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Ollanta Humala Tasso tendrá una cena en Nueva York, pero a diferencia del desayuno con diamantes de la famosa película, esta cena será auspiciada (léase financiada) por tres empresas mineras. Como dice Jacqueline Fowks: “Pluspetrol, Barrick y Freeport McMoRan (Cerro Verde) son las empresas que auspician la cena en NY en la que darán una medalla al presidente. Las tres con conflictos sociales debido a sus operaciones”.




 
Por Raúl Zibechi*

La Jornada, 12 de junio, 2012.- Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.
 

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.
 

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.
 

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.
 
Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.
 
Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.
 

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.


* Raúl Zibech es Docente, Analista e Investigador, Periodista y Escritor. Es un activo colaborador con las organizaciones Sociales y medios de comunicación alternativos en A.L.; se especializó y siguió de cerca el proceso del Movimiento Social del pueblo aimara en Bolivia.
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Fuente: Publicado en el diario La Jornada, el 10 de junio de 2012: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/024a2pol











Por: David Roca Basadre
Colaborador para los blogs Mi Mina Corrupta y Celendin Libre

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LIMA, 21 Feb. (Reuters/EP) –

Organizaciones indígenas exigieron el lunes al Gobierno peruano más protagonismo en la nueva ley que busca disminuir los conflictos sociales generados por el desarrollo minero.

Según la ley, el Gobierno y los grupos nativos deben discutir la viabilidad de los proyectos mineros en sus comunidades, pero en caso de no alcanzar ningún acuerdo, la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades y las comunidades indígenas no tienen poder de veto.

Los indígenas quieren tener la última palabra y además, piden que la ley, que debería entrar en vigor este mes, sea retroactiva a los proyectos que ya se aprobaron.

El líder del principal grupo que defiende los derechos de los indígenas para el desarrollo de las actividades, Alberto Pizango, dijo que “no se trata de que el Estado tome las decisiones, sino que el Estado logre el consentimiento de los pueblos indígenas para el desarrollo de las actividades”.

El Gobierno peruano ha dicho que la ley no dará derecho a veto a las comunidades indígenas y también ha señalado que la norma no puede tener carácter retroactivo, debido a que generaría un ambiente de inestabilidad en el país.

Los indígenas aseguraron que si el Gobierno no inicia la modificación de la ley en los próximos 30 días presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante el Tribunal Constitucional.

Perú tiene proyectos mineros valorados en unos 50.000 millones de dólares para la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo de la población local por no percibir los frutos de la bonanza económica y temer que los proyectos afecten su medio ambiente.


Las diferentes comitivas de ronderos, frentes de defensa y comunidades de Cajamarca: Ayacucho, La libertad, Puno, Huancavelica, Arequipa y muchas otras regiones, llegaron el 9 de Febrero para participar en el Foro Hídrico, el Tribunal de Justicia Hídrica y la Gran Marcha Nacional del Agua a realizarse, esta última, el 10 de Febrero. Las actividades que se realizaron a partir del 1 de Febrero en diversas partes del país tuvieron su punto culminante el día Viernes 10; fue este acto de movilización y protesta urbana la demostración empírica de que los sujetos políticos y sociales de todo el país lucharon, y lo seguirán haciendo, por la defensa de los bienes comunes que les pertenece, como el agua y el territorio. El acto, que empezó a las 14 horas en la plaza 2 de Mayo en el Centro de Lima, fue el punto de inflexión de este complejo proceso de protesta, lucha y movilización que se venía desarrollando desde hace un par de meses y medio en la región de Cajamarca. 
Las multitud de miles de caminantes que llenaron las diversas avenidas del centro Limeño demostraron a punta de cantos, expresiones artísticas, consignas populares y aplausos rebeldes el repudio profundo a la mega minería y sus consecuencias socio ambientales, quedando claro y más que demostrado, que el Estado hasta la actualidad ha jugado un papel desfavorable hacia los interés del pueblo, negándoles la protección correcta del territorio y, especialmente, las garantías vitales para una vida digna a las personas y comunidades rurales; sin miedo a no tener agua y/o a contaminarse por el consumo de ella. 
El Programa Democracia y Trasformación Global participó en la Gran Marcha Nacional del Agua apoyando, respaldando y sumándose a las causas justas de la movilización, como también al proceso de gestión de las diversas actividades que se realizaron en el contexto de ella. 
Esperando que el estado de latencia continúe, como PDTG seguiremos respaldando las movilizaciones y solidarizándonos con las luchas de nuestros hermanos Cajamarquinos.
Fuente: PDTG

Cien inquietudes atendieron voceros de Sociedad Minera Cerro Verde y representantes de las consultoras a cargo de los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para la segunda etapa de la mina Cerro Verde.

La obra en donde se prevé una inversión de US$ 3400 millones, triplicará la producción de cobre de Cerro Verde. En esta audiencia la compañía explicó las medidas de mitigación para disminuir el impacto en el ambiente y el entorno social con las nuevas operaciones.

A partir de la fecha, hay 30 días hábiles para que los ciudadanos presenten observaciones. La compañía puede tomarse otros 30 días en absolverlas. El cronograma también le da 20 días al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que indique si SMCV respondió a los cuestionamientos. Jesús Gómez Urquizo, abogado especialista en temas ambientales, indicó que en los siguientes cuatro meses o en 180 días, el MEM debe indicar si aprueba o no el EIA, requisito indispensable para iniciar el proyecto minero.

