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Por: Milton Sánchez

Mientras las organizaciones sociales de la provincia de Cajabamaba denuncian la contaminación en sus fuentes de agua por el proyecto minero Shahuindo, la empresa anuncia ampliación de sus operaciones en esta provincia cajamarquina.

Proyecto Shahuindo

Proyecto Shahuindo (Foto Jorge Chávez)

Informes presentados en mayo del año pasado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, determinaron que el agua que consume la comunidad de Chorobamba, no es apta para el consumo humano, por la presencia de metales como aluminio, arsénico, hierro y antimonio sobre los límites máximos permisibles. Así mismo en octubre y noviembre del año pasado, este mismo organismo ambiental, encontró que las muestras de agua subterránea y del agua de la red pública, correspondía a una agua con ph ácido, además alta presencia de hierro y cloro, sobre los límites máximos permisibles. Estos últimos días, otro informe del OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) determinó la presencia de plomo, hierro, antimonio, en las fuentes naturales y quebradas. Las comunidades afectadas son San José, Chorobamba, Siguis, Shahuindo de araqueda y Liclipampa Baja, que se encuentran al entorno del proyecto minero.

Tahoe Resources es una empresa minera que cotiza en las bolsas de valores de Toronto y New York, y con oficinas en Vancouver, Canadá y Reno, Nevada, EEUU; en el Perú viene desarrollando las minas de oro La Arena en la Libertad, Shahuindo en la provincia de Cajabamba, en el departamento de Cajamarca. Esta última ha presentado ante Ministerio de Energía y Minas Declaratorias de Impacto Ambiental en las que plantea su expansión con los proyectos San Lorenzo y La Chilca; por ello el día de ayer en una nota periodística en el diario Gestión, la empresa anunció una inversión de 80 millones de dólares para ampliaciones en la mina Shahuindo. Mientras el mismo día los pobladores en Cajabamba anunciaban que han presentado documentos a las distintas instancias para lograr solución a sus reclamos por contaminación de sus fuentes de agua.

Las ampliaciones de Shahuindo demandarán grandes volúmenes de agua para su proceso de lixiviación y para el riego de las vías de acceso. La empresa tenía planeado obtener el agua de la quebrada La Arenilla, la que dejaría sin agua durante 10 meses al año, dejando discurrir agua sólo en los meses de febrero en una cantidad de 0.8 litros por segundo  y 1.69 litros por segundo en el mes de marzo. Finalmente  el Tribunal Nacional de Controversias Hídricas en este agosto último, declaró infundado el recurso de apelación que la minera presentara a la Resolución Directoral N°2271-2016-ANA-AAA.M emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Marañón en la que denegaba a la minera Shahuindo el uso del agua superficial de la quebrada La Arenilla.

Las comunidades afectadas por las operaciones de este proyecto minero, manifestaron su preocupación por la cantidad y calidad de agua en la zona, y por lo que podría generar su futuras ampliaciones. El consejero por la provincia de Cajabamba, Juan Monroy Huamán, manifestó que si las autoridades no atienden sus demandas, se generará una situación de conflicto advertida por las Rondas Campesinas, el Frente de Defensa y la MCLCP de la provincia.

(Video Tony Alvarado)

Tahoe Resources, es una empresa que también tiene operaciones en Guatemala con el proyecto minero de plata llamado El Escobal, ubicado en el municipio San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Roda, considerada por la misma empresa como el tercer proyecto minero de plata más grande del mundo. Este proyecto ha generado fuerte rechazo por parte de la población; los municipios afectados realizaron consultas comunales en la que se evidenció que más del 97% de la población no está de acuerdo con el desarrollo de este proyecto minero.

En el 2012, el gobierno de Otto Pérez Molina, que luego dimitió por los escándalos de corrupción, otorgó el permiso para operar a la empresa Tahoe. La población inició una serie de protestas a la que Pérez Molina, respondió con estado de excepción y represión a los manifestantes, acusándolos de terroristas, narcotraficantes y de oponerse al desarrollo. En este conflicto social se reportó asesinatos, ataque físicos  y criminalización a defensores y defensoras de Derechos Humanos.

El 27 de abril del 2013, por órdenes Alberto Rotondo Dall ́Orso, jefe de seguridad de la empresa, los miembros de seguridad disparan indiscriminadamente a menos de 10 metros contra pobladores que protestaban pacíficamente  frente a la minera, seis personas heridas de bala y proyectiles de goma, fueron trasladados al hospital de la capital. Rotondo, un peruano,  consultor de seguridad con formación y experiencia en operaciones mineras, seguridad física, gestión de riesgos y protección ejecutiva, estudió en la Escuela Naval de Perú con entrenamientos espaciales en guerra naval, formado en operaciones sicológicas, asuntos civiles y terrorismo en conflictos de baja intensidad por la JFK Special Warfare School-Fort Bragg, y con estudios de teoría política, relaciones internacionales y comunicaciones por la Inter American Defense College; había manifestado, según los audios revelados:

“–Maten a esos hijos de la gran puta, ordenando a Juan Pablo Oliva, asesor en comunicaciones y seguridad de la empresa. –¡Terminen con esta basura! – Malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo (…) Hay que quitar a esos animales pedazos de mierda, no podemos permitir que se establezca la gente en resistencia; otra Puya no (en referencia a otro proyecto minero detenido por la población)”

(Diario Plaza Pública).

Detención de ex militar en Lima

Alberto Rotondo Dall ́Orso, detenido en Lima (Foto El Comercio)

El ex jefe de seguridad que dirigió el ataque contra los manifestantes, fugo al Perú y  fue capturado enero del año pasado en el distrito de San Isidro en Lima, por agentes de la policía internacional.

En el año 2013, Carlos Roberto Morales, gerente general de la mina El Escobal fue enviado a prisión por la contaminación del río Los Esclavos, la principal arteria hídrica del departamento de Santa Rosa. Los informes determinaron la presencia de arsénico, plomo, aluminio y sulfatos en las fuentes de los ríos del área de influencia del proyecto minero; así mismo organizaciones ambientales denunciaron escases de agua en cuatro comunidades y sismos que han producido la aparición de grietas en la tierra, rajadura y desplome de algunas casas producto de las operaciones del proyecto minero.

 

Dejamos para más información el documental: “Minería y Corrupción el caso San Rafael las Flores

 

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La aprobación de la Ley 30640, que modifica la Ley 29338, ley de recursos hídricos, mediante el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, impulsada por el congresista Marco Arana de la bancada del Frente Amplio, ha despertado una serie de debates parcializados y débiles en torno a las cabeceras de cuenca. La alerta la dio Víctor Gobitz presidente del CEO de minera Buenaventura en la pasado Perumin; los empresarios mineros manifestaron que esta norma pondría en riesgo las inversiones mineras en el país.

Para seguir alimentando la discusión respecto a este tema existe una importante publicación respecto a la jalca cajamarquina del reconocido investigador Fidel Torres, ganador del Premio Nacional de Investigación Ambiental, otorgado por el Ministerio del Ambiente, publicó en mayo del 2014 su investigación Conocimientos tradicionales y potencialidades de la jalca, alternativas de desarrollo al modelo actual y estrategias de conservación. Lamentablemente las autoridades de turno vienen ignorando estas valiosas propuestas, permitiendo con ello el afianzamiento de la actividad minera en estas valiosas zonas.

A través de este blog, iremos entregando por secciones los importantes aportes sobre los conocimientos tradicionales y potencialidades de la jalca.

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Conocimientos tradicionales y pontecialidades de la jalca

“Alternativas de desarrollo al modelo actual y estrategias de conservación”

Muchas veces escuchamos decir que “las jalcas y los páramos son tierras eriáceas, sin oportunidades para el desarrollo de las comunidades”, también que “las cabeceras de cuenca o las lagunas altoandinas pueden ser sustituidas por reservorios para brindar agua a las comunidades”, sin embargo, este tipo de discursos son planteados por aquellos grupos de interés que buscan desvalorar al ecosistema jalca con el afán de darle un distinto al tradicional, normalmente, el extractivo. Por ejemplo, en muchas ocasiones las empresas mineras esgrimen estos discursos para alentar a las comunidades a vender sus tierras para el desarrollo de proyectos mineros.

Por otro lado existe un persistente prejuicio a cerca del estado de desnutrición en el que viven las sociedades de la jalca, por la supuesta baja ingestión de proteína animal. Se dice esto, a pesar de que son capaces de usar y conservar muchas especies vegetales, como variedades de tubérculos, como papas nativas, ocas, ollucos y mashua. Si la conservación y manejo de la biodiversidad es expresión de una agricultura de alta cultura, la afirmación de desnutrición responde a una tendencia marcadamente discriminatoria hacia estas sociedades.

Con este trabajo se pretende demostrar los mitos negativos sobre la jalca. La jalca es un territorio con alto potencial, tanto productivo como cultural, que puede brindar un gran aporte a la ciencia y a la tecnología basado en el conocimiento especializado de sus comunidades sobre los recursos que esta ofrece. Así mismo, es un laboratorio para la adaptación al cambio climático, al poseer una valiosísima variabilidad de especies y endemismos de gran importancia. También provee de servicios ambientales estratégicos para el desarrollo de las comunidades, como son el servicio de captación, acumulación y distribución del recurso hídrico.

