Posts etiquetados ‘PCM’


 
Editorial Noticias SER
PUBLICADO: 2014-06-19

Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.

Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.

El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático – COP 20.

Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.

 

Líder de Tierra y Libertad subrayó que la oposición al proyecto Conga se mantiene en Cajamarca.

Hay poderes que trascienden al premier

Ideeleradio.- Esperamos que el nuevo presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, cambie la lógica de entendimiento que tiene el Gobierno sobre el proyecto minero Conga, aunque sabemos que en realidad los poderes que administran el país trascienden al propio primer ministro y al presidente de la República, sostuvo Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.

“Lamentamos un poco que la situación de precariedad política del Gobierno lleve a que primero tengamos un ex primer ministro [Juan Jiménez Mayor] que acaba de decir que el proyecto va sí o sí. Y ahora él se va. Entonces, lo que está dejando es un compromiso político del Gobierno con la empresa, para decir que el proyecto va hacerse quitándole un margen de libertad, a quien habiendo un cambio en el gabinete de ministros podría intentar una solución más inteligente y pacífica y legal al problema”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿César Villanueva podrá cambiar la lógica de entendimiento sobre el caso Conga?] Hay que esperar que sí, pero en realidad los poderes que están gobernando en el país trascienden al propio primer ministro y al propio presidente de la República. Ese esquema no ha cambiado, no hay señales que el gobierno podría hacer las cosas distintas”, acotó.

Arana Zegarra subrayó que la oposición al proyecto Conga se mantiene en Cajamarca por parte de un grueso sector de la población de Cajamarca. Precisó que hay campesinos alrededor de las lagunas, pues estiman que hay una arremetida de la minera.

“El caso Conga sigue con gran oposición de la mayor cantidad de comunidades campesinas y un grueso sector de la población de Cajamarca. Ahora mismo hay presencia de campesinos alrededor de las lagunas, pero hay una arremetida de la empresa, de los medios y sectores del Gobierno que quieren acelerar el proyecto Conga. [Además,] muy irresponsables [los editoriales y reportajes en Lima], porque la situación social de oposición al proyecto no ha cambiado”, agregó.

 

  • Agentes proporcionarán información sobre las controversias que ocurran en su jurisdicción y actuarán como agente de prevención de conflictos.
  • Herramienta permite generar señales y acciones anticipadas a situaciones de conflictividad.

La Policía Nacional del Perú ha sido incorporada al Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART), implementado por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo de generar señales y acciones anticipadas a los conflictos sociales en el país.

La PNP se suma a esta red de información, integrada, en una primera etapa, por los Gobernadores, quienes actúan como proveedores de prealertas respecto a las diferencias, controversias o conflictos que ocurren en sus respectivas localidades.

Con la incorporación de la Policía, se da inicio a la segunda etapa de la implementación de este programa, lo cual permitirá contar con información actualizada de las incidencias en todo el país y que actúen como agentes de prevención de conflictos, priorizando el diálogo y la cultura de paz.

En esa línea, cerca de 550 efectivos fueron seleccionados para participar en el Taller ‘Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Conflictos Sociales: Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART)’, que se desarrolla desde el mes de mayo en Piura, Moquegua, Huánuco, Pasco, La Libertad, Puno y Lambayeque y, luego, se extenderá a todas las regiones del país.

Siendo la PNP una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, es de suma importancia que forme parte de la red de información del PART dentro del Sistema Nacional de Prevención.

ACERCA DEL PART

Con el Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART) se han automatizado los procesos de generación de alertas tempranas de los conflictos sociales. Esta herramienta fue implementada por la ONDS, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Canadá (ACDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El PART es operada por la Unidad Técnica de Prevención (UTP) de la ONDS, como ente receptor de prealertas y emisor de las alertas priorizadas. Por su parte, la Unidad de Gestión del Diálogo y Prevención (UGDP) recibe las alertas priorizadas y coordina con los diferentes ministerios para que estos generen las respuestas institucionales correspondientes.

El trabajo entre ambas unidades se sustenta en el software que cada una de ellas tiene a su cargo y ambas funcionalidades están interconectadas para la automatización del proceso de emisión, recepción y tratamiento de las alertas.

Con la utilización del PART y el registro de prealertas, se podrá actuar de forma preventiva y anticipar acciones de conflictividad para evitar enfrentamientos y víctimas. Este esfuerzo nos lleva a conseguir la implementación del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales, el cual tendrá como prioridad la atención en zonas sensibles.

Oficina de Prensa e Imagen Institucional

Lima, 03 de junio de 2013.

