Archivos para noviembre, 2017


Por: Milton Sánchez

Mientras las organizaciones sociales de la provincia de Cajabamaba denuncian la contaminación en sus fuentes de agua por el proyecto minero Shahuindo, la empresa anuncia ampliación de sus operaciones en esta provincia cajamarquina.

Proyecto Shahuindo

Proyecto Shahuindo (Foto Jorge Chávez)

Informes presentados en mayo del año pasado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, determinaron que el agua que consume la comunidad de Chorobamba, no es apta para el consumo humano, por la presencia de metales como aluminio, arsénico, hierro y antimonio sobre los límites máximos permisibles. Así mismo en octubre y noviembre del año pasado, este mismo organismo ambiental, encontró que las muestras de agua subterránea y del agua de la red pública, correspondía a una agua con ph ácido, además alta presencia de hierro y cloro, sobre los límites máximos permisibles. Estos últimos días, otro informe del OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) determinó la presencia de plomo, hierro, antimonio, en las fuentes naturales y quebradas. Las comunidades afectadas son San José, Chorobamba, Siguis, Shahuindo de araqueda y Liclipampa Baja, que se encuentran al entorno del proyecto minero.

Tahoe Resources es una empresa minera que cotiza en las bolsas de valores de Toronto y New York, y con oficinas en Vancouver, Canadá y Reno, Nevada, EEUU; en el Perú viene desarrollando las minas de oro La Arena en la Libertad, Shahuindo en la provincia de Cajabamba, en el departamento de Cajamarca. Esta última ha presentado ante Ministerio de Energía y Minas Declaratorias de Impacto Ambiental en las que plantea su expansión con los proyectos San Lorenzo y La Chilca; por ello el día de ayer en una nota periodística en el diario Gestión, la empresa anunció una inversión de 80 millones de dólares para ampliaciones en la mina Shahuindo. Mientras el mismo día los pobladores en Cajabamba anunciaban que han presentado documentos a las distintas instancias para lograr solución a sus reclamos por contaminación de sus fuentes de agua.

Las ampliaciones de Shahuindo demandarán grandes volúmenes de agua para su proceso de lixiviación y para el riego de las vías de acceso. La empresa tenía planeado obtener el agua de la quebrada La Arenilla, la que dejaría sin agua durante 10 meses al año, dejando discurrir agua sólo en los meses de febrero en una cantidad de 0.8 litros por segundo  y 1.69 litros por segundo en el mes de marzo. Finalmente  el Tribunal Nacional de Controversias Hídricas en este agosto último, declaró infundado el recurso de apelación que la minera presentara a la Resolución Directoral N°2271-2016-ANA-AAA.M emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Marañón en la que denegaba a la minera Shahuindo el uso del agua superficial de la quebrada La Arenilla.

Las comunidades afectadas por las operaciones de este proyecto minero, manifestaron su preocupación por la cantidad y calidad de agua en la zona, y por lo que podría generar su futuras ampliaciones. El consejero por la provincia de Cajabamba, Juan Monroy Huamán, manifestó que si las autoridades no atienden sus demandas, se generará una situación de conflicto advertida por las Rondas Campesinas, el Frente de Defensa y la MCLCP de la provincia.

(Video Tony Alvarado)

Tahoe Resources, es una empresa que también tiene operaciones en Guatemala con el proyecto minero de plata llamado El Escobal, ubicado en el municipio San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Roda, considerada por la misma empresa como el tercer proyecto minero de plata más grande del mundo. Este proyecto ha generado fuerte rechazo por parte de la población; los municipios afectados realizaron consultas comunales en la que se evidenció que más del 97% de la población no está de acuerdo con el desarrollo de este proyecto minero.