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Para poder demostrar el valor y potencial de la jalca, se realizó un trabajo bibliográfico, pero también un trabajo de campo, visitando varias zonas de jalca del territorio cajamarquino, donde se pudo registrar información de campo, pero también el valioso conocimiento de sus moradores, a través de entrevistas y encuestas. Se visitaron las comunidades de Jamcate, Combayo, El Lirio, Trascorrales, Rejopampa, Paucamarca, Campo Alegre y Sexemayo, ubicados en las jalcas de San Marcos, Cajamarca y Celendín y se realizaron más de 60 entrevistas a distintos pobladores. La jalca representa el 12% de la superficie del departamento de Cajamarca y aporta con el 18% de la producción agropecuaria de la región, de la cual, el 80% son pastos y el 20% cultivos alimenticios. La producción de papa, trigo, olluco, cebada, oca y haba representa el 6.4% del total de productos agrícolas del departamento, de los cuales, el olluco, las ocas y la mashua son exclusivos de este ecosistema, sin embargo, se puede verificar su presencia en distinto mercados locales, distritales y regionales.

La jalca brinda servicios ambientales estratégicos debido a características ecológicas especiales, sin embargo,  determinadas acciones humanas está deteriorando estas capacidades, lo cual debe ser controlado en un nuevo enfoque para aprovechar de manera sostenible. Dos servicios ambientales fundamentales que la jalca presta a la población, directa e indirectamente, son la provisión de agua en cantidad y calidad y el almacenamiento de carbono atmosférico que ayuda a controlar el calentamiento global.

Así mismo, los pobladores de la jalca se identifican fuertemente con su territorio, ya que este representa un espacio de bienestar, asociado a oportunidades productivas por las ventajas ambientales que la jalca ofrece para la crianza de animales y cultivos.

Como escenario de especies silvestres de importante utilidad para la salud, cosmética y nutrición, la jalca representa una fuente de nuevas posibilidades económicas en base al conocimiento experto de hombres y mujeres conocedores de sus propiedades, ubicación, formas de uso, dosis y preparación. La jalca es una importante despensa de plantas de uso medicinal, insecticida, tintóreo y nutricional, lo cual se verifica en la diversidad de especies utilizadas para los fines mencionados, especialmente medicinales y que, además, abastece en más del 80% a los mercados del norte del Perú (Seminario, A. 2008). Esto hace de la jalca sociedades de conocimientos especializados.

Estos conocimientos se complementan con otros relacionados con la estructura de la alimentación y nutrición de las familias, en la que combinan especies con contenidos proteicos, vitamínicos y minerales en volúmenes suficientes para lograr una nutrición suficiente que les permite llevar una vida sana y activa. Siendo la papa el alimento principal de la dieta básica por el volumen de su ingestión de aproximadamente de 1.0 kg diarios por persona, se proveen de la energía y proteína que este volumen permite, a lo que se suma el consumo de ollucos con su importante aporte de antioxidantes, junto con la mashua por su reconocido aporte de proteína. El consumo de productos lácteos completa la cultura alimenticia de estas sociedades que se identifican con la jalca como un territorio de bienestar paisajístico, alimenticio y productivamente ventajoso frente a las partes bajas de la cuenca.

El rol e importancia de este ecosistema por sus servicios ambientales y provisión de biodiversidad para nuevas oportunidades económicas en la economía mundial, se fundamenta, por un lado; en el uso y aprovechamiento de las sociedades agrarias que lo habitan y, por otro lado, de sus conocimientos expertos sobre las propiedades de dicha biodiversidad. Sin embargo, durante las últimas cinco décadas las jalcas han comenzado a destacar también por su valor económico, pues se ha constituido en el escenario privilegiado de una abundante ganadería extensiva de vacunos  de carne y de leche, y en los últimos diez años, de la gran explotación minera. Precisamente estos dos factores constituyen hoy una de las causas de riesgo más importantes para la estabilidad de la biodiversidad de este ecosistema y la alteración de su rol en el ciclo hidrológico de la región (Rodríguez J. 1997); aspectos determinantes del destino económico de este departamento que posee la segunda economía agraria del norte país, después de La Libertad (Torres F. 2012) y que tendrá que tomar una decisión estratégica entre la prioridad que le asigne a la actividad extractiva de minerales o a la producción de alimentos.

Las ventajas comparativas y competitivas del territorio de la jalca deben representar tema fundamental en las estrategias e inversiones de los Planes de Desarrollo de Cajamarca que, utilizando la estructura normativa vigente debería posicionar la jalca con un rol protagónico en el aporte a la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de esta región, basada en los servicios ambientales estratégicos que provee y los conocimientos tradicionales especializados que se tienen de su biodiversidad endémica. Ventajas que traducidas en normas y políticas, generarán el ambiente de facilitación para las decisiones más pertinentes de su uso desde el enfoque territorial.

 

 

 

 


Maxima Acuña y su esposo. Foto: ERI
Noviembre 01, 2017, Wilmington, Delaware
EarthRights International (ERI), junto con la campesina peruana Máxima Acuña Atalaya de Chaupe y su familia, han presentado una solicitud para un orden judicial (medida cautelar) en la corte federal de Delaware contra Newmont Mining Corporation y tres de sus afiliados corporativos.
Durante más de seis años, Newmont ha liderado una campaña de hostigamiento y abuso contra la familia con la intención de expulsarlos de sus tierras y allanar el camino para una nueva mina de oro a cielo abierto en Perú, una de las más grandes de América Latina. Los Chaupes presentaron una demanda civil en septiembre ante el mismo tribunal de Delaware. Las amenazas a la familia Chaupe también han sido reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó “medidas cautelares” que requieren que el gobierno peruano las mantenga a salvo. La presente solicitud pide medidas cautelares de la corte estadounidense para que las empresas Newmont detengan el abuso.
Pero aproximadamente un mes después de que fue presentada la demanda, el personal de seguridad de la filial peruana de Newmont, Minera Yanacocha, invadió la granja de los Chaupes y destruyó sus cultivos de papa, eliminando una vez más una fuente de alimentos e ingresos para la familia. Newmont no ha mostrado señales de que detendrá el acoso.
El patrón de abusos junto con la invasión reciente ha forzado a la familia a buscar una orden judicial para detener la campaña de intimidación. La solicitud de hoy tiene como objetivo proteger a la familia, mientras que el tribunal federal considera los reclamos de la familia contra Newmont en los Estados Unidos, y los tribunales peruanos resuelven la disputa de tierras subyacente. Si el juez concede la solicitud, a Newmont y sus afiliados se les ordenarán que dejen de hostigar físicamente y psicológicamente a la familia y dejen de invadir la granja de la familia, conocida como Tragadero Grande.
Declaraciones:
“A pesar de que presentamos una demanda el mes pasado, Newmont y sus fuerzas de seguridad han seguido hostigando a Máxima Acuña de Chaupe y su familia. Hemos presentado esta solicitud para pedir al tribunal que detenga la intimidación para que la familia Chaupe pueda vivir pacíficamente y cultivar sus tierras. Newmont debe respetar su derecho a quedarse en paz y evitar que sus matones hostiguen y ataquen a esta familia”.
– Marco Simons, Asesor Legal General en ERI
“Buscamos justicia a través de la orden judicial preliminar porque queremos que la compañía respete nuestros derechos y deje de hostigarnos en Tragadero Grande y la región de Cajamarca donde el personal de la compañía nos está persiguiendo. No somos libres”.
– Ysidora Chaupe- Acuña, demandante
“Claramente, necesitamos el medias cautelares porque la compañía continúa ingresando al territorio y nos abusa psicológicamente y no es justo que continúen haciéndolo. El sistema de justicia peruano no hace nada. Nuestras vidas no son seguras, las vidas de toda nuestra familia no está seguro. Estamos arriesgándonos a que uno de los miembros de mi familia desaparezca porque todos los días estamos en peligro y no nos dejan sembrar [nuestras semillas] y tenemos que tener seguridad”.
– Jilda Chaupe- Acuña, demandante
“El caso es un símbolo de la lucha para defender mis derechos como ciudadano y prevenir futuras amenazas de compañías extranjeras”.
– Maxima Acuña de Chaupe, demandante
Contexto
Los Chaupes son agricultores de subsistencia que residen en las tierras altas rurales de Cajamarca, Perú. Cultivaron cultivos y criaron ganado en un terreno conocido como Tragadero Grande durante más de veinte años. En 2011, agentes de Newmont Mining Corporation intentaron expulsarlos de su granja por la fuerza para que Newmont pudiera expandir sus operaciones de extracción de oro. Desde entonces, la familia reclama que los agentes de Newmont han utilizado el acoso y la violencia para tratar de desalojar a los demandantes de su granja. Los Chaupes alegan que han sido atacados y amenazados físicamente, y que los agentes de Newmont han destruido sus propiedades y posesiones, y han matado o atacado a sus mascotas y ganado. Alegan que Newmont tiene el poder de poner fin a estos abusos, pero se rehusaron a hacerlo porque los Chaupes se interponen en el camino de los planes de Newmont para construir una enorme mina de oro.
La demanda federal de EE. UU. fue presentada en septiembre 2017 y la solicitud adicional presentada hoy buscan detener un patrón de acoso y abuso físico y psicológico que la familia Chaupe ha sufrido a manos del personal de seguridad que trabaja en nombre de Newmont y sus filiales corporativas. Newmont, una compañía minera de EE. UU. constituida en Delaware, es uno de los productores de oro más grandes del mundo.
El caso es Acuna-Atalaya v. Newmont Mining Corp., No. 17-cv-01315-GAM en la Corte de Distrito Federal de los EE. UU. para el Distrito de Delaware. Además de EarthRights International, los demandantes están representados por la abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans.

