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Mujeres ronderas resisten a la minería y a la criminalización en defensa del agua y sus territorios

Reportaje especial #8M

Por Mallu Muniz* (texto y fotos)

8 de marzo, 2017.- Maritza Emperatriz Bolaños Ayala entra a la sala de audiencias. La campesina y rondera camina con dificultad. “Tengo tres hernias en la columna. Se me hace un poco difícil porque vivo en el Anexo de la Ramada y para ir a trabajar al mercado tengo que madrugar” – lamenta la vendedora. Estamos frente a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y, a pesar de un lindo sol, el clima es supone una preocupación. Una vez más, Maritza ha dejado su casa, en el Distrito de Sorochuco, Celendín, para presentarse cuatro horas después, puntualmente, al juicio oral, conducido por un nuevo cuerpo de magistrados. Este cambio inesperado ha generado dudas entre los acusados, quienes decidieron en su mayoría ejercer el derecho a “guardar silencio”. Además, según Maritza, las constantes amenazas a su vida, la llevaron a silenciar su celular, el cual mantiene indefinidamente desconectado.

La vendedora de comida, es una de las dieciséis lideresas y líderes comunitarios, acusados por el exgobernador Distrital Luis Castañeda Pisco y por Pedro Zamora Rojas, ex gobernador de la provincia de Celendín, por su supuesto secuestro agravado, coacción y ultraje a los símbolos patrios, crímenes que podrían llevar a penas de hasta 36 años de prisión a varios de los acusados.

Mientras el Fiscal recuerda las acusaciones que constan en autos, la rondera se mueve en su silla, sostiene la cabeza con el brazo izquierdo, demuestra contrariedad e impaciencia.

Según la versión presentada por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, no hubo el llamado “ultraje”. Más bien, “los manifestantes retiraron el escudo del Perú del local de la gobernación para preservarlo simbólicamente de la corrupción”.

Los integrantes de la Comunidad Campesina de Sorochuco exigían, en el momento del incidente, la destitución de Castañeda por “su cercanía con la minera Yanacocha”.  Formada por un consorcio con participación de la empresa estadounidense Newmont, el Banco Mundial y la empresa peruana Buenaventura, asimismo, Yanacocha ha estado vinculada por varios años a la brasileña Odrebretcht. A su vez, la constructora es responsable por obras de infraestructura minera en Cajamarca, beneficiaria de mega proyectos hidroeléctricos en el Río Marañón, además de todo ello, se encuentra ubicada en el centro de un huracán de denuncias de corrupción que involucra a gobiernos de diversos países en Latinoamérica.

En el mismo día de la audiencia, el pasado lunes, un conjunto de organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos ha publicado una carta, como acto de solidaridad con los acusados, en la cual se identifica el proceso jurídico en curso como “consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha”“Este problema ocurre por el Proyecto Conga, porque nosotros somos defensoras, somos guardianas de la laguna, la laguna del Perol. Vivimos bajo la cabecera de cuenca, estamos a dos horas del proyecto Conga, entonces nosotras luchamos por defender los elementos hídricos, el agua, que es fundamental” – resaltó Maritza al salir de la audiencia.

“Tengo siete hijos, soy madre soltera, yo soy padre y madre para mis hijos” – afirma, reproduciendo el estigma social impuesto a las mujeres que no cuentan con la participación del esposo en la educación de sus hijos. Para ellos, Marizta espera transmitir un ejemplo de lucha: “Que tengan un buen recuerdo de mí, que he estado en las defensas del agua, y que sigan defendiendo lo que es nuestro” – dijo, antes de entrar a la oficina de la ONG GRUFIDES, donde le esperaban sus compañeros y abogados para evaluar la audiencia recién finalizada. Su apariencia frágil, oculta la determinación de quien ha pasado quince días apartada en un campamento “en la altura, donde las papas queman, rodeada por los policías de la DINOES [División de Operaciones Especiales]” – recuerda ella, refiriéndose a los enfrentamientos más intensos ocurridos entre fines de 2011 y 2013. “También tengo perdigones en la pierna, también tengo eso… Pero yo voy seguir defendiendo a pesar de estar enferma”


Maritza (izquierda) y María Bilda: ronderas en defensa del Agua durante juicio oral.

“La minería es destrucción y nos va matando cada día”

Terminada la audiencia, la emoción casi se desborda por los ojos de Andrea Rodríguez Chávez cuando se refiere a la opinión de sus hijos frente a su acción en defensa del agua: “Se sienten muy orgullosos de su madre, porque es una madre luchadora”. Andrea tiene 4 hijos. “Es mucho problema para nosotros trasladarnos a este sitio [en Cajamarca], porque como ama de casa uno tiene que hacer cualquier cosa para buscar el medio de cada día y estamos en estos problemas solamente por una calumnia” – afirma la rondera. “Dicen Justicia, pero nunca hay. La mujer en especial es maltratada de muchas maneras, entonces reclamamos eso, defendiendo nuestras aguas. El agua es lo esencial para nosotras, la fuente de vida.” – se desahoga la ama de casa al salir de la audiencia.

María Bilda Silva Rodríguez, “padre y madre” de siete hijos, también atribuye a ellos la razón de su lucha. “Yo pienso dejar lo principal, que es el agua, porque yo estoy mayor y los que van a sufrir son los que se quedan, ¿no? Y por ellos lucharemos, hasta adonde Dios diga” – afirma.

Si bien, la lucha aún no termina, la suspensión del Proyecto Conga fue una victoria y ha convertido la resistencia de las ronderas y los ronderos en un ejemplo internacionalmente reconocido. Cuestionada sobre la relación entre minería y desarrollo, Sandra es categórica al afirmar: “Con esto nos engañan, pero la minería es destrucción y nos va matando cada día. ¿Qué hace uno cuando tienen plata si ya no servimos para nada? Tenemos plomo en nuestra sangre, ya no podemos tomar el agua, nuestros animales se morirán. Yo no veo desarrollo”.  Sus palabras anuncian una realidad de desplazamientos, contaminación y enfermedades que Elita Yopla Herrera, 23 años, conoce de cerca.

Entrevista

Elita Yopla Herrera vivió en Sán Andrés de Negritos y luego se fue al Centro Poblado Tual, comunidades de Cajamarcaafectadas por actividad minera desarrollada por la empresa Yanacocha durante la década del 90. Las memorias de la primera infancia todavía emocionan y han dejado marcas. Los fuertes dolores de estómago, el sueño en exceso, la debilidad de sus dientes y de su pelo, fueron en conjunto indicios para llegar al diagnóstico. Elita vivió gran parte de su vida con la silenciosa presencia de metales pesados en su cuerpo.

La semana anterior a la entrevista, Elita había sido golpeada en la calle por un hombre que la insultaba, amenazando también a su esposo, el periodista Cesar Estrada, uno de los beneficiarios por la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien acompaña los casos de violación de derechos en la región. “Así somos perseguidas solamente por informar, por hacer entender que la minera trae contaminación” – dijo ella, enseñando la mano herida hace algunos días.

A pesar de que el formato de su sombrero – un aderezo muy particular de la región norte del Perú – la distingue de las campesinas de Celendín, Elita comparte con Maritza, Andrea y María la triste experiencia que es vivir amedrentada por constantes amenazas.

Aun así, son mujeres, madres y ronderas que siguen luchando por el Agua, por sus territorios y por sus vidas.

Cuando llegaron “unos señores desconocidos”…

“Yo cuando era niñita vivíamos ahí todas las personas que nos conocíamos, no más. Y luego llegaron unos señores desconocidos, medían y plantaban unas bolsas blancas, haciendo un cuadrito, empezaban por un cerro al otro cerro, así más o menos. En línea recta, en línea recta. ¿A cuántos metros? No más de cinco metros, calculo yo. Hacián un cuadrito y ponían bolsitas blancas.”

¿Estaban marcando el territorio?

“Claro. Y luego mi mamá y mis abuelitos se pusieron a llorar y dijeron vamos… [Palabras incomprensibles, entre lágrimas]”

¿Te duele acordarte que tuviste que salir de allá?

“Sí, porque vinieron a trabajar con sus máquinas. Y nos sacaron de allí, a buenas o a malas. Teníamos que salir para que trabajaran ellos [de la empresa Yanacocha].”

¿Y les dieron algo, alguna plata por sus tierras?

“Si, mi abuelito recibió para comprar su terreno acá. Pero no queríamos salir, porque allá era más… [tierra]. Todo lo que se ve aquí poquito, allá era más de cada persona, de una sola persona, eran bastante hectáreas. Aquí vemos poquito para una sola persona, allá era más harto”.

El peso de los metales pesados

“Yo tenía fuerte dolor de estómago. Tenía bastante dolor. Todo alimento que ponía en la boca ya empezaba el dolor. Fuertísimo, insoportable. (…) En una máquina identificaron que tengo metales pesados – plomo, mercurio, arsénico… – son cinco. Yo viví cinco años en San Andrés de Negritos, desde que yo nací, cuando Yanacocha ha llegado en 1993. A los quince días de nacida fui llevada a este lugar. (…) Tengo mucho sueño y el Doctor me dijo que es por los mismos metales pesados, dijo algo que la sangre no circula normal. Y mi pelo yo tenía bastante, ahora se ve poquito, se ha caído bastante. Y mis dedos dolían feísimo, eran morados como si fuera sangre oscuro…”

Una mentira sembrada…

“Esto han sembrado así, pero esto es mentira, la minería no trae desarrollo, trae destrucción de la vida, nos trae bastantes enfermedades. Cuando estaba el trabajo en Yanacocha era bastante prostitución, bastantes problemas ha habido acá con los trabajadores, tomaban en las cantinas, se iban a pelear con sus familias… Algunos ya no siguen trabajando, algunos les han botado. Y este río que usted ve, este ha sido bastante agua, ahora parece como si fuera una sequía, pequeño. Este es el agua de cinco ríos que se juntan aquí, es poquísimo esta agua. A los ojos [fuentes] los han explotado para que saquen los minerales, ya no sale el agua, lo han secado. Ya no hay agua que baje. Más antes yo era niña y me acordaba que bajaba harta agua. Mi abuelo me dijo que pasaba el agua de cuatro, cinco ríos. Y purita.”

