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Mujeres ronderas resisten a la minería y a la criminalización en defensa del agua y sus territorios

Reportaje especial #8M

Por Mallu Muniz* (texto y fotos)

8 de marzo, 2017.- Maritza Emperatriz Bolaños Ayala entra a la sala de audiencias. La campesina y rondera camina con dificultad. “Tengo tres hernias en la columna. Se me hace un poco difícil porque vivo en el Anexo de la Ramada y para ir a trabajar al mercado tengo que madrugar” – lamenta la vendedora. Estamos frente a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y, a pesar de un lindo sol, el clima es supone una preocupación. Una vez más, Maritza ha dejado su casa, en el Distrito de Sorochuco, Celendín, para presentarse cuatro horas después, puntualmente, al juicio oral, conducido por un nuevo cuerpo de magistrados. Este cambio inesperado ha generado dudas entre los acusados, quienes decidieron en su mayoría ejercer el derecho a “guardar silencio”. Además, según Maritza, las constantes amenazas a su vida, la llevaron a silenciar su celular, el cual mantiene indefinidamente desconectado.

La vendedora de comida, es una de las dieciséis lideresas y líderes comunitarios, acusados por el exgobernador Distrital Luis Castañeda Pisco y por Pedro Zamora Rojas, ex gobernador de la provincia de Celendín, por su supuesto secuestro agravado, coacción y ultraje a los símbolos patrios, crímenes que podrían llevar a penas de hasta 36 años de prisión a varios de los acusados.

Mientras el Fiscal recuerda las acusaciones que constan en autos, la rondera se mueve en su silla, sostiene la cabeza con el brazo izquierdo, demuestra contrariedad e impaciencia.

Según la versión presentada por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, no hubo el llamado “ultraje”. Más bien, “los manifestantes retiraron el escudo del Perú del local de la gobernación para preservarlo simbólicamente de la corrupción”.

Los integrantes de la Comunidad Campesina de Sorochuco exigían, en el momento del incidente, la destitución de Castañeda por “su cercanía con la minera Yanacocha”.  Formada por un consorcio con participación de la empresa estadounidense Newmont, el Banco Mundial y la empresa peruana Buenaventura, asimismo, Yanacocha ha estado vinculada por varios años a la brasileña Odrebretcht. A su vez, la constructora es responsable por obras de infraestructura minera en Cajamarca, beneficiaria de mega proyectos hidroeléctricos en el Río Marañón, además de todo ello, se encuentra ubicada en el centro de un huracán de denuncias de corrupción que involucra a gobiernos de diversos países en Latinoamérica.

En el mismo día de la audiencia, el pasado lunes, un conjunto de organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos ha publicado una carta, como acto de solidaridad con los acusados, en la cual se identifica el proceso jurídico en curso como “consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha”“Este problema ocurre por el Proyecto Conga, porque nosotros somos defensoras, somos guardianas de la laguna, la laguna del Perol. Vivimos bajo la cabecera de cuenca, estamos a dos horas del proyecto Conga, entonces nosotras luchamos por defender los elementos hídricos, el agua, que es fundamental” – resaltó Maritza al salir de la audiencia.

“Tengo siete hijos, soy madre soltera, yo soy padre y madre para mis hijos” – afirma, reproduciendo el estigma social impuesto a las mujeres que no cuentan con la participación del esposo en la educación de sus hijos. Para ellos, Marizta espera transmitir un ejemplo de lucha: “Que tengan un buen recuerdo de mí, que he estado en las defensas del agua, y que sigan defendiendo lo que es nuestro” – dijo, antes de entrar a la oficina de la ONG GRUFIDES, donde le esperaban sus compañeros y abogados para evaluar la audiencia recién finalizada. Su apariencia frágil, oculta la determinación de quien ha pasado quince días apartada en un campamento “en la altura, donde las papas queman, rodeada por los policías de la DINOES [División de Operaciones Especiales]” – recuerda ella, refiriéndose a los enfrentamientos más intensos ocurridos entre fines de 2011 y 2013. “También tengo perdigones en la pierna, también tengo eso… Pero yo voy seguir defendiendo a pesar de estar enferma”


Maritza (izquierda) y María Bilda: ronderas en defensa del Agua durante juicio oral.

“La minería es destrucción y nos va matando cada día”

Terminada la audiencia, la emoción casi se desborda por los ojos de Andrea Rodríguez Chávez cuando se refiere a la opinión de sus hijos frente a su acción en defensa del agua: “Se sienten muy orgullosos de su madre, porque es una madre luchadora”. Andrea tiene 4 hijos. “Es mucho problema para nosotros trasladarnos a este sitio [en Cajamarca], porque como ama de casa uno tiene que hacer cualquier cosa para buscar el medio de cada día y estamos en estos problemas solamente por una calumnia” – afirma la rondera. “Dicen Justicia, pero nunca hay. La mujer en especial es maltratada de muchas maneras, entonces reclamamos eso, defendiendo nuestras aguas. El agua es lo esencial para nosotras, la fuente de vida.” – se desahoga la ama de casa al salir de la audiencia.

María Bilda Silva Rodríguez, “padre y madre” de siete hijos, también atribuye a ellos la razón de su lucha. “Yo pienso dejar lo principal, que es el agua, porque yo estoy mayor y los que van a sufrir son los que se quedan, ¿no? Y por ellos lucharemos, hasta adonde Dios diga” – afirma.

Si bien, la lucha aún no termina, la suspensión del Proyecto Conga fue una victoria y ha convertido la resistencia de las ronderas y los ronderos en un ejemplo internacionalmente reconocido. Cuestionada sobre la relación entre minería y desarrollo, Sandra es categórica al afirmar: “Con esto nos engañan, pero la minería es destrucción y nos va matando cada día. ¿Qué hace uno cuando tienen plata si ya no servimos para nada? Tenemos plomo en nuestra sangre, ya no podemos tomar el agua, nuestros animales se morirán. Yo no veo desarrollo”.  Sus palabras anuncian una realidad de desplazamientos, contaminación y enfermedades que Elita Yopla Herrera, 23 años, conoce de cerca.

Entrevista

Elita Yopla Herrera vivió en Sán Andrés de Negritos y luego se fue al Centro Poblado Tual, comunidades de Cajamarcaafectadas por actividad minera desarrollada por la empresa Yanacocha durante la década del 90. Las memorias de la primera infancia todavía emocionan y han dejado marcas. Los fuertes dolores de estómago, el sueño en exceso, la debilidad de sus dientes y de su pelo, fueron en conjunto indicios para llegar al diagnóstico. Elita vivió gran parte de su vida con la silenciosa presencia de metales pesados en su cuerpo.

La semana anterior a la entrevista, Elita había sido golpeada en la calle por un hombre que la insultaba, amenazando también a su esposo, el periodista Cesar Estrada, uno de los beneficiarios por la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien acompaña los casos de violación de derechos en la región. “Así somos perseguidas solamente por informar, por hacer entender que la minera trae contaminación” – dijo ella, enseñando la mano herida hace algunos días.

A pesar de que el formato de su sombrero – un aderezo muy particular de la región norte del Perú – la distingue de las campesinas de Celendín, Elita comparte con Maritza, Andrea y María la triste experiencia que es vivir amedrentada por constantes amenazas.

Aun así, son mujeres, madres y ronderas que siguen luchando por el Agua, por sus territorios y por sus vidas.

Cuando llegaron “unos señores desconocidos”…

“Yo cuando era niñita vivíamos ahí todas las personas que nos conocíamos, no más. Y luego llegaron unos señores desconocidos, medían y plantaban unas bolsas blancas, haciendo un cuadrito, empezaban por un cerro al otro cerro, así más o menos. En línea recta, en línea recta. ¿A cuántos metros? No más de cinco metros, calculo yo. Hacián un cuadrito y ponían bolsitas blancas.”

¿Estaban marcando el territorio?

“Claro. Y luego mi mamá y mis abuelitos se pusieron a llorar y dijeron vamos… [Palabras incomprensibles, entre lágrimas]”

¿Te duele acordarte que tuviste que salir de allá?

“Sí, porque vinieron a trabajar con sus máquinas. Y nos sacaron de allí, a buenas o a malas. Teníamos que salir para que trabajaran ellos [de la empresa Yanacocha].”

¿Y les dieron algo, alguna plata por sus tierras?

“Si, mi abuelito recibió para comprar su terreno acá. Pero no queríamos salir, porque allá era más… [tierra]. Todo lo que se ve aquí poquito, allá era más de cada persona, de una sola persona, eran bastante hectáreas. Aquí vemos poquito para una sola persona, allá era más harto”.

El peso de los metales pesados

“Yo tenía fuerte dolor de estómago. Tenía bastante dolor. Todo alimento que ponía en la boca ya empezaba el dolor. Fuertísimo, insoportable. (…) En una máquina identificaron que tengo metales pesados – plomo, mercurio, arsénico… – son cinco. Yo viví cinco años en San Andrés de Negritos, desde que yo nací, cuando Yanacocha ha llegado en 1993. A los quince días de nacida fui llevada a este lugar. (…) Tengo mucho sueño y el Doctor me dijo que es por los mismos metales pesados, dijo algo que la sangre no circula normal. Y mi pelo yo tenía bastante, ahora se ve poquito, se ha caído bastante. Y mis dedos dolían feísimo, eran morados como si fuera sangre oscuro…”

Una mentira sembrada…

“Esto han sembrado así, pero esto es mentira, la minería no trae desarrollo, trae destrucción de la vida, nos trae bastantes enfermedades. Cuando estaba el trabajo en Yanacocha era bastante prostitución, bastantes problemas ha habido acá con los trabajadores, tomaban en las cantinas, se iban a pelear con sus familias… Algunos ya no siguen trabajando, algunos les han botado. Y este río que usted ve, este ha sido bastante agua, ahora parece como si fuera una sequía, pequeño. Este es el agua de cinco ríos que se juntan aquí, es poquísimo esta agua. A los ojos [fuentes] los han explotado para que saquen los minerales, ya no sale el agua, lo han secado. Ya no hay agua que baje. Más antes yo era niña y me acordaba que bajaba harta agua. Mi abuelo me dijo que pasaba el agua de cuatro, cinco ríos. Y purita.”

