Archivos para marzo, 2014


Por:
Juan Arribasplata (26/03/2014)

En una conferencia en Lima el día de ayer, el empresario minero Roque Benavides, presidente ejecutivo de Buenaventura, el mayor productor peruano de metales preciosos con el 43,65% de acciones de Minera Yanacocha, señaló que mientras el proyecto Conga está suspendido les da tiempo para explorar otras áreas como el Cerro Quilish. Ante estas declaraciones, Noticias SER recogió las opiniones de diversos líderes de opinión y analistas cajamarquinos.

La coordinadora de la Red de Promoción de la Mujer Rural de Cajamarca, Aurora Portal, dijo que Roque Benavides se va a otros lugares a dar esas declaraciones para dar la impresión de que Conga está paralizada y con el cerro Qulish no hay ningún conflicto. “Hemos luchado bastante para que no se explote el cerro Quilish y ahora no sé porque sale este señor a decir eso. Este cerro está muy cerca de Cajamarca y no creo que la población permita su exploración ni su explotación porque ahí si nos quedaríamos sin agua”, dijo.

Portal agregó que si hay algún movimiento de tierras en el cerro Qulish, desde su organización se estarían movilizando nuevamente tanto para decirle no al proyecto Conga como para la protección del cerro Quilish. “Como nos van a dar esa noticia, es una provocación. Aunque también hay un poco de gente que prefiere el oro en Cajamarca, como si del oro vivieran. El oro se va del Perú y no lo vemos, ni el canon se ve, pero el agua es muy importante. El señor Roque Benavides habla del Quilish como si fuera de su propiedad”, dijo.

El sociólogo Jorge Pereyra dijo que las declaraciones de Benavides son muy irresponsables porque no se ha logrado la licencia social en el caso de Conga, ya que hay un enorme rechazo de la población de Cajamarca, y ahora se pretende apagar el fuego con gasolina trayendo a colación el tema de Quilish. “Quilish es un tema muy sensible en la población de Cajamarca. Inclusive las movilizaciones contra la explotación del Quilish fueron las más grandes y masivas de la historia de Cajamarca. Primero deberían avocarse a lograr la licencia social, para después destapar esto”, dijo.

Por su parte, el ex decano del Colegio de Arquitectos de Cajamarca y ex candidato a la alcaldía, Fernando Silva, dijo que Benavides primero tiene que terminar el tema de Conga para empezar hablar del cerro Quilish. Consideró que es un gran error de siempre del sector privado el actuar de manera unilateral, sin considerar el tema de la licencia social. “Es plausible de ser explotado, pero ahora tenemos el impacto sobre los directamente involucrados como es la comunidad cajamarquina y los lugares que están directamente afectados por la minería. Benavides antes de lanzar algún tipo de declaración tiene que analizar sobre todo la relación que existe entre la minería y la población cajamarquina”, refirió.

Manifestó que Benavides se ha lanzado a hablar sobre una herida abierta como es Conga para abrir otra más como es el Quilish. “La soberbia no nos va a llevar a ningún lugar y yo invocaría a Benavides que sea más reflexivo y no hacer comentarios que suenan provocadores, que no ayudan a la promoción de las inversiones. Tenemos yacimientos importantes que explotar pero con las debidasresponsabilidadesambientales y relaciones sociales que tengan que ver con la misma”, precisó.

Finalmente, Dina Mendoza, presidenta del Consejo Regional de la Mujer, dijo que Benavides y todos los representantes de Minera Yanacocha pretenden burlarse del pueblo de Cajamarca haciendo declaraciones absurdas. “Mientras el cerro Quilish tenga la ordenanza y sea una área protegida no podrían explorar nada, porque estarían atentando contra la vida porque el agua del cerro Quilish es la que alimenta la parte baja de Cajamarca. El señor Benavides está buscando más problemas en Cajamarca. El tema es que sabemos que están trabajando en Conga mientras nosotros dormimos”, dijo.

Mendoza dijo que lo que está haciendo Minera Yanacocha es amenazar, por lo que en los próximos días mantendrán una reunión para tomar las medidas correspondientes para hacer frente a estas provocaciones. “Vamos a llamar urgente a una reunión para ver este tema, porque las organizaciones de mujeres están muy unidas. No es posible que se lancen estas declaraciones que son un insulto al pueblo de Cajamarca”, señaló.

Fuente:


Roque Benavides precisa que el escenario es oportuno para socializar proyecto minero. 

Buenaventura: Quilish es la alternativa a Conga

Roque Benavides, Minera Yanacocha

Minera Yanacocha podría ejecutar su suspendido proyecto Cerro Quilish en una fecha posterior, señaló el presidente ejecutivo de Buenaventura, Roque Benavides, uno de los socios del proyecto minero.

