Posts etiquetados ‘Dinoes’


Carlín siempre tan preciso.

Por: Roy Palomino 

 
Cuando explotó el conflicto en Tía María, muchos nos sorprendimos no solo por la violencia de la policía sino porque algunos tenían identificaciones tipo: “FilosofeXXX“. Sobre este tema, ha escrito Gustavo Gorriti en su columna semanal y allí revela un dato importante:la minera Southern Peru Copper Corporation registra un convenio con la policía. El servicio que la brinda la PNP XI Dirtepol de Arequipa es de protección, vigilancia y seguridad.

“En el caso específico de Tía María, por ejemplo, la periodista Jacqueline Fowks investigó y encontró en 2010, cuando trabajaba en IDL-Reporteros, que existía un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre la Southern Peru Copper Corporation Proyecto Tía María y la PNP XI Dirtepol (Región Arequipa)”. Se lo clasificó como “servicio individualizado” cuyo objeto era la “protección, vigilancia y seguridad” del proyecto”.

Además, Gorriti también contó que estos servicios individualizados se dividen en varios porcentajes, una parte va directamente hacia el agente policial y otra a su institución.

“Eso era pagado, tanto al policía como a la institución. De acuerdo con el convenio, según el reporte de Fowks, el 20% del monto pagado a oficiales y suboficiales se depositaba, como recursos directamente recaudados, a una cuenta corriente de la PNP en el Banco de la Nación”

Nosotros hemos buscado más convenios entre mineras y la policía y hemos encontrado esta relación de mineras que tienen el mismo arreglo con la Diroes, Divoes y la PNP.

En esta lista del 2012, elaborada por la misma policía ante un requerimiento del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, no aparece Southern, pero sí podemos ver que la policía le presta servicio a minas en 10 regiones del país, desde Ayacucho hasta Iquitos. Y en total son 485 los efectivos policiales que están a disposición de las mineras.

Cuadro elaborado por la policía. Vía IDEHPUCP.

Ojo. Estas prestaciones no se contabilizan como parte de su “franco”, sino como su servicio regular. En el informe también se puede ver cómo se reparten los ingresos económicos que este convenio genera. Como se observa en el siguiente cuadro, una parte va directamente al suboficial, otra al oficial y una tercera parte al Estado peruano.

Cuadro elaborado por la Policía. Vía IDEHPUCP.

Ahora, ¿es esto un problema? Si queremos ser un país serio, sí. Gustavo Gorriti lo resume muy bien en su columna:

“¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas”.

Hay mejores formas de pagarle a la Policía. Por ejemplo, dedicar parte del canon para eso. No se puede tener a la policía recibiendo pagos de particulares. Eso, en cualquier otro contexto, se llama coima.

 

Fuente: elgranangular.com

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales alrededor de conflictos mineros.

Perú es el cuarto país del mundo más mortal  para los defensores ambientales y de la tierra, según el estudio de la organización Global Witness. Al menos 57 activistas fueron asesinados entre 2002 y la actualidad,  la mayoría de estas muertes fue por conflictos relacionados con proyectos de minería. El 56% de los presuntos autores de las muertes fue a manos de los  policías, y el 17% fue esta fuerza de seguridad junto con las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada.

Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las “dádivas” de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Esta región minera alberga relatos de impunidad, de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido.

La lucha del campesino Isidro Llanos

Sus lágrimas caen a borbotones de sus ojos, y recorren los surcos del anciano rostro. Paula Llanos no puede contener ese llanto ahogado al comenzar a  hablar de su “hermanito”, Isidro. Sus manos, embrutecidas por llevar toda una vida trabajando en el campo, y deformadas, por la artrosis, tratan de secar sus lágrimas.

“La mina, lo mataron a mi hermanito, mi papacito. Él sólo por resguardar esas aguas. Esos delincuentes, esos arrastrados, lo mataron”, se lamenta. Isidro Llanos era un hombre de campo, 58 años dedicados a cultivar sus tierras, y a criar ganado. El 2 de agosto de 2006 lo mataron en Combayo.

El río Azufre parecía condenado a un destino de contaminación. La empresa Yanacocha se instaló en los años noventa en el cerro Carachugo, ahí  se fundió la primera barra doré. En 2006, las intenciones de la empresa de ampliar el proyecto minero  (Carachugo II), movilizaron a la población. “Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino”, relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. “No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso”, comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. En diciembre de 2010 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca decidió liberar de cargos a los tres policías supuestamente involucrados, aduciendo no tener pruebas suficientes que los incriminen.  “No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo”, relata Paula Llanos.

“Nueve años después de la muerte de Isidro Llanos, no hay ningún culpable”

Vive en una herrumbrosa casa de adobe junto a su familia compuesta por mujeres. Cajamarca es la región más pobre del país, más de la mitad de sus habitantes (53.7%) viven en la pobreza y más del 20%  en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Enaho 2012.  Las dos niñas juegan animadamente con su hermanita de apenas dos años. Sus risotadas ignoran por un momento la pobreza extrema en la que viven, en la que el 36,1% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

María Tasilia se abre paso, entre las gallinas, para visitar la lápida de su tío. Camina descalza entre piedras, tierra y prado. Sus pies son gruesos y agrietados. Paula se arrodilla frente a la lápida y comienza a llorar. Cuando sus lágrimas comienzan a secarse,  y el vacío se apodera del estómago carcomiendo poco a poco, empieza a entonar una triste canción andina, para ella, para su consuelo,  como si de una nana se tratase, se calma. “Mi papacito, mi hermanito…” Poco a poco se apaga,  hundiéndose su cabeza coronada por el tradicional sombrero regional entre sus piernas.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

Ver línea de tiempo

Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque “declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos”. “Quienes toman la decisión política de que intervengan las fuerzas armadas, deben de saber medir  las consecuencias de dicho acto, porque éstas no están capacitadas para realizar funciones de índole policial”, explica. “Ese es el problema: porque cuando decides sacar a las fuerzas armadas salen con fusil, y si tú eres un muchacho de 18 años que está haciendo su servicio militar y se te viene una turba con palos, piedras. ¿Qué va a hacer? Reacciona y lamentablemente eso es lo que ha provocado varios muertos”, comenta.

El decreto establece que cuando la actuación de las fuerzas armadas en estado de emergencia se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo o elemento hostil, rigen las normas del derecho internacional humanitario. “El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado”, sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. “Cuando se produce una situación de conflicto armado entonces aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual rebaja el nivel de licitud del uso de la fuerza. En el contexto de un conflicto armado, el Derecho Internacional si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado”, comenta Bregaglio.

“Solo entre el 2011 y 2012 cinco personas fallecieron y 154 resultaron heridas”

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, “cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional”. No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de “sobrepasado”, considera que debe ser definido, para “no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder”. Para el Procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, en cambio, no ve necesidad de que esté definido. “Eso no puede estar tampoco en la ley, porque te da un marco general. Esos son hechos puntuales que competen a determinadas circunstancias que se tiene que valorar en su momento”.

Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del “orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable”, pues de lo contrario, “viviríamos en una anarquía”.  Añade además que “no hay una preocupación particular en el Congreso en el tema normativo, sino al contrario, hay una preocupación por el desorden social”.

“El agua es la vida”

El joven César Medina dedicaba su tiempo a defender algo tan lejano para los que viven en las ciudades: el agua. “El agua es la vida mamita. Tenemos que seguir luchando por ella”, le decía a su madre con convicción. Todos los pobladores de Celendín y de Bambamarca recuerdan cuando el presidente Ollanta Humala los visitó y les preguntó: “¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante el agua o el oro?”. El sentimiento de traición entre la población aflora en las conversaciones. “El presidente vendió a su pueblo a la minera, y nos mandó matar”, afirma Santos Huamán.

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces. Estos casos, a pesar de haber sucedido en Cajamarca,  la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, del Poder Judicial, (31 de mayo de 2012) ordena que los procesos judiciales sucedidos en Cajamarca sean de conocimiento por los órganos jurisdiccionales con sede en la región de Lambayeque.

“Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a losculpables”.

El 3 de julio, César Medina le dijo a su madre que iría a la Iglesia y después a una cabina de Internet  para poder terminar el trabajo que le habían mandado en la escuela, a pesar de que su madre Maximila Aguilar  le había recomendado que no saliera a  la calle porque habían protestas.  Tenía 17 años, le quedaban tres meses para terminar el último año de la secundaria, y además, estaba en el primer puesto. El joven  iba a formar parte de ese escaso 32% de  ciudadanos que termina sus estudios secundarios en la región. “Ya termino mi colegio, ya voy a trabajar mamita, ya no vas a sufrir”, le decía. “Porque yo trabajé mucho para educar a mis cuatro hijos”, comenta Aguilar. Celendín es la provincia que registra el mayor porcentaje de pobreza total de la región, con una tasa total de 75.1% y de 46.3% de pobreza extrema. Maximila Aguilar regresó del mercado a  su casa sobre  las 2 de la tarde, al ver que no retornaba su hijo, salió a buscarlo.  Las calles estaban llenas de policías, lo buscó en la Iglesia y en la posta, donde lo encontró  tumbado en una camilla.

Maximilia Aguilar

Las vigilias de la población contra el proyecto minero Conga unieron voluntades, esfuerzos, impulsaron debates y motivaron paros. Pero también encendieron la alarma política que veía en esta participación popular una amenaza.  El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. Afirma que con esta intervención se quiere “poder prevenir los actos de violencia que pudieran producirse a raíz de las acciones a desplegar en razón del paro regional indefinido convocado a partir del 31 de mayo”. Como consecuencia se instaló una base militar en el Coliseo de la ciudad.

José Faustino Sánchez era peluquero, pero desde hacía un tiempo trabajaba en la construcción porque debido a la presencia constante de las fuerzas armadas, según relata su viuda Marisol Malqui, no dejaban abrir los locales. José era el sustento de su hogar porque su esposa además, está enferma del corazón. Ese día, el 3 de julio de 2012, regresó a su casa a almorzar junto a ella. “En las noticias escuchamos que había un incendio en la plaza de armas de Celendín, no sabíamos la razón”, explica Marisol.

Según informes policiales, a las 11 horas un grupo de manifestantes de 1500 personas se dirigieron desde la Casa del Maestro con dirección a la Plaza de Armas. Hacia las 12.40 comenzaron los manifestantes los disturbios porque supuestamente, “arrojan piedras en forma violenta al personal policial y propiedad privada”, provocando lesiones a dos miembros de la policía. Poco después, de acuerdo a estos documentos, los manifestantes incendian las instalaciones de la Municipalidad. A la 1 de la tarde, el comandante de la PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo solicitó apoyo militar con la finalidad de brindar protección a las instalaciones de la comisaría, porque según la carpeta fiscal del Ministerio Público  un grupo de 800 personas se dirigían con la finalidad de incendiarla. Los equipos que actuaron  en apoyo de la policía nacional contaban con escopetas con cartuchos de 12mm con balas de goma, cascos antimotines, escudos de protección y otros contaban con fusil tipo Galil cuya munición es de calibre 5.56 mm.

“Todas las calles de Celendín, estaban ocupadas por los militares y policías”.

Marle Livaque, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de la provincia de Celendín, explica que hacia el 27 de junio algunos trabajadores de la Municipalidad les habían advertido que iba a ver un atentado en la Municipalidad, y que querían incendiar sus instalaciones para que echaran la culpa a los manifestantes ante lo cual, interpusieron una denuncia. Asimismo, Livaque afirma que hubo infiltrados que provocaron los disturbios.

José Faustino Sánchez hacia las 4 pm se marchó del trabajo a su casa por órdenes de su jefe, para que no los alcanzara una bala perdida. De camino, recibió un disparo. Paulino Leonterio regresó a Celendín el 2 de julio. Volvía a casa unos días para estar con su esposa Adelaida Amelia Tabaco y sus dos hijos, que tenían entonces 15 y 14 años. Paulino, de 43 años, estuvo trabajando un mes en Lima porque no encontró trabajo en su localidad. Este padre de familia, también defendía el agua, porque como repite Adelaida, ” el agua es la vida”. El 3 de julio, Paulino salió de su casa sobre las 11.30 de la mañana para visitar a su hermana. Todas las calles de Celendín “estaban ocupadas por los militares y policías”, relata Adelaida. Cuando retornaba a su casa y pasaba por  una calle cercana a la Plaza,  un impacto de bala le lesionó  el pulmón y tórax, causando su muerte.

Joselito Sánchez tenía 30 años y era albañil. Ese día estaba poniendo mayólica en una casa a unas cuadras de la Plaza de Armas. De camino a su trabajo se encontró con la protesta. Decidió sumarse a ella para “defender el agua”, relata su madre Santos Huamán. “Yo estaba en la plaza, pero no sabía que mi hijo también estaba. Un policía me habló feo y me tiró al suelo”. Al poco tiempo sobrevoló un helicóptero y fue entonces cuando comenzó la balacera, explica Santos quien añade que, según lo que la gente cuenta, su hijo empezó a filmar con su celular, y es en ese momento cuando recibe el disparo.

Las muertes de Conga 

Paseamos por la Plaza de Armas de Celendín, donde hay varios carteles promocionando que los jóvenes se apunten a la escuela de policía. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, considera que “no es casualidad. Es una estrategia para que luego repriman a su misma gente. Igual pasa con la proliferación de universidades como Alas Peruanas, la de San Pedro, ofrecen carreras como ingeniería de minas, donde después los jóvenes son captados por las mineras”.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al “traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego”. Marisol Malqui lo recuerda claro, no lo olvida porque estuvo presente mientras se realizaba la necropsia, “sin mi presencia, ustedes no lo van a hacer”, dijo Marisol, en un acto por velar y proteger a su marido José Faustino.

En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia recogido en la carpeta fiscal, se afirma que “es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín”.

