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Gary Goldberg, CEO de Newmont Mining, tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el gobierno entrante.

(Bloomberg).- La minera estadounidense Newmont Mining Corp. buscará conversaciones con el nuevo Gobierno del Perú para discutir las opciones para desarrollar su enorme proyecto aurífero de Minas Conga en Cajamarca, cuatro años después que una serie de protestas forzaron la paralización de la iniciativa, dijo el CEO Gary Goldberg.

“He oído cosas buenas del presidente entrante y sobre su enfoque de querer fomentar el desarrollo con el apoyo de las comunidades locales”, dijo en una entrevista desde Greenwood Village, Colorado, donde la segunda compañía minera de oro más grande del mundo tiene su sede.

Si bien Newmont no tiene planes para desarrollar el proyecto en un “futuro previsible”, la minera está trabajando para obtener el apoyo local, dijo Goldberg, que tiene previsto visitar el Perú a finales de este año para reunirse con el nuevo gobierno.

En el 2012 Newmont paralizó los trabajos en el proyecto de US$ 5,000 millones en la región Cajamarca después de violentas protestas por parte de agricultores que temen que la mina afecte los suministros de agua en la zona.

Los planes del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski para reforzar la coordinación con las autoridades estatales podría allanar el camino para las conversaciones entreNewmont y las autoridades de Cajamarca, dijo Goldberg.

Kuczynski, quien asumirá la presidencia el 28 de julio, ha dicho que Minas Conga no es viable en tanto continúe el conflicto social.

Kuczynski, ex ministro de Finanzas y banquero de inversión, fue director ejecutivo de Halco Mining Inc. con sede en Pittsburgh hacia finales de la década de 1970. El miércoles PPK estuvo en La Oroya en el centro del Perú para visitar la fundición de zinc de Doe Run Perú, que fue cerrada en el 2009, y prometió hacer “el máximo esfuerzo” para reabrir el complejo.

Si bien el gobierno del presidente saliente Ollanta Humala ha visto un aumento de la inversión y producción minera por la puesta en marcha de proyectos de MMG Ltd. de China y de Freeport-McMoRan, otras empresas comoNewmont y Southern Copper Corp. han pospuesto sus proyectos debido a la oposición de la comunidades aledañas.

Fuente: Diario Gestion http://gestion.pe/empresas/newmont-quiere-reunion-ppk-discutir-viabilidad-conga-2164963

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Plataforma Inteinstitucional Celendina, Rondas Campesinas de la provincia de Celendín, Sutep de la provincia de Celendín, Frente de Defensa del distrito de Huasmín, Frente de Defensa del Distrito de Sorochuco, Frente de Defensa de la Cuenca del río Jadibamba, Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc – Bambamarca, Central de Rondas Campesinas de Bambamarca, Juntas Vecinales de Bambamarca, Sutep de la provincia Hualgayoc – Bambamarca, Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú; en asamblea interprovincial celebrada en la Laguna El Perol, realizada el día 20 de octubre, se acordó realizar una gran movilización en la ciudad de Cajamarca para el día 26 de noviembre de 2015, rechazando los trabajos que viene realizando la minera Yanacocha en el dique El Perol, tal como se constató en dicha inspección. Es por ello que se hace la convocatoria para la participación masiva de las distintas comunidades y demostrar al Gobierno y a Yanacocha que este proyecto no tiene licencia social y que no estamos dispuestos a permitir que continúen con sus trabajos.

 


Por:

Wilfredo Cholán

El Primer Juzgado Civil de Cajamarca admitió la demanda de Amparo presentada hace dos años contra el proyecto minero Conga, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) así lo dispusiera mediante resolución. Asimismo, fueron admitidos los Amicus Curiae presentados por diferentes instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Cajamarca y  una universidad canadiense, entre otras. De este modo, la empresa minera Yanacocha tendrá que objetar y sustentar la demanda planteada de afectación de derechos fundamentales que ocasionaría el proyecto mencionado.

En diálogo con Noticias SER, Mirtha Vásquez, directora ejecutiva de Grufides, explicó que esta admisión del Amparo marca un precedente en la justicia peruana, ya que minera Yanacocha estaba intentando que no se admita: “En el país, pocas veces se ha planteado  el asunto de discutir qué es prioritario, el derecho al medio ambiente o los derechos económicos, y esa es una discusión que estamos planteando. Va a ser importante, en  términos jurídicos, legales y sociales. A partir de esta experiencia, se van a declarar admisibles todos los amparos que se presenten en relación a megaproyectos que vayan a lesionar derechos fundamentales”, detalló. Asimismo, la abogada dijoque lo que plantea Yanacocha es que estos casos no deberían discutirse en un amparo que ve derechos fundamentales, sino que deberían evaluarse en un proceso administrativo.

“Por ejemplo, el aporte que ha hecho la universidad de Cánada ha sido el mostrar cómo siendo ese también un país minero, en muchas oportunidades se ha logrado priorizar el derecho al medio ambiente para frenar megaproyectos mineros, incluso más grandes que el de Conga. Lo que ellos dicen es: si en Canadá se procede así, por qué en el Perú no se podría empezar con esa política de priorizar derechos fundamentales sobre derechos económicos”, puntualizó.

Debate de fondo

Vásquez anunció, así mismo, que en adelante se debatirá el tema de fondo, y ambas partes sustentarán técnica y legalmente sus posiciones y argumentos ante las instancias correspondientes: “Vamos a entrar a la discusión técnico legal sobre la vulneración de derechos al medio ambiente. Luego viene un fallo de primera instancia, respecto al cual, cualquiera de las partes tiene el derecho de impugnar. Supongo que el caso volverá al TC, porque cualquiera de las partes va a intentar agotar todas  las vías”, señaló.

“Es un paso importante en nuestra lucha”

Por su parte, Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), señaló que dicha admisión es un paso legal importante en su lucha por la inviabilidad del proyecto Conga,y que por fin se ha logrado lo quese ha estado buscando desde hace tres años. “Ha sido sustancial, porque hasta los Amicus Curiae han sido admitidos. Entonces, imagino que Yanacocha debe estar preocupada”, declaró.

Asimismo, el dirigente consideró que su lucha se da desde varios espacios, como el social, legal y técnico: “el social tendrá su curso el 26 de noviembre, pues vamos a movilizarnos en Cajamarca; el tema legal se sustenta justamente en esta admisión de amparo, y el tema técnico, que nos avala,ya ha sido demostrado por diversas instituciones”, refirió.

Publicado en Noticias Ser

18/11/2015


(Publicado el 17.108.2015 en el Facebook de la Municipalidad Distrital de Sorochuco)

ALCALDE DISTRITAL DE SOROCHUCO Y AUTORIDADES LLEGARON A LA LAGUNA EL PEROL PARA LA SIEMBRA DE TRUCHAS PERO FUERON IMPEDIDOS POR EL PROYECTO CONGA.
El alcalde de la Municipalidad Distrital Dr. Elmer Alaya Izquierdo junto a algunas autoridades del Distrito de Sorochuco, atendiendo al cronograma establecido de la siembra de alevines de truchas, llegaron a la Laguna el Perol de manera pacífica y respetuosa, con la finalidad de cumplir lo establecido; sin embargo en una de las garitas de control del proyecto CONGA ubicado en el Caserío de Agua Blanca, fueron impedidos de realizar dicha siembra, puesto que en el lugar se encontró a las fuerzas del orden acompañados por el Fiscal adjunto provincial de la fiscalía corporativa de la provincia de Celendín Dr. Hugo Neyser Cojal Bazán y representantes de de Minera Yanacocha, quienes manifestaron que no existe el permiso correspondiente por estar la Laguna el Perol ubicado dentro de una propiedad privada.
Frente a dicha actitud el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sorochuco sostuvo que se realizaran las acciones correspondientes con la finalidad de realizar en lo sucesivo el poblamiento de alevines de truchas en dicha Laguna, teniendo en consideración que la Laguna el Perol no es propiedad de minera Yanacocha pues constituye un bien público. Finalmente esta visita hacia la Laguna el Perol concluyó con la firma de un acta en presencia de todos los presentes, habiendo también pedido el alcalde Distrital de Sorochuco la verificación o constatación de dicha Laguna a donde llegó junto a las autoridades presentes.


 Por: Rocío Silva
04.08.15
El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de Lámaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.
El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?
Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.
Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.
Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!
Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.

Muralla. Máxima Acuña y Daniel Chaupe frente al cerco de mallas instalado por Yanacocha bajo el argumento de un proyecto de crianza de alpacas.

Muralla. Máxima Acuña y Daniel Chaupe frente al cerco de mallas instalado por Yanacocha bajo el argumento de un proyecto de crianza de alpacas..

Escribe: Wilber Huacasi

Denuncia. Empresa instaló cerco perimétrico de mallas de metal en la frontera limítrofe con el predio de mujer campesina. Familia asegura que se trata de un nuevo acto de presión para obligarlos a abandonar la zona. Minera desmiente la acusación.

—Queremos dialogar.
—¡Qué diálogo quieren!, ¿van a reconocer mi propiedad?, ¿me van a reconocer todos los daños que le han hecho a mi familia?
Con notorio enojo, Máxima Acuña de Chaupe recuerda una de las conversaciones que sostuvo con una funcionaria de relaciones comunitarias de Yanacocha. Su enfado —dice— es porque la minera busca un supuesto diálogo, cuando su comportamiento siempre ha estado marcado por la violencia y la hostilización.
El último hecho que doña Máxima denuncia como un acto de presión para obligarla a abandonar su predio es la instalación de un inmenso cerco de mallas de alambre galvanizado en el límite con el terreno de propiedad de Yanacocha.
“El martes pasado terminaron de cerrar todo ese cerco que ustedes ven aquí”, indica Máxima Acuña, quien desde el año 2011 mantiene una contienda legal con Yanacocha por un predio de 25 hectáreas.
Máxima asegura que su familia compró el predio a terceros y viven ahí desde 1994. Yanacocha, en cambio, maneja la versión de que todo el terreno de la zona fue adquirido a la comunidad campesina de Sorochuco por Minas Conga S.R.L., y luego les fue transferido, para la puesta en marcha del proyecto de explotación de oro conocido comoConga.
Si bien el cerco no impide a la familia Chaupe-Acuña salir hacia la carretera, Máxima asegura que con esta decisión la minera ha cerrado otro camino que utilizaban para comercializar sus productos en las zonas bajas. “Cuando no tengo para comer, agarro mi bestia y la llevo por este camino que es ancestral”, denuncia Máxima y asegura que detrás de este hecho está nuevamente la actitud prepotente de Yanacocha.
En comunicación enviada a La República, Yanacocha rechaza que exista hostilización (ver nota aparte), pero doña Máxima insiste y tiene una lista de actos de violencia que anteceden a esta última acción.
ANTECEDENTES
El 3 de febrero, personal de seguridad privada de Yanacocha destruyó con violencia los cimientos de la casa de adobe que la familia Chaupe-Acuña venía construyendo cerca de su actual vivienda, dentro del predio que reclaman como de su propiedad.
“Estábamos construyendo un dormitorio y una sala; quince días de trabajo que habíamos tenido lo han derrumbado”, recuerda su hijo Daniel Chaupe, mientras observa los escombros que dejó aquella intervención.
Yanacocha argumentó entonces que ejerció su “derecho a la defensa posesoria”.
Posteriormente, personal de Yanacocha destruyó una construcción que la familia de Máxima había realizado para la crianza de cuyes. “En la Fiscalía de Celendín (voceros de Yanacocha) nos dijeron que nos iban a devolver nuestros cuyes”, recuerda Máxima.
Daniel Chaupe, el hijo, denuncia además otra forma de hostilización: “Todo el día nos vigilan. Han instalado una cabina supuestamente para cuidar sus alpacas, pero, la verdad, es para que nos vigilen a nosotros”, señala.
La República constató que, en efecto, existe una cabina instalada en una loma desde la cual personal de Yanacocha puede vigilar directamente la rústica vivienda de los Acuña-Chaupe. Es más, la noche del 6 de junio, día de nuestra visita, personal de la minera alumbró con linternas de alta intensidad hacia la casa, en clara actitud de vigilancia.
RESTRICCIÓN VIAL
Por obra de Yanacocha, los pobladores que se desplazan desde Cajamarca hacia la localidad de Santa Rosa no pueden viajar con libertad. Personal de seguridad privada instaló una tranquera a la altura del paraje San Nicolás y allí solicita documentos a los pasajeros, como si fueran sospechosos de algo.
Todo indica que el propósito es impedir visitas a la familia de Máxima Acuña. Además de Etiqueta Negra no son pocos los testimonios de medios y periodistas que tuvieron impedimento para ingresar a la zona.
MÁS DENUNCIAS
El caso de Máxima parece no ser el único. Lindorfe Bolaños Atalaya (56 años) contó a La República que anteriormente sufrió la destrucción de su vivienda y ahora Yanacocha buscaría obligarlo a transar por un predio en aparente disputa.
“A otro vecino también lo han sacado a la fuerza de su chocita, hace un mes”, reseña, en alusión al poblador Noé Quilliche Chucnas.
A todo esto, Máxima asegura que seguirá defendiendo su predio: “Cuando me maten, ahí tal vez se quedarán con mi terreno, si nadie reclama”.