Conga, donde Newmont y Buenaventura han invertido US$1.500 millones hasta ahora, se paralizó tras las protestas ambientales del 2011, mientras que Cerro Quilish, que albergaría 3 millones de onzas (Moz) en recursos auríferos, fue suspendido por las manifestaciones del 2004.

“Conga nos da tiempo explorar en otras áreas y socializar Quilish, que de repente se puede sacar más adelante”, comentó Benavides en una conferencia en Lima. “No hay muchos proyectos como Conga en el mundo; no se pueden sacar como un conejo de un sombrero”, precisó.

GASTO PÚBLICO INEFICIENTE

Según Benavides, los conflictos sociales que han frenado miles de millones de dólares en inversión minera se deben a la frustración ante un gasto público ineficiente, incluso pese a que las regalías mineras aumentaron hasta alcanzar un récord de 5.000 millones de soles (US$1.800mn) el año pasado.

“Los recursos no llegan a las regiones”, advirtió Benavides. “Las trasferencias a provincias se tienen que hacer con más eficiencia por parte del gobierno”, complementó.

Por su parte, José Antonio Roca, gerente de Inversiones del Fondo de Pensiones Prima AFP, en la misma conferencia, señaló que las elecciones regionales y municipales previstas para octubre, que suelen estimular las protestas, “serán un test importante para el país”.

DATOS

– Conga es uno de los mayores proyectos de inversión en la cartera minera de Perú, valorada en US$60.000 millones. La producción promedio en sus primeros cinco años se calcula en 650.000 – 7

– Buenaventura, el mayor productor peruano de metales preciosos (NYSE: BVN), es dueño del 43,65% de Yanacocha.


Un nuevo informe de investigadores de la Universidad de Oxford, Inglaterra, argumenta que las grandes represas son una inversión riesgosa: no se ajustan a los prespuestos proyectados, ahogan en deudas a las economías emergentes y no resultan en los beneficios prometidos. ¿Alguna vez han tenido sentido estos proyectos?

Lauren Everitt
BBC, San Francisco 

Basta echar un vistazo sobre el muro de 60 pisos de alto de la Presa Hoover (entre Arizona y Nevada en Estados Unidos) para que cualquiera sienta un hormigueo en la piel. El concreto con el que fue construida podría pavimentar una carretera desde Nueva York a San Francisco. Es una barrera colosal promocionada como un símbolo del dominio del hombre sobre la naturaleza y como una maravilla de la ingeniería del siglo 20.

Se dice que la represa ayudó a que la economía estadounidense arrancara después de la Gran Depresión, controlando al río Colorado -propenso a inundaciones- y generando energía hidráulica barata para los áridos estados del suroeste del país.

Pero lo más «milagroso» es que la Presa Hoover fue completada dos años antes de lo programado y costó unos US$15 millones menos de lo presupuestado.

Los críticos del megaproyecto, sin embargo, afirman que la Presa Hoover es una anomalía.

Los investigadores de Oxford revisaron 245 grandes represas: aquellas con una altura de más de 15 metros y que fueron construidas entre 1934 y 2007.

Descubrieron que 96% de estos proyectos sobrepasaron sus presupuestos aprobados: la represa Itaipú en Brasil se excedió 240% y tomó 8,2 años construirla.

En la gran mayoría de los casos, dicen los autores, las megarrepresas no son económicamente viables.


La construcción de Belo Monte fue suspendida en 2011.

Fiebre de construcción

Pero después de un período de calma de dos décadas, una vez más se está pregonando a estos proyectos como el boleto para la prosperidad. Desde China hasta Brasil, pasando por Pakistán y Etiopía, todos se precipitan a construirlos.

Ya que se espera que el consumo de electricidad en el mundo se incremente más de 56% entre 2010 y 2040 -según el informe de International Energy Outlook de 2013- la energía hidráulica es una alternativa tentadora.

Más del 90% de la energía renovable proviene de represas, según la Comisión Internacional de Grandes Presas.

Andy Hughes de la Sociedad Británica de Presas apunta a Laos y Vietnam como ejemplos resplandecientes de países constructores de presas que han logrado dominar la energía hidráulica.

«Construyen represas, generan energía hidráulica y después exportan esa energía a otros países, así que es una cosecha abundante de dinero para ellos», dice Hughes.

Pero Bent Flyvbjerg, el principal autor del estudio sobre represas de la Universidad de Oxford, afirma que estos proyectos «no son neutrales ni en sus emisiones de carbono ni en las de gases de efecto invernadero». Las enormes cantidades de concreto que se requieren para construirlas dejan una enorme huella de carbono, señala.



Grande contra pequeño

Pero subraya que su argumento no es en contra de las presas como tal sino de las megrapresas.

«No aceptamos que se trate de una discusión de la energía hidráulica de las grandes presas contra los combustibles fósiles. Nos gustaría que la discusión fuera de las grandes presas frente a los pequeños proyectos de energía hidráulica» asegura.

