El presente estudio analiza un periodo reciente de la historia del Perú, durante el cual sucedieron acontecimientos económicos y sociales que reflejan los problemas estructurales del país, como la presencia de grupos económicos que distorsionan el mercado, la predominancia de una estructura económica primario-exportadora, la fragilidad institucional, los aún altos niveles de pobreza, entre otros.
El principal objetivo de esta investigación es analizar la política fiscal implementada en el sector minero en la década 2003-2012, durante la cual el alza sostenida de los precios internacionales de los metales generó un periodo de bonanza económica en el país, que paradójicamente se desarrolló en medio de conflictos socioambientales. El documento se concentra en investigar cómo evolucionaron los ingresos fiscales derivados de la renta minera, y en determinar cómo y cuánto el país ganó o dejó de ganar durante dicho periodo.
El estudio consta de tres capítulos. En el primero se presentan algunas variables económicas que revelan la importancia del sector minero en la economía nacional y se analiza el incremento del precio internacional de los metales como principal determinante de una década de bonanza económica.
Además, se presentan los principales instrumentos fiscales (impuestos y regalías) que aplica y ha aplicado el Estado como medios de apropiación de la renta minera.
En el segundo capítulo se revisa la política fiscal implementada en un contexto de bonanza, con énfasis en el sector minero. Si bien el éxito de la política de ingresos públicos depende de una adecuada política tributaria, la eficacia de la administración tributaria es clave. Por ello, se analizan los instrumentos fiscales adoptados con el objetivo de procurar que el Estado y las poblaciones mineras alcancen una mayor participación en las ganancias extraordinarias del sector. Asimismo, se evalúan las decisiones de política fiscal que se tomaron para administrar el fin de la bonanza minera.
En el tercer capítulo se busca responder si la política fiscal y los instrumentos, tributarios y no tributarios, implementados durante la década de bonanza para gravar la renta minera, fueron lo suficientemente eficaces para generar
recursos adecuados para el desarrollo del país. En particular, interesa conocer si las poblaciones mineras —representadas por sus gobiernos regionales y locales— lograron una mayor participación en los ingresos extraordinarios del sector. Desde esta perspectiva, este capítulo intenta hacer un balance de los temas abordados en los dos primeros capítulos.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio.
En la provincia de Celendín en dónde se pretende acentuar proyectos de muerte, como los mineros e hidroeléctricos que amenazan la subsistencia y supervivencia de la población, se ha generado una fuerte resistencia a este modelo extractivista que hasta el momento ha logrado detener la construcción del proyecto minero Conga de minera Yanacocha y de Centrales hidroeléctricas como Chadín 2 y Río Grande de Odebrecht. Sin embargo, vivimos un escenario en dónde el Estado peruano ha sido capturado por las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, en el que, además, estos grupos económicos han colocado en el gobierno, no a un advenedizo, sino a uno de entre sus propias filas para profundizar el modelo extractivista que tiene como características principales el despojo de territorios, la criminalización de la protesta, el asesinato de líderes ambientales, la destrucción y contaminación del agua y la tierra, afectación diferenciada a varones y mujeres, además de la implementación de fuertes sistemas de corrupción; con la finalidad de seguir enriqueciendo a los grupos de poder. Por ello se hace imprescindible el fortalecimiento y articulación del movimiento social de las distintas resistencias en nuestro país. Con esta finalidad el pasado 11, 12 y 13 de noviembre, la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) ha desarrollado la segunda jornada de la Escuela de Líderes y Lideresas denominado “Hitler Rojas Gonzales” en memoria a uno de los principales defensores del Río Marañón asesinado.
Esta escuela tuvo como participantes a líderes y lideresas de las comunidades afectadas por el proyecto minero Conga y proyectos hidroeléctricos Chadín 2 y Río Grande, provenientes de los distritos de Sorochuco, Huasmín, Oxamarca, Sucre, Cortegana, Chumuch de la provincia de Celendín-Cajamarca; así como las provincias de Bolívar y Luya de las regiones de La Libertad y Amazonas, respectivamente. Este evento contó también con la participación de delegaciones como Cotabambas en Apurímac, Cañaris en Lambayeque y de Ayabaca en Piura, que compartieron experiencias de fuerte resistencia a proyectos mineros que amenazan sus territorios.
El tema principal de esta segunda jornada fue las Rondas Campesinas y la defensa del territorio; para ello se contó con la participación de Oscar Sánchez y Juana Vásquez provenientes de la hermana provincia de Chota; lugar en el que, hace 40 años, se fundó esta importante organización social. También tratamos los límites de la participación de las mujeres en las comunidades, los procesos organizativos y luchas ecoterritoriales, identificando estrategias y compromisos para superarlos. El equipo pedagógico que coordina y facilita la escuela está conformado por dirigentes de la PIC y cuenta con la colaboración del equipo de educadores y educadoras populares del Programa Democracia y Transformación Global, Docu Perú y Común Espacio.
¿Se picó feo? El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sugirió que Convoca.pe, medio de investigación que trata temas ambientales, busca la desaparición del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El martes 4 de agosto, en declaraciones a Radio Exitosa, Pulgar-Vidal dijo que la periodista Milagros Salazar «parece que le tiene una ojeriza al OEFA«.
¿Cuál es el problema? Pulgar-Vidal cree que es algo personal o que Convoca.pe quiere desaparecer al OEFA. Salazar ha respondido a través de un post en la web del medio, el cual compartimos a continuación:
Ministro del Ambiente sugirió que Convoca busca la “desaparición de OEFA”, aquí nuestra respuesta
Por Milagros Salazar
Ayer martes 4 de agosto en la mañana, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal dio una entrevista al programa de Juan Carlos Tafur en Radio Exitosa. Y no solo habló de selfies, también se refirió a los reportajes de Convoca y a mi trabajo. Me recordó como “esta joven Milagros Salazar” que le “intentó atribuir” enIDL-Reporteros que “tenía alguna vinculación con Yanacocha” y que ahora “parece que le tiene una ojeriza a OEFA”, y peor aún, que Convoca “pareciera estar buscando (…) la desaparición” de este organismo regulador. ¿Conspiración?, ¿odio?, ¿mala fe?, ¿obsesión? Al ministro solo le faltó decir que se siente acosado por mí.
No ministro, no es nada personal. Mi trabajo periodístico consiste en investigar hechos de interés público y usted encabeza un sector que vengo cubriendo desde sus inicios porque desde hace diez años investigo el comportamiento de las industrias extractivas que ejercen una gran influencia económica y política en el país. Haga memoria cuando lo entrevistaba como experto de la sociedad civil, recuerde que lo llamaba para pedirle su opinión sobre estos temas y las responsabilidades de las autoridades de esos días. Recuerde. Y entenderá, que ahora que es ministro del Ambiente su trabajo y el de las instituciones que están a su cargo, deben ser vigilados con la misma rigurosidad y determinación. El trabajo de un periodista no cambia según el ministro de turno. Por eso vea aquí mi respuesta:
En enero de 2012, colaboré con IDL-Reporteros en una nota en la que dimos cuenta que Manuel Pulgar-Vidal recibió una oferta laboral de Yanacocha poco tiempo antes de ser ministro del Ambiente para ocupar una gerencia importante en esta minera, precisamente cuando el conflicto minero Conga estaba en una etapa crítica y ponía contra las cuerdas a la compañía. En el informe también dijimos que no se firmó el contrato pero sí hubo una negociación durante cuatro meses como lo aceptó el propio ministro en una entrevista con IDL-R. ¿Debía conocerse o no este hecho que tenía como protagonistas a la minera del caso Conga y al ministro que debía poner paños fríos en este conflicto en representación del Estado? En IDL-R concluimos que sí. Hubo críticas en las redes sociales de un sector que defendió al ministro y también el respaldo de un grupo de ciudadanos que agradeció la difusión del informe. En cualquier caso, ¿fue mentira lo que se publicó? No. Fue totalmente cierto.
