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Fuente: PIC

Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y del medioambiente, son víctimas de la percusión judicial en el Perú.

Hoy 6 de marzo se dará inicio al juicio oral en contra de dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al Proyecto Minero Conga después de que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca, presentó acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión a varios de ellos.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), sub-organismo del Banco Mundial para el sector privado. Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur—han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. Con el Proyecto Conga pretenden depositar 96,000 toneladas de relaves mineros tóxicos al día, en lugares ecológicamente sensibles como las cabeceras de cuenca que constituye su principal fuente generadora de recursos hídricos en esta zona. Debido a la oposición a este proyecto, en julio del 2012, se generó una represión de fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército contra manifestantes de las ciudades de Celendín y Bambamarca, dejando cinco muertos, entre ellos un joven de 16 años, además de heridos y cientos de procesados.

Estas denuncias y procesos penales, desde nuestras perspectivas podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas, pues no solo los cargos son absolutamente alejados de las conductas de los líderes sociales, sino las penas son equivalentes o más graves a las que se pediría para delincuentes de alta peligrosidad en este país.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentra Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse. Contra esta acción hoy se encuentra en curso un recurso de nulidad.

Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del

derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por lo tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el Poder Judicial, que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos AIETI

Broederlijk Delen

CooperAcción

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Perú

Demus

Diakonia

EarthRights International (ERI)

EntrePueblos Perú

Fórum Solidaridad Perú (FSP)

Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz FEEPAZ

GRUFIDES

Instituto de Defensa Legal y Ambiental y Desarrollo Sostenible de Perú (IDLADS)

Instituto de Defensa Legal IDL

Koepel Van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11

La Pastoral Social del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier – Jaén

Observatorio de conflictos mineros de America Latina OCMAL

Paz y Esperanza

Programa Democracia y Transformacion Global (PDGT)

Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN

Red Muqui


La explotación de la mina de oro Conga en Cajamarca, Perú, esta en suspenso por ahora. Eso está relacionado con las masivas protestas de la población local. Sin embargo, el presidente Humala no teme tomar medidas drásticas para poder continuar con los proyectos planificados. Recientemente, Mirtha Vásquez, abogada y activista de derechos humanos para la ONG Grufides, estuvo en Bélgica por una invitación de Catapa (organisación sin fines de lucro).mirtha_vasquez

La planeada mina Conga es una expansión de Yanacocha, la mina de oro más grande de America del Sur, al norte de la región andina de Perú. La explotación está en manos de Minas Buenaventura (Perú), Newmont Mining (EEUU) y el Banco Mundial.

Grufides es una ONG que trabaja con comunidades de campesinos de los alrededores de Cajamarca la cual aboga por la protección del medio ambiente y de los DDHH, los cuales han sido muchas veces violados por los grandes proyectos mineros. En todo el país hay más de dos mil conflictos sociales, y sólo en la zona de Cajamarca hay dieciocho.

Mirtha Vásquez fue intimidada y détenida durante horas por una patrulla policial, el miércoles anterior, 27 de marzo, en Cajamarca. El incidente probablemente tuvo relacion con el hecho de que Vásquez había denunciado al ex-director nacional de la policía, y a varios jefes policiales, por abuso de poder y uso de violencia y prácticas de tortura en un conflicto social alrededor de Conga. No fue por azar que la detención se realizó unos dias después de que ella volvió de una visita a la Comisión Inter-Americana de DDHH en Washington DC, donde había denunciado los acuerdos que varias empresas mineras tenían con la policía nacional de Perú.

¿Humala no había prometido una nueva manera de gestionar la politica de explotacion minera en Perú, en su campaña electoral en 2011?

Mirtha Vásquez: Ollanta Humala justamente reforzó su campaña electoral con la idea de cambiar el modelo económico y hacer que la minería generase más dinero. En realidad no se hizo mucho de eso, y desde un punto de vista legal, tambien es dificil de cumplir. Fujimori promulgó un proyecto de ley que declara que todas las grandes empresas que vienen a establecerse en el país, reciben un contrato del gobierno que les garantiza estabilidad a nivel socio-economico. Todas estas empresas en Perú tienen un contrato de ese estilo.