“Nos ponen en conflictos acá, señorita”

“La misma Yanacocha da trabajo a unos y a otros nos quita la vida, nos ponen en conflicto, señorita [entre lágrimas].  Estos mineros que se vayan, que aquí ya no sigan trabajando. Tengo mis primos algunos que trabajan arriba, con maquinaria pesada, esto también hay. El esposo de mi prima por andar trabajando allá seguro ya está contaminado. Él trabajaba en Yanacocha y dijo que tenía bastante dolor de estómago también. Sí los que vivimos ahí estamos así, imagina los que trabajan ahí.”

“¡Es por el aire, el aire lo trae!”

“…Ellos [de la empresa Yanacocha] lo hacen a tajo abierto y quizás el aire mismo nos trae la contaminación. Ellos dicen ‘no contaminamos porque no estamos cerca sus domicilios’. Pero no es necesario que estén cerca nuestros domicilios, el aire lo trae. Cuando respiramos, respiramos eso. Antes que tenga mi hija, hace siete años, yo cuando olía sentía como rocoto, como el ají que comemos. Yo era menor de edad que ahora y seguramente ahí estaban ingresando [los minerales], ¿cómo más va a ser? Porque yo sentía que en mi nariz se hacían heriditas, y yo misma me pregunto, “¿cómo se hacía heridas adentro? Es por el aire, es por el aire!”

¿Qué es ser rondera?

Rondamos nuestra jurisdicción, nuestro territorio que nos pertenece, lo cuidamos. Sí hay conflictos familiares los hacemos arreglar, así funciona la ronda. (…) Tenemos entendido que nosotros como ronderos también tenemos derecho a ejercer Justicia dentro de nuestro territorio, y esto me hace sentirme orgullosa, sin ser policía, sin ser una autoridad. Por el hecho de ser rondera yo puedo ejercer la Justicia en mi territorio, con mis compañeras, con mis compañeros. Puedo dar mis opiniones libremente sin tener que pedir permiso a la Justicia, o pedir permiso a un juez o algún policía. Damos opiniones libremente.


*Mallu Muniz es comunicadora social y PhD en Sociología.

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Fuente: PIC

Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y del medioambiente, son víctimas de la percusión judicial en el Perú.

Hoy 6 de marzo se dará inicio al juicio oral en contra de dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al Proyecto Minero Conga después de que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca, presentó acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión a varios de ellos.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), sub-organismo del Banco Mundial para el sector privado. Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur—han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. Con el Proyecto Conga pretenden depositar 96,000 toneladas de relaves mineros tóxicos al día, en lugares ecológicamente sensibles como las cabeceras de cuenca que constituye su principal fuente generadora de recursos hídricos en esta zona. Debido a la oposición a este proyecto, en julio del 2012, se generó una represión de fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército contra manifestantes de las ciudades de Celendín y Bambamarca, dejando cinco muertos, entre ellos un joven de 16 años, además de heridos y cientos de procesados.

Estas denuncias y procesos penales, desde nuestras perspectivas podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas, pues no solo los cargos son absolutamente alejados de las conductas de los líderes sociales, sino las penas son equivalentes o más graves a las que se pediría para delincuentes de alta peligrosidad en este país.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentra Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse. Contra esta acción hoy se encuentra en curso un recurso de nulidad.

Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del

derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por lo tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el Poder Judicial, que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos AIETI

Broederlijk Delen

CooperAcción

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Perú

Demus

Diakonia

EarthRights International (ERI)

EntrePueblos Perú

Fórum Solidaridad Perú (FSP)

Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz FEEPAZ

GRUFIDES

Instituto de Defensa Legal y Ambiental y Desarrollo Sostenible de Perú (IDLADS)

Instituto de Defensa Legal IDL

Koepel Van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11

La Pastoral Social del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier – Jaén

Observatorio de conflictos mineros de America Latina OCMAL

Paz y Esperanza

Programa Democracia y Transformacion Global (PDGT)

Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTAN

Red Muqui


Intervención de Máxima Acuña ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

– Delegación de cajamarquinos denunció abusos de Minera Yanacocha ante directivos de la institución financiera internacional, propietaria del 5 por ciento de la empresa. La mayor accionista es la estadounidense Newmont Mining.

Servindi, 13 de octubre, 2015.- Máxima Acuña de Chaupe y Elmer Campos, defensores de las lagunas de Cajamarca y líderes comunitarios de la lucha contra el proyecto Conga, intervinieron en el espacio dedicado a la sociedad civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI.

La asamblea, que contó con la participación de organizaciones sociales de diversos países, se desarrolló el jueves 9 de octubre a las 18 hs. en el Centro de Exposiciones de Lima.

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Máxima Acuña y Milton Sánchez ingresan a las reuniones anuales del Banco Mundial en el en el Centro de Exposiciones de Lima. Foto: Servindi

“Vengo de Tragadero Grande”

“Soy Máxima Acuña, vengo del paraje Tragadero Grande-Las Posadas, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca. Soy víctima de la violación de mis derechos por parte de la empresa Minera Yanacocha que me quiere quitar mi tierra”, denunció Máxima ante el auditorio de unas 500 personas entre representantes del Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios y medios de comunicación de diversos países.

“Me desalojaron, destruyeron mi casa, mataron a mis animales. Soy torturada por la empresa minera con apoyo de la policía. Pido al Banco Mundial, porque sé que han financiado a las transnacionales para cometer estas violaciones”, señaló la defensora de las lagunas.

“En Bambamarca vivimos amenazados, a nuestros hermanos los han matado, estamos procesados. Quiero que por favor retengan a esta empresa para poder vivir en paz y hacer nuestro desarrollo en nuestras propias tierras”, concluyó Máxima.

En agosto de 2015 Máxima Acuña fue objeto de amenazas de muerte. En mayo, un grupo de trabajadores de la empresa minera derribó una construcción levantada por la campesina y su familia.

En enero, unos quince efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios agentes de la empresa Securitas, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima.

Intervención de Elmer Campos ante directivos del Banco Mundial en el Centro de Exposiciones de Lima. Video: Servindi

“Siguen engañando a nuestro país”

“Mi nombre es Elmer Campos Álvarez, del departamento de Cajamarca. Fui baleado por la policía durante la represión de las protestas contra el proyecto minero Conga. Me destrozaron el bazo, el riñón y la columna vertebral. Me dejaron así, en una silla de ruedas, para toda la vida”, dijo Elmer con voz firme ante la asamblea.

“Nos siguen baleado, dejando muertos, dejando huérfanos, derramando mucha sangre. ¿Qué es lo que hace la minera Yanacocha? Sin tener una licencia social, sigue operando y engañando a nuestro país con que el proyecto está suspendido”, señaló el representante de Bambamarca.

“Siguen engañando a nuestro país diciendo que hay progreso económico, sin embargo Cajamarca es el departamento más pobre. Queremos que este proyecto sea declarado inviable. Están contaminando nuestras lagunas. Queremos que este proyecto sea paralizado y que no haya más derramamiento de sangre ni más muertos”, concluyó Elmer.

En marzo de 2015 un tribunal federal estadounidense ordenó a la empresa minera con sede en Colorado, Newmont Mining Corporation, entregar información relacionada a la represión policial de las protestas contra el proyecto minero Conga en 2011, durante las cuales Elmer Campos resultó baleado.

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Espacio de la sociedad civil durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Lima. Foto: Servindi

Respuestas oficiales

La sesión fue moderada por Daniel Kaufmann, presidente del Natural Resource Governance Institute (NRGI) y ex director del Banco Mundial.

El director ejecutivo del banco por Estados Unidos, Matthew McGuire, respondió a los reclamos de Máxima y Elmer:

“Qué podemos hacer ante los hechos que han ocurrido, en términos de la discusión de las salvaguardas, contamos con un proceso establecido para ello que es inclusivo. El reto es cómo hacerlos operativos en nuestros equipos de trabajo”, señaló McGuire.

“En términos de instancias particulares, creo que es más difícil en países con menos fe en la sociedad civil. No estaba familiarizado con los asuntos comentados previamente, me aseguraré de atenderlos y de que los mecanismos específicos para ellos funcionen”.

Por su parte Jörg Frieden, director ejecutivo del banco por Suiza, ensayó diversas respuestas y justificaciones ante los reclamos formulados.

“La señora preguntó qué podemos hacer cuando estamos en situación de conflicto social, donde tal vez hay violencia policial, y estuvimos confrontando estas situaciones”.

“Podemos hacer dos cosas: estar lejos de estos problemas, y por lo tanto no intervenir, no trabajar en países que no respetan los derechos humanos, donde no es posible manejar un conflicto social de manera abierta y sin violencia”.

“Alejarse sería la solución fácil y tengo la impresión de que muchas veces eso se espera de nosotros, pero yo pienso que eso no es posible y no es correcto, nosotros tenemos que estar en todos los países incluyendo aquellos en los que por historia, por sistema, por dictadores, no respetan los derechos humanos o pasan momentos difíciles”.

“El asunto es nuestro empeño para mejorar las cosas y encarar los conflictos y la violencia de manera responsable y encontrar soluciones. Y tenemos responsabilidad por los problemas que generamos nosotros”, concluyó el funcionario.