En debate
Una de las principales inquietudes se centró en posibles filtraciones de la cancha de relaves que instalará Cerro Verde en la quebrada La Linga. Este cauce es afluente de río Tambo y podría arrastrar los desechos de la producción hasta el valle del mismo nombre. El ingeniero Pedro Repeto de Cerro Verde explicó que se implementará canales con geomembranas para evitar que las filtraciones lleguen a esa zona.

En caso extremo, indicó, aguas abajo de la quebrada se instalará un sumidero con un bombeo para que los relaves filtrados sean devueltos a la parte superior. También anunció que a una distancia mayor del sumidero realizarán perforaciones de hasta 38 metros en medio de las rocas para que detener el material que rebase los dos controles anteriores.

Un ciudadano denunció que en los últimos 40 años desde quebrada La Enlozada, donde se concentra la cancha de relaves de la I etapa de la mina, discurren filtraciones al río Chili contaminándolo. Lo que fue descartado por los voceros de la compañía cuprífera.

Manzana de discordia
Otra de las principales preocupaciones se centró en el agua. SMCV requiere un metro cúbico por segundo más para sus nuevas operaciones, adicional a los 1,160 que usan actualmente del río Chili. Los asistentes temen que no haya buen control y utilicen un volumen mayor, lo que sería perjudicial para el abastecimiento de los agricultores en esta cuenca.

Sin ese metro cúbico, dos mil hectáreas se dejarían de regar en La Joya, argumentaron los opositores. Cerro Verde por su parte, respondió que disponen de caudalímetros que miden los volúmenes del recurso a usarse. Sobre la afectación a La Joya, respondieron que utilizarán las aguas servidas de Arequipa que se lanzan al Chili y lo contaminan. Previamente construirán la planta de tratamiento para descontaminarlas. Hay un convenio firmado con Sedapar.

Durante la exposición aclararon que actualmente la irrigación La Joya cuenta con una licencia para utilizar 6.28 metros cúbicos por segundo. Luego que Cerro Verde trate las aguas residuales, accederán a 6.73 m3/seg.Pablo Alcázar, de Cerro Verde, indicó que en los siguientes días seguirán difundiendo la información del proyecto. Para ello cuentan con 3 oficinas permanentes en Arequipa, Yarabamba y Uchumayo.

La República


 
El día viernes 17 del presente, se llevó a cabo la Audiencia Pública en la cual,Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y sus consultoras Knight Piésold y Golder Associated Perú, en una maratónica jornada de más de 11 horas, expusieron el Estudio de Impacto Ambiental de su Nuevo Programa de Inversión, denominado engañosamente: EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRODUCCION CERRO VERDE” mediante la que triplicarían sus operaciones desde 108,000 toneladas diarias a 360,000 toneladas diarias de su Unidad Económica Administrativa – UEA del Proyecto de Sulfuros Primarios y mantener dizque la producción de 39,000 tonelada métricas diarias para su Unidad Económica Administrativa – UEA del Proyecto de Sulfuros Primarios.

Los gremios de la sociedad civil que defienden los legítimos intereses y derechos de la ciudad de Arequipa, demostraron y probaron que la información presentada en dicho E.I.A. no era fidedigna y sujetas las consultoras a la cancelación de su Registro de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de Impacto Ambiental.

Efectivamente, se demostró y tuvieron que aceptar que dicho Nuevo Programa de Inversiones, No solo comprende (Como señala dicho EIA) sus Concesiones Cerro Verde 1, 2 y 3 de Explotación de Sulfuros Secundarios y de Beneficio de su Planta de Lixiviación o Cerro Verde, en un área de 7,455 Has. de su UEA del PROYECTO DE LIXIVIACION, sino comprende también su Concesión de Explotación de Sulfuros Primarios y de Beneficio con una nueva Planta de flotación de Concentrados de Cobre y Molibdeno en un área de más de 20,825 Has. de su UEA del PROYECTO DE SULFUROS PRIMARIOS, siendo que ambas UEA son sujetas a regímenes contables diferenciados.

Grave inexactitud con la que pretenden nuevamente desarrollar el ardid de simulación de vigencia de su “Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión” de 1998, que quedara resuelto en 1999 por la Transferencia del accionariado del Holding CYPRUS al otro PHELPS DODGE y de este al nuevo socio mayoritario de Cerro Verde S.A.A.: FREEPORT – MACMORAN, así como al Holding SUMITOMO y Minera Buenaventura, pretendiendo igualmente ocultar la primera transferencia, con la simulación adicional que dicho contrato podía extender sus beneficios a las nuevas concesiones del Nuevo Proyecto de Sulfuros Primarios, con la Reinversión de Utilidades Exoneradas del Impuesto a la Renta, que fuera derogado en el 2000por Ley 27343.

Quedó demostrado que no es cierto, que el Monto de Inversión de su Nuevo Programa de Inversión sea por US $ 3,400 millones, sino que es de US $ 4,000 millones, con lo que pretenden defraudar $ 1,200 millones del Impuesto a la Renta en los próximos 2 años, y recortar a Arequipa el CANON MINERO por US $ 600 millones, poniendo en peligro la ejecución del Proyecto hidro – energético – agropecuario de MAJES SIHUAS II (Cuyo Monto de Inversión es de US $ 417 millones), cuya Estructura Financiera, comprende el apalancamiento de CANON, SOBRE CANON Y REGALIAS MINERAS del Gobierno Regional de Arequipa.