Otros, como Peter Bosshard del grupo ambientalista International Rivers, dicen que el cambio climático amenaza con alterar los patrones de clima de forma impredecible.

«Si ponemos todas nuestras esperanzas de energía en una sola gran represa, estamos tomando un enorme riesgo porque no sabemos qué patrones de precipitación tendremos en el futuro» afirma.

El costo de estas «bestias» es el principal enfoque del estudio de Oxford.

Flyvbjerg asegura que el precio de US$14.400 millones de la presa Belo Monte en Brasil podría incrementarse a US$27.400 millones superando cualquier beneficio y sumergiendo al país en una montaña de deudas.

Por lo menos, dice, Brasil tiene una economía robusta. Pero para muchas otras economías emergentes, las megarrepresas son sinónimo de desastre.

Algunos países solicitan préstamos enormes, a menudo en moneda extranjera, lo cual los hace vulnerables a las fluctuaciones en las tasas de cambio. Y cuando las represas no brindan los beneficios prometidos estas naciones sufren un golpe tremendo.

«Es como un toro en una tienda de porcelana: estos proyectos son demasiado grandes y demasiado riesgosos para que las economías más frágiles del mundo puedan enfrentar el desafío», expresa el autor.

Agrega que incluso cuando un proyecto se excede en costo y tiempo, los gobiernos se muestran renuentes a abandonarlo.

«Una represa realmente es un activo inútil si no está terminada. Incluso si está 99% finalizada, no se puede usar. O está lista o no lo está» expresa Flyvbjerg.

Pero según Andy Hughes las represas tienen muchas ventajas. Los críticos, dice, deberían plantearse varias preguntas: «¿De qué otra forma se puede generar energía, de qué otra forma podemos darle a la gente agua potable, de qué otra forma podemos irrigar granjas, de qué otra forma podemos tratar las aguas residuales?».

Y además, agrega, las presas crean empleos. El proyecto de la presa hidroeléctrica de Belo Monte proyecta la creación de unos 20.000 empleos.

«Nadie gana»
Hughes afirma que estos proyectos pueden jugar un rol importante para mitigar el cambio climático. Durante condiciones de sequía, los embalses proveen agua potable y para irrigación, y durante los períodos de lluvia son clave para proteger de inundaciones, señala.

Julia Jones, hidróloga de la Universidad Estatal de Oregon, Estados Unidos, argumenta que estas afirmaciones apoyan su estudio sobre represas en la cuenca del río Columbia en el noroeste del Pacífico.

«Ha habido un incremento neto en la disponibilidad de agua durante tiempos de sequía y en la protección de sitios durante inundaciones, lo cual es exactamente el objetivo que intentan las represas», explica.

«Esto sugiere que hay una adaptación y que podrían tener una capacidad suficientemente grande para enfrentar el futuro cambio climático». Pero subraya que todo dependerá de cuán grande sea el impacto del cambio climático.

El verdadero beneficio de las represas podría simplemente reducirse a la perspectiva, dice Jones.

«Todo depende de quién está sentado en la mesa» explica. «Durante medio siglo o más ha habido mucha controversia sobre el contexto más amplio en el que estos proyectos están construidos. Es decir, quién pierde su sustento, quién gana en la construcción de la represa y cuáles son los costos y beneficios medioambientales».

Para Hughes, se trata más bien de una trampa en la que «serás malo si lo haces, serás malo si no lo haces».

«Mi opinión es que nunca se gana con una represa. Si la construyes serás criticado, pero una vez que está terminada la gente dice: ‘¿y porqué hicieron tanto escándalo?’. Pero en el momento que tratas de demoler una presa te critican por dañar el hermoso medio ambiente. Así que me temo que se trata de un ejercicio en el que nadie gana».



La presa de Tarbela en Pakistán contiene el mayor embalse del mundo.

Fuente: BBC – http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/03/140311_grandes_represas_fracasos_men.shtml





Lea “¡La catástrofe climática está a la vuelta de la esquina!”, la columna de Álvaro Durand

 
Por: Alvaro Durand – @alvarodurand 
 
El cambio climático es real y los responsables somos nosotros. No lo digo yo. Lo dice el 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, o IPCC por sus siglas en inglés.

Si no quieres leer las más de mil páginas escritas por más de doscientos cincuenta científicos de treinta y nueve países (y otros mil expertos que revisaron el informe antes de su publicación en setiembre de 2013), aquí te canto las principales conclusiones.

Los científicos del IPCC consideran que el 95% de la evidencia señala que el principal responsable del calentamiento global generado en los últimos sesenta años es el ser humano. Sí, tú y tus actividades contaminantes.

Los expertos también coinciden en que si no disminuimos drásticamente nuestras emisiones de CO2 (la quema de energías fósiles principalmente), la depredación de los recursos, el consumo desmedido y el mal manejo de los desechos, un aumento de dos grados centígrados en la temperatura sería inevitable hacia finales de siglo, lo que resultaría en trastornos climáticos incontrolables.

