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Servindi, 19 de noviembre, 2012.- “El Perú está en la suficiente madurez para cambiar y por ello, es necesario evolucionar a un sistema en donde una autoridad especializada se haga cargo de un instrumento como el estudio de impacto ambiental (EIA), que es una pieza importante dentro de la gestión ambiental”, sostuvo el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal.

Así lo declaró durante la clausura del simposio “Evaluación de Impacto Ambiental: balance y propuestas”, organizado la semana pasada por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El ministro coincidió en la necesidad de priorizar la creación de un organismo especializado como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), donde es necesario construir capacidades.

“Queremos hacer del SENACE una entidad con una base tecnológica sólida y que ello permita la aprobación eficiente y objetiva de los EIA y la generación de información línea base que no existe porque no se ha construido”, enfatizó el Ministro.

La propuesta del SENACE es el resultado del consenso entre Ministros de Estado, que incluye gradualidad en la transferencia de funciones y la creación de una ventanilla única, dijo el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, durante la clausura

A su turno, el Viceministro del Ambiente, Mariano Castro Sánchez-Moreno recalcó que el SENACE será una oportunidad para mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones en el país.


Contribuciones críticas al SENACE

La congresista Verónika Mendoza, si bien saludó la propuesta de creación del SENACE, propuso eliminar la salvedad que permitiría que, en algunos casos por la decisión del Consejo de Ministros, los EIA sean evaluados por los sectores de la inversión.

Mendoza también planteó establecer un plazo de dos años para el proceso de transferencia al SENACE; y asimismo expresó su preocupación por que la vicepresidencia del SENACE esté a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.


Presupuesto, capacidades y sobre todo voluntad

Por su parte, Ada Alegre, consultora en derecho y gestión ambiental, puso especial énfasis en que para lograr una real implementación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) será necesario que el proceso vaya de la mano con un presupuesto adecuado, con el fortalecimiento de capacidades y sobre todo voluntad política.

El Simposio, logró promover un espacio de diálogo donde participaron el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, el viceministro de Gestión Ambiental del MINAM, Mariano Castro Sánchez-Moreno, el Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, la Congresista Verónika Mendoza, entre otras autoridades y especialistas del sector minero-energético.

El evento generó una serie de propuestas orientadas a fortalecer instrumentos como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), así como, la necesidad de lograr un real cumplimiento del SEIA.


Servindi, 21 de noviembre, 2012.- Un estudio jurídico especializado en asesorar y atender a grandes empresas y corporaciones mineras obtuvo cinco de doce adjudicaciones para elaborar consultorías referidas a la Ley 29785, de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.
Los resultados fueron publicados el viernes 16 de noviembre en el sitio web del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y las adjudicaciones corresponden al ministerio de Agricultura (Minag), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ministerio de Cultura (Mincu), ministerio de Energía y Minas/Perupetro (Minem-Perupetro) y ministerio de Salud (Minsa).
La convocatoria tiene por objeto levantar y sistematizar información sobre las medidas administrativas que deben ser consultadas a los pueblos indígenas u originarios para ser utilizada por la Defensoría del Pueblo en sus tareas de supervisión sobre la implementación del derecho a la consulta previa.
La convocatoria se efectuó en el marco de la cooperación técnica que recibe la Defensoría del Pueblo de la República Federal de Alemania, como aporte a la prevención de conflictos. Para esta convocatoria se solicitó la colaboración del CIES.
La participación de un estudio jurídico cuya función privada principal es servir al interés gran empresarial responde a la decisión de algunos organismos públicos de tercerizar actividades que tienen relación con la protección de derechos humanos.

¿El gato de despensero?