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Máxima Chaupe reclamó a funcionaria del Banco Mundial que retengan a la empresa Minera Yanacocha. Foto: Servindi

Conga no va

Al finalizar la asamblea, Fionna Douglas, responsable de Comunicación de la Red de Sostenibilidad del Banco Mundial, se acercó a Máxima y Elmer para intercambiar unas palabras.

Se entregaron copias del informe “Conga no va” publicado recientemente por un grupo de organizaciones sociales de Celendín con el apoyo de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

El informe reúne las objeciones contra proyecto y demuestra que los riesgos sociales y ambientales lo hacen inviable según los propios estándares de la IFC.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza violar casi todos”, agregó el abogado de derechos humanos Benjamín Hoffman, de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, quien realizó tareas de investigación y apoyo técnico.

“La IFC y el Banco Mundial deberían unirse al pueblo de Cajamarca y declarar inviable el proyecto Conga” concluye el informe.

A pesar de los riesgos ambientales y sociales implicados, la IFC no ha publicado ninguna evaluación del proyecto, no ha manifestado una posición pública al respecto ni ha intervenido para hacer cumplir sus propias Normas de Desempeño.

La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en la región Cajamarca.

La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo dirigido por la profesora Sarah Knuckey de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de los estudiantes, la reflexión crítica y la investigación académica.


Comunicado de prensa

Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).

Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto


Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

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Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302

Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com

Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.


Por: Wilfredo Cholán

Pobladores de Quishuar-Aliso Colorado ingresaron a la zona del tajo La Quinua Sur de Minera Yanacocha, para expresar su indignación, pues los manantiales que dotaban de agua a la quebrada Encajón se encuentran totalmente secos, debido a las actividades de dicha compañía. Asimismo, exigieron el cumplimiento de compromisos previamente asumidos por ella, como la construcción e implementación de una planta procesadora de productos lácteos en el caserío Aliso Colorado y la ampliación de la electrificación de  Quishuar Corral. Además, demandaron que se priorice y dé oportunidad a la empresa comunal MC El Aliso, en los trabajos de manejo de agua, remoción de tierras y otros.

Los manifestantes tuvieron enfrentamientos con los efectivos de la Policía Nacional, quienes procedieron a desalojarlos utilizando bombas lacrimógenas. Según la empresa, algunos de ellos detuvieron ilegalmente a un grupo de trabajadores de una perforadora, dentro de la zona de operaciones de Yanacocha, donde también cortaron las llantas de una camioneta, rompieron a pedradas las lunas de un bus de la empresa San Francisco y lanzaron piedras a la Policía. Por su parte, los pobladores sostienen que fueron los efectivos de la Policía quienes iniciaron y  provocaron los incidentes.

Francisco Rojas, presidente del canal de regadío de Quishuar, detalló a Noticias SER: “Hemos sido aproximadamente 350 los pobladores de Quishuar que hemos tomado las instalaciones de Yanacocha, pues tenemos una resolución administrativa bajo la modalidad “licencia de uso de agua”, del 2003, que nos otorga permiso para tomar 23 litros del recurso por segundo, de fuentes naturales de la quebrada Encajón. El problema es que, en la actualidad, tales fuentes naturales ya han sido secadas por las operaciones mineras. Nosotros venimos reclamando desde el 2008 por la desaparición de nuestras aguas, pero hasta el momento no nos dan respuesta ni solución alguna. Lo más indignante es que en la última carta nos dicen que no nos han afectado en la calidad ni en la  cantidad de agua”, sostuvo, indignado.

Asimismo, el dirigente informó que también exigen que se cumplan los acuerdos pactados en diversas reuniones que tuvieron con Yanacocha, hace años atrás: “Ellos quieren deslindar las responsabilidades que tienen como empresa. En reunión, exigiremos que se cumplan los acuerdos”, refirió.

Por su parte, Juan Chilón, teniente gobernador del caserío el Aliso Colorado, declaró: “No se puede permitir que sequen nuestro manantial, pues es de mucha importancia para nuestras actividades. Además, no están respetando los compromisos que asumieron con la comunidad. Si no dan solución a nuestros reclamos, nosotros seguiremos con nuestra medida de lucha”, indicó.

Refiriéndose a los enfrentamientos, Chilón señaló a los efectivos policiales: “Ellos comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y perdigones, maltratando incluso a señoras que nos acompañaban. Nosotros hemos reaccionado contestándoles. Hay cuatro heridos, dos de ellos con rotura en la cabeza”, señaló.

Minera Yanacocha se pronuncia

A partir de los incidentes ocurridos y mediante un comunicado, Yanacocha asegura no haber afectado los derechos de uso de agua de la población y venir cumpliendo, desde hace varios años, con las descargas de agua en la quebrada, a fin de mantener los flujos identificados en los Estudios de Impacto Ambiental de la zona. Del mismo modo, la minera dice en el documento, que brinda oportunidades a todas las empresas, en la medida de sus necesidades operativas. “En cuanto existan más proyectos mineros, se incrementarán las oportunidades de trabajo”, ofrece el escrito.

Fuente: noticiasser.pe


  • Los campesinos de una mina de oro del norte de Perú aseguran que los productos tóxicos de la explotación envenenan a sus animales

Por: 

Publicado en El País 11 MAY 2015

Víctor Mendoza, líder de una cooperativa agrícola de una minúscula comunidad de Negritos, con su hijo de 10 años. / Ben Hallman  (The Huffington Post) 

Para Elvira Flores, una pastora adolescente de las tierras altas andinas del norte de Perú, todo empezó como una más de las tareas del rancho. El 8 de septiembre de 2013 cruzó con su rebaño una pista de tierra que atraviesa los pedregosos campos de su familia y bajó a un arroyo. Cuando las ovejas hubieron bebido hasta hartarse, algo no fue como debía. “De repente empezaron a saltar, a darse patadas en el vientre y a golpear las cabezas contra el suelo”, recordaba la tímida joven de 16 años una tempestuosa tarde de un año después, envolviéndose con el jersey para protegerse del frío. “Les salía espuma blanca por la boca y la nariz”. Una a una, las 18 ovejas se desplomaron y murieron. Flores las observaba impotente. “En cinco minutos todo había terminado”, explicaba.

Hace dos décadas que entre la gente que subsiste a duras penas en La Pajuela y las comunidades vecinas de esta región de sobrecogedora belleza natural y opresiva pobreza circulan historias como esta. Las tortugas y las ranas han desaparecido de los cursos de agua, dicen los campesinos; según la población local, a veces su ganado se niega a beber de los arroyos que riegan sus tierras, o bien bebe y luego enferma o muere.

Para los campesinos, la causa de la contaminación es evidente. Las montañas del lugar contienen oro —uno de los minerales más escasos de la Tierra— en partículas, y la empresa estadounidense Newmont Mining Corp., con ayuda financiera del Banco Mundial, lleva 22 años volando montañas y utilizando sustancias químicas tóxicas para extraerlo.

La mina de oro Yanacocha es una explotación a gran escala que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados a altitudes de hasta 4.000 metros. La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que forma parte del Grupo del Banco Mundial, concedió los créditos para ayudar a construir y ampliar la mina y posee una pequeña participación en ella.

Desde 1993, Yanacocha ha dado un rendimiento de más de 35 millones de onzas de oro. Es la mayor mina de este metal de Sudamérica y una de las más productivas del mundo. La explotación ha resultado sumamente beneficiosa para el Gobierno central de Perú, siempre falto de fondos. La empresa afirma que, desde que empezaron las operaciones, Yanacocha ha aportado 2.750 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros) en ingresos fiscales y derechos. Pero en los ranchos y los pueblos más próximos a la mina, la pobreza sigue siendo una lacra sin resolver, y la animadversión hacia Yanacocha está muy extendida.

Hace 15 años, el vertido de mercurio de un camión hizo enfermar a cientos de habitantes de tres pueblos vecinos. Diversos estudios han demostrado que se han producido filtraciones de los metales pesados de la mina, en una zona en la que mucha gente ya no tiene acceso al agua potable. Ya a principios de la década de los 2000 Stratus Consulting lo advertía en un informe que repitió con similares resultados en años posteriores.  Los campesinos del lugar están profundamente preocupados por su salud y la de sus familias.

“Si nuestros animales están muriendo a causa del agua contaminada, ¿qué va a pasar con nosotros”, se preguntaba Felipe Flores, tío de Elvira.

“No causar daño”

No es nada raro que una explotación minera industrial tenga borrones en su currículo medioambiental, pero se supone que los proyectos respaldados por fondos de una institución del Grupo del Banco Mundial tienen que seguir unas normas más estrictas.

El Grupo del Banco Mundial financia proyectos de desarrollo económico en países pobres y a menudo inestables en pos de una noble aspiración: acabar con la pobreza en el mundo. Los prestatarios que aceptan un crédito del Banco Mundial, que concede préstamos a los Gobiernos, o de la IFC, que lo hace a las empresas, deben respetar unas normas específicas dirigidas a proteger a las personas y el medioambiente desde un enfoque que definen como “no causar daño”.

“La IFC se ha comprometido a garantizar que los costes del desarrollo económico no recaigan desproporcionadamente en los pobres y vulnerables, que el medio ambiente no se degrade en el proceso, y que los recursos naturales renovables sean gestionados de forma sostenible”, declaraba la institución crediticia en una revisión de su política de sostenibilidad de 2012.

Pero un examen de las inversiones del grupo bancario por parte de The Huffington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha descubierto que, en lugar de evitar los proyectos de alto riesgo con probables repercusiones nocivas, el Grupo del Banco Mundial opta cada vez más por invertir en minas de oro como Yanacocha: grandes, destructivas y plagadas de riesgos para el medio ambiente y para las personas que viven en o cerca de los terrenos escogidos para su explotación.

