llamaba a las movilizaciones porque “siempre debemos estar al lado del pueblo para rechazar la voracidad de las mineras que nos quieren dejar sin agua”.

En las últimas convocatorias para visitar las lagunas en la zona del proyecto Conga, el burgomaestre Jorge Urquía Sánchez brilló por su ausencia, pese a las reiteradas invitaciones.

La firmeza de la posición medioambientalista de Urquía ha levantado sospechas en las filas del MAS, pues si bien hace quince días en Cajamarca participó en las elecciones para elegir a la nueva dirigencia regional, antes, rodeado de funcionarios de Odebrecht, aplaudía el proyecto Chadín II, duramente cuestionado por el movimiento de Santos Guerrero, y que posteriormente fuera suspendido. 

 

Se inicia el juicio de 13 dirigentes del Distrito de Sorochuco y 3 del distrito y provincia de Celendín.

Gobernadores de la provincia de Celendín y del distrito de Sorochuco, no cuentan con pruebas objetivas, su acusación sólo se basan en su propia versión.

El jueves 29 de Octubre, en la ciudad de Cajamarca, se inició el juicio oral contra 16 dirigentes sociales acusados por los gobernadores de Celendín y Sorochuco de secuestro agravado, coacción,  y ultraje a los símbolos patrios.

Según Mirtha Vásquez, abogada de los 16 dirigentes ambientales, dijo que demostrará que la acusación del Fiscal de Celendín es ¨totalmente falsa¨. ¨Es verdad que los 16 inculpados y muchos pobladores de Sorochuco sí participaron en una reunión abierta y pública el 24 de abril del 2013 donde cuestionaron de manera pacífica la actitud de los gobernadores que tienen una posición a favor de la minería, particularmente en favor del Proyecto Conga, pero no hubo secuestro ni agresiones físicas a las autoridades¨, indicó.

Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, Gobernadores del distrito de Sorochuco y provincia de Celendín sostienen que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.

Por otro lado denunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Celendín no han dado la oportunidad a sus defendidos de ofrecer medios probatorios como parte del derecho a la defensa.

¨Afortunadamente el Juez Luis Vásquez del Juzgado Colegiado B de Cajamarca ha aceptado la presentación de los medios de prueba, los cuales cambiarán el rumbo del proceso¨ manifestó la abogada Mirtha Vásquez.

Fiscal reiteró pedido de cárcel

Por su parte el representante del Ministerio Público de Celendín reiteró su pedido de cárcel entre 33 y 36 años para los dirigentes ambientales, a pesar que su acusación sólo tiene versiones de los gobernadores.

Este proceso constituye una persecución e intento de neutralizar a los dirigentes y líderes que se oponen a proyectos que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo sus propiedades individuales. ¨Hay una clara intención de perjudicar el accionar de los dirigentes imputándoles delitos y hechos sumamente falsos y enfrentar procesos que implican varias desventajas para los denunciados¨, indicó Mirtha Vásquez.

El caso de los 16 dirigentes ambientales de Celendín es una clara muestra de la asociación grandes empresas – gobierno que buscan criminalizar a dirigentes y personas que al ver que su vida, sus territorios y sus pertenencias en peligro cuestionan la viabilidad de determinados proyectos.

Las personas denunciadas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

¿Quién está detrás de este proceso?

Para los involucrados en este caso, es visible y claro que detrás de esta persecución estaría la misma Minera Yanacocha, prueba de ello es la presencia de uno de sus abogados, César Cumpa Flores que se presentó en una audiencia anterior como abogado de los gobernadores de Sorochuco y Celendín. César Cumpa Flores antes de pasar a trabajar a Yanacocha se desempeñaba como fiscal de la provincia de Celendín e investigaba las denuncias en contra de autoridades y dirigentes en el conflicto Conga formuladas por la minera Yanacocha.

A la derecha, Pedro Zamora Rojas, Gobernador de Celendín, en el centro, César Cumpa Flores, abogado de Minera Yanacocha y en la izquierda el actual coordinador de los fiscales de la provincia de Celendín, en estrechas coordinaciones. 


Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

– Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.

Servindi, 13 de octubre, 2015.- Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI.

La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.

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Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de Lima. Foto: Servindi

“Vengo de Tragadero Grande”

“Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra”, denunció Máxima ante el auditorio de unas 500 personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y medios de comunicación de diversos países.

“Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales para cometer estas violaciones”, señaló la defensora de las lagunas.

“En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados. Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en nuestras propias tierras”, concluyó Máxima.

En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte. En mayo, un grupo de trabajadores de la empresa minera derribó una construcción levantada por la campesina y su familia.

En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima.

Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

“Siguen engañando a nuestro país”

“Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida”, dijo Elmer con voz firme ante la asamblea.

“Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro país con que el proyecto está suspendido”, señaló el representante de Bambamarca.

“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más derramamiento de sangre ni más muertos”, concluyó Elmer.

En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó baleado.

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Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi

Respuestas oficiales

La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute (NRGI) y ex director del Banco Mundial.

El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de Máxima y Elmer:

“Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo”, señaló McGuire.

“En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen”.

Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y justificaciones ante los reclamos formulados.

“La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones”.

“Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de manera abierta y sin violencia”.

“Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros, pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los derechos humanos o pasan momentos difíciles”.

“El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que generamos nosotros”, concluyó el funcionario.

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Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi

Conga no va

Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.

Se entregaron copias del informe “Conga no va” publicado recientemente por un grupo de organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”, agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo técnico.

“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto Conga” concluye el informe.

A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer cumplir sus propias Normas de Desempeño.

La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la región Cajamarca.

La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica.


Informe Hidroeléctricas en el marañón

Wilder A. Sánchez Sánchez

Tengo el deber de compartir el Informe Técnico elaborado por el Ing. Guido Peralta Quiroz sobre las graves consecuencias o impactos potenciales de las megarrepresas “Río Grande I” y “Río Grande II” que la empresa brasileña Odebrecht se apresta a construir en el Río Marañón, y que forman parte de 22 megaproyectos hidroeléctricos impulsados por el Gobierno de Alan García y por el actual.

La megarrepresa Río Grande I estará ubicada aguas arriba de la confluencia de los ríos Púsac y Marañón. El dique o presa se construirá cerca al caserío de Huanabamba; tendrá una longitud de 720 m, ancho de 10 m y una altura de 150 m, con lo cual se formará un embalse de más de 2,820 hectáreas de extensión y que tendrá una longitud de 42.5 Km, desde el dique hasta la cola.

La megarrepresa Río Grande II estará ubicada aguas arriba del pueblo de Balsas; el dique o presa se construirá relativamente cerca al puente Chacanto que forma parte de la carretera Celendín – Chachapoyas; tendrá una longitud de 600 m y una altura de 60 m, a fin de formar un embalse de más de 470 hectáreas y que tendrá una longitud de 10.8 Km, desde el dique hasta la cola.

En su Informe, el Ing. Guido pronostica los impactos que se producirán en la fase de abandono de las referidas mega represas.  Esto, teniendo en cuenta que después de 35 o más años de funcionamiento las represas quedarán inservibles al quedar colmatadas de sedimentos, por lo que será necesario desmontar las respectivas centrales hidroeléctricas, cosa que el propio proyecto prevé.  Después de esto, los diques o presas todavía subsistirán durante otros años, pero al fin y al cabo sufrirán fallas y colapsarán; será entonces cuando se estaría produciendo un mega huayco de 400 millones de metros cúbicos, o sea, 80 veces mayor que el huayco que sepultó la ciudad de Yungay en el terremoto de 1970, y que arrasaría con varios centros poblados, carreteras, puentes, campos agrícolas, viviendas, etc., aguas debajo de los embalses, que causaría la muerte por ahogamiento de miles de personas, posiblemente.