  • Los campesinos de una mina de oro del norte de Perú aseguran que los productos tóxicos de la explotación envenenan a sus animales

Por: 

Publicado en El País 11 MAY 2015

Víctor Mendoza, líder de una cooperativa agrícola de una minúscula comunidad de Negritos, con su hijo de 10 años. / Ben Hallman  (The Huffington Post) 

Para Elvira Flores, una pastora adolescente de las tierras altas andinas del norte de Perú, todo empezó como una más de las tareas del rancho. El 8 de septiembre de 2013 cruzó con su rebaño una pista de tierra que atraviesa los pedregosos campos de su familia y bajó a un arroyo. Cuando las ovejas hubieron bebido hasta hartarse, algo no fue como debía. “De repente empezaron a saltar, a darse patadas en el vientre y a golpear las cabezas contra el suelo”, recordaba la tímida joven de 16 años una tempestuosa tarde de un año después, envolviéndose con el jersey para protegerse del frío. “Les salía espuma blanca por la boca y la nariz”. Una a una, las 18 ovejas se desplomaron y murieron. Flores las observaba impotente. “En cinco minutos todo había terminado”, explicaba.

Hace dos décadas que entre la gente que subsiste a duras penas en La Pajuela y las comunidades vecinas de esta región de sobrecogedora belleza natural y opresiva pobreza circulan historias como esta. Las tortugas y las ranas han desaparecido de los cursos de agua, dicen los campesinos; según la población local, a veces su ganado se niega a beber de los arroyos que riegan sus tierras, o bien bebe y luego enferma o muere.

Para los campesinos, la causa de la contaminación es evidente. Las montañas del lugar contienen oro —uno de los minerales más escasos de la Tierra— en partículas, y la empresa estadounidense Newmont Mining Corp., con ayuda financiera del Banco Mundial, lleva 22 años volando montañas y utilizando sustancias químicas tóxicas para extraerlo.

La mina de oro Yanacocha es una explotación a gran escala que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados a altitudes de hasta 4.000 metros. La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que forma parte del Grupo del Banco Mundial, concedió los créditos para ayudar a construir y ampliar la mina y posee una pequeña participación en ella.

Desde 1993, Yanacocha ha dado un rendimiento de más de 35 millones de onzas de oro. Es la mayor mina de este metal de Sudamérica y una de las más productivas del mundo. La explotación ha resultado sumamente beneficiosa para el Gobierno central de Perú, siempre falto de fondos. La empresa afirma que, desde que empezaron las operaciones, Yanacocha ha aportado 2.750 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros) en ingresos fiscales y derechos. Pero en los ranchos y los pueblos más próximos a la mina, la pobreza sigue siendo una lacra sin resolver, y la animadversión hacia Yanacocha está muy extendida.

Hace 15 años, el vertido de mercurio de un camión hizo enfermar a cientos de habitantes de tres pueblos vecinos. Diversos estudios han demostrado que se han producido filtraciones de los metales pesados de la mina, en una zona en la que mucha gente ya no tiene acceso al agua potable. Ya a principios de la década de los 2000 Stratus Consulting lo advertía en un informe que repitió con similares resultados en años posteriores.  Los campesinos del lugar están profundamente preocupados por su salud y la de sus familias.

“Si nuestros animales están muriendo a causa del agua contaminada, ¿qué va a pasar con nosotros”, se preguntaba Felipe Flores, tío de Elvira.

“No causar daño”

No es nada raro que una explotación minera industrial tenga borrones en su currículo medioambiental, pero se supone que los proyectos respaldados por fondos de una institución del Grupo del Banco Mundial tienen que seguir unas normas más estrictas.

El Grupo del Banco Mundial financia proyectos de desarrollo económico en países pobres y a menudo inestables en pos de una noble aspiración: acabar con la pobreza en el mundo. Los prestatarios que aceptan un crédito del Banco Mundial, que concede préstamos a los Gobiernos, o de la IFC, que lo hace a las empresas, deben respetar unas normas específicas dirigidas a proteger a las personas y el medioambiente desde un enfoque que definen como “no causar daño”.

“La IFC se ha comprometido a garantizar que los costes del desarrollo económico no recaigan desproporcionadamente en los pobres y vulnerables, que el medio ambiente no se degrade en el proceso, y que los recursos naturales renovables sean gestionados de forma sostenible”, declaraba la institución crediticia en una revisión de su política de sostenibilidad de 2012.

Pero un examen de las inversiones del grupo bancario por parte de The Huffington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha descubierto que, en lugar de evitar los proyectos de alto riesgo con probables repercusiones nocivas, el Grupo del Banco Mundial opta cada vez más por invertir en minas de oro como Yanacocha: grandes, destructivas y plagadas de riesgos para el medio ambiente y para las personas que viven en o cerca de los terrenos escogidos para su explotación.

Un grafiti anti mina grabado en la colina de Cajamarca, la capital de la provincia a la que pertenece Yanacocha. / Ben Hallman (The Huffington Post)

Los prestamistas del Banco Mundial clasifican los proyectos en función de sus posibles amenazas para la población y el medio ambiente. A pesar de que tanto la institución como la IFC han recibido críticas por subestimar los riesgos (críticas que afectan también al Departamento del Tesoro estadounidense), un análisis de sus inversiones a lo largo de la última década muestra un fuerte aumento de aquellas que, según la clasificación del banco, previsiblemente tendrán impactos sociales y ambientales “irreversibles y sin precedentes”.

De 2009 a 2013, las dos entidades crediticias inyectaron 50.000 millones de dólares en 239 proyectos de alto riesgo Categoría A, como presas, minas de cobre y oleoductos. Los documentos muestran que la cantidad supera en más del doble a la del quinquenio anterior. Gran parte de las iniciativas se sitúan en países como Perú, con Gobiernos centrales débiles y normativas laxas.

“Aplicar una estrategia de alto riesgo en esos contextos es como echar cerillas a un polvorín”, sentenciaba Natalie Fields, directora ejecutiva de Accountability Counsel, un grupo jurídico que representa a los indígenas en conflicto con el Banco Mundial y la IFC. “Es seguro que darán lugar a abusos o incluso que serán un fracaso”.

El examen por parte del grupo investigador de los proyectos de alto riesgo del Banco Mundial surgió como parte de una indagación más amplia de las repercusiones que los más de 455.000 millones destinados a inversiones entre 2004 y 2013 habían tenido para las familias que vivían en las propiedades escogidas para ser explotadas o en sus proximidades.

Según sus resultados, en ese período, 3,4 millones de personas perdieron sus hogares, fueron despojadas de sus tierras o vieron sus medios de vida menoscabados por las carreteras, las centrales eléctricas y otros proyectos respaldados por el grupo bancario. Aunque muchas fueron compensadas por sus pérdidas, otras no recibieron nada a cambio o fueron desalojadas por la fuerza sin darles tiempo a recoger sus escasas pertenencias. Los informadores detectaron que, en docenas de casos, el Banco Mundial y la IFC no obligaron a cumplir sus propias políticas dirigidas a proteger a estos refugiados del desarrollo.

El daño ambiental suele tardar más en hacerse visible que los abusos infligidos directamente a la población local, pero las consecuencias para la gente pueden ser igualmente funestas.

En noviembre, el médico estadounidense Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial, instó a Estados Unidos, China y otros grandes países a que emprendan iniciativas para combatir el cambio climático, que, según exponía en un blog para The Huffington Post, supone una amenaza de enormes dimensiones para los pobres y los desposeídos.

En los últimos años, los bancos supervisados por Kim han aumentado sus inversiones en proyectos solares y eólicos, pero también han financiado otros que contribuyen a las emisiones de gases de efectos invernadero, como las explotaciones petroleras frente a las costas de Ghana y una gigantesca central térmica en Sudáfrica.

Las minas de oro plantean problemas diferentes. Las empresas mineras excavan pozos colosales y mueven cargamentos de rocas que depositan en cúmulos más altos que muchos edificios de oficinas. A continuación, rocían los promontorios con una solución de cianuro. El cianuro se amalgama con las diminutas partículas de oro y se filtra a una plataforma. La solución final se bombea a un molino, se refina y se convierte en lingotes de oro.

Este método, ampliamente utilizado en todo el mundo, está automatizado en su mayor parte y puede ser enormemente destructivo. Las balsas de “estériles” que contienen el residuo contaminado con cianuro pueden resquebrajarse y derramar una riada tóxica sobre las comunidades que viven aguas abajo, mientras que la lluvia puede arrastrar a los arroyos el peligroso desecho, además de metales pesados. El drenaje ácido procedente de las rocas expuestas suele perdurar mucho después del cierre de la mina.

“No conozco ningún caso en el que no haya habido algún problema de contaminación”, afirma Keith Slack, un experto en minería de Oxfam, un grupo de defensa de los derechos humanos.

Desde 2004, la IFC ha destinado 650.000 millones de dólares (583.000 millones de euros) a 26 proyectos mineros relacionados con el oro.

En Perú, el organismo aportó 23 millones de dólares (20,6 millones de euros) para construir Yanacocha a partir de 1993, y seis años más tarde financió una ampliación. Asimismo, posee una participación del 5% en la propiedad de la mina. (El accionista mayoritario es Newmont, con una participación del 51%. El resto de las acciones pertenecen a Buenaventura, un socio peruano).

En una declaración enviada por correo electrónico, el banco afirmaba que la minería ofrece “la mejor vía para salir de la pobreza” a muchos de los países más pobres del mundo.

“Los proyectos mineros con éxito pueden generar flujos de efectivo vitales para los Gobiernos, que estarán en condiciones de reinvertir en sanidad, educación y otros servicios básicos”, afirma la declaración. “A los puestos de trabajo generados directamente por la mina se añaden muchos otros que se generan indirectamente con los negocios locales”.

La familia Flores asegura que alguna de sus ovejas murieron de repente en 2013 envenenadas por los productos tóxicos que genera la mina. / Ben Hallman (The Huffington Post)

Yanacocha asegura que la mina proporciona 2.300 puestos de trabajo directos. La presencia de sus ejecutivos, que llenan la primera clase de los vuelos diarios que salen de Lima, ha supuesto un empujón para los taxistas, los propietarios de restaurantes y otros trabajadores del sector servicios.

Pero en los pueblos y las aldeas cercanos a la mina, la opinión dominante es que, mientras que las empresas extranjeras, los bancos y el lejano Gobierno de Lima se benefician de la explotación, a la población local le toca lidiar con el desastre social y ambiental.

Según las últimas cifras del Gobierno, el 53% de los habitantes de la provincia de Cajamarca, en la que se encuentra Yanacocha, viven por debajo del umbral nacional de la pobreza, situado en alrededor de 100 dólares (90 euros) al mes. A pesar de sus inmensas reservas de mineral, es la provincia más pobre de Perú.

Las autoridades locales no han contribuido a mejorar las cosas. Un estudio de 2012 afirma que la mayor parte de los impuestos transferidos al Gobierno regional no se ha gastado.

“Esto nos pone en una situación difícil”, asegura Javier Velarde, un portavoz de Yanacocha. “Nosotros no podemos cambiar el Gobierno”. Velarde señala que su empresa ha invertido 500 millones de euros en construir carreteras y mejorar el abastecimiento de agua, además de en otros proyectos sociales. Pero el gasto “no es lo bastante significativo como para suponer una gran diferencia”, recalca.

Ahora, Yanacocha y su matriz, Newmont, quieren excavar cuatro lagos de montaña cercanos y poner en explotación Conga, una mina de oro y cobre valorada en 4.300 millones de euros. Al igual que Yanacocha, Conga está en las tierras altas, concretamente en la cabecera de una cuenca fluvial que riega centenares de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas y abastece de agua potable a los pueblos y aldeas vecinos.

Newmont afirma que Conga es uno de los proyectos mineros más concienzudamente estudiados de la historia de Perú, y que un equipo formado por expertos diversos ha declarado que cumple con la normativa internacional.

Los que se oponen a la nueva mina no creen en las promesas de la empresa. “Agua y no oro” es uno de los gritos de guerra de los adversarios de la explotación, que temen que el proyecto contaminará las comunidades que viven aguas abajo.

En 2012, la policía mató a cinco personas que protestaban por la expansión a Conga. El mismo año, un sondeo de opinión reveló que cuatro de cada cinco habitantes de Cajamarca se oponían a la nueva explotación minera. Otra encuesta más reciente llevada a cabo por Yanacocha mostró que el apoyo había aumentado… al 37%.

