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INTRODUCCIÓN

El presente estudio analiza un periodo reciente de la historia del Perú, durante el cual sucedieron acontecimientos económicos y sociales que reflejan los problemas estructurales del país, como la presencia de grupos económicos que distorsionan el mercado, la predominancia de una estructura económica primario-exportadora, la fragilidad institucional, los aún altos niveles de pobreza, entre otros.
El principal objetivo de esta investigación es analizar la política fiscal implementada en el sector minero en la década 2003-2012, durante la cual el alza sostenida de los precios internacionales de los metales generó un periodo de bonanza económica en el país, que paradójicamente se desarrolló en medio de conflictos socioambientales. El documento se concentra en investigar cómo evolucionaron los ingresos fiscales derivados de la renta minera, y en determinar cómo y cuánto el país ganó o dejó de ganar durante dicho periodo.
El estudio consta de tres capítulos. En el primero se presentan algunas variables económicas que revelan la importancia del sector minero en la economía nacional y se analiza el incremento del precio internacional de los metales como principal determinante de una década de bonanza económica.
Además, se presentan los principales instrumentos fiscales (impuestos y regalías) que aplica y ha aplicado el Estado como medios de apropiación de la renta minera.
En el segundo capítulo se revisa la política fiscal implementada en un contexto de bonanza, con énfasis en el sector minero. Si bien el éxito de la política de ingresos públicos depende de una adecuada política tributaria, la eficacia de la administración tributaria es clave. Por ello, se analizan los instrumentos fiscales adoptados con el objetivo de procurar que el Estado y las poblaciones mineras alcancen una mayor participación en las ganancias extraordinarias del sector. Asimismo, se evalúan las decisiones de política fiscal que se tomaron para administrar el fin de la bonanza minera.
En el tercer capítulo se busca responder si la política fiscal y los instrumentos, tributarios y no tributarios, implementados durante la década de bonanza para gravar la renta minera, fueron lo suficientemente eficaces para generar
recursos adecuados para el desarrollo del país. En particular, interesa conocer si las poblaciones mineras —representadas por sus gobiernos regionales y locales— lograron una mayor participación en los ingresos extraordinarios del sector. Desde esta perspectiva, este capítulo intenta hacer un balance de los temas abordados en los dos primeros capítulos.
Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio.


Áreas concesionadas a la industria minera están en las principales cuencas.

Áreas concesionadas a la industria minera están en las principales cuencas.

CONFLICTOS. Existe una superposición de territorios, lo que ocasiona choques entre la población y las empresas, además de pérdidas millonarias e inseguridad alimentaria.

La República, 25 de octubre de 2014

Javier Contreras

El Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari son cinco de las cuencas hidrográficas más importantes del Perú por la cantidad de terrenos agrícolas que riegan con sus aguas. Y sus territorios han sido otorgados en concesión a empresas mineras.

Eso se debe a la poca planificación en el otorgamiento de las concesiones del Estado, afirmó el geógrafo Anthony Bebbington.
En la actualidad, el 70% del territorio nacional se encuentra concesionado, lo que ocasiona un serio problema de superposición de territorios.

“El sistema de planificación  aún no anticipa las relaciones entre agricultores y mineros, entre el cambio climático y los recursos hídricos y el alto costo de los conflictos”, declaró.

Competencia por  agua

Lamentó que en los años futuros, los distintos usuarios de la tierra vayan a competir cada vez más por el acceso a los mismos recursos de tierra y agua.

José de Echave, investigador de la ONG CooperAcción, precisó que en 1993 existían 2 millones 300 mil hectáreas concesionadas y en la actualidad el número pasó a 24 millones, lo cual responde a una mayor demanda externa.

Consideró que se olvida de una realidad que nos toca tan directamente como lo es el cambio climático. “En el Perú tenemos siete de los nueve indicadores de vulnerabilidad al cambio climático, pero esto pasa inadvertido en las políticas públicas y sobre todo en el sistema de minería”, afirmó.