Estas y otras graves consecuencias son las que prevé el Ing. Peralta Quiroz en su Informe Técnico, con el que lanza una alerta, tanto a nivel nacional como internacional, a fin de exigir la derogatoria del Decreto Supremo que autorizó la construcción de mega represas y centrales hidroeléctricas en el Marañón y para que se apruebe una ley por la que se declare al río Marañón intangible a perpetuidad.

Cabe aclarar que los impactos potenciales pronosticados por el Ing. Peralta Quiroz únicamente se refieren a la etapa o fase de abandono de las mencionadas mega represas hidroeléctricas, mas no a los que se producirán en sus fases de construcción y operación.  En estas fases, por ejemplo, habrá gran destrucción de la biodiversidad, de ecosistemas únicos y la desaparición de especies endémicas, al quedar inundadas muchas tierras y zonas de vida ribereñas; asimismo, los embalses sepultarán importantes sitios arqueológicos y caminos pre-incas e incas que aún no han sido estudiados y puestos en valor.

Entérese de más detalles técnicos de las mega represas Río Grande I y II y de sus graves impactos en sus fases de abandono, leyendo el informe que se adjunta en formato pdf.

14.10.2015


Por: Mirtha Vázquez
Máxima Acuña de Chaupe se ha vuelto un símbolo dentro y fuera del país. Su tenaz y decidida lucha contra una transnacional minera que le quiere arrebatar sus tierras ha trascendido de forma talque la ha convertido en un ícono de la valentía y la resistencia, fuente de inspiración para muchos pobres que históricamente han sido atropellados por diferentes poderes.
Pero esta resistencia va dejando a su paso muchos costos para Máxima y sufamilia, que producto de esta lucha tienen que llevar una vida casi miserable, debido a las hostilidades de la empresa: Procesos judiciales, amenazas, ataques físicos e impedimentos para que puedan cultivar los productos que necesitan para auto sostenerse.
Para la empresa, este asunto también va generando suscostos. Su torpe manejo la ha puesto en evidencia respecto no solo a los pésimos métodos queutilizan para solucionar sus controversias, sino también por los excesos queestán dispuestos a cometer en nombre de “la defensa de sus derechos”. ¿Quién podría creer, a estas alturas, que esta es la forma correcta de resolver un conflicto cuasi doméstico para una empresa minera transnacional? Ni su propio gremio la avala. Se han oído, en repetidas oportunidades, solapadas críticas de sus homólogos, cuya preocupación es la secuela que este caso deja para todo el sector.
Pero aún más: El efecto Máxima ha trascendido hasta las estructuras más sensibles de este país. Ha puesto en evidencia las consecuencias perniciosas de un modelo neoliberal que minimiza un Estado y lo usa en función a los poderes económicos, quienes son los que de manera fáctica gobiernan el país. Este caso tiene la capacidad de probarlo: fuerzas policiales alquiladas para atacar y proteger los intereses empresariales, imposibilidad de actuación de autoridades para sancionar evidentes abusos, y hasta la modificación y adecuación de normas para legalizar los atropellos, como la ley 30230, que acomoda figuras legales como la “defensa posesoria” y le da la posibilidad a unacompañía como Yanacocha de escudarse en esta figura legal para destruir y dañar bienes sin ser sancionada.
Más allá de evidenciar lo negativo de este modelo, el efecto Máxima lo desafía, planteando desde la resistencia, un reacomodo de este Estado que la sociedad civil no se resigna a ceder a los poderes fácticos. No, Máxima no es una persona que defiende su tierra. Máxima se ha convertido en la expresión ciudadana que no va a ceder sus derechos ni su dignidad a la lógica económica.
No sabemos si Máxima finalmente logre conservar su propiedad, pero sí sabemos que ella ya ganó. Ganó al replantear problemas profundos de un Estado, que ahora podrán defenderse desde otras esferas.

marañón

Los escándalos de corrupción de la empresa de construcción brasileña Odebrecht y la estatal Petrobras extienden responsabilidades sobre el proyecto hidroeléctrico Chadín II en el Amazonas, así como otros 19 que esperan su turno en nuestro país, donde, aparte de los fuertes impactos ambientales que se generarían, estarían también los posibles multimillonarios sobornos a distintos gobiernos de ambos países.