Fuente: PCM – http://www.pcm.gob.pe/noticias/policia-nacional-se-incorpora-a-programa-de-alerta-y-respuesta-temprana-de-conflictos-sociales/



Dos campesinas peruanas en una reunión de líderes comunitarios. / J. FOWKS


Por: Jacqueline Fowks
Desde diciembre, en la sierra norte del Perú, un proyecto minero enfrenta la oposición de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, la única del país donde aún se habla la variante del quechua Cañaris. Comuneros que rechazan la extracción a tajo abierto protestaron en enero, bloqueando la vía de acceso al campamento de la minera Cañariaco. La policía repelió con disparos, algunas personas quedaron discapacitadas, no hubo muertos. El Gobierno, entonces, creó una mesa tripartita de trabajo para resolver el conflicto; sin embargo, las dos últimas sesiones no han abordado el principal punto de discrepancia y los representantes del Estado y de la comunidad están cada vez más enfrentados. “Creo que por la ruptura de la mesa de diálogo va a ser imposible asistir a la siguiente”, dijo el dirigente Florentino Barrios a EL PAÍS el sábado, pocas horas después de que fracasó la cita en las montañas del departamento de Lambayeque.

Este caso muestra las dificultades del Gobierno y las empresas para dirimir intereses y tensiones con comunidades de culturas y valores diferentes: 18 proyectos mineros están asentados en territorios de indígenas, y una cantidad mayor incluso corresponde a proyectos de hidrocarburos. La Defensoría del Pueblo reporta cada mes la cantidad de conflictos sociales en el país. El informe de febrero revela que de 89 casos en proceso de diálogo, 46 de esos espacios surgieron después de un hecho de violencia, como ocurrió con Cañaris. De 222 conflictos registrados en febrero,147 son socioambientales, como el de Cañaris. O también, como el de Conga Cajamarca (sierra norte), donde el diálogo fracasó y continúan las fricciones entre la policía contratada por la empresa minera y la población local que se opone a un millonario proyecto minero de la estadounidense Newmont. Ese conflicto fue la primera crisis política que enfrentó –en diciembre de 2011– el Gobierno de Ollanta Humala, pues al abandonar su promesa de Agua sí, oro nopor Agua sí, oro también, prescindió de varios ministros y parte de sus electores se sintieron traicionados.

La cuestión en Cañaris es particular debido a que el Perú promulgó en 2011 la ley de consulta previa de los pueblos indígenas, pero el Estado aún no ha concretado ninguna consulta de acuerdo a dicha norma. Tardíamente, la semana pasada, divulgó una guía de procedimientos administrativos para su aplicación, pero aún no hace pública la listaoficial de los pueblos indígenas que pueden exigir ese derecho.

La mesa de trabajo de Cañaris fue creada por el Gobierno, con la participación de la empresa y la comunidad, para abordar dos temas: desarrollo y minería. En cuanto a minería, en la sesión del 4 de marzo el Gobierno debió decidir la validez de dos votaciones en las que los comuneros tomaron posición acerca de las operaciones de la minera Candente Copper. Ninguna fue organizada por el Estado, aunque la segunda contó con representantes gubernamentales como observadores. Una votación con 500 personas en julio de 2012 tuvo el 70% a favor de la mina; mientras que a la de septiembre asistieron 1.896 personas y 1.719 votaron contra el proyecto. El padrón comunal de San Juan de Cañaris registra unas 3.300 personas, quienes se rigen por la ley de comunidades campesinas. La sesión del sábado, realizada en un coliseo en Cañaris, postergó nuevamente para mayo la evaluación sobre cuál votación da, o no, el permiso o licencia social a Candente Copper para seguir sus operaciones.

En las dos últimas sesiones, el comportamiento de los representantes del Gobierno, altos funcionarios del ministerio de Energía y Minas y de la presidencia del Consejo de Ministros, ha llamado la atención. La reunión del 2 de marzo iba a ser en la comunidad campesina de Cañaris, sede definida con un mes de anticipación. La noche anterior, los funcionarios cambiaron el lugar, avisando a la prensa, pero no a los cañaris, quienes habían preparado una bienvenida de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Las autoridades comunales no solo llegaron tarde a la otra localidad, sino que se sintieron maltratadas.

Este sábado en Cañaris, el presidente comunal saliente, Cristóbal Barrios, y su sucesor Florentino Barrios, quien asume el próximo 17, tuvieron dificultades al ingresar a la sesión en un coliseo. El impás se resolvió, pero un representante de la PCM impidió pasar a Rosa Sara, vocal de la presidencia comunal y dirigente de las rondas de mujeres de Cañaris. “Nos retiramos porque no era conveniente entrar incompletos”, explicó Florentino vía telefónica, mientras el presidente saliente se quejaba a la prensa: “Nos han sacado de nuestra propia casa”.