En el 2012, el gobierno de Otto Pérez Molina, que luego dimitió por los escándalos de corrupción, otorgó el permiso para operar a la empresa Tahoe. La población inició una serie de protestas a la que Pérez Molina, respondió con estado de excepción y represión a los manifestantes, acusándolos de terroristas, narcotraficantes y de oponerse al desarrollo. En este conflicto social se reportó asesinatos, ataque físicos  y criminalización a defensores y defensoras de Derechos Humanos.

El 27 de abril del 2013, por órdenes Alberto Rotondo Dall ́Orso, jefe de seguridad de la empresa, los miembros de seguridad disparan indiscriminadamente a menos de 10 metros contra pobladores que protestaban pacíficamente  frente a la minera, seis personas heridas de bala y proyectiles de goma, fueron trasladados al hospital de la capital. Rotondo, un peruano,  consultor de seguridad con formación y experiencia en operaciones mineras, seguridad física, gestión de riesgos y protección ejecutiva, estudió en la Escuela Naval de Perú con entrenamientos espaciales en guerra naval, formado en operaciones sicológicas, asuntos civiles y terrorismo en conflictos de baja intensidad por la JFK Special Warfare School-Fort Bragg, y con estudios de teoría política, relaciones internacionales y comunicaciones por la Inter American Defense College; había manifestado, según los audios revelados:

“–Maten a esos hijos de la gran puta, ordenando a Juan Pablo Oliva, asesor en comunicaciones y seguridad de la empresa. –¡Terminen con esta basura! – Malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo (…) Hay que quitar a esos animales pedazos de mierda, no podemos permitir que se establezca la gente en resistencia; otra Puya no (en referencia a otro proyecto minero detenido por la población)”

(Diario Plaza Pública).

Detención de ex militar en Lima

Alberto Rotondo Dall ́Orso, detenido en Lima (Foto El Comercio)

El ex jefe de seguridad que dirigió el ataque contra los manifestantes, fugo al Perú y  fue capturado enero del año pasado en el distrito de San Isidro en Lima, por agentes de la policía internacional.

En el año 2013, Carlos Roberto Morales, gerente general de la mina El Escobal fue enviado a prisión por la contaminación del río Los Esclavos, la principal arteria hídrica del departamento de Santa Rosa. Los informes determinaron la presencia de arsénico, plomo, aluminio y sulfatos en las fuentes de los ríos del área de influencia del proyecto minero; así mismo organizaciones ambientales denunciaron escases de agua en cuatro comunidades y sismos que han producido la aparición de grietas en la tierra, rajadura y desplome de algunas casas producto de las operaciones del proyecto minero.

 

Dejamos para más información el documental: “Minería y Corrupción el caso San Rafael las Flores

 


La aprobación de la Ley 30640, que modifica la Ley 29338, ley de recursos hídricos, mediante el establecimiento de los criterios técnicos para la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca, impulsada por el congresista Marco Arana de la bancada del Frente Amplio, ha despertado una serie de debates parcializados y débiles en torno a las cabeceras de cuenca. La alerta la dio Víctor Gobitz presidente del CEO de minera Buenaventura en la pasado Perumin; los empresarios mineros manifestaron que esta norma pondría en riesgo las inversiones mineras en el país.

Para seguir alimentando la discusión respecto a este tema existe una importante publicación respecto a la jalca cajamarquina del reconocido investigador Fidel Torres, ganador del Premio Nacional de Investigación Ambiental, otorgado por el Ministerio del Ambiente, publicó en mayo del 2014 su investigación Conocimientos tradicionales y potencialidades de la jalca, alternativas de desarrollo al modelo actual y estrategias de conservación. Lamentablemente las autoridades de turno vienen ignorando estas valiosas propuestas, permitiendo con ello el afianzamiento de la actividad minera en estas valiosas zonas.

A través de este blog, iremos entregando por secciones los importantes aportes sobre los conocimientos tradicionales y potencialidades de la jalca.