ESCRIBE: PABLO PRADO REYES / REVISTA VELAVERDE
pablo.prado@revistavelaverde.pe

Al parecer, el proyecto hi­droeléctrico Chadín II, uno de los 20 que se están realizando en la selva pe­ruana a cargo de la prin­cipal empresa constructora brasileña, Odebrecht –sí la misma que está invo­lucrada hasta el cuello en un gigantesco caso de corrupción en su país–, no solo causaría impactos medioambientales, como ya se había denunciado en su momento, sino que habría generado ju­gosos dividendos para los gobiernos de ambos países.

Y es que se había señalado que la construcción de este gigante de concre­to de 175 metros de altura, ubicado en la cuenca del río Marañón, inundaría poblados del Amazonas y Cajamarca en un área total de 32 kilómetros cuadra­dos, obligando a desplazarse a unas mil personas de sus hogares.

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Por otro lado, el estudio de im­pacto ambiental (EIA) que fue apro­bado no tenía evidencias suficientes de los impactos que se generarían en la cuenca del Marañón y el Amazo­nas. Aparte que no se pormenorizaba cuánto iba a costar la reubicación de las familias trasladadas ni tampoco un presupuesto para impactos socia­les en comunidades indígenas ubica­das aguas abajo.

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CHADÍN II: ENTRE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y LOS SOBORNOS BRASILEÑOS

El megaproyecto hidroeléctrico a realizarse entre Cajamarca y Amazonas sigue en el ojo de la tormenta, donde sumados a los posibles impactos socioambientales y las acusaciones de corrupción de la empresa constructora Odebrecht están otros actos irregulares que ya están generando un nuevo conflicto social del cual el Gobierno ya estaba avisado.

Ya a estas alturas todos sabemos de los grandes actos de corrupción en que se ha visto inmersa la constructora brasile­ña Odebrecht, aquella que en nuestro país goza de varias concesiones que vieron su proliferación a partir de los años noventa, desempeñando trabajos desde 1979.

El megaproyecto hidroeléctrico Chadín II es uno de ellos, y genera na­turalmente muchas suspicacias al res­pecto por la extraña forma de su apro­bación. Y es que, mediante un decreto supremo en el 2011, el expresidente Alan García dio luz verde a la cons­trucción de 20 represas en una zona que para muchos expertos es de alta vulnerabilidad a un impacto ambien­tal que sería de ingentes proporciones y pérdidas irreversibles.

En ese entonces, García pronunció el proyecto como de interés nacional y fue identificado por el Gobierno como un proyecto potencial para la exporta­ción de energía a otros países.

Estaríamos hablando, entonces, de dos males endémicos enlazados a cos­ta de todos los peruanos. El primero, la afectación de nuestros ecosistemas y, como segundo mal, un proyecto posiblemente echado a andar con so­bornos multimillonarios a gobiernos peruanos. Más grave no habría.

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Actualmente, el proyecto se en­cuentra con el estudio de impacto am­biental (EIA) aprobado y está en etapa

“Odebrecht tiene la concesión de Chadín II, Río Grande I y II, que no sabemos en qué circunstancias se han dado”.

 


Tenemos una gran noticia: #Hijadelalaguna se estrenará en Cineplanet Real Plaza Cajamarca desde este jueves 27 de agosto.
Se proyectará en dos horarios diarios: 8:10 PM y 10:10 PM
Por lo menos una semana: ¡solo si se llena se queda más tiempo!