A su vez, el presidente de la mesa de trabajo, Fernando Castillo –del ministerio de Energía y Minas– declaró que los dirigentes tomaron la “decisión unilateral de no participar en la reunión”.

Sin embargo, a la fecha, el Gobierno se ha valido de recursos administrativos contradictorios y se inclina a favorecer a la minera canadiense. La inversión proyectada por la empresa es de cerca de dos mil millones de dólares para extraer cobre y oro.

A fines de febrero, en una entrevista con EL PAÍS, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Diálogo del Gobierno, afirmó: “Quienes van a determinar la validez o no de estas votaciones es el subgrupo de ambiente y minería. Y allí están todos, incluso la parte opositora -de la comunidad-, Energía y Minas, nosotros. Esa discusión en la comisión es muy importante y no somos nosotros sino la comisión la que dará validez o no a los argumentos presentados”. El tiempo sigue pasando y tanto los empresarios como los comuneros presionan a la Administración de Humala. Unos para invertir, los otros para defender sus bosques montanos y el agua.


Por César Gamboa Balbín*

14 de febrero, 2013.- No puede ser que la historia vuelva a repetirse. El 2012 fue marcado por un tema de la agenda indígena: el diseño de la consulta y este año es el de la implementación. Pero el problema de la legitimidad y el magro marco legal siguen rondando como factores que no permitirán un proceso de consulta idóneo para lograr una mejor gobernanza de nuestros recursos naturales.

Aquí cuatro casos: la consulta en minería durante el Estudio de Impacto Ambiental – EIA (con cambios de dos Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA); la consulta en energía antes de la concesión (Hidrocarburos y electricidad); la consulta en Kañaris, que pone en debate la transparencia del proceso; y la consulta en el lote 1 AB ó 192 que se encuentra en idas y venidas.

Anteriormente ya hemos mencionado que el momento de la consulta previa debe ser antes de la decisión política que afecte derechos de los pueblos indígenas, pero el problema surge porque cada sector tiene la discrecionalidad de colocarla donde mejor le acomode. Incluso hasta hoy hay algunos sectores que ni siquiera han presentado una propuesta de consulta previa.

“Podemos concluir que no tenemos autoridad ‘rectora’ de la consulta pues son las decisiones políticas las que gobiernan el marco legal, muy seguro desde la PCM”

Otro problema con la implementación de la consulta es que no hay ente rector, solo una entelequia y comparsa burocrática que se viene definiendo según los vaivenes o pujas entre el movimiento indígena local y las autoridades. Veamos, este año con las justas habrá una consulta en Hidrocarburos en una negociación entre Perupetro y las organizaciones indígenas, que va más allá del marco legal (ley 29785 y su reglamento) y bajo una norma que no ha sido publicada (RM 350-2012-MEM/DM). En esta puja ahora se ha logrado que la consulta sea antes de la licitación y que el plan de consulta sea consensuado entre autoridad y organizaciones indígenas.

Otra puja es Kañaris. Ya hasta la Defensoría del Pueblo, otrora aliada del Viceministerio de Interculturalidad, ha salido a pedir a la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM –única autoridad- que considere a los pobladores de Kañaris como pueblo indígena. ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué no hay metodología ni base de datos? Simplemente porque no hay claridad legal ni transparencia. No la hay porque no haya autoridad, sino nuevamente la comparsa sinuosa en el tema.

Ante estos problemas podemos concluir que no tenemos autoridad “rectora” de la consulta pues son las decisiones políticas las que gobiernan el marco legal, muy seguro desde la PCM; mirar a futuro significa corregir el magro y deficiente marco legal e invertir en un aparato estatal más comprometido en estos procesos, porque está claro que esta incertidumbre es por la falta de claridad política del Ministerio de Cultura; y si existe un hálito de desconfianza en el tema, es precisamente esa incertidumbre la que aleja las inversiones y mantiene en vilo a propios y extraños.


* César Gamboa Balvín es director de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

 

“En cualquier momento se retoma nuevamente el paro”, indicó dirigente, que insistió en la paralización del proyecto minero Cañariaco

Rosa Huamán, presidenta de las rondas campesinas de Cañaris, en la provincia de Ferreñafe, Lambayeque, confirmó que el paro contra el proyecto minero Cañariaco, de la empresa Candente Copper, se ha suspendido temporalmente.