Sobre mi trabajo en Convoca el ministro Pulgar-Vidal asegura que he publicado “cuatro reportes llenos de falsedades” sobre la fiscalización ambiental en el país y que el último informe “Los S/ 30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras” de Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro sobre los efectos de la ley 30230, “es totalmente falso” y no tiene “ninguna base metodológica”.
Antes de las declaraciones del ministro Pulgar-Vidal, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no había desmentido ninguno de los reportajes de Convoca en sus comunicados ni lanzado calificativos. OEFA a lo mucho había llegado a hablar tímidamente de “precisiones” y optado por el silencio ante la réplica de Convoca que casi siempre venía cargada de nueva información. Pero ahora que el ministro del Ambiente tuvo el micrófono abierto en Radio Exitosa, OEFA publicó a las pocas horas un comunicado en la misma línea de Pulgar-Vidal bajo el título: “El Sector Ambiente responde en relación a inexactitudes de las notas periodísticas publicadas por Convoca” resaltando cinco puntos en los que sostiene que “la información errada” del medio digital que dirijo “es una práctica frecuente” y que hay un “sesgo contra el OEFA”.
Horas más tarde, el ministerio del Ambiente publicó el mismo comunicado en su página web. Interesante el manejo mediático del ministro Pulgar-Vidal: en la mañana sale en un radio a desmentirnos, después los funcionarios que tiene a su cargo publican el comunicado (y el propio presidente de OEFA, Hugo Gómez, se suma a la “ola” compartiéndolo en Facebook) y casi al final de la tarde se reproduce el texto en la website del Minam. Un ‘tuit’ de OEFA aquí, un ‘retuit’ del Minam allá. Todo un aparato estatal moviéndose para ocultar lo que es imposible de ocultar, ministro.
Convoca empezó a publicar desde marzo de este año la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre la fiscalización ambiental a las industrias extractivas en el Perú como resultado de un trabajo que venimos realizando desde hace un año. ¿Por qué? ¿Porque odiamos a OEFA y al ministro Pulgar-Vidal? Ensayar una respuesta de ese tipo es no tener la menor idea del trabajo que hacemos los periodistas de investigación, y que puedo resumir en lo siguiente:revelar hechos de interés público a partir del esfuerzo propio. Cualquier persona que tenga una noción básica de lo que sucede en el país, conoce que las ganancias millonarias, los principales ingresos por exportaciones y también el mayor número de conflictos sociales se generan alrededor de las industrias extractivas, y que por lo tanto, lo que sucede con estas actividades económicas tiene gran relevancia pública.
Solo doce empresas de la gran minería han generado cerca de 57 mil millones de dólares de utilidades netas entre 2008 y 2014 por extraer lo minerales del territorio peruano, lo que superó en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos en 2015. Y pese a ello, el Estado aún adolece de una fiscalización ambiental efectiva de este sector. La minería ilegal genera condenables y graves daños en suelos, ríos y bosques en un mundo de informalidad de pequeña y mediana escala, pero al mismo tiempo un grupo de empresas de la gran minería a las que supervisa OEFA lo hace valiéndose de las propias normas, de abogados y técnicos que van y vienen entre el sector público y privado (Ver Revelaciones a Tajo Abierto).
Debido a la polarización que genera el tema, decidimos hacer un esfuerzo investigativo: no solo entrevistar a los protagonistas de los hechos y acceder a documentos, sino construir una base de datos inédita a partir de información oficial y propia que nos permita conocer a profundidad y de manera sistémica el comportamiento ambiental de las industrias extractivas y cómo se desempeñan las autoridades responsables. No hemos recurrido a una sola fuente y tampoco lo hemos hecho en tiempo récord, optamos por el trabajo de largo aliento para confrontar todas las versiones y ser sólidos en nuestros hallazgos. Los “reportes llenos de falsedades” como asegura Pulgar-Vidal, se hicieron a partir de 120 solicitudes de información al Estado, más de 60 entrevistas, la revisión de más de 4 mil documentos de 40 mil páginas y la revisión de decenas de expedientes. En forma adicional, hemos construido con la ayuda de desarrolladores un mapa interactivo con los procesos sancionadores iniciados por OEFA para que los ciudadanos conozcan lo que pasa en sus territorios y puedan ejercer la vigilancia pública. Hemos hecho lo que debió hacer el Estado.
En todos los reportajes se incluye la versión de OEFA, incluso hemos postergado la publicación de nuestros informes hasta recibir la respuesta de este organismo estatal y cuando ha sido necesario, hemos buscado la versión del propio ministro del Ambiente (Ver El Círculo Minero de la Infracción). Pero Pulgar-Vidal asegura que buscamos otra cosa: “la desaparición de OEFA”. ¿Desaparición?, ¿así como sucedió con los papeles que se esfumaron de uno de los expedientes de Volcan, la empresa más infractora, y que permitió liberar a esta empresa de una multa millonaria por decisión del tribunal de OEFA? (Ver Estrategia corporativa) El ministro no recuerda eso y tampoco el reportaje que publicó Convoca para informar quiénes eran las empresas infractoras que demandaron a OEFA y al Minam para no pagar el Aporte por Regulación. Prefiere descalificar, ocultar y escudarse en una estrategia mediática.
Imagino que debió ser difícil para Pulgar-Vidal despertar el último domingo 2 de agosto con una portada y un reportaje de dos páginas en La República en el que se reproducía la investigación de Convoca sobre cómo se premió el incumplimiento ambiental de las empresas mineras con la ley 30230. Esta norma impulsada por el Ejecutivo, terminó siendo avalada por el ministro del Ambiente como parte de la “simplificación de procedimientos” para promover las inversiones. Y a un año de la aplicación de la norma, Convoca logró demostrar las consecuencias de esta decisión que se resume en lo siguiente: “el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares”.
El período del análisis oscila entre julio de 2014 y marzo de 2015 y significó la revisión de todas las resoluciones de sanción aprobadas bajo la ley 30230. Solo se incluyeron las multas firmes que los propios técnicos de OEFA consideraron como rangos mínimos y máximos en estas resoluciones basándose en la escala de multas y sanciones que rigen en el sector. Si a Pulgar-Vidal le incomoda que se haya titulado el reportaje tomando en cuenta el rango máximo que aparecen en los documentos oficiales, entonces puede elegir un titular con el monto mínimo que también señala la investigación: más de 20 millones de soles en multas congeladas y reducidas a favor de empresas mineras infractoras. ¿O acaso es posible multar a las empresas por debajo del monto mínimo?, ¿o los funcionarios de OEFA consignaron “falsedades” e “inexactitudes” en las resoluciones de sanción? Es OEFA versus OEFA.
Toda esta información aparece en el reportaje, pero ya que para el ministro lo publicado no fue suficiente, aquí explicamos el paso a paso del método para que, ojalá esta vez, lo entienda.
En su comunicado, el sector ambiente omite esta explicación y otros puntos centrales: que la versión de OEFA sobre las medidas correctivas que reemplazaron a las multas fue incluida en el reportaje, que un grupo de mineras también ha apelado estas medidas porque no quieren cumplir aunque les hayan suspendido las multas, que hasta marzo no se registró ninguna multa efectiva por reincidencia, que hasta el cierre del reportaje OEFA no impuso ninguna medida coercitiva, que varias de las multas congeladas y reducidas correspondían a infracciones muy graves cometidas hasta cuatro años atrás y que en esos términos no existe “corrección oportuna de la infracción” como señala el comunicado. Y no solo eso, la ley ha beneficiado con la reducción de una multa por más de un millón y medio de dólares a Doe Run, una empresa conocida por incumplir sus obligaciones ambientales y que incluso ha demandado al Estado peruano por 800 millones de dólares en un arbitraje internacional.
