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CNDDHH estuvo informando sobre los impactos de los conflictos sociales en la vida de las mujeres

La Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, estuvo presente el viernes 12 de setiembre con la misión de expertas de ONU sobre discriminación contra las mujeres para informarles sobre el impacto de los conflictos sociales en las mujeres peruanas, incluyendo los casos de viudas, huérfanas y madres de personas que han muerto. De las 227 personas que han fallecido desde el año 2001, el 5.8% son mujeres, del cual, el 11.3% fueron niñas que murieron en circunstancias bastante confusas, incluyendo una bebita que se ahogo por los gases lacrimógenos de la PNP en una movilización de cocaleros.

Las mujeres que participan en protestas han sido golpeadas e incluso vejadas sexualmente (como en el caso Majaz), muchas de ellas son criminalizadas, pues tienen denuncias por diversos delitos incluyendo extorsión agravada. El caso más conocido es el de Máxima Acuña de Chaupe (uruspación agravada) en el contexto del conflicto en Cajamarca (Caso Conga), aunque a su vez, a Lizeth Vásquez (Cajamarca) quien fuera golpeada brutalmente por la policía durante una manifestación, se le denunció por “resistencia a la autoridad” (esta denuncia fue obviamente archivada). Las amenazas contra las mujeres y sus hijos por parte de los policías y autoridades son continuas en contextos de movilizaciones sociales y, a su vez, las resistencias de muchas dirigencias para que las mujeres participen con liderazgos reconocidos aceptados oficialmente.

Por eso cabe resaltar una de las conclusiones del informe de la misión: “Se ha observado que las industrias extractivas tienen consecuencias sociales y ambientales devastadoras, que resultan en perjuicio de género, dispar, generalizado y extremo hacia las mujeres, quienes sufren el impacto como una forma de violencia contra ellas y su patrimonio cultural. Se les priva de sus tierras y medios de vida, agua potable y producción agrícola, con frecuencia, sus hijas están expuestas a la violación y la prostitución en el Amazonas y la sierra y las mujeres y niñas que se ven obligadas a irse a las ciudades son vulnerables a la explotación sexual y laboral en ellas…”.

 
 



PRONUNCIAMIENTO

Nos preocupa nombramiento del General Daniel Urresti en el Ministerio del Interior

Ante los anunciados cambios en las carteras de Relaciones Exteriores, Vivienda y Construcción y del Interior, la CNDDHH señala a la opinión pública lo siguiente:

1. Consideramos que los cambios gubernamentales planteados ad portas de la discusión del paquete de cambios normativos para la promoción de las inversiones y el crecimiento económico en el Congreso de la República están obviamente vinculados y que se está tomando decisiones que no coadyuvan a fortalecer la institucionalidad democrática del país, priorizando los resultados sobre las estrategias.

2. En ese sentido, cuestionamos la idoneidad de General EP (r) Daniel Urresti para asumir el cargo de Ministro del Interior, por cuanto durante su gestión como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en Madre de Dios, y se ha desarrollado una acción fuertemente represiva y autoritaria, en vez de priorizar acciones pacificas o disuasivas y generar alternativas económicas para las miles de familias involucradas.

3. El General EP (r) Daniel Urresti, además, ha mantenido una actitud poco dialogante y despectiva hacia las organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y organismos de derechos humanos, conducta que coincide con la de sectores autoritarios del país.

4. En los próximos días la CNDDHH publicará el informe resultado de una misión de investigación que viajó a las zonas de interdicción en Madre de Dios durante el mes de junio sobre la situación de los derechos humanos en este contexto. La investigación nos ha permitido constatar la perpetración de graves violaciones de derechos humanos incluyendo:

  • la ejecución extrajudicial del manifestante Américo Laura Pizarro (Mazuko 7 de abril de 2014)
  • torturas y detenciones arbitrarias
  • allanamientos de viviendas
  • amenazas a periodistas
  • uso abusivo de la fuerza contra la población afectando a escolares, mujeres, personas de la tercera edad, así como a manifestantes que huían o protestaban pacíficamente.

La consecuencia de ello es que varias personas resultaron gravemente lesionadas, algunas estuvieron hospitalizadas, además de producirse diversas afectaciones de manera injustificada a la propiedad formal, dinamitando equipos paralizados de mineros que se encontraban en proceso de formalización y otros equipos no vinculados a la actividad minera como camionetas o canoas.