(Publicado el 17.108.2015 en el Facebook de la Municipalidad Distrital de Sorochuco)

ALCALDE DISTRITAL DE SOROCHUCO Y AUTORIDADES LLEGARON A LA LAGUNA EL PEROL PARA LA SIEMBRA DE TRUCHAS PERO FUERON IMPEDIDOS POR EL PROYECTO CONGA.
El alcalde de la Municipalidad Distrital Dr. Elmer Alaya Izquierdo junto a algunas autoridades del Distrito de Sorochuco, atendiendo al cronograma establecido de la siembra de alevines de truchas, llegaron a la Laguna el Perol de manera pacífica y respetuosa, con la finalidad de cumplir lo establecido; sin embargo en una de las garitas de control del proyecto CONGA ubicado en el Caserío de Agua Blanca, fueron impedidos de realizar dicha siembra, puesto que en el lugar se encontró a las fuerzas del orden acompañados por el Fiscal adjunto provincial de la fiscalía corporativa de la provincia de Celendín Dr. Hugo Neyser Cojal Bazán y representantes de de Minera Yanacocha, quienes manifestaron que no existe el permiso correspondiente por estar la Laguna el Perol ubicado dentro de una propiedad privada.
Frente a dicha actitud el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sorochuco sostuvo que se realizaran las acciones correspondientes con la finalidad de realizar en lo sucesivo el poblamiento de alevines de truchas en dicha Laguna, teniendo en consideración que la Laguna el Perol no es propiedad de minera Yanacocha pues constituye un bien público. Finalmente esta visita hacia la Laguna el Perol concluyó con la firma de un acta en presencia de todos los presentes, habiendo también pedido el alcalde Distrital de Sorochuco la verificación o constatación de dicha Laguna a donde llegó junto a las autoridades presentes.


por Nelly Luna Amancio

Publicado en: ojo-publico.com

La compañía brasileña, involucrada en un gigantesco caso de corrupción en Brasil, construirá una represa que inundará poblados de Amazonas y Cajamarca, una extensión equivalente a tres veces San Isidro, y desplazará a mil personas. Estudio de Impacto Ambiental presentado por su subsidiaria en Lima fue observado inicialmente por el Ministerio de Energía y Minas, pero luego fue aprobado a pesar de que no detallaba montos de inversión destinados a la reubicación de familias afectadas y a las evidencias de los impactos sobre la cuenca del Marañón y el Amazonas. Odebrecht tiene la concesión de otros proyectos hidroeléctricos en la zona.

El miedo tiene la forma de una gran inundación en la frontera de Cajamarca y Amazonas. No son las lluvias las que aterran a los ronderos y agricultores de la región nororiental del Perú, sino una gigantesca represa que sumergirá campos de cultivo, casas y escuelas de once poblados. En este remoto lugar de escarpados paisajes y montañas atravesadas por el caudaloso río Marañón, la compañía Odebrecht, involucrada en escandalosos actos de corrupción en Brasil, ha proyectado construir Chadin II, una megahidroeléctrica de 175 metros de altura que inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro. Mil personas tendrían que dejar sus hogares en nombre de la imparable demanda energética.

Chadin II es uno de los 20 proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Marañón que en abril del 2011, apenas tres meses antes de que culminara su gobierno, el expresidente Alan García declaró de interés nacional a través de un decreto supremo. La norma se basaba en estudios técnicos de hacía más de 30 años y formaba parte de la entonces agenda gubernamental para priorizar la exportación de energía al Brasil. Sin embargo, fue en el gobierno de Ollanta Humala, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó a la compañía AC Energía –subsidiaria de Odebrecht creada en Lima en el 2012- la concesión definitiva y aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El embalse inundará 32 kilómetros cuadrados de una superficie equivalente a 10 veces el tamaño del Central Park de Nueva York y tres veces el distrito limeño de San Isidro.

En la cuenca del Marañón, además de Chadin II, Odebrecht tiene otros dos proyectos con estudios de impacto ambiental en marcha: Rio Grande I y II, con impactos ambientales y sociales irrreversibles, y cuyo embalse -de construirse- desplazaría a otras 3.000 personas.