Seguridad alimentaria

La ocupación de territorios agrícolas tiene impacto también en la seguridad alimentaria. Giovanna Vásquez, representante de OXFAM, señaló que la pequeña agricultura en el Perú no tiene la prioridad necesaria a pesar de que destinan el 76% de sus tierras a la producción de tubérculos y el 72% a hortalizas.

“En el país no ha habido una política agraria adecuadamente implementada para ese sector. El censo del 2012 nos habla de que hay 2.260 mil pequeños productores y el sector ha aumentado aproximadamente en 500 mil. Las regiones de mayor concentración de la pequeña agricultura son Cusco, Puno y Cajamarca, donde la industria extractiva tiene una presencia importante”, declaró.

El estudio dice que la agricultura continúa siendo el mayor empleador de la población rural en el Perú. “El 25% vive hoy en zonas rurales, de ese porcentaje el 25,2% es el sector agrícola que aporta a la PEA y aporta el 7,2% al Producto Bruto Interno (PBI) nacional. La pequeña agricultura es un sector en el que hay una gran cantidad de gente empleada”, sostuvo Bebbington.

CLAVES

Desde el 2007 se ha dado un repunte en el otorgamiento de concesiones mineras en potenciales áreas agrícolas.

En regiones de la Costa y Sierra además de Madre de Dios se concentran las concesiones mineras, en tanto en la Selva y en Talara, Piura, están las concesiones de hidrocarburos.

Los costos para las corporaciones mineras por conflictividad social pueden llegar a los US$20 millones semanales.


Represión y muerte en Cajamarca, Perú:

¿Ollanta Humala gobierna para las mineras?

Marcela Salas Cassani, Desinformémonos/Ojarasca, 14 de julio. Cuatro muertos —entre ellos un menor de edad–— 45 heridos, 25 detenidos y una ciudad militarizada debido al decreto de estado de excepción, es el saldo de las protestas del 3 de julio en Cajamarca, Perú, donde indígenas, campesinos y militantes ambientalistas protestaban contra la minera Yanacocha que —con el proyecto Conga— pretende apropiarse del agua de la región para extraer oro y cobre.

Desde hace más de un mes, pobladores de Celendín, provincia de Cajamarca, mantienen un paro indefinido contra la iniciativa Conga, millonario proyecto de la Yanacocha, empresa que pertenece a un conglomerado minero en el que figuran la megaempresa peruana Buenaventura, la multinacional estadounidense Newmont Mining y el Banco Mundial.

 Para llevar a cabo la explotación de yacimientos auríferos y cupríferos sería necesario vaciar al menos cuatro lagunas naturales que abastecen el nacimiento de los ríos de donde la población de Cajamarca se provee de agua.

 Tras una evaluación de impacto ambiental realizada por un equipo de expertos internacionales, los peritos recomendaron que la operación no destruya las lagunas. La minera indicó que aceptaría algunas recomendaciones, sin asegurar que preservaría las lagunas. A cambio, ofreció la construcción de “depósitos artificiales” para “garantizar” el agua a la comunidad.

La minera, denuncian grupos indígenas y campesinos, no garantizó que se ajustará a los lineamientos de viabilidad ambiental, por lo que no debería tener licencia social para operar. No obstante, obtuvo un permiso oficial del gobierno peruano para llevar adelante su iniciativa ecocida.

En días pasados Newmont y Yanacocha anunciaron el inicio de la construcción de depósitos con los que “reemplazarán” el almacenamiento del agua que hoy se encuentra en las lagunas destinadas al proyecto Conga, por lo que solicitaron al gobierno peruano garantías de seguridad para comenzar las obras. La respuesta del presidente peruano, Ollanta Humala, fue terminante: “Tendrán que atenerse a las consecuencias quienes no respeten la propiedad privada”. Y cumplió su palabra.

El 3 de julio, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC)  cumplía el trigésimo cuarto día del paro regional indefinido en esta ciudad. Las delegaciones de manifestantes estaban concentradas tanto en la plazuela Bolognesi como frente al atrio de la iglesia San Francisco.

