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Mina Los Bronces de Anglo American

Por Aidée Tassinari

Una de las peculiaridades del extractivismo contemporáneo es la integración de un selecto grupo de burguesías latinoamericanas al club de megaconsorcios mundiales. La estrategia principal de estos conglomerados transnacionales ha sido el despojo y apropiación de las tierras en las que se encuentran los recursos minerales y garantizar, al menos por varias décadas, que esa posesión no será modificada. En América Latina fueron tres los grupos empresariales que, al igual que los consorcios canadienses, obtuvieron concesiones para explorar más yacimientos.

En marzo de 2015 se anunció que, de acuerdo con la lista de multimillonarios de Forbes, tres latinoamericanos están entre los 10 empresarios de la industria minero metalúrgica más ricos del mundo. Germán Larrea Mota Velasco, dueño del Grupo México, detenta 13.9 billones de dólares, lo que lo posiciona como el tercer hombre más rico de la lista. Junto con el control de gran parte de las minas de cobre y carbón de México, este millonario posee inversiones en infraestructura y transportes. En el cuarto lugar está la familia chilena Luksi, dueña de Minerales Antofagasta, quienes detentan 13.5 billones de dólares. Además, otro mexicano entró en el noveno lugar de la lista de los diez exclusivos, Alberto Bailleres González, dueño de Industrias Peñoles, con 10.4 billones de dólares.

La riqueza de estos grupos se explica por la transnacionalización de sus operaciones de despojo, en las que el saqueo de los minerales trasciende a sus países de origen. El Grupo México de Germán Larrea se ha asentado en Perú y Estados Unidos. Los activos de la empresa incluyen la propiedad de Southern Copper Corp, la cual tiene dos minas a cielo abierto en Perú: Toquepala y Cuajone, así como un complejo metalúrgico. También es propietaria de Tía María, una mina de cobre al sur de Perú. Invirtió 1.4 billones de dólares en ésta y 1.7 billones en la expansión de Toquepala. Tía María no ha iniciado operaciones y enfrenta la mayor resistencia social contra el extractivismo en toda la región.

Los otros dos grupos extractivistas latinoamericanos, la familia Luksic y Alberto Bailleres, presentan la misma característica. Son grupos empresariales asociados a capitales transnacionales, dueños de un número considerables de minas que además poseen el control de bancos, empresas manufactureras, de comunicaciones y de transportes. Todas ellas están presentes en varias ramas económicas. Son consorcios monopólicos.

Industrias Peñoles, de Bailleres, configura un gran conglomerado. Es el primer productor de plata de México y el segundo de oro. Posee concesiones para la realización del “proyecto polimetálico” Rey de Plata en el que ha invertido 268 millones de dólares y producirá a inicios de 2016. Además, controla la empresa Fresnillo y es dueño de la empresa de seguros GNP, el Palacio de Hierro, entre otros.

Ni hablar de Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo. Aunque su incursión en la minería es relativamente reciente y su portafolio minero todavía es minoritario en comparación con el resto de sus inversiones, Slim empieza a pisar fuerte. Recientemente se hizo con la concesión de la mina de cobre Salaverna, en Zacatecas, con una de las más grandes reservas del mundo. El pueblo de Salaverna será demolido en su totalidad para dar paso a la explotación del yacimiento.

Estos monopolios de empresarios latinoamericanos concentran tierra y, con ello, vastas reservas de los minerales a fin de garantizar la explotación de los minerales por décadas.

America Latina se vende a las empresas multinacionales como la “tierra del éxito”. Los megaconsorcios mineros Barrik Gold, Goldcorp, BHP Billiton, Anglo American y Glencore son el ejemplo del éxito en el continente. “Los jugadores más ricos de América Latina tienen similitudes destacadas con los conglomerados mundiales de la minería: son conglomerados diversificados con un gran crecimiento potencial para alimentar a sus socios en el futuro. Tan sólo piénsese en Carlos Slim, dueño del imperio Telmex, Horst Paulmann de Cencosud y Jorge Paulo Lemann (…)”. Así explicó BNamericas, la fuente de noticias diseñada para los inversionistas de la era del extractivismo, en marzo de 2015. La lógica del saqueo ha tomado por el cuello a los recursos naturales de la región.

Crédito de foto: diarioUchile.


Aidée Tassinari es profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Fuente: http://www.30-30.com.mx/los-magnates-latinoamericanos-de-la-mineria/


A lo largo de 2014, el precio internacional de los metales, principal dinamizador en los últimos años del sector extractivo, continuó mostrando correcciones a la baja, como ocurre desde 2011 y 2012; asimismo y de manera más abrupta, el precio del petróleo redujo a la mitad su valor en seis meses. Todo ello tendrá un claro efecto en la disminución del aporte fiscal del sector extractivo.

Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.

Al mismo tiempo, han sido años de controversia. Por el lado económico, se generó un debate alrededor de la aplicación de la Ley de regalías mineras y de la negativa de un grupo de empresas a cumplir con dichos pagos en virtud de sus contratos de estabilidad tributaria; también, en el inicio del gobierno de Ollanta Humala se discutió la aplicación de un impuesto a las sobreganancias, propuesta que fue desplazada por la aplicación del gravamen minero, con efectos no muy claros. En tanto, en el campo social, los conflictos entre empresas y comunidades locales se reprodujeron en varias regiones del país debido a que éstas perciben que sus derechos económicos y sociales son vulnerados frente a un Estado con poca capacidad y voluntad para hacer cumplir las normas socio-ambientales, las que a su vez son cuestionadas por su permisividad excesiva.

Actualmente, la discusión sobre el sector extractivo está centrada entre continuar con el actual modelo primario exportador, aplicando algunos ajustes, o virar hacia una estructura económica más diversificada, tal como vienen recomendando la CEPAL y organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien ya en el 2014 se publicó el Plan Nacional de Diversificación Productiva, se percibe que este cuenta con poco respaldo político del gobierno y que, por el contrario, se pretende continuar con el modelo extractivo actual otorgando beneficios tributarios a las empresas, debilitando la institucionalidad ambiental y afectando los derechos de las comunidades. La necesidad de este debate se ve opacada por las voces de quienes afirman que el país crece a una menor velocidad debido a que no se llevaron adelante algunos proyectos mineros producto de los conflictos sociales y las trabas burocráticas.

En esta línea, los gremios empresariales exigen medidas que permitan agilizar los trámites, como la implementación de la ventanilla única, la acotación a la ley de consulta previa (que se aplique solo para comunidades amazónicas) y la agilización de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo, la creación en 2013 de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos expresa la voluntad de una más fuerte presencia pública de los intereses de las empresas petroleras. Permeable a esta presión, a lo largo de 2014, el Gobierno Nacional impulsó una serie de medidas tributarias, de simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión privada.

De este contexto han surgido claramente dos preocupaciones. Por un lado, en razón de la multiplicación de conflictos sociales ligados a la actividad extractiva, se habla de la necesidad de una mejor gestión sectorial y territorial del sector extractivo. De otro lado, en relación a la captación y redistribución de los recursos, un reto pendiente es fortalecer la capacidad de gestión del aparato público en todos sus niveles. Entre ambas, creemos necesario promover un debate abierto acerca de los resultados e impactos logrados con los recursos provenientes de la renta de las industrias extractivas en estos años de boom.

En otros términos, planteamos que se abra un debate sobre el rol que cumplió la minería en nuestra sociedad. El Reporte N° 19 de Vigilancia de las Industrias Extractivas propone un balance sobre la generación, distribución y uso de la renta de la minería, gas y petróleo en el país. Su publicación, a cargo de Grupo Propuesta Ciudadana, es posible gracias al apoyo de las organizaciones Natural Resource Governance Institute y Pan para el Mundo.

En este blog, vamos a ir compartiendo algunas conclusiones de nuestro reporte:.

No fue una riqueza compartida

Entre los años 2004 – 2012, el sector extractivo resultó favorecido por un escenario extraordinario de precios altos y demanda creciente de recursos naturales. Esto incentivó la llegada de grandes inversiones al sector que incrementaron la producción y las ganancias de las empresas y, por consiguiente, también la recaudación de ingresos fiscales del Estado.

Este escenario posicionó al sector extractivo –minero e hidrocarburífero–, como muy importante para la economía pese a su bajo aporte al PBI, al empleo y a los reducidos encadenamientos productivos que genera. Con un aporte a la caja fiscal que alcanzó en promedio el 23% de los ingresos del gobierno central en el período de mayor bonanza (2006-2011), este modelo aseguró recursos suficientes para financiar obra pública y programas sociales, por lo que los gobiernos de turno mantuvieron casi inalterables las políticas económicas gestadas en los años 90, perdiendo la oportunidad de participar en mejores condiciones de la riqueza generada.

Es claro que fueron las empresas las principales beneficiadas con el boom minero y que el Estado sólo participó de una porción menor de la riqueza generada debido a que el esquema tributario, establecido en los años 90, se mantuvo inalterado hasta el año 2011. En ese sentido, la aplicación de la Ley de regalías mineras fue diluida por los contratos de estabilidad jurídica que protegían a las empresas y, más adelante, la negociación del Aporte Voluntario Minero conformó un fondo apenas equivalente a las regalías mineras no pagadas. Las medidas tributarias aprobadas por el gobierno de Ollanta Humala en 2011 (gravamen minero e impuesto especial a la minería) produjeron mucho menos de los 3,000 millones de soles anuales ofrecido porque, de un lado, llegaron tarde cuando los precios caían y, del otro, porque el gobierno cometió el error de aceptar que estos pagos sean descontados como costos al momento de calcular la renta imponible.

¿De quién es la riqueza minera?

Hoy que la evidencia muestra que el ciclo de precios altos de las materias primas ha llegado a su fin, podemos afirmar que hemos entrado a un nuevo escenario, cerrando en nuestro país un ciclo (2004-2012) caracterizado por el incremento de la inversión, la producción, las reservas internacionales, los ingresos para las empresas y la recaudación fiscal del sector extractivo. Este boom extractivo permitió al Estado peruano distribuir recursos entre sus niveles de gobierno y llevar adelante diferentes programas y proyectos en la fase inicial del proceso de descentralización.

No supimos repartir bien la torta.

En el período 2004-2014, las transferencias de recursos hacia los gobiernos regionales, por canon y regalías, se vieron favorecidas por la recaudación creciente de recursos por parte del Estado.

Sin embargo, el que estas transferencias estuvieran concentradas en las principales zonas productoras, generó inequidades en la distribución del presupuesto en perjuicio de las regiones no productoras. Este problema fue parcialmente corregido por las transferencias compensatorias realizadas por el MEF aunque utilizando mecanismos discrecionales y poco transparentes.

El problema de la inequidad en la distribución del presupuesto persiste aunque en menor medida y, tras 10 años, el esquema de distribución del canon sigue sin modificación porque es políticamente difícil lograr un consenso en el Congreso de la República. Una eventual modificación de este esquema debe discutirse retomando la agenda de la descentralización fiscal, que nos permita avanzar hacia un sistema de transferencias más previsible, transparente y menos volátil.

La canon-dependencia

Los gobiernos subnacionales, receptores de los recursos del canon y regalías, financiaron con ello parte importante de sus inversiones. Fue, en algunos casos, la principal fuente de financiamiento, provocando una muy alta dependencia de las transferencias, en especial en el caso de las municipalidades de las regiones productoras. Entre el 2008 y el 2012, alrededor de una quinta parte del presupuesto total de los gobiernos regionales se financió con transferencias de recursos provenientes principalmente de la minería. Esta situación empezó a revertir a partir de 2012, cuando los precios de los minerales caen, arrastrando a la baja las utilidades de las empresas y con ellas las transferencias por canon. Las regiones mineras (Ancash, Cajamarca, Moquegua, Tacna, La Libertad) han visto reducirse drásticamente sus ingresos por concepto de canon minero, que pasó de S/. 5,200 millones en 2012 a S/. 2,000 en 2015. Frente a este escenario que combina ingresos a la baja y con alta volatilidad, los reclamos de las autoridades y la protesta social van en aumento por la disminución del empleo generado a través de las obras públicas.

Sin embargo, el peso de la renta extractiva en el financiamiento de las inversiones en los gobiernos regionales ha disminuido. Hasta el año 2010 financiaba más del 40% de las inversiones, y entre 2009 y 2010 financiaron más del 50%.

¿En qué gastamos el dinero del canon?

No gastamos solo en “monumentos inútiles”.

De los S/. 8,181 millones presupuestados para inversiones por parte de los gobiernos regionales en 2014, el 22% está financiado principalmente con recursos provenientes de las actividades extractivas. Estos recursos están orientados a proyectos en las funciones de Salud y Saneamiento (27.05%), Transporte (25.59%), Educación, Cultura y Deporte (20.05%) y Agropecuaria (13.98%), sumando en total 86.7%, siguiendo una tendencia que que no ha variado significativamente respecto a los últimos 10 años. Así, la evidencia contraviene la idea común de que las municipalidades y gobiernos regionales asignan esos recursos a proyectos no prioritarios.

Si bien existe información que indica que alguna porción de estos recursos se destina a proyectos de nula trascendencia en algunas localidades, es una falacia generalizar que los recursos del canon se dilapidan. El problema de fondo de la inversión pública, tanto la descentralizada como la nacional, tiene que ver con la calidad del gasto: obras sobredimensionadas, problemas de diseño y alta incidencia de la corrupción. La ausencia de información que permita medir la calidad del gasto y su impacto es un déficit urgente a superar desde el MEF.

¿Sabemos gastar el presupuesto público?

Desde hace varios años se cuestiona y critica a las autoridades locales y regionales por su bajo nivel de ejecución del gasto. Sin embargo, la información que publica la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas da cuenta de que en los últimos ocho años, en cifras agregadas, el gasto de inversión en los gobiernos regionales y municipalidades ha crecido a una velocidad mayor que aquel del Gobierno Nacional.

Un aspecto que los críticos no consideran es que los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales sufren fuertes modificaciones durante el año, producto principalmente de las transferencias extemporáneas de recursos provenientes de los sectores del Gobierno Nacional (Ministerios de Educación, Vivienda y Construcción, Transportes, entre otros) y que realizan cuando su gasto sectorial avanza menos que lo previsto. Una prueba de ello es que el avance de ejecución del gasto supera el 100% cuando se toma como referencia el presupuesto de apertura y solo disminuye cuando se alude al presupuesto modificado.

Como podemos apreciar, los porcentajes más bajos de ejecución corresponden a los años en los que los cambios en el presupuesto fueron más marcados; pero también se observa una tendencia de mejora en la eficacia del gasto a partir de 2009. Desde 2007, las transferencias por canon minero se realizan en una sola ocasión, de golpe, reemplazando la transferencia en doce cuotas que se realizaba hasta entonces. Este cambio introduce más volatilidad al presupuesto porque implica que en junio o julio los gobiernos regionales reciben una fuerte transferencia de recursos que es imposible ejecutar en los cinco o seis meses restantes. El resultado inevitable: los elevados saldos presupuestales sin ejecutar que son transferidos al año fiscal siguiente.

La ‘privatización’ de los recursos públicos

Apelando a la supuesta “ineficiencia” o “mala gestión” de las inversiones por parte de los gobiernos locales y regionales -y del Estado en general-, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han tomado medidas orientadas a impulsar la participación del sector privado en la ejecución de obras públicas bajo el supuesto de una mayor eficiencia.

Para ello se han implementando dos mecanismos: Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). En ambos se observa una mayor participación de las empresas dedicadas a las actividades extractivas, y particularmente mineras en el mecanismo de OxI. Esto se debe a los beneficios que este mecanismo les procura, sobre todo en términos de mejora de imagen: aunque se trata de recursos públicos las empresas incorporan discursivamente este mecanismo dentro de una aparente responsabilidad social empresarial.

De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, sólo diez empresas (entre ellas cinco mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields; y dos bancos: BCP e Interbank) concentran más del 86%, y las cinco primeras, más del 72%.

Entre 2009 y abril de 2015 se han registrado 1,550.3 millones de soles en compromisos de inversión en el programa de OxI. El incremento significativo en el monto comprometido en 2011 se explica por la construcción del puente Chilina (Arequipa), por una inversión de 245.5 millones de soles. Luego hay una clara tendencia al alza en la implementación de los proyectos y en la participación de los capitales privados, notoriamente en 2013, cuando el número de obras dobló al de 2012 y multiplicó la inversión por 2.4 veces respecto al año anterior.

La evidencia internacional muestra que las obras realizadas mediante APP son mucho más costosas, y su ejecución adolece de poca transparencia. En el Perú, hemos demostrado que gran parte de las empresas mineras que gestionaron los recursos del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo no cumplieron con elaborar los estudios de evaluación de impacto final de los proyectos implementados y, por tanto, no es posible conocer los impactos producidos por la aplicación de estos recursos, que ascendieron a S/. 2,300 millones de soles.

Desorden territorial e incertidumbre

Como sabemos, en años recientes, se ha producido un crecimiento acelerado de las concesiones mineras en el territorio nacional, en particular en la sierra y selva.

Entre 1992 y 2014 el número de concesiones se multiplicó por ocho, mientras que la superficie (en hectáreas) entregada se multiplicó por once. En esta dinámica de ocupación del territorio, incluso algunas áreas naturales protegidas y territorios reservados son presionados por las concesiones y, en algunos casos, se les superponen derechos de uso, lo cual genera una sensación de temor, desconfianza y el reclamo de las autoridades locales y líderes de comunidades campesinas y nativas.

Si bien sólo una pequeña parte de los territorios concesionados están ocupados por algún tipo de actividad minera, esta situación contribuye a la conflictividad social que vive el país. Por ello, el sistema actual de entrega automática de concesiones debe ser revisado y modificado.

Publicado por Grupo Propuesta Ciudadana

 


La organización solicitó al Ministerio Público que realice una investigación inmediata respecto a la muerte de las personas que participaron de los enfrentamientos ocurridos contra el proyecto minero Las Bambas.

Amnistía Internacional solicitó al Ministerio Público que realice una investigación inmediata, exhaustiva e independiente respecto a la muerte de las personas que participaron de los enfrentamientos ocurridos este lunes en la provincia de Apurimac, contra el proyecto minero ‘Las Bambas’.

“Las muertes que hemos presenciado son inaceptables y esas responsabilidades deben ser asumidas. El precio de las protestas sociales no debe ser la muerte de ninguna persona”, afirmó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú.

A través de un comunicado de prensa, la organización advirtió que lamentablemente esta no es la primera vez que se registran casos de violencia en protestas sociales por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país.

En ese sentido, recordó que en los últimos cuatro años, se han registrado 40 personas fallecidas en circunstancias en que la Policía hizo uso excesivo de la fuerza y que la mayoría de estas muertes no fue investigada de manera apropiada.

Asimismo, advirtió que según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, la policía solo puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y ese uso debe ser proporcional a un propósito legítimo.

Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso, como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y el uso letal intencionado de armas de fuego sólo puede justificarse cuando sea absolutamente inevitable para proteger vidas”, agrega el comunicado.

Finalmente, Amnistía Internacional hizo un llamado a solucionar por la vía pacífica este conflicto, antes de que se arriesgue la integridad física de los habitantes de la zona.


El proyecto minero de Las Bambas se ha convertido en el centro de un grave conflicto social. En esta nota especial, LaRepublica.pe enumera los puntos más importantes para entender este tema.

Escribe:Jorge Cárdenas

La República

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en varias provincias de varias regiones de Apurímac y Cusco a raíz de las protestas en contra del proyecto minero Las Bambas, que ya han dejado un saldo de tres fallecidos y varios heridos. A continuación LaRepublica.pe explica las claves para entender este conflicto social.

1. Antecedentes

Corría el año 2004 cuando la empresa Xstrata Copper obtuvo la licencia para explorar Las Bambas. Este proceso concluyó en el 2008 luego de que la empresa perforara un total de 306 908 metros acumulados.
En el 2010 se realiza la primera audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurimac. Asimismo se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión estimada en 5 mil millones de dólares. Al año siguiente (2011) el Estado aprobó el EIA con lo que se inicia el proceso de construcción de la inversión planeada.
Si bien hasta entonces la relación de las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, el trato era predominantemente positivo. Pero todo cambió cuando en mayo del 2013 las empresas Glencore (australiana) y Xstrata (china) se fusionaron. Debido a las leyes antimonopolio de China, Xstrata se vio obligada a vender el proyecto de cobre.
Así, en abril del 2014, Las Bambas fue comprado por un consorcio conformado por las empresas MMG Limited (62,5 %), una subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). A diciembre de este año, el avance del proyecto se encontraba en el 80%, pero la situación dio un giro.

2. ¿Qué piden los opositores al proyecto?

Con la compra del megaproyecto minero también hubo modificaciones en este lo que provocó el rechazo de varias comunidades campesinas y organizaciones de las zonas de impacto en la región de Apurimac.
Entre estos cambios se encuentran: la no construcción del mineroducto (que pone en riesgo las zonas aledañas por el transporte del mineral); la construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba (que podría afectar al río Challhuahuacho) y la construcción de otra planta de filtros en el lugar.
Los manifestantes piden que estan plantas sean retiradas y que el proyecto sea puesto a consulta previa, aduciendo los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Por otra parte, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía de Transporte de Carga Pesada.

3. La respuesta del gobierno

Tras lamentar la violencia que se dio en las protestas, el presidente Ollanta Humala  decretó estado de emergencia en varios distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. Mientras que el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello Abarca, explicó que desde hace varios meses vienen pidiendo el diálogo con el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, minimizó la existencia de dicho frente en un programa de televisión.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que asegura que la empresa presentó en el 2013 un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) sobre “la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado” con el que se concluyó que no tendrá un impacto ambiental significativo en la zona.
Asimismo asegura que no se ejecutaron los talleres de participación ciudadana porque en el caso de los ITS, esta información solo se difunde a “las autoridades locales y provinciales correspondientes”.
El gobierno no puede alegar que no sabía de las preocupaciones de la población por los cambios en el proyecto porque el gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas, lo informó en su momento al Ministerio de Energía y Minas pero le respondieron que estas modificaciones “no eran sustanciales y estaban de acuerdo a ley”.

4. La importancia del proyecto Las Bambas

Con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales por 10.5 millones de toneladas métricas de cobre, Las Bambas es el proyecto minero más grande del país y cuenta con una inversión de 10 000 millones de dólares.
Para el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva la economía peruana depende, entre otros factores, de este tipo de proyectos comiencen a operar. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno.
Otros proyectos mineros importantes son el de Toromocho, con una inversión de US$3 500 millones; Constancia, con US$1 400 millones; y la ampliación de Cerro Verde por US$4 600 millones.

PRONUNCIAMIENTO

NI UNA MUERTE MÁS:

Un llamado a la calma y al diálogo en el caso de Las Bambas

Ante los lamentables sucesos ocurridos el día de ayer, 28 de septiembre, en la localidad de Chalhuahuacho, Apurímac, donde cuatro ciudadanos peruanos perdieron la vida, veintitrés personas resultaron heridas y varias decenas detenidas, en el enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional del Perú; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública y autoridades para expresar lo siguiente:

1.    Lamentamos profundamente la pérdida de cuatro vidas humanas en los hechos de violencia ocurridos el día de ayer, así como la situación de extrema gravedad de algunas de las personas heridas, incluyendo a los efectivos de la PNP. En este sentido, hacemos un llamado a la calma a la población de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, y exhortamos al Estado a evitar el uso de métodos represivos, que incluyen proyectiles de armas de fuego, para controlar los actos de protesta. Recordamos a ambas partes la necesidad de restablecer lo más pronto posible  los canales de diálogo y de erradicar el uso de la violencia en sus intervenciones.

2.    El paro iniciado el 25 de septiembre por pobladores de las provincias de la región Apurímac, Cotabambas y Grau, así como la provincia cusqueña de Chumbivilcas, tiene como una de sus principales causas la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado sin consulta previa con la población. La empresa habría cambiado la ubicación de las plantas de procesamiento y la modalidad del sistema de transporte de minerales, hechos que en opinión de las y los pobladores afectarían  sus recursos naturales.

3.    Exigimos la pronta y exhaustiva investigación de los hechos a fin de establecer las circunstancias en que se produjeron y quiénes son las instancias y personas responsables. Demandamos la necesidad que el Ministerio Público, en cumplimiento de su rol constitucional de conducir las investigaciones respectivas, esté presente en el lugar de los hechos. Insistimos en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática para evitar el estallido de los conflictos sociales.

4.    Asimismo hacemos de conocimiento que hace unas semanas se aprobó el Decreto Legislativo N° 1186, el mismo que regula el uso de la fuerza de parte de la PNP. Los principios previstos por esta norma no se han aplicado en Chalhuahuacho, y muy por el contrario, el uso desproporcionado de la fuerza por miembros de la PNP habría contribuido a un clima de mayor violencia.

5.    Advertimos que la restricción de los derechos fundamentales originados en la declaratoria de estado de emergencia, tiene que cumplir con los criterios de  razonabilidad y proporcionalidad. El estado de emergencia no justifica bajo ningún motivo la arbitrariedad de parte de las instituciones del Estado.

Finalmente, recordamos a la opinión pública que durante el actual gobierno se han producido 49 muertes por el uso indebido de la fuerza, en contextos de conflicto social. El estado debe promover una política responsable, de prevención y diálogo, que garantice los derechos de las partes así como la vida de las personas.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos


La República

Este martes el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano publicó un decreto supremo por el que se declara estado de emergencia en la región Apurímac, específicamente en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros; esto por las protestas desatadas en marco del proyecto minero Las Bambas. También estarán bajo la misma medida Chumbivilcas y Espinar de la región Cusco.

“Con la finalidad de lograr la estabilidad y gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales resguardando los puntos críticos vitales, como las vías de comunicación, carreteras y puentes existentes en la zona, para el normal desarrollo de las actividades de la población”, indica el documento.

Esta decisión llega luego de que tres pobladores perdieran la vida en medio de las protestas, que parten de la modificación del estudio de impacto ambiental, que descarta la construcción de un mineroducto, entre otras decisiones. Según los opositores a Las Bambas, estos cambios contaminarán el suelo y la cabecera de cuenca del río Challhuahuacho.

Según la cartera de Energía y Minas, estos cambios no son sustanciales y están de acuerdo a ley.

Dato

El estado de emergencia durará 30 días.


LaMula.pe.

El Observatorio de Conflictos Mineros del Perú reportó unos 80 detenidos, tras enfrentamientos entre pobladores y policías, y que algunos de los intervenidos fueron trasladados a Abancay.

Las protestas contra el proyecto minero Las Bambas en la provincia de Cotabambas, Apurímac, cobró una nueva vida, con lo que las personas fallecidas hasta ahora por el conflicto social ya son cuatro, informó el director adjunto de la Dirección Regional de Salud del Cusco, el doctor Edwin Luna.

En tanto, el número de heridos también se elevó a 12 pobladores y ocho policías, mientras que el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú reportó unos 80 detenidos y que algunos de estos fueron trasladados a Abancay, tras los enfrentamientos registrados entre manifestantes y las fuerzas del orden.

En la jornada de protestas de este martes en Cotabambas, Canal N difundió un video grabado desde la zona de conflicto donde se ve que dos buses de la minera que opera el proyecto Las Bambas arden en llamas.

El viernes último, el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas, que acusa a la compañía minera china Minmetals de haber modificado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin consultar a la población, convocó a un paro provincial contra el proyecto cuprífero.

Lee también: 4 datos claves para entender el conflicto por el proyecto minero Las Bambas

Según esa organización civil, la empresa cambió la ubicación de la planta de procesamiento y el sistema de transporte del mineral (cobre). Estas infraestructuras debían estar en Espinar, pero ahora se están instalando en Cotabambas, anotó el frente en un comunicado.

En su Plataforma de Lucha, las comunidades campesinas piden consulta previa, la demolición de la planta de molibdeno, el cierre de las emisoras de la empresa, la renegociación de las tierras comunales, y la instalación de una comisión de alto nivel del Ejecutivo.


La violencia en Las Bambas debe detenerse para abrir paso al diálogo, exigió la Defensoría del Pueblo.

Por medio de un comunicado de prensa la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que se abra paso al diálogo entre las organizaciones de las provincias apurimeñas de Cotabambas y Grau con la empresa MMG a cargo del proyecto minero Las Bambas.
En el documento, la Defensoría del Pueblo lamentó la violencia que ha afectado a catorce personas, entre 13 heridos y un fallecido, registrada en el distrito de Challhuahuacho y pidió a la Policía Nacional que haga un “uso racional de la fuerza” y a los manifestantes a no usar medios violentos en la protesta.
Asimismo, esta institución exigió que se facilite el traslado de los heridos a centros de salud especializados y pide a la población que no se obstruya el paso de las ambulancias.
Además el comunicado recuerda que tanto las autoridades municipales como la empresa minera MMG han solicitado un espacio de diálogo para atender los pedidos de las comunidades de Cotabambas y Grau y hace un llamado para que este pedido sea acogido y se establezca con prontitud un lugar para la reunión.
El texto culmina con un ofrecimiento de la Defensoría para colaborar en la resolución de este conflicto en virtud de sus funciones.

Servindi, 28 de setiembre, 2015.- El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en la zona de Cotabambas reportó cuatro fallecidos, diez heridos de bala y treinta detenidos, entre dirigentes y pobladores en la localidad de Fuerabamba a consecuencia de los enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales.

Entre los fallecidos se encuentra Escal Huamami Mío y entre los heridos: Socimo Ccopa Benito, Jesús Huamani, Joel Quispe Huilsa, Uriel Elguera Chuclla, Beto Chahuayllo Huillca, Alberto Cordovas Clallco, Leyma Quispe Román, Demetrio Pomera.

Apurímac: confirman un muerto tras enfrentamiento en Chalhuahuacho

Apurímac: confirman un muerto tras enfrentamiento en Chalhuahuacho

Imágen y Nota: Apurímac: confirman un muerto tras enfrentamiento en Chalhuahuacho

El director de la posta médica de Chalhuahuacho en la provincia de Cotabambas, Percy Jerónimo Roque, confirmó como cifra un muerto y quince heridos producto de un enfrentamiento entre policías y pobladores durante una movilización por el proyecto minero “Las Bambas” en este sector mencionado de la región Apurímac .

En comunicación a RPP Noticias, el médico manifestó que a la posta que dirige llegó un comunero fallecido producto un impacto de bala, asimismo reportó que llegaron quince heridos, diez de ellos también por impacto de bala y otros dos por contusiones .

Resaltó que doce de los heridos fueron trasladados a la ciudad del Cusco para su atención, cuatro de ellos se encuentran graves.

Con respecto al lado de la policía, el galeno manifestó que no se registraron efectivos heridos, incluso reclamó que durante el traslado de los heridos desde la zona de Manantial (donde se registró el enfrentamiento) una de sus ambulancias sufrió un impacto de proyectil.


 

– Todas las vías de acceso a Cotabambas se encuentran bloqueadas.

Servindi, 28 de setiembre, 2015.- El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros en la zona de Cotabambas, región Apurímac, informó que en la localidad de Fuerabamba se vienen produciendo enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales. Se han reportado 6 heridos de bala, entre ellos el poblador Santos Ccopa de la comunidad Pisacasa y Joel Mamani.

La policía habría intentado dispersar a las comunidades que estaban reunidas en esa localidad y se habrían producido las primeras detenciones de pobladores.

El Observatorio ya había expresado su alarma por el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional enfrentar el paro indefinido contra el proyecto minero Las Bambas iniciado el viernes 25 de setiembre.

La Resolución Suprema 200-2015 del Ministerio del Interior autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas desde el 25 de setiembre hasta el 24 de octubre en las provincias de Grau y Cotabambas, en el departamento de Apurímac, así como en las provincias de Chumbivilcas y Espinar, en el Cusco.

De esta manera el Poder Ejecutivo busca enfrentar la medida de fuerza, agregando “un mayor ingrediente de tensión en la zona” apunta el Observatorio.

Segun reportó el Observatorio miles de pobladores se estaban movilizando en la localidad de Challhuahuacho, desde diversos distritos de las provincias de Cotabambas y Grau, mientras que todas las vías de acceso a Cotabambas se encuentran bloqueadas.

El acuerdo del paro iniciado en las provincias y distritos de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas se adoptó en un encuentro interprovincial realizado el 12 de setiembre en la comunidad de Huancuire, Cotabambas, con la participación de más de 600 delegados.

Representantes del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba, en Cotabambas, señalan que la empresa minera modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de manera irregular y sin transparencia.

Los cambios efectuados sin conocimiento de la población modifican la ubicación de plantas de procesamiento y el sistema de transporte de mineral de Cotabambas a Espinar.

Los pobladores temen que sus recursos se vean afectados y han acordado desconocer la modificación del EIA y conformar un comité de lucha.

De acuerdo a una Plataforma de Lucha, los pobladores piden consulta previa, demolición y retiro de la planta de molibdeno, la renuncia de los funcionarios de la empresa minera, el cierre de las emisoras de la empresa, la renegociación de las tierras comunales y la presencia de altos funcionarios de la empresa.

Los dirigentes informaron que estas medidas responden a la falta de respuesta del Estado, la falta de medidas correctivas y previsiones solicitadas por la población en reiteradas oportunidades.

Se espera que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros tomen cartas en el asunto, inicien un proceso de diálogo que permita encontrar salidas inmediatas y así evitar el estallido de un nuevo conflicto.

El proyecto minero prevé una extracción de 6,9 millones de toneladas de cobre. Se sitúa a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, entre las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cusco.

En mayo del 2013, se concretó la fusión entre Glencore y Xstrata. Como parte de las reglas antimonopolio de China, se le puso como condición a Xstrata que venda el proyecto de cobre en Perú llamado “Las Bambas”. MMG Limited fue la empresa que la compró.

El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) es una plataforma informativa y de análisis que busca recoger y sistematizar información relevante de los principales conflictos vinculados a la actividad minera que se desarrollan en distintas regiones del país.

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Con información de: http://www.conflictosmineros.org.pe/node/184


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PROTESTAS. Población hoy cumple 3 días de paro indefinido contra Las Bambas. Ayer más de 5,000 se movilizaron.

Jonathan Bárcena Carpio.

La República

Los pobladores de la provincia de Cotabambas (Apurímac), que hoy cumplen tres días de paro indefinido contra el proyecto minero Las Bambas,  rechazaron el ingreso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a la zona. 

En la víspera, el gobierno dispuso la intervención de las FF.AA. como apoyo a la Policía  para resguardar el orden en la zona. La medida rige por un mes y también se aplica en las provincias de Grau; Espinar y Chumbivilcas, estas dos últimas jurisdicciones cusqueñas. 

El presidente del frente de defensa de los intereses del distrito de Tambobamba- Cotabambas, Ronald Bello, señaló que interpondrán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno por esta disposición. “Nosotros no somos delincuentes, nunca quisimos llegar a esta medida, pero ni la mina, ni el gobierno quisieron dialogar y ahora quieren reprimirnos”, dijo.

Ayer los pobladores rodearon el campamento del proyecto, ubicado en Challhuahuacho. No obstante, mil 500 policías resguardaron a los trabajadores e instalaciones mineras. En las calles, según el dirigente, se movilizaron más de 5,000 personas.

Las protestas, además de Cotabambas, se concentran  en las zonas de Mara y Saywa, donde se ha bloqueado la carretera de acceso al proyecto. Lo mismo ocurre en  Chuquibambilla, capital de Grau. En todas estas jurisdicciones el paro es contundente.


Por: JORGE PAUCAR ALBINO

¿Se picó feo? El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sugirió que Convoca.pe, medio de investigación que trata temas ambientales, busca la desaparición del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El martes 4 de agosto, en declaraciones a Radio Exitosa, Pulgar-Vidal dijo que la periodista Milagros Salazar “parece que le tiene una ojeriza al OEFA“.

Al parecer, al ministro no le gustaron las últimas investigaciones de Convoca.pe. Sus últimas publicaciones son “Los S/. 30 millones que no cobró el Gobierno en multas mineras“, “Las huellas del petróleo que intentaron esconder“, “Estrategia corporativa: Cómo la minera más sancionada del Perú logró que OEFA archive una multa en medio de conflictos de interés” y “La tarifa plana de la gran minería“. Todos estos posts cuestionan con datos la fiscalización ambiental en un país extractivista como el nuestro.

¿Cuál es el problema? Pulgar-Vidal cree que es algo personal o que Convoca.pe quiere desaparecer al OEFA. Salazar ha respondido a través de un post en la web del medio, el cual compartimos a continuación:

DE LA “OJERIZA” AL ACOSO

Ministro del Ambiente sugirió que Convoca busca la “desaparición de OEFA”, aquí nuestra respuesta

Por Milagros Salazar

Ayer martes 4 de agosto en la mañana, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal dio una entrevista al programa de Juan Carlos Tafur en Radio Exitosa. Y no solo habló de selfies, también se refirió a los reportajes de Convoca y a mi trabajo. Me recordó como “esta joven Milagros Salazar” que le “intentó atribuir” enIDL-Reporteros que “tenía alguna vinculación con Yanacocha” y que ahora “parece que le tiene una ojeriza a OEFA”, y peor aún, que Convoca “pareciera estar buscando (…) la desaparición” de este organismo regulador. ¿Conspiración?, ¿odio?, ¿mala fe?, ¿obsesión? Al ministro solo le faltó decir que se siente acosado por mí.

No ministro, no es nada personal. Mi trabajo periodístico consiste en investigar hechos de interés público y usted encabeza un sector que vengo cubriendo desde sus inicios porque desde hace diez años investigo el comportamiento de las industrias extractivas que ejercen una gran influencia económica y política en el país. Haga memoria cuando lo entrevistaba como experto de la sociedad civil, recuerde que lo llamaba para pedirle su opinión sobre estos temas y las responsabilidades de las autoridades de esos días. Recuerde. Y entenderá, que ahora que es ministro del Ambiente su trabajo y el de las instituciones que están a su cargo, deben ser vigilados con la misma rigurosidad y determinación. El trabajo de un periodista no cambia según el ministro de turno. Por eso vea aquí mi respuesta:

En enero de 2012, colaboré con IDL-Reporteros en una nota en la que dimos cuenta que Manuel Pulgar-Vidal recibió una oferta laboral de Yanacocha poco tiempo antes de ser ministro del Ambiente para ocupar una gerencia importante en esta minera, precisamente cuando el conflicto minero Conga estaba en una etapa crítica y ponía contra las cuerdas a la compañía. En el informe también dijimos que no se firmó el contrato pero sí hubo una negociación durante cuatro meses como lo aceptó el propio ministro en una entrevista con IDL-R. ¿Debía conocerse o no este hecho que tenía como protagonistas a la minera del caso Conga y al ministro que debía poner paños fríos en este conflicto en representación del Estado? En IDL-R concluimos que sí. Hubo críticas en las redes sociales de un sector que defendió al ministro y también el respaldo de un grupo de ciudadanos que agradeció la difusión del informe. En cualquier caso, ¿fue mentira lo que se publicó? No. Fue totalmente cierto.

Sobre mi trabajo en Convoca el ministro Pulgar-Vidal asegura que he publicado “cuatro reportes llenos de falsedades” sobre la fiscalización ambiental en el país y que el último informe “Los S/ 30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras” de Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro sobre los efectos de la ley 30230, “es totalmente falso” y no tiene “ninguna base metodológica”.

Antes de las declaraciones del ministro Pulgar-Vidal, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no había desmentido ninguno de los reportajes de Convoca en sus comunicados ni lanzado calificativos. OEFA a lo mucho había llegado a hablar tímidamente de “precisiones” y optado por el silencio ante la réplica de Convoca que casi siempre venía cargada de nueva información. Pero ahora que el ministro del Ambiente tuvo el micrófono abierto en Radio Exitosa, OEFA publicó a las pocas horas un comunicado en la misma línea de Pulgar-Vidal bajo el título: “El Sector Ambiente responde en relación a inexactitudes de las notas periodísticas publicadas por Convoca” resaltando cinco puntos en los que sostiene que “la información errada” del medio digital que dirijo “es una práctica frecuente” y que hay un “sesgo contra el OEFA”.

Horas más tarde, el ministerio del Ambiente publicó el mismo comunicado en su página web. Interesante el manejo mediático del ministro Pulgar-Vidal: en la mañana sale en un radio a desmentirnos, después los funcionarios que tiene a su cargo publican el comunicado (y el propio presidente de OEFA, Hugo Gómez, se suma a la “ola” compartiéndolo en Facebook) y casi al final de la tarde se reproduce el texto en la website del Minam. Un ‘tuit’ de OEFA aquí, un ‘retuit’ del Minam allá. Todo un aparato estatal moviéndose para ocultar lo que es imposible de ocultar, ministro.

Convoca empezó a publicar desde marzo de este año la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre la fiscalización ambiental a las industrias extractivas en el Perú como resultado de un trabajo que venimos realizando desde hace un año. ¿Por qué? ¿Porque odiamos a OEFA y al ministro Pulgar-Vidal? Ensayar una respuesta de ese tipo es no tener la menor idea del trabajo que hacemos los periodistas de investigación, y que puedo resumir en lo siguiente:revelar hechos de interés público a partir del esfuerzo propio. Cualquier persona que tenga una noción básica de lo que sucede en el país, conoce que las ganancias millonarias, los principales ingresos por exportaciones y también el mayor número de conflictos sociales se generan alrededor de las industrias extractivas, y que por lo tanto, lo que sucede con estas actividades económicas tiene gran relevancia pública.

Solo doce empresas de la gran minería han generado cerca de 57 mil millones de dólares de utilidades netas entre 2008 y 2014 por extraer lo minerales del territorio peruano, lo que superó en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos en 2015. Y pese a ello, el Estado aún adolece de una fiscalización ambiental efectiva de este sector. La minería ilegal genera condenables y graves daños en suelos, ríos y bosques en un mundo de informalidad de pequeña y mediana escala, pero al mismo tiempo un grupo de empresas de la gran minería a las que supervisa OEFA lo hace valiéndose de las propias normas, de abogados y técnicos que van y vienen entre el sector público y privado (Ver Revelaciones a Tajo Abierto).

Debido a la polarización que genera el tema, decidimos hacer un esfuerzo investigativo: no solo entrevistar a los protagonistas de los hechos y acceder a documentos, sino construir una base de datos inédita a partir de información oficial y propia que nos permita conocer a profundidad y de manera sistémica el comportamiento ambiental de las industrias extractivas y cómo se desempeñan las autoridades responsables. No hemos recurrido a una sola fuente y tampoco lo hemos hecho en tiempo récord, optamos por el trabajo de largo aliento para confrontar todas las versiones y ser sólidos en nuestros hallazgos. Los “reportes llenos de falsedades” como asegura Pulgar-Vidal, se hicieron a partir de 120 solicitudes de información al Estado, más de 60 entrevistas, la revisión de más de 4 mil documentos de 40 mil páginas y la revisión de decenas de expedientes. En forma adicional, hemos construido con la ayuda de desarrolladores un mapa interactivo con los procesos sancionadores iniciados por OEFA para que los ciudadanos conozcan lo que pasa en sus territorios y puedan ejercer la vigilancia pública. Hemos hecho lo que debió hacer el Estado.

En todos los reportajes se incluye la versión de OEFA, incluso hemos postergado la publicación de nuestros informes hasta recibir la respuesta de este organismo estatal y cuando ha sido necesario, hemos buscado la versión del propio ministro del Ambiente (Ver El Círculo Minero de la Infracción). Pero Pulgar-Vidal asegura que buscamos otra cosa: “la desaparición de OEFA”. ¿Desaparición?, ¿así como sucedió con los papeles que se esfumaron de uno de los expedientes de Volcan, la empresa más infractora, y que permitió liberar a esta empresa de una multa millonaria por decisión del tribunal de OEFA? (Ver Estrategia corporativa) El ministro no recuerda eso y tampoco el reportaje que publicó Convoca para informar quiénes eran las empresas infractoras que demandaron a OEFA y al Minam para no pagar el Aporte por Regulación. Prefiere descalificar, ocultar y escudarse en una estrategia mediática.

Imagino que debió ser difícil para Pulgar-Vidal despertar el último domingo 2 de agosto con una portada y un reportaje de dos páginas en La República en el que se reproducía la investigación de Convoca sobre cómo se premió el incumplimiento ambiental de las empresas mineras con la ley 30230. Esta norma impulsada por el Ejecutivo, terminó siendo avalada por el ministro del Ambiente como parte de la “simplificación de procedimientos” para promover las inversiones. Y a un año de la aplicación de la norma, Convoca logró demostrar las consecuencias de esta decisión que se resume en lo siguiente: “el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares”.

El período del análisis oscila entre julio de 2014 y marzo de 2015 y significó la revisión de todas las resoluciones de sanción aprobadas bajo la ley 30230. Solo se incluyeron las multas firmes que los propios técnicos de OEFA consideraron como rangos mínimos y máximos en estas resoluciones basándose en la escala de multas y sanciones que rigen en el sector. Si a Pulgar-Vidal le incomoda que se haya titulado el reportaje tomando en cuenta el rango máximo que aparecen en los documentos oficiales, entonces puede elegir un titular con el monto mínimo que también señala la investigación: más de 20 millones de soles en multas congeladas y reducidas a favor de empresas mineras infractoras. ¿O acaso es posible multar a las empresas por debajo del monto mínimo?, ¿o los funcionarios de OEFA consignaron “falsedades” e “inexactitudes” en las resoluciones de sanción? Es OEFA versus OEFA.

Toda esta información aparece en el reportaje, pero ya que para el ministro lo publicado no fue suficiente, aquí explicamos el paso a paso del método para que, ojalá esta vez, lo entienda.

En su comunicado, el sector ambiente omite esta explicación y otros puntos centrales: que la versión de OEFA sobre las medidas correctivas que reemplazaron a las multas fue incluida en el reportaje, que un grupo de mineras también ha apelado estas medidas porque no quieren cumplir aunque les hayan suspendido las multas, que hasta marzo no se registró ninguna multa efectiva por reincidencia, que hasta el cierre del reportaje OEFA no impuso ninguna medida coercitiva, que varias de las multas congeladas y reducidas correspondían a infracciones muy graves cometidas hasta cuatro años atrás y que en esos términos no existe “corrección oportuna de la infracción” como señala el comunicado. Y no solo eso, la ley ha beneficiado con la reducción de una multa por más de un millón y medio de dólares a Doe Run, una empresa conocida por incumplir sus obligaciones ambientales y que incluso ha demandado al Estado peruano por 800 millones de dólares en un arbitraje internacional.

El sector Ambiente también intenta descalificar otra investigación de Convoca ahora que el ministro decidió salir al frente: “Las huellas del petróleo que intentaron esconder”, la cual reveló cómo las autoridades de tres gobiernos permitieron la prescripción de más de mil informes de supervisión ambiental en el sector hidrocarburos y electricidad benefiando a un grupo de empresas. En el comunicado señala que el 98% de los casos prescribieron bajo la responsabilidad de Osinergmin, como si Convoca hubiese dicho lo contario. Nada más falso. ¿Dónde está la mentira?, ¿qué es lo tendencioso?, ¿quizás no debimos decir que también prescribieron informes en los tiempos de OEFA?, ¿debimos ocultar que hubo más de treinta casos que este organismo regulador tuvo la obligación de evaluar y no lo hizo?, ¿quién manipula la información?, ¿quién debe explicaciones a los ciudadanos?

Desde hace varios meses, Convoca ha solicitado, de manera reiterada, entrevistas con el presidente de OEFA, Hugo Gómez. Ayer, también pedimos conversar con el ministro Pulgar-Vidal luego de escuchar sus declaraciones. Pero ninguno de los dos funcionarios ha accedido a responder sobre lo que no dicen sus comunicados y, por lo tanto, lo que aún no terminan de explicar al país. Vea usted ministro, no se trata de “ojeriza” ni de acoso. A estas alturas, usted debería reconocer que mi trabajo consiste en revelar hechos de interés público aunque, desde el puesto que ahora le toca desempeñar, le incomode.

(Foto de portada: El Heraldo / Marcos Rojas)


Complejo Metalúrgico de La Oroya. Foto: Virgilio Grajeda – La República.

Publicado en: convoca.pe

Ha transcurrido un año desde que se empezó a implementar en Perú la ley N°30230 que exoneró a las empresas mineras, en la mayoría de los casos, y en otros, a reducir las multas impuestas por infringir normas ambientales en sus procesos de extracción de minerales del territorio del país. Para promover y agilizar la inversión del sector, el Ejecutivo impulsó esta norma, bautizada por sus detractores como ‘paquetazo ambiental’, y aprobada luego que se incrementaron las multas por graves infracciones ambientales. Después de revelar cuáles son las empresas de la gran minería que incumplen sus obligaciones ambientales de manera reiterada y cómo tres gobiernos beneficiaron durante cerca de una década a la mayoría de estas empresas con una tarifa plana de las multas, esta vez Convoca demuestra que en el último año, el gobierno de Ollanta Humala fijó una especie de amnistía ambiental con la ley 30230: dejó de cobrar hasta 30.9 millones de soles (11 millones de dólares) en multas por infracciones ambientales ratificadas por el tribunal y consentidas por las propias empresas. Conoce a las compañías y a los funcionarios que protagonizan esta nueva entrega de la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre quién es quién en las industrias extractivas.

Por Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro*

Jueves, 3 de julio de 2014. A pocas horas de que el Congreso de la República aprobara la ley 30230, el presidente Ollanta Humala defendía, entre eufemismos y titubeos, esta norma que redujo y suspendió el cobro de las multas de las industrias extractivas: “Hemos respetado las multas que puede asignar la OEFA [sic]. Lo que estamos haciendo es darle gradualidad, de tal manera que puedan ser realistas”, respondió incómodo a la prensa en un enlace en vivo desde Palacio de Gobierno.

Lo que él llamo “gradualidad” a cambio de prometer que las  inversiones de las empresas favorecidas incrementen entre 1 a 1.5 puntos porcentuales el PBI, en la práctica significaba una amnistía durante tres años a un grupo de empresas que incumplieron sus obligaciones ambientales y que, en varios casos, han interpuesto reiteradas medidas legales en el Poder Judicial para evitar que el Estado cobre las multas impuestas (Ver El Círculo Minero de la Infracción).

A un año de la aplicación de esta norma presentada al Congreso por el Ministerio de Economía y Finanzas, Convoca revela los hallazgos de la construcción de un registro de más de cien procesos sancionadores para determinar qué empresas mineras se beneficiaron con la suspensión del cobro de las multas, entre julio de 2014 y marzo de 2015. El análisis se realizó a partir de las resoluciones de sanción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Amnistía minera

El 80% de los procesos correspondieron a infracciones detectadas entre 2010 y 2011, es decir hasta cuatro años antes de que se aplicara la ley 30230, que terminó suspendiendo la multa a pesar que en varios casos se trataron de infracciones graves y muy graves. Con la norma, OEFA reemplazó la sanción económica por medidas correctivas de faltas ya consumadas.

La ley permitió que los procesos evaluados en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI), la primera instancia de OEFA, no terminen en multas para las empresas durante los siguientes tres años y que a cambio se establezcan estas medidas correctivas. En el caso de los procesos que estaban en manos del Tribunal, la segunda instancia, las multas disminuyeron en 50%. La ley 30230, que empezó a aplicarse en la quincena de julio de 2014, suspendió el incremento de multas escalonadas que OEFA iba empezar a aplicar desde inicios de ese año (Ver La tarifa plan de la gran minería).

Debido a que la polémica norma fue impulsada desde Palacio de Gobierno y el MEF, OEFA defendió la medida públicamente a través de su presidente Hugo Gómez. Y este es el resultado: el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares.

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De acuerdo con el análisis, en la primera instancia se dejó de cobrar entre 4.4 y 8.1 millones de dólares en 57 procesos seguidos a 40 mineras mientras que en el tribunal la reducción del 50% de las multas representó 2.7 millones de dólares a favor de 15 empresas. Si se hace una única lista de empresas, sin contar dos veces a aquellas que se beneficiaron en ambas instancias, en total son 49 mineras favorecidas.

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De las resoluciones registradas en el tribunal, 38 incluyeron sanciones económicas en las que sí se pudo exigir el cobro total porque eran multas fijas excluidas de la reducción de la ley 30230. Este es el caso de la falta más recurrente por exceso de límites máximos permisibles de efluentes mineros arrojados a ríos, lagunas y suelos. A pesar de ello, en 2014 cuando ya empezó a aplicarse la norma, OEFA solo pudo establecer el cobro de 4.4 millones de dólares, lo que representa apenas el 21% de las multas firmes de OEFA en 2013.

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¿Esto tiene algún impacto en la fiscalización ambiental? En OEFA explicaron que el presupuesto de las multas se recauda de manera directa vía el Banco de la Nación, precisamente para actividades de supervisión y fiscalización. El Aporte por Regulación se suponía que iba a significar mayor recaudación para este propósito, pero varias empresas sancionadas han denunciado este pago ante el Poder Judicial e Indecopi (Ver Quiénes están detrás de la demanda contra el aporte ambiental).

El ranking

El 65% de lo que dejó de fijar en multas el tribunal, corresponde a la multa reducida a una de las empresas más infractoras: Doe Run Perú, la filial nacional fundada por el multimillonario estadounidense Ira Rennert.


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Esta compañía que operaba en La Oroya (Junín) está enfrentada al Estado desde hace seis años por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales y actualmente se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración de Profit Consultoría. Aunque su situación es incierta en Perú, en setiembre de 2014 se benefició con la reducción de una multa que pasó de tres millones 500 mil dólares (2636 UIT) a más de un millón 700 mil dólares por infracciones cometidas en 2010.

Según la resolución del tribunal N°009-2014-OEFA, la empresa no cumplió, dentro de los seis meses exigidos, con presentar “las garantías a favor del Ministerio de Energías y Minas que cubran el 100% del costo del proyecto” de la planta de ácido sulfúrico y la modificación del circuito de procesamiento de cobre del Complejo Metalúrgico La Oroya, que eran indispensables para reducir las emisiones contaminantes de la chimenea principal de la planta. Convoca insistió en obtener la versión de la empresa en las oficinas que aún tiene en Lima y en La Oroya, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Resolución del Tribunal Nº 009-2014-OEFA que redujo la sanción de Doe Run

Doe Run no es la excepción. Lo controversial es que las empresas más sancionadas y reincidentes como Volcan, Buenaventura y Santa Luisa, se han beneficiado con multas congeladas por reiteradas faltas ambientales.

La minera Ares no solo se ubica como la segunda empresa más sancionada por OEFA desde que asumió su función fiscalizadora a mediados de 2010. La compañía, que pertenece al Grupo Hochschild, es la minera con mayor número de procesos sancionadores con multas firmes suspendidas: seis. Las sanciones económicas llegan hasta 801 mil dólares.

La principal extractora de oro de Sudamérica, Yanacocha, es otra beneficiada por la ley 30230. A marzo de 2015, registraba cinco procesos, de los cuales tres fueron exonerados de multas por infracciones detectadas en el campamento Chaupiloma Sur en Cajamarca, a una hora de la ciudad capital de la región.

En noviembre de 2014, dos meses después de aprobarse todas resoluciones de sanción en Chaupiloma Sur y luego de las denuncias de la población del caserío San José, OEFA detectó en el mismo campamento minero que “existían filtraciones que eran descargadas directamente al suelo natural” con niveles de acidez que superaban el parámetro permitido en 200%. La Dirección de Fiscalización del organismo regulador ordenó que la empresa informe sobre la remediación de las zonas impactadas, lo que debía incluir “indefectiblemente” el monitoreo de suelos y de agua de la quebrada Quishuar San José y el río Grande.

Debido a la ley 30230, no se multó a la minera y a cambio se le pidió que demuestre la subsanación de las faltas detectadas a pesar que superar el impacto por aguas ácidas puede tomar años, según los ingenieros ambientales consultados. En una respuesta enviada por correo electrónico a Convoca, Yanacocha aseguró que implementó “las acciones correctivas puntuales (…) dentro de los plazos de ley”.

Resolución de sanción de OEFA  535-2014 que reemplazó multas por medidas correctivas a favor de Yanacocha

Apelaciones

Diversas organizaciones de la sociedad civil junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentaron una demanda de inconstitucional contra la ley 30230 en abril último. Sin embargo, OEFA reivindica el espíritu preventivo de las medidas correctivas establecidas en la norma y asegura que si una empresa incumple estas recomendaciones, se le aplicará una multa coercitiva y además la multa original. Pero aún no ha impuesto ninguna de estas sanciones económicas porque, según explicó en una respuesta enviada a Convoca vía correo electrónico en junio, “los plazos para las medidas correctivas no han vencido, las medidas correctivas han sido impugnadas o se encuentran en evaluación a partir de la documentación presentada por la empresa”.

Pero el cambio de multas por medidas correctivas tampoco ha dejado conforme a todas las empresas. De 97 resoluciones de sanción en primera instancia a marzo de 2015, 31 fueron apeladas por las compañías al no estar de acuerdo con las medidas. Al 21 de julio, siete cumplieron con las recomendaciones, entre ellas la minera Ares y Río Tinto, informó OEFA.

Para los casos de reincidencia, la norma no suspendió el cobro pero sí redujo el periodo en el que debía considerarse la repetición de las faltas: de cuatro años pasó a apenas seis meses.  Hasta marzo no se registró ningún caso de multa efectiva por reincidencia.

Operaciones de la minera Morococha . Foto: David Huananí . Diario La República.

Solo en una resolución de sanción de la minera Morococha, que opera en Junín, OEFA declaró la reincidencia, decidió que vaya al Registro de Infractores Ambientales, pero cambió la multa por una medida correctiva. En la Dirección de Fiscalización explicaron que hoy solo aplica la reincidencia si las dos infracciones tienen una resolución firme después de entrar en vigencia la ley 30230. Si una de ellas es firmada antes de la polémica norma, se aplica el borrón y cuenta nueva o lo que el presidente Ollanta Humala prefirió llamar “la gradualidad” de las multas cuando decidió impulsar esta controversial norma.

Conoce la metodología para el cálculo de los montos publicados en el reportaje:

Actualización (05/08/15): Lea la respuesta de nuestra directora Milagros Salazar frente a las críticas del ministro del Ambiente Manuel Pulgar – Vidal a nuestra investigación —> http://goo.gl/3QSF8E

*Con la colaboración de Milagros Salazar en el desarrollo de la metodología para el análisis y verificación de los datos.

Este reportaje también fue publicado en dos páginas en el diario La República y destacado en su portada de domingo 02 de agosto.


 Por: Rocío Silva
04.08.15
El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de Lámaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.
El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?
Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.
Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.
Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!
Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.

Por: Wilfredo Cholán

Pobladores de Quishuar-Aliso Colorado ingresaron a la zona del tajo La Quinua Sur de Minera Yanacocha, para expresar su indignación, pues los manantiales que dotaban de agua a la quebrada Encajón se encuentran totalmente secos, debido a las actividades de dicha compañía. Asimismo, exigieron el cumplimiento de compromisos previamente asumidos por ella, como la construcción e implementación de una planta procesadora de productos lácteos en el caserío Aliso Colorado y la ampliación de la electrificación de  Quishuar Corral. Además, demandaron que se priorice y dé oportunidad a la empresa comunal MC El Aliso, en los trabajos de manejo de agua, remoción de tierras y otros.

Los manifestantes tuvieron enfrentamientos con los efectivos de la Policía Nacional, quienes procedieron a desalojarlos utilizando bombas lacrimógenas. Según la empresa, algunos de ellos detuvieron ilegalmente a un grupo de trabajadores de una perforadora, dentro de la zona de operaciones de Yanacocha, donde también cortaron las llantas de una camioneta, rompieron a pedradas las lunas de un bus de la empresa San Francisco y lanzaron piedras a la Policía. Por su parte, los pobladores sostienen que fueron los efectivos de la Policía quienes iniciaron y  provocaron los incidentes.

Francisco Rojas, presidente del canal de regadío de Quishuar, detalló a Noticias SER: “Hemos sido aproximadamente 350 los pobladores de Quishuar que hemos tomado las instalaciones de Yanacocha, pues tenemos una resolución administrativa bajo la modalidad “licencia de uso de agua”, del 2003, que nos otorga permiso para tomar 23 litros del recurso por segundo, de fuentes naturales de la quebrada Encajón. El problema es que, en la actualidad, tales fuentes naturales ya han sido secadas por las operaciones mineras. Nosotros venimos reclamando desde el 2008 por la desaparición de nuestras aguas, pero hasta el momento no nos dan respuesta ni solución alguna. Lo más indignante es que en la última carta nos dicen que no nos han afectado en la calidad ni en la  cantidad de agua”, sostuvo, indignado.

Asimismo, el dirigente informó que también exigen que se cumplan los acuerdos pactados en diversas reuniones que tuvieron con Yanacocha, hace años atrás: “Ellos quieren deslindar las responsabilidades que tienen como empresa. En reunión, exigiremos que se cumplan los acuerdos”, refirió.

Por su parte, Juan Chilón, teniente gobernador del caserío el Aliso Colorado, declaró: “No se puede permitir que sequen nuestro manantial, pues es de mucha importancia para nuestras actividades. Además, no están respetando los compromisos que asumieron con la comunidad. Si no dan solución a nuestros reclamos, nosotros seguiremos con nuestra medida de lucha”, indicó.

Refiriéndose a los enfrentamientos, Chilón señaló a los efectivos policiales: “Ellos comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y perdigones, maltratando incluso a señoras que nos acompañaban. Nosotros hemos reaccionado contestándoles. Hay cuatro heridos, dos de ellos con rotura en la cabeza”, señaló.

Minera Yanacocha se pronuncia

A partir de los incidentes ocurridos y mediante un comunicado, Yanacocha asegura no haber afectado los derechos de uso de agua de la población y venir cumpliendo, desde hace varios años, con las descargas de agua en la quebrada, a fin de mantener los flujos identificados en los Estudios de Impacto Ambiental de la zona. Del mismo modo, la minera dice en el documento, que brinda oportunidades a todas las empresas, en la medida de sus necesidades operativas. “En cuanto existan más proyectos mineros, se incrementarán las oportunidades de trabajo”, ofrece el escrito.

Fuente: noticiasser.pe


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