Sin embargo, la dirigente adelantó a Canal N que “en cualquier momento se retoma nuevamente el paro, pero va a ser paro regional”. Según dijo, ello dependerá de los avances de la mesa de trabajo instalada por el Poder Ejecutivo.

Huamán insistió en que los pobladores piden que representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) vayan al distrito y escuchen a la población que pide la paralización de las actividades mineras.

El corresponsal de El Comercio, Wilfredo Sandoval, dio cuenta de que las protestas se detuvieron luego de los últimos choques con la Policía a fines de enero, cuando los manifestantes bloquearon el acceso al campamento minero Cañariaco, en la zona de Marayhuaca, distrito de Incahuasi.

Del lugar ya se ha retirado parte del contingente policial que prestaba resguardo, aunque unos 50 permanecen como precaución. Trascendió además que el domingo 17 habrá una reunión en Pucará para determinar las acciones a seguir.

 



El último 02 de febrero los representantes de la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris, las autoridades regionales de Lambayeque y los del Gobierno Central se reunieron en una mesa de diálogo para abordar la problemática antiminera que se registran en la zona. Todos acordaron continuar con estos mecanismos de diálogo.

Sin embargo, el presidente de la comunidad campesina de Cañaris, Cristóbal Barrios, no firmó los acuerdos establecidos en este primer encuentro porque considera que “en ellos no han quedado plasmados nuestros reclamos que consisten en la suspensión de las operaciones de la minera Candente Copper”, como recoge el diario El Comercio.

Las autoridades de Cañaris aseguran que la minera Candente Cooper no puede seguir explorando la zona porque el 06 de enero del 2009 se venció el plazo que le otorgó la comunidad. Según consta en Registros Públicos, en enero del 2008 la comunidad de Cañaris autorizó por un año a Exploraciones Milenio (hoy Cañariaco Cooper) el uso de la tierra superficial para la exploración y trabajos de estudio de impacto ambiental.

Por su parte, la empresa minera afirma que la comunidad fue nuevamente consultada en una asamblea que se realizó en julio de 2011. No obstante, en dicha asamblea solo participaron 725 personas, pero el padrón electoral de la comunidad registra a 3 mil 480 comuneros.

 
Fuente: Actualidad Ambiental – SPDA – http://www.actualidadambiental.pe/?p=17805

El ministro Jorge Merino dijo que el Estado “no defiende a la empresa”, sino que busca el desarrollo de la zona. Mal tiempo obligó a pobladores a retirarse y transportistas desbloquearon vía.

(USI)

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que no se aceptará como condición previa al diálogo en Cañaris el retiro de las operaciones de la empresa Candente Copper, a cargo del proyecto Cañariaco, pedido que ha generado una serie de protestas por parte de un grupo de comuneros del distrito San Juan de Cañaris, en la sierra de Lambayeque.

“No podemos permitir que a una empresa que está cumpliendo el orden legal, el compromiso de las comunidades se le diga que se retire porque un pequeño grupo quiere condicionar un diálogo, no podemos aceptar eso, estaríamos dando una muy mala señal”, afirmó en entrevista al programa Agenda Política.

Además, Merino hizo hincapié en las actividades de Candente en este distrito de Lambayeque. “Esta es una actividad de exploración, aquí no hay explotación minera”. Señaló también que la minera viene trabajando hace más de diez años en Cañaris, “explorando en perfecta armonía con las comunidades”.

“La última autorización oficial ha sido en el mes de julio, donde ha habido una asamblea escrita en los registros públicos que autorizó continuar con las exploraciones porque también está generando trabajo”, agregó Merino.

MAL TIEMPO

Los pobladores que bloqueaban la vía desde Marayhuaca hacia el campamento minero del proyecto Cañariaco se retiraron debido al mal tiempo en la zona. Los transportistas que se encontraban en la zona aprovecharon y desbloquearon la vía.

Fuente: Peru21 – http://peru21.pe/politica/gobierno-no-aceptara-retiro-candente-dialogo-canaris-2114578?href=nota_rel


Lunes 28 de enero del 2013 | 16:33

 (USI)

Fiscalía de Lambayeque exhortó a los campesinos a deponer esta medida de fuerza ilegal. En tanto, fuentes oficiales descartaron que las protestas contra el proyecto Cañariaco hayan cobrado su primera víctima mortal.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque, Carmen Miranda, informó que un grupo de comuneros volvió a tomar esta tarde la carretera de Marayhuaca hacia el campamento minero del proyecto Cañariaco, a cargo de Candente Cooper.

Por la mañana, los manifestantes se habían retirado de la zona por el mal tiempo, lo que fue aprovechado por los transportistas para despejar la vía.

La magistrada exhortó a los manifestantes a deponer esta medida y advirtió que procederá a realizar las acciones que correspondan contra quienes persistan en dicha posición, ya que eso está previsto como delito en el Código Penal.

En tanto, fuentes oficiales aseguraron a Perú21 que las protestas en Cañaris no han cobrado ninguna víctima mortal hasta ahora, con lo que negaron la información que proporcionó la dirigente Rosa Huamán, quien informó que el comunero Jacinto Santiago Bernilla (48) falleció ayer en el hospital donde estaba internado.


Ideeleradio.- El Estado incumplió el Convenio 169 en Cañaris al no haber realizado el mecanismo de consulta previa a la concesión del proyecto minero Cañariaco y una acción de amparo podría suspender el proceso porque toda decisión que viole un derecho fundamental es nula, estimó Juan Carlos Ruiz, integrante del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Si partimos de la premisa de que el Convenio 169 exige la consulta previa de todo acto administrativo o normativo que afecta a los pueblos indígenas está vigente desde el año 95 y, luego, advertimos que esta no se ha realizado, quien está en falta en realidad es Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), es decir esta instancia del Ministerio de Energía y Minas que hace las concesiones. Ellos están en falta por no haber hecho la consulta previa en el caso de Cañaris”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un primer punto que habría que preguntarnos es dónde están los que quiebran el Estado de Derecho: ¿están en Cañaris o están en la Presidencia del Consejo de Ministros? […] La idea es reconducir esto a un proceso de amparo, como es que se están litigando ahora los casos. Es pedirle al juez que [declare que] la omisión de INGEMMET de consultar esto es incompatible con el derecho a la consulta, por favor suspenda esta concesión y ordene que se consulte”, apuntó.

Toda decisión que viola un derecho fundamental es nula

Explicó que toda decisión que viole un derecho fundamental con rango constitucional, como el derecho a la consulta, debe declararse nula. Apuntó que a Cañaris, sea como pueblo indígena o como ronda campesina, le corresponde exigir un mecanismo de consulta previa.

“El Convenio 169 de alguna manera viene a incorporarse a la Constitución [que dice que la consulta es un derecho fundamental] toda decisión que viola un derecho fundamental es nula. Es decir, que si yo tomo una decisión y eso afecta un derecho fundamental, esa decisión tiene un vicio de nulidad. Acá el problema es la omisión de consulta del Ministerio de Energía de esa concesión, que es incompatible absolutamente con el Convenio 169 y eso es lo que no se quiere ver”, refirió.

“Puede ser que se diga que no está claro que sean pueblos indígenas, puede ser que sean rondas [campesinas]. La ley de rondas dice que se les aplica a las rondas todos los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en cuanto se les favorezca. En consecuencia, en el caso de Cañaris, el Gobierno es el que está en falta, el Gobierno es el que ha incumplido el Convenio 169, que es parte del Estado de Derecho”, declaró.

Compatibilizar explotación con derechos indígenas

Ruiz Molleda subrayó que el tema central es que se consulte la primera decisión del Estado susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y estimó que la idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos de estas comunidades.

“[¿El momento para consultar es este o no?] Allí hay un debate, lo que dice es consulta previa y previa es antes, la idea es que se consulte la primera decisión del Estado, susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y la idea es que se consulte y se les dé a los pueblos indígenas el Estudio de Impacto Ambiental. En el caso de Perú, el Convenio 169 parece que es desconocido, no se le toma en serio. No es que la gente de Cañaris es violentista o que está pidiendo cosas irracionales, está pidiendo que se cumpla el Estado de Derecho”, indicó.

“Si yo no le doy información a esa comunidad sobre los impactos reales que la minería va a ocasionar en sus territorios, si yo cumplo con el derecho de las comunidades a participar de los beneficios, si yo escondo la información, ¿qué están esperando? Ante el miedo, la dudad y la falta de confianza, no solo es de necesidad pública generar más ingresos para el Estado, también lo es proteger el medioambiente, los derechos de los pueblos indígenas. La idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos indígenas”, concluyó.

 


Servindi, 25 de enero, 2013.- El rumor de dos muertos como probable saldo de un enfrentamiento quedó felizmente descartado hoy por Cristóbal Barrios, presidente de la Comunidad de Cañaris, quién informó que el enfrentamiento ocurrido hoy con la policía dejó veinticuatro heridos, cinco de ellos de gravedad.

A través de Radio Marañón, Cristóbal Barrios precisó que el enfrentamiento ocurrió cuando la policía desalojó la carretera que conduce al campamento de la empresa minera Candente Copper, en Marayhuaca, distrito de Incahuasi, que estaba ocupada pacíficamente por los comuneros.

