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Doña Santos mostrando foto de su hijo asesinado por el ejercito el pasado de 3 de julio de 2012. 
(Foto: Jorge Chavez Ortiz – 30.11.2013)

– Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.

Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.

Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.

En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.

Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.

Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.

En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)



Dos campesinas peruanas en una reunión de líderes comunitarios. / J. FOWKS


Por: Jacqueline Fowks
Desde diciembre, en la sierra norte del Perú, un proyecto minero enfrenta la oposición de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, la única del país donde aún se habla la variante del quechua Cañaris. Comuneros que rechazan la extracción a tajo abierto protestaron en enero, bloqueando la vía de acceso al campamento de la minera Cañariaco. La policía repelió con disparos, algunas personas quedaron discapacitadas, no hubo muertos. El Gobierno, entonces, creó una mesa tripartita de trabajo para resolver el conflicto; sin embargo, las dos últimas sesiones no han abordado el principal punto de discrepancia y los representantes del Estado y de la comunidad están cada vez más enfrentados. “Creo que por la ruptura de la mesa de diálogo va a ser imposible asistir a la siguiente”, dijo el dirigente Florentino Barrios a EL PAÍS el sábado, pocas horas después de que fracasó la cita en las montañas del departamento de Lambayeque.

Este caso muestra las dificultades del Gobierno y las empresas para dirimir intereses y tensiones con comunidades de culturas y valores diferentes: 18 proyectos mineros están asentados en territorios de indígenas, y una cantidad mayor incluso corresponde a proyectos de hidrocarburos. La Defensoría del Pueblo reporta cada mes la cantidad de conflictos sociales en el país. El informe de febrero revela que de 89 casos en proceso de diálogo, 46 de esos espacios surgieron después de un hecho de violencia, como ocurrió con Cañaris. De 222 conflictos registrados en febrero,147 son socioambientales, como el de Cañaris. O también, como el de Conga Cajamarca (sierra norte), donde el diálogo fracasó y continúan las fricciones entre la policía contratada por la empresa minera y la población local que se opone a un millonario proyecto minero de la estadounidense Newmont. Ese conflicto fue la primera crisis política que enfrentó –en diciembre de 2011– el Gobierno de Ollanta Humala, pues al abandonar su promesa de Agua sí, oro nopor Agua sí, oro también, prescindió de varios ministros y parte de sus electores se sintieron traicionados.

La cuestión en Cañaris es particular debido a que el Perú promulgó en 2011 la ley de consulta previa de los pueblos indígenas, pero el Estado aún no ha concretado ninguna consulta de acuerdo a dicha norma. Tardíamente, la semana pasada, divulgó una guía de procedimientos administrativos para su aplicación, pero aún no hace pública la listaoficial de los pueblos indígenas que pueden exigir ese derecho.

La mesa de trabajo de Cañaris fue creada por el Gobierno, con la participación de la empresa y la comunidad, para abordar dos temas: desarrollo y minería. En cuanto a minería, en la sesión del 4 de marzo el Gobierno debió decidir la validez de dos votaciones en las que los comuneros tomaron posición acerca de las operaciones de la minera Candente Copper. Ninguna fue organizada por el Estado, aunque la segunda contó con representantes gubernamentales como observadores. Una votación con 500 personas en julio de 2012 tuvo el 70% a favor de la mina; mientras que a la de septiembre asistieron 1.896 personas y 1.719 votaron contra el proyecto. El padrón comunal de San Juan de Cañaris registra unas 3.300 personas, quienes se rigen por la ley de comunidades campesinas. La sesión del sábado, realizada en un coliseo en Cañaris, postergó nuevamente para mayo la evaluación sobre cuál votación da, o no, el permiso o licencia social a Candente Copper para seguir sus operaciones.

En las dos últimas sesiones, el comportamiento de los representantes del Gobierno, altos funcionarios del ministerio de Energía y Minas y de la presidencia del Consejo de Ministros, ha llamado la atención. La reunión del 2 de marzo iba a ser en la comunidad campesina de Cañaris, sede definida con un mes de anticipación. La noche anterior, los funcionarios cambiaron el lugar, avisando a la prensa, pero no a los cañaris, quienes habían preparado una bienvenida de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Las autoridades comunales no solo llegaron tarde a la otra localidad, sino que se sintieron maltratadas.