El deshielo de los casquetes polares inundaría ciudades enteras y cambiaría los ecosistemas del mundo. Especies enteras desaparecerían. Los desplazados climáticos se contarían por millones. En el nuevo escenario, las catástrofes climáticas de gran magnitud, o lo que antes llamábamos tormentas del siglo, podrían asolarnos cada veinte años. De hecho, ya hemos visto algunas. ¿O creías que el huracán Katrina o el vórtice polar que azotó Nueva York hace poco fueron eventos aislados?

El panorama para América Latina también es sombrío. El Perú, por ejemplo, a pesar de que emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero, es el tercer país más vulnerable frente a los efectos del cambio climático. Los sectores más afectados serán la agricultura, la pesca y el turismo. Las inundaciones y sequías van a afectar negativamente la producción de maíz, papa y arroz, parte de la canasta básica familiar.

Y es que somos uno de los países con mayor diversidad biológica. Poseemos 27 de los 32 climas del mundo, 84 de las 104 zonas de vida en el planeta, el 71% de los glaciares tropicales del mundo y el segundo bosque amazónico más grande después de Brasil, entre otras riquezas ecológicas que entrelazan la economía y nuestras vidas al clima.

Sin embargo, Lima se sigue moviendo con un parque automotor obsoleto que contamina el aire con niveles de azufre que superan el 472% y continúa desaguando sus desperdicios en el mar que baña sus costas. La ciudad de La Oroya se mantiene inscrita en la penosa lista de las diez ciudades más contaminadas del planeta y en la selva la minería ilegal sigue talando bosques vírgenes y derramando mercurio, plomo y arsénico en los ríos.

Muchas empresas formales también contaminan la tierra, a sus habitantes y al agua que consumen, y luego son blindadas desde la CONFIEP y la cartera de Energía y Minas. Así funciona la vaina en el Perú.

Si no, pregúntenle a la minera Yanacocha por el derrame de mercurio en Choropampa hace quince años, o su reciente intento por secar las cabeceras de cuenca en Conga y las muertes que ya va sumando su proyecto. Preguntemos a la OXY y a Pluspetrol por lo sucedido en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en el norte de Loreto. Y preguntemos nuevamente a Pluspetrol por el derrame de crudo en territorio de la etnia Kokama, en el lote 8x, en pleno Parque Nacional Pacaya Samiria.

Pero también preguntemos a la candiense Pacific Rubiales cómo ha logrado detener la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor en la frontera con el Brasil. Y al grupo Palmas, de Dionisio Romero, por las más de veinte mil hectáreas de bosques primarios que pretende arrasar en Loreto para sembrar palma aceitera en nombre del desarrollo y de los cultivos alternativos. ¿Informarán sobre las toneladas de CO2 que se liberan con la deforestación?

Preguntemos, pues, al expresidente Alan García por la demencial concesión del 70% de nuestra selva para la extracción de hidrocarburos y el cultivo de biocombustibles. La sabanización de la Amazonía a la vuelta de la esquina.

Mientras tanto, los imponentes glaciares en la cordillera retroceden y el agua en Lima ya empieza a escasear. En la costa norte la sequía y la desertificación comienzan a enterrar pueblos como San Pedro de Lloc. El verano ahora es más caliente y la piel duele si la expones mucho tiempo al sol. En el Cusco, el patrón de las lluvias ha cambiado para siempre. Durante el invierno, la helada golpea más fuerte y con mayor frecuencia. Ahora caen más huaycos, los ríos se desbordan más a menudo y hay más inundaciones. Todo está conectado.

En ese sentido, debemos implementar medidas de mitigación y de adaptación, atraer fondos financieros y de investigación, así como invertir en sistemas de información. Pero también es fundamental empezar la transición hacia energías limpias y renovables. Más allá de la energía hídrica, en Arequipa y Puno tenemos un enorme potencial para almacenar energía solar. En la costa norte y sur el viento es favorable para promover la energía eólica. Y desde Cajamarca hasta Tacna tenemos identificadas 156 fuentes de energía geotérmica.

Si el Perú tiene una oportunidad para poner estos temas en la agenda mundial, esa oportunidad única se va a dar en diciembre de este año durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20), la cumbre climática que se celebrará en Lima durante dos semanas con la participación de doce mil representantes de 194 países y varias organizaciones indígenas que podrían definir el futuro del planeta.

Desgraciadamente, las señales desde el gobierno no son positivas. El jueves de la semana pasada, el mismo día en que el empeñoso Ministerio del Ambiente lanzaba la campaña “Pon de tu parte – Compromisos por el Medio Ambiente”, Eleodoro Mayorga, el nuevo ministro de Energía y Minas, nos traía de vuelta a la realidad en su primera declaración pública. El flamante ministro anunció un nuevo reglamento de hidrocarburos en el que se eliminan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la sísmica petrolera, a cambio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el equivalente a una simple declaración jurada. Así las cosas, parece broma que el año 2014 haya sido designado por el gobierno peruano como el Año de la Promoción de la Industria Responsable y el Compromiso Climático.