5. Por todo ello, consideramos que la réplica a nivel nacional de las políticas y prácticas encabezadas por el General EP (r) Daniel Urresti en Madre de Dios puede conllevar consecuencias dramáticas para los derechos humanos de la población, y acrecentar la conflictividad social en el país.

6. Finalmente lamentamos la renuncia de Walter Albán como Ministro del Interior. Su gestión ha mantenido una vocación por la erradicación de la corrupción y el diálogo con la sociedad civil que son componentes imprescindibles en la lucha contra la inseguridad ciudadana y por una sociedad auténticamente democrática.

Por todo lo expresado, nos dirigimos al Presidente de la República Ollanta Humala Tasso, para comunicarle nuestra preocupación desde el ámbito del respeto a los derechos humanos y a los convenios internacionales ratificados por el Estado peruano, ante la posibilidad de que esta nueva designación del General EP (r) Daniel Urresti pueda implicar un retroceso en el ámbito de la criminalización de la protesta social y el uso abusivo de la fuerza. Consideramos que la tarea de Ministro del Interior en este contexto electoral de cara a los diferentes conflictos sociales regionales, requiere de una labor sumamente delicada en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la protección de los ciudadanos peruanos, dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos, y en el marco de una relación de respeto y colaboración con la sociedad civil, en la búsqueda de un país más seguro y justo para todos los peruanos y peruanas.

23 de junio de 2014

Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos


 Mural en Celendin, Cajamarca region, PeruFront Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders – http://www.frontlinedefenders.org/node/26271


06 de febrero, 2014.- A través de una misiva dirigida al Presidente Ollanta Humala, el economista español Pedro Arrojo nos refiere sobre su gran preocupación por la reciente promulgación de la Ley 30151 llamándola “licencia legal para matar”, así como de su relación con la criminalización de la protesta social. En esa línea, insta a que el único camino que puede llevar a resolver de forma efectiva los dolorosos conflictos abiertos en Cajamarca y en otras regiones de Perú es el del diálogo en un marco de estricto respeto a los derechos humanos.

Para Arrojo, que dicha ley exima a la policía y al ejército de responsabilidades penales, incluso cuando, haciendo uso de la fuerza, lleguen a producir lesiones y/o la muerte de personas, no sólo es muy grave, sino contrario a los más elementales principios de un orden constitucional democrático. No amparar la vida de las personas que ejercen derechos democráticos, como el de manifestación pacífica, supone una transgresión de los derechos humanos que conmueve y conmoverá más aún a la opinión pública internacional si, como nos tememos, llega a haber heridos graves e incluso muertos al amparo de esta ley, precisó el experto.

Adjuntamos la carta completa dirigida a Ollanta Humala, así como el Informe Final sobre la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua en el Perú.


*Pedro Arrojo, Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza (España).

 
 



La CNDDHH Perú ha presentado un recurso de impugnación ante el Fiscal de Chiclayo que ha archivado los casos de los muertos de Celendín durante los hechos del 3 de julio de 2012. El fiscal tiene la obligación de elevar el recurso a su superior inmediato para que tome cartas en el asunto.

Esta medida se tomó luego que el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dispuso que es improcedente formalizar y seguir la investigación preparatoria respecto a la muerte de los comuneros César Medina Aguilar, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y Antonio Sánchez Huamán, el 3 de julio del 2012, en Celendín, en una protesta contra el proyecto Conga; pese a se afirma que sí hay elementos que indican que hubo homicidio doloso de parte de algunos de los miembros de las FFAAs , también señala que incluso algunos de los disparos pudo provenir de helicópteros que sobrevoló en la ciudad durante las manifestaciones contra el proyecto minero Conga.

Recurso de impugnación

 

 

 


Fiscal archiva caso a pesar de aceptar que hubo homicidio

PRONUNCIAMIENTO
Fiscal archiva caso a pesar de aceptar que hubo homicidio
Cuatro fueron los muertos en Celendín en julio del 2012 por represión de las fuerzas del orden

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo ha dispuesto improcedente formalizar y continuar la investigación preparatoria en el caso de las cuatro muertes en Celendín el 3 de julio de 2012, a pesar de reconocer la figura de homicidio doloso. Recordamos que los ciudadanos Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez, Joselito Sánchez Huamán y a César Medina Aguilar, este último menor de edad, perdieron la vida tras la intervención de las fuerzas del orden en el marco de las movilizaciones en protesta del Proyecto Minero Conga.

En la resolución fiscal, con fecha 7 de enero de 2014, se afirma que “existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso”, pero que “no se ha podido realizar diligencias de las que se puedan extraer elementos de convicción o indicios que permitan identificar a los miembros del Ejército peruano que hayan sido los autores de los disparos…”. Es sorprendente que la fiscalía, tras reconocer indicios contundentes de la figura de homicidio, decida archivar el caso así como una ulterior investigación bajo la excusa de no haber investigado lo suficiente. En esta línea, la resolución reconoce no haber podido realizar los exámenes de balística oportunos para identificar tanto el arma de fuego como a su portador, ni haber obtenido los documentos del Ejército peruano que permitirían identificar a los responsables directos. Más aún, la investigación deja de lado por completo la figura de la autoría mediata en relación a la cadena de mando.

Cabe resaltar que la fiscalía reconoce que la muerte del menor César Medina habría sido causada por un proyectil disparado desde uno de los helicópteros que sobrevoló en la ciudad durante los disturbios, corroborando lo que han afirmado varios testigos, pero no dispone que las investigaciones continúen en este punto.

Consideramos equívoca la decisión de no querer investigar el nivel de represión policial y militar que ha ocasionado la muerte de cuatro civiles desarmados (como reconoce la misma fiscalía), decisión que añade a una situación de impunidad en este gobierno, que tan solo en los últimos dos años y medio ya ha cobrado 34 vidas (según data de la Defensoría del Pueblo).

A su vez reiteramos nuestro llamado a las autoridades a tomar acciones inmediatas para que no sigan muriendo peruanos en los conflictos sociales. Exigimos que se investiguen estos casos, que se sancione a los responsables, y que se repare a las víctimas, entre las que se encuentran heridos en estado de gravedad como Elmer Campos, que requieren costosos procedimientos médicos, así como familiares de personas fallecidas, viudas, que no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que ven en riesgo su bienestar y el de sus familias.

La CNDDHH durante el transcurso del día de hoy miércoles 23 de enero presentará un recurso de queja para que el expediente suba a la Fiscalía Superior de Chiclayo y se pueda evaluar si da mérito a una mayor investigación. Confiamos en la justicia.

Secretaria Ejecutiva

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Policía


 
Photo credit: Grufides

Peru is a mining conflict country. In September of this year, the Defensoría del Pueblo (National Ombudsman Office) reported 223 social conflicts in September alone, with more than two thirds of them linked to minerals. The report also registers 196 dead and 2,369 injured in disputes over natural resources from 2006 to 2011. The database of the Latin American Observatory of Mining Conflicts (OCMAL)registers 34 cases across Peru. Even though the State has increased its presence in some mining areas and has its own Social Conflict Administration Office, the front line often becomes the ugliest side of corporate-community relations.

Hard Partners

A report published this month by Peruvian NGOs Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras (Human Rights without Borders), the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (National Coordinator for Human Rights, CNDDHH), and the Society for Threatened Peoples (STP) of Switzerland, revealed that mining corporations have signed agreements with the National Police to secure their assets. Titled “Police in the Pay of Mining Companies,” the report examined the links between the police and mining corporations Antamina, Gold Fields, Sulliden Gold, Xstrata Tintaya, Minera Coimolache, and Yanacocha. These agreements allow them to request permanent police presence or ask for rapid deployment of larger units to prevent or repress social protests. In some cases, the companies provide full financial and logistical support: an incentive to use force.

Expanding Giant

The Switzerland-based commodities giant Glencore Xstrata owns the Tintaya mine and its expansion Antapaccay. Protesters in the province of Espinar have accused the company of causing pollution. As the protests grew, police moved in: three people were killed and around one hundred were injured. In a typical “knee jerk” reaction, the government of Ollanta Humala suspended freedom of assembly and imposed a state of emergency. What then? In an unusual display of force, the police arrested the mayor leading the protest against Xstrata. Dozens of riot police carrying plastic shields stormed the municipal building to pull Óscar Mollohuanca out.

Far away, indignant voters in the relaxed Swiss town of Hedingen decided to donate to charity some US$120,700 of taxes paid by Glencore Xstrata Chief Executive Ivan Glasenberg in protest against the commodities trader’s business practices.

On the Payroll

Early this year, the report “Policía mercenaria” (mercenary police) released in April by the combative newspaper Hildebrandt en sus trece, reported that in normal conditions, mining companies pay around S/.48 a day (US$10) to the official in charge, and S/.28 a day (US$10) to sub officials, for providing protection to the corporation. In circumstances denoted as “special,” the pay can be as high as S/.78 a day (US$28). Mar Pérez from the CNDDHH says that these agreements put all the responsibility for the repression of the protests in the hands of the police. “If someone dies,” she notes, “it is much harder to investigate the crime.”

 
Photo credit: Hildebrandt en sus trece

Police corruption is not just a mining issue. In fact, it was one of the main issues in last week’s Lima political agenda when a scandal broke out involving the police protection of Óscar Lopez Meneses, former intelligence officer under house arrest. Meneses was a member of the inner circle and in the 1990s was a close advisor to Vladimiro Montesinos, chief of intelligence under dictator Alberto Fujimori who is now serving a 25-year prison sentence. In response, José de Echave, Director of Lima-based NGO Cooperacción, wrote: “the fact that a fundamental body of the State such as the National Police should take the side of those who pay them, instead of the side of the public…reveals that it does not care about public interest in the least.”

Keepers of the Lakes

The Conga mining project is located some 73 km northeast of the city of Cajamarca, in the discricts of Sorochuco and Huasmín. It has been the site of anti-mining protests for years. The U.S.-based Newmont Mining Corp. proposes to dig the Chailhuagón and Perol pits and at least two other additional areas. A plant with the capacity to process 92,000 tons of rock a day would produce 3.1 billion pounds of copper and 11.6 million ounces of gold in 20 years. However, the mineral content is very low: each ton contains less than 1 gram of gold and 0.2% of copper.

The Regional Government and the local communities denounced the serious impacts the project would have on the watersheds. To the complaints about the destruction of the Azul, Perol, Mala, and Chica Andean lakes, Minera Yanacocha replied that it would build three reservoirs to replace them. In July 2011, Denver-based Newmont Mining and its local partner Buenaventura publicly announced that they had approved funding for the project to the value of US$4800 million, one of the biggest mining investments in the history of Peru. In Cajamarca, the same mining companies have operated Yanacocha, the largest open-pit goldmine in South America, for the past 19 years.

But in November 2011, a massive strike forced them to suspend all activities. In December, Humala decreed a 60-day state of emergency in the provinces of Cajamarca, Hualgayoc, Celendín, and Contumazá. In the first days of July 2012, brutal police repression of demonstrators protesting to defend their lakes left a tragic toll of five dead and around 150 injured. In response, the communities have organized an admirable form of protests: the guardianes de las lagunas (keepers of the lakes).

Private Security Agencies

Luis Escarcena Ishikawa is the Securitas coordinator for Canadian corporation Hudbay Minerals. He was Alberto Fujimori´s aide-de-camp and one of the three pilots of the “narco-plane,” the Peruvian Air Force detained minutes before leaving for Russia with 170 Kg (375lbs) of cocaine in May 1996. According to a report by IDL Reporteros, Fujimori himself exculpated Escarcena in a public speech in July 1997.

Hudbay bought Norsemont Mining and its Constancia copper project near the Tintaya mine in 2011. Some 40% of the construction of the mine has already been completed. Authorities of the Chamaca community have expressed their concerns about the project’s “huge enviornmental impacts and reduced economic benefits.” Tito Cruz Llacma, from the local organization Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (United Front in Defense of the Chamaca’s Interests, FUDICH) stated that “it’s going to be like Espinar, where cattle and agriculture have been affected by contamination of the rivers.”

Congressional Investigation

Private security firm Forza was investigated in 2009, when a Congressional commission opened an inquiry into whether crimes were committed by the police and private security personnel in response to protests.Peruvian prosecutors accused the police of torturing protesters at the Rio Blanco mining camp in 2005, but cleared the security firm. At the time, Monterrico Metals operated the Rio Blanco project. When the scandal erupted, Forza’s press office referred Reuters to Switzerland’s Securitas, which later officially bought the Peruvian company in 2007. After the Monterrico affair, China’s Zijin bought the project in 2007. Monterrico was sued by 33 of the victims in a UK court and in 2011 agreed to pay them compensation.

Surviving the Pierina Mine

On September 19, 2012 at 3:30 p.m., about 100 protesters from the Marinayoc Community, a close neighbor of Barrick Gold Corporation’s Pierina gold and silver mine in Huaraz, gathered at the mine’s main gate known as Bravo 22. They demanded that the Toronto-based gold miner fulfill its promise to provide the community with fresh and clean water, as the massive open pit and its infrastructure had destroyed their water sources. While they were protesting at the gate, the police sent by Barrick fired tear gas bombs. The protestors dispersed down the hill while being chased by shotguns. Nemesio Poma Rosales (55) was wounded and later died. Barrick released his body to the local morgue the next day in Jangas, the district capital. According to Lima-based newspaper La República, “Edith Poma denounced that her father Nemesio was taken alive to the mine medical post where he bled to death.”

When the police started shooting, many of the protesters ran away. Alejandro Tomás Rosales Chávez (45) had made it some 20 steps down the hill when he was wounded in his back by bullet splinters. Alejandro was then taken to a clinic in Huaraz where, after three operations, the doctors saved his life. I took his testimony for this year’s edition of Barrick Gold alternative annual report. A day after the violence at Pierina, Human Rights Watch issued an open letter to President Ollanta Humala expressing concern over the use of lethal force deployed during protests. Barrick financed the restoration of the house where César Vallejo, the canonical Latin American poet, spent his childhood. The stated goals of the project were to strengthen regional pride in the rich cultural heritage of La Libertad and to improve the local economy through an expansion of the tourist industry; the money came from the Lagunas Norte mine in La Libertad, located some 150 km from Pierina.

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Luis Manuel Claps studied Communications at the Buenos Aires University. He has followed mining in Latin America since 2004 as editor of the Mines and Communities Website. He is based in Lima, Perú.

 

Doña Santos mostrando foto de su hijo asesinado por el ejercito el pasado de 3 de julio de 2012. 
(Foto: Jorge Chavez Ortiz – 30.11.2013)

– Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.

Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.

Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.

En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.

Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.

Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.

En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces:

Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras (PDF, 37 páginas, español)
Police in the Pay of Mining Companies (PDF, 32 páginas, inglés)




Servindi, 15 de julio, 2013.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) viajó hasta la comunidad San Juan de Cañaris, en Lambayeque, donde el pasado mes de abril más de tres mil pobladores eligieron como presidente a Florentino Barrios, quien reafirmó su vocación de lucha en contra del abuso de las empresas mineras. Compartimos a continuación un video elaborado por dicha entidad en base a las declaraciones de los propios pobladores.

El 96 por ciento del distrito de Cañaris está concesionado. Aunque suene difícil de creer, además de cientos de casas y de cerros boscosos, el perímetro de la Plaza de Armas y la Iglesia del pueblo también han sido cedidos en concesión.

La comunidad campesina de Cañaris, en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Ferreñafe, es conocida por la belleza de sus bosques húmedos y en general por todo el paisaje que la rodea. Pero no solo por eso, según cuentan los comuneros, en el lugar se han identificado hasta tres niveles para la siembra.

Es así que se pueden dedicar a la producción de café, naranja, maíz duro, yuca, plátano, cebada, trigo, oca, olluco, entre muchos más productos.

Sin embargo, toda esta riqueza se puede perder debido al daño que pueda provocar la actividad minera en la zona, específicamente el proyecto Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, que prevé producir 262 millones de libras de cobre anuales.

En ese contexto desde inicios del presente año la población ha venido desarrollando numerosas acciones para resistir el ingreso de la actividad extractiva, sin embargo, el peligro sigue latente. El video muestra en ese sentido un episodio de la lucha emprendida por la comunidad.

Fuente: SERVIDNI – http://servindi.org/actualidad/90391


Por: Rocio Silva Santisteban Manrique – @pavese


En las últimas semanas, a propósito de los miedos en torno al mito de la caída del precio de los metales y pasando piola, el Poder Ejecutivo junto con el Legislativo han producido una serie de leyes y ajustes que profundizan mucho más el modelo neoliberal extractivista. Se trata de una maquinaria de aceleración de aprobación de proyectos, flexibilización de normas laborales y facilitación de excepciones de intangibilidad de restos arqueológicos (CIRAs), de tal suerte que, tanto espacios ecodiversos, monumentos arqueológicos como trabajadores estatales y privados pueden verse seriamente afectados. Por eso, una serie de organizaciones y movimientos sociales, así como partidos políticos, están llamando a una Jornada de Lucha este 4 de julio en el que, lamentablemente, también se recuerda un año de la muerte de 5 personas por las balas Galil del Ejército en el marco de las luchas contra el Proyecto Minero Conga.

No se trata, obviamente, de una simple casualidad: la criminalización de la protesta es la estrategia colateral para que el neoliberalismo extractivista garantice la mayor concentración de riqueza en manos de unos pocos y continúe dando ingresos a las arcas estatales en el corto plazo sin tener en consideración lo que sucederá en esas lagunas y bofedales destruidos y en esos ríos que serán contaminados. Esto no significa que la jornada de lucha del 4 de julio sea de los “antimineros” como tan fácilmente califican algunos periodistas malinformados —¿quién se acuerda ahora de que Ollanta Humala es presidente del calificativo “anti-sistema” de hace pocos años?— sino de los que sentimos indignación ante la sensación de que el Perú crece solo para algunos, pero no se amplían los derechos para todos.

¿Qué queremos? Una Ley General de Trabajo que permita trabajos dignos, con plenos derechos, que se deroguen las leyes de “regímenes de excepción” que tienen casi 50 años “excepcionales” recortando derechos a trabajadores textiles. Una Ley de Consulta Previa sin recortes ni reacomodos que han surgido en el camino de su implementación y un reconocimiento real de las comunidades indígenas, tanto de la sierra como de la Amazonía, haciendo transparente la base de datos, así como un proceso claro y decidido de zonificación territorial que evite la depredación de nuestros ecosistemas. Una Ley de Vivienda Popular que permita que este boom inmobiliario pueda ser disfrutado por los sectores menos favorecidos con préstamos y subsidios para los más pobres. Que no se anule la educación sexual en la escuela, que se promulgue el protocolo del aborto terapéutico y se despenalice el aborto en casos de violación sexual, queremos el reconocimiento de los derechos sexuales de los más vulnerables y el respeto a la diversidad de orientación sexual sin discriminación de ningún tipo. Una Ley Universitaria que NO vea a la universidad como un simple “servicio a la productividad del país” sino como el espacio en el que se debe de crear pensamiento crítico y propuestas tecnológicas alternativas, así como un monitoreo educativo para propiciar procesos cognitivos y de abstracción en nuestros escolares.

Nos indignamos porque creemos en la urgencia de un cambio del modelo productivo neoliberal hacia un modelo económico solidario, socialmente justo, ecológicamente sostenible basado en nuestra mega-biodiversidad que fortalezca la democracia, el respeto a los derechos humanos y el acceso pleno a la educación, vivienda y salud. Por eso, como los indignados en muchas partes del mundo, este 4 de julio, que es la Jornada Nacional de Lucha, debemos salir a las calles.

Publicado en el diario La República, 02/07/2013


A pesar de la negativa constante y justificada de las comunidades andinas al proyecto minero Conga en Cajamarca, la compañía minera Yanacocha no le importó esta negativa ni la vigencia de la ley de Consulta Previa e inició la construcción del reservorio El Perol que recogerá el agua de la laguna del mismo nombre y que estará listo –según los propios ejecutivas de la empresa- a fines del 2013.

Lo grave de la situación es que el propio gobierno, a través del jefe de Estado Ollanta Humala, aseguró que el proyecto Conga “está avanzando” y refirió la construcción del citado reservorio. En agosto del 2012, Yanacocha había anunciado la paralización de las obras; sin embargo, siguieron construyendo el reservorio de Chailhuagón. Tanto es el respaldo del gobierno central a la compañía de Roque Benavides, que su propio gerente, Javier Velarde, ha dicho que no le importa el ganador de las elecciones municipales del 2014 para definir el futuro del megaproyecto Conga.

En estos momentos en la laguna El Perol se encuentran los denominados “Guardianes de las lagunas” quienes se encuentran viviendo momentos tensos ya que en esa zona también se encuentran un contingente policial al servicio de Yanacocha. Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC), precisó que el agua de los reservorios no será para el uso de la población sino para el de la empresa.

Hoy la situación que se vive en la zona es muy tensa. Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad, denunció que la policía rentada por Yanacocha disparó contra los guardianes de las lagunas cuando caminaban por carretera pública hacia laguna El Perol e hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para su intervención pues la situación puede terminar en un gran conflicto.

Fuente: Coordinadora CAOI – http://www.coordinadoracaoi.org/portal/?q=content/per%C3%BA-tensa-situaci%C3%B3n-en-laguna-perol-despu%C3%A9s-del-anuncio-de-yanacocha-de-iniciar



Sin comentarios, saquen sus propias conclusiones respecto al documento, por seguridad nuestra y colaborador, nos reservamos la fuente.