El sector Ambiente también intenta descalificar otra investigación de Convoca ahora que el ministro decidió salir al frente: “Las huellas del petróleo que intentaron esconder”, la cual reveló cómo las autoridades de tres gobiernos permitieron la prescripción de más de mil informes de supervisión ambiental en el sector hidrocarburos y electricidad benefiando a un grupo de empresas. En el comunicado señala que el 98% de los casos prescribieron bajo la responsabilidad de Osinergmin, como si Convoca hubiese dicho lo contario. Nada más falso. ¿Dónde está la mentira?, ¿qué es lo tendencioso?, ¿quizás no debimos decir que también prescribieron informes en los tiempos de OEFA?, ¿debimos ocultar que hubo más de treinta casos que este organismo regulador tuvo la obligación de evaluar y no lo hizo?, ¿quién manipula la información?, ¿quién debe explicaciones a los ciudadanos?
Desde hace varios meses, Convoca ha solicitado, de manera reiterada, entrevistas con el presidente de OEFA, Hugo Gómez. Ayer, también pedimos conversar con el ministro Pulgar-Vidal luego de escuchar sus declaraciones. Pero ninguno de los dos funcionarios ha accedido a responder sobre lo que no dicen sus comunicados y, por lo tanto, lo que aún no terminan de explicar al país. Vea usted ministro, no se trata de «ojeriza» ni de acoso. A estas alturas, usted debería reconocer que mi trabajo consiste en revelar hechos de interés público aunque, desde el puesto que ahora le toca desempeñar, le incomode.
El proyecto minero Conga tendría una alternativa para ser viable, ya que Yanacocha viene evaluando juntarlo con otros proyectos colindantes como Michiquillay o Galeno para poder sacarlo adelante.
“Lo que se ha pensado es la posibilidad de juntarlo con otros proyectos de la zona. Como Michiquillay, Galeno, no son nuestros pero podríamos asociarnos para sacarlo adelante conjuntamente”, afirmó a Gestion.pe el presidente de minera Buenaventura, Roque Benavides.
De acuerdo con Benavides, la próxima semana Buenaventura se reunirá con Newmont (ambos socios enYanacocha), para discutir el desarrollo de proyectos dentro de la zona de operación que actualmente tiene Yanacocha, pues Conga se encuentra paralizado. “Yo no veo que en este momento se pueda desarrollar mayormente Conga”, añadió.
Entre los proyectos pequeños que se pueden desarrollar dentro de la operación actual de Conga, figuran los sulfuros, que es sacar cobre con algo de oro, el subterráneo en Yanacocha y también el escarbe, donde en ciertos tajos se puede aprovechar un poco más y sacar algo de mineral.
“Hay que sobrevivir para el momento en que podamos llegar a término con las autoridades y sacar adelante los proyectos”, precisó
Benavides señaló que es difícil predecir cuál será el comportamiento de la minería en el Perú durante el año, pero señaló que se tiene que sacar adelante buenos proyectos en el país en medio de la situación difícil por la que atraviesa el sector.
“Tenemos que sacar delante buenos proyectos, seguir peleándola. ¡Hay que dar la cara, hay que dar el pleito! Y en eso estamos”, precisó el empresario.
Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, sigue envuelta en la polémica. Ahora un estudio señala que eludió el pago de tributos por varios años.
El analista Raúl Wiener Fresco aseguró que la minera habría alterado sus costos contables con la finalidad de reducir su contribución tributaria en el período en el que los precios del oro alcanzaron sus picos más altos en el mercado internacional. «Aun cuando los precios de los metales cayeron y bajó la producción, Yanacocha recibió utilidades», indicó.
En esa línea, el contador Juan Torres Polo estimó que la elusión tributaria por parte de la empresa supera los dos mil millones de dólares.
«El problema es que Yanacocha ha cargado más de cinco mil millones de dólares como gastos inexistentes para no cumplir con el pago de sus impuestos. Conga es la irregularidad más grande que han cometido, entre otras cosas», comentó.
Según la investigación de Wiener y Torres, presentada en un libro en el Congreso, la deuda del proyecto Conga es cargada a los costos operativos y administrativos de Yanacocha cuando esto no debería ser así.
«El Estado y Cajamarca han dejado de percibir por Yanacococha una parte importante de sus impuestos. Cajamarca recibe el 50% del Impuesto a la Renta de lo que paga Yanacocha», detalla Torres.
Otro punto que se cuestiona es que la minera justifica sus pérdidas utilizando de argumento el deterioro de activos de larga duración.
«En el 2013, la minera declaró pérdidas y para sustentar sus resultados consignó fuera de sus costos un gasto excepcional bajo el rubro de deterioro de activos de larga duración. Es decir, Perú paga la depreciación del proyecto Conga», cuestionó.
La República intentó comunicarse con Javier Velarde, gerente general de Yanacocha, sin embargo evitó pronunciarse por estar fuera del país.
A través de su página web, Amnistía Internacional Perú habilitó una opción virtual para reunir un total de dos mil firmas que se enviarán al ministro del Interior, Daniel Urresti, solicitándole proteger a Máxima Acuña y a su familia de “todo tipo de violencia y actos de intimidación”.
Porque el 3 de enero se supo que un grupo efectivos policiales ingresaron al terreno de la familia y demolieron los cimientos de una extensión de la casa de Máxima Acuña.
“La policía debe proteger a Máxima Acuña y a su familia de todo tipo de violencia y actos de intimidación de acuerdo a sus deseos y deben respetar los derechos humanos en todo momento, así como el derecho a la propiedad del terreno donde viven”, es parte del mensaje que se envía al ministro.
También se pide realizar una investigación minuciosa e imparcial sobre la destrucción de la ampliación de la casa de Máxima Acuña, así como otros hechos de “acoso e intimidación y lleven a los responsables ante la justicia”.
Actualmente Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, mantienen una disputa desde hace algunos años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca.
El 17 de diciembre del año pasado el Poder Judicial de Cajamarca dictó que la familia Acuña de Chaupe era inocente del delito de invasión de terrenos que acusaba la compañía minera.
Actualmente la empresa intenta por medios judiciales revertir la sentencia, que ganó Máxima Acuña de acuerdo a ley.
Como se recuerda el pasado 20 de enero denunciaron haber sido acosados intimidados por la policía en su vivienda, días después su abogada Mirtha Váquez informó a Amnistía Internacional que cerca de 15 efectivos policiales y miembros de seguridad privada ingresaron a su para sacar fotos de su casa.
Cuando les preguntaron el motivo, ninguno demostró, siquiera, documentación legal que justifique sus acciones.
El juicio lo había iniciado en contra de la Municipalidad de San Pablo que había declarado la Intangibilidad de esta reserva natural de agua que abastece con agua al río Jequetepeque
PUBLICADO: 2015-01-26
La 2da sala Civil de Lima resolvió la apelación de Yanacocha y declaró infunda su demanda de inaplicar la Ordenanza Municipal N 011-2007-MPSP, ordenanza que declara como Áreas de Conservación Ambiental Municipal a la zona de Alto Perú.
El proceso que ya había sido declarado a favor de la comuna de San Pablo el año pasado, en el que la magistrada, Dra. Rosa María Donato Meza, haciendo una ponderación entre los derechos constitucionales supuestamente vulnerados por la Ordenanza Municipal y los posibles daños a los que estarían sometidas estas zonas por parte de la empresa minera, decidió avalar la ordenanza dictada por el municipio sanpablino.
La abogada de la municipalidad, Dra. Nelly Ledesma Raraz, manifestó que es posible que la empresa minera apele la sentencia y sería el Tribunal Constitucional el encargado de ver la apelación. “Seguro que Yanacocha va a apelar a la última instancia que es el Tribunal Constitucional, entonces nos queda volver a presentar nuestros argumentos jurídicos y como ya convencimos, jurídicamente, a un magistrado del 29º juzgado y a otros tres de la de la 2da Sala Civil en Lima, ahora sólo tenemos que mantenernos firmes antes los siete que conforman el Tribunal Constitucional”, manifestó la letrada.
Las lagunas del Alto Perú son 284 pequeñas lagunas que abastecen con agua al río Jequeteque y toda la cuenca del mismo nombre, lagunas que la Minera Yanacocha pretende desaparecer para convertirlos en tajos mineros.