Según el dirigente, la población realizaba un paro pacífico en su propio territorio cuando llegó el fiscal de Jaén y tomó la decisión de enviar a la policía a “bombardear a los hermanos comuneros”, indicó.

Producto de los disparos, indica Barrios, hay cinco heridos graves, uno de ellos de mayor gravedad por impacto de bala. Se trata de Santos Tantarico Manayai, del distrito de Pandachí, en Cañaris. Asimismo, el dirigente afirmó que la cifra total de heridos es de 25 personas.

Barrios señaló que la situación permanece calmada y que los ronderos planean retomar la vía “con más ganas e indignación luego de haber visto a sus propios hermanos heridos” anotó.

El dirigente solicitó que las organizaciones de derechos humanos denuncien tanto a la policía como a la Fiscalía por haber ordenado el desalojo.

Por otra parte, el dirigente rondero Bacilio Díaz Pérez repudió el hecho represivo y rechazó cualquier derramamiento de sangre peruana en la comunidad San Juan de Kañaris. “Pensamos que el Gobierno Central está en contra de las organizaciones, los campesinos hombres y mujeres humildes del país” expresó.

“Con esas actitudes demuestran que a los gobernantes y a las transnacionales no les importan la vida humana, las costumbres, las tradiciones, la cultura”, agregó.
 

Pretenden imponer proyecto minero a sangre y fuego

Díaz Pérez lamentó que el Gobierno no haya tomando en cuenta la consulta popular sobre el proyecto minero Cañariaco, realizada el año pasado por la comunidad.

“Nosotros demostramos al Estado que el pueblo de Cañaris es pacífico. Desgraciadamente, las autoridades, empezando por Humala , se burlan y hacen caso omiso a reclamos, a la metodología pacífica que empleamos para defender la vida, el agua, y los recursos naturales, agua de cabecera de cuenca, agua natural”, señaló el dirigente.

Igualmente, el poblador David de la Cruz, de la comunidad de Chilasque, señaló que más de trescientos comuneros se encuentran protestando en el caserio de Paipeta por los heridos del enfrentamento en Incahuasi.

“Nos preocupa que puedan haber heridos de gravedad. Así, no nos van a calmar jamás. Por el contrario, vamos a apoyar con más contundencia”, indicó.


Autoridades afirman que no se usó balas
Según el jefe de la Policía de la región, coronel Jorge Linares, en el operativo se utilizaron solamente balas de goma y gases lacrimógenos y según su versión, descartó el uso de balas de fuego.

Asimismo, el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, confirmó la versión policial y descartó el supuesto deceso de dos personas en el desalojo.

“Tenemos información, no solo de la Policía sino del personal del Ministerio de Energía y Minas. Se trata de dos heridos y no muertos, que ingresaron en la posta de salud de Marayhuaca”, aseguró Huaroc.


Los conflictos sociales han dejado en los últimos cinco años la alarmante cifra de 218 muertos y 3,000 mil heridos, señala el Defensor Adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque. La mayoría de conflictos en el país son producidos por la actividad minera, que tiene una legislación que impulsa dicha actividad, pero que no prevé con la misma disposición los derechos de las comunidades y poblaciones con respecto al agua, la agricultura y los bosques.

¿Cuál es su análisis de los conflictos sociales surgidos este año en el país?
—Los conflictos socioambientales, como en años anteriores, pueden llegar a niveles de escalamiento de violencia muy serios. Nos sigue preocupando la cifra de personas muertas y heridas, de enero de 2007 a la fecha han muerto 218 personas en conflictos sociales y más de 3 mil personas resultaron heridas. El año también estuvo marcado por el caso Conga, principalmente por el caso Espinar y el proyecto minero Quellaveco, en Moquegua.

—¿Qué conflictos acumulados nos traerían más problemas para el próximo año?
—El caso Majes Siguas, que explica una disputa por el recurso hídrico entre Cusco y Arequipa. También lo sería el caso Kañaris en la sierra de Lambayeque, que enfrenta actualmente a las comunidades de Kañaris y la compañía minera canadiense Candente Cooper (por el proyecto minero “Cañariaco”). Otro es el caso Conga, que está cerrado y exigirá al Estado tomar decisiones adicionales.