Quedó demostrado, de acuerdo a EIAs anteriores de la misma consultora y otros medios que los vientos se dirigen de la mina a la ciudad de Arequipa, con lo que triplicarían su actual contaminación atmosférica, la que actualmente, sobrepasa los límites permisibles de acuerdo a las normas técnicas vigentes, además de su acumulación por saturación que vulnera la vida y la salud de nuestra ciudadanía.

Quedó demostrado el vertimiento de sus filtraciones cancerígenas de su Pad agujereado de Lixiviación al Río Chili, vía QUEBRADA DE HUAYRONDO, así como de sus filtraciones de la PRESA DE RELAVES (Cuyo lecho fracturado por tres fallas geológicas, no cuenta con geomembrana) vía QUEBRADA ENLOZADA, y siendo la misma tecnología la que aplicarían a su Nueva Presa de Relaves en QUEBRADA LINGA, igualmente contaminarían el Río Tambo.

Quedó demostrado, que su propuesta Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de QUEBRADA ENLOZADA que trataría 1,000 l/s, para sus operaciones (Cuyas aguas tratadas y subsidiadas por la población de Arequipa, no se pagarían a SEDAPAR S.A. sino a la lobista AUTORIDAD AUTONOMA DEL AGUA), no es una solución para Arequipa, cuya demanda actual de tratamiento de aguas servidas, sobre pasa los 1,800 l/s., siendo que la diferencia de 800 l/s además de las nuevas aguas servidas de PAMPA ESCALERILLAS, seguirían vertiéndose al Río Chili, con la continuidad agravada de las filtraciones cancerígenas con potencial Drenaje Acido de la Presa de Relaves, hacia LA JOYA.

Todo ello, dentro de otras múltiples observaciones que demostraron la inviabilidad de este peligroso proyecto de “expansión”, por atentar contra la vida, salud e intereses económicos de nuestra Ciudad, Región y Nación Peruana en general.

Llegándose a un consenso de la necesidad de un debate más amplio en igualdad de condiciones y respeto mutuo que signifique tratar con veracidad y responsabilidad los temas de su agenda, entre la defensa de los intereses derechos de Arequipa y la representación de Cerro Verde S.A.A., lo que fuera inicialmente aceptado por la minera, aunque luego reculara en su aceptación. Debate que insistiremos se lleve a cabo públicamente mediante los talleres adicionales contemplados en la norma y no sea mediatizado en forma alguna.

Quedó igualmente demostrado, que la defensa de Arequipa, NO es una posición anti minera y mucho menos anti inversionista, ni extremista, que reconoce la importancia económica de la minería y demandamos una explotación racional de nuestros recursos naturales, de propiedad del pueblo y no de ningún gobernante que a través del Estado, pretenda usurpar dicha titularidad reconocida por las normas nacionales e internacionales de las que el Perú es parte.

No caeremos en la intimidación ni la provocación, continuaremos ejerciendo la defensa de nuestros legítimos intereses dentro de los canales democráticos del Estado de Derecho Constitucional y de ser necesario acudiremos a los fueros judiciales nacionales e internacionales, sin que ello signifique renunciar a los otros medios que la constitución nos franquea.

Por una Arequipa, limpia, ordenada y segura, con prosperidad y progreso para todos y un sano crecimiento económico con desarrollo socio económico para nuestra Nación.

¡FUERA LA CORRUPCION QUE LO IMPIDE!

Dante Aurelio Martínez Palacios
CIUDADANO AREQUIPEÑO – SUR PERUANO

 

 

Desde la puerta de su hogar, Santiago Zavala mira la plaza de su pueblo, sin amor: automóviles, casas semiconstruidas y descoloridas, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había concesionado el Perú?

El párrafo anterior es una alegoría de Conversación en La Catedral, la genial novela de Mario Vargas Llosa, pero que representa un mismo estado de ánimo en personajes disímiles, ante un país alejado y ajeno.

Dicen que la mayor virtud puede ser a la vez un terrible defecto. El Perú es un país concesivo; bien por nosotros y sus beneficiarios. No es para menos. La variedad de climas y tierra —biodiversidad, que le llaman—, sumada a la riqueza de mares y subsuelo, convierten a nuestro territorio en un polo de atracción; y, claro, ser egoísta no es la voz. Menos aun cuando el cambio climático jaquea inmisericorde el futuro.

De país concesivo a país concesionado hay más que un juego de palabras. El famoso mapa que desnudaba las cuadrículas en que también está dividido nuestro territorio despertó la indignación en diferentes partes del país. Un número puede valer más que mil imágenes: actualmente casi 60% del territorio está concesionado, y 20% del territorio son concesiones mineras. ¿En qué momento se concesionó el Perú?

El boom de las inversiones entró de a pocos y aprovechando el pánico. Hace 20 años se percibió como algo muy bueno, sin importar las formas. Solo interesaba la inyección líquida y neta. El país no estaba para exquisiteces ambientales.

Acabábamos de salir de la recesión e hiperinflación que nos dejó el gobierno del primer Alan García. El país en bancarrota e inelegible andaba, por ese entonces, divorciado con el destino, pues no era buena plaza ni económica ni turística ni de toros, vaya.