Un grafiti anti mina grabado en la colina de Cajamarca, la capital de la provincia a la que pertenece Yanacocha. / Ben Hallman (The Huffington Post)

Los prestamistas del Banco Mundial clasifican los proyectos en función de sus posibles amenazas para la población y el medio ambiente. A pesar de que tanto la institución como la IFC han recibido críticas por subestimar los riesgos (críticas que afectan también al Departamento del Tesoro estadounidense), un análisis de sus inversiones a lo largo de la última década muestra un fuerte aumento de aquellas que, según la clasificación del banco, previsiblemente tendrán impactos sociales y ambientales “irreversibles y sin precedentes”.

De 2009 a 2013, las dos entidades crediticias inyectaron 50.000 millones de dólares en 239 proyectos de alto riesgo Categoría A, como presas, minas de cobre y oleoductos. Los documentos muestran que la cantidad supera en más del doble a la del quinquenio anterior. Gran parte de las iniciativas se sitúan en países como Perú, con Gobiernos centrales débiles y normativas laxas.

“Aplicar una estrategia de alto riesgo en esos contextos es como echar cerillas a un polvorín”, sentenciaba Natalie Fields, directora ejecutiva de Accountability Counsel, un grupo jurídico que representa a los indígenas en conflicto con el Banco Mundial y la IFC. “Es seguro que darán lugar a abusos o incluso que serán un fracaso”.

El examen por parte del grupo investigador de los proyectos de alto riesgo del Banco Mundial surgió como parte de una indagación más amplia de las repercusiones que los más de 455.000 millones destinados a inversiones entre 2004 y 2013 habían tenido para las familias que vivían en las propiedades escogidas para ser explotadas o en sus proximidades.

Según sus resultados, en ese período, 3,4 millones de personas perdieron sus hogares, fueron despojadas de sus tierras o vieron sus medios de vida menoscabados por las carreteras, las centrales eléctricas y otros proyectos respaldados por el grupo bancario. Aunque muchas fueron compensadas por sus pérdidas, otras no recibieron nada a cambio o fueron desalojadas por la fuerza sin darles tiempo a recoger sus escasas pertenencias. Los informadores detectaron que, en docenas de casos, el Banco Mundial y la IFC no obligaron a cumplir sus propias políticas dirigidas a proteger a estos refugiados del desarrollo.

El daño ambiental suele tardar más en hacerse visible que los abusos infligidos directamente a la población local, pero las consecuencias para la gente pueden ser igualmente funestas.

En noviembre, el médico estadounidense Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial, instó a Estados Unidos, China y otros grandes países a que emprendan iniciativas para combatir el cambio climático, que, según exponía en un blog para The Huffington Post, supone una amenaza de enormes dimensiones para los pobres y los desposeídos.

En los últimos años, los bancos supervisados por Kim han aumentado sus inversiones en proyectos solares y eólicos, pero también han financiado otros que contribuyen a las emisiones de gases de efectos invernadero, como las explotaciones petroleras frente a las costas de Ghana y una gigantesca central térmica en Sudáfrica.

Las minas de oro plantean problemas diferentes. Las empresas mineras excavan pozos colosales y mueven cargamentos de rocas que depositan en cúmulos más altos que muchos edificios de oficinas. A continuación, rocían los promontorios con una solución de cianuro. El cianuro se amalgama con las diminutas partículas de oro y se filtra a una plataforma. La solución final se bombea a un molino, se refina y se convierte en lingotes de oro.

Este método, ampliamente utilizado en todo el mundo, está automatizado en su mayor parte y puede ser enormemente destructivo. Las balsas de “estériles” que contienen el residuo contaminado con cianuro pueden resquebrajarse y derramar una riada tóxica sobre las comunidades que viven aguas abajo, mientras que la lluvia puede arrastrar a los arroyos el peligroso desecho, además de metales pesados. El drenaje ácido procedente de las rocas expuestas suele perdurar mucho después del cierre de la mina.

“No conozco ningún caso en el que no haya habido algún problema de contaminación”, afirma Keith Slack, un experto en minería de Oxfam, un grupo de defensa de los derechos humanos.

Desde 2004, la IFC ha destinado 650.000 millones de dólares (583.000 millones de euros) a 26 proyectos mineros relacionados con el oro.

En Perú, el organismo aportó 23 millones de dólares (20,6 millones de euros) para construir Yanacocha a partir de 1993, y seis años más tarde financió una ampliación. Asimismo, posee una participación del 5% en la propiedad de la mina. (El accionista mayoritario es Newmont, con una participación del 51%. El resto de las acciones pertenecen a Buenaventura, un socio peruano).

En una declaración enviada por correo electrónico, el banco afirmaba que la minería ofrece “la mejor vía para salir de la pobreza” a muchos de los países más pobres del mundo.

“Los proyectos mineros con éxito pueden generar flujos de efectivo vitales para los Gobiernos, que estarán en condiciones de reinvertir en sanidad, educación y otros servicios básicos”, afirma la declaración. “A los puestos de trabajo generados directamente por la mina se añaden muchos otros que se generan indirectamente con los negocios locales”.

La familia Flores asegura que alguna de sus ovejas murieron de repente en 2013 envenenadas por los productos tóxicos que genera la mina. / Ben Hallman (The Huffington Post)

Yanacocha asegura que la mina proporciona 2.300 puestos de trabajo directos. La presencia de sus ejecutivos, que llenan la primera clase de los vuelos diarios que salen de Lima, ha supuesto un empujón para los taxistas, los propietarios de restaurantes y otros trabajadores del sector servicios.

Pero en los pueblos y las aldeas cercanos a la mina, la opinión dominante es que, mientras que las empresas extranjeras, los bancos y el lejano Gobierno de Lima se benefician de la explotación, a la población local le toca lidiar con el desastre social y ambiental.

Según las últimas cifras del Gobierno, el 53% de los habitantes de la provincia de Cajamarca, en la que se encuentra Yanacocha, viven por debajo del umbral nacional de la pobreza, situado en alrededor de 100 dólares (90 euros) al mes. A pesar de sus inmensas reservas de mineral, es la provincia más pobre de Perú.

Las autoridades locales no han contribuido a mejorar las cosas. Un estudio de 2012 afirma que la mayor parte de los impuestos transferidos al Gobierno regional no se ha gastado.

“Esto nos pone en una situación difícil”, asegura Javier Velarde, un portavoz de Yanacocha. “Nosotros no podemos cambiar el Gobierno”. Velarde señala que su empresa ha invertido 500 millones de euros en construir carreteras y mejorar el abastecimiento de agua, además de en otros proyectos sociales. Pero el gasto “no es lo bastante significativo como para suponer una gran diferencia”, recalca.

Ahora, Yanacocha y su matriz, Newmont, quieren excavar cuatro lagos de montaña cercanos y poner en explotación Conga, una mina de oro y cobre valorada en 4.300 millones de euros. Al igual que Yanacocha, Conga está en las tierras altas, concretamente en la cabecera de una cuenca fluvial que riega centenares de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas y abastece de agua potable a los pueblos y aldeas vecinos.

Newmont afirma que Conga es uno de los proyectos mineros más concienzudamente estudiados de la historia de Perú, y que un equipo formado por expertos diversos ha declarado que cumple con la normativa internacional.

Los que se oponen a la nueva mina no creen en las promesas de la empresa. “Agua y no oro” es uno de los gritos de guerra de los adversarios de la explotación, que temen que el proyecto contaminará las comunidades que viven aguas abajo.

En 2012, la policía mató a cinco personas que protestaban por la expansión a Conga. El mismo año, un sondeo de opinión reveló que cuatro de cada cinco habitantes de Cajamarca se oponían a la nueva explotación minera. Otra encuesta más reciente llevada a cabo por Yanacocha mostró que el apoyo había aumentado… al 37%.

“El oro que sacan de nuestra región está manchado de sangre”, sentenciaba Milton Sánchez, uno de los líderes del movimiento de protesta. “Los extranjeros se lo ponen en las orejas, en el cuello y en los dedos para estar guapos, pero su vanidad va a costa de nuestro sufrimiento. Hemos sido testigos de la destrucción de la cultura y del entorno. Están destrozando a nuestras familias”.

A unos 50 kilómetros de Cajamarca, subiendo por una serpenteante carretera de dos carriles, el rancho de los Flores ofrece un primer plano de la forma en que Yanacocha ha transformado profundamente las vidas y el paisaje. Los pastos verdes y ondulantes terminan de repente en la llaga intensamente roja de una montaña de la que se ha eliminado toda vegetación. Mientas la joven Elvira cuenta la historia de las ovejas muertas, un enorme camión minero pasa retumbando monte abajo.

Por la noche, las luces de la instalación centellean cerca, como un recordatorio de que la prometida riqueza de dos décadas de minería no ha alcanzado a la población local. Aquí la joyería de oro es un lujo inconcebible. Nadie tiene ni siquiera electricidad.

La mayor preocupación es también la mayor incógnita. Los científicos han observado que los niveles de los nocivos metales pesados han aumentado en los suelos y el agua de los alrededores de la mina. Yanacocha reconoce que anteriores análisis del agua ya habían puesto de manifiesto la existencia de problemas, pero declara haber gastado cientos de millones de dólares en modernizar sus plantas de tratamiento. La empresa explica que ha enseñado a los campesinos a tomar muestras, de manera que puedan verificar ellos mismos que el agua de la que dependen es segura. “Es importante ser transparente”, concluye Velarde.

Grandes inversiones, grandes riesgos

El Grupo del Banco Mundial aspira a poner remedio a la pobreza “extrema” financiando el desarrollo de las regiones más pobres del planeta. El objetivo es ambicioso. Más de 1.000 millones de personas de todo el mundo viven con menos de 1,25 dólares al día. Según la IFC, de aquí a 2020 los países en desarrollo necesitarán 600 millones de nuevos puestos de trabajo únicamente para mantener el ritmo del creciente aumento demográfico.