Cabe resaltar que hace poco Yanacocha perdió el proceso judicial por Usurpación de Terrenos con Máxima Acuña Chaupe, en el que la sala de apelaciones Cajamarca dictó sentencia a favor de la familia Chaupe, otorgándole 30 hectáreas de terreno que estaban en litigio. Con este ya son dos casos emblemáticos en que la empresa minera pierde en menos de un año.
El fallo de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca en el caso Yanacocha vs. Máxima Acuña puede ser considerado un hito en la justicia peruana. Una campesina le ganó el juicio a una empresa de una transnacional. La sentencia declaró inocentes a Máxima Acuña y su familia. Ellos estaban acusados de usurpación de terrenos por la minera. Fueron tres años de litigio y una serie de ataques a su propiedad. Este hecho ha merecido un saludo ministerial.
Carmen Omonte, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, saludó este fallo y dijo esperar que Máxima Acuña y su familia puedan disfrutar de su tranquilidad. A través de su cuenta de Twitter, le respondió a Marco Arana, líder del Movimiento Tierra y Libertad, y dijo lo siguiente:
Con la decisión de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, Máxima Acuña y su familia no serán desalojados del terreno que ocupan desde 1994 frente a la Laguna Azul, la cual sería convertida en tajo abierto en caso se llegue a ejecutar el polémico proyecto minero Conga de Yanacocha.
El día de ayer 25 de noviembre, en una jornada más del cuidado y protección de nuestras lagunas amenazadas por el proyecto minero Conga, hemos hecho un alto para decir a nuestros hermanos de México lo siguiente:
Nosotros los Guardianes y Guardianas de las Lagunas, también sentimos la misma rabia que nuestros Ustedes, también somos víctimas de este terrorismo de estado. También han asesinado a nuestros hermanos, imponen con sangre y violencia su modelo de muerte. Hermanos mexicanos, sentimos que su lucha también es nuestra, sabemos que nuestra resistencia también es vuestra. Desde Celendín, Cajamarca, Perú, nuestra fuerza con ustedes para juntos construir el camino a la libertad.
Se han cumplido 21 años. El 7 de agosto de 1993 la Minera Yanacocha produjo su primera barra de oro en Cajamarca. Luego de catorce años se ha llevado 32 millones de onzas de oro. Para conseguirlo se instaló en la cabecera de dos ríos, cavó un tajo abierto y utilizó cianuro. Cinco años después comenzaron a sonar con fuerza las denuncias de contaminación de las aguas. Debería ser un tema trillado, pero no lo es. Ideele ha estado en la zona varias veces y la situación es prácticamente la misma, las denuncias son similares, las dudas y las preocupaciones se mantienen. El agravante es que se ha abierto un nuevo foco de resistencia en la provincia de Celendín donde se ubica el proyecto Conga.
Llegar a la antes apacible capital del departamento supone encontrarse con varios tipos de contaminación, siendo las más estruendosas la sonora y la visual. Las pintas “agua sí oro no” están escritas con letra corrida, y empapelan el centro de la ciudad. Para los limeños puede ser un simple estribillo, pero que para un importante sector de cajachos es la síntesis de su malestar.
A los cinco años de iniciadas las operaciones de la mina, salen a la luz las primeras denuncias sobre la contaminación de las aguas. Un año después empiezan las protestas. En el año 2000 ocurre la muerte por arsénico de 12 mil truchas en la piscifactoría de la Granja Porcón. En junio de ese mismo año se produce el derrame de mercurio en el centro poblado de Choropampa. En el 2001 se encuentran metales pesados y pH ácido en aguas a cuatro kilómetros de la ciudad de Cajamarca. En ese año, también, el laboratorio CEPIS-Lima constata que en una muestra de agua de la planta de tratamiento El Milagro hubo valores superiores a los permitidos en arsénico. Además, en las muestras de agua de cinco estaciones del río Grande se observó la presencia de plomo con concentraciones entre 24 y 29 ug/L (el límite máximo propuesto por la OMS es de 10 ug/L). En el 2002 mueren 26.500 truchas, nuevamente en Porcón. En el 2005 el Banco Mundial, accionista minoritario de Yanacocha, publica los resultados de 302 muestras de análisis de aguas, y acepta que la presencia de metales pesados excede los límites máximos permisibles. En el 2007 más de 300 campesinos se enfrentan a la policía por escasez de agua. En el 2008 se intoxican nueve trabajadores al limpiar el derrame de hidrocarburos en la laguna Totoracocha. (Dos años después esa laguna estaría completamente contaminada.) En el 2010, se denuncia el derrame de sustancias tóxicas en el canal de riego de Tual.
Ideele aumenta un ítem más a esta cronología:
Año 2013: Mueren 18 ovejas en La Pajuela. La pastora Elvia Calhua Flores, de 16 años, cuenta que el 8 de setiembre salió, como de costumbre, a pastear sus ovejas. Pero algo muy extraño ocurrió. “Yo iba por atrasito. Las ovejitas tomaron agua allá arriba y ahí nomás las vi que saltaban y que se pateaban sus barriguitas. Se golpeaban sus cabezas contra el suelo y botaban espumas blancas por sus narices y por sus bocas”, asegura. Las 18 ovejas murieron de un solo golpe en menos de cinco minutos. Elvia se asustó y llamó a su tío Felipe. Este tomó un taxi, acudió al lugar y reportó lo ocurrido a Radio Líder. Felipe ya había visto morir a seis de sus vacas. Comenta fastidiado: “No pueden continuar estas muertes masivas de nuestros animales. Los de la minera nos pagan por los animales, pero eso no es suficiente. Esto no es normal. Algo serio está pasando por acá”.
El geólogo Elqui Cruz, de Cooperación, sugiere que se trataría de una reacción química. “Para descartar a ciencia abierta qué fue lo que ocasionó la repentina muerte de las ovejas, debió haberse analizado la espuma. Eso no se hizo. Pero tomando en cuenta que [La Pajuela] es una zona de botadero cerca de un tajo abierto, se trataría de una fuerte reacción a un proceso de toxicidad química”. afirma.
Para el biólogo Michael Gilbertson, es muy probable que la muerte de las ovejas tenga que ver con un derrame de cianuro de un estanque de relaves. Comenta: “El cianuro se usa extensamente para separar el oro de los minerales. Es muy tóxico y debe usarse con mucho cuidado. Cincuenta miligramos de cianuro resulta fatal”. (Solo para tener una idea: un sobrecito de azúcar de los que sirven en los cafés contiene 10 gramos.)
Los veterinarios del SENASA Cajamarca, Jesús Rodríguez y Renato Ramírez, llegaron a La Pajuela, acompañados de trabajadores de Yanacocha. Mal indicio. Ellos revisaron a las ovejas muertas y se comprometieron a entregar un informe. Ideele contactó al primero en la entrada de Baños del Inca donde funciona esa institución. Según Rodríguez, el mayor problema de sanidad en las ovejas de la región es causado por la distomatosis hepática o alicuya, que transmite un parásito que vive en el pasto.
La función de las inspecciones sanitarias es detectar las enfermedades en los animales, y analizar las muertes causadas por agentes patógenos como virus, bacterias y hongos. El funcionario sostiene: “No diagnosticamos presencia de metales pesados porque no es nuestra función. Para eso se tendría que hacer un análisis”. (¿Por qué el servicio de sanidad del Estado no hace necropsias, no toma muestras de tejidos, no revisa el contenido de los estómagos de los animales muertos, sobre todo si trabaja en una zona minera?)
(Contaminación del agua en San José)
Rodríguez asegura que no ha tenido reportes de campesinos sobre muertes masivas de animales por contaminación con plomo, arsénico o mercurio. Es extraño porque en este corto recorrido hemos escuchado quejas continuas. “Hay casos de campesinos que vienen y me piden que diga que la muerte ha sido por contaminación, para que la mina les reconozca. Yo le digo: ‘Pero señor, ¿por qué le vamos a decir eso si se ha muerto por enfermedad?’. En esos juegos el Estado no puede entrar”, afirma el veterinario.