¡Inversiones a mí! fue el grito que enarboló el gobierno de Fujimori acompañado de una serie de reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington. Ahora hasta los más críticos del sistema reconocen que en esos tiempos no había otra alternativa. Recibir o morir era el dilema.

Y el Perú recibió. A partir de 1994 las concesiones se empezaron a otorgar con prisa y sin pausa. Por esos tiempos empezó a trabajar una vieja conocida nuestra: la minera Yanacocha. Su relación con los cajamarquinos data de entonces. Reconstruir 18 años de asperezas y encono es pedir bastante.

Luego de cuatro años el Perú ya se había recuperado económicamente y era un ejemplo para la región, de la manera cómo se debían hacer las reformas económicas. Al menos las de la primera ola, que tenía que ver con estabilidad macroeconómica y liberalización de la economía. Dicen que estas reformas fueron las únicas que hizo con cierta eficacia el gobierno de Fujimori, pues las que tenían que ver con democracia, participación y transparencia, cero balas.

Lo curioso es que antes de la ley minera en la que se promovían las inversiones, el gobierno de Fujimori, presionado por los organismos internacionales, impulsó al poco tiempo de haber ejercido su mandato el primer código ambiental. A los pocos meses este reglamento fue desvestido casi en su integridad a favor de la ley minera. Pero el país ya tenía de qué alardear en los foros de la tierra que en ese tiempo empezaban.

Tambogrande
El gobierno de Fujimori declaró de necesidad pública la inversión minera. La empresa Manhattan Minerals Corp. compró 10 mil hectáreas en Tambogrande.
Las protestas congregaron a cerca de 10 mil tambograndinos. El 2 de junio del 2002 una consulta ciudadana señaló que el 94% de la gente rechazaba el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa presentó estudios ambientales incompletos, en inglés, y con 21 tópicos faltantes.
Se le hizo llegar al presidente Alejandro Toledo un memorial con cientos de firmas para que dicho estudio no sea aprobado, y finalmente, en noviembre del 2003, después de que la población se negó a participar en las audiencias públicas, CentrominPerú señaló que la empresa Manhattan no había cumplido con obligaciones establecidas en el contrato.

Cosa más fácil de la vida

Actualmente, obtener la concesión de una parte del territorio peruano es la cosa más sencilla del mundo. Te acercas a Ingemmet, te enseñan un mapa, eliges la cuadrícula que más te apetezca, el funcionario lo contrasta con un ralo catastro no minero (que no choque con ninguna ruina o algún Parque Nacional, nada más), pagas un precio módico, y listo: ya tienes tu flamante pedazo de tierra para poder explorarla.

La indignación de nuestro prestado Zavalita se explica por la manera acelerada y sin tapujos en que se ha llevado adelante el proceso de concesiones. La mayoría de los pobladores de los lugares afectados no tenían ni la menor idea de que la mayor parte del suelo que habitaban estaba siendo concesionada.

Hay regiones, como Apurímac o Cajamarca, que han pasado de tener 25% ó 30% de su superficie a mediados de 1990 a 90% ó 95% de su superficie en petitorios mineros. Si comparamos con las cifras del 2010, hay un incremento significativo en varias regiones. En Puno, 53,8%; en Tacna, el 41%; en zonas como Madre de Dios, llama la atención el 33% a pesar del decreto de urgencia por el que supuestamente se ordenaba el otorgamiento de concesiones.

Según la geóloga Silvia Passuni, de Cooperacción, comparar la escala de concesiones sirve para tener una proyección de los conflictos a futuro: “Si tú mirabas el otorgamiento de concesiones a nivel regional hace cinco años, Cajamarca lo lideraba, y ahora es ahí donde se focalizan los conflictos. Ahora lo lidera Arequipa, lo que podría indicar lo que puede suceder dentro de algunos años”.

A la poca transparencia (ya que esta información no es de domino público) hay que agregarle una lamentable desinformación, pues la palabra “concesión” muchas veces se malinterpreta. En realidad, poseer la concesión de un territorio significa solo tener un petitorio para poder examinar las potencialidades del subsuelo. En la teoría, de ahí a comenzar una exploración y después la explotación de los recursos, hay mucho trecho.

Sin embargo, la palabrita y todo el proceso se prestan para malas interpretaciones, y no de manera gratuita. ¿Quién le explica al poblador que una concesión solamente es un petitorio? Es que quien tiene que ver con eso —o sea, el Estado— está ausente, y la empresa tiene vía libre después de haber pagado el peaje de la petición.

“El otorgamiento de concesiones es un procedimiento administrativo que se basa mucho en especulaciones. No necesariamente implica que se va a desarrollar actividad minera y genera suspicacias. Antes de que se inicie la exploración ya empieza generar transformación en el territorio, porque en la práctica sí compite con el derecho de propiedad, pues se le da todo un derecho a un titular que puede usarlo bien para especular bien para presionar al campesino para que le venda sus tierras”, advierte Silvia Passuni.

Ante la inminencia de la concesión, los pobladores pueden rebelarse o empezar a negociar con la empresa, pero estas negociaciones se dan en condiciones desiguales, ya que una parte cuenta con toda la información y la otra ha sido expresamente desinformada. Cuando caen en la cuenta, ya es demasiado tarde, pues los trámites han seguido, impertérritos, su curso.

Procesos privatizados

Pero, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Nos quedamos en que el proceso de concesiones se inicia cuando una empresa va a Ingemmet y hace su petitorio. Luego de esta etapa viene la de exploración, y si todo está tranqui continúa la explotación y, posteriormente, el cierre.

Cada una de estas etapas tiene algunos requisitos. Antes de iniciar una exploración la empresa debe presentar una declaración de impacto ambiental (DIA). Esto sucede cuando el yacimiento es pequeño. Cuando es extenso, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado.

Una vez que el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado ese estudio y la empresa ha realizado la exploración, se debe presentar un estudio de factibilidad. Ésta es una parte crucial en este proceso. Casi-casi es el punto de inflexión para el Estado. Dicho estudio implica cuán viable y rentable es el proyecto.

A medio camino entre la exploración y la explotación se deben hacer tres talleres participativos y una asamblea. Luego de ello viene el tan discutido Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estilo delivery que se ha impuesto ha desatado cuestionamientos y conflictos.

“La calidad de los primeros EIA era lamentable. Eso de pegar y copiar partes era cosa común para una empresa consultora. Por ejemplo, yo he leído un EIA aprobado referido al viejo lote 77 en Madre de Dios que habla del río Napo: es evidente que lo habían traspuesto”, relata el especialista Manuel Glave, de GRADE.

Es difícil saber cuánto han abusado las empresas en sus EIA. Pero el hecho de tener la potestad de mandar a hacer la investigación a tu consultora favorita se presta para muy malas interpretaciones. El problema real, más allá de los estudios fuleros, es la privatización del proceso de otorgamiento de concesiones. El Estado espera de brazos cruzados que la empresa se encargue de todo, y ésta lo hace a lo Frank Sinatra: a su manera (y medida). Los EIA son encargados y pagados por la propia empresa interesada en la explotación del yacimiento. Lo mismo ocurre con los talleres consultivos, las asambleas y la licencia social. No es que en algún momento el Estado haya abdicado de sus funciones, sino que desde el inicio se eximió de esa responsabilidad.

Algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial.

A cocachos aprendí

Como en la década de los 90 existía una compulsión por acaparar inversiones, no se hizo ningún cambio en la legislación hasta el decenio siguiente. Pero ninguno de los agregados posteriores se hicieron motu proprio, sino más bien a raíz de conflictos sociales que costaron vidas y cuantiosas pérdidas económicas. Un error repetido a la enésima.

“El Estado hace cambios a regañadientes. Sucesos como el de Tambogrande traen consigo modificaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un lugar común que los conflictos terminan transformando instituciones del Estado. Es que el Estado persigue no ponerle traba a la inversión, y, por lo tanto, si modifica el sistema para que sea más estricto y transparente, para el empresariado es una traba”, sostiene Glave.

Los conflictos de Tambogrande y Tambopata le demostraron al Estado que un simple petitorio no puede ser patente de corso para iniciar el proceso de exploración; por eso luego de aquellos sucesos se implementaron las herramientas de talleres participativos y asambleas. De igual manera, el revés en Cerro Quilish demostró que los procesos de exploración debían contar con una licencia social. Ahora, en la minería post-Conga, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo esquema de “minería responsable”, aunque aún no se sabe bien cómo se come eso.

Si el Estado hubiese tomado en serio el proceso de la segunda ola de reformas y no hubiera hecho los cambios solo para llenar una plantilla de requerimientos internacionales, se habrían podido evitar estos conflictos.

Pozos tomados
Las aguas del río Cachiyacu, fuente de vida de los Shipibos-Konibo durante siglos, son ahora el origen de sus males. Según los líderes de la comunidad Canaán de Cachiyacu, la empresa Maple Gas Corp., afiliada al británico Maple Group, ha contaminado sus suelos y aguas, con lo que generado importantes daños ambientales, problemas de salud en la población (dolores estomacales y de cabeza, problemas de piel, neumonía, diarrea, tumores, etcétera) y un aumento de fallecimientos anormales. Los trabajadores de la petrolera serían también responsables de abusos sexuales perpetrados contra mujeres nativas.
La veracidad de las denuncias fue comprobada, en junio del 2005, por representantes de la ONG Earth Rights: “A pocos metros del pozo MA31, una ruptura de la línea de flujo provoca un pequeño pero permanente derrame de crudo […] se puede observar reflejos arco-iris y espuma de color beige”.
El 8 de julio del 2005, frente a la inacción y a la indiferencia, tanto de parte la empresa como del Estado, los nativos alzaron su voz de protesta. Tomando de sorpresa a los obreros, quienes se encontraban almorzando, aproximadamente 80 shipibos ingresaron a las instalaciones de Maple en la base Maquía y cerraron las válvulas de 9 pozos ubicados en del lote 31-B (que cuenta un campamento minero, una estación de separación del crudo, un terminal petrolero fluvial y 26 pozos, de los cuales 9 se encuentran dentro del territorio Shipibo, y son conectados a la base de Maquía por tubos y caminos).

El Perú avanza de Ollanta

El panorama actual del proceso de concesiones no ha cambiado mucho desde que se empezó a implementar, hace casi 20 años. En todo este tiempo, si bien hubo cuestionamientos crecientes, no habían existido promesas de cambio que generaran expectativas. Y sí que el candidato Ollanta Humala las generó. A veces con un discurso irresponsable que en ningún momento llegó a plasmar en ninguno de sus planes de gobierno.