En los últimos años, los créditos concedidos por el Banco Mundial han contribuido a que se construyan carreteras que han conectado a poblaciones aisladas de Sri Lanka, han asegurado cultivos que han hecho que aumenten las cosechas de arroz en Sierra Leona, y han financiado un proyecto de paneles solares que ha llevado la electricidad a dos millones de hogares rurales y comercios en Bangladesh.

Las innovadoras políticas de protección creadas por el Banco Mundial y la IFC exigen que la entidad crediticia evalúe las inversiones en función de su impacto social y ambiental antes de financiarlas. Los Gobiernos y las empresas que reciben el dinero del banco están obligados a garantizar que las personas desplazadas reciban ayudas que les aseguren un nuevo lugar donde vivir y un nuevo empleo. También se les exige que eliminen, o al menos reduzcan al mínimo, la emisión de contaminantes.

“Cómo equilibrar el riesgo plantea un dilema”, señalaba Martyn Riddle, exasesor de la IFC en materia de medio ambiente. “¿Dónde hay que trazar los límites de un proyecto de interés comercial para una zona, frente a su huella ecológica y social?” El reciente aumento de los casos de alto riesgo muestra que los funcionarios del Banco Mundial cada vez están más dispuestos a apostar por que los beneficios de esos proyectos superan a sus considerables perjuicios.

La mina de Yanacocha ha generado desde 1993 más de 35 millones de onzas de oro. Es la más grande de Sudamérica y una de las más productivas del mundo. / Ben Hallman (The Huffington Post)

El BM y la IFC han financiado proyectos incluso en casos en los que Estados Unidos, máximo accionista de la entidad, ha puesto objeciones. En 2010, el Departamento del Tesoro declaraba que un crédito de 3.750 millones de dólares (3.370 millones de euros) a un tipo de interés inferior al del mercado para financiar Medupi, una central térmica de 4.800 megavatios en Sudáfrica, “devalúa la estrategia del Banco Mundial de contribuir a que los países alcancen el crecimiento económico y la reducción de la pobreza por vías sostenibles desde el punto de vista medioambiental”.

Se prevé que Medupi emita 25 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, más que la suma de las emisiones de docenas de países. (En la votación sobre la central, Estados Unidos se abstuvo, en lugar de oponerse abiertamente). Entretanto, el banco se ha comprometido a limitar la financiación de centrales térmicas a casos en que se den “circunstancias excepcionales”.

Una propuesta de presa en el río Congo, que drena gran parte de África occidental y es uno de los mayores cursos de agua del planeta, ilustra los pros y los contras de las gigantescas inversiones en infraestructuras. El año pasado, el Banco Mundial aprobó una concesión de 73 millones de dólares para ayudar al Gobierno congoleño a estudiar el impacto ambiental y social de la obra. La presa, conocida como Inga Ill, produciría una enorme cantidad de energía en un país que prácticamente carece de ella.

Sin embargo, los expertos en medio ambiente sostienen que los principales beneficiarios serían las compañías mineras y las fundiciones de aluminio. Los ecologistas también han expresado su preocupación por la posibilidad de que la represa del río provoque la desecación de un delta crucial que actúa como un sumidero de carbono en el que queda atrapado el primer gas responsable del calentamiento global.

Peter Bosshard, director de políticas de International Rivers, un grupo ecologista, calificaba la presa de “quimera”. “En apariencia es realmente atractiva, y llenará un montón de bolsillos privados y de funcionarios del Gobierno”, ironizaba, “pero nosotros no vemos que vaya a beneficiar a los pobres”.

Un legado de conflicto

Cajamarca es el centro neurálgico de la minería moderna en Perú. Hace 500 años, los conquistadores españoles capturaron allí al emperador inca Atahualpa y chantajearon a sus súbditos exigiéndoles 24 toneladas de oro y plata antes de estrangularlo.

Newmont, cuya sede está en Denver, identificó primero un rico filón intacto de yacimientos de mineral en las colinas que se elevan sobre la ciudad. Reunir el dinero para financiar una mina resultaba problemático. Sendero Luminoso, un grupo rebelde violento, tenía atenazado al país. Los bancos y las empresas extranjeras eran reacios a invertir en Perú. Newmont acudió a la IFC, que se especializa en dar créditos para lugares que otros evitan por miedo.

A comienzos de la década de 1990, los agentes de Yanacocha viajaron al corazón de los Andes para acaparar propiedades. Muchos vendedores, pobres y analfabetos, cuentan que no eran conscientes de que las rocas que había bajo sus campos encerraban una enorme riqueza. Otros afirman que sus vecinos vendieron fraudulentamente tierras que eran suyas.

Negritos, una comunidad en la que hay familias de La Pajuela, demandó a la compañía minera ante un tribunal peruano, alegando que la empresa había expropiado ilegalmente una extensión de terreno de casi dos veces el tamaño del neoyorquino Central Park. La demanda acusaba a las personas que se atribuían la representación de la comunidad de Negritos de no tener autoridad para negociar y de vender las tierras comunales sin tener derecho a ello por el injusto precio de 30.000 dólares.

Yanacocha impugnó las alegaciones, y el año pasado un juez peruano se puso de parte de la empresa y desestimó el caso. Negritos apeló la decisión y está esperando los resultados.

Cuatro meses después del acuerdo de venta, Yanacocha hipotecó la misma propiedad por 50 millones de dólares a International Finance Corp. y a un banco alemán. La mina produjo el primer lingote de oro ese mismo año de 1993. Pronto surgieron más fricciones por la duración de Yanacocha. Lo que se había previsto que fuese un proyecto a 10 años se prolongaba una y otra vez.

En 1999, en plenas restricciones a la financiación en Latinoamérica, la IFC concedió un crédito de 60 millones de dólares para facilitar la expansión. “No se prevén impactos significativos en los hábitats naturales debidos a las actividades del proyecto”, manifestaba el banco en una evaluación. “El historial de Yanacocha en materia de seguridad concuerda con la normativa internacional y ha mejorado con el tiempo”. Los acontecimientos del año siguiente desmintieron esta afirmación.

En enero de 2000, miles de campesinos llenaron la plaza central de Cajamarca para protestar contra la mina y las ampliaciones previstas. Los arroyos que antes corrían transparentes se habían vuelto turbios y pestilentes, decían. Poco antes, el Ministerio de Pesca había informado de que más de 21.000 truchas habían muerto debido a que la escorrentía ácida había llegado a dos ríos que pasan cerca de Yanacocha.

Seis meses después, un camión que transportaba mercurio de la explotación derramó más de 130 kilos del peligroso metal a lo largo de la carretera de Cajamarca cuando se agrietó uno de los bidones que lo llevaba. Más tarde los investigadores dictaminaron que el contenedor nunca se debería haber usado como para desechos tóxicos.

Creyendo que podría ser valioso, muchos lugareños recogieron el mercurio y se lo llevaron a casa. En los días siguientes, alrededor de 1.000 personas presentaron síntomas de intoxicación. Más tarde, los investigadores de la IFC reprocharon a Yanacocha su “falta de respuesta sistemática y eficaz” tras el accidente, y declararon que la empresa no había cumplido las normas internacionales relativas a la seguridad del transporte de sustancias peligrosas.

“El vertido inclinó la balanza en contra de Yanacocha”, decía un habitante de Cajamarca a los entrevistadores de la Oficina del Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia de la IFC, creada en 1999 para ayudar a resolver disputas entre las empresas respaldadas por la corporación y las comunidades vecinas. “A mucha gente, sobre todo de la ciudad, en realidad no le importaba lo que estaba sucediendo en el campo a los que vivían cerca de la mina. Cuando se enteraron de que ellos también podían envenenarse con la contaminación empezaron a preocuparse”.

Al año siguiente, un grupo indígena se quejó ante el defensor de que Yanacocha estaba causando daños a las tierras y el agua de los pueblos de la zona. En respuesta a la reclamación, la oficina convocó una mesa de diálogo entre la compañía y los airados agricultores y lugareños.

Un estudio efectuado en el marco de la mesa encontró que algunos arroyos contenían elevados niveles de metales pesados, nitratos y otras sustancias nocivas. El informe, elaborado por hidrólogos de Stratus Consulting, detectó que “en algunos lugares se superaban” los patrones de referencia de la calidad del agua, lo cual planteaba un “problema a largo plazo”. No obstante, según el estudio no había peligro a corto plazo para las personas.

En un momento dado, los participantes en la mesa propusieron un “sistema de alerta rápida” que establecía la elaboración de informes mensuales en las zonas críticas en las que persistiese el problema de la calidad del agua. Nunca se hizo. El defensor atribuyó la responsabilidad a “las limitaciones de recursos y la debilidad de las instituciones en el seno de la mesa”.

La oficina puso fin a la queja y a la mesa sin dar nunca una respuesta satisfactoria para las comunidades locales a la cuestión fundamental de si su agua estaba contaminada.

A lo largo de ese periodo, Yanacocha restó importancia a los riesgos del vertido de mercurio y a la contaminación del agua, pero, entre bastidores, los ejecutivos de su matriz, Newmont, mostraban inquietud por la corriente de publicidad negativa que rodeaba a una de sus inversiones más importantes. Después del derrame de mercurio, Newmont envió a Larry Kurlander, veterano vicepresidente de la empresa, a relizar una inspección de la mina. Lo que vio allí le hizo alarmarse.