Joselito Tumba

En la descripción de los hechos, se señala que las fuerzas de orden desarrollaron acciones disuasivas (medios no letales). La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Advertía además sobre “los problemas educativos, logísticos y normativos de la PNP en materia de violencia en conflictos sociales y la naturaleza de este hecho social se evidencia en la operatividad. Si no se aborda dicha problemática, los operativos policiales seguirán produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”.

Desde la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, habla de la “falta de especialización de la policía nacional en conflictos sociales en  el país. A veces por falta de personal se recurre a una división como DINOES, y ésta fue creada para hacer uso de la máxima fuerza para enfrentar terrorismo y narcotráfico. Trasladar a la DINOES a escenarios de conflictividad social es de altísimo riesgo”.

adelaida 2

“Mi sangre, mi vida. Todo por el agua, y mi pueblo desde el cielo. Les bendeciré para tener la victoria”, reza el epitafio de Joselito Vásquez, fallecido el 4 de julio a los 28 años. Su madre, María Alejandrina Jambo, pidió un préstamo para poder pagar el velorio.  Joselito murió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad durante la manifestación que hubo en la Plaza de Armas de Bambamarca en contra del proyecto Conga. Resultaron heridos  de gravedad además 8 civiles.   “Todo estaba lleno de policías. Vinieron de frente a matar a toda la gente. Mi hijo ese día estaba trabajando, dejó la camioneta, y le balearon. Ese día no estaba participando en la protesta”, explica su madre. Su hijo mantenía a su familia desde los 12 años como chofer. “¿Quién va a mantener a mi nietito de tres años?”, se pregunta.

“La PNP no cuenta con suficientes armas no letales para intervenir en conflictos sociales”

Ese día el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva en un informeexplican que el gobierno incurrió en la “argucia legal” de consignar como fecha del referido decreto el día anterior, el 3 de julio de 2012, con la intención de que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día siguiente como establece la Constitución, que en este caso sería el 5  de julio de 2012. Este cambio hizo  que la detención al  ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana el 4 de julio de 2012 fuera ilegal.

De acuerdo al pedido de queja realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacia las 9.30 horas  del 4 de julio en Bambamarca, aproximadamente unos 100 efectivos del ejército se presentaron para intervenir en el operativo contra los manifestantes, ocho de los cuales fueron heridos de gravedad. Participaron 42 suboficiales pertenecientes a la DITERPOL-Piura, destaca además que un contingente policial se desplazó hasta Bambamarca en dos vehículos de la empresa minera Yanacocha para prestar apoyo al comisario de la localidad.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

En el caso de Cajamarca y concretamente en actos de protesta en contra del proyecto minero Conga surge la pregunta, ¿Quiénes de esos efectivos policiales trabajan a su vez para la seguridad de la empresa Yanacocha? Existe un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP”. Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.

Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN. De acuerdo al convenio, “la policía nacional prestará el servicio policial de seguridad a empresa  minera en zonas de propiedad de la misma y zonas de influencia de acuerdo a las situaciones de riesgo que se prevean y en cualquier otro lugar que sea requerido dentro de la zona de operaciones”.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina elabogado Juan Carlos Ruíz. “Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo”, declara Luque.

Impunidad

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien”, comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  adolescente de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma “no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona”. “Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía”, cuenta.

00129.MTS.2091.Imagen fija001

Marisol Malqui dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera que habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. “Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.”. Marisol no tiene un trabajo estable,  limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  “¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Tras la muerte de los maridos e hijos de estas mujeres, la soledad las acompaña, y la pobreza se recrudece. Santos Huamán, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. “Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura”.

IMG_9940

La disposición fiscal del 7 de enero de 2014  por el que se archivó  el caso en un primer momento (La CNDDHH realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación) resultaba llamativa en cuanto sus conclusiones, que señala:  “Existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso (…) ya que las víctimas han recibido impactos de proyectiles de armas de fuego provenientes posiblemente de armas que portaban algunos de los miembros del Ejército Peruano”.  “No existen indicios que permitan establecer que los agraviados hayan tenido en su poder armas de fuego, con las que  hayan atacado a las fuerzas del orden”, determina el fiscal. Las razones por las que se archivó el caso era por la falta de individualización de los presuntos autores, entre otras cosas, porque el Ejército no ha proporcionado información requerida, como el plan de operaciones formulado para actuar ese día, la relación del personal de las patrullas, ni el registro de entrega de armamento y munición a los miembros del Ejército.

“Teniendo en cuenta las pericias y los protocolos de necropsia, no cabe duda que las órdenes de disparar no se limitaron a señalar que se efectuaran disparos disuasivos al aire, sino que directamente se ordenó disparar al cuerpo”, señala el pedido de queja presentado por la organización. “Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

“En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vía judicial”, declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. Mendoza añade: “No hay responsabilidad penal ni política, y ese es el peor mensaje que puede dar el Estado peruano frente a una población que lo único que reclama es que se respeten sus derechos”.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva”

¿Hasta qué punto el decreto 1095 puede impedir la debida investigación por justicia penal ordinaria de los sucesos acontecidos en este caso y en  otros? Este dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en aplicación de este Decreto Legislativo o en ejercicio de su función son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial”. Víctor Álvarez afirma que “ninguna afectación a los derechos de las personas en esta situación pueden ser materia de fuero militar, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional”. La organización Human Rights Watch explica que “los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles”.

Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de la organización Grufides, afirma que “estas leyes son útiles para los sectores empresariales contra los cuales se ha ejercido más el derecho a la protesta por los abusos y vulneraciones de derechos que están cometiendo”. La abogada destaca que en Cajamarca, hay más de 303 líderes procesados por temas de protesta social, y “se les asocia con delitos de disturbios, resistencia a la autoridad, rebelión, hay procesados por terrorismo. Además, en muchos casos se emplean estas normas para lograr la impunidad  para las fuerzas del orden en casos de violación de los derechos humanos”. Milton Sánchez acarrea 50 denuncias, además recibe llamadas telefónicas amenazantes. El presidente de esta organización además explica que han abierto dos centros policiales en las zonas de las lagunas, cada uno con capacidad para 300 efectivos de la DINOES.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales”, concluye el abogado del IDL. “Hay una consolidación del modelo económico neoliberal extractivista iniciado en los 90 con Fujimori, y en la medida en que este proceso se extiende y se consolida necesita ingresar a nuevos territorios, requiriendo de más energía, más agua. Esto hace que aumenten los conflictos. Lo que necesita este modelo entonces es limitar los derechos, y  un manejo cada vez más autoritario”, explica Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas de la población son estructurales; sí el Estado mantiene esta legislación y una posición pro inversión sin considerar a las poblaciones, el desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

recuadro2

Convenio de prestación de servicios entre Minera Yanacocha S.R.L. y PNP

Minera Yanacocha  afirma requerir contar con el apoyo de la policía nacional “a efectos de prevenir la comisión de delitos o atentados que puedan perpetrarse contra su personal y/o instalaciones, y asimismo desea contribuir con la seguridad de la ciudad de Cajamarca y otras localidades del ámbito de influencia de sus operaciones”.