El estudio jurídico señalado patrocina y tiene como principales clientes representativos a empresas mineras como Yanacocha, Barrick Gold, Newmont Mining Corporation, Compañía Minera Milpo, Shougang Hierro Perú, Xtrata Perú, entre otras.
Asimismo, asesora al sector empresarial en adquirir derechos superficiales para proyectos mineros, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, tendidos de tuberías de gas natural y ductos de conexión a puertos.
En tal sentido su labor incluye la celebración de acuerdos con propietarios y posesionarios de terrenos en zonas rurales para la ejecución de contratos de opción, adquisición, servidumbres y celebración de transacciones extrajudiciales.
Abogados consultados por Servindi observaron posibles conflictos de interés que se podrían desencadenar a partir de las consultorías y el sesgo privatista que podrían adquirir las políticas públicas sobre los pueblos indígenas.
La interrogante que surge ante todo esto es si es adecuado que un estudio de abogados cuyos clientes representativos son grandes empresas y corporaciones mineras, tenga injerencia directa o indirecta en determinar los temas, normas y procedimiento de consulta a los pueblos indígenas que deberán ser supervisados por la Defensoría del Pueblo. Al respecto esta institución tiene la palabra.
Clientes representativos del Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados
Saneamiento de tierras Minería
  • Minera Yanacocha S.R.L
  • Barrick Gold Corporation
  • Anglo American PLC
  • Perú LNG S.R.L
  • Transportadora de Gas del Perú S.A
  • GENERALIMA S.A.C
  • EDEGEL S.A.A
  • Shougang Hierro Perú S.A.
  • Químicos del Sur S.A
  • Minera Yanacocha S.R.L.
  • Barrick Gold Corporation
  • Anglo American PLC
  • Newmont Mining Corporation
  • Minera Peñoles de Perú S.A.
  • Minera Newcrest Perú S.A.C.
  • Compañía Minera Milpo S.A.A.
  • Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
  • Fresnillo Perú S.A.C.
  • Consorcio Minero Horizonte S.A.
  • Shougang Hierro Perú S.A.A.
  • Century Mining Corporation
  • Nyrstar NV
  • Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.
  • Cliffs Natural Resources INC
  • Chancadora Centauro S.A.
  • Xtrata Perú S.A.
Fuente: Sitio web del estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados: http://www.rubio.pe/clientes_index.php

Por César Gamboa*

31 de octubre, 2012.- Han pasado ya más de un mes y ha pasado un poco desapercibido el Informe de la Comisión Multisectorial que propone una “Nueva Minería” en base a criterios de sostenibilidad y equidad.

Si bien es cierto hay elementos muy genéricos, quizás hasta imprecisos, lo cierto es que son un conjunto de recomendaciones y medidas que son el término inicial para mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones en el país.

Si hacemos una lectura crítica del informe, podría decirse que es una agenda correctora y mejorada de lo que se esperaba de este modelo, sin intentar cambiarlo. Sin embargo, si se llegan a cumplir algunos extremos e implementar estas recomendaciones, probablemente estaríamos hablando de una mejora sustancial de la gestión ambiental.

El informe tiene 4 ejes y destacan 5 puntos esenciales donde se abordan cambios a la gestión ambiental:
Desarrollar instrumentos de planificación del territorio y del recurso hídrico;
Mejora de la calidad ambiental (completar la aprobación del ECA suelo y demás LMP para las actividades extractivas);
Mejorar la aprobación de los estudios de impacto ambiental y su institucionalidad (creación del SENACE);
Fortalecer la fiscalización ambiental y social de las inversiones; y
Creación del mecanismo de la rendición ambiental (Informe de Desempeño Ambiental).

Mecanismos interesantes y nuevos se proponen en el Informe (protocolo preventivo de conflicto social o plan de inclusión social), sin embargo, se adolece de una mayor contundencia en señalar la actualización de los reglamentos ambientales sectoriales, lo cual se debió dar hace más de dos años, no solo el agrario o de vivienda, sino todos los sectores.

Además, sorprenden las ausencias en el informe que le restan integralidad y un alcance más ambicioso para terminar de nombrarlo como una nueva relación con el ambiente:
Revisión del sistema de concesiones y su impacto ambiental en ecosistemas frágiles;
Los próximos pasos de la lucha contra la minería ilegal;
La definición de competencias ambientales de gobiernos regionales y locales en la aprobación de EIAs; y
Promoción mucho más clara de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas sectoriales y por niveles de gobierno.

Debemos proponer un debate nacional sobre los términos del informe e ir más allá del mismo. Lastimosamente no existe una hoja de ruta para este debate, transparente y participativo, plazos o términos reales de cumplimiento y ese es el primer paso que debería dar el Gobierno.


Acceda al informe de la Comisión Multisectorial con un clic en este enlace (pdf, 42 páginas)


* César Gamboa Balbín es Director de Políticas de la asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).