Odebrecht es uno de los mayores y más polémicos proveedores del Estado: muchas de sus obras presentan cuestionados sobrecostos. Sus negocios en el Perú se remontan a 1979, pero es a partir de los 90 cuando sus inversiones se incrementan. Desde entonces, han realizado 65 proyectos: las centrales hidroeléctricas Charcani V (Arequipa), San Gabán (Puno) y Cañón del Pato (Ancash); el proyecto Chavimochic (La Libertad) y en los últimos años, el millonario y cuestionado proyecto de irrigación Olmos (Lambayeque) junto con el Metro de Lima. Además tiene en marcha la construcción del gasoducto surandino que recorre la amazonía de Cusco, atraviesa los Andes y llega a la costa del Perú; la extensión de la vía Costa Verde-Callao y otros tres proyectos de infraestructura portuaria.

Impactos. Hay 19 sitios arqueológicos que serán afectados. El EIA dice que serán protegidos, pero no hay presupuesto al respecto. FOTO: José Serra

LOS DESPLAZADOS

La megahidroeléctrica de la subsidiaria de Odebrecht afectará a la población de seis distritos (Chumuch, Cortegana, Celendín, Pisuquia, Ocumal y Cocabamba), ubicadas en tres provincias (Celendin, Luya y Chachapoyas) de dos regiones: Cajamarca y Amazonas. El punto débil de Chadin II -al margen de las protestas de las rondas campesinas y las agrupaciones locales de la zona- radica en su polémico Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el MEM en febrero del 2014.

En setiembre del 2013 el Ministerio de Energía y Minas realizó 161 observaciones al EIA de Chadin II, elaborado por la consultora AMEC Perú. El megaproyecto brasileño no detalla presupuesto para los impactos sociales, ni planes de prevención contra los impactos que el gran embalse tendría sobre el río y las comunidades indígenas amazónicas Awajún y Wampis, ubicadas aguas abajo y cuya dieta en proteínas depende en parte del río Marañón. Además, establecía solo un 0.25% de su inversión para planes ambientales cuando estándares internacionales, como los del Banco Mundial, recomiendan más del 3%.

Luego de analizar el EIA, José Serra, ingeniero eléctrico con experiencia en el desarrollo de centrales hidroeléctricas y en el impacto que estas generan, concluyó para OjoPúblico, que la empresa brasileña no contempló un presupuesto para la reubicación y adaptación de los desplazados con su nuevo entorno. Además, el presupuesto que Odebrecht previó para el manejo ambiental de Chadin II resulta también insuficiente. “Para este tema la empresa ha previsto 4,2 millones de dólares (0.25% de la inversión total), pero si hacemos un cálculo de acuerdo a la mejor práctica del Banco Mundial, la inversión socioambiental mínima que debería hacer es de 58 millones de dólares, es decir el 3,4% de la inversión total”, coincide el ingeniero.

Rechazo. El área de influencia directa de Chadin II alcanza a seis distritos de Amazonas y Cajamarca. Ronderos y organizaciones locales rechazan el proyecto y demandan diálogo.

IMPACTO SOBRE BIODIVERSIDAD

Si se inunda gran parte de la cuenca, los impactos sobre la biodiversidad que alberga serán devastadores pues se interrumpirán los sedimentos que el Marañón arrastra hacia el Amazonas. “No sabemos cuál será el impacto de Chadin II y Veracruz [otra hidroeléctrica, pero en manos de la peruana Compañía Energética Veracruz, que se construye aguas arriba] en la población indígena awajún. Tampoco conocemos su impacto en la Reserva Natural Pacaya Samiria, de muy alta biodiversidad y productividad ictiológica”. Nada de eso, según Serra, se menciona en el EIA de Chadin II.

Los proyectos Rio Grande I y II inundarían un área de 38 kilómetros cuadrados, mucho más que Chadin II

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, también cuestionó la construcción de hidroeléctricas con gigantescos embalses en la Amazonía. La impresión del exfuncionario del Estado y actual consultor en temas energéticos, es que con la desaceleración económica del Perú y la corrupción destapada en Brasil, la presión para seguir construyendo represas podría diluirse, aunque considera que insistir con la construcción de las 20 hidroeléctricas en el Marañón destruirá la cuenca, desplazará a cientos de familias y generará un nuevo conflicto para el país.