Elmer Campos fue disparado por la policía en 2011 mientras protestaba contra un proyecto minero en Yanacocha. / BEN HALLMAN (The Huffington Post)

Según los documentos obtenidos en el marco de una investigación llevada a cabo en 2005 por Frontline y The New York Times, Kurlander descubrió que los campesinos tenían motivos para preocuparse. Advirtió a los altos cargos de Newmont de que la empresa había infringido las normativas medioambientales a una escala enorme, y de que las malas prácticas con las que se había encontrado eran tan graves que el equipo directivo estaba en peligro de “procesamiento penal o encarcelamiento”. “Estamos incumpliendo nuestros propios permisos de explotación… y ese incumplimiento tiene lugar prácticamente el 100% de las veces”, escribía. Kurlander, actualmente jubilado, no ha respondido a los mensajes telefónicos que se dejaron en su domicilio.

A raíz del estudio del agua, Yanacocha gastó cientos de millones de dólares en modernizar una planta de tratamiento y en idear un nuevo método para capturar y filtrar la escorrentía de la mina, refería Velarde, portavoz de Yanacocha. “No es todo perfecto, de vez en cuando tenemos problemas, sobre todo en la época de lluvias, pero informamos inmediatamente de ellos a las comunidades”, insistía.

Víctor Mendoza, líder de una cooperativa agrícola de una minúscula comunidad de Negritos llamada Extrema decía que, puntualmente, la empresa se ha esforzado en mejorar las relaciones construyendo un tejado nuevo para la escuela de su hijo en un caso y dando una cabra a cada una de las 79 familias de Extrema en otro.

Estas donaciones no han servido en absoluto para mitigar su preocupación por lo que la escorrentía de la mina está provocando en el agua sin filtrar que sus tres hijos y otros miembros de la familia cogen de un arroyo que fluye desde las zonas altas cercanas al punto donde se encuentra Yanacocha. Mendoza explicaba que sus animales, que también beben agua del arroyo, tienen tasas de aborto muy altas.

Su comunidad, refería este hombre de 32 años, está desecha por décadas de incertidumbre y desavenencias sobre Yanacocha. “Llevamos discutiendo sobre ello desde que éramos niños”, recordaba.

En noviembre de 2011, agentes de policía pluriempleados por la empresa minera dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y munición real contra una multitud de campesinos que había instalado un campamento de protesta cerca de Conga, la mina que la empresa espera poner en explotación con el apoyo de la IFC. Elmer Campos sintió el impacto de la bala en su espalda cuando se inclinó para ayudar a un amigo al que habían disparado. Perdió un riñón y el bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó paralizado de cintura para abajo.

Ahora, Campos pasa sus días en una herrumbrosa silla de ruedas dentro de una habitación diminuta. Su esposa trabaja duramente en lo que queda del rancho familiar, que han ido dividiendo en parcelas y vendiendo para pagar el tratamiento médico. Cuenta que el dolor nunca se va. “Por la noche apenas puedo dormir. No puedo andar ni salir. Estoy preso en mi propia casa”.

El verano después de que le disparasen, la policía nacional abrió fuego contra otra multitud de manifestantes y mató a cinco personas, entre ellas un chico de 16 años. La policía alegó que habían intentado asaltar las oficinas del Gobierno provincial de la ciudad de Celendín, partidario de la mina.

Los tiroteos fueron noticia internacional, y en Perú recibieron una condena generalizada. A consecuencia de ello, Newmont suspendió el proyecto Conga indefinidamente.

Más adelante, ese mismo año, la empresa dio el inusual paso de hacer pública una petición formal de perdón por sus acciones del pasado. “No nos sentimos orgullosos del estado actual de nuestras relaciones con la población de Cajamarca”, escribieron los ejecutivos en diciembre de 2012. “Deseamos aprovechar la ocasión para reconocer los errores que hemos cometido en la forma de comportarnos y de dirigir el negocio”.

Velarde afirmaba que, en los últimos años, la empresa se ha esforzado por impulsar el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, ha empleado a más contratistas locales, de manera que la zona participe más completamente de la prosperidad económica que ha traído la mina. “La verdad es que en el pasado la empresa no se esforzó lo suficiente para que la gente del lugar tuviera los máximos beneficios”, reconocía.

Los ejecutivos de Yanacocha siguen queriendo construir una nueva mina. En los pozos existentes el oro se está agotando. Según la empresa, se espera que las reservas que quedan duren unos cinco años más. La empresa y su matriz, Newmont, sostienen que un informe de evaluación ambiental de 27.000 páginas demuestra que Conga, que tiene unas reservas de más de seis millones de onzas de oro y unos depósitos de cobre mucho mayores, es segura. El informe, redactado para Newmont por una consultora en 2010, concluía que la mina “no tendrá impacto significativo aguas abajo”.

Newmont indica que se calcula que la explotación proporcionará 2.700 millones en impuestos y derechos, y garantizará miles de puestos de trabajo. Varios evaluadores independientes han calificado el estudio sobre el impacto ambiental de confuso, engañoso e incompleto. Robert Moran, un especialista contratado por el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, que defiende a los que luchan por proteger el entorno en los países en desarrollo, calificó el estudio de receptáculo de “medias verdades y opiniones interpretadas incorrectamente”.

Yanacocha recalca que no seguirá adelante con la mina hasta que no tenga la “autorización social” de la población de la zona. Según Velarde, se prevé que hasta finales de año no haya una decisión final sobre cómo proceder. Mientras tanto, Yanacocha está construyendo presas que asegura que compensarán la pérdida de cuatro lagunas en Conga. Si el proyecto se lleva a cabo, los pequeños lagos se destruirán o se convertirán en depósitos de residuos.

Los ejecutivos se han trasladado a Cajamarca y en este momento están en primera línea de una campaña de relaciones públicas que ha incluido el patrocinio de un programa de pintura para escolares y el empleo de más contratistas de la zona como proveedores de la mina, informa Velarde. “Todavía no estamos donde queremos estar, pero vamos progresando”, resume.

En una declaración por correo electrónico, la IFC afirma tomarse en serio los riesgos asociados con la minería. “En el caso de Yanacocha, nuestro cliente se ha comprometido a mejorar la situación sobre el terreno”, especificaba el banco. “Nuestra constante colaboración con clientes comprometidos puede distinguirnos como vehículo de un impacto positivo en el desarrollo”. La IFC “valorará qué papel nos corresponde desempeñar con los socios del proyecto en la propuesta mina de Conga cuando llegue el momento adecuado”, añade.

Vecinos

Cuando las ovejas de los Flores murieron en otoño de 2013, funcionarios de la agencia agraria de Perú analizaron los órganos de los animales y el agua de los arroyos locales en busca de toxinas. Según la empresa minera, los resultados no fueron concluyentes.

Yanacocha compensó a Felipe Flores por el ganado perdido, a pesar de que —de acuerdo con la versión de la compañía— el relato de la familia es incorrecto en un detalle clave.

Omar Jabara, portavoz de Newmont, puntualizaba en un correo electrónico que los animales bebieron de un charco con fluido tóxico cerca de una planta de procesado situada en terrenos de la compañía, al otro lado de una valla que había sido cortada, y no de un arroyo, como afirma la familia. La “causa probable” de las muertes fue que bebieron del charco contaminado, opinaba Jabara.

“En varias ocasiones se ha pedido al propietario de las ovejas que no entre en la propiedad o atraviese el perímetro con su rebaño para que paste en los terrenos de la empresa”, refiere.

Expertos en toxicología explicaron a The Huffington Post que el incidente descrito por Flores podría ser consecuencia del vertido accidental de una toxina, como el cianuro, en un curso de agua. Informan de que ese tipo de vertidos pueden dejar pocas evidencias, y a no ser que el análisis se haga inmediatamente después, es posible que, sencillamente, con el tiempo, el agua se lleve el veneno. Mientras tanto, los interrogantes sobre la contaminación del agua siguen abiertos.

El ganado pasta cerca de la mina. Los campesinos aseguran que beben agua contaminada por los productos tóxicos que genera. / Ben Hallman (The Huffington Post)

En 2014, especialistas en seguridad alimentaria de la Universidad de Barcelona encontraron niveles altos de plomo, cadmio y otros metales pesados en los alimentos y el agua de comunidades próximas a Yanacocha. Los registros más altos correspondían a las cercanías de La Pajuela. Estos metales se asocian con altas tasas de cáncer e insuficiencia renal, así como con enfermedades cardiovasculares. “Es razonable aconsejar a los habitantes de La Pajuela que no beban de sus fuentes de agua”, concluía el informe.

Un asesor ambiental contratado por Newmont para revisar el estudio de Barcelona lo calificó de “básicamente defectuoso”.

En diciembre, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Perú hicieron público un estudio que señalaba que había habido una filtración de agua contaminada de la mina a la comunidad de San José, cerca de La Pajuela. Yanacocha también puso en duda estas conclusiones.

En la actualidad, el defensor del pueblo de la IFC está estudiando varias demandas relacionadas con litigios sobre tierras en los que está involucrada Yanacocha. El banco no ha revisado el asunto de la contaminación del agua en más de una década, pero afirma que las lecciones aprendidas después del vertido de mercurio “se incorporaron directamente” a la mejora de sus normas de actuación.

En la carretera que lleva al rancho, Yanacocha ha puesto una señal verde como las que se suelen ver en Estados Unidos recordando a los conductores que no tiren desperdicios o que respeten los límites de velocidad. “Los seres humanos somos los únicos guardianes de nuestro entorno natural”, dice. “Conservémoslo”.

Ahora, Felipe Flores se trae el agua de más arriba de Cajamarca, a una hora en coche. Pero sus animales siguen bebiendo del arroyo, y sus hijos siguen bebiendo la leche y comiendo el queso que estos producen. Y lo mismo pasa con el resto de Perú. Flores explica que vende alrededor de 60 litros de leche al día a Nestlé, que distribuye productos agrícolas por todo el país.