Esperemos que el presidente resuelva esta crisis teniendo en cuenta la cita histórica a la que nos han comprometido nuestros gobernantes y la catástrofe climática que finalmente ellos han ayudado a generar.


El feminismo reactiva la lucha contra el ‘extractivismo’ en América Latina

Marcha de mujeres amazónicas en Ecuador. MIRIAM GARTOR

De sur a norte las venas de América Latina siguen sangrando. Proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas trasnacionales a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías estatales. Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso de extracción y exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones afectadas.

Pese a que las mujeres han estado presentes en las resistencias socio-ambientales contra los proyectos extractivos, sus luchas no siempre han sido visibilizadas. Sin embargo, en las últimas décadas, la masiva presencia de mujeres y su rol protagónico en la defensa del territorio ha cobrado visibilidad en la medida en que se ha ido profundizando el proceso de despojo.

Sus voces, que parten de la pluralidad de enfoques y posicionamientos, revelan el impacto que las actividadesextractivas producen en las relaciones de género y en la vida de las mujeres. Algunas se sitúan en los feminismos populares y comunitarios, otras parten desde los ecofeminismos, y muchas no se reconocen como feministas de forma explícita. Pero todas ellas, desde su diversidad, comparten el horizonte de una lucha post-extractivista, descolonizadora y antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las resistencias. Su principal aporte: sacar a la luz los estrechos vínculos entre extractivismo y patriarcado.

Trata de mujeres y niñas

Los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana, la explotación minera de Cajamarca en Perú o la ruta de la soja en Argentina comparten una realidad común. En todos estos lugares, afectados por las actividades extractivas, la masiva llegada de trabajadores ha provocado el incremento del mercado sexual. El alcohol, la violencia, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se establecen en la cotidianidad de los pueblos como expresión de una fuerte violencia machista. Un informe realizado en el marco del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería que se celebró en Bogotá en octubre de 2011, señala que “aparecen situaciones críticas que afectan directamente a las mujeres, tales como la servidumbre, trata de personas, migración de mujeres para prestar servicios sexuales (…) y la estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución”.

Por otro lado, el modelo extractivista conlleva la militarización de los territorios, y las mujeres se enfrentan a formas específicas de violencia debido a su condición de género. Esto incluye, en numerosas ocasiones, agresiones físicas y sexuales por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas.

Desde esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la mujer son concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese paralelismo, los movimientos feministas contra los proyectos extractivos han construido un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender. La recuperación del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa del territorio-tierra. Una reinterpretación en la que el concepto de soberanía y autodeterminación de los territorios se amplía y se vincula con los cuerpos de las mujeres.

Son las mujeres Xinkas en resistencia contra la minería en la montaña de Xalapán (Guatemala) quienes, desde el feminismo comunitario, construyen este concepto. Plantean que defender un territorio-tierra contra la explotación sin tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que están siendo violentados es una incoherencia. “La violencia sexual es inadmisible dentro de este territorio porque entonces ¿para qué lo defiendo?”, se preguntaba Lorena Cabnal, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán – Jalapa.

“Las mujeres somos una economía en resistencia”

La penetración de industrias extractivas en los territorios desplaza y desarticula las economías locales. Rompe con las formas previas de reproducción social de la vida, que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Este proceso instala en las comunidades una economía productiva altamente masculinizada, acentuando la división sexual del trabajo. El resto de economías no hegemónicas – la economía popular, de cuidados, etc. –, que hasta ese momento han podido tener cierto peso en las relaciones comunitarias, pasan a ser marginales.

En un contexto donde los roles tradicionales de género están profundamente arraigados y donde el sostenimiento de la vida queda subordinado a las dinámicas de acumulación de la actividad extractiva, los impactos socio-ambientales como la contaminación de fuentes de agua o el aumento de enfermedades incrementan notablemente la carga de trabajo doméstico y de cuidados diario que realizan las mujeres.

“Hay miles de experiencias productivas y económicas desde las mujeres que a partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías en resistencia.” A través de esta idea, adoptada de forma colectiva en el Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares celebrado en Ecuador en junio de 2013, las mujeres plantean otra forma de hacer economía. Una economía basada en la gestión de los bienes comunes que garantiza la reproducción cotidiana de la vida. Tal y como asegura la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa, la presencia de las mujeres en las luchas socio-ambientales ha impulsado un nuevo lenguaje de valoración de los territorios basado en la economía del cuidado. Detrás de esas luchas, por lo tanto, emerge un nuevo paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad.