 Por: Juliana Bravo ValenciaMaryum Jordan, Octubre 24, 2017

Hace un par de semanas EarthRights International ERI y una abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans presentamos una demanda en los Estados Unidos contra Newmont, una de las empresas mineras más grandes del mundo. La demanda se presentó en representación de Máxima Acuña Atalaya y su familia, quienes reclaman que han sufrido ataques físicos y psicológicos por parte de la minera hace más de 6 años. La razón de la demanda es sencilla: las Corporaciones multinacionales no pueden  cometer violaciones de derechos humanos y es necesario exigir su responsabilidad y sanción.

La lucha por la defensa del territorio, la vida y la dignidad ha hecho que la historia de Máxima Acuña y su familia sea conocida en Perú y América Latina, pues sin duda ella se ha convertido en un símbolo de la defensa del territorio que resiste a un modelo extractivista que viola derechos humanos en todo el continente. La demanda alega que, desde agosto de 2011, la familia Chaupe ha enfrentado un patrón de agresiones y hostigamientos por parte de trabajadores y personas conectadas a la empresa minera Newmont Mining Corporation y la Minera Yanacocha, que es una filial indirecta de Newmont en Perú. (Por su filial, Newmont Second Capital, Newmont es el dueño de más de 50% de Minera Yanacocha.).

La fuente de los ataques contra la familia Chaupe es el interes que tienen las mineras sobre el terreno de Máxima, en el que ha vivido junto con su familia por más de 20 años. Sobre este terreno hay un interés particular para el proyecto minero Conga, y con él la explotación de oro más grande de Sur América. Así pues, la familia reclama que ante la negativa de Máxima y su familia de vender su terreno a Minera Yanacocha, estas y sus trabajadores han utilizado la fuerza y han intentado desalojarles incontables veces.

La demanda tiene dos objetivos principales, primero, frenar el hostigamiento y las agresiones contra la familia Chaupe para que evitar violaciones de derechos humanos futuros y, segundo, que la familia sea reparada por el sufrimiento físico y psicológico que ha padecido durante años, así como por el daño a sus cultivos y animales. Ambas cosas, al amparo del derecho a la justicia, y bajo la premisa de que las empresas deben respetar los derechos humanos y los Estados deben fiscalizar y regular su accionar, para proteger y garantizar la vida e integridad de todas las personas.

No es una sorpresa que la minera Yanacocha, Newmont, otras personas e instituciones, nieguen los hechos y las violaciones de derechos humanos que ha sufrido la familia y presenten manifestaciones inadecuadas en su contra y sobre los reclamos y denuncias públicas que realizan. Esa es una manera más de seguir con el hostigamiento y violencia verbal en su contra. Sin embargo, ahora serán los jueces los que van a determinen la veracidad de los hechos y la responsabilidad de la empresa. Es momento de que se haga justicia para Máxima.

Es importante señalar que las propias empresas Yanacocha y Newmont han manifestado públicamente que “la familia Chaupe ha experimentado intentos de desalojo forzado de Tragadero Grande (es decir, en contra de su voluntad)”.

En relación con la reparación solicitada en la demanda, la Corte en los Estados Unidos va a decidir si la familia tiene derecho a recibir la reparación y el monto de la misma. Como práctica jurídica en ese país, los jueces otorgan una reparación a los demandantes si sufrieron daños y si es apropiado de acuerdo al contexto del caso.

La indemnización por violaciones de derechos humanos no debe ser controversial, pues esta, conforme a las normas y estándares internacionales constituye uno de los elementos de la reparación a la que tiene derecho toda persona que sufre una violación a sus derechos. La reparación ha sido un concepto ampliamente desarrollado y reconocido por los principales Tribunales de derechos humanos.

En consideración a la práctica aceptada por las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, y por la práctica de los tribunales locales, la solicitud de una reparación es además de legítima un derecho que se reclama por vía judicial, cualquiera sea el Tribunal.

En este caso, el reclamo es ante una corte doméstica en los Estados Unidos contra una empresa multinacional y ante esta instancia no hay ninguna justificación para obviar el derecho que tiene la familia al pago de una reparación justa e integral. A las empresas también se les debe obligar a pagar reparaciones por los daños y las violaciones de derechos humanos de los que se les encuentre responsables. La familia cree que la demanda presentada en los Estados Unidos es la única oportunidad de la familia para obtener justicia ante las violaciones cometidas por Newmont y Minera Yanacocha, y la posibilidad de generar precedentes sobre la responsabilidad que tienen las empresas de la industria extractiva por actuar de manera arbitraria y violenta contra las campesinas y campesinos de nuestro continente.


Lagunas de Alto Perú

Lagunas de Alto Perú (Foto Wilder Sánchez)

En las últimas semanas hemos sido testigos del inicio de una campaña intensa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en contra de la protección de cabeceras de cuenca. Esta campaña tuvo un espacio importante en el último Perumin de Arequipa1 – con el pretexto de la promulgación de la Ley N° 30640, que modificó el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos.

Lo que no se ha dicho con claridad en el debate es que la posibilidad de declaración de intangibilidad de “las cabeceras de cuenca de donde se originan las aguas” se encontraba ya establecida en la Ley de Recursos Hídricos, desde el año 2009. Sobre ello, la ley 30640 solo ha realizado una precisión: que la protección establecida es para aquellas cabeceras en donde se originan “los cursos de agua de una red hidrográfica”.

Como, hasta la fecha, ninguna cabecera de cuenca de estas características ha sido protegida -debido a una falta de voluntad política de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para implementar la ley de Recursos Hídricos- la Ley N° 30640 le pone a este organismo especializado el plazo de un año para que elabore un marco metodológico que permita determinar los criterios técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca susceptibles de protección. Lo único novedoso que hace esta Ley es darle un pequeño empujoncito a la ANA para que comience a implementar la Ley de Recursos Hídricos, algo que debió hacer por iniciativa propia desde que la misma entró en vigencia, ocho años atrás. Utilizando como pretexto esta tímida disposición, la SNMPE y sus voceros ponen en el debate público la eliminación de la protección de las cabeceras de cuenca por considerarla un límite para la inversión minera. En función de ello, relativizan su importancia, cuestionando incluso su existencia como término al señalar sarcásticamente que es parte del léxico poético y no académico.

Una primera cosa que debemos señalar es que las cabeceras de cuenca no solo existen, sino que son parte de numerosos estudios científicos. Al respecto, basta realizar una búsqueda sencilla en la revista internacional especializada en agua Water Resources Research de la American Geophysical Union, para comprobar que existen 13092 investigaciones científicas que mencionan y tratan el tema. Lo que no existe, como bien lo señala Axel Dourojeanni, es una definición única de ellas. Para este experto, “La cabecera de cuenca hace referencia en particular a las partes más altas de las cuencas que reciben agua por neblina, lluvia, nieve, granizo y que además tienen el potencial de retener y acumular agua en forma de glaciares, nieve, humedales (bofedales) y agua subterránea”3 .

Pero el debate va mucho más allá de las cabeceras de cuenca. Lo que cuestiona la SNMPE es la necesidad de la protección de zonas de importancia hídrica, por ello su discurso no apunta a utilizar términos más precisos, sino a tan solo eliminar esta referencia. El debate planteado, por tanto, es si se debe o no proteger las zonas con ecosistemas esenciales para la provisión de agua para la población, sus actividades productivas y para nuestra diversidad biológica.

En ese debate, se debe considerar que, según el Banco Mundial (World Development Report, 2010), del 100% del agua existente en el planeta, solo el 2.5% es agua dulce. El 68.7% de ella se encuentra en los glaciares, el 30.1% son aguas subterráneas, el 0.8% está en el permafrost y solo el 0.4% se encuentra en la superficie y en la atmósfera. De este 0.4%, el 67.4% se encuentra en lagos, el 12.2% en la humedad del suelo, 9.5% en la atmósfera, el 8.5% en los humedales, pantanos y bofedales, el 1.6% en los ríos y el 0.8% en la vegetación. La conclusión del análisis de estos datos es que el agua dulce es un recurso natural escaso que está distribuido inequitativamente en la superficie terrestre. Como bien lo señala la revista británica The Economist, el agua es un recurso “finito, vital, muy requerido, poco entendido e ingobernable”4.

Como sabemos, el territorio peruano está dividido en tres grandes sistemas hidrográficos o vertientes: la vertiente del Atlántico (Amazonas), que aporta en promedio el 97.2% del agua dulce disponible del país; la vertiente del Pacífico, que aporta el 2.2%; y la vertiente del Titicaca que aporta 0.6% del volumen total de agua dulce. Como señala la FAO, “existe una gran variabilidad y discontinuidad del recurso agua a través del tiempo en el territorio nacional, lo que resulta en una vertiente de escasos recursos hídricos (Pacífico) y otra de abundantes recursos (Atlántico)”.

El desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de agua dulce tiende a agravarse con la amenaza que representa el cambio climático, al estar el Perú entre los 10 países con más riesgo al cambio climático (Tyndall Center, 2003)5.

Teniendo poca disponibilidad de agua dulce en la vertiente del Pacífico, y ante futuros escenarios de escasez, constituye una necesidad la protección de zonas de captación, almacenamiento, regulación y recarga hídrica. Muchas de ellas se ubican en cabeceras de cuenca. Un ejemplo claro de ello son los páramos, ecosistemas ubicados en la zona andina del departamento de Piura y Cajamarca que según diversos estudios sostienen biodiversidad y procesos biológicos, almacenan carbón y proveen de agua superficial. Además, están identificados como uno de los ecosistemas terrestres más vulnerables al cambio ambiental global6. Si bien estos ecosistemas se ubican en cabecera de cuenca, existen otras zonas de captación, almacenamiento, regulación y recarga hídrica en las cuencas medias y bajas.

Por ello, compartimos la opinión de Axel Dourojeanni7 cuando señala: “El término cabecera de cuenca aplicado universalmente confunde. Bastaría con referirse a cada zona que se debería proteger como glaciares, humedales o bofedales, lagunas etc.”. Es decir, se debería proteger o conservar las zonas de provisión y regulación hídrica sin importar el lugar que ocupan en la cuenca.

La norma se podría modificar para usar términos que se refieran a la diversidad de ecosistemas y lugares de importancia hídrica, para comprender a aquellos que pueden ser vitales y que actualmente carecen de protección.

Es más, en lo que respecta a protección de cabeceras de cuenca la Ley N° 30640 solo comprende a aquellas donde se originan cursos de agua de una red hidrográfica, más no a las que dan lugar a afloramientos de agua subterránea (manantiales y ojos de agua), como es el caso de la cabecera de cuenca de Alto Perú, en Cajamarca, que está amenazada por la minería. ¿Esas caberas de cuenca deben protegerse o no?

En conclusión, tras el cuestionamiento de las cabeceras de cuenca, lo que la SNMPE pretende es dejar de lado la protección de zonas de importancia hídrica. Esta pretensión nos parece inaceptable. Más aún en escenarios de escasez. Garantizar la disponibilidad hídrica pasa por proteger y conservar. Otras opciones que son o pueden ser complementarias son: el uso eficiente de los recursos hídricos, la siembra y cosecha de agua, los trasvases, el acumulamiento artificial, etc. Algunas de estas opciones tienen mayor impacto que otras, son más costosas y requieren de un mantenimiento permanente, por lo que su pertinencia debe ser evaluada. La pregunta está planteada y requiere de un posicionamiento de la sociedad: ¿Debemos dejar que las zonas que nos proveen de agua sean (o sigan siendo) intervenidas por los seres humanos deteriorándolas o destruyéndolas, o hacemos algo para conservarlas? ¿Cuál es tu opinión?

Publicado en: cooperaccion.org.pe

(1) De Echave, J. (06/10/2017). “¡Nos gobierna la izquierda!”, Hildebrandt en sus Trece. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-en-los-medios/773-06-10-2017-hildebrandt-en-sus-trece-la-izquierda-nos-gobierna-jose-de-echave.

(2) Water Resources Research, disponible en http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)1944-7973/

(3) Dourojeanni, A. (06/10/2017). ¿Qué son “cuencas de cabecera” o “cabeceras de cuenca”?. SPDA Actualidad Ambiental. Recuperado de http://www.actualidadambiental.pe/?p=46650.

(4) Grimond, J. (20/05/2010). For want of a drink, The Economist. Recuperado de http://www.economist.com/node/16136302?fsrc=scn/tw/te/bl/ed

(5) Country level risk measures of climate-relatednatural disasters and implications for adaptationto climate change. Nick Brooks and W. Neil Adger, Tyndall Center, 2003. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/228647518_Country_Level_Risk_Measures_of_Climate-Related_Natural_Disasters_and_Implications_for_Adaptation_to_Climate_Change

(6) Buytaert, W., Cuesta-Camacho, F. and Tobón, C. (2011), Potential impacts of climate change on the environmental services of humid tropical alpine regions. Global Ecology and Biogeography, 20: 19–33. doi:10.1111/j.1466-8238.2010.00585.x

(7) Dourojeanni, A. (06/10/2017). Ya citado.


 Esta mañana un nuevo acto abusivo de la Minera Yanacocha contra la familia Pajarez, así informaron en las redes sociales:

Jorge Pereyra

En estos momentos se está llevando a cabo en Huacataz una violenta agresión de la policía privada de Yanacocha, y de algunos matones contratados por la minera, en contra de varios miembros de la familia cajamarquina Pajares.

Varios de los Pajares han sido heridos con perdigones y están siendo bajados a Cajamarca en ambulancias para recibir atención médica.

La familia Pajares se halla en sus terrenos, según consta en sus escrituras, usurpados por esta transnacional minera, cuyos guachimanes armados les han confiscado incluso sus teléfonos celulares para que no graben los abusos de la minera usurpadora.

Solicitamos a los hombres de prensa, que no están comprados por la mina, a subir a Huacataz y denunciar este bárbaro comportamiento de la minera.

Mirtha Vásquez

Circula esta información sobre un nuevo “desalojo” o “defensa posesoria” contra la Familia Pajares por parte de Yanacocha.
Esta familia, muy conocida en Cajamarca debido a que han sido propietarios de varios fundos y haciendas, están en un conflicto con esta empresa hace ya varios años, pues esta última está ocupando varias de las propiedades de dicha familia, e incluso pretende expandirse en las mismas.
De lado de Yanacocha, como siempre, se sostienen que ellos son los actuales propietarios de los terrenos y que por tanto les asiste el derecho a defender estas tierras; de parte de los Pajares, argumentan lo contrario, que ellos siguen manteniendo la propiedad (de hecho tienen sus escrituras incluso públicas) y que es Yanacocha la que de manera abusiva intenta despojarlos (llega con la policía y sus miembros de seguridad, les destruye la casa, los violenta, les lleva los enseres, etc).
Les suena conocido?. Claro. La diferencia solo es un apellido, “Chaupe” por “Pajares”; la historia, con sus matices, es la misma. Hasta cuándo Yanacocha!


Jueves, 11 de mayo de 2017.

Afirmó que la paralización de este proyecto minero le costó a minera Yanacocha mil 700 millones de dólares.

Fuente: Internet

Convencido de sus palabras y de la realidad, Raúl Benavides Ganoza, alto directivo de minera Yanacocha y Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Buenaventura, afirmó que el proyecto minero está muerto y al menos por el momento las condiciones económicas y sociales no favorecer llevar adelante este proyecto.

Tras señalar que no hay nada concreto sobre la posibilidad de una reformulación del proyecto para su puesta en marcha, Raúl Benavides afirmó: “Para efecto prácticos el proyecto conga está muerto”.

Raúl Benavides hizo estas declaraciones luego de su participación en la juramentación de 70 representantes graduados del proyecto Creación y Fortalecimiento de Uniones de Crédito y Ahorro, UNICA, impulsado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, La Corporación Financiera de Desarrollo y gobiernos locales.

Estimó sin embargo que el proyecto minero conga podría ser reformulado, es decir de hacerlo de una forma distinta, buscando aspectos más convenientes que generen un menor impacto ambiental o poner sus instalaciones en otro sitio, para acto seguido agregar que si bien es cierto éstas son posibilidades, por el momento no hay nada concreto

Aun cuando no los reconoció directamente, el alto funcionario de Minera Yanacocha señaló que si existieron errores, éstos ya se reconocieron, la paralización de conga le costó a la empresa mil 700 millones de dólares, lo cual significa un costo muy alto.

Al ser consultado respecto a la opinión del Ministro de Economía de que en 18 en meses podrían reactivarse proyectos mineros en Ica, Moquegua y Cajamarca, consideró que son apreciaciones muy optimistas que ojalá se hagan realidad.

En relación a minera La Zanja dijo que se está llegando al agotamiento de las reservas y éstas solo se tienen hasta finales del 2018. De allí en adelante veremos que se hace, indicó.

Fuente: Panorama Cajamarquino –  https://panoramacajamarquino.com/index.php/2017/05/11/raul-benavides-el-proyecto-conga-esta-muerto/


Contradicciones entre los testigos y debilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía resultaron en una sentencia favorable a los líderes acusados de secuestro agravado, coacción y ultraje a los símbolos patrios, luego de cuatro años de proceso judicial. Sin embargo, algunos siguen involucrados en denuncias presentadas por la minera Yanacocha.Por Mallu Muñiz*

17 de marzo, 2017.- Marle Livaque Tacilla, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Celendín (SUTEP), prende una vela, saca de su bolsillo un poquito de hoja de coca, caña y la emblemática bandera de la Provincia de Celendín. “Esta bandera es importante para nosotros, está manchada con la sangre de uno de nuestros compañeros que murieron en la lucha por el agua y contra la minería” – dijo Livaque en la oficina de Grufides, después de la sentencia favorable a los 16 de Celendín.

 

Livaque hace un pequeño homenaje a sus compañeros muertos durante conflicto en contra de proyectos mineros en Celendín

En la misma sala, Mirtha Vázquez, abogada de defensa, contesta cada rato a su celular: “Sí absolvieron los dieciséis”, confirma ella repetidas veces. Algunos de los acusados recién absueltos llaman incrédulos a la abogada. No sin razón. A la salida del Tribunal, en Cajamarca, la fuerza policial fue llamada para contener cualquier protesta contraria a una eventual sentencia desfavorable. La Fiscalía pedía penas privativas de libertad de más 30 años por los supuestos crímenes.

Mirtha Vázques la abogada de los 16 de Celendín

“Por fin nuestros líderes sociales pueden dormir tranquilos después de muchos años. Por fin se reafirma la lucha, porque muchas veces estas cosas son un desincentivo para la gente que se ve desmoralizada” – dijo la abogada, que lleva más de diez años defendiendo líderes involucrados en conflictos contra proyectos mineros en la región. “Yo creo que esto sirve mucho para fortalecer nuestras luchas, para fortalecer los liderazgos tan valiosos de esta gente y para reafirmar que vamos defender nuestros derechos mientras nos sea posible” – subrayó Vázquez.

A lado de la abogada Mirtha Vázques Livaque representa los líderes inocentados, los cuales, en su mayoría, no estuvierón presentes en la audiencia final

En una larga exposición sobre las inconsistencias de la tesis defendida por la Fiscalía, la abogada descalificó las supuestas evidencias de los crímenes. Los jueces acogieron uno a uno los argumentos de la defensa, quien ha enfatizado las contradicciones entre los hechos narrados por los testigos, así como debilidades en las demás pruebas presentadas. “El Ministerio Publico no ha cumplido con su función constitucional, que es aportar con pruebas que puedan sustentar la condena en contra de los acusados” – afirmó el juez Germán Merino Vigo, del Colegiado Supra Provincial de Cajamarca, también formado por los jueces Daniel Holguín y Mario Abanto.

Elsa Bolaños inocentada de las acusaciones
Desde Celendín, Milton Sánchez, uno de los dieciséis líderes recién absueltos, ha enfatizado que algunos de ellos fueron citados a otras audiencias y se encuentran todavía denunciados por la empresa minera Yanacocha: “No ha terminado la persecución, ya nos están citando para otras audiencias” – dijo el miembro de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), organización que se ha creado “para defender el agua amenazado por el proyecto minero Conga”.
Según Sánchez, la entidad sigue trabajando en la defensa de los territorios y vienen desarrollando escuelas de formación para los ronderos y ronderas. Este fin de semana van realizar más una jornada de la Escuela Hugo Blanco, homenajeando a Máxima Acuña. Por su resistencia frente a la empresa minera que intenta expandir su actividad, la campesina se ha convertido en ícono de la lucha por el Agua y en contra de la minería en la región norte de Perú. “La edición anterior se ha llamado Hitler Rojas, en memoria a nuestro compañero asesinado por defender el Marañón” –recordó Sánchez.

*Mallu Muniz es comunicadora social y PhD en Sociología.


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Mujeres ronderas resisten a la minería y a la criminalización en defensa del agua y sus territorios

Reportaje especial #8M

Por Mallu Muniz* (texto y fotos)

8 de marzo, 2017.- Maritza Emperatriz Bolaños Ayala entra a la sala de audiencias. La campesina y rondera camina con dificultad. “Tengo tres hernias en la columna. Se me hace un poco difícil porque vivo en el Anexo de la Ramada y para ir a trabajar al mercado tengo que madrugar” – lamenta la vendedora. Estamos frente a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y, a pesar de un lindo sol, el clima es supone una preocupación. Una vez más, Maritza ha dejado su casa, en el Distrito de Sorochuco, Celendín, para presentarse cuatro horas después, puntualmente, al juicio oral, conducido por un nuevo cuerpo de magistrados. Este cambio inesperado ha generado dudas entre los acusados, quienes decidieron en su mayoría ejercer el derecho a “guardar silencio”. Además, según Maritza, las constantes amenazas a su vida, la llevaron a silenciar su celular, el cual mantiene indefinidamente desconectado.

La vendedora de comida, es una de las dieciséis lideresas y líderes comunitarios, acusados por el exgobernador Distrital Luis Castañeda Pisco y por Pedro Zamora Rojas, ex gobernador de la provincia de Celendín, por su supuesto secuestro agravado, coacción y ultraje a los símbolos patrios, crímenes que podrían llevar a penas de hasta 36 años de prisión a varios de los acusados.

Mientras el Fiscal recuerda las acusaciones que constan en autos, la rondera se mueve en su silla, sostiene la cabeza con el brazo izquierdo, demuestra contrariedad e impaciencia.

Según la versión presentada por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, no hubo el llamado “ultraje”. Más bien, “los manifestantes retiraron el escudo del Perú del local de la gobernación para preservarlo simbólicamente de la corrupción”.

Los integrantes de la Comunidad Campesina de Sorochuco exigían, en el momento del incidente, la destitución de Castañeda por “su cercanía con la minera Yanacocha”.  Formada por un consorcio con participación de la empresa estadounidense Newmont, el Banco Mundial y la empresa peruana Buenaventura, asimismo, Yanacocha ha estado vinculada por varios años a la brasileña Odrebretcht. A su vez, la constructora es responsable por obras de infraestructura minera en Cajamarca, beneficiaria de mega proyectos hidroeléctricos en el Río Marañón, además de todo ello, se encuentra ubicada en el centro de un huracán de denuncias de corrupción que involucra a gobiernos de diversos países en Latinoamérica.

En el mismo día de la audiencia, el pasado lunes, un conjunto de organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos ha publicado una carta, como acto de solidaridad con los acusados, en la cual se identifica el proceso jurídico en curso como “consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha”“Este problema ocurre por el Proyecto Conga, porque nosotros somos defensoras, somos guardianas de la laguna, la laguna del Perol. Vivimos bajo la cabecera de cuenca, estamos a dos horas del proyecto Conga, entonces nosotras luchamos por defender los elementos hídricos, el agua, que es fundamental” – resaltó Maritza al salir de la audiencia.

“Tengo siete hijos, soy madre soltera, yo soy padre y madre para mis hijos” – afirma, reproduciendo el estigma social impuesto a las mujeres que no cuentan con la participación del esposo en la educación de sus hijos. Para ellos, Marizta espera transmitir un ejemplo de lucha: “Que tengan un buen recuerdo de mí, que he estado en las defensas del agua, y que sigan defendiendo lo que es nuestro” – dijo, antes de entrar a la oficina de la ONG GRUFIDES, donde le esperaban sus compañeros y abogados para evaluar la audiencia recién finalizada. Su apariencia frágil, oculta la determinación de quien ha pasado quince días apartada en un campamento “en la altura, donde las papas queman, rodeada por los policías de la DINOES [División de Operaciones Especiales]” – recuerda ella, refiriéndose a los enfrentamientos más intensos ocurridos entre fines de 2011 y 2013. “También tengo perdigones en la pierna, también tengo eso… Pero yo voy seguir defendiendo a pesar de estar enferma”


Maritza (izquierda) y María Bilda: ronderas en defensa del Agua durante juicio oral.

“La minería es destrucción y nos va matando cada día”

Terminada la audiencia, la emoción casi se desborda por los ojos de Andrea Rodríguez Chávez cuando se refiere a la opinión de sus hijos frente a su acción en defensa del agua: “Se sienten muy orgullosos de su madre, porque es una madre luchadora”. Andrea tiene 4 hijos. “Es mucho problema para nosotros trasladarnos a este sitio [en Cajamarca], porque como ama de casa uno tiene que hacer cualquier cosa para buscar el medio de cada día y estamos en estos problemas solamente por una calumnia” – afirma la rondera. “Dicen Justicia, pero nunca hay. La mujer en especial es maltratada de muchas maneras, entonces reclamamos eso, defendiendo nuestras aguas. El agua es lo esencial para nosotras, la fuente de vida.” – se desahoga la ama de casa al salir de la audiencia.

María Bilda Silva Rodríguez, “padre y madre” de siete hijos, también atribuye a ellos la razón de su lucha. “Yo pienso dejar lo principal, que es el agua, porque yo estoy mayor y los que van a sufrir son los que se quedan, ¿no? Y por ellos lucharemos, hasta adonde Dios diga” – afirma.

Si bien, la lucha aún no termina, la suspensión del Proyecto Conga fue una victoria y ha convertido la resistencia de las ronderas y los ronderos en un ejemplo internacionalmente reconocido. Cuestionada sobre la relación entre minería y desarrollo, Sandra es categórica al afirmar: “Con esto nos engañan, pero la minería es destrucción y nos va matando cada día. ¿Qué hace uno cuando tienen plata si ya no servimos para nada? Tenemos plomo en nuestra sangre, ya no podemos tomar el agua, nuestros animales se morirán. Yo no veo desarrollo”.  Sus palabras anuncian una realidad de desplazamientos, contaminación y enfermedades que Elita Yopla Herrera, 23 años, conoce de cerca.

Entrevista

Elita Yopla Herrera vivió en Sán Andrés de Negritos y luego se fue al Centro Poblado Tual, comunidades de Cajamarcaafectadas por actividad minera desarrollada por la empresa Yanacocha durante la década del 90. Las memorias de la primera infancia todavía emocionan y han dejado marcas. Los fuertes dolores de estómago, el sueño en exceso, la debilidad de sus dientes y de su pelo, fueron en conjunto indicios para llegar al diagnóstico. Elita vivió gran parte de su vida con la silenciosa presencia de metales pesados en su cuerpo.

La semana anterior a la entrevista, Elita había sido golpeada en la calle por un hombre que la insultaba, amenazando también a su esposo, el periodista Cesar Estrada, uno de los beneficiarios por la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien acompaña los casos de violación de derechos en la región. “Así somos perseguidas solamente por informar, por hacer entender que la minera trae contaminación” – dijo ella, enseñando la mano herida hace algunos días.

A pesar de que el formato de su sombrero – un aderezo muy particular de la región norte del Perú – la distingue de las campesinas de Celendín, Elita comparte con Maritza, Andrea y María la triste experiencia que es vivir amedrentada por constantes amenazas.

Aun así, son mujeres, madres y ronderas que siguen luchando por el Agua, por sus territorios y por sus vidas.

Cuando llegaron “unos señores desconocidos”…

“Yo cuando era niñita vivíamos ahí todas las personas que nos conocíamos, no más. Y luego llegaron unos señores desconocidos, medían y plantaban unas bolsas blancas, haciendo un cuadrito, empezaban por un cerro al otro cerro, así más o menos. En línea recta, en línea recta. ¿A cuántos metros? No más de cinco metros, calculo yo. Hacián un cuadrito y ponían bolsitas blancas.”

¿Estaban marcando el territorio?

“Claro. Y luego mi mamá y mis abuelitos se pusieron a llorar y dijeron vamos… [Palabras incomprensibles, entre lágrimas]”

¿Te duele acordarte que tuviste que salir de allá?

“Sí, porque vinieron a trabajar con sus máquinas. Y nos sacaron de allí, a buenas o a malas. Teníamos que salir para que trabajaran ellos [de la empresa Yanacocha].”

¿Y les dieron algo, alguna plata por sus tierras?

“Si, mi abuelito recibió para comprar su terreno acá. Pero no queríamos salir, porque allá era más… [tierra]. Todo lo que se ve aquí poquito, allá era más de cada persona, de una sola persona, eran bastante hectáreas. Aquí vemos poquito para una sola persona, allá era más harto”.

El peso de los metales pesados

“Yo tenía fuerte dolor de estómago. Tenía bastante dolor. Todo alimento que ponía en la boca ya empezaba el dolor. Fuertísimo, insoportable. (…) En una máquina identificaron que tengo metales pesados – plomo, mercurio, arsénico… – son cinco. Yo viví cinco años en San Andrés de Negritos, desde que yo nací, cuando Yanacocha ha llegado en 1993. A los quince días de nacida fui llevada a este lugar. (…) Tengo mucho sueño y el Doctor me dijo que es por los mismos metales pesados, dijo algo que la sangre no circula normal. Y mi pelo yo tenía bastante, ahora se ve poquito, se ha caído bastante. Y mis dedos dolían feísimo, eran morados como si fuera sangre oscuro…”

Una mentira sembrada…

“Esto han sembrado así, pero esto es mentira, la minería no trae desarrollo, trae destrucción de la vida, nos trae bastantes enfermedades. Cuando estaba el trabajo en Yanacocha era bastante prostitución, bastantes problemas ha habido acá con los trabajadores, tomaban en las cantinas, se iban a pelear con sus familias… Algunos ya no siguen trabajando, algunos les han botado. Y este río que usted ve, este ha sido bastante agua, ahora parece como si fuera una sequía, pequeño. Este es el agua de cinco ríos que se juntan aquí, es poquísimo esta agua. A los ojos [fuentes] los han explotado para que saquen los minerales, ya no sale el agua, lo han secado. Ya no hay agua que baje. Más antes yo era niña y me acordaba que bajaba harta agua. Mi abuelo me dijo que pasaba el agua de cuatro, cinco ríos. Y purita.”

“Nos ponen en conflictos acá, señorita”

“La misma Yanacocha da trabajo a unos y a otros nos quita la vida, nos ponen en conflicto, señorita [entre lágrimas].  Estos mineros que se vayan, que aquí ya no sigan trabajando. Tengo mis primos algunos que trabajan arriba, con maquinaria pesada, esto también hay. El esposo de mi prima por andar trabajando allá seguro ya está contaminado. Él trabajaba en Yanacocha y dijo que tenía bastante dolor de estómago también. Sí los que vivimos ahí estamos así, imagina los que trabajan ahí.”

“¡Es por el aire, el aire lo trae!”

“…Ellos [de la empresa Yanacocha] lo hacen a tajo abierto y quizás el aire mismo nos trae la contaminación. Ellos dicen ‘no contaminamos porque no estamos cerca sus domicilios’. Pero no es necesario que estén cerca nuestros domicilios, el aire lo trae. Cuando respiramos, respiramos eso. Antes que tenga mi hija, hace siete años, yo cuando olía sentía como rocoto, como el ají que comemos. Yo era menor de edad que ahora y seguramente ahí estaban ingresando [los minerales], ¿cómo más va a ser? Porque yo sentía que en mi nariz se hacían heriditas, y yo misma me pregunto, “¿cómo se hacía heridas adentro? Es por el aire, es por el aire!”

¿Qué es ser rondera?

Rondamos nuestra jurisdicción, nuestro territorio que nos pertenece, lo cuidamos. Sí hay conflictos familiares los hacemos arreglar, así funciona la ronda. (…) Tenemos entendido que nosotros como ronderos también tenemos derecho a ejercer Justicia dentro de nuestro territorio, y esto me hace sentirme orgullosa, sin ser policía, sin ser una autoridad. Por el hecho de ser rondera yo puedo ejercer la Justicia en mi territorio, con mis compañeras, con mis compañeros. Puedo dar mis opiniones libremente sin tener que pedir permiso a la Justicia, o pedir permiso a un juez o algún policía. Damos opiniones libremente.


*Mallu Muniz es comunicadora social y PhD en Sociología.


Fuente: PIC

Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y del medioambiente, son víctimas de la percusión judicial en el Perú.

Hoy 6 de marzo se dará inicio al juicio oral en contra de dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al Proyecto Minero Conga después de que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca, presentó acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión a varios de ellos.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), sub-organismo del Banco Mundial para el sector privado. Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur—han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. Con el Proyecto Conga pretenden depositar 96,000 toneladas de relaves mineros tóxicos al día, en lugares ecológicamente sensibles como las cabeceras de cuenca que constituye su principal fuente generadora de recursos hídricos en esta zona. Debido a la oposición a este proyecto, en julio del 2012, se generó una represión de fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército contra manifestantes de las ciudades de Celendín y Bambamarca, dejando cinco muertos, entre ellos un joven de 16 años, además de heridos y cientos de procesados.

Estas denuncias y procesos penales, desde nuestras perspectivas podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas, pues no solo los cargos son absolutamente alejados de las conductas de los líderes sociales, sino las penas son equivalentes o más graves a las que se pediría para delincuentes de alta peligrosidad en este país.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentra Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse. Contra esta acción hoy se encuentra en curso un recurso de nulidad.

Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del

derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por lo tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el Poder Judicial, que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos AIETI

Broederlijk Delen

CooperAcción

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Perú

Demus

Diakonia

EarthRights International (ERI)

EntrePueblos Perú

Fórum Solidaridad Perú (FSP)

Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz FEEPAZ

GRUFIDES

Instituto de Defensa Legal y Ambiental y Desarrollo Sostenible de Perú (IDLADS)

Instituto de Defensa Legal IDL

Koepel Van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11

La Pastoral Social del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier – Jaén

Observatorio de conflictos mineros de America Latina OCMAL

Paz y Esperanza

Programa Democracia y Transformacion Global (PDGT)

Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN

Red Muqui


Por: Mirtha Vásquez

Si al país le escandaliza que una empresa como Odebrecht haya llegado a ser beneficiada con tantos millonarios megaproyectos en el Perú solo por corrupción, a la gente que vive en estos lugares donde se ejecutaban o se tenía previsto hacer los mismos, los indigna profundamente.

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Pobladores de Celendín, amenazados por hidroeléctricas en el Río Marañón concesionadas a Odebrecht 

Así, con una frase los campesinos y pobladores de las comunidades en Cajamarca han resumido el escandaloso caso de corrupción de la empresa Odebrecht.

Desde hace años la gente afectada por los megaproyectos mineros, energéticos y viales, cuestiona la imposición de los mismos dados sus altos costos territoriales, ambientales y sociales. El discurso de cada gobierno ha sido prácticamente el mismo: Desarrollo y crecimiento para el país. La población por supuesto nunca se ha creído este discurso, más bien siempre ha sospechado de los intereses empresariales y corrupción detrás de ellos; sin embargo, la magnitud y las conexiones en las que se sostenía, apenas se empiezan a descubrir ahora.

Si al país le escandaliza que una empresa como Odebrecht haya llegado a ser beneficiada con tantos millonarios megaproyectos en el Perú solo por corrupción, a la gente que vive en estos lugares donde se ejecutaban o se tenía previsto hacer los mismos, los indigna profundamente.

En Cajamarca apenas se empieza a atar cabos. Se sabía de la empresa Odebrecht y sus millonarios contratos con su principal socia en la región, Minera Yanacocha, a quien le ha hecho múltiples trabajos de infraestructura minera desde el año 1996. Le construyó obras en cada una de sus minas, accesos, y se había hecho de la construcción de la primera etapa del proyecto minero Conga por más de 500 millones de dólares. Simultáneamente a este último encargo, en junio del 2010 el ex Presidente Alan García firmaba el acuerdo hidroenergético Perú-Brasil, con el que se autorizaba el represamiento de varios ríos. Incluso emitió antes de irse del gobierno el Decreto Supremo 020-2011-EM, que declara de interés nacional y social la construcción de 20 centrales hidroeléctricas en el río Marañón.

Por supuesto la población se preguntaba por las razones de este acuerdo, los objetivos del mismos, ¿sería acaso que estos represamientos y las hidroeléctricas resolverían el problema de los miles de pueblos que aún carecen de electricidad? porque el costo iba a ser alto, poblaciones desplazadas, actividades económicas tradicionales eliminadas, pueblos inundados, pérdida de recursos ambientales valiosos, y finalmente la muerte del río.

Pronto se fueron absolviendo tímida y solapadamente estas interrogantes. La energía no era para resolver las carencias energéticas del país, era para exportarla al Brasil; la energía no era para los pueblos, era para proveer mega proyectos como Conga y otros que se encuentran en el norte del país. El sucesor de Alan García, Humala, lo confesó abiertamente en la 39va. Convención Minera Perumin.

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Los nexos se empezaban a notar, los intereses empresariales salían a la luz, los beneficios mutuos y trueques de los grandes socios (Odebrecht- Yanacocha) se evidenciaban ¿Era por el desarrollo del país que a estas transnacionales querían construir estos proyectos?

Así como descubrimos que, los famosos proyectos de la IIRSA que promovían una supuesta integración vial, no partieron de una necesidad del Estado sino de una propuesta de Odebrecht, hoy tenemos más claro que las hidroeléctricas o proyectos mineros como Conga también partieron de este interés particular de empresas hoy altamente cuestionadas.

El costo, social y ambiental de la imposición de estos proyectos no importaba, la gente puede ser desplazada, puede quedarse sin tierra, sin agua, los ríos pueden ser destruidos, las fuentes de agua desaparecidas. Y todo, absolutamente todo, por la corrupción.

Ver también:

Levantan monumento a Hitler Rojas guardián del Río Marañón Asesinado

Una visita a Máxima

Publicado: 18 enero, 2017 en NOTICIAS

Máxima Acuña y Mirtha Vásquez

“Es sábado 13 de enero y Máxima Acuña me pide ir hasta su casa en Tragadero Grande. Hace días le llegaron unas cartas de la empresa minera y como no sabe leer necesita consultarme lo que hay en esas comunicaciones. Quisiera venir a Cajamarca pero ha estado trabajando estos días en Sorochuco (un pueblo cercano a su predio) y no puede dejar más días sola su pequeña casita y su terreno en disputa, porque siempre hay la posibilidad de que ingresen los mineros y le destruyan lo que tiene.

CÓMO LLEGAR HASTA LA CASA DE MÁXIMA?

Hay dos maneras de llegar a Tragadero, la primera es la carretera de Combayo a Santa Rosa, por la que se llega directo a la casa de Máxima en dos horas, pero esta vía se encuentra tomada por la empresa Yanacocha quien aduce que es de su propiedad y por ello ha colocado tranqueras por varios puntos para controlar quien pasa y quien no. La segunda es una trocha bastante insegura, larga, que pasa por varios distritos y caseríos y toma casi seis horas y media llegar a la entrada a Santa Rosa. Allí también la empresa tiene otra tranquera, sin embargo la ventaja es que aún cuando en ese punto no te dejen pasar en la movilidad, existe la alternativa de caminar por el cerro hasta la casa de Máxima.

La espesa neblina no deja ver con claridad el sendero

Casi siempre decidimos ir por el segundo camino, el primero está prohibido para cualquier persona que se sepa que va a ver a Máxima, mucha gente amiga, familiares, incluso autoridades al ser detectadas de que van a visitar a los Chaupe son impedidas de pasar, el argumento es el mismo siempre “están en propiedad privada y necesitan autorización previa de la empresa”. La propia familia tiene restringido el transito por esa vía, y muchas veces les impiden el paso, con lo cual tienen que caminar por la montaña varias horas para llegar a su domicilio. Por ello este último sábado decidí ir al lugar por la segunda vía.

EL TRAYECTO Y LA LLEGADA A TRAGADERO

Es época de lluvias y la carretera está llena de lodo, huecos, hay deslizamientos en varios tramos, y rocas grandes han caído impidiendo el paso regular, la espesa neblina no deja ver con claridad el sendero y los abismos al borde del camino son parte del paisaje que acobarda mirar.

Siete horas después llegamos a la tranquera “Santa Rosa”, donde como es usual sale un vigilante de la empresa y nos pide identificarnos, yo voy acompañada de dos amigos.

Son ordenes superiores

Nos pregunta a dónde nos dirigimos y por supuesto decimos la verdad, vamos a ver a Máxima. Registra nuestra movilidad y luego toma un teléfono reportando a su supervisor nuestras identidades. Se acerca después de varios minutos y nos comunica que No podemos pasar. Le pregunto la razón, me dice que son órdenes superiores y que para poder pasar yo tendría que haber pedido permiso previo a la oficina de Relaciones comunitarias de la empresa, le pido me explique el porqué, si no voy a la mina, voy a la casa de una persona particular, pero no me da ninguna razón. Le pido el nombre del supervisor o la persona que negó mi ingreso, me dice que no lo puede decir, le pregunto su nombre y dice que no está autorizado a darlo, entonces procedo a tomarle una fotografía para registrarlo y no me queda más que dejar la movilidad y caminar para llegar a la casa. Una camioneta blanca con personal de la empresa dentro que nos sigue en todo el trayecto.

Una camioneta blanca con personal de la empresa, nos sigue en todo trayecto

Al llegar a la pequeña casa de Máxima la encontramos a ella y su nuera Maribel bastante decaídas, el frio intenso del tiempo ha provocado más que un resfriado, Maribel está tirada en la cama sin poder caminar por el dolor del cuerpo, tiene fiebre y una intensa tos. Conversamos de atender con urgencia la salud de ambas porque no pueden estar así.

Pronto vuelve la intensa lluvia esta vez acompañada de granizo y el viento de los 4000 metros nos hiela los huesos. Con la poca señal de comunicación que tenemos llamo al chofer y le pido insistir en la tranquera que lo dejen pasar, tenemos personas enfermas y no podemos caminar en estas condiciones hasta allá. Me comunica que le dicen que no es posible.

SOLO QUEDA PRESIONAR AL MAS ALTO NIVEL

Decido llamar al Ministerio del Interior, y logro comunicarme con un funcionario, le explico la situación y me dice que verán qué pueden hacer, aunque no me aseguran nada. La señal del celular nos deja por largos ratos debido al tiempo, tengo que subir a lo alto de una loma para seguir buscando conexión; la neblina se pone más intensa y pienso que aunque quisiéramos no podemos llegar así hasta la movilidad, y menos trasladar a Maribel en esa situación. Peor aún, es muy riesgoso regresar por la carretera que hemos usado para venir, debido a los deslizamientos que pueden haberse empeorado.

Al cabo de un buen tiempo, tras varias llamadas, me dicen del Ministerio del Interior que han conseguido comunicarse con un funcionario de la empresa en Estados Unidos y que acaba de dar la autorización de que nuestro vehículo pueda pasar a recogernos y de salir por lo que llaman “su carretera” hasta Cajamarca. Por fin llega la movilidad cerca de la casa y sacamos con dificultad a Maribel, Máxima a pesar que también está mal decide no venir con nosotros, “los mineros se darían cuenta que dejamos solo el terreno y pueden hacer cualquier cosa aquí”, “yo no estoy tan mal, llévensela a ella, yo me quedo aquí”. No podemos convencerla y ya es muy tarde, tenemos que salir del lugar para llevar a Maribel a un servicio médico. Nos dejaron salir pero no sin antes pasar por sus controles en donde nos vuelven a pedir identificación y registrar qué llevamos dentro del vehículo.

EL SENTIMIENTO DE MÁXIMA Y LA IRONÍA DE LA EMPRESA

Duele, sí duele en lo más profundo del alma. Cómo es posible que se haga vivir a una familia en tan miserable situación, donde su vida, su libertad, sus mínimos vínculos sociales dependen de una empresa y su pervertido poder. Nadie puede imaginar la impotencia y la rabia que se experimenta a cuatro mil metros, cuando el temor y la desesperación se conjugan, cuando solo el inclemente clima acompaña, cuando sabes que dependes de una decisión que estúpidamente la tiene que tomar alguien que está cómodamente en otro país .

Antes de salir y durante todo este lapso de tiempo de espera, podemos escuchar a Máxima es sus reflexiones y lamentos a lado de sus ollas y su fogón: “como ven estamos casi secuestrados, si algo nos pasa nadie nos puede ayudar” “el clima no nos asusta, estamos acostumbrados a vivir así, pero a lo que no nos acostumbramos es a lo que éstos nos hace, ahora mi vida depende de ellos”, “tan miserables pueden ser, qué podemos hacer caminando o pasando en un carro sobre su carretera”, “ahora me insisten con diálogo, cómo puedo dialogar con una maldita empresa que desde que llegó no me deja libre” Máxima llora amargamente.

En el camino de regreso abro las cartas que la empresa le mandó a Máxima, me llama la atención sus frases principales “.. queremos enfatizar en el dialogo como mecanismo para hallar una solución(..) reducir tensiones y promover un diálogo honesto y transparente (…)”. Tiene que ser una broma me digo.”


Yagén es uno de los pueblos en dónde se concentra una de las resistencias más importantes frente al intento de Odebrecht de ejecutar una millonaria Central Hidroeléctrica denominada Chadín II. Yagén también es uno de los pueblos más alejados en el norte de la provincia de Celendín, para llegar hay que tomar una combi que nos trasladará durante tres horas y media por una carretera agreste hasta un pequeño pueblo llamado Bella Aurora, a los 3500 msnm; desde aquí, por la inexistencia de una carretera se tiene que subir y descender 6 horas por escarpadas montañas, caminos de piedra y abundante barro producto de las lluvias que arrecian durante esta época.

Este humilde pueblo acaba de demostrar un acto de enorme dignidad, el día 28 de diciembre los comuneros organizados levantaron un monumento en homenaje a Hitler Ananías Rojas González, uno de los principales defensores del río Marañón frente a las represas, que fue asesinado un 28 de diciembre del 2015. En su asesinato, refieren los pobladores, estuvo inmersa los intereses de Odebrecht, el fue victimado de ocho balazos por trabajadores de esta empresa; encontraron a Hitler tendido, ensangrentado, moribundo y casi sin poder hablar pedía que le pusieran su sombrero y lo llevaran a ver a sus hijos. Hitler Rojas era el vicepresidente del Frente de Defensa del Centro Poblado de Yagén y recientemente había sido elegido alcalde de su comunidad, no pudo gobernar, pues fue asesinado al día siguiente de haber recibido el cargo.

El monumento de Hitler Rojas, con un peso de aproximadamente 400 kilos, fue trasladado en carro desde Huambocancha, una comunidad de artesanos de Cajamarca, pasando por Celendín, hasta la comunidad de Bella Aurora, en dónde esperaba la comitiva que ayudados con maderos habían elaborado una especie de camilla para cargar al hombro de 16 personas que se turnaban durante el trayecto que inició a las ocho de la mañana y culminó en Yagén a las nueve y media de la noche del 18 de diciembre. La comunidad organizada diseño los jardines, bancas del la plaza principal del pueblo, recolectaron madera, piedra, arena, se convocaron carpinteros, maestros de construcción, prestaron varios días de trabajo comunitario, varios de ellos sin dormir con tal de dejar todo listo para la colocación del monumento que representa la dignidad del valiente pueblo de Yagén.

Pobladores y familiares invadidos por la tristeza de haber perdido a uno los suyos, contemplaban reflexivos su estatua; manifestaban que representa un ejemplo a seguir en la defensa de sus derechos.  Así como se lo pudo apreciar en vida, así se lo puede ver ahora a Hitler Ananías Rojas Gonzales, en el centro de la plaza de su pueblo, con su gorra característica y su puño en alto en clara señal de valentía y rechazo al abuso que representa la empresa corrupta Odebrecht y los Gobiernos de Alan García y de Ollanta Humala quien motivados por las millonarias coimas impulsaban la construcción de Chadín II, en nombre del “desarrollo”. “El Estado somos nosotros”, “En las orillas del Marañón nosotros no vamos a permitir, aunque se dé su audiencia…” “se tiene que respetar la voluntad del pueblo”, con estas palabras Hitler Rojas se dirigía al alcalde del distrito de Cortegana, quien sin consultar con los comuneros daba permiso a los operadores de la empresa Odebrecht para ingresar a su territorio y sembrar odio, división con mentiras de progreso.

La comunidad de Yagén ha marcado un momento importante en su historia, al monumento de Hitler Rojas Gonzales, quien pertenece a la estirpe de hombres que no mueren nunca porque se eternizan en el corazón de su pueblo, acompañaron delegaciones y defensores de derechos humanos que llegaron de distintos lugares de Cajamarca, Amazonas y la Libertad. El Presidente del Frente Defensa de Yagén fue el que dirigió la palabra, en presencia del actual Alcalde de Yagén, agradeciendo a todos los visitantes, entre ellos el Presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, el Presidente de la comunidad Campesina Unión Marañón, Frente de defensa de Oxamarca, Frente de Defensa de Jerez y al Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina PIC, entre otros lideres sociales, manifestaron los siguiente:

“Saludo el gran entusiasmo del pueblo de Yagén para perennizar la imagen de Hitler Rojas como un ejemplo para las futuras generaciones” manifestó a su turno Elio Díaz, presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, concluyendo con el llamado a articularse los pueblos del Marañón para hacer un solo frente desde sus nacientes hasta su desembocadura para su protección.

“Desde Huasmín les manifestamos nuestro apoyo en la lucha contra el represamiento del Río Marañón, para nosotros luchar contra las represas es luchar también contra el proyecto Conga, porqué la energía que produciría no es para la población, sino para las mineras” manifestó Fredy García del distrito de Huasmín, territorios amenazados por proyectos me minera Yanacocha.

“Los oxamarquinos compartimos la esperanza de tener un territorio libre de la amenaza de las empresas transnacionales depredadoras” manifestaba Lidman Chávez del distrito de Oxamarca, quienes se encuentran también amenazados por la inundación de sus valles en el Río Marañón para desarrollar otra central hidroeléctrica impulsada por Odebrecht, denominada Río Grande 1 y Río Grande 2.

“Estamos luchando como ustedes para contra las represas de Río Grande por la empresa Odebrecht, mi vista es también para contagiarme del valor y coraje de esta comunidad para defender la vida para defender el medio ambiente, nuestro territorio”, indicó Ula Zelada de la Comunidad Campesina Unión Marañón, distrito de Longotea, Provincia de Bolívar de la región la Libertad.

“Están viniendo grandes capitales, grandes intereses con el apoyo de los gobiernos de turno, y están planificando en nuestra provincia, no el interés de nosotros, sino el interés de ellos y el interés de ellos, es ganar más dinero, acumular riqueza, no les interesa quienes viven en nuestros territorios”

Milton Sánchez (PIC)

Luego de la bienvenida y saludos de los visitantes se inició la ceremonia de levantamiento del monumento a Hitler Rojas, por la noche se realizó un Rosario, acto religioso que consiste en la elevación de oraciones y canticos en memoria de su líder caído por las balas del poder.

Convertido en Guardián eterno del Río Marañón símbolo de la lucha, el día 28 de diciembre de 2016, a un año de su vil asesinato, Hitler Rojas está más presente que nunca en el corazón y en la mente de su pueblo. Lejos de debilitar la resistencia de esta comunidad o de generar temor entre la población, lo que han logrado es unirlos más en la lucha en defensa del Río Marañón, de su dignidad y de su propia vida.

 

Ver también:

La muerte que busca justicia en el Marañón

Constructora brasileña Odebrecth reveló pagos a funcionarios peruanos en el acuerdo de colaboración suscrito con el Departamento de Justicia de los Estados Unido

La constructora brasileña Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó coimas por 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en 11 países, incluyendo Perú, Venezuela, Ecuador, Angola Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana.
Respecto de Perú, Odebrecht revela que pagó coimas por 29 millones de dólares, en diversas obras, entre los años 2005 al 2014, lo que significa funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Odebrecht dice haber ganado en esa época 143 millones de dólares.
 

El acuerdo suscrito con Estados Unidos incluye el compromiso de los representantes de Odebrecht de colaborar con los fiscales e investigadores de los países donde pagó coimas para que se investigue y sancione a los responsables de los actos de corrupción.
Odebrecht reciere un pago específico de 1,4 millones de dólares a un alto funcionario del gobierno del rubro de transportes y los miembros del comité seleccionador el año 2008 para un contrato que se firmó el 2009 que le permitió ganancias por 400 millones de dólares.  El acuerdo no da mayores detalles de que obra se trata.
El 2009 Odebrecht firmó el contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la construcción del Metro de Lima. Diversas investigaciones periodistas señalan que el contrato se negoció el 2008 con el gobierno de Alan García y que la constructora brasileña logró un beneficio extra de 400 millones de dólares, por los dos tramos adjudicados.
Los pagos se realizaron a través de intermediarios y compañías vinculadas a los funcionarios

Foto: Daniel Chaupe Acuña luego de caer de motocicleta

GRUFIDES.- El día martes 13 de diciembre, Daniel Chaupe Acuña, hijo de Máxima Acuña, fue nuevamente amenazado por personal de vigilancia de la empresa minera que se encuentra en inmediaciones del terreno de la familia: “Te vamos a encontrar en Santa Rosa y te vamos a pelar como a cuy”, le dijeron, mientras vertían una serie de insultos, pateando y destruyendo objetos descartables delante de él diciendo: “Ojalá éstos fueran tú”.

Otro hecho sucedió el reciente domingo, aproximadamente a las 9:30 a.m., mientras Daniel se dirigía de Tragadero hacia Cajamarca, conduciendo su motocicleta. A la altura del sector de Quinuapampa, fue cerrado abruptamente por una camioneta 4×4, que provocó la caída de Chaupe al costado de la vía causándole varias heridas en todo el cuerpo.  La camioneta se dio a la fuga sin prestarle ningún tipo de auxilio.

Fotos: Heridas en la pierna izquierda sufridas por Daniel Chaupe ocasionadas luego que una camioneta minera le cerró el espacio a la moto en que viajaba.

Máxima Acuña: ¨Temo por la vida de mis hijos¨

Máxima Acuña piensa que estos nuevos ataques pueden provenir de la empresa como represalia por haberse negado estos últimos días a hablar y recibir a funcionarios de la minera, que insisten en presionarlos para entrar en un supuesto diálogo.  “Ya hemos dirigido una carta formal a los directivos de Newmont en EE.UU. donde expreso cuál es nuestra posición como familia frente a este grave problema. Entonces no entiendo porqué la empresa sigue mandando a sus funcionarios a cada rato a molestar a mi familia ofreciéndole becas, dinero, terrenos,  como si esto fuera un negocio.  Que nos dejen de presionar, de amenazar, de atacar. Yo temo por la vida de mis hijos”, dijo ayer Máxima en Cajamarca, sumamente afectada por este último atentado contra su hijo Daniel.

Nuevo ingreso de trabajadores de minera

Asimismo, se reportó que los días 12 y 13 de diciembre trabajadores de la empresa ingresaron nuevamente al predio de Máxima,  y aunque no destruyeron nada, tomaron fotos en el lugar, puntos con GPs y salieron.  De la Carta enviada a Newmont ni una sola respuesta.

20 de diciembre de 2016


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