Este sábado en Cañaris, el presidente comunal saliente, Cristóbal Barrios, y su sucesor Florentino Barrios, quien asume el próximo 17, tuvieron dificultades al ingresar a la sesión en un coliseo. El impás se resolvió, pero un representante de la PCM impidió pasar a Rosa Sara, vocal de la presidencia comunal y dirigente de las rondas de mujeres de Cañaris. “Nos retiramos porque no era conveniente entrar incompletos”, explicó Florentino vía telefónica, mientras el presidente saliente se quejaba a la prensa: “Nos han sacado de nuestra propia casa”.

A su vez, el presidente de la mesa de trabajo, Fernando Castillo –del ministerio de Energía y Minas– declaró que los dirigentes tomaron la “decisión unilateral de no participar en la reunión”.

Sin embargo, a la fecha, el Gobierno se ha valido de recursos administrativos contradictorios y se inclina a favorecer a la minera canadiense. La inversión proyectada por la empresa es de cerca de dos mil millones de dólares para extraer cobre y oro.

A fines de febrero, en una entrevista con EL PAÍS, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Diálogo del Gobierno, afirmó: “Quienes van a determinar la validez o no de estas votaciones es el subgrupo de ambiente y minería. Y allí están todos, incluso la parte opositora -de la comunidad-, Energía y Minas, nosotros. Esa discusión en la comisión es muy importante y no somos nosotros sino la comisión la que dará validez o no a los argumentos presentados”. El tiempo sigue pasando y tanto los empresarios como los comuneros presionan a la Administración de Humala. Unos para invertir, los otros para defender sus bosques montanos y el agua.


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.
En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.
Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.
Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo – 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

 

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata – Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:
  1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
  2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
  3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
  4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
  5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
  6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
  7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.
La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.______

* Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  –  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa


 
Enero

27 muertos deja el incendio en un centro de rehabilitación para drogadictos en San Juan de Lurigancho. En abril otro incendio cobrará otras 14 muertes en otra comunidad terapéutica Chosica. Las ciudades peruanas no están preparadas para estos siniestros que a lo largo del año generarán mucha destrucción en lugares como Iquitos, Sullana y también en Lima. En relación a las comunidades terapéuticas, el gobierno emitirá en junio un reglamento para garantizar los derechos de las personas internadas.

Es publicada la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, que detalla las competencias y procedimientos de los Jueces de Paz, les otorga el derecho a contar con un seguro de vida, la inscripción en el SIS y que el Poder Judicial asuma el pago de los exhortos. En junio se concluye la redacción del reglamento de la norma, pero el Ministerio de Justicia no la promulga.

El Ministerio de Salud intenta disminuir el consumo de gaseosas y comida chatarra entre los niños, a lo que se suma después la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Los fabricantes de dichos productos promueven una ofensiva publicitaria asegurando que defienden el derecho de los padres de elegir cómo alimentar a sus hijos, sin reparar que las alarmantes cifras de obesidad infantil revelan la pérdida de autoridad de muchos padres para hacerlo.

Febrero

Muchas personas reaccionan indignadas cuando un adolescente lanza un insulto racista en un cine de Chorrillos, sin reparar que estos hechos se producen todos los días, en colegios, comisarías, hospitales, empresas privadas, etc.

En este contexto de doble moral, se presenta la película Choleando, que muestra el racismo como una situación extendida y permanente. En marzo, la Defensoría del Pueblo anuncia que se difundirá a nivel nacional, como parte de la campaña contra la discriminación, logrando que la vean miles de policías, escolares y funcionarios público.

 
La Municipalidad de Lima abre una oficina para apoyar legalmente a las víctimas de accidentes de tránsito. Al finalizar el año, la Defensoría del Pueblo señala que las principales compañías de seguros tienen elevadas deudas a clínicas y hospitales por razón del SOAT… y que los hospitales estatales elevan sus tarifas en estos casos, haciendo que la cobertura de las víctimas disminuya.

Marzo

Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque, que participaban en protestas en Puerto Maldonado en defensa de la minería informal, son los primeros muertos por la violencia policial en el 2012. Al finalizar el mes se incorporan a la lista Christian Alvarado y Luis García Guerrero, fallecidos durante un violento enfrentamiento de la policía con pescadores que incendiaron la comisaría de Sechura e hirieron de gravedad al comisario César Castro.

El Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, el Centro Cultural de la Universidad Católica y diversas organizaciones de la sociedad civil realizan acciones alusivas al Día Mundial contra la Discriminación Racial. El congresista Leonardo Inga presenta el Proyecto de Ley 756 contra la discriminación, pero lamentablemente, a lo largo del año la discusión al respecto no avanza.

El Ministerio de Educación comienza el programa Escuelas Marca Perú, invirtiendo en más de 1,000 colegios que son los más pobres del país.

Abril
La policía mata al pescador Robert Castillo y al adolescente Roberto Ramos, de 15 años, durante las protestas de los pescadores de Paita que exigen el incremento de la cuota de merluza. En realidad, el incremento estaba autorizado, pero el Ministro de la Producción, José Urquizo, se marchó del país por una semana sin firmar la resolución. Paita sufre una represión brutal e indiscriminada, como en los meses siguientes padecerían Espinar, Celendín y Bambamarca. Muchas personas quedan heridas de gravedad. Hasta la fecha ninguna ha recibido apoyo de las autoridades para su tratamiento o rehabilitación.

Fallecen dos arequipeños con posiciones totalmente opuestas sobre los derechos humanos y la democracia: Jorge Santisteban de Noriega y Andrés Bedoya Ugarteche. Por ironías del destino, ambos son velados en la misma iglesia, con pocas horas de diferencia.

Después de años de indiferencia, la situación del VRAE llama la atención de la opinión pública, especialmente después que decenas de trabajadores son secuestrados por terroristas. Los rehenes son liberados, pero son retenidos por la policía un día más, hasta que el Presidente Ollanta Humala, de viaje en Venezuela, pueda tomarse una foto con ellos. Sucesivos ataques terroristas causan la muerte de varios policías y militares. Otros son abandonados a su suerte y ni siquiera las autoridades disponen la búsqueda de sus cuerpos. De esta manera, el señor Dionisio Vilca tuvo que internarse en la selva hasta ubicar el cadáver de su hijo, el suboficial César Vilca.
Se promulga el reglamento de la Ley de Consulta Previa, que es cuestionado por varias organizaciones. Pese a ello, el Viceministerio de Interculturalidad comienza la formación de los intérpretes en idiomas indígenas. La Municipalidad de Lima consulta a los shipibos de Cantagallo sobre su traslado a un lugar más seguro.

La Municipalidad de Chaclacayo promulga su Ordenanza contra la discriminación.

Mayo

Conmoción en Espinar: la policía mata a los campesinos Walter Sencia y Rudecindo Manuelo al reprimir las protestas contra la contaminación que origina la empresa minera Xstrata. Decenas de personas son detenidas y conducidas al campamento de la empresa. Lo mismo ocurre a Jaime Borday Romualdo Ttito, integrantes de la Vicaría de Sicuani, a quienes se acusa inicialmente de portar armas para los manifestantes. Todos son golpeados ante la indiferencia de varios fiscales. Jamás un integrante de un organismo de derechos humanos había sufrido estas vejaciones.

La Municipalidad de Miraflores sanciona con siete días de clausura a la discoteca Gótica por impedir el ingreso a Godfrey Arbulú. Por su parte, la Municipalidad de Abancay sanciona a la Universidad Alas Peruanas por una oferta de empleo que discriminaba por edad y a una agencia de empleo y una clínica que exigían “buena presencia”.

Rechazo generalizado ocasiona la sanción del cardenal Juan Luis Cipriani contra el sacerdote Gastón Garatea, conocido defensor de los derechos humanos, a quien se le prohíbe decir misa en Lima.

La Municipalidad de Lima convierte a la antigua Casa Rímac en un centro de exposiciones fotográficas ligadas a la problemática de los derechos humanos y la exclusión.

Junio

El gobierno se comporta con la provincia de Espinar como si fuera territorio enemigo: establece el Estado de Emergencia, congela las cuentas de la Municipalidad y detiene al alcalde Oscar Mollohuanca, vinculándolo a los hechos de violencia que él trataba de impedir. Siguiendo una arbitraria disposición judicial, se traslada a Mollohuanca a Ica donde el obsecuente Ministerio Público pide para él seis meses de prisión preventiva, sin fundamento alguno. Los magistrados de Ica que disponen su liberación son a su vez investigados por el propio Poder Judicial, como si hubieran incurrido en una infracción. El mes anterior, Mollohuanca ya había sido víctima de un perdigón disparado por la policía.