Cuando era joven, recuerda, recibió la mina de oro con entusiasmo. Incluso trabajó un tiempo para la empresa. La realidad que hay detrás de esa clase de explotación le hizo cambiar de parecer. “No son los vecinos que dijeron que serían”, concluye.


Pobladores del caserío San José denunciaron la muerte de vacunos, los cuales suman más de una veintena desde que detectaron la emanación de aguas contaminadas, hace un año, en los manantiales que se ubican debajo del Proyecto Chaupiloma Sur de Minera Yanacocha, junto a su comunidad.

Desde que se detectaron las aguas contaminadas, en marzo del 2014, han muerto más de un veintena de animales, denunciaron los pobladores de San José. 

Los pobladores están muy preocupados, porque la pérdida de sus animales supone una afectación importante a su capital económico, además del impacto que ésto pueda traer a su salud, ya que consumen, tanto la leche, como la carne de estos animales.
Como se sabe, la comunidad de San José tiene problemas ambientales bastantes serios, principalmente por la calidad de las aguas que emergen de sus manantiales, los cuales sirven para consumo humano y para la crianza de animales.
Es necesario indicar que San José fue la primera comunidad donde Minera Yanacocha llevó a cabo el primer “Cierre de Mina. Según la empresa minera ¨realizó un cierre exitoso¨, sin embargo, ha dejado una gran cantidad de pasivos, principalmente de aguas contaminadas.
La OEFA aún no emite Informe Final
Después de la denuncia de contaminación de aguas realizada en noviembre pasado, la OEFA Lima emitió un Primer Informe dando a conocer la presencia de aguas ácidas en más del 200% del Límite Máximo Permisible para el consumo humano, faltando complementar un Informe Final sobre la presencia de metales pesados.
Por su parte, la Abog. Mirtha Vásquez, Directora de GRUFIDES, hizo un llamado a las autoridades – Fiscalía del Medio Ambiente y OEFA- para que actúen, “porque no puede ser que permitan que la gente de San José siga expuesta a la contaminación y se investigue”. “Este problema merece una atención urgente¨, expresó.
Ineficiencia del Estado
Los problemas ambientales como el de San José detectados en Cajamarca, demuestran ineficiencia del Estado para resolver problemas urgentes causados por la actividad minera, como en el caso de Minera Yanacocha que no puede resolver este problema.

¨Para la comunidad de San José es una gran preocupación el agua que consumimos y damos a nuestros animales no sólo porque el agua lo beben los animales sino también porque el agua lo consume la comunidad, expresó Teófilo Castrejón, Presidente de las Rondas Campesinas del caserío.

¨La Fiscalía del Medio Ambiente se ha vuelto una entidad de recomendación, esta no es su función porque no está cumpliendo sus atribuciones¨, manifestó la Abog. Mirtha Vásquez.
Cuando la empresa Minera Yanacocha ofreció solucionar el problema, ofrecieron una cisterna de modo permanente para abastecer con agua potable a las 102 familias que habitan en el lugar, pero en la actualidad, sólo les dejan una cisterna interdiario, lo cual es insuficiente para el abastecimiento del agua por la población.


Máxima Acuña (Foto: La República / Miguel Mejía)
Máxima Acuña (Foto: La República / Miguel Mejía)
Máxima Acuña y su esposo, tienen los documentos de compra venta de ‘Tragadero Grande’, además de un certificado de posesión que se les otorga a los comuneros por sus tierras.

Vilma Huerta

La empresa minera Yanacocha asegura y defiende que el terreno ‘Tragadero Grande’ les pertenece a ellos, y no a la familia Chaupe Acuña; sin embargo, sus documentos de compra venta no especifican que esta zona sea de ellos. La familia Chaupe, sí los tiene.

Sin embargo, este problema por el terreno ya estaba resuelto, pues en el proceso en segunda y última instancia dio la razón a la familia Chaupe. ‘Tragadero Grande’ de 25 hectáreas, les pertenece.

Mirtha Vásquez, abogada de la familia Chaupe, aclaró que ganaron el fallo porque ellos tienen un certificado de compra venta, firmado por el juez de Paz, y un certificado de posesión que se les otorga a los comuneros.

Porsupuesto, la minera Yanacocha manifestó estar en desacuerdo con el fallo, y por ello, presentó ante la Corte Suprema, una casación por considerar que no se ha interpretado bien la ley. Como prueba, dieron los documentos de compra venta de Minas Conga, la empresa que le vendió los terrenos de 269 y 226 hectáreas.

Cabe recordar, que en 1996, la empresa Minas Conga, en un contrato de compra-venta, vende 269 hectáreas a la empresa minera Yanacocha. Hubo una segunda venta, y en esta se concretó 226 hectáreas más.

Pero en estos documentos de compra venta, no se específica en ninguna parte que ´Tragadero Grande’ era parte de la venta. La abogada de los Chaupe, explica que estecontrato es muy general, y de eso se quieren aprovechar para tomar posesión de este terreno en litigio. 

DENUNCIA CONTRA LA POLICÍA

A pesar de que ya existen papeles que demuestran que ‘Tragadero Grande’ le pertenece a la familia Chape Acuña, el pasado 3 de febrero, su vivienda fue atentada por funcionarios de Yanacocha y miembros de la Policía Nacional.

PUEDES VER: Caso Máxima Acuña: Policía niega intervención de la Dinoes | VIDEO

La abogada denunció que los terrenos de su cliente fueron invadidos por personal policial, pese a que el pasado 28 de enero, se le otorgó a la familia Chaupe un documento que le daba garantías para su vida.

“Si la Policía da garantías, tiene que proteger a la familia Chaupe, pero también trabajan de manera particular con Yanacocha. Con armas del estado, con la autoridad del estado están cuidando los intereses de la empresa. ¿Debo entender que el Estado avala estos actos violencia?”, declaró Vásquez a La República.

Agregó que el personal policial que trabaja de manera particular para Yanacocha se coloca un chaleco encima del uniforme para evitar reconocer su identidad. Logró identificar a uno de ellos.

“Hace 3 o 4 días, había un policía que estaba cerca y nos impedía el ingreso. Era un policía en servicio (que se supone debe velar por las garantías para la familia). Se trata del alférez Américo Rivasplata, prestaba servicio público, pero nos dijo que recibía órdenes de la empresa Yanacocha”, recordó la abogada.

Respecto a la última invasión que recibió la familia Chaupe Acuña, indicó que realizaron la denuncia el pasado 5 de febrero, y hasta ahora la Fiscalía no les ha notificado nada. Por el momento, ninguna autoridad se ha hecho cargo de este atropello.

“Yo pensé que la defensoría del Pueblo se apersonaría a hacer las verificaciones, pero hasta ahora nadie ha ido”, concluyó.

Como se recuerda, la familia Chaupe enfrenta un problema legal por ‘Tragadero Grande’, un terreno de 25 hectáreas que adquirió en 1994. La empresa Yanacocha quiso apoderarse de él, y los Chaupe Acuña hicieron una denuncia por usurpación, además, procesó  a la empresa minera por los abusos y agresiones que cometió. 

Tu00EDtulos de Propiedad de MY (1)

Certificado de Posesión y Contrato de Compra-Venta

Plano Del Predio Tragadero Grande

La República


Diario 16

La campesina cajamarquina Máxima Acuña viene manifestando su indignación contra el accionar de Minera Yanacocha, quienes continúan con la intimidación en contra de ella y su familia, en una protesta que se realiza hoy en Lima

Al grito de “Máxima Acuña no estás sola”, más de 200 personas se encuentran en el frontis de la sede de la empresa ubicada en Miraflores, entre ellos los jóvenes de las diferentes zonas que participaron de la movilización contra la derogada Ley Laboral Juvenil.

Cabe recordar que hace unos días, ella denunció que un fuerte contingente policial y de trabajadores de Yanacocha retornaron a sus terrenos para continuar intimidándola, incluso llegaron a destruir parte de la ampliación de su casa, ubicada en el sector de Tragadero Grande, frente a la Laguna azul.

Lee también: ¡Increíble! Minera Yanacocha es acusada de cometer elusión tributaria

La vigilia pacífica continúa y muchas personas con carteles en mano se solidarizan con Máxima en su lucha contra la minera que a pesar del fallo que el Poder Judicial de Cajamarca emitió el 17 de diciembre del año pasado, en el que declaró inocente a la familia Acuña Chaupe frente al delito de invasión de terrenos que acusaba Yanacocha, insiste en su alegato e incluso intenta proceder legalmente como respuesta al dictamen.

Y es que no es la primera vez que Máxima ha sido víctima de Yanacocha, el 3 de enero un grupo efectivos policiales ingresaron al terreno de la familia y demolieron los cimientos de una extensión de su vivenda y el 20 de enero denunciaron el acoso por parte de agentes del orden, días después su abogada Mirtha Váquez informó a Amnistía Internacional que cerca de 15 efectivos policiales y miembros de seguridad privada ingresaron al domicilio para sacar fotos de su casa.

Cabe destacar que Yanacocha se encuentra ubicada a 45 kilómetros del distrito de Cajamarca, a una altura entre los 3.500 y 4.100 metros sobre el nivel del mar  y es la mina de oro más grande de Sudamérica y sigue envuelta en la polémica pues ahora un estudio señala que eludió el pago de tributos por varios años.

 

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Fotos: Ivan Vicente (diario16)

AELL

 


Movimiento de concentrado de cobre en Yanacocha.

Movimiento de concentrado de cobre en Yanacocha.

Viernes, 06 de febrero de 2015

Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, sigue envuelta en la polémica. Ahora un estudio señala que eludió el pago de tributos por varios años.