Así como no se debe aceptar la viveza, tampoco se debería permitir la impunidad. La pita suele romperse por el lado más débil: por eso al campesino que se le ha muerto la vaca por tomar agua contaminada y quiere demostrarlo, no le será nada fácil. Deberá llevar su muestra a un laboratorio, acercarse a la Fiscalía Ambiental para hacer su denuncia y presentar el resultado ante el fiscal. En ese momento entrará a tallar el abogado de la contraparte que objetará el procedimiento. “¿Quién tomó la muestra? ¿Fue una persona capacitada? ¿Cuánto tiempo pasó entre que tomaron la muestra y la llevaron al laboratorio?» Fin de la investigación.
A media cuadra de la plaza
En el mero centro de la ciudad de Cajamarca un personaje con pinta de predicador reparte unos volantes afuera de su tienda, que ha empapelado con mensajes anti Conga, a favor del agua y de la ecología. Ha decorado la parte alta del local saturado de productos lácteos, con una sucesión de imágenes de Máxima Acuña, la campesina que se ha convertido en el símbolo de la resistencia anti Conga. Uno de los mensajes que rescatamos de su folleto dice así:
Para recordar a la humanidad que los metales que están dentro de la tierra regulan la temperatura del planeta.
Se trata de Romel Figueroa, un importante comerciante local, propietario de varias tiendas y pequeño productor de quesos y manjar blanco. Más allá de su discurso de tintes febriles, precisa alguna información que se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, asegura que hay ausencia de lluvias en la parte alta donde antes se obtenía el quesillo de la jalca. Por lo tanto, hay menos pasto y las vacas producen menos leche. Señala: “Antes vendía 3 toneladas de quesillo en mi cadena de tiendas. Ahora si llego a los100 kilos es mucho”. Sostiene que la contaminación no solo está en el terreno sino en el aire y en el agua, y que ha afectado a la leche, cuya calidad ha disminuido. Cuando le pedimos alguna prueba, el empresario, responde: “Yo tengo una agroindustria de manjar blanco, y la leche se corta siempre. Antes duraba más. Compraba 500 litros y a las 10 de la noche seguíamos haciendo manjar blanco. Ahora la segunda perolada, la de las 11 de la mañana, se está cortando”. Figueroa compra la leche a los acopiadores de la campiña. Para elaborar sus productos no utiliza el agua potable de la ciudad. “No utilizo agua del caño sino la subterránea de un terreno que tengo, pero no todos los productores tienen esta suerte. Eso mantiene la calidad de mis productos”, enfatiza.
(Señora vendiendo quesos en la ciudad de Cajamarca)
Los Negritos
En la comunidad de San José de Negritos, los comuneros de fe de que en 2008, la empresa Nestlé y Gloria les dijeron que no les comprarían más la leche que producían sus vacas debido a que la misma no era apta para el consumo humano. La población se alarmó y se quejó ante Yanacocha por la posible contaminación. Cuentan que semanas después regresaron los mismos representantes de las empresas lecheras y les informaron que había habido un malentendido y que continuarían comprándoles la leche. En vista de que nadie en la comunidad ha visto los análisis de la leche , nos preguntamos por qué Nestlé y Gloria cambiaron su decisión y qué han estado haciendo con ésta.
José Luis Valera, de la ONG Cedepas Cajamarca, tiene a su cargo un proyecto en el que participan pequeños productores de ganadería lechera que producen quesos en Hualgayoc. Esta es una antigua zona minera. El río Mairasbamba está muerto, sus aguas son de color naranja. Hoy operan dos empresas en esta provincia: Tantahuatay y Gold Fields. “Nuestro proyecto está en el área de influencia indirecta, no está pegado a las minas. Hacemos análisis microbiológico para que la leche y el queso reúnan las condiciones para el consumo humano y tenemos registro sanitario”, manifiesta. El ganado toma el agua de los manantiales o de las quebradas de la zona. La ONG no ha mandado analizar esas aguas, ni la leche ni los quesos. Valera no sabe dónde se realizan esas pruebas.
En Cajamarca no hay laboratorios implementados para este fin. Las muestras hay que enviarlas a Lima, y se recomienda que sean laboratorios certificados por INDECOPI, como CGCA o ENVIROLAB.
El líder ambientalista Milton Sánchez señala: “Los análisis son caros. Las autoridades deberían hacerlos. Los productores podrían hacer convenios con las instituciones del Estado, pero ninguna está interesada”. Sánchez refiere que la Municipalidad Provincial de Cajamarca siempre ha estado controlada por la minera, y que por eso nunca le ha interesado demostrar que su población está siendo afectada. “Si dices algo, la prensa de Cajamarca sale a decir que quieres malograr la industria”, añade. Igual sorprende que ninguna organización ambientalista cajamarquina haya tomado la iniciativa en este terreno.
Nilton Deza, director de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, sostiene que la leche de la que se abastecen Nestlé y Gloria se acopia en todo el departamento, e incluso llega desde Leymebamba, Chachapoyas. “También compran leche de las zonas cercanas a las minas, pero yo no me aventuraría a decir que toda la leche de Cajamarca esté contaminada. Obviamente debe haber lugares donde los pastos se están regando con aguas de la actividad minera”, puntualiza. Sobre los rumores de metales pesados en los quesos, precisa que en el primer estudio de impacto ambiental que presentó Yanacocha, se especificó que había 16 veces más arsénico que mercurio en la roca de la que extraerían el oro. El arsénico en forma natural es cuatro veces más tóxico. Habría que analizar qué aguas tienen arsénico, qué pastos se riegan con esas aguas, qué leche se produce con esos pastos.
(Máxima Acuña, el símbolo de la resistencia contra Conga)
Estudio de la Universidad de Barcelona
Un reciente estudio de la Universidad de Barcelona – en colaboración con la Universidad de Cajamarca –, halló niveles elevados de metales pesados en la dieta de los pobladores rurales que viven cerca de la polémica Yanacocha. (Además de los residentes de la ciudad de Cajamarca, participaron en el estudio los pobladores de Quilshuar Corral, Quilish, Cisne Las Vizcachas, La Apalina, Tual, Hualipampa Baja, La Ramada, Manzana Altos, Porcón Bajo, Huambo Cancha y Combayo La Florida.)
Según el equipo de investigación, los pobladores de las once comunidades cajamarquinas en estudio, cuya dieta es rica en granos y tubérculos, ingiere diariamente niveles de arsénico, cadmio y plomo que exceden los límites establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La principal fuente de arsénico proviene del agua y del arroz; la principal exposición de cadmio proviene de las papas y el arroz; mientras que la de plomo proviene del agua. La ingesta de arsénico y plomo resulta ser mucho más alta en las poblaciones más cercanas a la mina.
En cuanto al acumulado de arsénico en las muestras de agua y productos alimenticios analizados, se observó mayor incidencia de contaminación en La Pajuela, el lugar donde murieron repentinamente las 18 ovejas. Cabe mencionar que este es el primer estudio que se enfoca en la dieta y riesgo de acumulación de metales pesados en los productos alimenticios de la zona. Antes nadie se había preocupado en evaluar ese riesgo.
Nilton Deza es uno de los autores de este informe. “Ha sido un trabajo metódico. Primero vimos cuáles eran los ítems de alimentación. Cuánto come una persona de arroz, de fideos, de zanahoria, agua. Se recogieron los alimentos que consume esa población rural y los llevamos a Barcelona. Se ha analizado con espectrofotometría de emisión atómica especial para el análisis de metales pesados. El área investigada comprende las comunidades cercanas a Yanacocha”, relata.
Anteriormente, este profesor había realizado un estudio sobre la presencia de arsénico en las uñas y cabellos de pobladores de tres comunidades cercanas a la zona de explotación minera Yanacocha: la ciudad de Cajamarca, La Ramada y Tual. El estudio en sí reveló bajos niveles de arsénico, aunque estos resultaron ser mayores en los pobladores de la ciudad de Cajamarca, lo cual posiblemente se deba al consumo de agua proveniente de la planta El Milagro, y de productos alimenticios provenientes de la agricultura y la ganadería.