“El oro que sacan de nuestra región está manchado de sangre”, sentenciaba Milton Sánchez, uno de los líderes del movimiento de protesta. “Los extranjeros se lo ponen en las orejas, en el cuello y en los dedos para estar guapos, pero su vanidad va a costa de nuestro sufrimiento. Hemos sido testigos de la destrucción de la cultura y del entorno. Están destrozando a nuestras familias”.

A unos 50 kilómetros de Cajamarca, subiendo por una serpenteante carretera de dos carriles, el rancho de los Flores ofrece un primer plano de la forma en que Yanacocha ha transformado profundamente las vidas y el paisaje. Los pastos verdes y ondulantes terminan de repente en la llaga intensamente roja de una montaña de la que se ha eliminado toda vegetación. Mientas la joven Elvira cuenta la historia de las ovejas muertas, un enorme camión minero pasa retumbando monte abajo.

Por la noche, las luces de la instalación centellean cerca, como un recordatorio de que la prometida riqueza de dos décadas de minería no ha alcanzado a la población local. Aquí la joyería de oro es un lujo inconcebible. Nadie tiene ni siquiera electricidad.

La mayor preocupación es también la mayor incógnita. Los científicos han observado que los niveles de los nocivos metales pesados han aumentado en los suelos y el agua de los alrededores de la mina. Yanacocha reconoce que anteriores análisis del agua ya habían puesto de manifiesto la existencia de problemas, pero declara haber gastado cientos de millones de dólares en modernizar sus plantas de tratamiento. La empresa explica que ha enseñado a los campesinos a tomar muestras, de manera que puedan verificar ellos mismos que el agua de la que dependen es segura. “Es importante ser transparente”, concluye Velarde.

Grandes inversiones, grandes riesgos

El Grupo del Banco Mundial aspira a poner remedio a la pobreza “extrema” financiando el desarrollo de las regiones más pobres del planeta. El objetivo es ambicioso. Más de 1.000 millones de personas de todo el mundo viven con menos de 1,25 dólares al día. Según la IFC, de aquí a 2020 los países en desarrollo necesitarán 600 millones de nuevos puestos de trabajo únicamente para mantener el ritmo del creciente aumento demográfico.

En los últimos años, los créditos concedidos por el Banco Mundial han contribuido a que se construyan carreteras que han conectado a poblaciones aisladas de Sri Lanka, han asegurado cultivos que han hecho que aumenten las cosechas de arroz en Sierra Leona, y han financiado un proyecto de paneles solares que ha llevado la electricidad a dos millones de hogares rurales y comercios en Bangladesh.

Las innovadoras políticas de protección creadas por el Banco Mundial y la IFC exigen que la entidad crediticia evalúe las inversiones en función de su impacto social y ambiental antes de financiarlas. Los Gobiernos y las empresas que reciben el dinero del banco están obligados a garantizar que las personas desplazadas reciban ayudas que les aseguren un nuevo lugar donde vivir y un nuevo empleo. También se les exige que eliminen, o al menos reduzcan al mínimo, la emisión de contaminantes.

“Cómo equilibrar el riesgo plantea un dilema”, señalaba Martyn Riddle, exasesor de la IFC en materia de medio ambiente. “¿Dónde hay que trazar los límites de un proyecto de interés comercial para una zona, frente a su huella ecológica y social?” El reciente aumento de los casos de alto riesgo muestra que los funcionarios del Banco Mundial cada vez están más dispuestos a apostar por que los beneficios de esos proyectos superan a sus considerables perjuicios.

La mina de Yanacocha ha generado desde 1993 más de 35 millones de onzas de oro. Es la más grande de Sudamérica y una de las más productivas del mundo. / Ben Hallman (The Huffington Post)

El BM y la IFC han financiado proyectos incluso en casos en los que Estados Unidos, máximo accionista de la entidad, ha puesto objeciones. En 2010, el Departamento del Tesoro declaraba que un crédito de 3.750 millones de dólares (3.370 millones de euros) a un tipo de interés inferior al del mercado para financiar Medupi, una central térmica de 4.800 megavatios en Sudáfrica, “devalúa la estrategia del Banco Mundial de contribuir a que los países alcancen el crecimiento económico y la reducción de la pobreza por vías sostenibles desde el punto de vista medioambiental”.

Se prevé que Medupi emita 25 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, más que la suma de las emisiones de docenas de países. (En la votación sobre la central, Estados Unidos se abstuvo, en lugar de oponerse abiertamente). Entretanto, el banco se ha comprometido a limitar la financiación de centrales térmicas a casos en que se den “circunstancias excepcionales”.

Una propuesta de presa en el río Congo, que drena gran parte de África occidental y es uno de los mayores cursos de agua del planeta, ilustra los pros y los contras de las gigantescas inversiones en infraestructuras. El año pasado, el Banco Mundial aprobó una concesión de 73 millones de dólares para ayudar al Gobierno congoleño a estudiar el impacto ambiental y social de la obra. La presa, conocida como Inga Ill, produciría una enorme cantidad de energía en un país que prácticamente carece de ella.

Sin embargo, los expertos en medio ambiente sostienen que los principales beneficiarios serían las compañías mineras y las fundiciones de aluminio. Los ecologistas también han expresado su preocupación por la posibilidad de que la represa del río provoque la desecación de un delta crucial que actúa como un sumidero de carbono en el que queda atrapado el primer gas responsable del calentamiento global.

Peter Bosshard, director de políticas de International Rivers, un grupo ecologista, calificaba la presa de “quimera”. “En apariencia es realmente atractiva, y llenará un montón de bolsillos privados y de funcionarios del Gobierno”, ironizaba, “pero nosotros no vemos que vaya a beneficiar a los pobres”.

Un legado de conflicto

Cajamarca es el centro neurálgico de la minería moderna en Perú. Hace 500 años, los conquistadores españoles capturaron allí al emperador inca Atahualpa y chantajearon a sus súbditos exigiéndoles 24 toneladas de oro y plata antes de estrangularlo.

Newmont, cuya sede está en Denver, identificó primero un rico filón intacto de yacimientos de mineral en las colinas que se elevan sobre la ciudad. Reunir el dinero para financiar una mina resultaba problemático. Sendero Luminoso, un grupo rebelde violento, tenía atenazado al país. Los bancos y las empresas extranjeras eran reacios a invertir en Perú. Newmont acudió a la IFC, que se especializa en dar créditos para lugares que otros evitan por miedo.

A comienzos de la década de 1990, los agentes de Yanacocha viajaron al corazón de los Andes para acaparar propiedades. Muchos vendedores, pobres y analfabetos, cuentan que no eran conscientes de que las rocas que había bajo sus campos encerraban una enorme riqueza. Otros afirman que sus vecinos vendieron fraudulentamente tierras que eran suyas.

Negritos, una comunidad en la que hay familias de La Pajuela, demandó a la compañía minera ante un tribunal peruano, alegando que la empresa había expropiado ilegalmente una extensión de terreno de casi dos veces el tamaño del neoyorquino Central Park. La demanda acusaba a las personas que se atribuían la representación de la comunidad de Negritos de no tener autoridad para negociar y de vender las tierras comunales sin tener derecho a ello por el injusto precio de 30.000 dólares.

Yanacocha impugnó las alegaciones, y el año pasado un juez peruano se puso de parte de la empresa y desestimó el caso. Negritos apeló la decisión y está esperando los resultados.

Cuatro meses después del acuerdo de venta, Yanacocha hipotecó la misma propiedad por 50 millones de dólares a International Finance Corp. y a un banco alemán. La mina produjo el primer lingote de oro ese mismo año de 1993. Pronto surgieron más fricciones por la duración de Yanacocha. Lo que se había previsto que fuese un proyecto a 10 años se prolongaba una y otra vez.

En 1999, en plenas restricciones a la financiación en Latinoamérica, la IFC concedió un crédito de 60 millones de dólares para facilitar la expansión. “No se prevén impactos significativos en los hábitats naturales debidos a las actividades del proyecto”, manifestaba el banco en una evaluación. “El historial de Yanacocha en materia de seguridad concuerda con la normativa internacional y ha mejorado con el tiempo”. Los acontecimientos del año siguiente desmintieron esta afirmación.

En enero de 2000, miles de campesinos llenaron la plaza central de Cajamarca para protestar contra la mina y las ampliaciones previstas. Los arroyos que antes corrían transparentes se habían vuelto turbios y pestilentes, decían. Poco antes, el Ministerio de Pesca había informado de que más de 21.000 truchas habían muerto debido a que la escorrentía ácida había llegado a dos ríos que pasan cerca de Yanacocha.

Seis meses después, un camión que transportaba mercurio de la explotación derramó más de 130 kilos del peligroso metal a lo largo de la carretera de Cajamarca cuando se agrietó uno de los bidones que lo llevaba. Más tarde los investigadores dictaminaron que el contenedor nunca se debería haber usado como para desechos tóxicos.

Creyendo que podría ser valioso, muchos lugareños recogieron el mercurio y se lo llevaron a casa. En los días siguientes, alrededor de 1.000 personas presentaron síntomas de intoxicación. Más tarde, los investigadores de la IFC reprocharon a Yanacocha su “falta de respuesta sistemática y eficaz” tras el accidente, y declararon que la empresa no había cumplido las normas internacionales relativas a la seguridad del transporte de sustancias peligrosas.

“El vertido inclinó la balanza en contra de Yanacocha”, decía un habitante de Cajamarca a los entrevistadores de la Oficina del Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia de la IFC, creada en 1999 para ayudar a resolver disputas entre las empresas respaldadas por la corporación y las comunidades vecinas. “A mucha gente, sobre todo de la ciudad, en realidad no le importaba lo que estaba sucediendo en el campo a los que vivían cerca de la mina. Cuando se enteraron de que ellos también podían envenenarse con la contaminación empezaron a preocuparse”.

Al año siguiente, un grupo indígena se quejó ante el defensor de que Yanacocha estaba causando daños a las tierras y el agua de los pueblos de la zona. En respuesta a la reclamación, la oficina convocó una mesa de diálogo entre la compañía y los airados agricultores y lugareños.

Un estudio efectuado en el marco de la mesa encontró que algunos arroyos contenían elevados niveles de metales pesados, nitratos y otras sustancias nocivas. El informe, elaborado por hidrólogos de Stratus Consulting, detectó que “en algunos lugares se superaban” los patrones de referencia de la calidad del agua, lo cual planteaba un “problema a largo plazo”. No obstante, según el estudio no había peligro a corto plazo para las personas.

En un momento dado, los participantes en la mesa propusieron un “sistema de alerta rápida” que establecía la elaboración de informes mensuales en las zonas críticas en las que persistiese el problema de la calidad del agua. Nunca se hizo. El defensor atribuyó la responsabilidad a “las limitaciones de recursos y la debilidad de las instituciones en el seno de la mesa”.

La oficina puso fin a la queja y a la mesa sin dar nunca una respuesta satisfactoria para las comunidades locales a la cuestión fundamental de si su agua estaba contaminada.

A lo largo de ese periodo, Yanacocha restó importancia a los riesgos del vertido de mercurio y a la contaminación del agua, pero, entre bastidores, los ejecutivos de su matriz, Newmont, mostraban inquietud por la corriente de publicidad negativa que rodeaba a una de sus inversiones más importantes. Después del derrame de mercurio, Newmont envió a Larry Kurlander, veterano vicepresidente de la empresa, a relizar una inspección de la mina. Lo que vio allí le hizo alarmarse.

Elmer Campos fue disparado por la policía en 2011 mientras protestaba contra un proyecto minero en Yanacocha. / BEN HALLMAN (The Huffington Post)

Según los documentos obtenidos en el marco de una investigación llevada a cabo en 2005 por Frontline y The New York Times, Kurlander descubrió que los campesinos tenían motivos para preocuparse. Advirtió a los altos cargos de Newmont de que la empresa había infringido las normativas medioambientales a una escala enorme, y de que las malas prácticas con las que se había encontrado eran tan graves que el equipo directivo estaba en peligro de “procesamiento penal o encarcelamiento”. “Estamos incumpliendo nuestros propios permisos de explotación… y ese incumplimiento tiene lugar prácticamente el 100% de las veces”, escribía. Kurlander, actualmente jubilado, no ha respondido a los mensajes telefónicos que se dejaron en su domicilio.

A raíz del estudio del agua, Yanacocha gastó cientos de millones de dólares en modernizar una planta de tratamiento y en idear un nuevo método para capturar y filtrar la escorrentía de la mina, refería Velarde, portavoz de Yanacocha. “No es todo perfecto, de vez en cuando tenemos problemas, sobre todo en la época de lluvias, pero informamos inmediatamente de ellos a las comunidades”, insistía.

Víctor Mendoza, líder de una cooperativa agrícola de una minúscula comunidad de Negritos llamada Extrema decía que, puntualmente, la empresa se ha esforzado en mejorar las relaciones construyendo un tejado nuevo para la escuela de su hijo en un caso y dando una cabra a cada una de las 79 familias de Extrema en otro.