—¿Por qué hay serias diferencias en los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales del Ejecutivo? La PCM dice que son 20 conflictos resueltos y ustedes 5 casos.
—Hay diferencias en la forma de entender la conflictividad y las formas de medirla. En primer lugar, la Oficina de Diálogo considera que hay diferencias, controversias y conflictos sociales, eso lo ubicamos en la etapa temprana del conflicto, es decir, cuando identificamos que las partes tienen intereses contradictorios. Es importante considerarlo así para identificar el conflicto lo más temprano posible y encausarlo por la vía del diálogo o de la ley.

Consideramos también conflictos latentes, que son los que no se han manifestado de forma pública o que, habiéndolo hecho, han decaído el interés de ambas partes por mantenerlo vivo.

—¿Qué otros sistemas de medición consideran a diferencia de la oficina de conflictos del Ejecutivo?
—La segunda diferencia es que la Defensoría considera los conflictos comunales por límites, electorales y de gestión pública, como la utilización adecuada del canon, infraestructura educativa y casos de corrupción, que hay en gobiernos regionales y locales.

Una tercera diferencia es que la Defensoría hace un recojo de la información más completa porque tenemos 38 oficinas a nivel nacional y unidades móviles que se desplazan hasta los pueblos más alejados. La PCM recién está terminando de conformar sus equipos a nivel nacional y se sustentan principalmente en lo que les proporciona el Servicio de Inteligencia o los gobernadores.

—Pero la PCM usa como referencia las cifras de sus informes y se supone que tiene personal capacitado para dar una cifra verídica.

saludamos que la Oficina de Diálogo haya presentado un informe, antes de ello no se tenía conocimiento de cuántos eran los conflictos y de qué trataban. Como acto de transparencia y rendición de cuentas frente a la población, es un paso muy importante. La Defensoría pone mayor acento en los derechos de las personas porque nos preocupan las demandas sociales, y la Presidencia del Consejo de Ministros, más en el tema político.

MINERÍA

—En diciembre de 2011, 126 casos fueron conflictos socioambientales y en noviembre de este año, 107 por minería. ¿Esas cifras han variado?
—Los conflictos por lo general se incrementan, pero de junio a diciembre de 2012 han disminuido en 17 casos. Cuando se produce el fin de año disminuye el conflicto porque los dirigentes sociales antes de iniciarlo hacen un análisis de cuál es la mejor oportunidad, por ejemplo, antes o después del mensaje presidencial.

—Son 107 casos que indican que los conflictos sociambientales por minería tienen el más alto índice. ¿Por qué?
—Porque hay un marco legal que facilita las inversiones en el país y en consecuencia las empresas llegan para hacer los análisis sociales y económicos. Las inversiones son cuantiosas y van de 100 millones dedólares para arriba, ello implica una confrontación de intereses con los sectores que buscan proteger su actividad agrícola, ganadera, fuentes de agua y bosques.

—Justamente el Ministerio de energía y Minas prevé una inversión de más de US$ 50 mil millones solo en el sector minero, ¿por qué a mayor inversión minera en el país hemos tenido como resultado mayores conflictos sociales?
—La inversión por lo general despierta dos reacciones: de expectativa respecto a lo que la inversión puede generar como proyecto de vida y de temor a que los derechos de los pobladores a un ambiente sano, a lasalud y Educación, no sean respetados y protegidos.

—Con los daños inminentes de la actividad extractiva y el alto impacto social y ambiental, ¿cuál es el rol del Estado?
—El Estado debe ser fuerte en su capacidad de supervisar y fiscalizar la actividad minera o cualquier otra actividad extractiva. Un Estado débil no es un Estado que convenga a la inversión. Si el Estado es débil y la legislación incompleta, las compañías mineras deben autorregularse elevando sus estándares ambientales y sociales para alcanzar mayores niveles de confianza.

CASO CONGA

—¿El conflicto de Conga ha disminuido por causas naturales o por un proceso real de solución?
—Tanto la empresa como el gobierno tomaron la decisión de suspender el proyecto, pero no existe una expresión legal ni formal de esa decisión. El diálogo se rompió en diciembre del año pasado y hasta ahora las partes no se han sentado a dialogar, al contrario fue un año de enfrentamiento público y político, con muertos y heridos, eso debe dar paso a una demostración de responsabilidad y diálogo.

—Hubo acuerdo, pero eso no es sinónimo de estar camino a la solución del conflicto, pues las protestas continúan.
—El caso Conga no se ha resuelto. Las movilizaciones han disminuido ostensiblemente y los grupos ahora son más pequeños, pero siempre están atentos a lo que pasa en Cajamarca.

—Pero aún hay más de 500 ronderos vigilando lagunas y representantes de Yanacocha, según testimonios de los pobladores, azuzan a los cajamarquinos para desalojar tierras.