Deza vive en Santa Apolonia, en la parte alta de la ciudad. Se mudó para no tomar el agua que llega de la Planta El Milagro, directamente de la mina, y que abastece a toda la parte baja de Cajamarca. “No tomo los desagües de Yanacocha. Acá arriba tenemos una planta que trata el agua que viene de una cuenca muy pequeña. Solo el 25% de la población toma esta agua”, concluye.
(Máxima Acuña delante de la tienda del comerciante Romel Figueroa)
Hace poco entró a la zona de Chonta con un equipo de la Universidad de Lovaina, Bélgica, pero la población no quiere que se realicen estudios porque dicen que los han engañado de manera reiterada. El río de la zona es el Azufre, que Yanacocha se encarga de bombear desde 500 metros de profundidad. El agua llega contaminada y la usan solo para regar los pastos, pero no las papas. Las niñas pastoras se quejan porque sus ovejas toman agua, les da diarrea, se deshidratan y mueren. “Las aguas que salen de la mina contaminan las corrientes de agua superficial y, si son profundas, contaminan los acuíferos. Los peces y los sapos en ese río han desaparecido”, añade Deza.
Hay que tener en cuenta que Yanacocha construyó dos diques de control de sedimentos de relaves en el Río Grande y en el Río Rejo. Hoy esos diques sirven como reservorios de agua en época de sequedad, y sus aguas se usan para regar los campos de cultivo. Asimismo, se han reportado niveles elevados de cadmio, arsénico y plomo en los ríos que se encuentran en las inmediaciones de la mina y que desembocan en otros ríos, como el Jequetepeque.
Pobre San José
Después de veinte años, la mina le ha dicho adiós. Finalizó el proyecto de Yanacocha en San José. ¿Y qué les dejó? Un botadero recubierto por un maquillaje superficial de tierra y plantas. Aguas cobrizas, verdes, rojas; espumas putrefactas; animales muertos. Los campesinos de San José compran el agua en Quinua Mayo.
Este lugar está ubicado en la cuenca del río Chonta, dentro del área de operación minera, al costado de una laguna y un río, cuyas aguas ya eran de dudosa calidad desde que la filtración de ácido comenzó a drenar del botadero. (Estamos hablando del año 2003.) Ya entonces, la minera le echaba cal a la laguna para subir el pH del agua recogida de la filtración. Según un informe de STRATUS, realizado a fines de ese año, “todo indica que pueden haber vías de agua subterráneas de filtración ácida que nunca se recogieron”. A lo largo de estos años, alarman los reportes de animales muertos a los que se les ha encontrado cal en la panza.
Allí ha ocurrido lo previsible: La lluvia se ha filtrado a través de los geotextiles. La calidad del agua que sale de ese botadero es de última y degrada el agua de la laguna y la subterránea. Hay filtraciones ácidas con drenaje que contienen metales pesados tóxicos. (Malhaya la suerte del caserío al que le tocó la desgracia de estar debajo de este basurero donde enterraban las medicinas sobrantes, botas, agujas del tópico, comida, aceites, grasas y petróleo.)
Según Nilton Deza, ese es el problema de la minería con cianuro: Dejan todo bien tapado, pero la procesión va por dentro. Estados Unidos y la Comunidad Europea han vetado en muchos de sus territorios la minería con cianuro. “Cuando son botaderos se genera acidez y drenajes con metales pesados tóxicos. Si es un PAD de cianuración que fue cubierto con plásticos, tierrita y plantas encima, el efecto del cianuro en la oscuridad continúa durante años, y sigue liberando metales pesados, tal como lo hacía cuando sacaban el oro”, sostiene.
Agua que has de beber…déjala correr
Un contrincante de polendas al que Yanacocha no ha podido doblegar, a pesar de haberlo empapelado con una veintena de procesos legales, es un alemán que ha vivido en una Cajamarca lechera y campesina, de paisaje idílico a fines de los años 70, bastante antes de que llegara la minería. Se llama Reinhard Seifert y acaba de publicar el segundo tomo de Yanacocha ¿el sueño dorado? , que presentó en la ciudad de Celendín. Es un libro que merece una edición masiva y más cuidada por lo valioso de su contenido, que aporta a la discusión sobre la tecnología minera. Minucioso y metódico, este ingeniero, experto en recursos hídricos, ha recopilado y estudiado a lo largo de los años, un cerro de documentos, informes, estudios y comunicados de la minera y de las consultoras que han realizado los estudios de los impactos, y los utiliza para rebatir una serie de argumentos técnicos sostenidos por la empresa. En todos estos años, Yanacocha ha querido aparecer como la abanderada de una minería moderna que produce leves impactos en el medio ambiente, pero que no contamina. “En el trabajo científico que presento yo digo que hay contaminación por encima de los niveles máximos permisibles, y destrucción de las fuentes de agua. Han desaparecido manantiales y lagunas. Busco probar que este método de tajo abierto, que usa el cianuro para atrapar el oro, contamina el agua y destruye la mismas fuentes”, afirma Seifert. Además, sostiene que la empresa ha vendido el concepto de “tecnología limpia” a sus accionistas en Estados Unidos, a los que trata de convencer de que la presunta responsabilidad social de Newmont (accionista mayoritaria de Yanacocha) ha traído el desarrollo a Cajamarca.
Tal es el nivel de desarrollo que la Universidad de Cajamarca no tiene un laboratorio. Es lo que manifiesta Manuel Roncal, profesor del Programa de Ingeniería Ambiental. Él conoce el trabajo de Yanacocha porque hizo su tesis en el área de revegetación de minas. Estuvo un par de años trabajando para la empresa.
El ingeniero sostiene: “Hay monitoreos que arrojan como resultado la presencia de sólidos suspendidos en el agua en la ciudad de Cajamarca, aguas contaminadas y evacuación de sedimentos a las pozas donde criaban truchas en las partes altas de Cajamarca”. Sostiene que están investigando la relación entre la calidad de agua y la presencia de macro invertebrados, anfibios y reptiles, pero que, hasta ahora, la universidad no ha investigado la presencia de metales pesados en las aguas. “Nos faltan muchos equipos. El Estado nos tiene abandonados. No tenemos un laboratorio ambiental, a pesar de que nuestro proyecto está con código hace varios años. Falta apoyo de la comunidad científica, por eso no se le puede enfrentar a la empresa”, añade.
El laboratorio NKAP, que funciona en Cajamarca, monitorea la calidad de agua. “No es imparcial. Tiene conexiones con la empresa”, afirma Roncal.
Para demostrar que las aguas que distribuye SEDACAJ tienen metales pesados es indispensable analizarlas. Según Seifert, una muestra de agua es como una fotografía que se toma en un día y en una hora determinada. La presencia de contaminantes sube y baja, no se mantiene constante. “Acá en Cajamarca, los estudios que hizo el MINSA de las aguas del río Grande y Porcón – que son los principales abastecedores de la planta El Milagro – antes de que llegara la mina, indicaban que no había metales pesados. A partir del 93, la calidad del agua cambia sustancialmente. Ahora nace de cuatro tubos”. El especialista sostiene que la mina usa el agua para su proceso de lixivización con cianuro. Después la recicla, la saca por tuberías que descargan en la cuenca del río Grande, llega a la planta El Milagro y termina en los caños de la ciudad. “Aunque hiervas esa agua los metales pesados permanecen”, afirma con seguridad.
Durante varios años las aguas recicladas de la mina no fueron tratadas, hasta que se registraron las denuncias sobre presencia de mercurio en el agua potable que consumía la población de la ciudad, en el año 2003. Según Nilton Deza, SEDACAJ debe poner un exceso de químicos en el agua para mejorar su calidad y para ello incrementa sus tarifas. “Yanacocha implementó un laboratorio por la presión que hubo. Nunca sabemos qué analizan, ni cuáles son los resultados”. El biólogo manifiesta que la mina se vio obligada a hacer ciertas mejoras: construyó reservorios para detener los sedimentos y una planta de ósmosis reversa para mejorar la calidad del agua. Manifiesta: “Pero es una planta muy limitada para la cantidad de aguas que ellos manejan. Yanacocha tiene tres veces el área de la ciudad de Cajamarca. Solamente les dan tratamiento a los canales y las lagunas cuyas aguas salen al río, pero el resto es inmanejable. Por ejemplo, no pueden con el agua de la lluvia”.