La Defensoría del Pueblo pide públicamente que se sancione con severidad a los policías responsables de torturas y malos tratos a los ciudadanos. Al día siguiente, una integrante de la Defensoría, la abogada Genoveva Gómez, es brutalmente golpeada por los policías de la Primera Comisaría de Cajamarca. Jamás había ocurrido algo así en todos los años de historia de la Defensoría del Pueblo, pero la violencia policial se encuentra totalmente desbordada en Cajamarca.

El programa Radicales Libres, el único espacio en la televisión donde se hablaba de derechos humanos, racismo y contaminación ambiental es abruptamente cancelado por RBC.

En este contexto dramático, el Congreso ratifica la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.

Julio

El gobierno cada vez comete más violaciones a los derechos humanos: la policía mata en Bambamarca a Joselito Vásquez y en Celendín a Eleuterio García, José Faustino Silva, José Antonio Sánchez así como a César Medina, de solamente 16 años. Días después, en plena Plaza de Armas de Cajamarca es detenido Marco Arana. Los policías lo golpean salvajemente ocasionándole varias fracturas. Es liberado al día siguiente. La acción genera tanto descrédito para el gobierno que aún se especula si se trató de una torpe maniobra dispuesta al más alto nivel o un exabrupto de algunos torpes policías.

Cuando las cosas parecen marchar solamente hacia peor, el Presidente decide cambiar al Primer Ministro Oscar Valdés por Juan Jiménez Mayor y al controvertido Ministro del Interior Wilver Calle por Wilfredo Pedraza, con mucha experiencia en temas de derechos humanos, que anuncia claramente que no habrá más muertos en protestas sociales. Sin embargo, a fines de mes es detenido y torturado el joven periodista de Celendín Jorge Chávez Ortiz.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho publica su Ordenanza contra la discriminación.

Agosto

El Ministerio del Interior dispone el cese de Jaime Gonzales como jefe policial de Cajamarca, quien autorizó todos los crímenes cometidos en meses anteriores. Las tensiones en la región disminuyen con el anuncio de Yanacocha que suspenderá el proyecto Conga

En Espinar fallece Félix Yauri, otro de los heridos por la represión policial de mayo. La empresa Xstrata anuncia que dará un fondo de 500,000 soles para las familias de las tres personas muertas. Los Ministros de diversos sectores y la empresa participan en el diálogo con la población de Espinar.

Pese a los anuncios del Ministro Pedraza, la policía mata en Monzón (Huánuco) a Juan Espinoza y Rider Roque, quienes participaban en una protesta contra la erradicación de cultivos de coca.

La población de Moyobamba protesta contra una periodista que lanza expresiones racistas contra los pueblos indígenas en un programa de la televisión local, que finalmente es cancelado.

Muere la antropóloga italiana María Heise, pionera de la interculturalidad en el Perú.

Septiembre

El caso de la niña Soraida Caso, aparentemente muerta por acción de las fuerzas de seguridad conmueve de manera inusual a la opinión pública. En cambio, la muerte del campesino Nemesio Poma, que participaba en las protestas contra la empresa Barrick recibe la indiferencia de siempre.

El Tribunal Constitucional declara que la comunidad nativa de Tres Islas (Madre de Dios) tiene el derecho de impedir el ingreso a madereros ilegales y mineros informales. Se reafirma la autonomía de las comunidades nativas, un importante precedente para muchas otras comunidades afectadas por intrusos.

Entretanto, en las alturas de Lambayeque, los campesinos de la comunidad de San Juan de Cañaris rechazan las actividades mineras que la empresa Candente proyecta llevar en sus tierras. La insistencia de la empresa y su intento de manipular a la población llevará a fuertes tensiones en los meses siguientes.

Sorpresivamente fallece Pilar Coll, quien fue la primera Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en los difíciles años ochenta. Ella mantenía un valioso trabajo de promoción de los derechos humanos y realizaba actividades pastorales en las cárceles peruanas hasta dos días antes de su muerte.