El analista Raúl Wiener Fresco aseguró que la minera habría alterado sus costos contables con la finalidad de reducir su contribución tributaria en el período en el que los precios del oro alcanzaron sus picos más altos en el mercado internacional. “Aun cuando los precios de los metales cayeron y bajó la producción, Yanacocha recibió utilidades”, indicó.
En esa línea, el contador Juan Torres Polo estimó que la elusión tributaria por parte de la empresa supera los dos mil millones de dólares.

“El problema es que Yanacocha ha cargado más de cinco mil millones de dólares como gastos inexistentes para no cumplir con el pago de sus impuestos. Conga es la irregularidad más grande que han cometido, entre otras cosas”, comentó.
Según la investigación de Wiener y Torres, presentada en un libro en el Congreso, la deuda del proyecto Conga es cargada a los costos operativos y administrativos de Yanacocha cuando esto no debería ser así.

“El Estado y Cajamarca han dejado de percibir por Yanacococha una parte importante de sus impuestos. Cajamarca recibe el 50% del Impuesto a la Renta de lo que paga Yanacocha”, detalla Torres.

Otro punto que se cuestiona es que la minera justifica sus pérdidas utilizando de argumento el deterioro de activos de larga duración.

“En el 2013, la minera declaró pérdidas y para sustentar sus resultados consignó fuera de sus costos un gasto excepcional bajo el rubro de deterioro de activos de larga duración. Es decir, Perú paga la depreciación del proyecto Conga”, cuestionó.

La República intentó comunicarse con Javier Velarde, gerente general de Yanacocha, sin embargo evitó pronunciarse por estar fuera del país.

La República


A través de su página web, Amnistía Internacional Perú habilitó una opción virtual para reunir un total de dos mil firmas que se enviarán al ministro del Interior, Daniel Urresti, solicitándole proteger a Máxima Acuña y a su familia de “todo tipo de violencia y actos de intimidación”.

Porque el 3 de enero se supo que un grupo efectivos policiales ingresaron al terreno de la familia y demolieron los cimientos de una extensión de la casa de Máxima Acuña.

“La policía debe proteger a Máxima Acuña y a su familia de todo tipo de violencia y actos de intimidación de acuerdo a sus deseos y deben respetar los derechos humanos en todo momento, así como el derecho a la propiedad del terreno donde viven”, es parte del mensaje que se envía al ministro.

También se pide realizar una investigación minuciosa e imparcial sobre la destrucción de la ampliación de la casa de Máxima Acuña, así como otros hechos de “acoso e intimidación y lleven a los responsables ante la justicia”.

Actualmente Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, mantienen una disputa desde hace algunos años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca.

El 17 de diciembre del año pasado el Poder Judicial de Cajamarca dictó que la familia Acuña de Chaupe era inocente del delito de invasión de terrenos que acusaba la compañía minera.

Actualmente la empresa intenta por medios judiciales revertir la sentencia, que ganó Máxima Acuña de acuerdo a ley.

Como se recuerda el pasado 20 de enero denunciaron haber sido acosados intimidados por la policía en su vivienda, días después su abogada Mirtha Váquez informó a Amnistía Internacional que cerca de 15 efectivos policiales y miembros de seguridad privada ingresaron a su para sacar fotos de su casa.

Cuando les preguntaron el motivo, ninguno demostró, siquiera, documentación legal que justifique sus acciones.


 

PRONUNCIAMIENTO OFICIAL

Máxima Chaupe y su familia se han enfrentado a Yanacocha en una lucha por la defensa de la vida y a su territorio, lucha que ha sido acompañada por los cajamarquinos y millones de personas en todo el mundo, recordemos que en diciembre del 2014 la empresa minera PIERDE la demanda que había establecido en contra de la familia Chaupe; acusándolos de “usurpación” de un predio, el juicio falla a favor de los Chaupe y se declara la acusación de Yanacocha sin sustento. El 3 de febrero del presente mes la seguridad de Yanacocha acompañada de efectivos policiales de la DINOES ingresó a la propiedad de Máxima, violentándolos a ella y a su familia; con el firme propósito de derrumbar los cimientos de la vivienda que empezaban a construir. En suma, con prepotencia y matonería Yanacocha aduce “defensa posesoria” sobre un predio que NO ES SUYO, sino que pertenece a los Chaupe desde 1994.

Las acciones de Yanacocha y el cuerpo policial, al cual todos los peruanos pagamos, no es más que la clara apuesta del Estado en seguir alquilando o vendiendo nuestro país, asimismo de fundar el terror contra Máxima y contra los campesinos que apuestan por defensa de sus derechos , por tal motivo todos los jóvenes que hemos despertado a la Conciencia Nacional, ahora más que nunca, nos manifestamos en solidaridad con nuestros pueblos del Ande y de la Amazonía.

En la coyuntura en la que nos encontramos Lima Metropolitana se ha organizado para combatir las POLÍTICAS ABUSIVAS del gobierno de Ollanta Humala a través de 14 ZONAS, distribuidas territorialmente, la Zona 13 de Comas y Carabayllo exige justicia para Máxima y su familia, asimismo el respeto a la población cajamarquina que ha mostrado mediante constantes luchas la inviabilidad del proyecto minero Conga que busca, a como dé lugar, imponerse sobre la base de la degradación ambiental y la exclusión de las poblaciones.

Hacemos un llamado a todos los peruanos para solidarizarse con Máxima y su familia, acompañándonos al plantón a realizarse este viernes 6 de febrero a las 6 pm en el edificio MIRACORP Av. La Paz 1049 Miraflores. Exigimos justicia para Máxima, exigimos el respeto a nuestros derechos y a nuestros recursos.

¡POR UN PERÚ PARA LOS PERUANOS! ¡PAREMOS LA VENTA DE NUESTRO PAÍS!
¡ABAJO EL PAQUETAZO AMBIENTAL, ABAJO LA LEY 30230!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA POPULAR, ABAJO LA LEY 30151!
¡EXIGIMOS JUSTICIA Y RESPETO PARA EL PUEBLO CAJAMARQUINO!
¡LA JUVENTUD EN PIE DE LUCHA, POR LA DEFENSA DE LA VIDA!

Comité Administrador Zona 13 ®

Como Zona 13 Nos estaremos Pre-Concentrando a las 3 pm en un Parque cerca de la Estación Metropolitano De Naranjal (Espalda del BCP)
Llevar cartulinas, plumones, telas y todo lo que pueda ser utilizado como propaganda por esta causa, Estaremos Realizando una campaña de Prensa Informativa.

Pueden Confirmar Su Asistencia en el siguiente Evento de Facebook, Recuerden que la Unión Hace la Fuerza.


Foto referencial

Jaime Chaupe, esposo de Maxima Acuña de Chaupe, reporta que desde las 10.00am aproximadamente 300 trabajadores de la empresa minera Yanacocha trataron de entrar a su terreno agresivamente y que ahora están en los alrededores del terreno proclamando que van a construir un campamento para la mina. También hay presencia de aproximadamente 40 policías armados y con escudos. Los trabajadores están armados con picos y traen barretas y mayas.

Después de los recientes ataques de intimidación y acoso del 20 de enero y 03 de febrero contra Maxima y su esposo Jaime, ambos defensores están muy ansiosos y al solo ver a policías y trabajadores de la mina cerca de su hogar sienten mucho miedo y temor de ser agredidos otra vez.

Por suerte, el compañero Milton Sanchez y otros compañeros de Celendin están acompañando a la familia en estos momentos.

Pueden escuchar aquí el testimonio de Maxima Acuña, Jaime Chaupe y Milton Sanchez:

La voz de Maxima Acuña se transmitió en radio líder de Cajamarca.

 

Leer aqui nuestra denuncia pública sobre el incidente del 03 de Febrero 2015

Denuncia Publica - Máxima Acuña-page-001


El día 03 de febrero de 2015, Máxima Acuña y su familia en el predio de Tragadero Grande, en Cajamarca, fueron atacados por la empresa Yanacocha, que a través de sus trabajadores y personas con indumentaria policial (se presume que son policías sin identificación) destruyeron la ampliación de su vivienda.

Como es de conocimiento público Acuña venció a Yanacocha en los tribunales en diciembre de 2014, frente a la acusación de usurpación de tierras. Pese a ello la empresa atacó a Máxima y su familia; quienes en el colmo de la injusticia y prepotencia se defienden diciendo que han actuado en “defensa posesoria”. Pueden ver más sobre la opinión de la defensa de Acuña y del inefable comunicado de la empresa aquí.

Compartimos las fotos difundidas desde el facebook de Grufides sobre la agresión:

Hasta 5 camarógrafos  filmaron la escena de la destrucción.

Miembros de la mina

Maxima Acuña

Atacantes con implementos de policia pero con los logos borrados

Cobardes de empresa SECURITAS

Funcionarios de Yanacocha

Zona de ampliación de la casa de Máxima Acuña destruida por Yanacocha. No dejaron nada sobre pie

Maxima Acuña se quiebra luego del derrumbamiento de paredes

Escucha el audio donde Máxima Acuña relata lo sucedido:

Máxima ha manifestado que no se irá de su tierra en declaraciones para Ideele:

Si a mí o mis hijos nos pasa algo, será responsabilidad de todas las autoridades que están  a favor de la empresa minera Yanacocha, advirtió Máxima Acuña de Chaupe, tras considerar que no se dejará amedrentar por el accionar de dicha compañía.

“[La minera Yanacocha] no puede impedir que construya en mi territorio, que de aquí es mío y de aquí para allá es de la empresa, ¡no señor! Ahora estoy trabajando con mis peones dentro de mi territorio. Desde este momento, cualquier cosa que me pase a mí y a mis hijos será responsabilidad de todas las autoridades que están a favor de la empresa minera”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo no voy a abandonar mi tierra por ningún motivo, voy a dar mi vida, voy a dar mi sangre para que quede esto para la historia y para las próximas generaciones”, manifestó.


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