Estas donaciones no han servido en absoluto para mitigar su preocupación por lo que la escorrentía de la mina está provocando en el agua sin filtrar que sus tres hijos y otros miembros de la familia cogen de un arroyo que fluye desde las zonas altas cercanas al punto donde se encuentra Yanacocha. Mendoza explicaba que sus animales, que también beben agua del arroyo, tienen tasas de aborto muy altas.

Su comunidad, refería este hombre de 32 años, está desecha por décadas de incertidumbre y desavenencias sobre Yanacocha. “Llevamos discutiendo sobre ello desde que éramos niños”, recordaba.

En noviembre de 2011, agentes de policía pluriempleados por la empresa minera dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y munición real contra una multitud de campesinos que había instalado un campamento de protesta cerca de Conga, la mina que la empresa espera poner en explotación con el apoyo de la IFC. Elmer Campos sintió el impacto de la bala en su espalda cuando se inclinó para ayudar a un amigo al que habían disparado. Perdió un riñón y el bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó paralizado de cintura para abajo.

Ahora, Campos pasa sus días en una herrumbrosa silla de ruedas dentro de una habitación diminuta. Su esposa trabaja duramente en lo que queda del rancho familiar, que han ido dividiendo en parcelas y vendiendo para pagar el tratamiento médico. Cuenta que el dolor nunca se va. “Por la noche apenas puedo dormir. No puedo andar ni salir. Estoy preso en mi propia casa”.

El verano después de que le disparasen, la policía nacional abrió fuego contra otra multitud de manifestantes y mató a cinco personas, entre ellas un chico de 16 años. La policía alegó que habían intentado asaltar las oficinas del Gobierno provincial de la ciudad de Celendín, partidario de la mina.

Los tiroteos fueron noticia internacional, y en Perú recibieron una condena generalizada. A consecuencia de ello, Newmont suspendió el proyecto Conga indefinidamente.

Más adelante, ese mismo año, la empresa dio el inusual paso de hacer pública una petición formal de perdón por sus acciones del pasado. “No nos sentimos orgullosos del estado actual de nuestras relaciones con la población de Cajamarca”, escribieron los ejecutivos en diciembre de 2012. “Deseamos aprovechar la ocasión para reconocer los errores que hemos cometido en la forma de comportarnos y de dirigir el negocio”.

Velarde afirmaba que, en los últimos años, la empresa se ha esforzado por impulsar el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, ha empleado a más contratistas locales, de manera que la zona participe más completamente de la prosperidad económica que ha traído la mina. “La verdad es que en el pasado la empresa no se esforzó lo suficiente para que la gente del lugar tuviera los máximos beneficios”, reconocía.

Los ejecutivos de Yanacocha siguen queriendo construir una nueva mina. En los pozos existentes el oro se está agotando. Según la empresa, se espera que las reservas que quedan duren unos cinco años más. La empresa y su matriz, Newmont, sostienen que un informe de evaluación ambiental de 27.000 páginas demuestra que Conga, que tiene unas reservas de más de seis millones de onzas de oro y unos depósitos de cobre mucho mayores, es segura. El informe, redactado para Newmont por una consultora en 2010, concluía que la mina “no tendrá impacto significativo aguas abajo”.

Newmont indica que se calcula que la explotación proporcionará 2.700 millones en impuestos y derechos, y garantizará miles de puestos de trabajo. Varios evaluadores independientes han calificado el estudio sobre el impacto ambiental de confuso, engañoso e incompleto. Robert Moran, un especialista contratado por el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, que defiende a los que luchan por proteger el entorno en los países en desarrollo, calificó el estudio de receptáculo de “medias verdades y opiniones interpretadas incorrectamente”.

Yanacocha recalca que no seguirá adelante con la mina hasta que no tenga la “autorización social” de la población de la zona. Según Velarde, se prevé que hasta finales de año no haya una decisión final sobre cómo proceder. Mientras tanto, Yanacocha está construyendo presas que asegura que compensarán la pérdida de cuatro lagunas en Conga. Si el proyecto se lleva a cabo, los pequeños lagos se destruirán o se convertirán en depósitos de residuos.

Los ejecutivos se han trasladado a Cajamarca y en este momento están en primera línea de una campaña de relaciones públicas que ha incluido el patrocinio de un programa de pintura para escolares y el empleo de más contratistas de la zona como proveedores de la mina, informa Velarde. “Todavía no estamos donde queremos estar, pero vamos progresando”, resume.

En una declaración por correo electrónico, la IFC afirma tomarse en serio los riesgos asociados con la minería. “En el caso de Yanacocha, nuestro cliente se ha comprometido a mejorar la situación sobre el terreno”, especificaba el banco. “Nuestra constante colaboración con clientes comprometidos puede distinguirnos como vehículo de un impacto positivo en el desarrollo”. La IFC “valorará qué papel nos corresponde desempeñar con los socios del proyecto en la propuesta mina de Conga cuando llegue el momento adecuado”, añade.

Vecinos

Cuando las ovejas de los Flores murieron en otoño de 2013, funcionarios de la agencia agraria de Perú analizaron los órganos de los animales y el agua de los arroyos locales en busca de toxinas. Según la empresa minera, los resultados no fueron concluyentes.

Yanacocha compensó a Felipe Flores por el ganado perdido, a pesar de que —de acuerdo con la versión de la compañía— el relato de la familia es incorrecto en un detalle clave.

Omar Jabara, portavoz de Newmont, puntualizaba en un correo electrónico que los animales bebieron de un charco con fluido tóxico cerca de una planta de procesado situada en terrenos de la compañía, al otro lado de una valla que había sido cortada, y no de un arroyo, como afirma la familia. La “causa probable” de las muertes fue que bebieron del charco contaminado, opinaba Jabara.

“En varias ocasiones se ha pedido al propietario de las ovejas que no entre en la propiedad o atraviese el perímetro con su rebaño para que paste en los terrenos de la empresa”, refiere.

Expertos en toxicología explicaron a The Huffington Post que el incidente descrito por Flores podría ser consecuencia del vertido accidental de una toxina, como el cianuro, en un curso de agua. Informan de que ese tipo de vertidos pueden dejar pocas evidencias, y a no ser que el análisis se haga inmediatamente después, es posible que, sencillamente, con el tiempo, el agua se lleve el veneno. Mientras tanto, los interrogantes sobre la contaminación del agua siguen abiertos.

El ganado pasta cerca de la mina. Los campesinos aseguran que beben agua contaminada por los productos tóxicos que genera. / Ben Hallman (The Huffington Post)

En 2014, especialistas en seguridad alimentaria de la Universidad de Barcelona encontraron niveles altos de plomo, cadmio y otros metales pesados en los alimentos y el agua de comunidades próximas a Yanacocha. Los registros más altos correspondían a las cercanías de La Pajuela. Estos metales se asocian con altas tasas de cáncer e insuficiencia renal, así como con enfermedades cardiovasculares. “Es razonable aconsejar a los habitantes de La Pajuela que no beban de sus fuentes de agua”, concluía el informe.

Un asesor ambiental contratado por Newmont para revisar el estudio de Barcelona lo calificó de “básicamente defectuoso”.

En diciembre, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Perú hicieron público un estudio que señalaba que había habido una filtración de agua contaminada de la mina a la comunidad de San José, cerca de La Pajuela. Yanacocha también puso en duda estas conclusiones.

En la actualidad, el defensor del pueblo de la IFC está estudiando varias demandas relacionadas con litigios sobre tierras en los que está involucrada Yanacocha. El banco no ha revisado el asunto de la contaminación del agua en más de una década, pero afirma que las lecciones aprendidas después del vertido de mercurio “se incorporaron directamente” a la mejora de sus normas de actuación.

En la carretera que lleva al rancho, Yanacocha ha puesto una señal verde como las que se suelen ver en Estados Unidos recordando a los conductores que no tiren desperdicios o que respeten los límites de velocidad. “Los seres humanos somos los únicos guardianes de nuestro entorno natural”, dice. “Conservémoslo”.

Ahora, Felipe Flores se trae el agua de más arriba de Cajamarca, a una hora en coche. Pero sus animales siguen bebiendo del arroyo, y sus hijos siguen bebiendo la leche y comiendo el queso que estos producen. Y lo mismo pasa con el resto de Perú. Flores explica que vende alrededor de 60 litros de leche al día a Nestlé, que distribuye productos agrícolas por todo el país.

Cuando era joven, recuerda, recibió la mina de oro con entusiasmo. Incluso trabajó un tiempo para la empresa. La realidad que hay detrás de esa clase de explotación le hizo cambiar de parecer. “No son los vecinos que dijeron que serían”, concluye.


Fuente: elgranangular.com

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales alrededor de conflictos mineros.

Perú es el cuarto país del mundo más mortal  para los defensores ambientales y de la tierra, según el estudio de la organización Global Witness. Al menos 57 activistas fueron asesinados entre 2002 y la actualidad,  la mayoría de estas muertes fue por conflictos relacionados con proyectos de minería. El 56% de los presuntos autores de las muertes fue a manos de los  policías, y el 17% fue esta fuerza de seguridad junto con las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada.

Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las “dádivas” de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Esta región minera alberga relatos de impunidad, de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido.

La lucha del campesino Isidro Llanos

Sus lágrimas caen a borbotones de sus ojos, y recorren los surcos del anciano rostro. Paula Llanos no puede contener ese llanto ahogado al comenzar a  hablar de su “hermanito”, Isidro. Sus manos, embrutecidas por llevar toda una vida trabajando en el campo, y deformadas, por la artrosis, tratan de secar sus lágrimas.

“La mina, lo mataron a mi hermanito, mi papacito. Él sólo por resguardar esas aguas. Esos delincuentes, esos arrastrados, lo mataron”, se lamenta. Isidro Llanos era un hombre de campo, 58 años dedicados a cultivar sus tierras, y a criar ganado. El 2 de agosto de 2006 lo mataron en Combayo.

El río Azufre parecía condenado a un destino de contaminación. La empresa Yanacocha se instaló en los años noventa en el cerro Carachugo, ahí  se fundió la primera barra doré. En 2006, las intenciones de la empresa de ampliar el proyecto minero  (Carachugo II), movilizaron a la población. “Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino”, relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.

¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. “No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso”, comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. En diciembre de 2010 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca decidió liberar de cargos a los tres policías supuestamente involucrados, aduciendo no tener pruebas suficientes que los incriminen.  “No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo”, relata Paula Llanos.

“Nueve años después de la muerte de Isidro Llanos, no hay ningún culpable”

Vive en una herrumbrosa casa de adobe junto a su familia compuesta por mujeres. Cajamarca es la región más pobre del país, más de la mitad de sus habitantes (53.7%) viven en la pobreza y más del 20%  en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Enaho 2012.  Las dos niñas juegan animadamente con su hermanita de apenas dos años. Sus risotadas ignoran por un momento la pobreza extrema en la que viven, en la que el 36,1% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

María Tasilia se abre paso, entre las gallinas, para visitar la lápida de su tío. Camina descalza entre piedras, tierra y prado. Sus pies son gruesos y agrietados. Paula se arrodilla frente a la lápida y comienza a llorar. Cuando sus lágrimas comienzan a secarse,  y el vacío se apodera del estómago carcomiendo poco a poco, empieza a entonar una triste canción andina, para ella, para su consuelo,  como si de una nana se tratase, se calma. “Mi papacito, mi hermanito…” Poco a poco se apaga,  hundiéndose su cabeza coronada por el tradicional sombrero regional entre sus piernas.

Fuerzas armadas versus policía

El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.

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Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.

Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.

Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque “declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos”. “Quienes toman la decisión política de que intervengan las fuerzas armadas, deben de saber medir  las consecuencias de dicho acto, porque éstas no están capacitadas para realizar funciones de índole policial”, explica. “Ese es el problema: porque cuando decides sacar a las fuerzas armadas salen con fusil, y si tú eres un muchacho de 18 años que está haciendo su servicio militar y se te viene una turba con palos, piedras. ¿Qué va a hacer? Reacciona y lamentablemente eso es lo que ha provocado varios muertos”, comenta.

El decreto establece que cuando la actuación de las fuerzas armadas en estado de emergencia se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo o elemento hostil, rigen las normas del derecho internacional humanitario. “El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado”, sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. “Cuando se produce una situación de conflicto armado entonces aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual rebaja el nivel de licitud del uso de la fuerza. En el contexto de un conflicto armado, el Derecho Internacional si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado”, comenta Bregaglio.

“Solo entre el 2011 y 2012 cinco personas fallecieron y 154 resultaron heridas”

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, “cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional”. No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de “sobrepasado”, considera que debe ser definido, para “no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder”. Para el Procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, en cambio, no ve necesidad de que esté definido. “Eso no puede estar tampoco en la ley, porque te da un marco general. Esos son hechos puntuales que competen a determinadas circunstancias que se tiene que valorar en su momento”.

Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del “orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable”, pues de lo contrario, “viviríamos en una anarquía”.  Añade además que “no hay una preocupación particular en el Congreso en el tema normativo, sino al contrario, hay una preocupación por el desorden social”.

“El agua es la vida”

El joven César Medina dedicaba su tiempo a defender algo tan lejano para los que viven en las ciudades: el agua. “El agua es la vida mamita. Tenemos que seguir luchando por ella”, le decía a su madre con convicción. Todos los pobladores de Celendín y de Bambamarca recuerdan cuando el presidente Ollanta Humala los visitó y les preguntó: “¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante el agua o el oro?”. El sentimiento de traición entre la población aflora en las conversaciones. “El presidente vendió a su pueblo a la minera, y nos mandó matar”, afirma Santos Huamán.

El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.

En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces. Estos casos, a pesar de haber sucedido en Cajamarca,  la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, del Poder Judicial, (31 de mayo de 2012) ordena que los procesos judiciales sucedidos en Cajamarca sean de conocimiento por los órganos jurisdiccionales con sede en la región de Lambayeque.

“Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a losculpables”.

El 3 de julio, César Medina le dijo a su madre que iría a la Iglesia y después a una cabina de Internet  para poder terminar el trabajo que le habían mandado en la escuela, a pesar de que su madre Maximila Aguilar  le había recomendado que no saliera a  la calle porque habían protestas.  Tenía 17 años, le quedaban tres meses para terminar el último año de la secundaria, y además, estaba en el primer puesto. El joven  iba a formar parte de ese escaso 32% de  ciudadanos que termina sus estudios secundarios en la región. “Ya termino mi colegio, ya voy a trabajar mamita, ya no vas a sufrir”, le decía. “Porque yo trabajé mucho para educar a mis cuatro hijos”, comenta Aguilar. Celendín es la provincia que registra el mayor porcentaje de pobreza total de la región, con una tasa total de 75.1% y de 46.3% de pobreza extrema. Maximila Aguilar regresó del mercado a  su casa sobre  las 2 de la tarde, al ver que no retornaba su hijo, salió a buscarlo.  Las calles estaban llenas de policías, lo buscó en la Iglesia y en la posta, donde lo encontró  tumbado en una camilla.

Maximilia Aguilar

Las vigilias de la población contra el proyecto minero Conga unieron voluntades, esfuerzos, impulsaron debates y motivaron paros. Pero también encendieron la alarma política que veía en esta participación popular una amenaza.  El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. Afirma que con esta intervención se quiere “poder prevenir los actos de violencia que pudieran producirse a raíz de las acciones a desplegar en razón del paro regional indefinido convocado a partir del 31 de mayo”. Como consecuencia se instaló una base militar en el Coliseo de la ciudad.

José Faustino Sánchez era peluquero, pero desde hacía un tiempo trabajaba en la construcción porque debido a la presencia constante de las fuerzas armadas, según relata su viuda Marisol Malqui, no dejaban abrir los locales. José era el sustento de su hogar porque su esposa además, está enferma del corazón. Ese día, el 3 de julio de 2012, regresó a su casa a almorzar junto a ella. “En las noticias escuchamos que había un incendio en la plaza de armas de Celendín, no sabíamos la razón”, explica Marisol.

Según informes policiales, a las 11 horas un grupo de manifestantes de 1500 personas se dirigieron desde la Casa del Maestro con dirección a la Plaza de Armas. Hacia las 12.40 comenzaron los manifestantes los disturbios porque supuestamente, “arrojan piedras en forma violenta al personal policial y propiedad privada”, provocando lesiones a dos miembros de la policía. Poco después, de acuerdo a estos documentos, los manifestantes incendian las instalaciones de la Municipalidad. A la 1 de la tarde, el comandante de la PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo solicitó apoyo militar con la finalidad de brindar protección a las instalaciones de la comisaría, porque según la carpeta fiscal del Ministerio Público  un grupo de 800 personas se dirigían con la finalidad de incendiarla. Los equipos que actuaron  en apoyo de la policía nacional contaban con escopetas con cartuchos de 12mm con balas de goma, cascos antimotines, escudos de protección y otros contaban con fusil tipo Galil cuya munición es de calibre 5.56 mm.

“Todas las calles de Celendín, estaban ocupadas por los militares y policías”.

Marle Livaque, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de la provincia de Celendín, explica que hacia el 27 de junio algunos trabajadores de la Municipalidad les habían advertido que iba a ver un atentado en la Municipalidad, y que querían incendiar sus instalaciones para que echaran la culpa a los manifestantes ante lo cual, interpusieron una denuncia. Asimismo, Livaque afirma que hubo infiltrados que provocaron los disturbios.

José Faustino Sánchez hacia las 4 pm se marchó del trabajo a su casa por órdenes de su jefe, para que no los alcanzara una bala perdida. De camino, recibió un disparo. Paulino Leonterio regresó a Celendín el 2 de julio. Volvía a casa unos días para estar con su esposa Adelaida Amelia Tabaco y sus dos hijos, que tenían entonces 15 y 14 años. Paulino, de 43 años, estuvo trabajando un mes en Lima porque no encontró trabajo en su localidad. Este padre de familia, también defendía el agua, porque como repite Adelaida, ” el agua es la vida”. El 3 de julio, Paulino salió de su casa sobre las 11.30 de la mañana para visitar a su hermana. Todas las calles de Celendín “estaban ocupadas por los militares y policías”, relata Adelaida. Cuando retornaba a su casa y pasaba por  una calle cercana a la Plaza,  un impacto de bala le lesionó  el pulmón y tórax, causando su muerte.

Joselito Sánchez tenía 30 años y era albañil. Ese día estaba poniendo mayólica en una casa a unas cuadras de la Plaza de Armas. De camino a su trabajo se encontró con la protesta. Decidió sumarse a ella para “defender el agua”, relata su madre Santos Huamán. “Yo estaba en la plaza, pero no sabía que mi hijo también estaba. Un policía me habló feo y me tiró al suelo”. Al poco tiempo sobrevoló un helicóptero y fue entonces cuando comenzó la balacera, explica Santos quien añade que, según lo que la gente cuenta, su hijo empezó a filmar con su celular, y es en ese momento cuando recibe el disparo.

Las muertes de Conga 

Paseamos por la Plaza de Armas de Celendín, donde hay varios carteles promocionando que los jóvenes se apunten a la escuela de policía. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, considera que “no es casualidad. Es una estrategia para que luego repriman a su misma gente. Igual pasa con la proliferación de universidades como Alas Peruanas, la de San Pedro, ofrecen carreras como ingeniería de minas, donde después los jóvenes son captados por las mineras”.

En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al “traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego”. Marisol Malqui lo recuerda claro, no lo olvida porque estuvo presente mientras se realizaba la necropsia, “sin mi presencia, ustedes no lo van a hacer”, dijo Marisol, en un acto por velar y proteger a su marido José Faustino.

En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia recogido en la carpeta fiscal, se afirma que “es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín”.

Joselito Tumba

En la descripción de los hechos, se señala que las fuerzas de orden desarrollaron acciones disuasivas (medios no letales). La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.

Advertía además sobre “los problemas educativos, logísticos y normativos de la PNP en materia de violencia en conflictos sociales y la naturaleza de este hecho social se evidencia en la operatividad. Si no se aborda dicha problemática, los operativos policiales seguirán produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”.

Desde la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, habla de la “falta de especialización de la policía nacional en conflictos sociales en  el país. A veces por falta de personal se recurre a una división como DINOES, y ésta fue creada para hacer uso de la máxima fuerza para enfrentar terrorismo y narcotráfico. Trasladar a la DINOES a escenarios de conflictividad social es de altísimo riesgo”.

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“Mi sangre, mi vida. Todo por el agua, y mi pueblo desde el cielo. Les bendeciré para tener la victoria”, reza el epitafio de Joselito Vásquez, fallecido el 4 de julio a los 28 años. Su madre, María Alejandrina Jambo, pidió un préstamo para poder pagar el velorio.  Joselito murió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad durante la manifestación que hubo en la Plaza de Armas de Bambamarca en contra del proyecto Conga. Resultaron heridos  de gravedad además 8 civiles.   “Todo estaba lleno de policías. Vinieron de frente a matar a toda la gente. Mi hijo ese día estaba trabajando, dejó la camioneta, y le balearon. Ese día no estaba participando en la protesta”, explica su madre. Su hijo mantenía a su familia desde los 12 años como chofer. “¿Quién va a mantener a mi nietito de tres años?”, se pregunta.

“La PNP no cuenta con suficientes armas no letales para intervenir en conflictos sociales”

Ese día el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva en un informeexplican que el gobierno incurrió en la “argucia legal” de consignar como fecha del referido decreto el día anterior, el 3 de julio de 2012, con la intención de que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día siguiente como establece la Constitución, que en este caso sería el 5  de julio de 2012. Este cambio hizo  que la detención al  ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana el 4 de julio de 2012 fuera ilegal.

De acuerdo al pedido de queja realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacia las 9.30 horas  del 4 de julio en Bambamarca, aproximadamente unos 100 efectivos del ejército se presentaron para intervenir en el operativo contra los manifestantes, ocho de los cuales fueron heridos de gravedad. Participaron 42 suboficiales pertenecientes a la DITERPOL-Piura, destaca además que un contingente policial se desplazó hasta Bambamarca en dos vehículos de la empresa minera Yanacocha para prestar apoyo al comisario de la localidad.

Convenios entre Yanacocha y la PNP

En el caso de Cajamarca y concretamente en actos de protesta en contra del proyecto minero Conga surge la pregunta, ¿Quiénes de esos efectivos policiales trabajan a su vez para la seguridad de la empresa Yanacocha? Existe un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP”. Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.

Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN. De acuerdo al convenio, “la policía nacional prestará el servicio policial de seguridad a empresa  minera en zonas de propiedad de la misma y zonas de influencia de acuerdo a las situaciones de riesgo que se prevean y en cualquier otro lugar que sea requerido dentro de la zona de operaciones”.

“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina elabogado Juan Carlos Ruíz. “Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo”, declara Luque.

Impunidad

“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien”, comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  adolescente de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma “no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona”. “Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía”, cuenta.

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Marisol Malqui dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera que habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. “Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.”. Marisol no tiene un trabajo estable,  limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  “¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.

Tras la muerte de los maridos e hijos de estas mujeres, la soledad las acompaña, y la pobreza se recrudece. Santos Huamán, vende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. “Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura”.

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La disposición fiscal del 7 de enero de 2014  por el que se archivó  el caso en un primer momento (La CNDDHH realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación) resultaba llamativa en cuanto sus conclusiones, que señala:  “Existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso (…) ya que las víctimas han recibido impactos de proyectiles de armas de fuego provenientes posiblemente de armas que portaban algunos de los miembros del Ejército Peruano”.  “No existen indicios que permitan establecer que los agraviados hayan tenido en su poder armas de fuego, con las que  hayan atacado a las fuerzas del orden”, determina el fiscal. Las razones por las que se archivó el caso era por la falta de individualización de los presuntos autores, entre otras cosas, porque el Ejército no ha proporcionado información requerida, como el plan de operaciones formulado para actuar ese día, la relación del personal de las patrullas, ni el registro de entrega de armamento y munición a los miembros del Ejército.

“Teniendo en cuenta las pericias y los protocolos de necropsia, no cabe duda que las órdenes de disparar no se limitaron a señalar que se efectuaran disparos disuasivos al aire, sino que directamente se ordenó disparar al cuerpo”, señala el pedido de queja presentado por la organización. “Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.

“En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vía judicial”, declara la congresista Verónika Mendoza, de la bancada Acción Popular-Frente Amplio. Mendoza añade: “No hay responsabilidad penal ni política, y ese es el peor mensaje que puede dar el Estado peruano frente a una población que lo único que reclama es que se respeten sus derechos”.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva”

¿Hasta qué punto el decreto 1095 puede impedir la debida investigación por justicia penal ordinaria de los sucesos acontecidos en este caso y en  otros? Este dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en aplicación de este Decreto Legislativo o en ejercicio de su función son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial”. Víctor Álvarez afirma que “ninguna afectación a los derechos de las personas en esta situación pueden ser materia de fuero militar, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional”. La organización Human Rights Watch explica que “los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles”.