El extractivismo y la reconfiguración del patriarcado

“La presencia de hombres de otro lugar que ocupan las calles, se ponen a tomar [beber alcohol] y fastidian a las mujeres, genera que éstas no puedan salir a tomar un café porque las tratan como a putas”, cuentan las mujeres en Cajamarca, una de las regiones más afectadas por las actividades mineras en Perú.

En un contexto de acelerada masculinización del espacio, el extractivismo rearticula las relaciones de género y refuerza los estereotipos de masculinidad hegemónica. En las zonas en las que se asientan las industrias extractivasse consolida el imaginario binario basado en la figura del hombre proveedor donde lo masculino está asociado a la dominación. En esta recategorización de los esquemas patriarcales, el polo femenino queda ubicado en la idea de mujer dependiente, objeto de control y abuso sexual.

En definitiva, tal y como señala un estudio publicado por Acsur-Las Segovias, las aspiraciones colectivas que rodean a las actividades extractivas están fuertemente influidas por patrones masculinos, por imaginarios masculinizados. En este sentido, las experiencias feministas permiten visibilizar el extractivismo como una etapa de reactualización del patriarcado. La investigadora y activista social mexicana Raquel Gutiérrez sostiene que “extractivismo y patriarcado tienen una liga simbiótica. No son lo mismo, pero no puede ir el uno sin el otro.”

Protagonistas de la resistencia

Cuando la empresa Yanacocha adquirió el proyecto minero Conga en 2001, nunca imaginó que una sola mujer pondría en riesgo sus aspiraciones. Máxima Acuña se enfrenta con firmeza a uno de los gigantes de la minería. Se niega a entregar sus tierras, ubicadas frente a la Laguna Azul de la región peruana de Cajamarca, a una empresa que ha sido varias veces denunciada por la adquisición irregular de terrenos privados. Desde el año 2011 Máxima y su familia han sido víctimas de violentos intentos de desalojo por parte del personal de la minera y de la policía estatal. Entre amenazas, intimidaciones y hostigamientos, resiste a un proceso judicial plagado de irregularidades que la empresa interpuso bajo el cargo de usurpación de tierras.

En junio de 2008 Gregoria Crisanta Pérez y otras siete mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala,  Guatemala, sabotearon el tendido eléctrico interrumpiendo el suministro de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. Durante cuatro años recayó sobre ellas una orden de captura por sabotaje del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de 2012, los cargos penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar parte de las tierras de Gregoria, que venían siendo utilizadas de forma irregular por la empresa.

Las mujeres del pueblo de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), a la que lograron expulsar de sus tierras en el año 2004. El Estado ecuatoriano había concesionado el 60% de su territorio a la empresa, sin realizar ningún proceso de información ni consulta previa. Fueron las mujeres quienes, desde el principio, tomaron la iniciativa. Cuando el ejército incursionó en su territorio militarizando la zona en favor de la petrolera, ellas les requisaron su armamento. El ejército quiso negociar la devolución de las armas de forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por las mujeres, convocó a toda la prensa del Ecuador para sacar el caso a la luz pública. En el año 2012, tras una década de litigios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de los derechos del pueblo de Sarayaku.

Estos y otros casos ilustran el panorama anti-extractivista latinoamericano en el que las mujeres se alzan como protagonistas de la resistencia, incorporando nuevos mecanismos de lucha y reivindicando su propio espacio. En su comunicado, las mujeres amazónicas que en octubre de 2013 caminaron durante más de 200 km en contra de la XI Ronda Petrolera en Ecuador, proclamaban: “Defendemos el derecho de las mujeres a defender la vida, nuestros territorios, y a hablar con nuestra propia voz”.

Fuente: http://www.lamarea.com/2014/02/17/ecuador-extractivismo-mujeres/


Foto: Actualidad Ambiental

 

El especialista del colectivo Amazonía e Hidroeléctricas, José Serra, señaló que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico Chadín II -aprobado a fines del mes pasado- no tomó en cuenta una serie de componentes que lo harían insostenible ambiental y socialmente.

En entrevista con Servindi, Serra dijo que dicho proyecto de AC Energía S.A., subsidiaria de la transnacional brasileña Odebrecht, tiene previsto ejecutarse en algunos distritos de las provincias de Luya y Chachapoyas (Amazonas), y en otros tantos de la provincia de Celendín (Cajamarca).

Serra Vega detalló que el proyecto desplazaría a cerca de mil pobladores para dar paso a la inundación de un área de 3,250 hectáreas. Asimismo, lamentó que no se quieran estudiar otras alternativas de aprovechamiento de la zona, a través de actividades como el turismo.

ASPECTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS DEL EIA

Para el especialista, el EIA tiene cuatro aspectos negativos importantes: “Primero, la alteración del caudal del río, porque si usted pone un dique para bloquear el curso del río, lo que fluía antes según los pulsos estacionales, estación de lluvia, estación seca, ya no va fluir igual, porque el agua se va soltar según las necesidades de generación de electricidad y eso altera toda la vida aguas abajo de la represa”.

“Segundo, es que los sedimentos que antes bajaban con las aguas del río en la época de lluvias, serían bloqueados por la represa. En la época de lluvia bajan cantidades de arcilla, gravas, arenas, etcétera, que ahora van a quedarse acumuladas contra esa pared que van a encontrar, esos sedimentos traen cantidades de vida, traen microorganismos, elementos minerales que son necesarios para la vida del río, río abajo”, agregó.

Como tercer punto negativo, Serra dijo que “los peces ya no podrán subir y bajar el río. Según el EIA hay 21 especies pero pueden ser más porque, como le digo, el río nunca ha sido estudiado desde el punto de vista científico y algunas de esas especies se extinguirán definitivamente porque tienen sitios de desove que seguramente está aguas arriba y ya no tendrán probabilidad de llegar a ellos”.

Asimismo, señala que “el cuarto punto es la deforestación, porque yo he calculado que unas 12 mil hectáreas serían deforestadas, la compañía promete compensar con la reforestación de 5 mil hectáreas pero hay una parte importante que no sería compensada si mis cálculos son correctos”.

Por otro lado, agrega Serra, el EIA también tiene puntos positivos. “La parte positiva es que han hecho algunos estudios sobre la botánica, la fauna, la flora, de una zona que es completamente desconocida desde el punto de vista científico. Esto es un aporte al conocimiento del Valle del Marañón. Desde el punto de vista estricto de EIA me parece que hay muchas cosas que ellos no han resuelto y que el Ministerio (de Energía y Minas) no les ha exigido”, indicó.

IMPACTO AGUAS ABAJO

Serra Vega también se refirió el posible impacto que sufrirían las poblaciones que viven aguas abajo de la represa. “El EIA no ha considerado el impacto en la población aguas abajo de la represa. O sea, es verdad que no hay mucha población, son cañones relativamente despoblados pero así y todo hay un impacto que puede ser de larga distancia, el río Marañón es uno de los afluentes que forman el río Amazonas. Los peces viajan a lo largo del Marañón. Entonces hay impacto definitivamente aguas abajo pero que no ha sido evaluado”, manifestó.