La ley establece un límite a la contaminación, en un momento en el que los excesos han llevado el problema al campo médico. Se habla de un aumento alarmante de cáncer de estómago en Cajamarca. ¿Por qué no interviene el Ministerio de Salud? Los responsables del control y monitoreo de las fuentes de agua son, además de dicho ministerio, el de Agricultura y Energía y Minas. Hay una Ley General de Aguas que parece estar pintada sobre la campiña cajamarquina.
(Señora vendiendo quesos en la ciudad de Cajamarca)
Conga
Con una inversión inicial de 4.800 millones de dólares, Minas Conga es la mayor inversión minera en la historia del Perú. Se estima que el proyecto minero producirá 680.000 onzas de oro y 235.000 libras de cobre durante un periodo de 19 años.
Pero los daños que el proyecto causará al ecosistema de la región de Cajamarca exceden cualquier beneficio económico. Según el estudio de impacto ambiental de la propia empresa, al igual que el de varios estudios independientes, el proyecto minero Conga destruirá cuatro lagunas. Dos de ellas serán vaciadas para explotar oro, mientras que las otras dos se convertirían en botaderos. Además, Conga afectara negativamente a más de 680 manantiales.
Una vez desaguadas las lagunas, se excavarán las cimas de las montañas y del paisaje de los alrededores. Durante esta fase, se removerán millones de toneladas de roca, dejando al descubierto una enorme cantidad de minerales tóxicos, incluyendo arsénico, cadmio, cromo, plomo, manganeso, mercurio, níquel, selenio, talio, vanadio, aparte de elementos radioactivos como el uranio, torio y potasio-40.
Luego, para extraer las diminutas partículas de oro, se vertirá una solución de cianuro sobre la roca triturada para separar el metal precioso del mineral. (Según la empresa, se usan 50 gramos de cianuro por cada mil litros de agua. Se tiene que lixiviar 1,8 toneladas de mineral para obtener un gramo de oro.) El proceso de lixiviación es el método más barato – por lo tanto más rentable – de extraer el oro. Una mina de oro de grandes dimensiones usa más de 1.900 toneladas de cianuro al año, cantidad más que suficiente para envenenar no solo a toda la población del Perú, sino hasta a la de las Américas, China e India juntas.
Y, ¿qué pasa una vez que se cierra la mina? Según el hidrogeólogo norteamericano Robert Morán, “los depósitos de desechos de la mina, o sea los desmontes y relaves (y los tajos) permanecerán en la zona durante generaciones. Las descargas de los efluentes de los desmontes y relaves de Conga tendrán que ser colectadas y tratadas. Por lo tanto, el área de Conga requerirá un mantenimiento activo de las instalaciones que queden, así como la operación de plantas de tratamiento activas de las aguas y no simplemente por 50 o 100 años después del cierre, sino a perpetuidad.”
¿Asumirá la minera esta responsabilidad? Los cajamarquinos, que solo han visto un incremento del índice de pobreza en el departamento como corolario de los grandes proyectos mineros de las últimas décadas, ya no creen en el cuento chino del desarrollo que supuestamente pretenden aportar estas empresas. Ante el expolio, prefieren ahora concentrarse en buscar medios para preservar aunque sea las pocas fuentes de agua pura que les quedan.
Encabezando el movimiento “Conga no va”se encuentra Máxima Acuña, una figura diminuta con un sombrero de paja que es más grande que ella, a la que llaman la guardiana de las lagunas. A media hora de su casa está la Laguna Azul, que suele estar cubierta por una espesa niebla y a la que ella lleva a pastar a sus ovejas. Esta campesina cuya vida consistía en criar a sus cuatro hijos, vigilar a sus animales y sembrar sus cultivos, prefirió enfrentarse a la minera Yanacocha antes que venderle sus tierras para su nuevo proyecto. Pese a ello, la minera se empecinó en incorporarlas en sus planes, confabulándose para que docenas de DIROES se encargaran de desalojarla. Estos llegaron a su casa, golpearon brutalmente a su familia, pero no pudieron con ella. Qué iban a poder con una mujer que ha parido a sus cuatro hijos sola, y al último lo tuvo una madrugada después de cruzar un río que casi se la lleva si no fuera porque se prendió de una roca. Máxima sigue en su trece sitiada por las fuerzas del orden, y desde allí continúa su defensa del agua y urdiendo humildemente su leyenda.
Pero ella no está sola. El movimiento ambientalista ha crecido y las lagunas tienen cientos de guardianes. Después de 21 años los cajamarquinos no son los mismos. Conocen al monstruo por dentro.
La minería causa conflictos sociales en áreas pobres de Perú, como en Cajamarca.
Marcelo Justo / BBC Mundo
El precio internacional del oro subió 10 veces en los últimos 15 años y está en máximos históricos, pero una investigación en Perú revela que la principal mina de oro de Sudamérica, Yanacocha, registró el año pasado pérdidas.
La investigación del periodista Raúl Wiener y el contador Juan Torres Polo se centra en la Memoria Anual 2013 presentada por la compañía peruana Minas Buenaventura, que tiene el 43,7% del paquete accionario de Yanacocha.
Según Wiener, la Memoria está cargada de trucos contables:
«En los costos de Yanacocha 2013 se incluye un rubro que no figuró en los 13 años precedentes y que tiene un nombre más que curioso: «deterioro de activos de larga duración».
Este «deterioro de activos de larga duración» se lleva casi la totalidad de los ingresos, con lo que el balance da una pérdida neta para Yanacocha de más de US$562 millones», señaló Wiener a BBC Mundo.
Una compañía de lujo
Es la primera compañía de oro de Sudamérica, la tercera del mundo.
El principal socio de Buenaventura es la estadounidense Newmont, que tiene el 51,3% del paquete accionario y es una de las 20 empresas mineras más grandes del mundo.
La International Finance Corporation (IFC), miembro del Banco Mundial, tiene el 5%.
Es la primera vez en 13 años que esta empresa de lujo, Yanacocha, arroja pérdidas.
Un año antes, en 2012, las ganancias de la minera habían superado los US$654 millones.
La mina de Yanacocha es la más grande de América Latina.
Estas pérdidas sorprenden más cuando se tiene en cuenta la trayectoria del precio internacional del oro.
En 1993 el precio de la onza troy (la medida más común del metal, equivalente a unos 31,1 gramos) era de US$376.
En 2006 saltó a 605, seis años más tarde casi se triplicó a US$1670.
Aún con la caída del precio en 2013 (bajó a US$1411 la onza troy), el valor sigue siendo el más alto de las últimas dos décadas con la excepción del período 2011-2012.
Hasta 2013 las ganancias de Yanacocha reflejaron esta bonanza de los precios.
En 1994 superaba los US$41 millones. En 2011 alcanzaron su valor máximo: US$705 millones.
Las repentinas pérdidas de 2013 se deben, según Raúl Wiener, a que se le cargan a la empresa los resultados de otro proyecto.
«El «deterioro de activos de larga duración», que es de más de US$1.000 millones, se lleva el 70% de los ingresos de la empresa. Este deterioro son los activos de Conga. Si se han deteriorado se debe a los problemas que ha habido en la zona con la población», concluye Wienner.
El incierto futuro de Conga
Al igual que Yanacocha, la mina de oro y cobre Conga se encuentra en la provincia de Cajamarca, 800 kilómetros al noreste de Lima.
El proyecto, programado para entrar en explotación el año próximo, significó una inversión de casi US$5000 millones, pero ha quedado virtualmente paralizado por la cerrada oposición de los campesinos de la zona, preocupados por la posible contaminación de las aguas.
Hay rechazo al proyecto minero de Conga, en la misma provincia que Yanacocha.
Nada dejó más claro este rechazo que la reelección de Gregorio Santos el pasado 5 de octubre como presidente regional de Cajamarca.