La policía nacional prestará el servicio policial de seguridad sólo con el personal de vacaciones, franco o personal que haya participado en acciones meritorias en actos de servicio… (4.1.3).

Yanacocha se compromete a facilitar una asesoría legal, gratuita y permanente al personal policial que  con ocasión de brindar el servicio policial de seguridad, se vea involucrado en un proceso judicial derivado del cumplimiento de dicho servicio. (4.2.10)

Yanacocha se compromete a cubrir los gastos de mantenimiento o reparación del armamento, accesorios y/o reposición del uniforme de faena policial de propiedad del Estado, que como consecuencia del Servicio Policial de Seguridad se deteriore… (4.2.11) El servicio en la mina asciende a 38 soles diarios para cada oficial, y 18 soles diarios para cada suboficial…En circunstancias especiales, servicios en lugares sin facilidades de alojamiento y alimentación asciende  a 78 soles diarios. Asimismo, Yanacocha se compromete a contratar una póliza de seguro a favor de la policía que presta este servicio que cubre por fallecimiento (US$20,000 dólares), invalidez permanente (US$18,000 dólares) curaciones por lesiones graves (hasta US$10 mil dólares), por lesiones leves (hasta 3,500 US$), sepelio (3,500 US$) y el 100% del traslado para atención médica.

En la cláusula décima establece el convenio que cuando el “personal de la policía nacional realice un acto de servicio en función de su ejercicio policial (y por tanto no estén prestando el servicio policial de seguridad), no resultarán exigibles las obligaciones de minera Yanacocha referidas en la cláusula cuarta (condiciones en las que son prestados los servicios), a excepción de 4.2.2 y 4.2.4″, es decir, la póliza de seguro y la atención en centros de asistencia médica de la minera.


Fecha: 03.julio.2012
Lugar: Celendín, Cajamarca, Perú
Motivo: Represión en el conflicto minero Conga

Los detenidos fueron llevados de Celendín a Cajamarca en helicópteros, permanecieron en Cajamarca y luego fueron llevados a Chiclayo, donde fueron recluidos en el Penal de Picsi, los detenidos fueron golpeados a manos de la policía y el ejército. Fueron liberados luego de 15 días.



¡NI UN MUERTO MÁS!
PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS LAMENTABLES HECHOS DEL VALLE DE TAMBO

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en nombre de los setentiocho organismos que la conforman y que en su conjunto promueven los derechos fundamentales de la persona, ante los graves acontecimientos que vienen sucediendo en la provincia de Islay, Valle de Tambo y en particular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, El Fiscal, El Arenal, Punta Bombón, entre otros, de la región Arequipa, señala lo siguiente:

1.- Lamentamos profundamente la muerte del señor Victoriano Huayna Nina (61 años), natural de El Arenal, Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la población de toda la zona. La confusión en torno a las causas de la muerte del señor Huayna ha levantado un tema recurrente en los conflictos sociales de nuestro país: el abuso de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú – PNP. Saludamos la reacción rápida del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, de relevar a los mandos de la zona, pero a su vez nos llama profundamente la atención que no se haya destituido al General Luis Blanco Ridoutt, el responsable principal de la violenta represión, quien el día 22 de abril mintió sobre las causales de le muerte del señor Huayna, negando un hecho posteriormente probado con la necropsia de ley.

2. Solicitamos a las autoridades gubernamentales la atención de todos los heridos y de sus familiares que se han trasladado a la ciudad de Arequipa y Mollendo, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para su pronta recuperación. De la misma manera, exigimos que todos los detenidos tengan acceso a un debido proceso con la celeridad respectiva. Denunciamos el uso del derecho penal para criminalizar la protesta social como estrategia sistemática del Estado peruano (Conga, Espinar, Cañaris, Barranca, Sechura, Pichanaki, entre otros).

3.- Consideramos que luego de 32 días de protestas está claro que el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú Cooper Corporation no tiene la licencia social necesaria para la implementación de cualquier actividad extractiva, en particular minera, en las cercanías de un valle agrícola altamente productivo.

4.- Creemos que el Poder Ejecutivo se ha mostrado incapaz de reconocer esta situación y por lo mismo, sin escuchar a las autoridades locales (Poder Judicial Ministerio Público, Gobierno Regional), ha llevado adelante una mesa de desarrollo excluyendo a los actores principales del conflicto: dirigentes de la Junta de Usuarios como alcaldes distritales. Esta estrategia ha sido acompañada de un discurso deslegitimando la protesta, a los dirigentes y desoyendo a la población en general, justificando de esa manera el uso de armas de fuego contra la población desarmada, que habían sido expresamente prohibidas por el Ministerio del Interior. Este discurso abona el lamentable adjetivo de los directores de la empresa al calificar a los agricultores que protestan como “terroristas antimineros” sin reconocer la necesidad de un diálogo transparente y auténtico.

5.- Que durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala a la fecha se ha producido la muerte de 47 personas, 41 de ellas por uso excesivo de la fuerza, por lo que exigimos una investigación profunda sobre los responsables de la muerte del Sr. Victoriano Huayna, así como de las personas heridas. Requerimos que el Ministerio del Interior apoye al Ministerio Público con la información necesaria, para de esta manera romper con el cordón de impunidad que, hasta la fecha, impide sancionar a un solo efectivo por estas 41 muertes.

6.-Exigimos al Estado el respeto a la población de Islay y a su derecho a decidir sobre el modelo de desarrollo que se va a implementar en los lugares donde ellos residen, así como establecer los canales democráticos para sacar adelante un diálogo auténtico y así llegar al entendimiento necesario que permita retomar la calma en todo el Valle de Tambo.

Lima 23 de abril del 2015

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos


Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que hubo “un desborde” de parte de agentes de la Dinoes enviados a Islay desde Lima. (Foto: El Comercio)

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que “evidentemente” un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido durante las manifestaciones contra el proyecto Tía María, como denunciaron videos recientemente difundidos.

“Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó esta tarde a Canal N el alto funcionario del Poder Ejecutivo, quien consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.

Son agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de Lima los que se encuentran desde hace cuatro días en Arequipa, quienes además estuvieron en la zona del puente Pampa Blanca, donde murió un manifestante tras desangrarse a causa de un impacto de bala en un glúteo.

Según adelantó Pérez Guadalupe, ese grupo de la Dinoes relevó a efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), pero “ya está siendo relevado”, porque “ha habido un descontrol total”.

“Cuando va el equipo de Dinoes, hay un fusilero por cada diez efectivos. Pero ese fusilero que tiene un AKM tiene el permiso para portar el arma, pero no para usarla. Para hacerlo necesita la orden expresa del jefe de operaciones, en este caso es un comandante”, detalló el ministro.

Cabe recordar que el Mininter había prohibido que los agentes usen armas letales en la zona.