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Conocimientos tradicionales y pontecialidades de la jalca

“Alternativas de desarrollo al modelo actual y estrategias de conservación”

Muchas veces escuchamos decir que “las jalcas y los páramos son tierras eriáceas, sin oportunidades para el desarrollo de las comunidades”, también que “las cabeceras de cuenca o las lagunas altoandinas pueden ser sustituidas por reservorios para brindar agua a las comunidades”, sin embargo, este tipo de discursos son planteados por aquellos grupos de interés que buscan desvalorar al ecosistema jalca con el afán de darle un distinto al tradicional, normalmente, el extractivo. Por ejemplo, en muchas ocasiones las empresas mineras esgrimen estos discursos para alentar a las comunidades a vender sus tierras para el desarrollo de proyectos mineros.

Por otro lado existe un persistente prejuicio a cerca del estado de desnutrición en el que viven las sociedades de la jalca, por la supuesta baja ingestión de proteína animal. Se dice esto, a pesar de que son capaces de usar y conservar muchas especies vegetales, como variedades de tubérculos, como papas nativas, ocas, ollucos y mashua. Si la conservación y manejo de la biodiversidad es expresión de una agricultura de alta cultura, la afirmación de desnutrición responde a una tendencia marcadamente discriminatoria hacia estas sociedades.

Con este trabajo se pretende demostrar los mitos negativos sobre la jalca. La jalca es un territorio con alto potencial, tanto productivo como cultural, que puede brindar un gran aporte a la ciencia y a la tecnología basado en el conocimiento especializado de sus comunidades sobre los recursos que esta ofrece. Así mismo, es un laboratorio para la adaptación al cambio climático, al poseer una valiosísima variabilidad de especies y endemismos de gran importancia. También provee de servicios ambientales estratégicos para el desarrollo de las comunidades, como son el servicio de captación, acumulación y distribución del recurso hídrico.

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Para poder demostrar el valor y potencial de la jalca, se realizó un trabajo bibliográfico, pero también un trabajo de campo, visitando varias zonas de jalca del territorio cajamarquino, donde se pudo registrar información de campo, pero también el valioso conocimiento de sus moradores, a través de entrevistas y encuestas. Se visitaron las comunidades de Jamcate, Combayo, El Lirio, Trascorrales, Rejopampa, Paucamarca, Campo Alegre y Sexemayo, ubicados en las jalcas de San Marcos, Cajamarca y Celendín y se realizaron más de 60 entrevistas a distintos pobladores. La jalca representa el 12% de la superficie del departamento de Cajamarca y aporta con el 18% de la producción agropecuaria de la región, de la cual, el 80% son pastos y el 20% cultivos alimenticios. La producción de papa, trigo, olluco, cebada, oca y haba representa el 6.4% del total de productos agrícolas del departamento, de los cuales, el olluco, las ocas y la mashua son exclusivos de este ecosistema, sin embargo, se puede verificar su presencia en distinto mercados locales, distritales y regionales.

La jalca brinda servicios ambientales estratégicos debido a características ecológicas especiales, sin embargo,  determinadas acciones humanas está deteriorando estas capacidades, lo cual debe ser controlado en un nuevo enfoque para aprovechar de manera sostenible. Dos servicios ambientales fundamentales que la jalca presta a la población, directa e indirectamente, son la provisión de agua en cantidad y calidad y el almacenamiento de carbono atmosférico que ayuda a controlar el calentamiento global.

Así mismo, los pobladores de la jalca se identifican fuertemente con su territorio, ya que este representa un espacio de bienestar, asociado a oportunidades productivas por las ventajas ambientales que la jalca ofrece para la crianza de animales y cultivos.

Como escenario de especies silvestres de importante utilidad para la salud, cosmética y nutrición, la jalca representa una fuente de nuevas posibilidades económicas en base al conocimiento experto de hombres y mujeres conocedores de sus propiedades, ubicación, formas de uso, dosis y preparación. La jalca es una importante despensa de plantas de uso medicinal, insecticida, tintóreo y nutricional, lo cual se verifica en la diversidad de especies utilizadas para los fines mencionados, especialmente medicinales y que, además, abastece en más del 80% a los mercados del norte del Perú (Seminario, A. 2008). Esto hace de la jalca sociedades de conocimientos especializados.