Mirtha Vásquez, secretaria ejecutiva de la organización Grufides, afirma que “estas leyes son útiles para los sectores empresariales contra los cuales se ha ejercido más el derecho a la protesta por los abusos y vulneraciones de derechos que están cometiendo”. La abogada destaca que en Cajamarca, hay más de 303 líderes procesados por temas de protesta social, y “se les asocia con delitos de disturbios, resistencia a la autoridad, rebelión, hay procesados por terrorismo. Además, en muchos casos se emplean estas normas para lograr la impunidad  para las fuerzas del orden en casos de violación de los derechos humanos”. Milton Sánchez acarrea 50 denuncias, además recibe llamadas telefónicas amenazantes. El presidente de esta organización además explica que han abierto dos centros policiales en las zonas de las lagunas, cada uno con capacidad para 300 efectivos de la DINOES.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales”, concluye el abogado del IDL. “Hay una consolidación del modelo económico neoliberal extractivista iniciado en los 90 con Fujimori, y en la medida en que este proceso se extiende y se consolida necesita ingresar a nuevos territorios, requiriendo de más energía, más agua. Esto hace que aumenten los conflictos. Lo que necesita este modelo entonces es limitar los derechos, y  un manejo cada vez más autoritario”, explica Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.

Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas de la población son estructurales; sí el Estado mantiene esta legislación y una posición pro inversión sin considerar a las poblaciones, el desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.

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Convenio de prestación de servicios entre Minera Yanacocha S.R.L. y PNP

Minera Yanacocha  afirma requerir contar con el apoyo de la policía nacional “a efectos de prevenir la comisión de delitos o atentados que puedan perpetrarse contra su personal y/o instalaciones, y asimismo desea contribuir con la seguridad de la ciudad de Cajamarca y otras localidades del ámbito de influencia de sus operaciones”.

La policía nacional prestará el servicio policial de seguridad sólo con el personal de vacaciones, franco o personal que haya participado en acciones meritorias en actos de servicio… (4.1.3).

Yanacocha se compromete a facilitar una asesoría legal, gratuita y permanente al personal policial que  con ocasión de brindar el servicio policial de seguridad, se vea involucrado en un proceso judicial derivado del cumplimiento de dicho servicio. (4.2.10)

Yanacocha se compromete a cubrir los gastos de mantenimiento o reparación del armamento, accesorios y/o reposición del uniforme de faena policial de propiedad del Estado, que como consecuencia del Servicio Policial de Seguridad se deteriore… (4.2.11) El servicio en la mina asciende a 38 soles diarios para cada oficial, y 18 soles diarios para cada suboficial…En circunstancias especiales, servicios en lugares sin facilidades de alojamiento y alimentación asciende  a 78 soles diarios. Asimismo, Yanacocha se compromete a contratar una póliza de seguro a favor de la policía que presta este servicio que cubre por fallecimiento (US$20,000 dólares), invalidez permanente (US$18,000 dólares) curaciones por lesiones graves (hasta US$10 mil dólares), por lesiones leves (hasta 3,500 US$), sepelio (3,500 US$) y el 100% del traslado para atención médica.

En la cláusula décima establece el convenio que cuando el “personal de la policía nacional realice un acto de servicio en función de su ejercicio policial (y por tanto no estén prestando el servicio policial de seguridad), no resultarán exigibles las obligaciones de minera Yanacocha referidas en la cláusula cuarta (condiciones en las que son prestados los servicios), a excepción de 4.2.2 y 4.2.4″, es decir, la póliza de seguro y la atención en centros de asistencia médica de la minera.


El domingo 1 de marzo del 2013 se realizó en la Plaza de Armas de la ciudad de Celendín la I Feria AgroEcológica “Nuestra Tierra”, organizada por la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), en dónde participaron productores de los pueblos ribereños del río Marañón, amenazados por la inundación de sus valles productivos y el desplazamiento forzoso de sus comunidades para construir mega hidroeléctricas que brindarán energía a proyectos mineros en Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque y Ancash (Ver). También estuvieron presentes comuneros de las zonas altoandinas de la provincia de Celendín, amenazados por el proyecto minero Conga, ubicado en las nacientes de 5 ríos, con presencia de lagunas altoandinas que proveen de agua a cerca de 200 comunidades.
En esta feria se ha expuesto una gran variedad de productos agropecuarios provenientes de  estas zonas amenazadas por megaproyectos, evidenciando la rica biodiversidad y variedad de producción que se encuentran en eminente riesgo. Con esta feria se pretende demostrar que en nuestras comunidades existen alternativas viables al extractivismo depredador y que el actual modelo que nos quieren imponer es insostenible, porque genera más desigualdad, contaminación ambiental, daños a la salud pública, pobreza, corrupción, etc.

Celendín, 26 de enero de 2014.

Cerca de un millar de Guardianes de las Lagunas de la Provincia de Celendín, visitaron una vez más a las lagunas de Conga amenazadas por la empresa minera Yanacocha a través de su destructor proyecto Conga.
En esta oportunidad se dieron cita en el sector denominado Huayramachay, entre las lagunas Perol y Azul. Es este lugar se pudo comprobar que la empresa minera Yanacocha ha instalado 3 pozos tubulares que obtienen agua de subsuelo; según los pobladores manifiestan que un promedio de 10 camiones cisterna por pozo se abastecen de agua que trasladarían a las instalaciones de Yanacocha para sus operaciones mineras.
La instalación de los pozos para extraer el agua subterranea están causando la pérdida del caudal de agua en los manantiales de la comunidad de Jadibamba, de igual modo ha ocurrido con el río del mismo nombre. Las autoridades comunales acordaron realizar una denuncia a la empresa minera Yanacocha así como a los funcionarios de la Autoridad Administrativa del Agua de Cajamarca y Celendín, quienes autorizaron el uso del agua para fines mineros antes que para el consumo humano y la agricultura, como así se determina en la normatividad vigente. También se constató que en las lagunas Perol y Azul no hay presencia de maquinaria de ningún tipo.
En esta oportunidad asistieron a la inspección la nueva autoridad edil de la provincia de Celendín, Jorge Luis Urquía Sánchez acompañado de 5 de sus regidores. A la inspección también estuvieron invitadas las autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca y la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, quienes finalmente no se hicieron presentes.
Los Guardianes de las Lagunas aprovecharon una vez más para solidarizarse con las luchas de los jóvenes del país de la ya derogada ‪#‎LeyLaboralJuvenil‬ ‪#‎LeyPulpin‬, así como por la defensa del río Marañón, frente a la iniciativa del Gobierno de construir más de 20 represas, inundando miles de hectáreas de valles productivos que abastecen de alimentos a numerosas provincias del norte del país, entre ellas Celendín.
La jornada se pudo desarrollar sin contratiempos, aunque no faltó la Policía Nacional del Perú que actúa como servicio de seguridad de la empresa minera, que trasladó en buses un promedio de 100 efectivos, quienes en varias oportunidades trataron de instigar e interrumpir la inspección de los Guardianes de las Lagunas.


El Juicio Se Inició El 2011, después que la Minera Yanacocha interpusiera una denuncia de supuesta usurpación Violenta de terrenos ubicados en el predio ¨Tragadero Grande¨, distrito de Sorochuco, provincia de Celendín – Cajamarca.
MÁXIMA CONTRA LA PODEROSA YANACOCHA

Como se recordará el Juzgado Penal de Celendín había condenado a la mencionada familia a más de dos años de pena privativa de la libertad, imponiéndole además, un pago resarcitorio de 5 mil nuevos soles.

La instancia judicial en Celendín indicó que la familia Chaupe había utilizado actos ¨violentos¨ con los que había alcanzado (supuestamente) despojar a la poderosa minera de tierras que supuestamente le pertenecían.

Apelación de la familia Chaupe

La Sala de Apelaciones de Cajamarca bajo la emisión de una motivación adecuada, revocó lo resuelto por el Juzgado de Celendín y atendiendo a los fundamentos establecidos en la apelación formulada por el Área Legal de Grufides (Institución Defensora de la denuncia), estableció que ninguno de los actos imputados habrían sido demostrados, en especial el supuesto uso de violencia.

LOS ABOGADOS: FERNANDO BAZÁN, VÁSQUEZ MOLOCHO Y ELARD ZAVALAGA FUERON LOS INTEGRANTES DE LA SALA DE APELACIONES

Denuncias similares

Según la Abogada Mirtha Vásquez, defensora de la familia Chaupe, ¨Queda por defender más de 6 denuncias que en la actualidad se han formulado en contra de los Chaupe por el mismo delito, los mismos que han sido interpuestos en la Fiscalía de Celendín¨.

  Con este veredicto judicial en favor de una familia humilde que varias veces ha sido agredida física y psicológicamente por el personal de seguridad de Minera Yanacocha y miembros de la DINOES a su servicio, se hace historia en la administración de justicia en Cajamarca.

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Las organizaciones que constituyen el Movimiento de los Pueblos por el Buen Vivir, informaron que el domingo 7 de diciembre se iniciará la Marcha Nacional de los Pueblos. El recorrido, que partirá desde las lagunas comprendidas en el ámbito del proyecto Conga, culminará el miércoles 10, en la ciudad de Lima.

El sociólogo Jorge Pereyra, que figura entre los organizadores de la actividad, dijo que no hay que olvidar que el Perú es el cuarto país en el mundo, con más líderes ambientales asesinados.

Por su parte, el estudiante universitario Cesar Chilón, señaló que en Celendín, durante la Cumbre de los Pueblos, en la que participaron más de 70 organizaciones, se acordó realizar esta marcha. “El mismo día siete estaremos arribando a Trujillo, donde se llevará a cabo un foro en el centro de la ciudad. Luego estaremos en Chimbote, donde realizaremos una vigilia por los muertos en los conflictos eco territoriales”, señaló.

A su turno, Luordes Chuán dijo que en la marcha, las organizaciones de mujeres y hombres alzarán su voz de protesta y demostrarán nuevamente al presidente Humala que continúa la lucha contra el modelo extractivista que se pretende imponer. “Hemos acordado nuestra participación como mujeres en esta gran marcha, que se estará realizando no solo en el Perú, sino en todo el mundo, porque cambio climático afecta a todos”, dijo.

Chuán añadió que se exigirá al gobierno la derogatoria de las leyes que criminalizan la protesta y de las medidas que buscan reactivar la economía pero que afectan al medio ambiente.

Elmer Micha, músico ambientalista, comentó que en varias localidades del Perú, diversos ecosistemas están desapareciendo, debido a alteraciones en el clima. “En Cajamarca, justamente, tenemos la recarga hídrica que va al océano Pacifico y al Atlántico, con el río Marañón, que también está en peligro. Por esa razón, estamos organizados como artistas, para poder dar la bienvenida a los compañeros que llegarán desde las lagunas”, comentó.

Finalmente, el ex sacerdote Marco Arana mencionó que la noticia de que el Perú sería sede de la Cop 20, fue motivo de alegría y expectativas para la ciudadanía. Sin embargo, este año ha sido el peor para la institucionalidad ambiental  del país. “En este momento, más de dos millones de peruanos carecen de acceso al agua potable. Por otro lado, amenazan con la privatización de las empresas públicas de agua potable, y la mayor parte de la población peruana está asentada en la costa, donde hay menos agua”, precisó. Del mismo modo, anunció que el día cinco de diciembre será presentado el caso de violación de los derechos ambientales y urbanos, cometido por del proyecto Conga.

Nota

La delegación que llegará a Lima será recibida por los  congresistas Jorge Rimarachín y Verónica Mendoza.

Fuente: Notocias Ser


El día de ayer 25 de noviembre, en una jornada más del cuidado y protección de nuestras lagunas amenazadas por el proyecto minero Conga, hemos hecho un alto para decir a nuestros hermanos de México lo siguiente:

Nosotros los Guardianes y Guardianas de las Lagunas, también sentimos la misma rabia que nuestros Ustedes, también somos víctimas de este terrorismo de estado. También han asesinado a nuestros hermanos, imponen con sangre y violencia su modelo de muerte. Hermanos mexicanos, sentimos que su lucha también es nuestra, sabemos que nuestra resistencia también es vuestra. Desde Celendín, Cajamarca, Perú, nuestra fuerza con ustedes para juntos construir el camino a la libertad.

Ayotzinapa, tu lucha es nuestra


 

 

 

 

 

 

Solidaridad con Mexico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayotzinapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardianes

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Por:

Patricia Wiesse Directora de la Revista Ideele

Se han cumplido 21 años. El 7 de agosto de 1993 la Minera Yanacocha produjo su primera barra de oro en Cajamarca. Luego de catorce años se ha llevado 32 millones de onzas de oro. Para conseguirlo se instaló en la cabecera  de dos ríos, cavó un tajo abierto y utilizó cianuro. Cinco años después comenzaron a sonar con fuerza las denuncias de contaminación de las aguas. Debería ser un tema trillado, pero no lo es. Ideele ha estado en la zona varias veces y la situación es prácticamente la misma, las denuncias son similares, las dudas y las preocupaciones se mantienen. El agravante es que se ha abierto un nuevo foco de resistencia en la provincia de Celendín donde se ubica el proyecto Conga.

Llegar a la antes apacible capital del departamento supone encontrarse  con varios tipos de contaminación, siendo las más estruendosas la sonora y la visual.  Las pintas “agua sí oro no” están escritas con letra corrida, y empapelan el centro de la ciudad. Para los limeños puede ser un simple estribillo, pero que para un importante sector de cajachos es la síntesis de su malestar.