Esa mañana, 300 integrantes del Sindicato de Trabajadores no Docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, se movilizaron de la universidad a la plazuela Bolognesi, y luego avanzaron hacia la Plaza de Armas, hasta donde habían llegado también una delegación de campesino del valle de Llanguay y un centenar de choferes de moto taxis a bordo de sus vehículos, para manifestar su apoyo a los paristas.

El ex sacerdote Marco Arana, líder de la organización Tierra y Libertad, señaló que los enfrentamientos con la policía comenzaron cuando “un grupo de obreros de construcción exigía, afuera del Ayuntamiento, el pago atrasado por trabajos realizados en una escuela y protestaba en solidaridad con la población de Celendín contra la iniciativa Conga”.

Entonces, apunta el FDAC en un comunicado, “se realizó un ataque irracional de la policía nacional en contra de la población manifestante que se encontraba en la Plaza de Armas”. Hubo cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, 45 heridos y 25 detenidos, y la respuesta del gobierno fue la inmediata instauración del estado de emergencia, durante el cual “quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

Un día después del violento enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden, y a pesar del estado de emergencia, los opositores salieron de nuevo a las calles para protestar por los muertos y heridos de Celendín y para reclamar la libertad de quienes habían sido detenidos el día anterior.

Los inconformes se reunieron en la Plaza de Armas de Cajamarca, y allí, luego de pronunciar un discurso, el ex sacerdote Marco Arana, dirigente del movimiento político-ecologista Tierra y Libertad, y uno de los más férreos opositores del proyecto minero, fue aprehendido por la policía. Casi 24 horas más tarde, Arana fue liberado por considerar la fiscalía que “no había motivo para que fuera detenido”. Sin embargo, en un mensaje publicado en Twitter, el dirigente denunció haber sido torturado: “Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos”.

Ésta es quizá la peor crisis del gobierno encabezado por el ex militar izquierdista, Ollanta Humala, quien en junio de 2011 ganó en segunda vuelta la presidencia de Perú, tras vencer por estrecho margen a Keiko Fujimori.

Residentes de Celedín dijeron durante el entierro de los manifestantes asesinados: “Ollanta Humala ya no es nuestro presidente, él gobierna para las mineras extranjeras. Nos ha traicionado. En la campaña electoral prometió defender el agua de la minería”.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales señaló también el empecinamiento del gobierno de Humala: “Su tozudez está desoyendo sistemáticamente la voluntad de los pueblos en virtud de presiones corporativas, y ahora está desplegando una estrategia represiva que asesina campesinos, arresta curas e indígenas y amenaza las libertades de un pueblo que defiende su legítimo derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente libre de contaminación.

La Central Trabajadora Peruana (CGTP) y el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca demandaron al gobierno el cese de la represión. “Estas muertes, con las que llega a 15 el número de asesinados durante el régimen de Humala, demuestran que la estrategia de gobierno sigue apostando por la criminalización de la protesta y la declaración de estados de emergencia como instrumentos políticos para privilegiar los intereses de los grupos económicos que se beneficiaron con regímenes anteriores”.

Mientras el millonario plan aurífero avanza y la calma no parece volver a la región de Cajamaca, la cgtp ha instado al gobierno a “dialogar para solucionar un conflicto que se agudiza conforme avanzan los días”.

Desafiando el estado de emergencia, miles de opositores del proyecto Conga marcharon el pasado 12 julio —día en que la CGTP convocó a la Jornada Nacional de Lucha— para insistir en el rechazo absoluto al ecocida proyecto minero. Por su parte, el Comité de Solidaridad con Cajamarca en Francia, anunció que el 20 de julio se realizarán manifestaciones ante las embajadas o consulados del Perú en París, Berlín, Bruselas, Madrid, Londres, Estocolmo y Milán.

http://www.grain.org/article/entries/4558-ataques-politicas-resistencia-relatos