Ya causó todo un conflicto cuando, hace tres años, se obligó a las empresas a pagar royalties, lo que es común en el resto de los paises. Las grandes empresas que ya están desde hace mucho tiempo en el país, se defendieron con sus contratos y garantías de estabilidad y denunciaron al estado, por lo cual todo quedó tal como antes. En Perú solo se pagan impuestos a los ingresos, denominados “canon minero”, que es la única tasa aplicada.

Mientras, los precios de las materias primas como el oro aumentaron explosivamente. A causa de esto se negoció un impuesto sobre los ingresos extras recibidos debido a estos altos precios, pero también esa idea fue rechazada cubriendose con sus contratos.

¿Entonces, Perú no sigue de ninguna forma el ejemplo de Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales?

Mirtha Vásquez: En su gestión a nivel económico, Humala sigue el ejemplo del ex-presidente Alan Garcia (2006-2011), y ese modelo surgió durante el gobierno de Fujimori, en los años noventa. A causa de esto, la población se siente traicionada, sobre todo en las regiones donde hay conflictos importantes. Esas areas de conflicto coinciden justo con los proyectos mineros.

Humala hablaba en su discurso sobre la protección de riquezas naturales. El dijó que iba a poner restricciones a las grandes empresas mineras y habló sobre la nacionalización de las riquezas naturales. El tambien definió que la explotación de riquezas naturales no puede ser la unica base de la economía. Pero luego de que llegó al poder, vemos que no cumplió nada de eso. Sin embargo, Humala trabaja aún más represivamente.

¿Cómo se manifiesta eso?

Mirtha Vásquez: Bajo el gobierno de Alan García nunca conocimos una declaración de estado de emergencia. Durante el conflicto de Conga, Humala declaró tres veces el estado de emergencia, para posteriormente permitir al ejercito de reprimir brutalmente a la población.

Bajo el gobierno de Humala, la cantidad de juicios contra líderes de organizaciónes que abogan por la protección del medio ambiente aumentó drasticamente. Ahora tenemos seguramente 60 porciento más de juicios que durante el gobierno anterior. Una medida que Humala tomó es, por ejemplo, que las personas que fueron acusadas por atentar contra el orden público durante protestas, en el futuro ya no tienen el derecho de pasar por la corte de justicia en el area donde viven o donde ocurrieron los delitos. Ellos ahora son juzgados en otros regiones, lejos de su hogar.

¿Cuál es el sentido de eso?

Mirtha Vásquez: Asi quiere ponerlos bajo aún más presión y hacerlo más complicado para la gente. Entonces, ellos tienen que pagar costos de transporte para poder llegar, y también los costos de tranporte de los abogados, lo que se hace más caro. Exponen a la gente a una presión mayor.

Todos los reclamos de los líderes en el conflicto de Conga están presentados en Chiclayo, eso es a siete horas de viaje. Los involucrados son gente pobre que corren el riesgo de una condena de carcel, no tanto por lo que han hecho, pero porque el estado tiene el poder de detenerlos, sin que ellos pueden defenderse. Esa política de criminalización y detención es más grave que durante los gobiernos anteriores. Junto a esto, hace menos de un mes, Humala declaró que iba a poner bases militares en todas las zonas de conflicto. La represión se puede volver aún mas dura.

¿Que esta en peligro en Conga?

Mirtha Vásquez: Lo de Conga se trata de una inversión, la más importante inversión minera en Perú hoy en día (4,800 miliones de dolares, nde). La región es ecologicamente de un valor especial porque ahí surge una cuenca hidrológica, con ríos pequeños, lagos de montaña, fuentes, turberas y canales de irrigación. El departamento también tiene una ley para la gestión de agua que les prohibe de efectuar proyectos mineros en este tipo de cuenca. Las comunidades de campesinos vivieron cómodamente gracias a la agricultura, silvicultura y ganadería. El gobierno quiere, sin embargo, estimular la minería por dos razones: sirve para tener ingresos a corto plazo, y esos megaproyectos estan relacionados al modelo neoliberal, donde las grandes empresas son actores importantes.

¿Esa ley sobre cuencas hídrologicas entonces no es decisiva?

Mirtha Vásquez: El punto es que aún no hay una resolución para poner en marcha esa ley. El gobierno federal llevó al gobierno regional delante de la corte para anular la regulación del gobierno departamental. El gobierno está determinado a que este proyecto se lleve a cabo.

El estado Peruano ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este da derecho a las comunidades indigenas a ser consultadas en caso de grandes proyectos, como este. ¿Entonces no debe ser el caso para Conga?

Mirtha Vásquez: Es muy dificil para Conga de organizar una consulta popular, porque este gobierno no reconoce las comunidades de esta zona como comunidades indigenas. En realidad se trata aquí de comunidades sin registro oficial: de hecho, tampoco son comunidades indigenas. Por eso ahora promovieron un referendo interno, por iniciativa de las organizaciones locales mismas. El gobierno ya dejo saber que no va a reconocer los resultados, pero ellos igual quieren seguir con esto para mostrar al gobierno que quieren participación pública. La protesta en Cajamarca es según Humala “El mal ejemplo”.

¿Está tan segura que la gente va votar en contra?

Mirtha Vásquez: la empresa misma hizo una encuesta, porque corría la voz que los opositores eran sólo un pequeño grupo de radicales. Esa encuesta arrojó que el 78 porciento está en contra. Sólo un pequeño grupo de gente que va a conseguir trabajo o que están directamente relacionados al proyecto, están a favor.

¿Usted espera un aumento en la escalada del conflicto cuando el gobierno despliegue el ejercito?

Mirtha Vásquez: El gobierno está determinado a forzar este proyecto con dura fuerza militar y policial. El costo social de esto será alto. La gente se siente amedrentada por estas intimidaciones, aunque al mismo tiempo la indignación aumenta. La gente dice: “Nosotros sabemos que podemos morir en esta batalla o que corremos el riesgo de terminar en la carcel. Pero nosotros preferimos eso en lugar de ser expulsados de nuestras tierras así nomas.” Se trata del instinto de sobrevivencia. La gente tuvo siempre, hasta hoydía, una vida comoda gracias a la agricultura. Eso ahora está en peligro. El año pasado, mucha gente murió defendiendo sus tierras. Presionar para la ejecución de este proyecto significa correr el riesgo que otra vez van a haber muertos. Esa represión, lamentablemente, es una caracteristica de este gobierno.

¿Europa puede marcar una diferencia en este conflicto?

Mirtha Vásquez: Seguro que sí. La minería en Latinoamerica, y sobre todo en Perú y Colombia, está desarollandose así, y va a tener un impulso con el acuerdo de libre comercio que se pusó en marcha en marzo. Es importante que Europa sea conciente del impacto de estos megaproyectos. Ustedes lo ven como una excelente oportunidad de desarrollo para nuestros paises, para sacar la gente de la pobreza, pero no ven el impacto negativo que tienen. Nos gusta recibir inversiónes que crean oportunidades de trabajo. Las oportunidades de trabajo que crea la minería, sin embargo, son relativas. Los grandes beneficios tampoco son directamente para el país, pero para las empresas.

Para nosotros, los megaproyectos significan traslado de comunidades, areas contaminadas que necesitan años para recuperarse. Esto deja también un país con una gran cantidad de conflictos internos. La economía no es el camino que queremos en nuestras vidas, cuando esto incluye violaciones a los derechos fundamentales.

La sociedad civil de Europa también debe tener en cuenta que la extracción de todo ese oro en nuestro país, no es para responder a nuestras necesidades basicas. Esa explotación está muchas veces focalizada en un estandar de vida cada vez más alto de la gente aqui en Perú, con todo tipo de articulos electronicos y tecnologías de información. Con eso no se tiene en cuenta que ese aparataje contiene componentes como minerales y oro. Un aumento de su demanda significa que para nosotros la presión crece. El crecimiento del consumo no puede seguir así, porque eso atenta contra la calidad de vida para nuestra gente. Yo creo que tenemos que pensar bien en eso. Hay muchos lugares en el mundo que serán victimas de esto.

Entrevista del sabado con Mirtha Vásquez en MO*

Autor: Alma De Walsche


ACCIONES DEL 11 DE ABRIL, POR LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA:

1. Movilización – Pasacalle: 10:00 am, por la plaza de armas de Trujillo, con la participación de artistas, banderolas, pancartas alusivas a la defensa del agua y la vida, con lemas alusivos a: agua si, oro noOllanta traicionero el agua es primero, Conga va, Ollanta se va, Conga no va, Lagunas sur tampoco. 

2. Foro de dialogo, 4:00pm. Jr. Independencia 201, Academia Sangre Joven Informe sobre el peritaje internacional de proyecto Conga y la situación de la defensa del agua y ambiente en la región La Libertad. Instalación de la mesa de trabajo de la Plataforma por el Agua y la Vida La Libertad – PAVILL, promovido por las Centrales de Rondas de Quiruvilca y Santiago de Chuco, Yawar Wayna, Ingeniería sin Fronteras y Proyecto Amigo.

3. Vigilia, 6:00 pm. Plaza de armas, donde se contará con exposición fotográfica, papeles sabana, proyección de vídeos, etc. 

Convocan: Frente Amplio, Centrales de Rondas de Santiago de Chuco y Quiruvilca, Yawar Wayna, CIGE-UNT, MASA, APA, Ramollano, y otros que deseen suscribir la convocatoria y asumir responsabilidades para su ejecución. 


Recomendamos leer:


 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CAJAMARCA


A LAS AUTORIDADES NACIONALES, REGIONALES EMPRESAS MINERAS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA


El Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, es una Institución con rango constitucional, de conformidad con lo previsto por el artículo 20º de la actual Carta Política y; de acuerdo al artículo 1º, incisos “b” y “d” del Estatuto de la Orden, concordante con el artículo 1º de la Constitución Política del Perú, es una persona de Derecho Público, dentro de cuyas atribuciones está la defensa irrestricta de las libertades públicas y los derechos fundamentales, así como de la defensa de la persona humana y del respeto a su dignidad, por ser el fin supremo de la sociedad y del Estado; y esto pasa también por la irrenunciable defensa de aquellos elementos esenciales, como el agua y el medio ambiente, así como de la defensa de la propia vida, ya que son a su vez, bienes jurídicos indispensables para el desarrollo del ser humano.


 En este contexto, frente a las movilizaciones protagonizadas recientemente por un gran sector de la población, para protestar por la expansión irracional y desmedida de la actividad minera en la Región de Cajamarca, y en particular del desarrollo del Proyecto MINAS CONGA que tendría impacto negativo en las jurisdicciones de las provincias de Celendín, Hualgayoc—Bambamarca, Chota y San Marcos, la Junta Directiva de nuestro Colegio Profesional, en su sesión ordinaria del día nueve de noviembre del 2011, ha tomado el siguiente ACUERDO: PRIMERO: Sumarse al legítimo derecho del reclamo pacífico y al empleo de los mecanismos legales, en defensa del agua de las lagunas y humedales y de las cabeceras de cuencas, donde el Proyecto MINAS CONGA pretende realizar sus actividades extractivas, por cuanto dicho proyecto constituye un serio peligro para la convivencia pacífica, la vida, la salud y el medio ambiente.

 SEGUNDO: Exhortar a las autoridades nacionales competentes para intervenir, de manera urgente, en la solución de la problemática surgida, teniendo en cuenta los estudios minuciosos de carácter técnico – científico sobre el impacto ambiental, nuestro ordenamiento jurídico, los tratados internacionales y, sobre todo, el principio de equidad. No está demás acotar que el artículo VII del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente Nº 28611, establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del medio ambiente”.

TERCERO: Exigir a los responsables del Proyecto MINAS CONGA respeto a los legítimos y fundamentales derechos de los cajamarquinos, como el derecho a disfrutar de agua de calidad, de un ambiente saludable o de decidir sobre lo que le conviene o no para su vida; y de otro lado, a considerar que la vida de los seres humanos debe prevalecer sobre cualquiera otra argumentación; esto en directa concordancia ——– entro otros ——–, con los siguientes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ:

Artículo 2º, numeral 22: “toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

Cuarta Disposición Final y Transitoria: “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú”

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES:

Artículo 11, numeral 2: “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano…. “Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:

Artículo 32. 2:” los derechos de cada persona ( natural o jurídica) están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS:

Artículo3: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”

Artículo 30: “Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”

CUARTO: Apoyar y defender los justos y alturados reclamos que no atenten contra la propiedad pública ni privada y condenar la violencia y el atentado contra los bienes jurídicos protegidos por nuestro ordenamiento.

Cajamarca, 09 de noviembre del 2011-11-11

JORGE MIGUEL MALCA VÁSQUEZ

DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CAJAMARCA