A los cinco años de iniciadas las operaciones de la mina, salen a la luz las primeras denuncias sobre la contaminación de las aguas. Un año después empiezan las protestas. En el año 2000 ocurre la muerte por arsénico de 12 mil truchas en la piscifactoría de la Granja Porcón.  En junio de ese mismo año se produce el derrame de mercurio en el centro poblado de Choropampa. En el 2001 se encuentran metales pesados y pH ácido en aguas a cuatro kilómetros de la ciudad de Cajamarca. En ese año, también, el laboratorio CEPIS-Lima constata que en una muestra de agua de la planta de tratamiento El Milagro hubo valores superiores a los permitidos en arsénico. Además, en las muestras de agua de cinco estaciones  del río Grande se observó la presencia de plomo con concentraciones  entre 24 y 29 ug/L (el límite máximo propuesto por la OMS es de 10 ug/L).  En el 2002 mueren 26.500 truchas, nuevamente en Porcón. En el 2005 el Banco Mundial, accionista minoritario de Yanacocha, publica los resultados de 302 muestras de análisis de aguas, y acepta que la presencia de metales pesados excede los límites máximos permisibles. En el 2007 más de 300 campesinos se enfrentan a la policía por escasez de agua. En el 2008 se intoxican nueve trabajadores al limpiar el derrame de hidrocarburos  en la laguna Totoracocha. (Dos años después esa laguna estaría completamente contaminada.) En el 2010, se denuncia el derrame de sustancias tóxicas en el canal de riego de Tual.

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Ideele aumenta un ítem más a esta cronología:

Año 2013: Mueren 18 ovejas en La Pajuela. La pastora Elvia Calhua Flores, de 16 años, cuenta que el 8 de setiembre salió, como de costumbre, a pastear sus ovejas. Pero algo muy extraño ocurrió. “Yo iba por atrasito. Las ovejitas tomaron agua allá arriba y ahí nomás las vi que saltaban y que se pateaban sus barriguitas. Se golpeaban sus cabezas contra el suelo y botaban espumas blancas por sus narices y por sus bocas”, asegura. Las 18 ovejas murieron de un solo golpe en menos de cinco minutos. Elvia se asustó y llamó a su tío Felipe. Este tomó un taxi, acudió al lugar y reportó lo ocurrido a Radio Líder. Felipe ya había visto morir a seis de sus vacas. Comenta fastidiado: “No pueden continuar estas muertes masivas de nuestros animales. Los de la minera nos pagan por los animales, pero eso no es suficiente. Esto no es normal. Algo serio está pasando por acá”.

El geólogo Elqui Cruz, de Cooperación, sugiere que se trataría de una reacción química. “Para descartar a ciencia abierta qué fue lo que ocasionó la repentina muerte de las ovejas, debió haberse analizado la espuma. Eso no se hizo. Pero tomando en cuenta que [La Pajuela] es una  zona de botadero cerca de un tajo abierto, se trataría de una fuerte reacción a un proceso de toxicidad química”. afirma.

Para el biólogo Michael Gilbertson, es muy probable que la muerte de las ovejas tenga que ver con un derrame de cianuro de un estanque de relaves. Comenta: “El cianuro se usa extensamente para separar el oro de los minerales. Es muy tóxico y debe usarse con mucho cuidado. Cincuenta miligramos de cianuro resulta fatal”.  (Solo para tener una idea: un sobrecito de azúcar de los que sirven en los cafés contiene 10 gramos.)
Los veterinarios del SENASA Cajamarca, Jesús Rodríguez y Renato Ramírez, llegaron a La Pajuela, acompañados de trabajadores de Yanacocha. Mal indicio. Ellos revisaron a las ovejas muertas y se comprometieron a entregar un informe. Ideele  contactó al primero en la entrada de Baños del Inca donde funciona esa institución. Según Rodríguez, el mayor problema de sanidad en las ovejas de la región es causado por la distomatosis hepática o alicuya, que transmite un parásito que vive en el pasto.

La función de las inspecciones sanitarias es detectar las enfermedades en los animales, y analizar las muertes causadas por agentes patógenos como virus, bacterias y hongos.  El funcionario sostiene: “No diagnosticamos presencia de metales pesados porque no es nuestra función. Para eso se tendría que hacer un análisis”.  (¿Por qué el servicio de sanidad del Estado no hace necropsias, no toma muestras de tejidos, no revisa el contenido de los estómagos de los animales muertos, sobre todo si trabaja en una zona minera?)

(Contaminación del agua en San José)

Rodríguez asegura que no ha tenido reportes de campesinos sobre muertes masivas de animales por contaminación con plomo, arsénico o mercurio. Es extraño porque en este corto recorrido hemos escuchado quejas continuas. “Hay casos de campesinos que vienen y me piden que diga que la muerte ha sido por contaminación, para que la mina les reconozca. Yo le digo: ‘Pero señor, ¿por qué le vamos a decir eso si se ha muerto por enfermedad?’. En esos juegos el Estado no puede entrar”, afirma el veterinario.

Así como no se debe aceptar la viveza, tampoco se debería permitir la impunidad. La pita suele romperse por el lado más débil: por eso al campesino que se le ha muerto la vaca por tomar agua contaminada y quiere demostrarlo, no le será nada fácil. Deberá  llevar su muestra a un laboratorio, acercarse a la Fiscalía Ambiental para hacer su denuncia y presentar el resultado ante el fiscal. En ese momento entrará a tallar el abogado de la contraparte que objetará el procedimiento. “¿Quién tomó la muestra? ¿Fue una persona capacitada? ¿Cuánto tiempo pasó entre que tomaron la muestra y la llevaron al laboratorio?” Fin de la investigación.

A media cuadra de la plaza
En el mero centro de la ciudad de Cajamarca un personaje con pinta de predicador reparte unos volantes afuera de su tienda, que ha empapelado con mensajes anti Conga, a favor del agua y de la ecología. Ha decorado la parte alta del local saturado de productos lácteos, con una sucesión de imágenes de Máxima Acuña, la campesina que se ha convertido en el símbolo de la resistencia anti Conga. Uno de los mensajes que rescatamos de su folleto dice así:

Para recordar a la humanidad que los metales que están dentro de la tierra regulan la temperatura del planeta.

Se trata de Romel Figueroa, un importante comerciante local, propietario de varias tiendas y pequeño productor de quesos y manjar blanco. Más allá de su discurso de tintes febriles, precisa alguna información que se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, asegura que hay ausencia de lluvias en la parte alta donde antes se obtenía el quesillo de la jalca. Por lo tanto, hay menos pasto y las vacas producen menos leche.  Señala: “Antes vendía 3 toneladas de quesillo en mi cadena de tiendas.  Ahora si llego a los100 kilos es mucho”. Sostiene que la contaminación no solo está en el terreno sino en el aire y en el agua, y que ha afectado a la leche, cuya calidad ha  disminuido.  Cuando le pedimos alguna prueba, el empresario, responde: “Yo tengo una agroindustria de manjar blanco, y la leche se corta siempre. Antes duraba más. Compraba 500 litros y a las 10 de la noche seguíamos haciendo manjar blanco. Ahora  la segunda perolada, la de las 11 de la mañana, se está cortando”.  Figueroa compra la leche a los acopiadores de la campiña. Para elaborar sus productos no utiliza el agua potable de la ciudad. “No utilizo agua del caño sino la subterránea de un terreno que tengo, pero no todos los productores tienen esta suerte. Eso mantiene la calidad de mis productos”, enfatiza.

(Señora vendiendo quesos en la ciudad de Cajamarca)

Los Negritos

En la comunidad de San José de Negritos, los comuneros de fe de que en 2008, la empresa Nestlé y Gloria les dijeron que no les comprarían más la leche que producían sus vacas debido a que la misma no era apta para el consumo humano. La población se alarmó y se quejó ante Yanacocha por la posible contaminación. Cuentan que semanas después regresaron los mismos representantes de las empresas lecheras y les informaron que había habido un malentendido y que continuarían comprándoles la leche. En vista de que nadie en la comunidad ha visto los análisis de la leche , nos preguntamos por qué Nestlé y Gloria cambiaron su decisión y qué han estado haciendo con ésta.

José Luis Valera, de la ONG Cedepas Cajamarca, tiene a su cargo un proyecto en el que participan pequeños productores de ganadería lechera que producen quesos en Hualgayoc. Esta es una antigua zona minera. El río Mairasbamba está muerto, sus aguas son de color naranja. Hoy operan dos empresas en esta provincia: Tantahuatay  y Gold Fields. “Nuestro proyecto está en el área de influencia indirecta, no está pegado a las minas. Hacemos análisis microbiológico para que la leche y el queso reúnan las condiciones para el consumo humano y tenemos registro sanitario”, manifiesta.  El ganado toma el agua de los manantiales o de las quebradas de la zona. La ONG no ha mandado analizar esas aguas, ni la leche ni los quesos. Valera no sabe dónde se realizan esas pruebas.

En Cajamarca no hay laboratorios implementados para este fin. Las muestras hay que enviarlas a Lima, y se recomienda  que sean laboratorios certificados por INDECOPI, como CGCA o ENVIROLAB.

El líder ambientalista Milton Sánchez señala: “Los análisis son caros. Las autoridades deberían hacerlos. Los productores podrían hacer convenios con las instituciones del Estado, pero ninguna está interesada”.  Sánchez refiere que la Municipalidad Provincial de Cajamarca siempre ha estado controlada por la minera, y que por eso nunca le ha interesado demostrar que su población está siendo afectada. “Si dices algo, la prensa de Cajamarca  sale a decir que quieres malograr la industria”, añade.  Igual sorprende que ninguna organización ambientalista cajamarquina haya tomado la iniciativa en este terreno.

Nilton Deza, director de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, sostiene que la leche de la que se abastecen Nestlé y Gloria se acopia en todo el departamento, e incluso llega desde Leymebamba, Chachapoyas. “También compran leche de las zonas cercanas a las minas, pero yo no me aventuraría a decir que toda la leche de Cajamarca esté contaminada. Obviamente debe haber lugares donde los pastos se están regando con aguas de la actividad minera”, puntualiza.  Sobre los rumores de metales pesados en los quesos, precisa que en el primer estudio de impacto ambiental que presentó Yanacocha, se especificó que había 16 veces más arsénico que mercurio en la roca de la que extraerían el oro. El arsénico en forma natural es cuatro veces más tóxico. Habría que analizar qué aguas tienen  arsénico, qué pastos se riegan con esas aguas, qué leche se produce con esos pastos.

(Máxima Acuña, el símbolo de la resistencia contra Conga)

Estudio de la Universidad de Barcelona
Un reciente estudio de la Universidad de Barcelona – en colaboración con la Universidad de Cajamarca –, halló niveles elevados de metales pesados en la dieta de los pobladores rurales que viven cerca de la polémica Yanacocha. (Además de los residentes de la ciudad de Cajamarca, participaron en el estudio los pobladores de Quilshuar Corral, Quilish, Cisne Las Vizcachas, La Apalina, Tual, Hualipampa Baja, La Ramada, Manzana Altos, Porcón Bajo, Huambo Cancha y Combayo La Florida.)
Según el equipo de investigación, los pobladores de las once comunidades cajamarquinas en estudio, cuya dieta es rica en granos y tubérculos, ingiere diariamente niveles de arsénico, cadmio y plomo que exceden los límites establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La principal fuente de arsénico proviene del agua y del arroz; la principal exposición de cadmio proviene de las papas y el arroz; mientras que la de plomo proviene del agua. La ingesta de arsénico y plomo resulta ser mucho más alta en las poblaciones más cercanas a la mina.

En cuanto al acumulado de arsénico en las muestras de agua y productos alimenticios analizados, se observó mayor incidencia de contaminación en La Pajuela, el lugar donde murieron repentinamente las 18 ovejas. Cabe mencionar que este es el primer estudio que se enfoca en la dieta y riesgo de  acumulación de metales pesados en los productos alimenticios de la zona. Antes nadie se había preocupado en evaluar ese riesgo.

Nilton Deza es uno de los autores de este informe. “Ha sido un trabajo metódico. Primero vimos cuáles eran los ítems de alimentación. Cuánto come una persona de arroz, de fideos, de zanahoria, agua. Se recogieron los alimentos que consume esa población rural y los llevamos a Barcelona. Se ha analizado con espectrofotometría de emisión atómica especial para el análisis de metales pesados. El área investigada comprende las comunidades cercanas a Yanacocha”, relata.

Anteriormente, este profesor había realizado un estudio sobre la presencia de arsénico en las uñas y cabellos de pobladores de tres comunidades cercanas a la zona de explotación minera Yanacocha: la ciudad de Cajamarca, La Ramada y Tual. El estudio en sí reveló bajos niveles de arsénico, aunque estos resultaron ser mayores en los pobladores de la ciudad de Cajamarca, lo cual posiblemente se deba al consumo de agua proveniente de la planta El Milagro, y de productos alimenticios provenientes de la agricultura y la ganadería.