Contra lo que muchos creen ahora, Humala no asumió el programa ambientalista, y esto lo saben bien los mismos activistas ecológicos. Su propuesta de gobierno se basó sobre todo en las reivindicaciones de la izquierda clásica: que las grandes empresas mineras aporten más rentas al Estado. El impuesto a las sobreganancias mineras fue una de sus banderas de primera vuelta. Quizá ya en esos momentos pensaba que mediante este impuesto podían financiar programas sociales. O quizá en esos tiempos ni pensaba que podía llegar al gobierno. Quién sabe.

Si bien Ollanta Humala no prometió grandes reformas en los estudios ambientales, ni habló de manera profusa de reformar el Ministerio del Ambiente (aunque en una encuesta realizada por esta revista afirmó que el Ministerio del Ambiente debía reforzarse), sí puso énfasis en que el país abandone el modelo primario-exportador y que dejemos de depender de la minería. “Lo justo, pe’ varón”, fue su programa; jamás el “Mina No”. Sin embargo, en sus incursiones a provincias, donde se veía obligado a tocar problemas concretos, hizo alianza con los grupos ambientalistas y las comunidades que tenían conflictos con las mineras.

Por ello se recuerda tanto cuando agitaba el dilema “agua u oro” en Cajamarca. Ahora los mismos pobladores con quienes al unísono agitaron que el agua vale más que el oro, lo ven en cadena por televisión peruana y no entienden nada: solemne, fruncido y enternado, lo escuchan decir que el agua y el oro son compatibles. Y claro que Conga va (iba) de todas mangas.

¿Moratoria now?

Las ganas de pisar el freno a las concesiones, si alguna vez las tuvo, se le quitaron seguramente después de ver el cuadro de crecimiento. Es sostenido desde hace 10 años y en los últimos 4 se ha desbordado. El click concesiones-inversiones-más ingresos para el Estado puede ser automático, pero también una ilusión óptica, pues, como hemos visto, una vez asignada la concesión pueden pasar muchos años para que se traduzca en dinero.

Por el contrario, está probado que una mayor asignación de concesiones acelera y multiplica los conflictos sociales. Es decir, en una nueva concesión minera el conflicto llega más rápido que el dinero contante y sonante de la inversión.

Pero tampoco un mayor número de concesiones debería traducirse, sí o sí, en fuentes de conflicto. Es el sistema de otorgamiento y fiscalización de los proyectos mineros el que hace que eso sea así.

Por eso algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial. Eso significa suspender todo tipo de petitorio hasta que exista un ordenamiento territorial, oleado y sacramentado. “Debe evaluarse la posibilidad de hacer moratoria de concesiones hasta que se tenga un ordenamiento del territorio. El catastro no minero debería ser revisado por las regiones e incorporar otros criterios”, plantea Silvi Passuni.

El principal argumento contra la moratoria es la eventual pérdida económica para el país. Pero ése es un error, ya que si se comienzan a explotar todas las concesiones que actualmente se tienen bastarían y sobrarían los recursos por lo menos de aquí a 15 años. Por el contrario, con la moratoria se eliminaría una inagotable fuente de conflictos, se daría un mensaje político de que existe voluntad para hacer las cosas de manera distinta, lo cual daría un respiro para evaluar mejor el sistema.

Sin embargo, la moratoria no tendría ningún sentido si no va acompañada de otras reformas que se convierten en inevitables si se quiere evitar futuros conflictos. Una de ellas es que el mismo petitorio debería contar con una licencia social que haga viable el proyecto.

Aun así, estas medidas deben pasar por otorgarle mayor poder de decisión a las regiones. Una alternativa que por el momento está muy lejos del discurso presidencial, cada vez más centralista y confrontacional. Para Glave es muy importante que los gobiernos regionales metan su cuchara en este asunto, para que se reconozca desde el Ejecutivo la legitimidad de esa cuchara. No vaya a pasar lo que ocurrió con una empresa de harina de pescado en Arequipa, que empezó a hacer su fábrica en unos humedales. Cuando el Gobierno Regional les llamó la atención sobre eso, la empresa le respondió: “Sorry, viejo, PRODUCE ya me autorizó”. El caso descansa hace años en el Tribunal Constitucional.

Tía María
En julio del 2009, la empresa Southern Copper tenía como objetivo poner en marcha el proyecto minero “Tía María” en el territorio de Islay, en el departamento de Arequipa. Este proyecto podría haber tenido efectos negativos, porque ponía en riesgo el medio natural agrario de los agricultores y campesinos. Los pobladores no estaban de acuerdo con esto, y así lo manifestaron en la consulta vecinal que se efectuó en septiembre de ese año.
El Estado dejó de lado los resultados de la consulta vecinal. La población de Islay reaccionó mediante movilizaciones, lo que obligó al presidente regional, Juan Manuel Guillén, a firmar un acta en febrero del 2010, por la que se acordaba respetar el resultado de la consulta popular y, además, que se debía paralizar la aprobación del Estudio del Impacto Ambiental presentado por Southern Perú, hecho que fue desconocido por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern, quienes convocaron a una audiencia pública. En abril del 2010 los pobladores se van a la huelga y un año después estalla una protesta que deja como saldo tres muertos y cincuenta heridos. Ante esto, el gobierno central decide cancelar el proyecto y manda retirar a la empresa del territorio.

Cada Gobierno Regional tendría que hacer su plan de ordenamiento territorial, y los proyectos en curso deberían hacer un plan de adecuación, tal como sucedió en los años 90 con las empresas que venían años trabajando y no habían hecho un estudio de impacto ambiental. En ese entonces se les pidió un plan de adecuación a las normas internacionales aprobadas. No debería haber ninguna actividad minera que no tuviera relación con el Plan de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Desarrollo Regional. Si se exige desde el saque a la empresa contar con licencia social, y que el proyecto esté comprendido dentro del ordenamiento territorial de la región, no habría posibilidad para que después, al momento de la exploración, como en el Cerro Quilish, o cuando ya se va a empezar la explotación, como en Conga, la población diga: ¿A quién le han preguntado?

“El Ingemmet no debería otorgar un petitorio si no tiene opinión favorable de los gobiernos regionales donde se encuentran los proyectos. El Gobierno Central no quiere de ninguna manera darles a los gobiernos regionales capacidad de decir dónde invertir, y ahí perro pericote y gato caen en el mismo saco, porque Toledo, García y Ollanta están en la misma situación: se han resistido a dar a los gobiernos regionales capacidad de decisión”, plantea Glave.

Otro de los elementos de conflicto en este sistema es que los proyectos son aprobados por el mismo sector al que pertenecen. La misma institución que promueve la inversión en un determinado rublo no puede ser la misma que otorgue el permiso y apruebe su viabilidad. Eso se remonta a la adecuación a las normas internacionales ambientales que se hizo durante el gobierno de Fujimori. Como todo lo relacionado con este tema, fue hecho a la champa, para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales, y así generó un tremendo problema. Es como poner al gato de despensero.

Es que la relación en el país entre la empresa privada y el Estado adolece de una promiscuidad histórica. Ahí está el famoso carrusel de funcionarios que pasan del Estado a la empresa privada usando al primero para favorecer sus asuntos particulares. Una anécdota sabrosa, pero que evidencia de manera clamorosa esta situación, es la de Hans Flury, quien fue gerente general de la Southern. En calidad de funcionario privado presentó al Estado una ampliación del programa de adecuación ambiental de su empresa. Esta adecuación fue aceptada, sin rubor, por el Estado, y quien firmó esta autorización fue el Ministro de Energía y Minas del gobierno de Toledo. Su nombre era Hans Flury, y no se trata de un homónimo. Él mismito era.

La vecindad

El ejercicio de repensar el sistema de concesiones y explotación minera, que el Perú se ha visto obligado a realizar, es compartido por sus pares regionales. Solo que en algunos casos han tenido la claridad de adelantarse a los conflictos, como ha sucedido en Ecuador, donde se promulgó una ley que liquidaba las concesiones mineras que no hubieran realizado ninguna inversión en sus proyectos y las que se estaban realizando en fuentes de agua. Pero tampoco esa posición los libró de un enfrentamiento con las poblaciones indígenas. Muchas ONG, luego, han cuestionado este proceso, porque nunca se terminó de realizar.

En Bolivia, a pesar del discurso a favor del respeto a la interculturalidad y la pachamama, hace poco les estalló en la cara un conflicto por una carretera en la que el Gobierno se había empeñado. Esta carretera cortaba el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que no fue aceptado por las comunidades. El presidente Evo Morales lo dijo en todos los idiomas: TIPNIS sí va. Y TIPNIS no fue. La resistencia indígena fue mucho más de lo que el Presidente boliviano estaba dispuesto a presionar. Actualmente en Bolivia están esperando por una nueva ley de minas.

Hay otros países, como Costa Rica y Honduras, donde han prohibido la minería de tajo abierto. Han preferido no entrar en discusiones exquisitas y han tomado la decisión política de priorizar otro tipo de inversiones y de ingresos. Algunos bromean diciendo que ser el estado 52 de la Unión le permite a Costa Rica ese tipo de lujos.

En Colombia existía hasta hace poco una ley que prohibía la minería en los páramos, o en cabeceras de cuenca, para que lo entendamos mejor acá (¿les suena parecido a Conga?). Sin embargo, la administración de Uribe revisó esa ley. Se avecinan tiempos ambientalmente complicados en la casa de al lado.

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Realizar cambios en política ambiental no significa necesariamente poner en jaque el modelo económico. Así, tal cual, sin mayores aspavientos pero ajustando la maquinaria con rigurosidad, las cosas pueden ir mejor. Basta con entender dos asuntos que nos recuerda Glave: no siempre pueden ganar todos todo, y el que gana no puede ganar siempre. El problema es que en nuestro país siempre pierden los mismos.

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Recortar para explotar
En el 2007, el Ministerio de Energía y Minas elaboró un proyecto de ley con la finalidad de cercenar en más de 200 mil hectáreas la extensión del Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido como “la última selva sin hombres”, que posee una alta y única diversidad biológica, protege las cabeceras de las cuencas de varios ríos y forma parte del territorio ancestral del pueblo amazónico originario Esse’eja.
¿El objetivo? Establecer lotes de explotación y exploración hidrocarburífera.
El proyecto de ley sostenía que el recorte convenía “a los intereses del país y al desarrollo nacional”, dado que beneficiaría “principalmente a las Regiones Puno y Madre de Dios; y, en general, a todo el sur del Perú”. Sobre este punto, el potencial productivo “probado, probable y posible” del yacimiento Candamo fue uno de los principales motivos por los que se planteó la nueva delimitación del Bahuaja.
La propuesta, sin embargo, fue recibida con fuerte rechazo, tanto a nivel nacional como internacional. Según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), dicho proyecto era irreconciliable con el mandato constitucional del Estado sobre la conservación de las áreas naturales protegidas, los compromisos internacionales asumidos por el país, así como el protocolo de enmienda al TLC Perú-EE.UU, que comprometió a ambas partes a no debilitar sus legislaciones de protección ambiental.

Fuente: Revista IDEELE
http://www.revistaideele.com/content/%C2%BFen-qu%C3%A9-momento-se-concesion%C3%B3-el-per%C3%BA


“Minería chilena”, un modelo que provoca sequía y hace agua

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Ante la urgente situación de sequía que vive el norte de Chile, diputados de las zonas afectadas lanzaron recientemente sendas propuestas que buscan paliar o dar señales a sus electores respecto a las consecuencias graves que la situación hídrica tiene para los habitantes de sectores rurales y urbanos.

Aunque es interesante que los diputados por fin comiencen a pronunciase sobre una crisis hídrica que hace años ha sido denunciada por las comunidades de los valles nortinos afectados por la megaminería, resulta significativo que las propuestas que se plantean soslayan los temas de fondo y se constituyen en un simple maquillaje de un modelo de desarrollo insustentable.

El diputado Carlos Vilches (UDI), reconocido defensor de la megaminería transnacional en Atacama, presentó la propuesta de declarar a la provincia de Copiapó como “zona de escasez de agua”, y con ello, solicita a las autoridades que se recurra a convenios ambientales binacionales, que buscan consagrar la protección de los aguas compartidas con Argentina, para que se traiga agua del vecino país. Por su parte, la diputada PPD, Adriana Muñoz, plantea como solución la nacionalización del agua, pidiéndole al ejecutivo reponga el proyecto que para tal efecto habría presentado Michelle Bachelet, el 7 de enero de 2010, días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y que fuera retirado por la derecha en el parlamento. Este proyecto, establecía en su artículo segundo que se agregara al numeral 23 del artículo 19 de la Constitución Política “Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” y a renglón seguido, se establecía además que se garantizaba a los particulares la propiedad de los derechos de agua ya constituidos.

Ambas soluciones, que pueden parecer bien en una primera lectura, evidencian que se elude discutir la causa de fondo de la escasez, que a nuestro modo de ver puede resumirse en que en un contexto de cambio climático, las autoridades nacionales han optado por someterse a los requerimientos de la megaminería, suscribiendo una institucionalidad supranacional que reste soberanía sobre el uso de los bienes comunes, optando de manera sistemática por no escuchar los modos de desarrollo que las comunidades quieren para sus vidas.

De este modo, vemos que ambas propuestas, muy en la línea de la gestión de las autoridades nacionales, mantienen la propiedad privada del agua y el mercado como principal instrumento de gestión de esta, y consolidan el modelo de expansión minera desenfrenada impuesto en la franja fronteriza entre Chile y Argentina donde se encuentran todas las reservas hídricas de nuestras cuencas niveles. En el caso de Vilches, legitimando el traspaso de agua de Argentina a Chile, bajo el pretexto de consumo ciudadano, pero en un contexto de otorgación por parte de la Dirección General de Aguas de más derechos de lo que la capacidad de recarga de los acuíferos pueden satisfacer, por lo tanto, se hace evidente que esa agua irá en beneficio de los megaproyectos mineros ya comprometidos: Cerro Casale (Barrick), Caserones (Lumina Cooper), Lobo Marte (Kinross), Minera Candelaria (Freeport McMoRan Copper & Gold.), Maricunga y Mantos de Oro (Kinross), el proyecto binacional Vicuña (Tenke), entre otros.

La propuesta de Muñoz, supone que los glaciares, reservas hídricas estratégicas en la zona en cuestión, quedarían a merced del mercado, pues como bien estableció la reforma de Bachelet, se consagraría el principio del agua (en todos sus estados) como bien nacional de uso público, pero sin alterar la cláusula del derecho de aprovechamiento entregado en propiedad a los privados que es uno de los factores que ha generado el actual estado de desequilibrio en los ecosistemas, y una alta concentración de los derechos de agua a manos de las grandes empresas a nivel nacional. Es decir, con la reforma que pretende reflotar Adriana Muñoz, hasta los intocables glaciares pueden constituir derechos de agua y ser factibles de explotación, los mismos glaciares que la ciudadanía de Chile y Argentina han manifestado se deben proteger y defender.

Para nosotros es claro que mientras no se cuestione el “incuestionable” modelo minero chileno, cada vez menos chileno y más desolador, el mismo que pretende más que triplicar la inversión en el sector de los últimos 20 para los 7 años que vienen (US$ 67.000 millones, Cochilco 2011), será inoficioso plantear soluciones para la escasez hídrica… el modelo minero sólo hará agua si los chilenos y chilenas emprendemos la tarea de rediseñarlo para beneficio colectivo y sin destruir el hábitat que nos sostiene.

En las próximas elecciones sería bueno que emplacemos a las y los candidatos a no centrar los debates en falsas soluciones, sino que instalar en agenda los temas de fondo que han condicionado un proyecto país que ha cuadruplicado las depresiones y cercenado el sentido colectivo.

Lucio Cuenca.

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