Santos, quien lideró la oposición a Conga en la región, se encuentra preso por presunta «asociación ilícita para delinquir, haber recibidos sobornos y colusión agravada contra el estado».
Pero ni estas acusaciones, que él y sus partidarios niegan, ni la cárcel pudieron contrarestar la popularidad que ganó con el rechazo del proyecto minero.
A pesar del revés, la compañía expresó su interés en «continuar invirtiendo en Perú y en especial en la región de Cajamarca».
No sorprende. En los 19 años de explotación que tendría Conga podría reportar ganancias equivalentes a Yanacocha.
La respuesta de Yanacocha
En un comunicado de prensa la empresa minera Yanacocha SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) rechazó las conclusiones de la investigación de Raúl Wiener y Juan Torres Polo.
«El señor Wiener señala que Yanacocha reportó pérdidas financieras y, en consecuencia, no pagó impuesto a la renta por el ejercicio 2013. Esta información es absolutamente falsa, ya que la empresa pagó por ese año un impuesto a la renta superior a los US$175 millones», señala el comunciado.
Un conocido principio fiscal es que una empresa que arroja pérdidas no paga impuestos.
En noviembre de 2011 hubo protestas en la mina de Yanacocha.
Para aclarar este tema, BBC Mundo se comunicó con SUNAT, la autoridad fiscal del Perú, que contestó que «lamentablemente no podemos dar información de ningún contribuyente en particular por estar considerada dentro de la reserva tributaria».
BBC Mundo también intentó comunicarse con Yanacocha, que no respondió a los pedidos de entrevista.
Según Pedro Francke, profesor de economía de la Universidad Católica de Perú, se trata de un juego de palabras.
«En Perú existe la costumbre tributaria de adelantar el pago del impuesto a la renta, pero si al final la compañía da pérdidas, el Estado devuelve lo pagado. La realidad es que una empresa que arroja pérdidas no paga impuestos. Y si lo hace, por esta costumbre tributaria de pagar por adelantado, recupera su valor porque el estado le devolverá lo pagado», señaló Francke a BBC Mundo.
El debate de fondo
La polémica en torno a Yanacocha se inscribe dentro del debate que ha arreciado en Perú y otros países de América Latina en torno al boom de los precios de la minería.
En Perú, tanto el expresidente Alan García como el actual, Ollanta Humala, fueron electos con plataformas que prometían un impuesto extraordinario a las mineras para que los precios internacionales, en niveles récord, pudieran beneficiar al conjunto de la sociedad.
Ambos presidentes olvidaron estas promesas una vez electos, pero la polémica siguió adelante.
Según Raúl Wiener, el mismo hecho de que se siga debatiendo este posible impuesto extraordinario sugiere que ha habido elusión fiscal en las cuentas de Yanacocha.
Muchos agricultores de la zona de Cajamarca, en el norte del país, protestaron contra el proyecto.
«¿Cómo puede ser que se haya considerado cobrar un impuesto extraordinario a una empresa que puede, de pronto, de la noche a la mañana, arrojar pérdidas a pesar de los precios históricamente altos del oro?», señaló Wiener a BBC Mundo.
A este interrogante se suman dos obstáculos impenetrables: la compleja opacidad contable de las empresas multinacionales no ayuda, y el secreto tributario que rige en Perú.
«Por ley, la SUNAT no puede revelar esta información. La compañía lo podría hacer voluntariamente en aras de la transparencia. Pero no lo hacen. Para saber si una empresa pagó o no impuestos se necesita toda la declaración impositiva de la compañía presentada en 2014, pero esta información es secreta. La hendija que se abrió en este caso es por la Memoria anual de Buenaventura», indicó Francke a BBC Mundo.
Las fallas de la ley
La incertidumbre que rodea al proyecto Conga también se enmarca en la ausencia de una legislación clara en torno al potencial conflicto entre las poblaciones que habitan el lugar y las mineras.
En 2013, un estudio comisionado por la organización global Derechos y Recursos, encontró que una de cada tres hectáreas que gobiernos de América Latina, África y Asia conceden a la explotación minera, agrícola-industrial o forestal se superpone con tierras comunales.
Según la organización, el conflicto de Conga en Perú – y el impacto que ha tenido sobre Yanacocha – hay que analizarlo en este contexto de superposición de derechos.
«Conga es un ejemplo de lo que pasa cuando no se toman en cuenta los derechos de las comunidades autóctonas y la poblaciones indígenas. Las compañías deberían considerar a estas comunidades como una parte integral de cualquier proyecto para asegurar la viabilidad de su inversión a largo plazo», indicó a BBC Mundo Andy White, coordinador de la organización Derechos y Recursos.
Según una estimación citada por esta organización, el costo de la suspensión de actividades en grandes proyectos mineros en todo el mundo puede rondar los US$20 millones semanales.
Fiscalía de Celendín pide más de 30 años de cárcel para los acusados, mientras estos denuncian persecución política en su contra que tendría por finalidad favorecer a la minera Yanacocha.
PUBLICADO: 2014-11-13
Una grave denuncia cae sobre 16 dirigentes sociales de Cajamarca, luego de que el Fiscal Provincial Penal de Celendín, Ruperto Eugenio Alcántara Vásquez, reabriera un caso previamente archivado para solicitar 31 años y ocho meses de prisión efectiva contra ellos, acusados del delito de secuestro agravado.
La denuncia se basa en que el 26 de abril del 2013 los pobladores del distrito de Sorochuco, en Celendín, durante una asamblea con tenientes gobernadores, pidieron al gobernador de su distrito, Luis Armando Castañeda Pisco, que manifieste su posición con respecto al proyecto Congay finalmente le exigieron que firme un acta renunciando al cargo. Castañeda Pisco no era respaldado por los ciudadanos de Sorochuco pues lo acusaban de utilizar el chantaje y las amenazas para favorecer a la empresa minera Yanacocha.
Castañeda Pisco y el gobernador provincial de Celendín, Pedro Zamora Rojas, quien también estuvo presente aquel día, denunciaron a Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya, por los delitos de secuestro agravado, coacción e irreverencia a los símbolos patrios.
Para Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina y uno de los acusados, la denuncia de secuestro no tiene ningún sustento debido a que los hechos, según afirma, se dieron en plena Plaza de Armas de Sorochuco, con la participación de al menos 100 personas y con presencia de efectivos policiales.
PROCESO IRREGULAR
En este proceso judicial se han dado una serie de irregularidades. Según el testimonio y los documentos que dio Milton Sánchez a LaMula.pe, este caso fue abierto, cerrado y vuelto abrir por la fiscalía. Asimismo, un documento fiscal precisa que hubo intentos de presionar al Minsiterio Público por parte del denunciante Zamora Rojas, tal y como lo señala el fiscal Ricardo Alberto Gomez Hurtado de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Celendín mediante una disposición fiscal. «…en mi despacho, hicieron (Zamora Rojas y su abogado) llamadas telefónicas a diferentes fiscales superiores de Cajamarca, siendo notorio sus comportamientos de una actitud de coacción …»
Para los dirigentes sociales este es un caso de persecución política en contra de los que se oponen al proyecto Conga, utilizándose las leyes para beneficiar a la empresa Yanacocha.
En noche cultural de la Cumbre de los Pueblos, desarrollada en la provincia de Celendin, región de Cajamarca, se compartió diversas formas de arte: teatro, cantos, poemas, documentales, etc. En nombre de la realizadora Françoise Chambeu (miembro de Francia America Latina y del Comité de Solidaridad con Cajamarca), se presentó el documental « Cuentan y Cantan », que nos recuerda a todos y a todas las fuerzas de las mujeres en estas luchas.
Este documental presenta en primera linea de la lucha por la defensa del agua y de la vida a las mujeres cajamarquinas «ronderas» toman la palabra, expresan con fuerza, convicción y dignidad, sus motivaciones, su indignación frente a la represión , sus esperanzas de victoria y cantan la resistencia, la solidaridad.
CELENDIN LIBRE 