—Todavía hay un factor de tensión en la zona porque el caso no se ha resuelto, se ha estabilizado de algún modo y se está evitando la confrontación violenta entre la población y las fuerzas del orden.

CASO TÍA MARÍA

Southern Cooper anunció la viabilidad del proyecto Tía María y la comunidad de Islay lo rechazó. Días antes el ministro Merino dijo que es un proyecto irrenunciable. ¿Cómo tiene previsto la Defensoría neutralizar un conflicto eminente entre las partes?

—En términos condicionales, si la empresa muestra información transparentemente, presenta sus estudios de impacto ambiental conforme a las exigencias establecidas en la ley y demuestra que no habrá impacto grave en el ambiente, se puede iniciar una nueva relación entre la empresa y la población de Islay.

—No es lo que piensa la población sobre la credibilidad de la compañía Southern Cooper y la Defensoría debería estar preparada para un conflicto.
—Sí, frente a estos casos sabemos perfectamente cuál es la situación en Islay y estamos preparados para una intervención, pero a la vez tenemos que tener buena fe para ver si hay una posibilidad de entendimiento.

—Es poco probable que los pobladores de Islay crean que Southern Cooper presentará un nuevo EIA transparente, ¿qué acciones tomarán como intermediarios ante una eventual confrontación?

-Revisaremos, dentro de nuestras posibilidades, el Estudio de Impacto Ambiental, a qué distancia se tomarán las aguas y qué tipo de tecnologías utilizarán. Haremos lo posible para que el estudio sea difundido de forma sencilla y el Ministerio de Economía y Finanzas diseñe formas de discusión del documento. Además, tomaremos suma precaución sobre el comportamiento de la Policía Nacional, ya que el uso de su fuerza en el país dejó demasiados muertos y heridos.

MIRANDO EL 2013
Conflictos en la mira

CONGA. El proyecto Conga tiene una inversión de 4,800 millones de dólares y extraerá principalmente oro. Las protestas han cobrado la vida de 5 personas y se trajo abajo a 2 gabinetes ministeriales. Actualmente está en la etapa de construcción de reservorios y momentáneamente suspendido.

MAJES SIGUAS. La región de Arequipa y la provincia de Espinar, en Cusco, mantienen una disputa sobre la puesta en marcha de la construcción de la represa de Angostura para el proyecto Majes Siguas y que, según el Gobierno del Cusco, pondría en peligro la disponibilidad del recurso hídrico para Espinar.

TÍA MARÍA. El proyecto Tía María de SouthernPerú Cooper está en la quebrada Cachuyo, en la provincia de Islay, en Arequipa. Los cuestionamientos al proyecto son por la contaminación que implicaría al valle del río Tambo, principal zona de irrigación, por extraer cobre.

KAÑARIS. Pobladores de Kañaris, en Lambayeque, rechazan que la compañía Candente Cooper extraiga cobre, oro y plata porque afectaría principalmente la cabecera de cuenca del río Kañaris. Una consulta popular de octubre de este año arrojó que el 95% de los comuneros rechazó el proyecto minero Cañariaco.

OPTIMISMO
Consulta previa

-¿Qué nos traerá la aplicación de la Ley de Consulta Previa?
-La consulta previa es el mecanismo de inclusión política y social más grande que hubo. Por primera vez en la historia las comunidades relegadas tendrán la oportunidad de intervenir respecto a un proyecto o norma y el Estado tiene que prepararse para que el mecanismo funcione con una base de datos actualizada para saber cuáles son pueblos indígenas, con estudios sobre cómo funciona la cultura de las 75 etnias que hay en el país y entrenando a los funcionarios del Estado en diálogo intercultural.

-Pero la Ley de Consulta Previa tiene serios cuestionamientos que fueron llevados ante la Comisión Interamericana de derechos humanos por los indígenas que no creen que se cumplirá. ¿Existe un real proceso de consulta?
-Hay que verlo prácticamente. Tenemos un marco jurídico que ha sido cuestionado y observado, primero pasemos por la experiencia de la consulta previa y ello nos indicará si la ley necesita ser reformada.

-Con el inicio de la buena pro de los lotes petroleros (segundo semestre de 2013) habrá consulta previa ¿La Defensoría del Pueblo realizará algún informe para el gobierno sobre las comunidades a consultar?
-La Defensoría estará presente en los procesos de diálogo, haremos una etapa de evaluación del derecho de consulta y seremos un factor de equilibrio en los procesos de diálogo intercultural. También seremos el garante moral del cumplimiento de la norma dentro de los estándares planteados por la Organización Internacional del Trabajo.

Marita Samanez
Redacción