“Nos ponen en conflictos acá, señorita”

“La misma Yanacocha da trabajo a unos y a otros nos quita la vida, nos ponen en conflicto, señorita [entre lágrimas].  Estos mineros que se vayan, que aquí ya no sigan trabajando. Tengo mis primos algunos que trabajan arriba, con maquinaria pesada, esto también hay. El esposo de mi prima por andar trabajando allá seguro ya está contaminado. Él trabajaba en Yanacocha y dijo que tenía bastante dolor de estómago también. Sí los que vivimos ahí estamos así, imagina los que trabajan ahí.”

“¡Es por el aire, el aire lo trae!”

“…Ellos [de la empresa Yanacocha] lo hacen a tajo abierto y quizás el aire mismo nos trae la contaminación. Ellos dicen ‘no contaminamos porque no estamos cerca sus domicilios’. Pero no es necesario que estén cerca nuestros domicilios, el aire lo trae. Cuando respiramos, respiramos eso. Antes que tenga mi hija, hace siete años, yo cuando olía sentía como rocoto, como el ají que comemos. Yo era menor de edad que ahora y seguramente ahí estaban ingresando [los minerales], ¿cómo más va a ser? Porque yo sentía que en mi nariz se hacían heriditas, y yo misma me pregunto, “¿cómo se hacía heridas adentro? Es por el aire, es por el aire!”

¿Qué es ser rondera?

Rondamos nuestra jurisdicción, nuestro territorio que nos pertenece, lo cuidamos. Sí hay conflictos familiares los hacemos arreglar, así funciona la ronda. (…) Tenemos entendido que nosotros como ronderos también tenemos derecho a ejercer Justicia dentro de nuestro territorio, y esto me hace sentirme orgullosa, sin ser policía, sin ser una autoridad. Por el hecho de ser rondera yo puedo ejercer la Justicia en mi territorio, con mis compañeras, con mis compañeros. Puedo dar mis opiniones libremente sin tener que pedir permiso a la Justicia, o pedir permiso a un juez o algún policía. Damos opiniones libremente.


*Mallu Muniz es comunicadora social y PhD en Sociología.


Fuente: PIC

Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y del medioambiente, son víctimas de la percusión judicial en el Perú.

Hoy 6 de marzo se dará inicio al juicio oral en contra de dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al Proyecto Minero Conga después de que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca, presentó acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión a varios de ellos.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), sub-organismo del Banco Mundial para el sector privado. Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur—han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. Con el Proyecto Conga pretenden depositar 96,000 toneladas de relaves mineros tóxicos al día, en lugares ecológicamente sensibles como las cabeceras de cuenca que constituye su principal fuente generadora de recursos hídricos en esta zona. Debido a la oposición a este proyecto, en julio del 2012, se generó una represión de fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército contra manifestantes de las ciudades de Celendín y Bambamarca, dejando cinco muertos, entre ellos un joven de 16 años, además de heridos y cientos de procesados.

Estas denuncias y procesos penales, desde nuestras perspectivas podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas, pues no solo los cargos son absolutamente alejados de las conductas de los líderes sociales, sino las penas son equivalentes o más graves a las que se pediría para delincuentes de alta peligrosidad en este país.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentra Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse. Contra esta acción hoy se encuentra en curso un recurso de nulidad.

Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del

derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por lo tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el Poder Judicial, que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos AIETI

Broederlijk Delen

CooperAcción

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Perú

Demus

Diakonia

EarthRights International (ERI)

EntrePueblos Perú

Fórum Solidaridad Perú (FSP)

Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz FEEPAZ

GRUFIDES

Instituto de Defensa Legal y Ambiental y Desarrollo Sostenible de Perú (IDLADS)

Instituto de Defensa Legal IDL

Koepel Van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11

La Pastoral Social del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier – Jaén

Observatorio de conflictos mineros de America Latina OCMAL

Paz y Esperanza

Programa Democracia y Transformacion Global (PDGT)

Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN

Red Muqui


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INTRODUCCIÓN

El presente estudio analiza un periodo reciente de la historia del Perú, durante el cual sucedieron acontecimientos económicos y sociales que reflejan los problemas estructurales del país, como la presencia de grupos económicos que distorsionan el mercado, la predominancia de una estructura económica primario-exportadora, la fragilidad institucional, los aún altos niveles de pobreza, entre otros.
El principal objetivo de esta investigación es analizar la política fiscal implementada en el sector minero en la década 2003-2012, durante la cual el alza sostenida de los precios internacionales de los metales generó un periodo de bonanza económica en el país, que paradójicamente se desarrolló en medio de conflictos socioambientales. El documento se concentra en investigar cómo evolucionaron los ingresos fiscales derivados de la renta minera, y en determinar cómo y cuánto el país ganó o dejó de ganar durante dicho periodo.
El estudio consta de tres capítulos. En el primero se presentan algunas variables económicas que revelan la importancia del sector minero en la economía nacional y se analiza el incremento del precio internacional de los metales como principal determinante de una década de bonanza económica.
Además, se presentan los principales instrumentos fiscales (impuestos y regalías) que aplica y ha aplicado el Estado como medios de apropiación de la renta minera.
En el segundo capítulo se revisa la política fiscal implementada en un contexto de bonanza, con énfasis en el sector minero. Si bien el éxito de la política de ingresos públicos depende de una adecuada política tributaria, la eficacia de la administración tributaria es clave. Por ello, se analizan los instrumentos fiscales adoptados con el objetivo de procurar que el Estado y las poblaciones mineras alcancen una mayor participación en las ganancias extraordinarias del sector. Asimismo, se evalúan las decisiones de política fiscal que se tomaron para administrar el fin de la bonanza minera.
En el tercer capítulo se busca responder si la política fiscal y los instrumentos, tributarios y no tributarios, implementados durante la década de bonanza para gravar la renta minera, fueron lo suficientemente eficaces para generar
recursos adecuados para el desarrollo del país. En particular, interesa conocer si las poblaciones mineras —representadas por sus gobiernos regionales y locales— lograron una mayor participación en los ingresos extraordinarios del sector. Desde esta perspectiva, este capítulo intenta hacer un balance de los temas abordados en los dos primeros capítulos.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio.


Se inauguró la Escuela de Líderes y Lideresas Hugo Blanco Galdos en Celendín, como un espacio para la  formación desde el compartir, el sentir y la articulación entre luchas de la provincia y más allá de ella.

La provincia de Celendín fue el escenario en donde los días 5, 6 y 7 de agosto se desarrolló la escuela de líderes y lideresas “Hugo Blanco Galdos”. Este encuentro albergó a más de cien participantes provenientes de 31 comunidades de la provincia de Celendín, San Marcos y Cajabamba en la región Cajamarca, provincia de Bolívar de la Región La libertad y de las provincias de Luya y Chachapoyas de la región Amazonas. Las delegaciones provienen de territorios en resistencia frente al proyecto minero Conga y a territorios en resistencia a la construcción de mega represas como Chadín 2 y Río Grande 1 y 2 en el Río Marañón.

Esta escuela es una iniciativa de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) que junta a distintas organizaciones, colectivos y personas que se han organizado para defender el medio ambiente y la vida en la provincia de Celendín. Originalmente nuestro proceso organizativo se ha enfocado en resistir al mega-proyecto minero Conga, a lo cual se ha sumado posteriormente la defensa del Río Marañón en donde numerosas comunidades se encuentran hoy en resistencia frente a las hidroeléctricas Chadín 2, Río Grande 1 y 2, hecho que ha significado la recurrente criminalización y la represión de la protesta y la organización social.

En la Escuela “Hugo Blanco” se ha trabajado de forma comunitaria, aprendiendo tanto de la teoría, como de la práctica. Por ello se ha contado con presentaciones de líderes(as) sociales y otros especialistas sobre su experiencia; se ha realizado intercambios entre procesos de lucha; se ha reflexionado sobre nuestra historia, sobre nuestros desafíos personales y colectivos para lograr los cambios anhelados;  se ha desarrollado una visión común y propuestas de alternativas al extractivismo; todo ello a partir de momentos de mística, de arte y cultura, de compartires y sentires colectivos, que refuerzan nuestra identidad y conexión con la tierra.

Hugo Blanco estaba presente en esta primera sesión de la Escuela, compartiendo sus experiencias y convocando a construir otro país desde abajo, desde una ética y práctica comunitaria. También participaron Eduardo Cáceres, Mirtha Vázquez y la dirigente Bambamarquina Blanca Llamoqtanta para comentar las temáticas del programa. El equipo pedagógico que coordina y facilita la Escuela está conformado por dirigentes de la PIC y cuenta con la colaboración del equipo de educadores y educadoras populares del Programa Democracia y Transformación Global.

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Se inicia el juicio de 13 dirigentes del Distrito de Sorochuco y 3 del distrito y provincia de Celendín.

Gobernadores de la provincia de Celendín y del distrito de Sorochuco, no cuentan con pruebas objetivas, su acusación sólo se basan en su propia versión.

El jueves 29 de Octubre, en la ciudad de Cajamarca, se inició el juicio oral contra 16 dirigentes sociales acusados por los gobernadores de Celendín y Sorochuco de secuestro agravado, coacción,  y ultraje a los símbolos patrios.

Según Mirtha Vásquez, abogada de los 16 dirigentes ambientales, dijo que demostrará que la acusación del Fiscal de Celendín es ¨totalmente falsa¨. ¨Es verdad que los 16 inculpados y muchos pobladores de Sorochuco sí participaron en una reunión abierta y pública el 24 de abril del 2013 donde cuestionaron de manera pacífica la actitud de los gobernadores que tienen una posición a favor de la minería, particularmente en favor del Proyecto Conga, pero no hubo secuestro ni agresiones físicas a las autoridades¨, indicó.

Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, Gobernadores del distrito de Sorochuco y provincia de Celendín sostienen que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.

Por otro lado denunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Celendín no han dado la oportunidad a sus defendidos de ofrecer medios probatorios como parte del derecho a la defensa.