Estos conocimientos se complementan con otros relacionados con la estructura de la alimentación y nutrición de las familias, en la que combinan especies con contenidos proteicos, vitamínicos y minerales en volúmenes suficientes para lograr una nutrición suficiente que les permite llevar una vida sana y activa. Siendo la papa el alimento principal de la dieta básica por el volumen de su ingestión de aproximadamente de 1.0 kg diarios por persona, se proveen de la energía y proteína que este volumen permite, a lo que se suma el consumo de ollucos con su importante aporte de antioxidantes, junto con la mashua por su reconocido aporte de proteína. El consumo de productos lácteos completa la cultura alimenticia de estas sociedades que se identifican con la jalca como un territorio de bienestar paisajístico, alimenticio y productivamente ventajoso frente a las partes bajas de la cuenca.

El rol e importancia de este ecosistema por sus servicios ambientales y provisión de biodiversidad para nuevas oportunidades económicas en la economía mundial, se fundamenta, por un lado; en el uso y aprovechamiento de las sociedades agrarias que lo habitan y, por otro lado, de sus conocimientos expertos sobre las propiedades de dicha biodiversidad. Sin embargo, durante las últimas cinco décadas las jalcas han comenzado a destacar también por su valor económico, pues se ha constituido en el escenario privilegiado de una abundante ganadería extensiva de vacunos  de carne y de leche, y en los últimos diez años, de la gran explotación minera. Precisamente estos dos factores constituyen hoy una de las causas de riesgo más importantes para la estabilidad de la biodiversidad de este ecosistema y la alteración de su rol en el ciclo hidrológico de la región (Rodríguez J. 1997); aspectos determinantes del destino económico de este departamento que posee la segunda economía agraria del norte país, después de La Libertad (Torres F. 2012) y que tendrá que tomar una decisión estratégica entre la prioridad que le asigne a la actividad extractiva de minerales o a la producción de alimentos.

Las ventajas comparativas y competitivas del territorio de la jalca deben representar tema fundamental en las estrategias e inversiones de los Planes de Desarrollo de Cajamarca que, utilizando la estructura normativa vigente debería posicionar la jalca con un rol protagónico en el aporte a la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de esta región, basada en los servicios ambientales estratégicos que provee y los conocimientos tradicionales especializados que se tienen de su biodiversidad endémica. Ventajas que traducidas en normas y políticas, generarán el ambiente de facilitación para las decisiones más pertinentes de su uso desde el enfoque territorial.

 

 

 

 