“HUBO DESBORDE DE LOS DINOES”

“Es el mismo grupo de Dinoes de Pampa Blanca. Queda claro que donde ha habido un desborde, un desorden de lo que se había indicado es en este grupo que ya estamos relevando por partes, porque está yendo recién gente de Arequipa. Son 280 efectivos de Dinoes de Lima que vamos a traer otra vez. Tenemos que hacer una evaluación más profunda del accionar de los Dinoes”, sentenció finalmente.

Más temprano, el director de la PNP, Jorge Flores Goigochea, anunció que se realizará una investigación para que se impongan las sanciones que correspondan.

 

“El video de MollendinosTV-Islay TV muestra la corrupción de la policía y de ciertos colegas”, dice Rocio Silva Santisteban.

Por: Alberto Ñiquen

Te informan o te desinforman, o simplemente te mal informan. ¿Qué hacer cuando un fotógrafo y un redactor de un diario de tiraje nacional asumen como verdad lo que dice la Policía Nacional del Perú (PNP) y permiten la publicación de una noticia incriminadora? Es más, ¿qué pensar cuando lo hacen sabiendo que se está ‘sembrando’ algo que no es? Como no indignarse cuando descubres que una noticia es consecuencia de una ‘siembra’, de una ‘falacia’, de un plan de criminalización.

Sí, nos referimos a la noticia publicada ayer, 23 de abril, en el diario Correo, del Grupo Epensa, y que ahora forma parte del Grupo El Comercio. El diario tildaba a quienes protestaban contra el proyecto Tía María de violentistas y de portadores de ‘armas letales’, y publicó fotos de supuestos ataques a los policías. ‘La otra cara de la moneda: así atacaron los antimineros’ tituló la sucursal de Arequipa del 

diario.

La nota que acompaña las fotos no deja dudas: los protestantes son violentos, iracundos, antimineros. Al redactor no le importa averiguar sobre la muerte de Victoriano Huayana, sino enfocarse en los opositores al proyecto según el interés policial.

Afortunadamente, esta versión es contradecida por el video de un reportero de MollendinosTV-Islay TV que estaba en lugar de los hechos el 22 de abril subió a Youtube. Tras ver lo ocurrido la indignación ha invadido las redes sociales.

Veamos, cómo se criminaliza a Antonio Coasaca Mamani (aunque algunos medios lo han nombrado Antonio Cuba).

Pero este segundo video también muestra el abuso de poder. Aquí el agredido es el agricultor Víctor Tobar Choque.


 
CRIMINALIZACIÓN

Lo ocurrido en Mollendo es una muestra más de la criminalización de las protestas. Es una política de Estado que se ha acentuado. “Un sembrado de pruebas tan evidente de parte de un Dinoes es la verificación de denuncias que nosotros, la misión de la CNDDHH y Red Muqui que fuimos a Cocachacra la semana pasada, habíamos recogido”, dice Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aLaMula.pe.

Silva Santisteban se refiere a los testimonios de tres pobladores, uno de ellos menor de edad, que denunciaron a la PNP de sembrarles piedras en los bolsillos y hasta una honda. “Esto es irregular y es una práctica que no debe permitirse. Si la PNP tiene un protocolo que debe respetar con delincuentes, lo debe hacer mucho más con personas que solo protestan por su agua. Lamentablemente este gobierno ha dado una suma de leyes (Ley 30151, entre otras) que flexibilizan el uso de la fuerza de parte de la PNP”, señala.

OBSÉRVESE QUE EL AGENTE DE LA DINOES, ADEMÁS DE ESTAR CON EL ROSTRO SEMICUBIERTO NO ESTÁ IDENTIFICADO.

Para ella, la publicación periodística no es un caso aislado: “Obviamente no es un desliz: es algo armado. Fíjate que el fotógrafo tiene la cara tapada y no se ve que haya en ese momento gas pimienta o bombas lacrimógenas. Eso es un delito y debe de ser sancionado. Además el tercero civilmente responsable es Correo. Si no tienen normas éticas claras para su personal, que se atengan a las consecuencias. Si fuera directora de un periódico, yo los despediría inmediatamente: están inventando la noticia. Pero, además de eso, con su actitud de maldad banal, que no saben calibrar, están perjudicando a una persona que podría ir cuatro años a prisión si es que no se hubiera descubierto”.

MollendinosTV-Islay TV produjeron un video tan pedagógico sobre la corrupción de la policía y de los ‘coleguitas’, dice la representante de la CNDDHH.

¿QUÉ DICE LA POLICÍA?

Hoy el director general de la PNP, Jorge Flores Goicochea, anunció que luego de la difusión de dos videos con imágenes de agentes haciendo abuso de su autoridad ha ordenado al inspector general de la institución una exhaustiva investigación para sancionar a los culpables.

Flores Goicochea afirmó que las imágenes le han causado mucha indignación y que todas las acciones que ameriten sanción serán denunciadas penalmente.

Los responsables de golpear a un manifestante ya detenido y de ‘sembrar’ un objeto punzocortante a otro serán investigados por el Fuero Militar Policial por desobediencia y también deberán afrontar la denuncia penal que corresponde, agregó.

El ministro

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que “evidentemente” un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido. “Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó y consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.
¿Y EL DIARIO CORREO?

El diario ha anunciado que sancionará al redactor y al fotógrafo, y resaltó el hecho de que su versión central, la de Lima, no informó de la misma manera que su sucursal.

 

¿Y si no hubiéramos visto este video? Antonio y otros estarían encarcelados y hasta tal vez golpeados. De hecho, no es un caso aislado ni la primera vez que hay un abuso de autoridad. Si bien lo anunciado por la PNP es lo menos que puede hacer la institución, es también un ejemplo de cómo el Estado recurre a la criminalización de las protestas sociales con el propósito de intimidar a quienes reclaman sus derechos.

Fuente: La Mula – https://redaccion.lamula.pe/2015/04/24/cuando-el-estado-y-la-prensa-te-quieren-criminalizar/albertoniquen/


Video muestra que policía “sembró” arma a manifestante contra Tía María. Captura: Mollendinostv Islaytv.

El Ministerio del Interior tiene que responder por esta denuncia.

Las protestas contra el proyecto minero Tía María en la región Arequipa continúan. Hay cuatro fallecidos, además de heridos y detenidos de ambos bandos, mientras que una denuncia en video muestra cómo un miembro de la Policía Nacional “siembra” a uno de los manifestantes un metal que puede emplearse como arma punzocortante.

PUEDE VER: Protestas en rechazo de proyecto minero deja un muerto y 11 heridos | Tía María

El video, subido al canal YouTube Mollendinostv Islaytv, muestra cómo dos miembros de la PNP cargan de los brazos a un hombre. Hacia ellos se dirige otro policía, con el rostro cubierto, quien le coloca al detenido un objeto en la mano derecha. Luego alza la extremidad, lo cual es captado por un fotoperiodista de diario Correo.

Foto: Correo.

El mencionado diario informa así: “En una de las imágenes se puede ver a un detenido que empuña fierros de construcción puntiagudos, arma que podría ser letal para los infortunados que reciban el golpe del iracundo manifestante.” El video de Mollendinostv Islaytv señala que el medio de comunicación actuó con injusticia.