REPRESAS. Estas son las hidroeléctricas declaradas de interés nacional que se proponen contruir a lo largo del río Marañón. Gran parte de la cuenca quedaría inundada.. Fuente: International Rivers

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“Se han enviado cartas al gobierno, pero las quejas aún no son atendidas”, advierte Socorro Quiroz, integrante de la Asociación por Defensa de la Vida. Ella dijo que en las zonas afectadas viven más personas de las que identificó el Censo del 2007, fuente que cita y usa Odebrecht. También contó que en los últimos meses trabajadores de la empresa están ingresando a las comunidades sin autorización. “Tienen la concesión, pero no la licencia social. Aquí la mayoría no quiere la represa y menos de la mano con una empresa que tiene la reputación por los suelos. La gente aquí no quiere vender sus tierras ni ser reubicados porque su subsistencia depende de estos territorios”, dijo Quiroz.

Consultado sobre el tema, el representante de Odebrecht y gerente general de AC Energía, Erlon Arfelli, contó a OjoPúblico que según sus estudios no todas las 1.000 personas afectadas viven en las zonas que serían inundadas, “hay otras que tienen propiedades o posesiones pero no viven ahí, hay otras que trabajan, o alguna vez han trabajado en esa zona”. La reubicación contempla “distintas formas de compensación a los propietarios o posesionarios”, desde la compra de tierras, compra asistida o reasentamiento”, indicó el alto funcionario brasileño, quien aceptó que antes de iniciar la construcción de Chadin II se deberá llegar a acuerdos con la población local.

LOS OTROS PROYECTOS DE ODEBRECHT: RIO GRANDE I Y II

En Perú Odebrecht tiene cinco proyectos de hidroeléctricas en la cuenca amazónica, además de Chadin II: los proyectos Rio Grande I y II en el Marañón, Chaglla, en Huánuco (con su subsidiaria Empresa de Generación Huallaga y cuya obra es financiada por el BNDES- Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y tiene la concesión definitiva de Belo Horizonte (Compañía Energética del Centro que le compró a la minera Volcan en junio del año pasado).

Rio Grande I y II, también se desarrollan en el Marañón, pero están en una etapa distinta: tienen estudios de impacto ambiental en marcha, aunque desde ya se estiman consecuencias sociales irreversibles debido a que el embalse inundaría un área de 38 kilómetros cuadrados (superior a Chadin II) y desplazaría a 3.000 personas de la zona.

Sin paisajes. La hidroeléctrica embalsará las aguas del río Marañón y construirá una presa de 175 metros de altura. Foto: Rocky Contos

Un informe de la ONG International Rivers determinó el año pasado que si se construyeran las 20 represas promovidas por el expresidente García en el 2011 los embalses inundarían el 80% del río Marañón. Un reporte del Congreso del 2011estableció que las tierras que ocupan las comunidades nativas y campesinas en dicha cuenca representan el 27% de la superficie del área de influencia. El ingeniero José Serra reconoce la capacidad hidroeléctrica del Perú, pero sostiene que estas “no deben desarrollarse en zonas ubicadas por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, nada en la selva baja”, para evitar daños ambientales severos.

El representante de Odebrecht declaró que dentro de unos 60 meses iniciarían la construcción de la hidroeléctrica. Una vez que “se terminen los estudios de ingeniería y se haga el cierre financiero del proyecto”, dijo. La tensión en el Marañón -río bautizado como “La Serpiente de Oro” por el escritor Ciro Alegría- es permanente. En los últimos meses alrededor de 20 ronderos han sido denunciados por secuestro luego de que detuvieran a trabajadores de Odebrecht en la zona. Los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo reconocen un conflicto por Chadin, pero advierten la ausencia de diálogo.