Maxima Acuña y su esposo. Foto: ERI
Noviembre 01, 2017, Wilmington, Delaware
EarthRights International (ERI), junto con la campesina peruana Máxima Acuña Atalaya de Chaupe y su familia, han presentado una solicitud para un orden judicial (medida cautelar) en la corte federal de Delaware contra Newmont Mining Corporation y tres de sus afiliados corporativos.
Durante más de seis años, Newmont ha liderado una campaña de hostigamiento y abuso contra la familia con la intención de expulsarlos de sus tierras y allanar el camino para una nueva mina de oro a cielo abierto en Perú, una de las más grandes de América Latina. Los Chaupes presentaron una demanda civil en septiembre ante el mismo tribunal de Delaware. Las amenazas a la familia Chaupe también han sido reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó “medidas cautelares” que requieren que el gobierno peruano las mantenga a salvo. La presente solicitud pide medidas cautelares de la corte estadounidense para que las empresas Newmont detengan el abuso.
Pero aproximadamente un mes después de que fue presentada la demanda, el personal de seguridad de la filial peruana de Newmont, Minera Yanacocha, invadió la granja de los Chaupes y destruyó sus cultivos de papa, eliminando una vez más una fuente de alimentos e ingresos para la familia. Newmont no ha mostrado señales de que detendrá el acoso.
El patrón de abusos junto con la invasión reciente ha forzado a la familia a buscar una orden judicial para detener la campaña de intimidación. La solicitud de hoy tiene como objetivo proteger a la familia, mientras que el tribunal federal considera los reclamos de la familia contra Newmont en los Estados Unidos, y los tribunales peruanos resuelven la disputa de tierras subyacente. Si el juez concede la solicitud, a Newmont y sus afiliados se les ordenarán que dejen de hostigar físicamente y psicológicamente a la familia y dejen de invadir la granja de la familia, conocida como Tragadero Grande.
Declaraciones:
“A pesar de que presentamos una demanda el mes pasado, Newmont y sus fuerzas de seguridad han seguido hostigando a Máxima Acuña de Chaupe y su familia. Hemos presentado esta solicitud para pedir al tribunal que detenga la intimidación para que la familia Chaupe pueda vivir pacíficamente y cultivar sus tierras. Newmont debe respetar su derecho a quedarse en paz y evitar que sus matones hostiguen y ataquen a esta familia”.
– Marco Simons, Asesor Legal General en ERI
“Buscamos justicia a través de la orden judicial preliminar porque queremos que la compañía respete nuestros derechos y deje de hostigarnos en Tragadero Grande y la región de Cajamarca donde el personal de la compañía nos está persiguiendo. No somos libres”.
– Ysidora Chaupe- Acuña, demandante
“Claramente, necesitamos el medias cautelares porque la compañía continúa ingresando al territorio y nos abusa psicológicamente y no es justo que continúen haciéndolo. El sistema de justicia peruano no hace nada. Nuestras vidas no son seguras, las vidas de toda nuestra familia no está seguro. Estamos arriesgándonos a que uno de los miembros de mi familia desaparezca porque todos los días estamos en peligro y no nos dejan sembrar [nuestras semillas] y tenemos que tener seguridad”.
– Jilda Chaupe- Acuña, demandante
“El caso es un símbolo de la lucha para defender mis derechos como ciudadano y prevenir futuras amenazas de compañías extranjeras”.
– Maxima Acuña de Chaupe, demandante
Contexto
Los Chaupes son agricultores de subsistencia que residen en las tierras altas rurales de Cajamarca, Perú. Cultivaron cultivos y criaron ganado en un terreno conocido como Tragadero Grande durante más de veinte años. En 2011, agentes de Newmont Mining Corporation intentaron expulsarlos de su granja por la fuerza para que Newmont pudiera expandir sus operaciones de extracción de oro. Desde entonces, la familia reclama que los agentes de Newmont han utilizado el acoso y la violencia para tratar de desalojar a los demandantes de su granja. Los Chaupes alegan que han sido atacados y amenazados físicamente, y que los agentes de Newmont han destruido sus propiedades y posesiones, y han matado o atacado a sus mascotas y ganado. Alegan que Newmont tiene el poder de poner fin a estos abusos, pero se rehusaron a hacerlo porque los Chaupes se interponen en el camino de los planes de Newmont para construir una enorme mina de oro.
La demanda federal de EE. UU. fue presentada en septiembre 2017 y la solicitud adicional presentada hoy buscan detener un patrón de acoso y abuso físico y psicológico que la familia Chaupe ha sufrido a manos del personal de seguridad que trabaja en nombre de Newmont y sus filiales corporativas. Newmont, una compañía minera de EE. UU. constituida en Delaware, es uno de los productores de oro más grandes del mundo.
El caso es Acuna-Atalaya v. Newmont Mining Corp., No. 17-cv-01315-GAM en la Corte de Distrito Federal de los EE. UU. para el Distrito de Delaware. Además de EarthRights International, los demandantes están representados por la abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans.