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Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos del proyecto minero La Colosa, aseguró que la compañía no tiene ninguna posición u opinión relacionada con una posible solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.

Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.

Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.

La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.

Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.

Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.

Panorama internacional

En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.

Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.

Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.

Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.

Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.

A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.

En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.

Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.

En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.

“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.

Medidas cautelares

De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.

Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.

Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.

“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.

“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.

Y agregó que, “(…) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (…)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.

Un antecedente incómodo

Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.

Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.

De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.

En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.

Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.

Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.

La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.

De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.

En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.

Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.

En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.

¿Puede parar ‘la locomotora’?

No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.

En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.

También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.

Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.

Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.

Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.

La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.

Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.

Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.

“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.

Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.

Fuente: El Nuevo Dia – http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa


Policia intimidando en el predio de la familia Chaupe en la zona del py. minero Conga. Foto: Milton Sanchez

Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP (1), la CCP (2), la CNA (3), la CONACAMI (4) y la ONAMIAP (5), en el caso CONGA. La primera medida cautelar solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.

Estas organizaciones también solicitaron que se proteja el territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca. Dicha solicitud guardaba relación con la petición P716-12, que presentaron a la CIDH el 12 abril de 2012.

Sobre el primer punto, la Comisión considera que está demostrado que los líderes y lideresas identificados en el procedimiento se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, pues su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, le exige al Estado Peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de dichas personas.

Sobre el segundo pedido, encontramos su pronunciamiento en la parte referida al análisis de los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. En esta parte se hace un recuento de lo argumentado por las organizaciones sociales y el Estado, y la CIDH concluye lo siguiente:

“En este escenario, la CIDH observa que existiría una controversia sobre diversos aspectos que podrían ser materia de una petición o caso contencioso. Por consiguiente, considera que el mecanismo adecuado para abordar dichos alegatos y la información aportada sería la petición P716-12.”

Si bien es cierto, que para el segundo pedido la CIDH no otorgó la medida cautelar, es claro también que se nos remite al procedimiento de la petición presentada (P716-12), en el cual se abordará la afectación del territorio ancestral.

Para entender lo sucedido, debemos recordar que las medidas cautelares sirven para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso de un caso pendiente, en situaciones de gravedad y urgencia y las peticiones para denunciar las violaciones o amenazas a derechos humanos.

Por lo tanto, José Miguel Morales Dasso, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), falta a la verdad cuando dice: “Yo creo que lo que ha hecho la Comisión es ratificar que las adjudicaciones que se le han dado al proyecto Conga son válidas, entonces no vemos razón alguna para que haya oposición de nadie”. Esta afirmación no guarda correspondencia con lo decidido por la CIDH.

Lo que llama la atención, es que no sea de preocupación del empresariado minero y del Estado peruano, el que la CIDH concluya que la vida e integridad de un conjunto de personas estarían amenazadas y en grave riesgo. Nos debería preocupar a todos los peruanos, que en un Estado democrático de derecho, se esté afectando los derechos fundamentales de líderes sociales por el solo hecho de oponerse a un proyecto minero.

1 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
2 Confederación Campesina del Perú.
3 Confederación Nacional Agraria.
4 Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
5 Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú.
Ana Leyva V
Cooperación.



Escrito por: Jose Alejandro Godoy

Durante los últimos días, se han dado informaciones inexactas respecto a procedimientos (presentes y futuros) sobre casos vinculados al Perú ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. Dado que ambos casos son de actualidad y generan posiciones polarizadas, conviene explicar qué es lo que ha ocurrido, para evitar cualquier interpretación que tergiverse las instituciones planteadas en el sistema.

CASO CONGA:

Desde el gobierno, así como varios columnistas de opinión, han señalado un único mensaje respecto a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una medida cautelar solicitada por los opositores al proyecto Conga. Dicho mensaje es bien resumido por el consultor de empresas mineras Miguel Santillana:

La CIDH solo aceptó que el Estado peruano proteja la vida y la integridad de los pobladores del proyecto Conga de la agresión de grupos de desadaptados que vienen de otras zonas como hordas de Atila. La CIDH acepta que las FF.AA. y FF.PP. protejan a las 32 comunidades del área de influencia del proyecto y no se manifiesta sobre las licencias y derechos otorgados a la empresa, por lo que se entiende que cumplieron los requisitos de ley.

Lo dicho por Santillana tiene dos inexactitudes. Y por ello, siempre en estos casos, antes que visiones de parte, conviene remitirse a lo que dicen los documentos. Desde el Tercer Piso accedió al documento completo de la CIDH que resuelve la medida cautelar sobre este tema. Y lo que dice es bastante distinto al tenor que el consultor intenta dar.

En primer lugar, las garantías otorgadas son precisamente para los dirigentes de la protesta: 46 líderes comunales y ronderos, la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el periodista César Estrada. La Comisión ordena al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de estas personas.  Y lo hace porque el Estado no ha demostrado que medidas de protección está ejerciendo a favor de estos ciudadanos.

En segundo lugar, no se puede decir, como señala Santillana, que la CIDH “no se manifiesta sobre las licencias y derechos otorgados a la empresa, por lo que se entiende que cumplieron los requisitos de ley”. En realidad la Comisión, en el acápite 29, explica por qué no se pronuncia: porque los pedidos hechos por los opositores a Conga y la respuesta del Estado tienen que ver con el fondo del asunto y, por tanto, el mecanismo más adecuado es pronunciarse sobre el fondo de la petición planteada por los opositores a Conga. La medida cautelar solo se destina para situaciones de manifiesta vulneración de derechos fundamentales y donde hay una situación de emergencia que atender.

Así las cosas, la CIDH no ha extendido un “certificado de buena conducta” sobre el proyecto Conga, sino que se pronunciará sobre el tema cuando vea la petición de fondo. Claro está, esto significa también que la continuidad o no del proyecto, por ahora, esté en manos del principal interesado, es decir, Yanacocha. Newmont ya indicó que Conga se evaluará a fines de año, luego del resultado de las elecciones regionales y considerando el precio de los minerales.

CASO CONCENTRACION DE MEDIOS:

Hoy El Comercio informa lo siguiente como noticia central:

El presidente del Poder Judicial (PJ), Enrique Mendoza, espera que la demanda presentada por un grupo de periodistas y propietarios de medios de comunicación en contra de la asociación entre el Grupo El Comercio y Epensa “se solucione definitivamente dentro de la jurisdicción nacional, que es en donde se viene ventilando, sin interferencias nacionales e internacionales”. Así lo expresó Mendoza a través de un comunicado remitido por la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo a lo informado, el magistrado ha recibido recientemente la visita de Juan Jiménez Mayor, representante peruano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ex primer ministro le expresó “su preocupación por la gran cantidad de demandas y procesos pendientes que tiene el Estado Peruano ante la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Recientemente, Jiménez se mostró a favor de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pronuncie sobre la asociación entre los referidos grupos periodísticos, lo cual coincide con lo expresado por quienes han demandado al El Comercio y Epensa.

Esta mañana, en entrevista con Rosa María Palacios – una de las periodistas que interpuso la demanda de amparo en contra de la compra de Epensa por parte de El Comercio -, Jiménez Mayor señaló que el gobierno está estudiando la posibilidad de solicitar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en torno a los parámetros que tiene el sistema interamericano respecto a la concentración y el acaparamiento de medios. Asimismo, precisó que, en su entrevista con Mendoza, no se trató este tema.

El abogado de El Comercio, Natale Amprimo, ha intentado vender esta posibilidad como una suerte de injerencia indebida del sistema interamericano. Así lo expuso en un artículo publicado en el diario al que defiende:

Como quiera que la estratagema abortó, ahora el mismo embajador político Jiménez Mayor señala que está evaluando la formulación de una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efectos de que se pronuncie sobre la misma materia. Es decir, por otra vía, se busca, una vez más, interferir en la función jurisdiccional.

El problema para el doctor Amprimo es que, antes de escribir el mencionado artículo, debió revisar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el reglamento de la Corte, donde se señala la posibilidad que los Estados u órganos parte de la Organización de Estados Americanos puedan solicitar a la Corte IDH una opinión consultiva donde, en forma abstracta – y sin referirse a un caso en particular (pues así lo precisa la normativa internacional – se puedan precisar determinados conceptos.

De hecho, la Corte ha emitido, a lo largo de su historia, 20 opiniones consultivas sobre diversos tópicos en torno a la interpretación de derechos fundamentales. Una de esas opiniones fue solicitada sobre un tema vinculado al Perú: la responsabilidad internacional por expedición y aplicación de normas vulneratorias de la Convención Americana, cuando en la Constitución de 1993 se ampliaron los supuestos para la pena de muerte. Dichas 20 opiniones consultivas no constituyen una injerencia indebida en casos que posiblemente lleguen al sistema interamericano, sino que establecen parámetros claros de interpretación para situaciones complicadas. De hecho, una de estas opiniones consultivas estableció que la colegiación obligatoria de periodistas vulneraba la libertad de expresión.

Así las cosas, conviene recordar un consejo a los periodistas: antes que declaraciones de parte, conviene revisar los documentos legales y las instituciones jurídicas, para saber en que consisten, antes que los abogados de parte los usen como mera caja de resonancia. Y, para los abogados y lobbistas, resulta necesario que sus opiniones de parte estén fundamentadas en la verdad y no en la tergiversación. Ello aplica en ambos casos.

Fuente: http://www.desdeeltercerpiso.com/


OTRO TRIUNFO LEGAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS:
CIDH OTORGA MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE COMUNIDADES Y RONDAS CAMPESINAS DE CAJAMARCA FRENTE A REPRESIÓN ILEGAL

  • CIDH concedió la medida cautelar a favor de 46 líderes/as, la familia Chaupe y el comunicador César Estrada, al cumplirse los requisitos de “gravedad, urgencia e irreparabilidad”
  • CIDH ordena que Estado peruano adopte medidas para garantizar la vida e integridad de beneficiarias/os e informe a la CIDH en 15 días de las medidas adoptadas.
  • Ministerio de Justicia estaría actuando de mala fe, para incumplir Medida Cautelar, al malinformar a los medios que la misma “habría sido rechazada”, cuando ha sido otorgada.

 La Secretaria Ejecutiva Ad. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comunicó al Pacto de Unidad de las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas del Perú que la CIDH “había decidido el otorgamiento” de la medida cautelar solicitada en el proceso “MC 452-11 Líderes y lideresas de Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas de Cajamarca- Perú”, adjuntando la Resolución 9/2014, de fecha 05 de mayo de 2014.

 Los beneficiarios de las medidas cautelares son 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, así como la familia Chaupe, el rondero Luis Mayta y el comunicador César Estrada, “quienes se encuentran en riesgo por su oposición a la ejecución del megaproyecto minero Conga”. Este megaproyecto de minería a cielo abierto de la empresa Yanacocha planea secar 4 lagunas, 5 ríos, unos 600 ojos de agua, además de tener que levantar humedales y bofedales, por lo que afectaría de modo significativo las condiciones de vida y subsistencia de miles de familias de comunidades y rondas campesinas de la región.

Cabe recordar que, durante este tiempo, desde que las comunidades y rondas campesinas a ser afectadas por dicho megaproyecto decidieron no dar su consentimiento al mismo, tales han sufrido: declaratoria de emergencia, presencia militar y policial, represión, hostigamiento, bombas lacrimógenas, quema de campamentos cerca de las lagunas, seguimiento policial, persecución fiscal, atentados, detenciones ilegales, golpes; la muerte de 5 personas, entre ellas, un menor de edad, y dejando un rondero parapléjico y otro sin vista. Así mismo, la familia Chaupe ha sufrido especial represión y hostigamiento para que salga de su propiedad, y el comunicador Estrada fue golpeado.

 La CIDH consideró que, si bien el Estado había alegado que “la protesta social no es criminalizada en el Perú y que las autoridades brindarían garantías … el Estado no ha aportado la información suficiente [al respecto], ni sobre las investigaciones realizadas” (párr. 26).

Según la resolución enviada, “tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes”, la CIDH consideró que se había demostrado “que los líderes y lideresas identificados se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo”, dando razón a las denuncias que venían haciendo las rondas campesinas y que no eran atendidas por el Estado peruano (como comunicaciones directas al Ministro del Interior, la Defensoría del Pueblo, etc.).

Al ser una Medida Cautelar, la CIDH estaba obligada a verificar el estricto cumplimiento de tres requisitos para poder otorgarla, los que consideró cumplidos en este caso:

 (1)    “El requisito de gravedad se encuentra cumplido en el presente asunto, en vista de los continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo, en el marco de su trabajo con las comunidades y rondas campesinas en la defensa de sus derechos.” (Párr. 24).

(2)    “Respecto al requisito de urgencia, la CIDH considera que se encuentra cumplido, en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo. En particular, respecto de las personas identificadas …, quienes … estarían ejerciendo el derecho a la protesta social, la defensa de los derechos humanos de las comunidades o realizando coberturas mediáticas …”. (Párr. 26)

(3)    “En cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, en la medida que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”. (párr. 27).

Como consecuencia del otorgamiento de la medida cautelar, la CIDH ha dispuesto que el Estado:

a)      Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las personas beneficiarias

b)      Concierte con las/os beneficiarias/os y sus representantes las medidas a adoptarse

c)       Informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar para “evitar su repetición”.

La CIDH ha dado al Estado peruano 15 días para que le informe sobre las medidas adoptadas y posteriormente tendrá que seguirle informando al respecto en forma periódica.

Desde la media noche, algunos medios han informado sobre una supuesta declaración del Ministerio de Justicia que, de ser cierta, revelaría una mala fe del Estado peruano para negarse al cumplimiento de la Medida Cautelar otorgada por la CIDH, lo que violaría la Convención de Viena sobre el derecho de tratados (art. 37), presentando afirmaciones inexactas y maliciosas al anunciar que: “La CIDH rechazó la medida cautelar presentada por diversas organizaciones para que se dejen sin efecto legal las licencias y derechos otorgados a la empresa minera Yanacocha para ejecutar el megaproyecto Conga. Así lo informó el Ministerio de Justicia (Minjus).” (El Comercio, 7/5/2014, 23.15 pm; versión digital); o, al decir, teniendo como fuente al procurador supranacional que “lo logrado es un buen escenario, pues no existe oposición de la CIDH al proyecto minero” en: “CIDH falla contra las ONG: Conga seguirá adelante” (EL Correo, 8/5/2014, versión digital).

 Estas afirmaciones inexactas y confusas, que darían a entender que la CIDH se habría pronunciado sobre el fondo, ya sea “no oponiéndose” al megaproyecto minero Conga o “rechazando pedido para dejar sin efecto las licencias y derechos otorgados a la empresa”, inducen a error, pues justamente la CIDH ha evitado pronunciarse sobre el fondo, por la naturaleza misma de una medida cautelar. Y, dando cuenta que hay una controversia entre los alegatos del Estado y de los peticionarios, la CIDH ha señalado que “el mecanismo adecuado para abordar dichos alegatos … sería la petición P716-12.” (párr. 29).

 Texto de Medida cautelar:

http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Rondas_Campesinas/CIDH/CIDH_Medida-Cautelar-Rondas-Campesinas_Conga_7-de-mayo-de-2014.pdf

Fuente: http://www.derechoysociedad.org/

Policia dispara a comuneros en Conga

Policía disparando contra comuneros de Celendín, 29 nov 2011

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Comunero celendino herido por disparos de la Dinoes

URGENTE: DINOES cercan campamento cerca de laguna Azul en la zona del Proyecto Conga

Hostigamiento a campamento de Guardianes de las Lagunas

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Hostigamiento a Máxima Chaupe

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Dinoes en desalojo a Guardianes de las Lagunas

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Hostigamiento a Guardianes de las Lagunas

 

 


Sin comentarios, saquen sus propias conclusiones respecto al documento, por seguridad nuestra y colaborador, nos reservamos la fuente.


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*

En esta semana la noticia en el aspecto de conflictos socio-ambientales fue en torno al proyecto Shahuindo de la minera Sulliden Shahuindo. Uno de los problemas de los conflictos socio-ambientales, se debe a la poca información que se brinda respecto a las empresas como también de sus proyectos, en estos casos mineros. Si nos ponemos a pensar como lectores promedios cuanto sabemos sobre estos proyectos, la respuesta es casi nula o nada.
¿Quién es Sulliden Shahuindo?
La minera Sulliden Shahuindo es una empresa de capital canadiense y cotiza en la bolsa de valores de Toronto – Canadá, New York – USA y Lima – Perú; esta empresa no tiene experiencia explotando yacimientos en ninguna parte del mundo, por el cual la empresa Kallpasab Securities lo cataloga[1] como empresa minera JUNIOR, Sulliden en Perú poseen un proyecto llamado Shahuindo, con una altitud de 2 900 m.s.n.m. ubicado en la provincia de Cajabamba, distrito de Cachachi cerca de los centros poblados de Araqueda y Algamarca que abarca varios caseríos como San José, Moyan y Shahuindo; cerca del Valle del Condebamba. Como antecedentes[2] la minera obtiene el proyecto en noviembre de 2002, entre el 2002 – 2009 Sulliden y la antigua concesionaria que era la CIA Algamarca S. A. que en ese entonces era de la familia Sánchez Paredes, comienzan una disputa legal por las concesiones , Hay que dejar claro dos punto: lo primero antes que ingrese Sulliden, también exploraron la minera Southern Perú Copper y ASARCO; lo segundo luego que la CIA Algamarca S.A abandona de manera inexplicable sus operaciones, varios mineros informales se posicionaron de los antiguos socavones y en la actualidad siguen siendo explotados.
Para Sulliden, el proyecto de explotación debe iniciar en el presente año (2013) y con expectativas de producción de oro y plata para el 2013-2014, según estos datos que proporciona la empresa, el Ministerio de Energía y Minas – MEM, toma en consideración a dicho proyecto en la cartera de inversiones[3] para el año 2013, donde deja como datos relevantes: Producción anual proyectada: 105,000 Oz/Au (no toman en cuenta la plata), Inversión proyectada: US$ 132 Millones y lo que no podemos dejar de lado es que poseen Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIAsd (aprobado RD 083-2011-MEM-AAM), para EXPLORAR, mas no para EXPLOTAR.
Es importante pues, conocer los antecedentes de las empresas que quieren invertir en el Perú, así como también de sus respectivos estudios de sus exploraciones y explotaciones, este conocimiento no solo debe ser a nivel de gobierno o instituciones involucradas sino también de la población y mucho más los de la zona de influencia del proyecto, para ser evaluados y así evitar los conflictos socio ambientales que se producen cuando no están claras las cosas.
Trabajos de exploración hechos por la empresa Sulliden Gold en Cajabamba. Foto: Sulliden Gold.

Sulliden, minería informal y conflictos
Para la Defensoría del Pueblo, los conflictos socio-ambientales por minería informal se remonta al Reporte Nº 35 Conflictos Sociales, hasta la fecha, los datos más relevantes sobre conflictos entorno a la minera Sulliden lo encontramos en los Reportes N° 76, 83 y 107.
El 7 de junio de 2010, mineros informales tomaron el campamento y estos fueron desalojados por la policía, en enero de 2011 la Defensoría del Pueblo recoge un dato muy interesante que citamos a continuación: “De otro lado, nos precisan que se viene coordinando con la Dirección Regional de Energía y Minas, con el objetivo de evitar enfrentamientos y situaciones de violencia en la zona, en el proceso de desocupación de La Chilca a favor de la empresa Sulliden.”[4], la pregunta es ¿Quién intento enviar realmente a la policía fue el gobierno o la minera?, las razones reales solo nos pueden explicar los funcionarios de Dirección Regional de Energía y Minas de esa época. En enero del 2013, los mineros informales realizaron una movilización en contra de la Minera Sulliden, exigiendo que la misma otorgue las facilidades para desarrollar los trámites de formalización de actividades que desarrollan en la zona.
El pasado 11 de marzo del presente año, pobladores que se oponen al proyecto mineros fueron reprimidos por la policía, dejando como saldo 8 heridos entre ellas una mujer en gestación, los pobladores denunciaron que la policía hizo uso de armas de fuego para disuadir a los manifestantes, que promovían la no participación en la presentación del EIA a las diferentes comunidades, por otro lado Romelia Izquierdo Leiva manifestó lo siguiente, para Noticas SER: “La empresa Sulliden ha traído gente en ómnibus de otros lugares, no son de acá, estamos rodeados con muchos policías como si fuéramos delincuentes, sólo reclamamos nuestros derechos, estamos indignados, vivimos en el valle que ellos quieren destrozar”, otro grupo que se opone al proyecto son los agricultores del Valle de Condebamba, quienes rechazan el proyecto por el temor a la contaminación que genera la mina y a la vez también piden que los mineros informales se retiren de la zona. Sergio Sánchez Ibáñez ex – gerente regional de RENAMA – Cajamarca, nos manifestó que los conflictos en torno al proyecto Shahuindo vienen del año 2006 y agrego que dicho proyecto afectara a un aproximado de 15 000 agricultores que viven cultivado en la zona del Valle de Condebamba. Los medios de comunicación tanto de Cajamarca como a nivel nacional, en ningún momento informaron que el EIA presentado al Ministerio Energía y Minas es para la EXPLOTACIÓN y no de exploración, esto es importante porque a la comunidad se le quiere sorprender, para obtener la licencia social, esto contribuye para que se agrave los conflictos sociales. 
 Vista área de la minería informal en Algamarca cerca de los predios de Sulliden.
 Foto: Jorge Chávez Ortiz
Un dato importante es que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, oficina adjunta a la Presidencia del Concejo de Ministro del Gobierno del Perú – PCM, en ninguno de sus informes denominados Willaqniki toca el tema de Shahuindo y la minería informal.
Más datos sobre el proyecto
La propiedad Shahuindo cubre aproximadamente 9 218 hectáreas de concesión minera, y otras 10 795 hectáreas en una elevación de 2.900 metros aproximado. El proyecto aurífero Shahuindo[5] planea construir un tajo abierto denominado “Moyan” que tendría como diámetro de 1.3 km aproximado, un depósito de desmonte de una capacidad aproximada de 56 100 000 m3, un pad de lixiviación de 29 000 000 m3 aprox., 2 reservorios de 249 000 m3 y 111 800 m3 aprox., planta de trituración para el materia extraído del tajo Moyan y otras estructura, pretenden minar 10 000 toneladas de roca por día (tpd) en un aproximado de 10 años. Para el desarrollo del proyecto Sulliden Gold ha conseguido financiamiento[6] por parte de Credit Suisse y Barclays Bank por un monto de $ 125 mil millones de dólares. 
Diseño de ingeniería del proyecto Shahuindo en explotación. Fuente: Sulliden Gold
Mismos pasos
Esta semana la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH representada en la Secretaria Ejecutiva por la Dr. Roció Silva Santisteban, explico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”[7]. Donde la empresa Minera Sulliden Shahuindo no escapa de la excepción.
El 01 de octubre de 2009, la empresa Sulliden Shahuindo suscribe un convenio de servicio extraordinarios complementarios con la Policía Nacional del Perú, estos servicios tienen como objetico de establecer medidas de prevención que detecte y neutralice riesgos que atenten contra el personal, instalaciones, materiales y equipos de la empresa mencionada. Este convenio a la vez pide atender diligentemente las denuncias, así, como prevenir, detectar y neutralizar actos de sabotaje, terrorismo y cualquier amenaza contra el personal, instalación y equipos de Sulliden. Por la prestación de servicios a la policía se pagó S/. 100 nuevos soles a cada efectivo policial (14 policías) y al oficial encargado S/. 120 nuevos soles (1 policía), aparte la empresa les brinda alojamiento y alimentación por el tiempo de servicio prestado. En una de las clausulas la empresa solicita efectivos policías adicionales en momentos excepcionales y/o emergencia. Este convenio tuvo vigencia por 2 años a partir de la suscripción. Este convenio suscrito culmino el pasado octubre de 2011.
Una de las preguntas que se hacen los activistas se refiere al convenio a “actos de sabotajes”, quienes son ese grupo de “terroristas” que atentan contra la inversión privada; por qué ocultar estos convenios a la población, si no es nada malo, porque no lo hacen público, esto ayudaría más bien a la transparencia de la empresa y no aumentaría su cuestionamiento por la población civil como por parte de los organismos en derechos humanos.
 Primera página del Convenio entre Sulliden y la PNP. Fuente: Reservada
Queramos dejar en claro que no estamos en contra de la minería, pero esta se tiene que desarrollar en zonas donde no afecte a nadie, aparte la minería formal e informal por igual contaminan y ambas no son reguladas apropiadamente por mas leyes que sean publicado. Pero lo importante para evitar los conflictos sociales, hay que tener en cuenta la trasnparencia de la empresa y gobierno hacia la comunidad, como respetar las opiniones de los diferentes actores del problema.
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*Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

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[1] Lista de empresas minera junior que participan en la Bolsa de Valores de Lima. Información disponible en: http://www.kallpasab.com/reportes/KallpaSAB_Mineria_Junior_Marzo_2012.pdf

[2] Historia del Proyecto Shahuindo y más datos, disponible en la página web de Minera Sulliden: http://www.sulliden.com/Spanish/Proyectos/Proyecto-Aurifero-Shahuindo/Historia/default.aspx

[3] Cartera Estimada de Proyectos Mineros – 2013, Ministerio de Energía y Minas, Pág. 39; disponible en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera2013.pdf

[4] Reporte Mensual Nº 99 Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Pág. 22. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/reporte-83.pdf

[5] Presentación Corporativa del Proyecto Shahuindo de minera Sulliden Gold. Diciembre de 2012. Disponible en: http://www.sulliden.com/files/doc_presentations/2012%20English/121227_Sulliden%20Gold%20Presentation_v001_o712ge.pdf
[6] Informe de Inversión hecha por Kallpasab Securities – Sociedad de Agentes de Bolsa. Fecha 14 de noviembre de 2012, disponible la información en el siguiente link: http://www.kallpasab.com/reportes/02_KallpaSAB_Sulliden_Actualizacion_14_11_2012.pdf

[7] Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”, publicado el 11 de marzo de 2013 en la web de la CNDDHH, disponible el texto completo en: http://derechoshumanos.pe/2013/03/rocio-silva-santisteban-advierte-en-la-cidh-se-esta-privatizando-la-policia-nacional-del-peru/


Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”

En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada “Derechos humanos y protesta social en Perú”. En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.

De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.

Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”. Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.

Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza”. Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un “escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra”. Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.


Por Iris Olivera Gómez*

19 de noviembre, 2012.- El 1 de noviembre el Estado peruano expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances sobre la implementación de la Ley de la Consulta Previa para los Pueblos Indígenas.Durante su presentación, la delegación del Estado peruano recalcó que la aprobación de la Ley de Consulta Previa atendió al pedido expreso de los pueblos indígenas y la sociedad civil, pero no mencionó que las organizaciones indígenas denunciaron que el texto consensuado no fuera el que finalmente se aprobó.

Ante las preguntas de los Comisionados de la CIDH sobre ¿cuáles serían las medidas adoptadas por el Estado para salvaguardar el derecho de consulta previa, o en su caso reparación para aquellas comunidades cuyos territorios pudieran haber sido afectados por proyectos de extracción con anterioridad a la vigencia de la Ley de Consulta Previa?, los representantes del Estado afirmaron que la consulta no solo se hará para proyectos nuevos, sino que incluirá proyectos que se han venido desarrollando, como el caso del Lote 192 (antes Lote 1AB).

En cuanto a las reparaciones, indicaron que la legislación peruana ya cuenta con mecanismos para asegurar que se den las reparaciones convenientes e incluso resalta que estos mecanismos existen desde antes de la Ley de Consulta Previa y su reglamento.

De la presentación realizada por el estado peruano, llama la atención que se muestre el proceso de desarrollo normativo e implementación (durante la Reglamentación de la Ley) como ejemplar a pesar de las serias observaciones realizadas por las organizaciones indígenas que implicó el retiro del proceso de reglamentación de 4 de las 6 organizaciones, y que incluso las 2 organizaciones que participaron hasta el final del proceso emitieron sus pronunciamientos de disconformidad con el mismo.

Cabe indicar que la Ley de Consulta Previa no incluye la consulta para proyectos anteriores a su promulgación y que el proceso de consulta que se viene promoviendo en el Lote 192 es sobre las nuevas actividades y no sobre las actividades ya desarrolladas. Además han sido las organizaciones indígenas de la zona las que han condicionado la consulta al Lote 192, exigiendo que primero se remedien los pasivos ambientales y el pago de las indemnizaciones por los daños causados por más de 40 años de contaminación petrolera.

Finalmente, en la actualidad solo existe la vía judicial para reclamar una indemnización por daños y perjuicios, pero ello no puede ser calificado como una medida del Estado de reparación para pueblos indígenas afectados por proyectos de extracción con anterioridad a la vigencia de la Ley de Consulta Previa y tampoco como salvaguarda a su derecho a la consulta.

El mensaje del estado peruano ante la CIDH fue mostrar que las garantías están dadas para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, desconocer los problemas existentes no genera confianza, por el contrario debilita las relaciones con los pueblos indígenas y sus organizaciones. El reto es asegurar que el derecho a la consulta previa libre e informada sea efectivo y garantizado, superando las debilidades normativas y de implementación a través de un proceso consensuado con las organizaciones indígenas.

*Iris Olivera Gómez es coordinadora del Programa Social Indígena de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
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Fuente: Diario La Primera:http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/tiene-el-estado-peruano-voluntad-de-realizar-una-consulta-previa-adecuada_124556.html


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 Por: Jorge Paucar Albino
Secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, recibe documentación de la abogada Zulma Villa (IIDS) y el dirigente rondero Ydelso Hernández. (Foto: Vilma Rodríguez Chihúan)

Este martes por la noche, el presidente del Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, Ydelso Hernández, presentó ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar y una petición de reunión para tratar el tema del proyecto minero Conga.

“Nuestra presencia en Lima es con el objetivo de presentar un documento ante la CIDH. Hemos solicitado una mesa de trabajo para el 30 y 31 de octubre en Washington donde queremos exponer la situación actual en Cajamarca, contando todos los abusos de las fuerzas del orden que vienen hostigando a los ronderos campesinos”, señaló Hernández.

Por su parte, la abogada Zulma Villa, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), se hizo presente para asesorar a los involucrados en el conflicto socio-ambiental en relación al proyecto minero que destruiría un conjunto de lagunas, ríos, manantiales y bofedales.

“Las rondas campesinas están defendiendo sus derechos frente a los intereses económicos que se vienen imponiendo de la minera Yanacocha. Como IIDS, venimos acompañando a las rondas campesinas desde hace mucho tiempo”, señaló la abogada Zulma Villa.

Villa dio detalles sobre la estrategia de litigio internacional. “Nuestro objetivo es fortalecer el sujeto colectivo. Las rondas campesinas le han entregado información actualizada a la CIDH. Es importante que esta instancia internacional tomen conocimiento de todas las vulneraciones que están sufriendo los comuneros”, señaló.

Por su parte, la vicepresidenta del IIDS, Raquel Yrigoyen, confirmó que el caso Conga ya se encuentra en la CIDH. “La petición y la medida cautelar ya han sido presentadas. La admisibilidad suele demorar, pero en la próxima sesión la CIDH puede evaluarlo”.

Además, señaló que el caso también podría ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). “Conga también podría ir a la Corte, pero para eso falta primero que la CIDH declare formalmente la admisibilidad”, agregó.

Como se recuerda, desde el 8 de octubre miles de ronderos campesinos de Bambamarca y Celendín se encuentran acampando en las zonas de las lagunas aledañas al proyecto minero Conga de Yanacocha.

El martes por la mañana, cerca de 400 policías de la DINOES cercaron a los ronderos, quienes se sintieron amenazados ante un posible enfrentamiento.


Fuente: La Mula

Conacami 24/03/12.- Las organizaciones del Pacto de Unidad quienes plantearon la Medida Cautelar para preservar la integridad física, biológica y cultural de los pueblos de Cajamarca, adicionalmente al pedido adjuntaron un alegato que contiene pruebas fehacientes de violaciones de derechos humanos que la CIDH, deberá tener en cuenta esta tarde.

Ante el requerimiento de información, el pasado18 de enero del 2012 el Estado peruano se apresuró en alcanzar por escrito sus argumentos a la Comisión interamericana de derechos Humanos (CIDH) su Informe N.° 10-2012-JUS/PPES, en el cual señala entre otras cosas:

1) No está vigente el Estado de Emergencia; 2) No existe represión ilegítima; 3) No se ha iniciado las actividades mineras; y, 4) Existe un proceso de diálogo en curso con los representantes de las comunidades; y, al no existir una situación de gravedad capaz de causar daños irreparables a la comunidad y a sus líderes, señalan que la Ilustrada no estaría habilitada a conceder las medidas cautelares.

Consiguientemente las organizaciones indígenas también han puesto de manifiesto su rechazo a esas afirmaciones mediante un Alegato que Ud. puede leer o descargar el documento completo desde nuestra cuenta Scrib que publicamos a continuación de este artículo, el cual concluye señalando que ha quedado demostrado que:

1. El Estado peruano continúa con su negativa de consultar y obtener el consentimiento previo, libre e informado de las rondas campesinas, comunidades campesinas y el pueblo de Cajamarca.

2. El Estado peruano continúa criminalizando y amedrentando a líderes indígenas, líderes sociales, autoridades locales y regionales que se enfrenten a la ejecución del Proyecto Conga; casos 5278-2011; 2149-2011; 3318-2011; 534-2011; 533-2011.

3. El Estado peruano continúa con la presencia de personal Policial en territorio indígena, impidiendo la libre circulación entre las provincias de Celendín y Bambamarca.

4. El Estado peruano continúa permitiendo que se sigan desarrollando las actividades mineras en la zona.

5. El Estado peruano continúa poniendo en peligro la integridad biológica, cultural y social, de las rondas campesinas, comunidades campesinas y el pueblo de Cajamarca.

Finalmente se solicita que la Comisión Interamericana recomiende al Estado peruano cumpla con respete sus obligaciones internacionales en uso de su soberanía; cese la decisión unilateral de continuar con la ejecución del proyecto Conga; cese las represalias de las que están siendo víctimas los líderes indígenas, sociales y autoridades regionales; se ordene el retiro de los efectivos Policías de territorio indígena; y dé atención médica a los 19 heridos, según corresponda.


Ministro de Justicia sobre Conga: “Se explicará a CIDH que actuamos con responsabilidad”

Juan Jiménez afirmó que este es un proyecto que ha tenido una amplia participación del gobierno para llegar a buenos acuerdos.

Juan Jiménez afirmó que este es un proyecto que ha tenido una amplia participación del gobierno para llegar a buenos acuerdos.

El Ministro de Justicia, Juan Jiménez, informó que entre el día de hoy y el lunes representantes del Gobierno peruano expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que actuó con responsabilidad y con apertura al diálogo en el caso del proyecto minero Conga.

“Este es un proyecto que ha tenido un amplia participación de la comunidad en una serie de reuniones convocadas por la empresa, luego cuando el presidente, Ollanta Humala, ingresa al poder, el Gobierno tuvo una serie de reuniones, de compromisos, para poder llegar a acuerdos”, señaló Jiménez a la agencia Andina.

El titular de Justicia afirmó que junto a los representantes del Gobierno peruano, los acompañará un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) quienes desean anular el proyecto Conga, debido a que el proyecto minero pone en riesgo a tres lagunas de la región de Cajamarca.

Esta propuesta fue aprobada por el gobierno de Alan García pero rechazada por su presidente regional, Gregorio Santos, y varias ONG dedicadas al tema ambiental. Por esto, Santos ha promovido varias protestas y paros en Cajamarca en contra de Conga.

Por su parte, Jiménez ha manifestado la intención del Gobierno de no romper el diálogo con las comunidades y hasta ha contratado especialistas internacionales para realizar los peritajes respectivos sobre las consecuencias del proyecto, informe que será presentado en el mes de abril.

Asimismo, el ministro añadió que el Perú “es el primer país del mundo en desarrollar, a través de una ley, la consulta previa”, y que informará a la CIDH esta iniciativa, que permite consultar a las comunidades antes de ejecutar un proyecto en sus territorios.

Fuente: La Republica

Procurador público supranacional dijo, además, que Milton Sánchez y otros dirigentes tendrán las garantías para viajar a reunión de trabajo de la CIDH. 

Nadie puede sentirse dueño de la verdad

Ideeleradio (21/03/2012).- Aquí no hay dogmas ni personas o instituciones que puedan sentirse dueñas de la verdad, incluyendo al Estado, y por ello se debe mencionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen tres posibilidades, en el sentido de que el proyecto Conga podría ser declarado viable, ser mejorado o que podría optarse por su inviabilidad, sostuvo Luis Salgado, procurador público supranacional.Fue al ser consultado por las alternativas de resolución que tiene el proyecto Conga, a propósito de la presentación de los argumentos del Estado en torno a la medida cautelar que plantearon cinco organismos no gubernamentales.“Eso explica nuestra presencia en el Sistema Interamericano, sino no tendría ningún sentido, aquí no hay dogmas, aquí no hay personas o instituciones que se puedan sentir dueñas de la verdad, incluyendo al Estado, el Estado es muy grande, es diverso, hay muchas cosas que pasan dentro de un Estado nacional, entonces lo que tú mencionas es una posibilidad”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.“Dentro del pensamiento y la inteligencia humana, al ponerse a evaluar con sensatez, con objetividad, con los datos que nos da la ciencia, la tecnología, que nos da los principios rectores de una sociedad democrática, que se respeta a sí mismo, de un Estado que se prestigia y que tiene una presencia en el concierto de Naciones Americanas y en el concierto mundial en el sistema mundial de Naciones Unidas, son posibilidades que tienen que evaluarse”, agregó.Salgado Tantte anotó que lo que se tiene que ver también es que se respete y se mantenga la cohesión interna como Estado nacional. Subrayó que el talento de los estadistas reside, justamente, en conciliar al Gobierno Central con el gobierno regional y que se abstiene de fijar una posición sobre cuestiones de fondo.“[¿Si es que se encuentran vacíos, la cancelación del proyecto va como posibilidad también?] Yo no puedo descartar eso, de la misma manera en que a nivel del Sistema Interamericano no puede sostener el Estado que Conga va sea como fuere, tampoco se puede decir que Conga no va. Yo ahí si soy escéptico y me abstengo en ese sentido”, señaló.“La posición del Estado es stricto sensu a la medida cautelar y a anunciar que está en proceso un Estudio de Impacto Ambiental que fue aprobado durante el gobierno de Alan García con una serie de temas y con todas las características que conocemos, estos son los elementos que tendrán que ser tomados en cuenta”, detalló.

Reunión de trabajo privada durará 45 minutos

En otro momento, explicó que la reunión de trabajo –y no audiencia– que realizará la CIDH en Washington duraría aproximadamente 45 minutos y que la misma se ceñirá a la medida cautelar presentada y no otros aspectos que podrían considerarse de orden político.

“La reunión de trabajo son 45 minutos, es una reunión privada sin público ni prensa, donde seguramente los representantes de esas organizaciones intervendrán unos 10 o 15 minutos, el Estado va a responder en función de eso también, ceñido a la medida cautelar, habrá un intercambio de dos o tres minutos y se acaba la reunión de trabajo”, indicó.

“Lo que tú mencionas ya entra en el campo de lo político, de solución de conflictos, de problemas medioambientales, que es los sustantivo y el fondo central del asunto. […] Estamos diciendo que el proyecto está detenido, que se está en proceso un Estudio de Impacto Ambiental, que se está discutiendo un reglamento de la Ley de Consulta Previa, que está por verse o determinarse la valoración económica de los acuíferos subterráneos, de los ecosistemas, […] son temas que se tienen que tomar en su momento”, declaró.

Dirigentes tendrán garantías para viajar 

En otro momento, aseguró que el secretario de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, Milton Sánchez y otros dirigentes tendrán las garantías para viajar a Washington, Estados Unidos, y presentar su posición sobre el proyecto Conga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fue al referirse el inicio de una investigación contra 40 dirigentes que participaron de la organización de una protesta regional en Cajamarca y al ser consultado por las declaraciones de Milton Sánchez, quien dijo esperar que no se ordene su detención en el periodo en que tenga que asistir a ese organismo interamericano.

“Aquí estamos en un problema magno [el procesamiento], vasto, grande, complejo, que tiene el Estado que evaluarlo con mucha serenidad, con objetividad y con entendimiento, inteligencia, entonces en este caso, si hay algunos dirigentes que están por viajar ante la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] a dar sus testimonio, a dar su palabra, su declaración tienen que poder tener todas las garantías de poder salir”, aseveró.

“[Milton Sánchez dijo ayer que de pronto está en el aeropuerto y lo detienen ¿eso no va a pasar?] Si es así, si es que se produjera eso, pues él que se ponga en contacto inmediatamente con las autoridades y yo no tengo ninguna duda de que va a poder salir a cumplir con esto”, agregó.

El abogado del Estado subrayó, no obstante, que en un Estado de Derecho los disturbios que ocurrieron durante la protesta contra el proyecto de la minera Yanacocha, tienen que ser investigados y, eventualmente, ser materia de una denuncia penal.

“Entendemos que hay 40 dirigentes o algo así, esto hay que mirarlo con perspectiva y filosofía de Estado, es un tema delicado, han ocurrido algunas cosas que son o pueden ser materia de una denuncia penal, ese es un tema que en un Estado de Derecho tiene que respetarse, que entenderse, tiene que investigarse y, eventualmente, sancionarse, y además guardando las dimensiones y proporciones”, remarcó.

Defiendo prestigio del Estado y no tomo posición

Subrayó, igualmente, que su rol como procurador es el de defender la imagen y el prestigio del Estado peruano y que no fija posición por ninguna de las tres corrientes que se deslizan a partir del proyecto Conga.

“Hay cuestiones de fondo frente a lo cual hay posiciones, hay algunos que dicen que Conga va sí o sí, otros tienen serias dudas, quizás no, pero se puede arreglar y otros dicen Conga no va de ninguna manera. Yo no voy a entrar en este momento a tomar posición, tengo una posición y la dije aquí en diciembre y la mantengo, además, con todo respeto, teniendo en cuenta de que en toda sociedad y en un Estado, que es muy grande y hay posiciones”, recalcó.

“El hecho de que se haya convocado o llamado a un peritaje internacional con algunos cuestionamientos, pero, por otro lado, tenemos el informe de Grufides que el gobierno regional ha hecho suyo y que además los peritos tendrán que revisar ese informe nos va diciendo algo. Yo no voy a entrar a definiciones tajantes ni contundentes, en ningún sentido ni en otro, lo que hago es defender la imagen y el prestigio del Estado peruano porque esa es mi obligación y es en ese contexto en que me desenvuelvo sobre la base, además, de los derechos humanos”, declaró.

No se cumple requisitos para que acojan medida cautelar

El procurador confirmó que el Estado ya respondió a la Comisión Interamericana en base a un informe que recopila información de los distintos sectores involucrados: el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Cultura.

“Ya hemos respondido en esa instancia en el sentido de que no se cumplían los requisitos para una medida cautelar en el marco de la Convención Americana y del reglamento de la Comisión Interamericana, vale decir la extrema gravedad, la urgencia y la inminencia de un daño irreparable a alguno de los derechos protegidos por la Convención, en este caso, fundamentalmente referida a la vida, a la integridad y las garantías judiciales”, puntualizó.

“Desde ese punto de vista, se estaba solicitando que se detuviera el proceso y que se paralizara el proyecto Conga, con una medida cautelar. Ya se anunció inclusive que cuando estaba el gabinete de Salomón Lerner, el Estado mismo anunció que se detenía el proyecto Conga y se anunció un peritaje al EIA, se levantó el estado de emergencia y se inició un proceso de negociación con altos y bajos y esa es la posición del Estado ceñida estrictamente a la medida cautelar”, acotó.


Secretario de la Plataforma Institucional de Celendín indicó que existe temor entre los dirigentes por eventuales denuncias y detenciones. arbitrarias.

Existe el temor de que haya detenciones arbitrarias 

Ideeleradio.- Espero que la justicia no actúe de manera sospechosa ni que se ordene mi detención en el periodo en que tenga que viajar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, donde se abordará el caso del proyecto Conga, afirmó Milton Sánchez, secretario de la Plataforma Institucional de Celendín.

Fue al referirse a la medida cautelar que presentó un grupo de organizaciones no gubernamentales, como Aidesep, CCP, CNA, Conacami y Onamiap, tras el estado de emergencia que decretó el Gobierno en Cajamarca, a consecuencia de los disturbios que se registraron el año pasado.

“[¿Usted ha sido denunciado?] Sí, efectivamente. Hasta el momento no sé cuántas denuncias tengo. Si no me equivoco tengo un promedio de 6 o 7 denuncias. Ojalá no actúe la justicia de manera sospechosa o quizás nos detengan antes para impedir que nosotros viajemos hacia el lugar donde vamos a exponer sobre el proyecto Conga [CIDH]”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No solo eso, sino que es parte de la campaña que se está realizando contra los líderes, dirigentes, organizaciones de Cajamarca, por ejemplo en la Plataforma Institucional de Celendín se ha denunciado que nosotros tenemos denunciado a la prensa de Celendín, incluso en un reportaje de Frecuencia Latina se hablaba de una lucha armada, cosa que nosotros rechazamos tajantemente y sugerimos que sean más responsables porque no contribuyen a buscar una solución pacífica a este problema”, acotó.

El dirigente indicó que existe un temor entre los dirigentes de la Plataforma Institucional de Celendín y, en particular, en todas las organizaciones sociales de Cajamarca por eventuales denuncias y detenciones arbitrarias. Por ello, pidió al Poder Ejecutivo que se les permita explicar sus puntos de vista.

“Nosotros tememos ese hecho [de ser detenidos arbitrariamente] y alertamos oportunamente para que nos dejen [realizar nuestra defensa]. Si no encontramos justicia acá tenemos que buscar justicia a nivel internacional y creemos que el Gobierno debe permitir que ofrezcamos nuestro punto de vista y los medios de comunicación no deben satanizar nuestra lucha”, subrayó.

Exposición ante la CIDH será el 24 de marzo 

Detalló que la exposición prevista en torno al proyecto Conga fue programada para el próximo sábado 24 de marzo y estimó que en esta reunión también participaría el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, además del procurador público supranacional Luis Alberto Salgado Tantte.

“Uno de los petitorios es que se deje sin efecto las licencias que se ha hecho a la empresa minera [del proyecto Conga]. También, se está pidiendo un cese a la represión del Estado. Eso es un tema crucial porque sigue habiendo la represión militar en torno al manejo de este conflicto”, denunció.

“La delegación está integrada por representantes o miembros del Pacto de Unidad, un abogado también y en este caso representando a las organizaciones donde se encuentra el problema [en torno al proyecto Conga] se ha determinado mi participación como parte de la Plataforma Institucional de Celendín, que venimos actuando por más de cinco años en este asunto”, acotó.

Gobierno no tendrá argumentos

Finalmente, consideró que la defensa del Estado, a través del procurador público Luis Alberto Salgado, no tendría fundamento, si plantean que en Cajamarca existe una paz social en torno al proyecto Conga.

“Ahí tendríamos que precisar varias cosas. Una de ellas es precisamente que ellos manifiestan que cuando está en evaluación el proyecto Conga es referido al peritaje que está planteando el Gobierno. El peritaje que plantea el Gobierno no es para ver la viabilidad o no del proyecto, sino para mejorar el Estudio de Impacto Ambiental”, aseveró.

“Es decir, [el peritaje] es para mejorar el trabajo de una empresa minera con [una inversión de] 600 mil soles, que es de todos los peruanos. Nosotros creemos que esto no debe pasar en nuestro país y, precisamente, eso es lo que nosotros vamos a denunciar en esas instancias”, concluyó.