¨Afortunadamente el Juez Luis Vásquez del Juzgado Colegiado B de Cajamarca ha aceptado la presentación de los medios de prueba, los cuales cambiarán el rumbo del proceso¨ manifestó la abogada Mirtha Vásquez.

Fiscal reiteró pedido de cárcel

Por su parte el representante del Ministerio Público de Celendín reiteró su pedido de cárcel entre 33 y 36 años para los dirigentes ambientales, a pesar que su acusación sólo tiene versiones de los gobernadores.

Este proceso constituye una persecución e intento de neutralizar a los dirigentes y líderes que se oponen a proyectos que afectan el medio ambiente y ponen en riesgo sus propiedades individuales. ¨Hay una clara intención de perjudicar el accionar de los dirigentes imputándoles delitos y hechos sumamente falsos y enfrentar procesos que implican varias desventajas para los denunciados¨, indicó Mirtha Vásquez.

El caso de los 16 dirigentes ambientales de Celendín es una clara muestra de la asociación grandes empresas – gobierno que buscan criminalizar a dirigentes y personas que al ver que su vida, sus territorios y sus pertenencias en peligro cuestionan la viabilidad de determinados proyectos.

Las personas denunciadas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

¿Quién está detrás de este proceso?

Para los involucrados en este caso, es visible y claro que detrás de esta persecución estaría la misma Minera Yanacocha, prueba de ello es la presencia de uno de sus abogados, César Cumpa Flores que se presentó en una audiencia anterior como abogado de los gobernadores de Sorochuco y Celendín. César Cumpa Flores antes de pasar a trabajar a Yanacocha se desempeñaba como fiscal de la provincia de Celendín e investigaba las denuncias en contra de autoridades y dirigentes en el conflicto Conga formuladas por la minera Yanacocha.

A la derecha, Pedro Zamora Rojas, Gobernador de Celendín, en el centro, César Cumpa Flores, abogado de Minera Yanacocha y en la izquierda el actual coordinador de los fiscales de la provincia de Celendín, en estrechas coordinaciones. 


Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

– Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.

Servindi, 13 de octubre, 2015.- Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI.

La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.

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Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de Lima. Foto: Servindi

“Vengo de Tragadero Grande”

“Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra”, denunció Máxima ante el auditorio de unas 500 personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y medios de comunicación de diversos países.

“Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales para cometer estas violaciones”, señaló la defensora de las lagunas.

“En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados. Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en nuestras propias tierras”, concluyó Máxima.

En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte. En mayo, un grupo de trabajadores de la empresa minera derribó una construcción levantada por la campesina y su familia.

En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima.

Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

“Siguen engañando a nuestro país”

“Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida”, dijo Elmer con voz firme ante la asamblea.

“Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro país con que el proyecto está suspendido”, señaló el representante de Bambamarca.

“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más derramamiento de sangre ni más muertos”, concluyó Elmer.

En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó baleado.

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Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi

Respuestas oficiales

La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute (NRGI) y ex director del Banco Mundial.

El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de Máxima y Elmer:

“Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo”, señaló McGuire.

“En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen”.

Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y justificaciones ante los reclamos formulados.

“La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones”.

“Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de manera abierta y sin violencia”.

“Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros, pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los derechos humanos o pasan momentos difíciles”.

“El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que generamos nosotros”, concluyó el funcionario.

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Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi

Conga no va

Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.

Se entregaron copias del informe “Conga no va” publicado recientemente por un grupo de organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”, agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo técnico.

“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto Conga” concluye el informe.

A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer cumplir sus propias Normas de Desempeño.

La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la región Cajamarca.

La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica.


Por: Mirtha Vázquez
Máxima Acuña de Chaupe se ha vuelto un símbolo dentro y fuera del país. Su tenaz y decidida lucha contra una transnacional minera que le quiere arrebatar sus tierras ha trascendido de forma talque la ha convertido en un ícono de la valentía y la resistencia, fuente de inspiración para muchos pobres que históricamente han sido atropellados por diferentes poderes.
Pero esta resistencia va dejando a su paso muchos costos para Máxima y sufamilia, que producto de esta lucha tienen que llevar una vida casi miserable, debido a las hostilidades de la empresa: Procesos judiciales, amenazas, ataques físicos e impedimentos para que puedan cultivar los productos que necesitan para auto sostenerse.
Para la empresa, este asunto también va generando suscostos. Su torpe manejo la ha puesto en evidencia respecto no solo a los pésimos métodos queutilizan para solucionar sus controversias, sino también por los excesos queestán dispuestos a cometer en nombre de “la defensa de sus derechos”. ¿Quién podría creer, a estas alturas, que esta es la forma correcta de resolver un conflicto cuasi doméstico para una empresa minera transnacional? Ni su propio gremio la avala. Se han oído, en repetidas oportunidades, solapadas críticas de sus homólogos, cuya preocupación es la secuela que este caso deja para todo el sector.
Pero aún más: El efecto Máxima ha trascendido hasta las estructuras más sensibles de este país. Ha puesto en evidencia las consecuencias perniciosas de un modelo neoliberal que minimiza un Estado y lo usa en función a los poderes económicos, quienes son los que de manera fáctica gobiernan el país. Este caso tiene la capacidad de probarlo: fuerzas policiales alquiladas para atacar y proteger los intereses empresariales, imposibilidad de actuación de autoridades para sancionar evidentes abusos, y hasta la modificación y adecuación de normas para legalizar los atropellos, como la ley 30230, que acomoda figuras legales como la “defensa posesoria” y le da la posibilidad a unacompañía como Yanacocha de escudarse en esta figura legal para destruir y dañar bienes sin ser sancionada.
Más allá de evidenciar lo negativo de este modelo, el efecto Máxima lo desafía, planteando desde la resistencia, un reacomodo de este Estado que la sociedad civil no se resigna a ceder a los poderes fácticos. No, Máxima no es una persona que defiende su tierra. Máxima se ha convertido en la expresión ciudadana que no va a ceder sus derechos ni su dignidad a la lógica económica.
No sabemos si Máxima finalmente logre conservar su propiedad, pero sí sabemos que ella ya ganó. Ganó al replantear problemas profundos de un Estado, que ahora podrán defenderse desde otras esferas.

Tenemos una gran noticia: #Hijadelalaguna se estrenará en Cineplanet Real Plaza Cajamarca desde este jueves 27 de agosto.
Se proyectará en dos horarios diarios: 8:10 PM y 10:10 PM
Por lo menos una semana: ¡solo si se llena se queda más tiempo!


Por: Milton Sánchez

Pobladores de 11 comunidades de los Centros Poblados de Huacatáz y del Centro Poblado de Otuzco, en la provincia de Cajamarca, usuarios de los canales de riego Tres Tingos, Muyoc, Huacatáz, Chicospata, entre otros, marcharon por las principales calles de la ciudad en protesta contra la Minera Yanacocha, quién producto de sus operaciones extractivas en las cabeceras de cuenca ha ocasionado la disminución y contaminación de las fuentes de agua, denunciaron los indignados agricultores.

Los pobladores indican que los problemas empezaron a evidenciarse hace 20 años, cuando minera Yanacocha inicia sus operaciones en Cajamarca, intensificándose luego de 10 años de operaciones. Indicaron también que las comunidades reciben agua tratada, no apta para el consumo humano y con metales pesados. También denunciaron que a partir de la presencia de la actividad minera, la población tiene problemas de salud, enfermedades al estómago y de dolores de garganta.

Mientras elaborados spots radiales emitidos en diversas radios locales pregonan que en Cajamarca la población cuenta con 30 % más de agua que antes, gracias a Yanacocha; el director de asuntos externos de la cuestionada minera, Raúl Farfán, en declaraciones a la prensa, manifestó que estas acusaciones que les imputan a su representada, no son ciertas y que por el contrario, son los directivos de los canales de riego de Tres Tingos, La Quinua y Totoras,  quienes amenazan a los usuarios con cobrarles multas si no se movilizan. También argumentó que son intereses económicos y políticos los que buscan perjudicar a Yanacocha.

Sin embargo ya son varias las oportunidades que la población viene movilizándose para denunciar la contaminación y desaparición de sus fuentes de agua. El 11 de junio de este año, pobladores de La Ramada, Manzanas Alto y Plan Manzanas, se movilizaron también ante el ALA Cajamarca, para denunciar que la minera Yanacocha ha quitado el agua a más de 400 familias.

En el mes de mayo, pobladores de Quishuar – Aliso Colorado ingresaron a la zona del tajo La Quinua Sur de Minera Yanacocha, para expresar su indignación, pues los manantiales que dotaban de agua a la quebrada Encajón se habían seco, debido a las actividades mineras. Asimismo, exigieron el cumplimiento de compromisos previamente asumidos por la empresa, como la construcción e implementación de una planta procesadora de productos lácteos en el caserío Aliso Colorado y la ampliación de la electrificación de  Quishuar Corral. (Ver aquí)

La minera Yanacocha, en esa oportunidad, al igual que el día de hoy, emitió un comunicado oficial asegurando que no ha afectado el agua de las comunidades y que todo se encuentra en regla.

En el mes de marzo de este año, pobladores del caserío San José denunciaron la muerte de sus animales, quienes indicaron que desde marzo del 2014 que detectaron la contaminación de sus aguas, habían advertido la muerte de más de veinte vacunos en su comunidad. (Ver aquí)

En el mes de febrero de este año, se dio a conocer un Informe de la OEFA remitido a Yanacocha el día 18 de diciembre de 2014, documento que había permanecido oculto y no fue de conocimiento público. El informe demuestra que, el depósito de desmonte San José – Parte Sur, perteneciente a la Unidad Minera Chaupiloma Sur de Minera Yanacocha, vierte drenaje de aguas ácidas que exceden en 200% los límites máximos permisibles, el cual discurre por la quebrada Quishuar – San José, cuyas aguas son captadas por el canal San José, Río Grande. (Ver aquí)

Los problemas que afronta la minera no solo es por los escases y contaminación del agua, sino también por los incumplimientos de promesas realizadas a las comunidades. El 16 de junio pasado, ex propietarios de zona de influencia directa de la minera Yanacocha realizaron un paro, pues la minera no cumplió con otorgar trabajo a las empresas comunales, los pobladores se quejaron que “Yanacocha nos buscaba en nuestra casa para vender nuestros terrenos y para la viabilidad social, ahora nos corre con la policía”. (ver aquí)

También en junio del año pasado un informe publicado por un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona (España) y la Universidad Nacional de Cajamarca, liderados por la Dra. Marta Barenys, revelaron que los niveles de cadmio, arsénico y plomo que ingerían en su dieta diaria los pobladores ubicados entre la mina y la ciudad de Cajamarca, excedían los límites establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los resultados fueron publicados en Food and Chemical Toxicology.(Ver aquí)

Productos más consumidos en las comunidades cercanas a la mina respecto a los datos del INEI.

Productos más consumidos en las comunidades cercanas a la mina comparados con los datos del INEI.

Sin embargo la empresa minera, también negó estos hechos, tal como lo hiciera cuando trataba de deslindar su responsabilidad por el derrame de mercurio ocurrido en la comunidad de Choropampa, el cual afectó a más de 1200 personas. Lo que si es cierto, es que al momento no hay ningún gerente, funcionario, o accionista de minera Yanacocha denunciado o procesado por los daños ambientales y daños a la salud pública ocasionado a los cajamarquinos. Por el contrario abundan las denuncias y procesos judiciales en contra de los que se atreven a oponerse a los abusos de la poderosa Yanacocha.

A esta misma empresa el gobierno pretende premiar con la explotación por 20 años más las lagunas de Conga y pretende hacer creer que el estado  con rigurosas fiscalizaciones garantizará la cantidad y calidad de agua para las comunidades afectadas.


Por: JORGE PAUCAR ALBINO

¿Se picó feo? El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, sugirió que Convoca.pe, medio de investigación que trata temas ambientales, busca la desaparición del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). El martes 4 de agosto, en declaraciones a Radio Exitosa, Pulgar-Vidal dijo que la periodista Milagros Salazar “parece que le tiene una ojeriza al OEFA“.

Al parecer, al ministro no le gustaron las últimas investigaciones de Convoca.pe. Sus últimas publicaciones son “Los S/. 30 millones que no cobró el Gobierno en multas mineras“, “Las huellas del petróleo que intentaron esconder“, “Estrategia corporativa: Cómo la minera más sancionada del Perú logró que OEFA archive una multa en medio de conflictos de interés” y “La tarifa plana de la gran minería“. Todos estos posts cuestionan con datos la fiscalización ambiental en un país extractivista como el nuestro.

¿Cuál es el problema? Pulgar-Vidal cree que es algo personal o que Convoca.pe quiere desaparecer al OEFA. Salazar ha respondido a través de un post en la web del medio, el cual compartimos a continuación:

DE LA “OJERIZA” AL ACOSO

Ministro del Ambiente sugirió que Convoca busca la “desaparición de OEFA”, aquí nuestra respuesta

Por Milagros Salazar

Ayer martes 4 de agosto en la mañana, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal dio una entrevista al programa de Juan Carlos Tafur en Radio Exitosa. Y no solo habló de selfies, también se refirió a los reportajes de Convoca y a mi trabajo. Me recordó como “esta joven Milagros Salazar” que le “intentó atribuir” enIDL-Reporteros que “tenía alguna vinculación con Yanacocha” y que ahora “parece que le tiene una ojeriza a OEFA”, y peor aún, que Convoca “pareciera estar buscando (…) la desaparición” de este organismo regulador. ¿Conspiración?, ¿odio?, ¿mala fe?, ¿obsesión? Al ministro solo le faltó decir que se siente acosado por mí.

No ministro, no es nada personal. Mi trabajo periodístico consiste en investigar hechos de interés público y usted encabeza un sector que vengo cubriendo desde sus inicios porque desde hace diez años investigo el comportamiento de las industrias extractivas que ejercen una gran influencia económica y política en el país. Haga memoria cuando lo entrevistaba como experto de la sociedad civil, recuerde que lo llamaba para pedirle su opinión sobre estos temas y las responsabilidades de las autoridades de esos días. Recuerde. Y entenderá, que ahora que es ministro del Ambiente su trabajo y el de las instituciones que están a su cargo, deben ser vigilados con la misma rigurosidad y determinación. El trabajo de un periodista no cambia según el ministro de turno. Por eso vea aquí mi respuesta:

En enero de 2012, colaboré con IDL-Reporteros en una nota en la que dimos cuenta que Manuel Pulgar-Vidal recibió una oferta laboral de Yanacocha poco tiempo antes de ser ministro del Ambiente para ocupar una gerencia importante en esta minera, precisamente cuando el conflicto minero Conga estaba en una etapa crítica y ponía contra las cuerdas a la compañía. En el informe también dijimos que no se firmó el contrato pero sí hubo una negociación durante cuatro meses como lo aceptó el propio ministro en una entrevista con IDL-R. ¿Debía conocerse o no este hecho que tenía como protagonistas a la minera del caso Conga y al ministro que debía poner paños fríos en este conflicto en representación del Estado? En IDL-R concluimos que sí. Hubo críticas en las redes sociales de un sector que defendió al ministro y también el respaldo de un grupo de ciudadanos que agradeció la difusión del informe. En cualquier caso, ¿fue mentira lo que se publicó? No. Fue totalmente cierto.

Sobre mi trabajo en Convoca el ministro Pulgar-Vidal asegura que he publicado “cuatro reportes llenos de falsedades” sobre la fiscalización ambiental en el país y que el último informe “Los S/ 30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras” de Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro sobre los efectos de la ley 30230, “es totalmente falso” y no tiene “ninguna base metodológica”.

Antes de las declaraciones del ministro Pulgar-Vidal, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no había desmentido ninguno de los reportajes de Convoca en sus comunicados ni lanzado calificativos. OEFA a lo mucho había llegado a hablar tímidamente de “precisiones” y optado por el silencio ante la réplica de Convoca que casi siempre venía cargada de nueva información. Pero ahora que el ministro del Ambiente tuvo el micrófono abierto en Radio Exitosa, OEFA publicó a las pocas horas un comunicado en la misma línea de Pulgar-Vidal bajo el título: “El Sector Ambiente responde en relación a inexactitudes de las notas periodísticas publicadas por Convoca” resaltando cinco puntos en los que sostiene que “la información errada” del medio digital que dirijo “es una práctica frecuente” y que hay un “sesgo contra el OEFA”.

Horas más tarde, el ministerio del Ambiente publicó el mismo comunicado en su página web. Interesante el manejo mediático del ministro Pulgar-Vidal: en la mañana sale en un radio a desmentirnos, después los funcionarios que tiene a su cargo publican el comunicado (y el propio presidente de OEFA, Hugo Gómez, se suma a la “ola” compartiéndolo en Facebook) y casi al final de la tarde se reproduce el texto en la website del Minam. Un ‘tuit’ de OEFA aquí, un ‘retuit’ del Minam allá. Todo un aparato estatal moviéndose para ocultar lo que es imposible de ocultar, ministro.

Convoca empezó a publicar desde marzo de este año la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre la fiscalización ambiental a las industrias extractivas en el Perú como resultado de un trabajo que venimos realizando desde hace un año. ¿Por qué? ¿Porque odiamos a OEFA y al ministro Pulgar-Vidal? Ensayar una respuesta de ese tipo es no tener la menor idea del trabajo que hacemos los periodistas de investigación, y que puedo resumir en lo siguiente:revelar hechos de interés público a partir del esfuerzo propio. Cualquier persona que tenga una noción básica de lo que sucede en el país, conoce que las ganancias millonarias, los principales ingresos por exportaciones y también el mayor número de conflictos sociales se generan alrededor de las industrias extractivas, y que por lo tanto, lo que sucede con estas actividades económicas tiene gran relevancia pública.

Solo doce empresas de la gran minería han generado cerca de 57 mil millones de dólares de utilidades netas entre 2008 y 2014 por extraer lo minerales del territorio peruano, lo que superó en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos en 2015. Y pese a ello, el Estado aún adolece de una fiscalización ambiental efectiva de este sector. La minería ilegal genera condenables y graves daños en suelos, ríos y bosques en un mundo de informalidad de pequeña y mediana escala, pero al mismo tiempo un grupo de empresas de la gran minería a las que supervisa OEFA lo hace valiéndose de las propias normas, de abogados y técnicos que van y vienen entre el sector público y privado (Ver Revelaciones a Tajo Abierto).

Debido a la polarización que genera el tema, decidimos hacer un esfuerzo investigativo: no solo entrevistar a los protagonistas de los hechos y acceder a documentos, sino construir una base de datos inédita a partir de información oficial y propia que nos permita conocer a profundidad y de manera sistémica el comportamiento ambiental de las industrias extractivas y cómo se desempeñan las autoridades responsables. No hemos recurrido a una sola fuente y tampoco lo hemos hecho en tiempo récord, optamos por el trabajo de largo aliento para confrontar todas las versiones y ser sólidos en nuestros hallazgos. Los “reportes llenos de falsedades” como asegura Pulgar-Vidal, se hicieron a partir de 120 solicitudes de información al Estado, más de 60 entrevistas, la revisión de más de 4 mil documentos de 40 mil páginas y la revisión de decenas de expedientes. En forma adicional, hemos construido con la ayuda de desarrolladores un mapa interactivo con los procesos sancionadores iniciados por OEFA para que los ciudadanos conozcan lo que pasa en sus territorios y puedan ejercer la vigilancia pública. Hemos hecho lo que debió hacer el Estado.

En todos los reportajes se incluye la versión de OEFA, incluso hemos postergado la publicación de nuestros informes hasta recibir la respuesta de este organismo estatal y cuando ha sido necesario, hemos buscado la versión del propio ministro del Ambiente (Ver El Círculo Minero de la Infracción). Pero Pulgar-Vidal asegura que buscamos otra cosa: “la desaparición de OEFA”. ¿Desaparición?, ¿así como sucedió con los papeles que se esfumaron de uno de los expedientes de Volcan, la empresa más infractora, y que permitió liberar a esta empresa de una multa millonaria por decisión del tribunal de OEFA? (Ver Estrategia corporativa) El ministro no recuerda eso y tampoco el reportaje que publicó Convoca para informar quiénes eran las empresas infractoras que demandaron a OEFA y al Minam para no pagar el Aporte por Regulación. Prefiere descalificar, ocultar y escudarse en una estrategia mediática.

Imagino que debió ser difícil para Pulgar-Vidal despertar el último domingo 2 de agosto con una portada y un reportaje de dos páginas en La República en el que se reproducía la investigación de Convoca sobre cómo se premió el incumplimiento ambiental de las empresas mineras con la ley 30230. Esta norma impulsada por el Ejecutivo, terminó siendo avalada por el ministro del Ambiente como parte de la “simplificación de procedimientos” para promover las inversiones. Y a un año de la aplicación de la norma, Convoca logró demostrar las consecuencias de esta decisión que se resume en lo siguiente: “el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares”.

El período del análisis oscila entre julio de 2014 y marzo de 2015 y significó la revisión de todas las resoluciones de sanción aprobadas bajo la ley 30230. Solo se incluyeron las multas firmes que los propios técnicos de OEFA consideraron como rangos mínimos y máximos en estas resoluciones basándose en la escala de multas y sanciones que rigen en el sector. Si a Pulgar-Vidal le incomoda que se haya titulado el reportaje tomando en cuenta el rango máximo que aparecen en los documentos oficiales, entonces puede elegir un titular con el monto mínimo que también señala la investigación: más de 20 millones de soles en multas congeladas y reducidas a favor de empresas mineras infractoras. ¿O acaso es posible multar a las empresas por debajo del monto mínimo?, ¿o los funcionarios de OEFA consignaron “falsedades” e “inexactitudes” en las resoluciones de sanción? Es OEFA versus OEFA.

Toda esta información aparece en el reportaje, pero ya que para el ministro lo publicado no fue suficiente, aquí explicamos el paso a paso del método para que, ojalá esta vez, lo entienda.

En su comunicado, el sector ambiente omite esta explicación y otros puntos centrales: que la versión de OEFA sobre las medidas correctivas que reemplazaron a las multas fue incluida en el reportaje, que un grupo de mineras también ha apelado estas medidas porque no quieren cumplir aunque les hayan suspendido las multas, que hasta marzo no se registró ninguna multa efectiva por reincidencia, que hasta el cierre del reportaje OEFA no impuso ninguna medida coercitiva, que varias de las multas congeladas y reducidas correspondían a infracciones muy graves cometidas hasta cuatro años atrás y que en esos términos no existe “corrección oportuna de la infracción” como señala el comunicado. Y no solo eso, la ley ha beneficiado con la reducción de una multa por más de un millón y medio de dólares a Doe Run, una empresa conocida por incumplir sus obligaciones ambientales y que incluso ha demandado al Estado peruano por 800 millones de dólares en un arbitraje internacional.

El sector Ambiente también intenta descalificar otra investigación de Convoca ahora que el ministro decidió salir al frente: “Las huellas del petróleo que intentaron esconder”, la cual reveló cómo las autoridades de tres gobiernos permitieron la prescripción de más de mil informes de supervisión ambiental en el sector hidrocarburos y electricidad benefiando a un grupo de empresas. En el comunicado señala que el 98% de los casos prescribieron bajo la responsabilidad de Osinergmin, como si Convoca hubiese dicho lo contario. Nada más falso. ¿Dónde está la mentira?, ¿qué es lo tendencioso?, ¿quizás no debimos decir que también prescribieron informes en los tiempos de OEFA?, ¿debimos ocultar que hubo más de treinta casos que este organismo regulador tuvo la obligación de evaluar y no lo hizo?, ¿quién manipula la información?, ¿quién debe explicaciones a los ciudadanos?

Desde hace varios meses, Convoca ha solicitado, de manera reiterada, entrevistas con el presidente de OEFA, Hugo Gómez. Ayer, también pedimos conversar con el ministro Pulgar-Vidal luego de escuchar sus declaraciones. Pero ninguno de los dos funcionarios ha accedido a responder sobre lo que no dicen sus comunicados y, por lo tanto, lo que aún no terminan de explicar al país. Vea usted ministro, no se trata de “ojeriza” ni de acoso. A estas alturas, usted debería reconocer que mi trabajo consiste en revelar hechos de interés público aunque, desde el puesto que ahora le toca desempeñar, le incomode.

(Foto de portada: El Heraldo / Marcos Rojas)


¿Recuerdan al cardenal Juan Luis Cipriani criticar a los opositores a proyectos mineros? Ahora lo entendemos un poco más: no era solo una cuestión ideológica, sino también de intereses económicos.

JORGE PAUCAR ALBINO / La mula.pe

Ambos conforman los poderes de facto. Empresariado e Iglesia van de la mano. Casi siempre. Eso no debería ser novedad. Hemos visto al cardenal Juan Luis Cipriani emitir discursos políticos en su programa radial en RPP “Diálogos de fe“, que de diálogos no tienen nada. Solo es un monólogo en el que el religioso católico difunde su ideología conservadora de derecha. Recordemos cuando él se pronunció en contra de aquellos que ven con preocupaución la minería a tajo abierto y el desarrollo de proyectos extractivos en zonas agrícolas, como el caso de Conga (Yanacocha) y las rondas campesinas y Tía María (Southern Copper / Grupo México) en el Valle de Tambo. Aquí podemos ver a Cipriani dando un discurso político:

Lee también: Cardenal Juan Luis Cipriani analiza viabilidad del proyecto Conga .

Y también ha pedido estado de emergencia en Islay por el conflicto por Tía María.

Ahora, contamos con un dato que nos permite entender mejor la posición del cardenal. Resulta que el Arzobispado de Lima es accionista minoritario de la empresa minera Buenaventura, socia de minera Yanacocha en el Conga. Recordemos que este proyecto es rechazado por la población local desde el 2012 y actualmente está suspendido. El conflicto por Conga dejó 5 muertos, producto de la represión policial. Las rondas campesinas lideran hasta ahora la resistencia. Pero la vida y la ecología parece importarle poco al religioso Cipriani. Diario 16 reportó hoy, lunes 15 de junio, que el Arzobispado es accionista minoritario de Buenaventura. “La máxima instancia católica en el Perú figura con acciones del tipo D”, dice el medio. Esto significa, explica el diario, que se tienen “acciones por dividendo”. Es decir, el Arzobispado iba a recibir ingresos de todas maneras, se ejecute o no el proyecto.

CONGA SEGÚN CARLÍN / LA REPUBLICA

Esta posición pro-minera de Cipriani no se terminaría de entender si no consideramos este dato. Así que no solo era una cuestión ideológica, también era una defensa de intereses económicos lo que hacía el cardenal cuando apoyaba polémicos proyectos mineros y atacaba a los opositores.

Que diferencia con el Papa Francisco, quien tiene, al menos en el discurso, un mensaje ambientalista. En noviembre del 2013, Bergoglio se puso la camiseta del “agua sí, oro no”, cuando el diputado argentino, Fernando “Pino” Solanas visitó al Pontífice para hablar sobre el medio ambiente.

FOTO: @FERNANDOSOLANAS / TWITTER

Y si nos ubicamos en el Perú, qué diferencia entre Cipriani y el padre Issac Shahuano, quien ganó el premio nacional de derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Él tomó partido en el conflicto por el proyecto minero Conga, apoyó a los ambientalistas y a las rondas campesinas.

FOTO: JORGE CHAVEZ ORTIZ

Del otro lado del charco, también está la “Red Iglesias y Minería”, que publicó un documental ambientalista:


Fuente: elgranangular.com

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales alrededor de conflictos mineros.

Perú es el cuarto país del mundo más mortal  para los defensores ambientales y de la tierra, según el estudio de la organización Global Witness. Al menos 57 activistas fueron asesinados entre 2002 y la actualidad,  la mayoría de estas muertes fue por conflictos relacionados con proyectos de minería. El 56% de los presuntos autores de las muertes fue a manos de los  policías, y el 17% fue esta fuerza de seguridad junto con las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada.

Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las “dádivas” de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Esta región minera alberga relatos de impunidad, de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido.

La lucha del campesino Isidro Llanos

Sus lágrimas caen a borbotones de sus ojos, y recorren los surcos del anciano rostro. Paula Llanos no puede contener ese llanto ahogado al comenzar a  hablar de su “hermanito”, Isidro. Sus manos, embrutecidas por llevar toda una vida trabajando en el campo, y deformadas, por la artrosis, tratan de secar sus lágrimas.

“La mina, lo mataron a mi hermanito, mi papacito. Él sólo por resguardar esas aguas. Esos delincuentes, esos arrastrados, lo mataron”, se lamenta. Isidro Llanos era un hombre de campo, 58 años dedicados a cultivar sus tierras, y a criar ganado. El 2 de agosto de 2006 lo mataron en Combayo.

El río Azufre parecía condenado a un destino de contaminación. La empresa Yanacocha se instaló en los años noventa en el cerro Carachugo, ahí  se fundió la primera barra doré. En 2006, las intenciones de la empresa de ampliar el proyecto minero  (Carachugo II), movilizaron a la población. “Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino”, relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. “No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso”, comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. En diciembre de 2010 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca decidió liberar de cargos a los tres policías supuestamente involucrados, aduciendo no tener pruebas suficientes que los incriminen.  “No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo”, relata Paula Llanos.

“Nueve años después de la muerte de Isidro Llanos, no hay ningún culpable”

Vive en una herrumbrosa casa de adobe junto a su familia compuesta por mujeres. Cajamarca es la región más pobre del país, más de la mitad de sus habitantes (53.7%) viven en la pobreza y más del 20%  en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Enaho 2012.  Las dos niñas juegan animadamente con su hermanita de apenas dos años. Sus risotadas ignoran por un momento la pobreza extrema en la que viven, en la que el 36,1% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

María Tasilia se abre paso, entre las gallinas, para visitar la lápida de su tío. Camina descalza entre piedras, tierra y prado. Sus pies son gruesos y agrietados. Paula se arrodilla frente a la lápida y comienza a llorar. Cuando sus lágrimas comienzan a secarse,  y el vacío se apodera del estómago carcomiendo poco a poco, empieza a entonar una triste canción andina, para ella, para su consuelo,  como si de una nana se tratase, se calma. “Mi papacito, mi hermanito…” Poco a poco se apaga,  hundiéndose su cabeza coronada por el tradicional sombrero regional entre sus piernas.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

Ver línea de tiempo

Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque “declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos”. “Quienes toman la decisión política de que intervengan las fuerzas armadas, deben de saber medir  las consecuencias de dicho acto, porque éstas no están capacitadas para realizar funciones de índole policial”, explica. “Ese es el problema: porque cuando decides sacar a las fuerzas armadas salen con fusil, y si tú eres un muchacho de 18 años que está haciendo su servicio militar y se te viene una turba con palos, piedras. ¿Qué va a hacer? Reacciona y lamentablemente eso es lo que ha provocado varios muertos”, comenta.

El decreto establece que cuando la actuación de las fuerzas armadas en estado de emergencia se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo o elemento hostil, rigen las normas del derecho internacional humanitario. “El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado”, sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. “Cuando se produce una situación de conflicto armado entonces aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual rebaja el nivel de licitud del uso de la fuerza. En el contexto de un conflicto armado, el Derecho Internacional si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado”, comenta Bregaglio.

“Solo entre el 2011 y 2012 cinco personas fallecieron y 154 resultaron heridas”

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, “cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional”. No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de “sobrepasado”, considera que debe ser definido, para “no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder”. Para el Procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, en cambio, no ve necesidad de que esté definido. “Eso no puede estar tampoco en la ley, porque te da un marco general. Esos son hechos puntuales que competen a determinadas circunstancias que se tiene que valorar en su momento”.

Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del “orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable”, pues de lo contrario, “viviríamos en una anarquía”.  Añade además que “no hay una preocupación particular en el Congreso en el tema normativo, sino al contrario, hay una preocupación por el desorden social”.

“El agua es la vida”

El joven César Medina dedicaba su tiempo a defender algo tan lejano para los que viven en las ciudades: el agua. “El agua es la vida mamita. Tenemos que seguir luchando por ella”, le decía a su madre con convicción. Todos los pobladores de Celendín y de Bambamarca recuerdan cuando el presidente Ollanta Humala los visitó y les preguntó: “¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante el agua o el oro?”. El sentimiento de traición entre la población aflora en las conversaciones. “El presidente vendió a su pueblo a la minera, y nos mandó matar”, afirma Santos Huamán.

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces. Estos casos, a pesar de haber sucedido en Cajamarca,  la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, del Poder Judicial, (31 de mayo de 2012) ordena que los procesos judiciales sucedidos en Cajamarca sean de conocimiento por los órganos jurisdiccionales con sede en la región de Lambayeque.

“Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a losculpables”.

El 3 de julio, César Medina le dijo a su madre que iría a la Iglesia y después a una cabina de Internet  para poder terminar el trabajo que le habían mandado en la escuela, a pesar de que su madre Maximila Aguilar  le había recomendado que no saliera a  la calle porque habían protestas.  Tenía 17 años, le quedaban tres meses para terminar el último año de la secundaria, y además, estaba en el primer puesto. El joven  iba a formar parte de ese escaso 32% de  ciudadanos que termina sus estudios secundarios en la región. “Ya termino mi colegio, ya voy a trabajar mamita, ya no vas a sufrir”, le decía. “Porque yo trabajé mucho para educar a mis cuatro hijos”, comenta Aguilar. Celendín es la provincia que registra el mayor porcentaje de pobreza total de la región, con una tasa total de 75.1% y de 46.3% de pobreza extrema. Maximila Aguilar regresó del mercado a  su casa sobre  las 2 de la tarde, al ver que no retornaba su hijo, salió a buscarlo.  Las calles estaban llenas de policías, lo buscó en la Iglesia y en la posta, donde lo encontró  tumbado en una camilla.

Maximilia Aguilar

Las vigilias de la población contra el proyecto minero Conga unieron voluntades, esfuerzos, impulsaron debates y motivaron paros. Pero también encendieron la alarma política que veía en esta participación popular una amenaza.  El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. Afirma que con esta intervención se quiere “poder prevenir los actos de violencia que pudieran producirse a raíz de las acciones a desplegar en razón del paro regional indefinido convocado a partir del 31 de mayo”. Como consecuencia se instaló una base militar en el Coliseo de la ciudad.

José Faustino Sánchez era peluquero, pero desde hacía un tiempo trabajaba en la construcción porque debido a la presencia constante de las fuerzas armadas, según relata su viuda Marisol Malqui, no dejaban abrir los locales. José era el sustento de su hogar porque su esposa además, está enferma del corazón. Ese día, el 3 de julio de 2012, regresó a su casa a almorzar junto a ella. “En las noticias escuchamos que había un incendio en la plaza de armas de Celendín, no sabíamos la razón”, explica Marisol.

Según informes policiales, a las 11 horas un grupo de manifestantes de 1500 personas se dirigieron desde la Casa del Maestro con dirección a la Plaza de Armas. Hacia las 12.40 comenzaron los manifestantes los disturbios porque supuestamente, “arrojan piedras en forma violenta al personal policial y propiedad privada”, provocando lesiones a dos miembros de la policía. Poco después, de acuerdo a estos documentos, los manifestantes incendian las instalaciones de la Municipalidad. A la 1 de la tarde, el comandante de la PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo solicitó apoyo militar con la finalidad de brindar protección a las instalaciones de la comisaría, porque según la carpeta fiscal del Ministerio Público  un grupo de 800 personas se dirigían con la finalidad de incendiarla. Los equipos que actuaron  en apoyo de la policía nacional contaban con escopetas con cartuchos de 12mm con balas de goma, cascos antimotines, escudos de protección y otros contaban con fusil tipo Galil cuya munición es de calibre 5.56 mm.

“Todas las calles de Celendín, estaban ocupadas por los militares y policías”.

Marle Livaque, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de la provincia de Celendín, explica que hacia el 27 de junio algunos trabajadores de la Municipalidad les habían advertido que iba a ver un atentado en la Municipalidad, y que querían incendiar sus instalaciones para que echaran la culpa a los manifestantes ante lo cual, interpusieron una denuncia. Asimismo, Livaque afirma que hubo infiltrados que provocaron los disturbios.

José Faustino Sánchez hacia las 4 pm se marchó del trabajo a su casa por órdenes de su jefe, para que no los alcanzara una bala perdida. De camino, recibió un disparo. Paulino Leonterio regresó a Celendín el 2 de julio. Volvía a casa unos días para estar con su esposa Adelaida Amelia Tabaco y sus dos hijos, que tenían entonces 15 y 14 años. Paulino, de 43 años, estuvo trabajando un mes en Lima porque no encontró trabajo en su localidad. Este padre de familia, también defendía el agua, porque como repite Adelaida, ” el agua es la vida”. El 3 de julio, Paulino salió de su casa sobre las 11.30 de la mañana para visitar a su hermana. Todas las calles de Celendín “estaban ocupadas por los militares y policías”, relata Adelaida. Cuando retornaba a su casa y pasaba por  una calle cercana a la Plaza,  un impacto de bala le lesionó  el pulmón y tórax, causando su muerte.

Joselito Sánchez tenía 30 años y era albañil. Ese día estaba poniendo mayólica en una casa a unas cuadras de la Plaza de Armas. De camino a su trabajo se encontró con la protesta. Decidió sumarse a ella para “defender el agua”, relata su madre Santos Huamán. “Yo estaba en la plaza, pero no sabía que mi hijo también estaba. Un policía me habló feo y me tiró al suelo”. Al poco tiempo sobrevoló un helicóptero y fue entonces cuando comenzó la balacera, explica Santos quien añade que, según lo que la gente cuenta, su hijo empezó a filmar con su celular, y es en ese momento cuando recibe el disparo.

Las muertes de Conga 

Paseamos por la Plaza de Armas de Celendín, donde hay varios carteles promocionando que los jóvenes se apunten a la escuela de policía. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, considera que “no es casualidad. Es una estrategia para que luego repriman a su misma gente. Igual pasa con la proliferación de universidades como Alas Peruanas, la de San Pedro, ofrecen carreras como ingeniería de minas, donde después los jóvenes son captados por las mineras”.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al “traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego”. Marisol Malqui lo recuerda claro, no lo olvida porque estuvo presente mientras se realizaba la necropsia, “sin mi presencia, ustedes no lo van a hacer”, dijo Marisol, en un acto por velar y proteger a su marido José Faustino.

En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia recogido en la carpeta fiscal, se afirma que “es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín”.

Joselito Tumba

En la descripción de los hechos, se señala que las fuerzas de orden desarrollaron acciones disuasivas (medios no letales). La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Advertía además sobre “los problemas educativos, logísticos y normativos de la PNP en materia de violencia en conflictos sociales y la naturaleza de este hecho social se evidencia en la operatividad. Si no se aborda dicha problemática, los operativos policiales seguirán produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”.

Desde la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, habla de la “falta de especialización de la policía nacional en conflictos sociales en  el país. A veces por falta de personal se recurre a una división como DINOES, y ésta fue creada para hacer uso de la máxima fuerza para enfrentar terrorismo y narcotráfico. Trasladar a la DINOES a escenarios de conflictividad social es de altísimo riesgo”.

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“Mi sangre, mi vida. Todo por el agua, y mi pueblo desde el cielo. Les bendeciré para tener la victoria”, reza el epitafio de Joselito Vásquez, fallecido el 4 de julio a los 28 años. Su madre, María Alejandrina Jambo, pidió un préstamo para poder pagar el velorio.  Joselito murió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad durante la manifestación que hubo en la Plaza de Armas de Bambamarca en contra del proyecto Conga. Resultaron heridos  de gravedad además 8 civiles.   “Todo estaba lleno de policías. Vinieron de frente a matar a toda la gente. Mi hijo ese día estaba trabajando, dejó la camioneta, y le balearon. Ese día no estaba participando en la protesta”, explica su madre. Su hijo mantenía a su familia desde los 12 años como chofer. “¿Quién va a mantener a mi nietito de tres años?”, se pregunta.

“La PNP no cuenta con suficientes armas no letales para intervenir en conflictos sociales”

Ese día el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva en un informeexplican que el gobierno incurrió en la “argucia legal” de consignar como fecha del referido decreto el día anterior, el 3 de julio de 2012, con la intención de que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día siguiente como establece la Constitución, que en este caso sería el 5  de julio de 2012. Este cambio hizo  que la detención al  ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana el 4 de julio de 2012 fuera ilegal.

De acuerdo al pedido de queja realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacia las 9.30 horas  del 4 de julio en Bambamarca, aproximadamente unos 100 efectivos del ejército se presentaron para intervenir en el operativo contra los manifestantes, ocho de los cuales fueron heridos de gravedad. Participaron 42 suboficiales pertenecientes a la DITERPOL-Piura, destaca además que un contingente policial se desplazó hasta Bambamarca en dos vehículos de la empresa minera Yanacocha para prestar apoyo al comisario de la localidad.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

En el caso de Cajamarca y concretamente en actos de protesta en contra del proyecto minero Conga surge la pregunta, ¿Quiénes de esos efectivos policiales trabajan a su vez para la seguridad de la empresa Yanacocha? Existe un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP”. Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.

Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN. De acuerdo al convenio, “la policía nacional prestará el servicio policial de seguridad a empresa  minera en zonas de propiedad de la misma y zonas de influencia de acuerdo a las situaciones de riesgo que se prevean y en cualquier otro lugar que sea requerido dentro de la zona de operaciones”.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina elabogado Juan Carlos Ruíz. “Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo”, declara Luque.

Impunidad

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien”, comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  adolescente de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma “no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona”. “Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía”, cuenta.

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Marisol Malqui dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera que habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. “Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.”. Marisol no tiene un trabajo estable,  limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  “¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Tras la muerte de los maridos e hijos de estas mujeres, la soledad las acompaña, y la pobreza se recrudece. Santos Huamán, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. “Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura”.

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La disposición fiscal del 7 de enero de 2014  por el que se archivó  el caso en un primer momento (La CNDDHH realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación) resultaba llamativa en cuanto sus conclusiones, que señala:  “Existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso (…) ya que las víctimas han recibido impactos de proyectiles de armas de fuego provenientes posiblemente de armas que portaban algunos de los miembros del Ejército Peruano”.  “No existen indicios que permitan establecer que los agraviados hayan tenido en su poder armas de fuego, con las que  hayan atacado a las fuerzas del orden”, determina el fiscal. Las razones por las que se archivó el caso era por la falta de individualización de los presuntos autores, entre otras cosas, porque el Ejército no ha proporcionado información requerida, como el plan de operaciones formulado para actuar ese día, la relación del personal de las patrullas, ni el registro de entrega de armamento y munición a los miembros del Ejército.

“Teniendo en cuenta las pericias y los protocolos de necropsia, no cabe duda que las órdenes de disparar no se limitaron a señalar que se efectuaran disparos disuasivos al aire, sino que directamente se ordenó disparar al cuerpo”, señala el pedido de queja presentado por la organización. “Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

“En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vía judicial”, declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. Mendoza añade: “No hay responsabilidad penal ni política, y ese es el peor mensaje que puede dar el Estado peruano frente a una población que lo único que reclama es que se respeten sus derechos”.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva”

¿Hasta qué punto el decreto 1095 puede impedir la debida investigación por justicia penal ordinaria de los sucesos acontecidos en este caso y en  otros? Este dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en aplicación de este Decreto Legislativo o en ejercicio de su función son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial”. Víctor Álvarez afirma que “ninguna afectación a los derechos de las personas en esta situación pueden ser materia de fuero militar, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional”. La organización Human Rights Watch explica que “los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles”.

Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de la organización Grufides, afirma que “estas leyes son útiles para los sectores empresariales contra los cuales se ha ejercido más el derecho a la protesta por los abusos y vulneraciones de derechos que están cometiendo”. La abogada destaca que en Cajamarca, hay más de 303 líderes procesados por temas de protesta social, y “se les asocia con delitos de disturbios, resistencia a la autoridad, rebelión, hay procesados por terrorismo. Además, en muchos casos se emplean estas normas para lograr la impunidad  para las fuerzas del orden en casos de violación de los derechos humanos”. Milton Sánchez acarrea 50 denuncias, además recibe llamadas telefónicas amenazantes. El presidente de esta organización además explica que han abierto dos centros policiales en las zonas de las lagunas, cada uno con capacidad para 300 efectivos de la DINOES.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales”, concluye el abogado del IDL. “Hay una consolidación del modelo económico neoliberal extractivista iniciado en los 90 con Fujimori, y en la medida en que este proceso se extiende y se consolida necesita ingresar a nuevos territorios, requiriendo de más energía, más agua. Esto hace que aumenten los conflictos. Lo que necesita este modelo entonces es limitar los derechos, y  un manejo cada vez más autoritario”, explica Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas de la población son estructurales; sí el Estado mantiene esta legislación y una posición pro inversión sin considerar a las poblaciones, el desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

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Convenio de prestación de servicios entre Minera Yanacocha S.R.L. y PNP

Minera Yanacocha  afirma requerir contar con el apoyo de la policía nacional “a efectos de prevenir la comisión de delitos o atentados que puedan perpetrarse contra su personal y/o instalaciones, y asimismo desea contribuir con la seguridad de la ciudad de Cajamarca y otras localidades del ámbito de influencia de sus operaciones”.

La policía nacional prestará el servicio policial de seguridad sólo con el personal de vacaciones, franco o personal que haya participado en acciones meritorias en actos de servicio… (4.1.3).

Yanacocha se compromete a facilitar una asesoría legal, gratuita y permanente al personal policial que  con ocasión de brindar el servicio policial de seguridad, se vea involucrado en un proceso judicial derivado del cumplimiento de dicho servicio. (4.2.10)

Yanacocha se compromete a cubrir los gastos de mantenimiento o reparación del armamento, accesorios y/o reposición del uniforme de faena policial de propiedad del Estado, que como consecuencia del Servicio Policial de Seguridad se deteriore… (4.2.11) El servicio en la mina asciende a 38 soles diarios para cada oficial, y 18 soles diarios para cada suboficial…En circunstancias especiales, servicios en lugares sin facilidades de alojamiento y alimentación asciende  a 78 soles diarios. Asimismo, Yanacocha se compromete a contratar una póliza de seguro a favor de la policía que presta este servicio que cubre por fallecimiento (US$20,000 dólares), invalidez permanente (US$18,000 dólares) curaciones por lesiones graves (hasta US$10 mil dólares), por lesiones leves (hasta 3,500 US$), sepelio (3,500 US$) y el 100% del traslado para atención médica.

En la cláusula décima establece el convenio que cuando el “personal de la policía nacional realice un acto de servicio en función de su ejercicio policial (y por tanto no estén prestando el servicio policial de seguridad), no resultarán exigibles las obligaciones de minera Yanacocha referidas en la cláusula cuarta (condiciones en las que son prestados los servicios), a excepción de 4.2.2 y 4.2.4″, es decir, la póliza de seguro y la atención en centros de asistencia médica de la minera.


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Payal Sampat, Shreema Mehta, Mirtha Vásquez, Alan Septoff y Katherine McDonnell antes de entregar 150 mil firmas en apoyo a Máxima Acuña a la Junta Directiva de Newmont Mining Corporation. Foto: EarthRights International

– Representantes de organizaciones sociales del Perú y Estados Unidos entregaron 150 mil firmas a la reunión anual de accionistas en Delaware, EEUU para exigir el cese inmediato al hostigamiento a los opositores al proyecto minero Conga.

Servindi, 22 de abril, 2015.- Accionistas disidentes y organizaciones sociales de Perú y Estados Unidos participaron de la reunión anual de accionistas (AGM por sus siglas en inglés) de la empresa Newmont Mining Corporation donde entregaron 150 mil firmas pidiendo el cese del hostigamiento a los opositores al proyecto minero Conga.

“Newmont ha respondido a la resistencia comunitaria contra el megaproyecto minero Conga utilizando a la policía y a la empresa de seguridad privada Securitas para hostigar e intimidar a residentes de Cajamarca, como Máxima Acuña y Elmer Campos, que se oponen a sus planes.”

Así lo informó una nota de prensa emitida hoy por la asociación Grufides, EarthRights International, EarthWorks y SumOfUs.org.

En la reunión celebrada en la ciudad de Wilmington, Estados Unidos, asistió Mirtha Vasquez, directora de Grufides y representante legal de Máxima Acuña de Chaupe.

Ella sostuvo que “Los directivos de Newmont deben renunciar públicamente al hostigamiento contra Máxima y otros ciudadanos de Cajamarca que se oponen al proyecto Conga”.

“De otro modo, la empresa se volverá internacionalmente famosa por descartar sus compromisos con los derechos humanos y la licencia social tan pronto como se vuelven inconvenientes” agregó la abogada.

Los derechos de la señora Acuña han sido reconocidos por el sistema judicial y los organismos de derechos humanos del Perú, pero aun así debe soportar la constante intimidación de la segunda mayor productora mundial de oro.

Máxima Acuña no pudo asistir personalmente a la reunión anual de accionistas porque teme lo que podría ocurrir en su casa durante su ausencia, detalló su abogada.

Por su parte, Elmer Campos fue herido durante las protestas sociales contra el proyecto minero Conga en el año 2011 y alega que la bala que lo dejó inválido provino de la policía contratada por Minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont.

Por su delicado estado de salud, Campos tampoco pudo asistir personalmente a la reunión de accionistas en Delaware.


En el norte de Perú, Máxima Acuña defiende su tierra ante la mayor productora de oro de Sudamérica

Máxima Acuña de Chaupe resiste en la Laguna Azul.

Por:  (7 ABR 2015)

En Tragadero Grande, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, frente a la Laguna Azul, en la Comunidad de Sorochuco, Región de Cajamarca, al Norte de Perú, una mujer de 44 años hace oír su voz. “Soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y las montañas son nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el proyecto Conga no las destruya”, dice con firmeza Máxima Acuña de Chaupe, quien lleva resistiendo cuatro años de litigio y múltiples intentos de desalojo por parte de la Minera Yanacocha, la más grande productora de oro de Sudamérica.

El proyecto Conga está administrado por la sociedad anónima Minera Yanacocha —constituida por las empresas Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43,63%) yCorporación Financiera Internacional(5%)—, plantea trasvasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.

Máxima afirma que la minera no trae nada bueno a su tierra. “Si entran aquí no quedará ni montañas ni laguna”. En 2011 ella denunció a Yanacocha ante la fiscalía de Celendín porque quiso arrebatarles por la fuerza su predio Tragadero Grande. “Desde ese año, vivimos intranquilos, como secuestrados entre las montañas, porque la minera nos acosa y controla nuestras entradas y salidas”.

El rol policial en el conflicto

Desde que se inició el litigio, Máxima denunció en reiteradas ocasiones ser víctima de agresión policial. Pese haber pedido garantías para ella y su familia, la policía sólo brinda protección a la minera. “Hasta estos momentos la policía y el personal de la minera siguen atacándonos con abusos y atropellos y destrucción de mi propiedad”. Explicó que en una oportunidad una de sus hijas terminó inconsciente debido a los golpes de agentes de la División de Operaciones Especiales (Dinoes).

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Perú(Idehpucp), en un informe publicado en noviembre del 2013, señala que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes) afirma tener 22 convenios con empresas extractivas, uno de ellos con el Proyecto Conga, los cuales se dan mediante un Plan de Operaciones, donde la Diroes a través de la Dinoes, dispone su personal, armamento y equipamiento operativo para cubrir las necesidades de seguridad de las empresas, las cuales, a su vez, otorgan un beneficio a la policía y al Estado Peruano.

A inicios del 2015 la Minera Yanacocha reanudó las intervenciones policiales. “El 20 de enero, policías y seguridad privada, contratados por la minera, volvieron a hostigarnos e intimidarnos. El 3 de febrero, 200 hombres de la DINOES, personal de seguridad, ingenieros y obreros destruyeron la casa que estábamos construyendo. Y el 5 de febrero colocaron unos cercos al lado de mi terreno y una caseta para vigilarnos a mí y a mi familia.”

La minera se remite a una hoja informativa en la que asegura que en 1996 compró varios terrenos a la Comunidad de Sorochuco, entre ellos el de Tragadero Grande. “La propiedad de Yanacocha sobre los predios en cuestión está acreditada por los documentos de transferencia que son legalmente válidos, que han sido debidamente inscritos, y por varias actuaciones fiscales y documentos que obran en el proceso judicial”. Además, sostiene que “la venta de los terrenos se realizó con la aprobación de la Asamblea de la Comunidad Campesina de Sorochuco, y los documentos de venta fueron firmados por los representantes de la comunidad y por miembros que actuaron como testigos, incluyendo al señor Samuel Chaupe Rodríguez, padre de Jaime Chaupe Lozano, esposo de Máxima Acuña”.

Pero Máxima aclara: “En 1996 la minera fue comprando a cada familia sus predios. Nuestros vecinos nos preguntaban por qué no vendíamos. ‘Esta es nuestra tierra y aquí nos quedaremos’, les dijimos”. Ella compró el predio a la Comunidad de Sorochuco en 1994. “Tengo el certificado de posesión donde se reconoce que soy propietaria y comunera. Nos dedicamos a la agricultura y al pastoreo, cultivamos papas y ocas, no hacemos daño a nadie”.

En 2011 Máxima pasó de ser denunciante a denunciada. “Yanacocha nos demandó por usurpación agravada. Ordenaron que nos desalojaran, incluso que fuéramos a la cárcel y que pagáramos una reparación a la minera”. Para entonces, su historia ya era conocida entre las organizaciones de derechos humanos y se había convertido en símbolo de la lucha contra el proyecto Conga. La ONG Grufides asumió la defensa legal y finalmente, en diciembre de 2014 y en segunda instancia, la corte de Cajamarca la declaró inocente del delito de usurpación agravada.

Sin embargo, la minera sostiene que la sentencia a favor de Máxima es en el ámbito penal y no la reconoce como dueña. La opción que queda ahora es ir a un juicio civil para esclarecer el tema de la propiedad de este terreno de 23 hectáreas. De momento, la defensa de Máxima ha denunciado a Yanacocha por usurpación agravada y ha presentado un recurso de habeas corpus para impedir lo que consideran hostigamiento.

#‎MáximaNoEstáSola

Máxima ya no está sola, su sufrimiento ha despertado la solidaridad de diversas organizaciones y personas, y es una figura internacional. LaComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, pidieron al Estado Peruano garantizar la vida e integridad de Máxima Acuña y su familia.

Residencia de Máxima Acuña de Chaupe en la Laguna Azul.

Residencia de Máxima Acuña de Chaupe en la Laguna Azul.

La Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida de Cajamarca, integrante de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM), red regional de mujeres de origen rural e indígena afectadas por prácticas y políticas mineras, presentaron una denuncia ante elMinisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y ante la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando su intervención ante esta grave violación de los derechos humanos.

Melissa Wong Oviedo, representante de ULAM sostiene: “En América Latina es creciente la violencia psicológica, física y ambiental contra las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes por parte de las industrias extractivas. Son despojadas de su territorio, son víctimas de la trata y abusadas sexualmente. La industria extractiva les afecta más que a los hombres, porque se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de agua, son las garantes de la seguridad y soberanía alimentaria de sus familias y pierden su trabajo al ver sus tierras improductivas. Además, como el caso de Máxima, se exponen a la intimidación y abusos de trabajadores mineros y son criminalizadas por sus gobiernos, por denunciar y protestar”.

Máxima sostiene que el Presidente Ollanta Humala les ha traicionado: “En su campaña electoral nos prometió proteger el medio ambiente y el agua. Ahora no dice nada y calla ante los intereses de la empresa minera. Le pido que se pronuncie y deje de defraudar a la población”.

Máxima afirma que la minera no trae nada bueno a su tierra: “Si entran aquí no quedará ni montañas ni laguna”

Insiste que no se dejará sobornar por la mina, que no venderá su predio porque no busca beneficio personal y suceda lo que suceda continuará con su causa. “Nuestra lucha no sólo es por mi familia y mi terreno, es por todas las comunidades, por la salud de las personas y para proteger a la laguna”. Sostiene que en Cajamarca hay poblaciones donde la mayoría tiene cáncer porque tienen plomo en la sangre y nadie dice, ni hace nada. “Yo no voy a callar, sé que vendrán a buscarme y me van a desaparecer. Pero en el campo he nacido y en la tierra moriré”.

“A las hermanas y hermanos de todo el mundo les pido que sigan apoyando nuestra causa, porque su solidaridad nos protege, nos da ánimo y aliento”. Máxima pide ayuda internacional para que se haga justicia: “No es posible que una empresa abuse y hostigue a una familia que no tiene más sustento para vivir que el alimento que le dan la tierra y el agua”.

El 6 de marzo, la Red Latinoamericana de Mujeres ULAM, otorgó a Máxima el premio Defensora del Año 2014. Lina Solano Ortiz, presidenta de esta organización, sostuvo: “Ella es símbolo de las luchas de las mujeres en Latinoamérica, más aún, cuando se encuentran en situación de riesgo”. Máxima Acuña fue seleccionada para este premio a través de una votación mundial vía internet, entre siete mujeres seleccionadas para obtener este reconocimiento.


Pobladores del caserío San José denunciaron la muerte de vacunos, los cuales suman más de una veintena desde que detectaron la emanación de aguas contaminadas, hace un año, en los manantiales que se ubican debajo del Proyecto Chaupiloma Sur de Minera Yanacocha, junto a su comunidad.

Desde que se detectaron las aguas contaminadas, en marzo del 2014, han muerto más de un veintena de animales, denunciaron los pobladores de San José. 

Los pobladores están muy preocupados, porque la pérdida de sus animales supone una afectación importante a su capital económico, además del impacto que ésto pueda traer a su salud, ya que consumen, tanto la leche, como la carne de estos animales.
Como se sabe, la comunidad de San José tiene problemas ambientales bastantes serios, principalmente por la calidad de las aguas que emergen de sus manantiales, los cuales sirven para consumo humano y para la crianza de animales.
Es necesario indicar que San José fue la primera comunidad donde Minera Yanacocha llevó a cabo el primer “Cierre de Mina. Según la empresa minera ¨realizó un cierre exitoso¨, sin embargo, ha dejado una gran cantidad de pasivos, principalmente de aguas contaminadas.
La OEFA aún no emite Informe Final
Después de la denuncia de contaminación de aguas realizada en noviembre pasado, la OEFA Lima emitió un Primer Informe dando a conocer la presencia de aguas ácidas en más del 200% del Límite Máximo Permisible para el consumo humano, faltando complementar un Informe Final sobre la presencia de metales pesados.
Por su parte, la Abog. Mirtha Vásquez, Directora de GRUFIDES, hizo un llamado a las autoridades – Fiscalía del Medio Ambiente y OEFA- para que actúen, “porque no puede ser que permitan que la gente de San José siga expuesta a la contaminación y se investigue”. “Este problema merece una atención urgente¨, expresó.
Ineficiencia del Estado
Los problemas ambientales como el de San José detectados en Cajamarca, demuestran ineficiencia del Estado para resolver problemas urgentes causados por la actividad minera, como en el caso de Minera Yanacocha que no puede resolver este problema.

¨Para la comunidad de San José es una gran preocupación el agua que consumimos y damos a nuestros animales no sólo porque el agua lo beben los animales sino también porque el agua lo consume la comunidad, expresó Teófilo Castrejón, Presidente de las Rondas Campesinas del caserío.

¨La Fiscalía del Medio Ambiente se ha vuelto una entidad de recomendación, esta no es su función porque no está cumpliendo sus atribuciones¨, manifestó la Abog. Mirtha Vásquez.
Cuando la empresa Minera Yanacocha ofreció solucionar el problema, ofrecieron una cisterna de modo permanente para abastecer con agua potable a las 102 familias que habitan en el lugar, pero en la actualidad, sólo les dejan una cisterna interdiario, lo cual es insuficiente para el abastecimiento del agua por la población.

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