Octubre

Una intervención policial improvisada en La Parada origina una agresiva respuesta de los comerciantes, respaldados por grupos de delincuentes. Dos de ellos, Kenji Castro y Gino Cárdenas mueren, en medio de violentos enfrentamientos. Días después, la Municipalidad de Lima y la Policía logran desalojar a los comerciantes sin usar violencia, pero dentro del mercado mueren dos personas en circunstancias ajenas al desalojo. Por toda Lima se difunden falsos rumores de saqueos, que causan pánico. Por su parte, muchas personas de diversos sectores sociales proclaman que les causa más tristeza la muerte de una yegua que las cuatro personas fallecidas.

Muere el dirigente cocalero Iburcio Morales después de un año de pedir un indulto humanitario o una orden de comparecencia. En plena agonía estaba esposado a su cama del hospital.

Se realiza un nuevo Operativo Cuerazos Peruanos en el Jirón de la Unión, esta vez para denunciar la publicidad racista de las tiendas Oeschle, Ripley y Saga Falabella.

RENIEC elabora varios documentos para que los registradores se familiaricen con los nombres indígenas. Los primeros textos publicados se refieren a los nombres en awajún y en quechua.

Noviembre

Mientras se reabre el proceso por las esterilizaciones forzadas a miles de campesinas e indígenas amazónicas durante el régimen de Alberto Fujimori, Marco Alvarez, alcalde de San Borja, es absuelto de los cargos de desaparición forzada de varias personas en Huancavelica, que le atribuyen los organismos de derechos humanos.

Se anuncia que las víctimas de la violencia política tendrán una reparación de 5,000 soles, que es realmente reducida para quienes quedaron afectados durante toda una vida.

Comienzan las transmisiones en quechua en Radio Nacional y en el programa Miski Taki, en TV Perú, también se da inicio a las clases en ese idioma.

La Municipalidad de Pueblo Libre promulga su Ordenanza contra la discriminación. En ese distrito se realizará el primer Operativo La Gentita que muestra la manera en que las personas reaccionan frente a una situación de discriminación.

La destrucción del Callejón El Buque muestra la indiferencia de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura en relación al patrimonio arquitectónico de los Barrios Altos. Semanas después, sin embargo, la Municipalidad inaugura el nuevo Museo Bodega y Quadra que muestra la vida en Lima en los últimos cinco siglos. Otra obra importante para el Centro Histórico es la peatonalización del Jirón Ica-Ucayali. Desde el sector privado destaca la restauración del Palais Concert por Ripley y de la Casa Welsch por Starbucks. Sin embargo, la hermosa Casa Courret ha quedado afectada por una desatinada intervención durante la Bienal de Fotografía de Lima.

Diciembre

Miles de personas participan en la carrera contra la discriminación organizada por la Defensoría del Pueblo. El futbolista Paolo Guerrero aparece en un anuncio antirracista organizado por esta institución y por el Instituto Peruano del Deporte. Por su parte, el Ministerio de Cultura hace un llamado a evitar el racismo en los regalos navideños.

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Interculturalidad y el Gobierno Regional del Callao intervienen frente a un profesor que hacía comentarios racistas en clase.

El Ministerio de Educación presenta un documento fundamental sobre los idiomas indígenas destinado a promover con seriedad una educación bilingüe intercultural. Se promulga la Ley del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. El Ministerio del Interior anuncia el pago de la deuda pendiente a miles de esposas de policías y militares heridos por el terrorismo. Casi 250,000 adultos mayores reciben la Pensión 65. A nivel regional, el nuevo Metro de Huancayo hace sus primeros recorridos gratuitos.

Sin embargo, no todo en diciembre son noticias positivas: son asesinados los alcaldes de Casma y Angasmarca (La Libertad). En el segundo caso, los autores son capturados y confiesan que les pagó una empresa que perdió una licitación. Un incendio arrasa con centenares de viviendas en el paupérrimo barrio de Belén, en Iquitos. El servicio militar obligatorio es restablecido sin ningún debate al respecto. En Cajamarca, Marco Arana y Mirtha Vásquez vuelven a sufrir diversas formas de acoso.

Como pueden ver, hemos vivido un año muy duro, con muchos momentos difíciles y dolorosos, aunque también con señales de esperanza. Esperemos que el 2013 sea mejor para todos los peruanos, especialmente para los más pobres y olvidados.



Servindi, 20 de setiembre, 2012.- Como parte de la campaña “Alternativas al Extractivismo” la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) lanzó el video “Transiciones para salir del viejo desarrollo” que ya se encuentra circulando en las redes sociales.

El video explica de un modo sencillo cómo es que el actual modelo extractivista se está volviendo cada año más insostenible y plantea la pregunta de si los países, principalmente de la región, hacen bien al basar su supuesto desarrollo en un modelo depredador.

La tala de árboles, la minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos y la agricultura para biocombustibles son algunas de las actividades que provocan daños irreversibles en la naturaleza. Se suman a las consecuencias los impactos sociales y territoriales.

El video precisa los pasos a seguir para abandonar el modelo, algo que se logrará con acciones como la aplicación de la ley, el respeto de las exigencias medioambientales y la activa participación de un Estado fiscalizador y eficiente, defensor del bien común.

Un punto importante a destacar del contenido es que nos exhorta a comprender que crecimiento no es igual que desarrollo y que consumo no es igual que calidad de vida, conceptos que muchas veces son igualados generando así confusión.

“Transiciones para salir del viejo desarrollo” propone algunas ideas y caminos para alcanzar cambios a nivel global y abre el debate en torno a nuevas medidas que generen calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza.

La campaña “Alternativas al Extractivismo” es promovida también por el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) y que recoge aportes de múltiples diálogos en el Perú y la Región.



Peru mining protest 2012 06 13LIMA, Peru — On the campaign trail, Ollanta Humala vowed that as president he would not sacrifice rural communities to mining and oil companies that wanted to dig and drill on their lands.
The leftist candidate even pushed for a recall of then President Alan Garcia, blaming his refusal to listen to Andean and Amazonian villagers for triggering deadly clashes between police and protesters.
But as president, some of Humala’s onetime allies are accusing him of authoritarianism and betrayal as his government struggles to keep a lid on a wave of angry anti-mining protests.
Police using live rounds have killed two people in clashes in the central region of Cusco over a copper mine owned by Swiss firm Xstrata, which locals say is contaminating the water table.
Village Mayor Oscar Mollohuanca had been placed in preventive custody — without charge — for leading those protests. He has now been released after an appeals court in the southern city of Ica found that the order for his detention had failed to establish his involvement as a protest instigator.
In the northern region of Cajamarca, riot police have again been cracking heads in an attempt to end unruly but largely peaceful demonstrations against plans for a massive copper and gold mine, called Conga, which they fear will devastate local lakes and streams.
Meanwhile, Gregorio Santos, the regional president of Cajamarca and a former Humala ally, is now under criminal investigation for “incitement to rebellion.”
The alleged crime happened during a speech he gave accusing Humala of going back on campaign promises. In the speech, Santos asked rhetorically: “When the president doesn’t keep his word?” The crowd responded: “They kick him out.”
According to Peru’s chief prosecutor, Jose Pelaez, that exchange constitutes an “attempted coup” by Santos, who has presidential ambitions of his own.
That outraged some commentators.
“Only classic dictatorships … can confuse opinions with crimes of sedition, rebellion or rioting and try citizens as a result of their statements,” warned La Republica, one of Peru’s two leading newspapers, in an editorial.
Meanwhile, Prime Minister Oscar Valdes turned up the heat with a highly confrontational series of Tweets, accusing mining opponents of variously “throwing poison” and wanting to light a “giant bonfire.”
He added that the protest leaders were “rotten” and “frozen” and wanted to keep Peru as a “chakra,” a local indigenous term that means a peasant’s plot of land.
One of Conga’s most trenchant critics, former Catholic priest Marco Arana, accused Valdes of “authoritarianism and the criminalization of protest.”
Speaking to GlobalPost, he also accused the premier of having a conflict of interests, given his well-publicized ownership of a medium-sized mining concession on the coast.
“As a mining entrepreneur, he represents the mining industry,” said Arana. “That means that he is not using his role as prime minister for the benefit of all Peruvians but for the benefit of the mining sector.”
The government has tried to paint Arana, who now runs Grufides, a Cajamarca-based development nonprofit, as an environmental “radical.” But it has not been helped by the activist’s international profile. In 2009, Time magazine named Arana a “Hero of the Environment.”
Mining drives the Peruvian economy, accounting for 60 percent of its exports, and the country is the world’s second largest producer of silver and copper and the sixth producer of gold.
But Peru is also wracked by more than 200 “social conflicts,” in which rural communities fiercely oppose mining, oil drilling or other extractive industries on or near their lands, according to the national Defensoria del Pueblo, a government human rights watchdog.
Those confrontations reached a nadir in 2009 with the Bagua massacre, when more than 30 policemen and indigenous protesters were killed in clashes over controversial plans by Garcia’s heavily pro-business administration to open the Amazon up to more drilling and mining.
But before he was elected last year, Humala, a leftist former army officer, vowed to ensure his countrymen’s interests would be placed before those of foreign corporations. As a result, he even received backing from Cajamarca’s President Santos.
After nearly one year in power, Humala is anxious to ensure that Conga moves ahead. The $4.8 billion Conga mine project — partly owned by US-based Newmont Mining Corp — would be Peru’s largest ever foreign investment.
More from Peru: Proposed gold mine riles locals
Humala’s apparent about-face, as well as his prime minister’s right-leaning confrontational style, alienates many who voted for him. Four leftist members of his Peru Wins congressional alliance quit the grouping last week.
Politicians here are notorious for breaking campaign promises. Perhaps the most blatant case was Alberto Fujimori, who won the presidency in 1990 after a prominent promise not to impose painful cuts to end an economic crisis. Within months, he launched a massive restructuring of Peru’s economy, throwing millions out of work.
Peru’s fragile democracy is still recovering from Fujimori’s time in power, which ended in an election-rigging scandal and imprisonment for directing death squads and embezzlement.
Many Peruvians now respond to politicians’ breaking their word with a weary cynicism. But others see the trend as a serious threat to democracy.
“It undermines the governability of the country by undermining the credibility of our democratic institutions, which were dangerously weak to start with,” says Arana.
Whether for or against the country’s powerful mining sector, most Peruvians are now warily monitoring the conflicts in Cajamarca and Cusco, afraid that the government’s handling of the crises will result in more bloodshed.


 
Por Raúl Zibechi*

La Jornada, 12 de junio, 2012.- Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.
 

La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.

Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.
 

En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.

En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.
 

Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.
 
Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.
 
Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.

En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.
 

La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.

La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una estrategia desestabilizadora contra el gobierno de Lugo y que en su interior está primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria.

En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los carperos es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.

La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una una derrota catastrófica en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.


* Raúl Zibech es Docente, Analista e Investigador, Periodista y Escritor. Es un activo colaborador con las organizaciones Sociales y medios de comunicación alternativos en A.L.; se especializó y siguió de cerca el proceso del Movimiento Social del pueblo aimara en Bolivia.
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Fuente: Publicado en el diario La Jornada, el 10 de junio de 2012: http://www.jornada.unam.mx/2012/02/10/opinion/024a2pol


El Ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se refirió a la excarcelación del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y reiteró su “absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial, sea cual fuere o contra las personas que fuere”.

Asimismo el ministro afirmó que “ahora, ya excarcelado (Óscar Mollohuanca), puede moverse por cualquier parte del territorio y reasumir su puesto. No tiene ninguna restricción del Poder Judicial”, con lo que confirmó que Mollohuanca podría participar en el diálogo que se realizará entre el gobierno y las autoridades de Espinar.

“El diálogo siempre ha estado abierto para todas las autoridades. Nosotros ya hemos iniciado esta fase con alcaldes distritales y provinciales” declaró a Canal N al preguntársele sobre el grupo técnico que viajará esta semana al Cusco para comenzar con el “Plan Integrado y Participativo de Intervención Sanitaria y Ambiental en Espinar”.

Finalmente, Pulgar Vidal reiteró que si Mollohuanca se presentase en los diálogos, él lo recibiría sin ningún problema haciendo hincapié en que: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo, y el diálogo se hace sin condiciones. El diálogo que se hace sin condiciones es el que da más frutos”.

Fuente: La Mula




LIMA – El congresista Víctor Andrés García Belaúnde se mostró en desacuerdo con la detención del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, pues a su parecer dicha detención fue una provocación del Estado.

“Creo que es una provocación del Estado arrestar a una autoridad en pleno conflicto, no digo que sea inocente, probablemente sea culpable de muchas cosas y habrá que juzgarlo más adelante. Todos sabemos cómo funciona la justicias en el Perú y en esta caso la justicia ha actuado de manera rápida y efectiva, lo que llama la atención. Más que una detención judicial cualquiera parecería que es una detención política y eso me preocupa” dijo Vitocho a radio Exitosa.

Fuente: Diario Correo