En su artículo, Correo muestra fotografías de varios manifestantes con los rostros cubiertos que emplean hondas y piedras.

Para finalizar, transcribimos parte del diálogo entre el policía que sembró el metal y el detenido:

Policía: ¿Por qué cargas esto?

Detenido: Yo no he cargado eso

Policía: ¿Entonces nosotros lo tiramos?

Ustedes, lectores, ya tienen la respuesta.

Fuente: La Republica – http://www.larepublica.pe/24-04-2015/video-muestra-que-policia-sembro-arma-a-manifestante-contra-tia-maria
 


Manifestaciones contra el proyecto minero Conga ocurridas el 29 de noviembre de 2011

 

– Novedosa herramienta legal aportará información sobre la jornada represiva del año 2011 en la que Campos resultó herido y por la cual padece hemiplejia.

Servindi, 19 de marzo 2015.- Un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga ubicado en la región de Cajamarca, al norte de Perú.

EarthRights International (ERI) presentó la solicitud en 2014 en nombre de Elmer Eduardo Campos Álvarez, un campesino peruano de 33 años de edad que resultó inmovilizado de la cintura para abajo por un disparo de arma de fuego que recibió en la espalda mientras se manifestaba pacíficamente cerca del área del proyecto minero.

Ciudadano de la provincia de Cajamarca, donde se proyecta desarrollar la mina, Campos fue uno de los 24 manifestantes heridos aquel 29 de noviembre de 2011.

Campos alega que fue baleado por la Policía Nacional del Perú bajo contrato con Minera Yanacocha, de la cual Newmont es accionista mayoritaria y operadora.

Además de quedar paralizado de forma permanente, Campos perdió un riñón y el bazo como consecuencia de la violenta represión policial.

El juez Robert E. Blackburn emitió una orden el lunes 16 de marzo de 2015 bajo la ley estadounidense llamada Estatuto de Asistencia Jurídica Externa (FLA por sus siglas en inglés), que permite solicitar pruebas en los Estados Unidos que puedan ayudar a dilucidar casos legales en otros países.

Luego de conocer la sentencia, Elmer Campos declaró: “Estoy muy contento con la noticia de que el juez de Colorado hizo justicia a favor del valor de la naturaleza y el agua como fuente de vida, porque aquí en el Perú no existe una verdadera justicia para los campesinos”.

Actualmente, en el Perú se lleva adelante una investigación penal contra los dos agentes al mando del operativo policial durante los sucesos de 2011 y una demanda civil contra la Policía. Campos es representado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en estas demandas.

“La decisión requiere que Newmont entregue numerosos documentos que esperamos puedan arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a los disparos de arma de fuego y la parálisis del señor Campos,” dijo la abogada de ERI Marissa Vahlsing.

Las evidencias incluyen fotos y videos relacionados con las protestas cerca de la mina Conga, informes de seguridad de Yanacocha, comunicaciones entre Yanacocha y la policía y comunicaciones internas de la empresa. Asimismo, el tribunal accedió a la solicitud del demandante de tomar declaración jurada a un representante de Newmont.

Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, comentó: “Perú ha sido testigo de muchos casos de represión a manifestantes en los últimos años. Esta decisión de la Corte de Estados Unidos fortalecerá la capacidad de Elmer Campos de obtener justicia en el Perú y permitirá que nuestros tribunales puedan investigar a fondo el caso”.

La legislación FLA ha sido utilizada antes por grandes corporaciones como Chevron para recabar información sobre sus opositores y críticos.

Planteos como el de Campos han permitido revertir la herramienta legal hacia quienes cuestionan el poder de las corporaciones.

Fuente: SERVINDI – http://servindi.org/actualidad/125598


Máxima Acuña es la mujer que no se amilanó ante un gigante como la minera  mencionada. Imagen: Miguel Mejía / La República
La abogada contó que su patrocinada la llamó llorando y pidiendo ayuda.

Efectivos policiales de la Dinoes ingresaron a la propiedad de Máxima Acuña Chaupe, en Cajamarca, para destruir la ampliación de la vivienda que la mujer estaba construyendo, indicó su abogada, Mirtha Vásquez.

PUEDES VER: Yanacocha asegura que es legal desalojo a casa de Máxima Acuña 

En diciembre del 2014, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca le dio la razón a Acuña y la absolvió de la denuncia interpuesta por la minera Yanacocha, en la que la despojaban de su propiedad, ubicada frente a la laguna Azul, una de las áreas que serían afectadas por el proyecto Conga.

La abogada relató que la mañana del martes, recibió la llamada desesperada de su patrocinada, quien llorando le contó que integrantes de la Dinoes llegaron a su vivienda para destruir lo que estaba construyendo.

“La Policía ha tumbado su casa ya que por el motivo de las lluvias están arreglando y ampliando su casita más o menos a 200 metros. Máxima está totalmente desesperada. La Dinoes entiendo que ha disparado pero no les han hecho nada y ya se fueron en camionetas”, indicó en declaraciones a Noticias SER.

La campesina, como se escucha en el audio, exige justicia, al sentirse impotente por el abuso policial y el apoyo con el que cuenta la minera, al punto de llevar efectivos policiales y destruir la ampliación de su vivienda, que con tanto esfuerzo estaba construyendo.

Yanacocha publicó estas fotografías indicando un “acto de defensa posesoria”. (Foto: Yanacocha)

Yanacocha publicó estas fotografías indicando un

Yanacocha publicó estas fotografías indicando un

Yanacocha publicó estas fotografías indicando un

La República



Escribe: Jorge Chávez Ortiz*
Foto: Jorge Chávez Ortiz

Luego de 4 años de haber sido presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga de Yanacocha, nuevamente la empresa minera ha presentado ante el Ministerio de Energía y Minas una segunda modificatoria al EIA presentado inicialmente. Este EIA ha sido presentado el pasado Abril de 2014, si se preguntan si lo hizo Knight Piésold pues están equivocado, en esta oportunidad le toco ser elaborado por empresa consultora Schlumberger Water Services.

Para iniciar, varios pensaran que el estudio presentado solamente contempla que minera Yanacocha solo explotara el sector Chailhuagón, zona que ya se cuenta con el muy famoso “reservorios naturales”, pues están equivocados; el EIA no contempla si habrá un tajo abierto más o un tajo abierto menos, que es lo que generalmente se estaba rumoreando, si recordamos el pasado “XI Simposium del Oro”, el CEO de Minas Buenaventura, Roque Benavides manifestó que “Minas Conga sería más pequeño que el proyecto inicial para sacarlo adelante”[1] (Gestión, 2014), por lo tanto el presente EIA por si solo desmiente al CEO de Minas Buenaventura. Abra que preguntarle a Roque Benavides, a que se refería cuando dijo que sería “más pequeño”.

EL EIA

De las 1427 páginas que cuenta el cuerpo textual (sin imágenes adicionales, mapas y anexos), el capítulo que nos interesa es el número 4 denominado con el título “Descripción de la segunda medicación del proyecto” donde mencionan que habrá cambio en los siguientes puntos:

Instalaciones de mina.

  • Tajos Perol y Chailhuagón: Versión actualizada del diseño de las dimensiones finales de los tajos y del plan de minado.
  • Depósitos de desmonte Perol y Chailhuagón: Actualización del diseño.

Instalaciones de procesamiento.

  • Depósito de material ROM: Ampliación de la instalación
  • Circuito de chancado primario: Reubicación de la instalación en el área del depósito de material ROM.
  • Sistema de transporte de mineral chancado: Reconfiguración sobre su misma ubicación original.
  • Planta concentradora: Reconfiguración de la planta, adición de cuatro espesadores y ajustes en el proceso.

Instalaciones de manejo de aguas.

  • Estructuras de conducción y derivación: Reconfiguración de parte de los trazos de los canales y tuberías producto de las nuevas instalaciones de la presente Modificación y de la optimización del manejo ambiental del proyecto.
  • Sistemas de almacenamiento temporal: Cambio del tanque de aguas ácidas por una poza de almacenamiento de aguas ácidas en el depósito de material ROM.
  • Plantas de tratamiento: Inclusión de una planta de tratamiento de agua residual doméstica en el área de cambio de turno, reubicación de la planta de tratamiento asociada al taller mecánico e incorporación de un sistema opcional de ósmosis inversa complementario a la planta tratamiento de agua de exceso.

Instalaciones auxiliares.

  • Depósitos de material orgánico e inadecuado: Reconfiguración del esquema de almacenamiento.
  • Infraestructura para actividades administrativas: Reubicación de algunas instalaciones.
  • Instalaciones auxiliares de mina: Reubicación del taller mecánico.
  • Infraestructura de manejo de productos especiales y residuos: Reubicación de la estación de combustible permanente cerca al área del circuito de chancado primario.
  • Accesos, caminos internos y corredores: Reconfiguración de algunos trazos de las vías.
  • Infraestructura de soporte: Inclusión de un área de cambio de guardia.

Con lo mencionado anteriormente, nos deja claro la idea que el proyecto tal como ha sido planteado al inicio se mantiene; las variaciones que habrá según “ellos” será para mejorar la calidad ambiental, minimizar los impactos en las cabeceras de cuencas afectadas y posiblemente dirán para reducir costos, ese será el discurso en las próximas semanas por parte de todos los que piden su viabilidad.

Varios se preguntaran si las 92 000 TM/día de roca a extraer de ambos tajos será reducirá o aumentara, la respuesta es simple no habrá ningún cambio más bien se mantendrá, tal como se planteó en el EIA de Conga presentado en el 2010. Como sabemos el proyecto Conga, dependería mucho de su producción del material extraído de los tajos Perol y Chailhuagón, de la cual en el EIA presentado este abril de 2014, considera modificaciones al tajo respecto al área, nivel más bajo en el tajo y cantidad de material a extraer; cabe recalcar que las modificaciones son mínimas y no afectarían en mucho al proyecto, en el siguiente cuadro comparativo se puede observar los cambios en el planteamiento de la construcción de ambos tajos.

Fuente: 2da modificatoria del EIA de Conga, Schlumberger – 2014.

Como podemos leer las áreas de ambos tajos (Perol y Chailhuagón) no se reducen más bien aumentan en 3 y 4 hectáreas respectivamente, pero en las profundidades respecto al tajo el Perol este disminuye en 15 metros mientras el tajo Chailhuagón se mantiene; debido a la reducción de la profundidad del tajo Perol pese a haber a un aumento en el área, la cantidad de material a extraer será de 766 MT, en cambio del tajo Chailhuagón aumentara de 379 MT a 406 MT debido al aumento de su área. Si analizamos pausadamente la cantidad de material a extraer en la primera modificatoria del EIA de Conga este se planeaba extraer en total 1237 MT, en cambio en la segunda modificatoria del EIA este planea extraer en total 1172, si aplicamos una simple resta obtenemos que hay una variación de 65 MT. Respecto a los otros cambios son re-ingeniería como ellos lo llamarían, no hay olvidar que en el 2010 la multinacional ABB adjudicó el contrato de compra para el molino SAG más grande del mundo[2] (Semana Económica, 2010), este tendrá una altura de 12.8 metros, donde Metso Corp y Fluor Corp. serían los encargados de proporcionar e instalar el molino en la zona del py. Conga.

DATO

Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina, manifestó que las municipalidades provinciales y distritales que están dentro del ámbito del py. minero Conga tienen menos de 9 días para presentar sus respectivas observaciones a la segunda modificatoria del EIA de Conga.


La primera modificatoria del EIA de Conga fue aprobada el pasado 27 de octubre de 2010, siendo como Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) el Ing. Felipe Ramírez del Pino que de ser director, fue uno de los gerentes de Minera Yanacocha, formando parte de la incontable lista de funcionarios peruano que pertenecían a las famosas Teoría de las “puertas giratorias[3]” o “revolving door”. Siendo la abogada Clara García Hidalgo la encargada de firmar la “Certificación Ambiental” definido así por la ley SEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) de la aprobación del EIA de Conga, el documento mencionado es la Resolución Directoral N° 351-210-MEM-AAM.

A continuación cuerpo textual de la 2da modificatoria del EIA de Conga.


_______________

* Estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, activista ambiental, blogger, fotografo.

[1] Roque Benavides: Minas Conga sería más pequeño que el proyecto inicial para sacarlo adelante, publicado en Diario Gestión el 21 de mayo de 2014. Disponible en http://gestion.pe/economia/roque-benavides-ceo-buenaventura-proyecto-conga-seria-mas-pequeno-que-proyecto-inicial-sacarlo-adelanto-2097930
[2] ABB se adjudica contrato de primer molino SAG para mina Conga. Publicado en Semana Económica el 04 de octubre de 2010. Disponible en http://semanaeconomica.com/article/extractivos/70548-abb-se-adjudica-contrato-de-primer-molino-sag-para-mina-conga/
[3] Definición de Puertas Giratorias disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_giratoria_(pol%C3%ADtica)

Por: Rocio Silva Santisteban M.
Foto: Jorge Chavez Ortiz


Máxima no puede leer esta columna pero ha cambiado, con su ejemplo de dignidad, el sentido de la vida de muchas mujeres que leemos y tenemos formación universitaria. Tampoco es una “excepción en las estadísticas” porque el analfabetismo es una situación usual para muchas mujeres rurales de nuestro país: algo que debería de indignarnos. Máxima mide 1.50 cm, es delgada, tiene los huesos fuertes y la voluntad inquebrantable. Nunca fue a la escuela pero conoce perfectamente los usos medicinales de muchas plantas y con una voz muy queda canta la historia de su terreno y su propia historia. A las 5 de la mañana ordeña las vacas, arrea al ganado, prepara te de berenjena. Máxima Acuña de Chaupe, con cuatro hijos todos mayores de edad y sin llegar a cumplir ella aún los 48 años, ha podido cincelar con su oralidad y su inteligencia una de las resistencias pacíficas más fuertes de toda nuestra historia.

La Dama de la Laguna Azul ha sido avasallada por la empresa de oro más grande de Sudamérica. Y no se ha amilanado: sigue persistente luchando por su terreno en pleno corazón del proyecto Minas Conga. “Dicen que aquí en mi terreno hay oro, y por esa ambición del oro es que me quieren quitar mi terreno a la mala, a la fuerza. Aun hasta matándome…”, ha dicho Máxima Acuña en uno de los numerosos documentales que se han grabado sobre su caso.

El 9 de agosto del 2011 la empresa Yanacocha intentó desalojar a la Familia Chaupe a la fuerza: aproximadamente 200 efectivos de la DINOES ingresaron al terreno, echaron los enseres, los pellejos que fungen de camas y las frazadas para calentarse de la casa de tapial que tenían, y luego quemaron la misma casa. Ellos, los Chaupe, resistieron y los DINOES no se retiraron sino hasta que un culatazo de fusil en la nuca de Gilda Chaupe la desmayó. Gilda permaneció tres horas tendida sobre la grama. Todos pensaron que había fallecido y la policía se retiró de la zona. Felizmente solo estaba desmayada. Jaime cortó ichu de los alrededores y los días siguientes durmieron a la intemperie bajo los matorrales de ichu para abrigarse porque a 4,200 msnm el frío en las noches perfora los huesos. Pero no abandonaron el terreno.

Desde el 2011 los ataques y acosos de la minera no han parado. Los últimos hostigamientos –incluso luego de que la CIDH les otorgara medidas cautelares– se han producido el 21, 22 y 24 de julio, en esta última ocasión un grupo de policías y funcionarios, así como de ronderos, amenazaron a Jaime Chaupe. “Hasta estos momentos, siguen atacándonos. Ellos ven que no se encuentra nadie a esa hora y entran a perturbarnos todos los días. No nos dejan tranquilos. ¡Cómo vamos a vivir!”, dice Gilda Chaupe.

Hoy el fiscal Ruperto Alcántara, de la Fiscalía General de Celendín, presentará su acusación de manera oral, pero tenemos entendido que ha pedido el desalojo inmediato del predio, una altísima reparación civil a favor de Yanacocha y tres años de prisión efectiva para Máxima Acuña de Chaupe, Jaime Chaupe, Ysidora Chaupe y su esposo, Elías Chávez, como ¡“invasores” del terreno de su propiedad! La empresa no ha podido probar la posesión del terreno previo a la posesión de los Chaupe, por tanto, es imposible que exista una invasión. ¿Será la justicia esta vez justa?

Fuente: La Republica –  http://www.larepublica.pe/columnistas/kolumna-okupa/maxima-05-08-2014


El país de Yanacocha
Lo que el Estado y la minera no quieren que sepas

El 3 de julio de 2012 se cumplía poco más de un mes del paro regionalconvocado en la región Cajamarca en oposición al proyecto minero Conga.

En la provincia de Celendín, se vivía una tensa calma entre las Fuerzas Armadas, por un lado, y una gran mayoría del pueblo celendino levantada pacíficamente contra la minera, por el otro.

Aún nadie sabe cómo ni quién inició el incendio que fue la excusa para que policías y militares dispararan contra ciudadanos peruanos. Ese día, cuatro peruanos fallecieron; uno de ellos, un menor de 16 años de edad.

Al día siguiente, en Bambamarca, y con una declaratoria de estado de emergencia en la región, la ciudadanía decidió encender velas en la iglesia de la Plaza de Armas, en memoria a sus compañeros caídos en Celendín. Una vez más, la Policía y el Ejército arremetieron contra los ciudadanos.

Y a balazos.

En medio de todo eso, muere un peruano más.

5 peruanos murieron el 3 y el 4 de julio y muchos fueron heridos con balas de alto calibre.

Los grandes grupos de prensa, alineados con la minera Yanacocha, y ese monstruo llamado ‘opinión pública limeña’, acostumbrados a vivir de espaldas al resto del país, dijeron de todo.

Se buscó justificar como sea la masacre y, por último, se ignoró lo ocurrido hasta arrinconarlo en el olvido.

Este video reúne las voces de quienes jamás podrán olvidarlo.

Hoy, dos años después, un paquetazo legislativo vuelve a poner en riesgo la integridad de los recursos naturales y un ministro del interior, con denuncias graves por delitos de lesa humanidad, amenazan con repetir la historia.

Comparte este video. 


Escribe: Jorge Chavez Ortiz
Fotos: Jorge Chavez Ortiz (@ChavezWar)

La mañana del 02 de julio de 2014, al promediar las 11:30 a.m. un grupo de activista llegado de diferentes partes del Perú y el mundo, comienzo la realización del mural histórico de la lucha del pueblo de Celendín contra el proyecto minero Conga, dicho mural ubicado está en la esquina del Jr. Pardo y Jr. 2 de mayo. El mural histórico de la lucha, era el prologo de las actividades conmemorativa, en honor a los caídos del 03 de julio de 2012.

Por la tarde se desarrollo el foro publico denominado “Minería  y Movimientos Sociales en el Perú”, organizado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, donde estuvieron presente como ponentes:
  • José de Echave (Ex-vice ministro del Ministerio del Ambiente)
  • Roció Silva Santisteban  (Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH)
  • Raphael Hoetmer (Activista y investigador, miembro del Programa Democracia y Tranformacion Global – PDTG)
  • Alejandro Seminario (Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca)
  • Marco Arana Zegarra (Activista Ambiental y miembro del Movimiento Tierra y Libertad)
El foro publico inicio desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la Casa del Maestro, donde el publico presente pudo hacer preguntas al los panelistas.
Por la noche, a las 8:30 p.m. inicio la vigilia en el atrio de la Iglesia Virgen del Carmen, la vigilia fue dedicada en honor a los hermanos caídos el pasado 03 de julio de 2012 a manos del Ejercito Peruano y la Policía Nacional del Perú.
Doña Máxima Acuña de Chaupe, La Dama de las Lagunas, estuvo presente también en la vigilia.
Dentro de las organizaciones internacionales que estuvieron presente esta noche, fue el Comité de Justicia y Paz de Denver, Colorado de Estados Unidos. Donde se manifestaron sobre el proyecto minero Conga, como se sabe el pasado 2010, la misma organizacion reconoció a la ONG GRUFIDES por el trabajo y apoyo a las comunidades afectadas por las actividades extractivas en la región de Cajamarca. También estuvo presente la representante del Comité de Apoyo París Francia.
La vigilia contó con participación de diferentes artistas celendinos y cajamarquinos, donde los mas destacados esta Daniel Gil, cantautor y guardián de las lagunas. En otra parte de la vigilia, un  grupo de mujeres se encontraban trabajando en el cafecito que se repartió entre los presentes, como también preparaban los insumos para la olla común de se cocinara este 03 de julio.
Para el cierre de la vigilia, el grupo musical Tinkari, creador del himno de la lucha “Agua Si, Oro No”, se hizo presente, cerrando así la vigilia cultural.