Deza vive en Santa Apolonia, en la parte alta de la ciudad. Se mudó para no tomar el agua que llega de la Planta El Milagro, directamente de la mina, y que abastece a toda la parte baja de Cajamarca. “No tomo los desagües de Yanacocha. Acá arriba tenemos una planta que trata el agua que viene de una cuenca muy pequeña. Solo el 25% de la población toma esta agua”, concluye.

(Máxima Acuña delante de la tienda del comerciante Romel Figueroa)

Hace poco entró a la zona de Chonta con un equipo de la Universidad de Lovaina, Bélgica, pero la población no quiere que se realicen estudios porque dicen que los han engañado de manera reiterada. El río de la zona es el Azufre, que Yanacocha se encarga de bombear desde 500 metros de profundidad. El agua llega contaminada y la usan solo para regar los pastos, pero no las papas. Las niñas pastoras se quejan porque sus ovejas toman agua, les da diarrea, se deshidratan y mueren. “Las  aguas que salen de la mina contaminan las corrientes de agua superficial y, si son profundas, contaminan los  acuíferos. Los peces y los sapos en ese río han desaparecido”, añade Deza.

Hay que tener en cuenta que Yanacocha construyó dos diques de control de sedimentos de relaves en el Río Grande y en el Río Rejo. Hoy esos diques sirven como reservorios de agua en época de sequedad, y sus aguas se usan para regar los campos de cultivo. Asimismo, se han reportado niveles elevados de cadmio, arsénico y plomo en los ríos que se encuentran en las inmediaciones de la mina y que desembocan en otros ríos, como el Jequetepeque.

Pobre San José
Después de veinte años, la mina le ha dicho adiós. Finalizó el proyecto de Yanacocha en San José. ¿Y qué les dejó? Un botadero recubierto por un maquillaje superficial de tierra y plantas. Aguas cobrizas, verdes, rojas; espumas putrefactas; animales muertos. Los campesinos de San José compran el agua en Quinua Mayo.

Este lugar está ubicado en la cuenca del río Chonta, dentro del área de operación minera, al costado de una laguna y un río, cuyas aguas ya eran de dudosa calidad desde que la filtración de ácido comenzó a drenar  del botadero. (Estamos hablando del año 2003.) Ya entonces, la minera le echaba cal a la laguna para subir el pH del agua recogida de la filtración. Según un informe de STRATUS, realizado a fines de ese año, “todo indica que pueden haber vías de agua subterráneas de filtración ácida que nunca se recogieron”. A lo largo de estos años, alarman los reportes de animales muertos a los que se les ha encontrado cal en la panza.

Allí ha ocurrido lo previsible: La lluvia se ha filtrado a través de los geotextiles. La calidad del agua que sale de ese botadero es de última y degrada el agua de la laguna y la subterránea. Hay filtraciones ácidas con drenaje que contienen metales pesados tóxicos. (Malhaya la suerte del caserío al que le tocó la desgracia de estar debajo de este basurero donde  enterraban las medicinas sobrantes, botas, agujas del tópico, comida, aceites, grasas y petróleo.)

Según Nilton Deza, ese es el problema de la minería con cianuro: Dejan todo bien tapado, pero la procesión va por dentro. Estados Unidos y la Comunidad Europea han vetado en muchos de sus territorios la minería con cianuro. “Cuando son botaderos se genera acidez y drenajes con metales pesados tóxicos. Si es un PAD de cianuración que fue cubierto con plásticos, tierrita y plantas encima, el efecto del cianuro en la oscuridad continúa durante años, y sigue liberando metales pesados, tal como lo hacía cuando sacaban el oro”, sostiene.

Agua que has de beber…déjala correr
Un contrincante de polendas al que Yanacocha no ha podido doblegar, a pesar de haberlo empapelado con una veintena de procesos legales, es un alemán que ha vivido en una Cajamarca lechera y campesina, de paisaje idílico a fines de los años 70, bastante antes de que llegara la minería.  Se llama Reinhard Seifert y  acaba de publicar el segundo tomo de Yanacocha ¿el sueño dorado? , que presentó en la ciudad de Celendín. Es un libro que merece una edición masiva y más cuidada por lo valioso de su contenido, que aporta a la discusión sobre la tecnología minera. Minucioso y metódico, este ingeniero, experto en recursos hídricos, ha recopilado y estudiado a lo largo de los años, un cerro de documentos, informes, estudios y comunicados de la minera y de las consultoras que han realizado los estudios de los impactos, y  los utiliza para rebatir una serie de argumentos técnicos sostenidos por la empresa. En todos estos años, Yanacocha ha querido aparecer como la abanderada de una minería moderna que produce leves impactos en el medio ambiente, pero que no contamina. “En el trabajo científico que presento yo digo que hay contaminación por encima de los niveles máximos permisibles, y destrucción de las fuentes de agua. Han desaparecido manantiales y lagunas. Busco probar que este método de tajo abierto, que usa el cianuro para atrapar el oro, contamina el agua y destruye la mismas fuentes”, afirma Seifert. Además, sostiene que la empresa ha vendido el concepto de “tecnología limpia” a sus accionistas en Estados Unidos, a los que trata de convencer de que la presunta responsabilidad social de Newmont (accionista mayoritaria de Yanacocha) ha traído el desarrollo a Cajamarca.

Tal es el nivel de desarrollo que la Universidad de Cajamarca no tiene un laboratorio.  Es lo que manifiesta Manuel Roncal, profesor del Programa de Ingeniería Ambiental. Él conoce el trabajo de Yanacocha porque hizo su tesis en el área de revegetación de minas. Estuvo un par de años trabajando para la empresa.

El ingeniero sostiene: “Hay monitoreos que arrojan como resultado la presencia de sólidos suspendidos en el agua en la ciudad de Cajamarca, aguas contaminadas y evacuación de sedimentos a las pozas donde criaban truchas en las partes altas de Cajamarca”. Sostiene que están investigando la relación entre la calidad de agua y la presencia de macro invertebrados, anfibios y reptiles, pero que, hasta ahora, la  universidad no ha investigado la presencia de metales pesados en las aguas.  “Nos faltan muchos equipos. El Estado nos tiene abandonados. No tenemos un laboratorio ambiental, a pesar de que nuestro proyecto está con código hace varios años. Falta apoyo de la comunidad científica, por eso no se le puede enfrentar a la empresa”, añade.

El laboratorio NKAP, que funciona en Cajamarca, monitorea la calidad de agua. “No es imparcial. Tiene conexiones con la empresa”, afirma Roncal.

Para demostrar que las aguas que distribuye SEDACAJ tienen metales pesados es indispensable analizarlas. Según Seifert, una muestra de agua es como una fotografía que se toma en un día y en una hora determinada. La presencia de contaminantes sube y baja, no se mantiene constante. “Acá en Cajamarca, los estudios que hizo el MINSA de las aguas del río Grande y Porcón  – que son los principales abastecedores de la planta El Milagro – antes de que llegara la mina, indicaban que no había metales pesados. A partir del 93, la calidad del agua cambia sustancialmente. Ahora nace de cuatro tubos”. El especialista sostiene que la mina usa el agua para su proceso de lixivización con cianuro. Después la recicla, la saca por tuberías que descargan en la cuenca del río Grande, llega a la planta El Milagro y termina en los caños de la ciudad. “Aunque hiervas esa agua los metales pesados permanecen”, afirma con seguridad.

Durante varios años las aguas recicladas de la mina no fueron tratadas, hasta que se registraron las denuncias sobre presencia de mercurio en el agua potable que consumía la población de la ciudad, en el año 2003. Según Nilton Deza, SEDACAJ debe poner un exceso de químicos en el agua para mejorar su calidad y para ello incrementa sus tarifas. “Yanacocha implementó un laboratorio por la presión que hubo. Nunca sabemos qué analizan, ni cuáles son los resultados”. El  biólogo manifiesta que la mina se vio obligada a hacer ciertas mejoras: construyó reservorios para detener los sedimentos y una planta de ósmosis reversa para mejorar la calidad del agua.  Manifiesta: “Pero es una planta muy limitada para la cantidad de aguas que ellos manejan. Yanacocha tiene tres veces el área de la ciudad de Cajamarca. Solamente les dan tratamiento a los canales y las lagunas cuyas aguas salen al río, pero el resto es inmanejable. Por ejemplo, no pueden con el agua de la lluvia”.

La ley establece un límite a la contaminación, en un momento en el que los excesos han llevado el problema al campo médico. Se habla de un aumento alarmante de cáncer de estómago en Cajamarca. ¿Por qué no interviene el Ministerio de Salud? Los responsables del control y monitoreo de las fuentes de agua son, además de dicho ministerio, el de Agricultura y Energía y Minas. Hay una Ley General de Aguas que parece estar pintada sobre la campiña cajamarquina.

(Señora vendiendo quesos en la ciudad de Cajamarca)

Conga
Con una inversión inicial de 4.800 millones de dólares, Minas Conga es la mayor inversión minera en la historia del Perú. Se estima que el proyecto minero producirá 680.000 onzas de oro y 235.000 libras de cobre durante un periodo de 19 años.

Pero los daños que el proyecto causará al ecosistema de la región de Cajamarca exceden cualquier beneficio económico. Según el estudio de impacto ambiental de la propia empresa, al igual que el de varios estudios independientes, el proyecto minero Conga destruirá cuatro lagunas. Dos de ellas serán vaciadas para explotar oro, mientras que las otras dos se convertirían en botaderos. Además, Conga afectara negativamente a más de 680 manantiales.

Una vez desaguadas las lagunas, se excavarán las cimas de las montañas y del paisaje de los alrededores. Durante esta fase, se removerán millones de toneladas de roca, dejando al descubierto una enorme cantidad de minerales tóxicos, incluyendo arsénico, cadmio, cromo, plomo, manganeso, mercurio, níquel, selenio, talio, vanadio, aparte de elementos radioactivos como el uranio, torio y potasio-40.

Luego, para extraer las diminutas partículas de oro, se vertirá una solución de cianuro sobre la roca triturada para separar el metal precioso del mineral. (Según la empresa, se usan 50 gramos de cianuro por cada mil litros de agua. Se tiene que lixiviar 1,8 toneladas de mineral para obtener un gramo de oro.) El proceso de lixiviación es el método más barato – por lo tanto más rentable – de extraer el oro. Una mina de oro de grandes dimensiones usa más de 1.900 toneladas de cianuro al año, cantidad más que suficiente para envenenar no solo a toda la población del Perú, sino hasta a la de las Américas, China e India juntas.

Y, ¿qué pasa una vez que se cierra la mina? Según el hidrogeólogo norteamericano Robert Morán, “los depósitos de desechos de la mina, o sea los desmontes y relaves (y los tajos) permanecerán en la zona durante generaciones. Las descargas de los efluentes de los desmontes y relaves de Conga tendrán que ser colectadas y tratadas. Por lo tanto, el área de Conga requerirá un mantenimiento activo de las instalaciones que queden, así como la operación de plantas de tratamiento activas de las aguas y no simplemente por 50 o 100 años después del cierre, sino a perpetuidad.”

¿Asumirá la minera esta responsabilidad? Los cajamarquinos, que solo han visto un incremento del índice de pobreza en el departamento como corolario de los grandes proyectos mineros de las últimas décadas, ya no creen en el cuento chino del desarrollo que supuestamente pretenden aportar estas empresas. Ante el expolio, prefieren ahora concentrarse en buscar medios para preservar aunque sea las pocas fuentes de agua pura que les quedan.

Encabezando el movimiento “Conga no va”se encuentra Máxima Acuña, una figura diminuta con un sombrero de paja que es más grande que ella, a la que llaman la guardiana de las lagunas. A media hora de su casa está la Laguna Azul, que suele estar cubierta por una espesa niebla y a la que ella lleva a pastar a sus ovejas. Esta campesina cuya vida consistía en criar a sus cuatro hijos, vigilar a sus animales y sembrar sus cultivos, prefirió enfrentarse a la minera Yanacocha antes que venderle sus tierras para su nuevo proyecto. Pese a ello, la minera se empecinó en incorporarlas en sus planes, confabulándose para que docenas de DIROES se encargaran de desalojarla. Estos llegaron a su casa, golpearon brutalmente a su familia, pero no pudieron con ella. Qué iban a poder con una mujer que ha parido a sus cuatro hijos sola, y al último lo tuvo una madrugada después de cruzar un río que casi se la lleva si no fuera porque se prendió de una roca. Máxima  sigue en su trece sitiada por las fuerzas del orden, y desde allí continúa su defensa del agua y urdiendo humildemente su leyenda.

Pero ella no está sola. El movimiento ambientalista ha crecido y las lagunas tienen cientos de guardianes. Después de 21 años los cajamarquinos no son los mismos. Conocen al monstruo por dentro.