Fuente: Actualidad Ambiental


Caricatura de Carlín (Diario La República)
Solo te acuerdas los pequeños agricultores peruanos cuando viene un nuevo Mistura. Alabas el trabajo de un agricultor solo cuando ves a un chef hablar sobre lo importante que es la papa peruana. Y lo compartes alegremente en tu Facebook. Pero el resto del año están ausentes de tus redes sociales y conversaciones. Te das cuenta de las agricultoras y agricultores cuando en los noticieros ves que han perdido sus cultivos por las lluvias o inundaciones, y lo primero que piensas: “van a escasear los alimentos y van a subir los precios”. Te acuerdas de los agricultores cuando ─desesperados por no ser escuchados por las autoridades─ bloquean alguna carretera pidiendo mejores condiciones al gobierno. Y lo que piensas es: “que vaya la policía y los lleve a la cárcel por bloquear a los buses en la carretera”. En el fondo no te importa el campo ni lo que les pase a miles de familias que se dedican a la agricultura. Salvo que sus problemas te afecten directamente. Por ejemplo en el acceso a tu acostumbrado lomo saltado o tu cebiche de fin de semana. “No puede ser. Hay que apoyar a los agricultores, no nos podemos quedar sin el arroz con pollo”, dirías.
Uno de aquellos problemas que te niegas a ver es sobre la falta de tierra para cultivar alimentos que enfrenta en la actualidad la pequeña agricultura. Los pequeños propietarios están perdiendo sus tierras o no están accediendo a nuevas tierras para seguir desarrollando su actividad. Un caso ejemplar es la actual subasta de tierras del Proyecto Olmos, que fue retratado certeramente por Carlín, en una caricatura que reproduzco en esta columna.
Muchos opinólogos neoliberales pretenden negar y tapar de manera casi desesperada, lo que es un hecho a gritos: que el Perú está viviendo una tendencia hacia la neolatifundización, con todas las distorsiones sociales y económicas que eso conlleva. Es decir, estamos en medio de un proceso de concentración de tierras en pocas manos, muchas veces ligado a características de acaparamiento. Para comprobar esta tendencia, las cifras no deben tomarse en un consolidado nacional, sino que debe enfocarse a una zona particular: la costa peruana, donde la tendencia es más fuerte. Analizar y comparar las cifras solo a un nivel nacional, es pretender manipular y esconder algunas conclusiones.
Las últimas cifras agrarias que tiene el país son las del último censo agropecuario de 1994. Allí se establecía que las áreas de cultivo bajo riego en la costa bordeaban las 780 mil hectáreas. Según el censo, todas las unidades agropecuarias eran menores a las mil hectáreas. Sin embargo, ahora se terminarán de incorporar las 78 mil nuevas hectáreas de los proyectos de irrigación de Chavimochic y de Olmos, con lo cual las unidades agropecuarias con más de mil hectáreas aumentarán, y concentrarán la quinta parte de las tierras agrícolas de la costa. La quinta parte. Y son tierras donde no se está cultivando necesariamente alimentos para la demanda nacional, sino cultivos para biocombustibles o hacia la exportación. Una política neolatifundista promovida por los gobiernos de los últimos 20 años.
El primer argumento que se esgrime para defender los latifundios agroindustriales de 10 mil, 20 mil o 30 mil hectáreas es que es la “única” o la “mejor” manera de realizar cultivos de agroexportación. Eso es una mentira más grande que todas las tierras compradas por el grupo Gloria. Los productores cafetaleros que en promedio poseen entre 2 a 3 hectáreas han demostrado que se puede hacer muy buena agricultura de exportación. Y esa oportunidad también la deberían tener otros miles de pequeños agricultores a través de políticas gubernamentales de asociatividad. Entonces surgen dos preguntas: ¿Por qué no se promueve fuertemente estás medidas de asociatividad de los pequeños agricultores? La otra pregunta más preocupante es: ¿Por qué se sigue defendiendo el monopolio de tierras de estas grandes empresas agroindustriales como Gloria, Romero, Oviedo, Camposol y Maple?
A estas empresas no solo se les otorgan cuantiosos beneficios tributarios, sino que también se le venden tierras baratas que han sido subsidiadas por el Estado Peruano. Osea con la plata de todos. En la primera subasta de tierras de Olmos, cada hectárea de tierra se vendió a las empresas postoras a 5 mil dólares americanos. Sin embargo, esta hectárea eriaza y ganada por el Estado nos costó a todos los peruanos la suma de 20 mil dólares (según lo habría confirmado el propio Fernando Cillóniz, presidente del Comité de la Subasta de Tierras de Olmos). ¡Y se la vendemos barata a los grupos empresariales a solo 5 mil dólares! Cualquier economista con dos dedos de frente diría que el Estado hace una mala inversión. Pero extrañamente en el caso del proyecto Olmos no dicen ni pío.
Acá no estamos hablando de corporaciones “malvadas” o que ya no deban existir. Lo que estamos hablando es que dichas corporaciones no necesitan 10 mil o 20 mil hectáreas para hacer agricultura a gran escala. Pueden hacerlo con mucho menos hectáreas. Lo contrario es simplemente acaparamiento de tierras. Tampoco estamos hablando de apoyar a un minifundio con tierras fragmentadas que son económicamente insostenibles, sino de promover una política de asociatividad dirigida a la pequeña agricultura, sector primordial en el abastecimiento de alimentos del país. Para tu lomo saltado y tu arroz con pollo.
Que las oportunidades de acceder a nuevas tierras agrícolas también la tengan los pequeños y, porque no, los medianos agricultores. Que las tierras no sean para el que tiene más plata. ¿Por qué les niegan esa oportunidad? ¿Qué hay detrás de esa discriminación? Y en el caso de Olmos ¿dónde quedó la palabra favorita del presidente Humala?

 

Fuente: www.cepes.org.pe

Máxima Acuña, la Dama Azul, es una valerosa mujer campesina a quien Yanacocha pretende arrebatarle sus tierras en el área de Conga, cerca a la emblemática laguna El Perol.
Máxima, en una entrevista realizada por el periodista Jorge Pereyra, nos cuenta su inquebrantable y solitaria lucha contra una de las transnacionales mineras más poderosas del mundo para evitar que sus terrenos caigan en la garras de esta minera.
Y su digna y admirable persistencia, demuestra que no siempre el poder del dinero se impone por sobre todas las personas.


Por Jonathan Hurtado

Servindi, 11 de marzo, 2014.- El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico Chadín II, aprobado a fines del mes pasado, no habría tomado en cuenta una serie de componentes que lo harían insostenible ambiental y socialmente. Así lo sostuvo el ingeniero experto en energía y medioambiente, José Serra Vega, en diálogo con Servindi.

Del proyecto no se supo mucho hasta hace unos meses, cuando organizaciones que siguen de cerca el caso advirtieron que la hídroeléctrica podría servir para abastecer de energía al megaproyecto minero Conga.

El proyecto Chadín II tiene previsto ejecutarse en algunos distritos de las provincias de Luya y Chachapoyas, en la región Amazonas, y en otros tantos de la provincia de Celendín, en la región Cajamarca.

La empresa a cargo del mismo es AC Energía S.A., subsidiaria de la transnacional brasileña Odebrecht.

José Serra Vega, se ha dedicado en los últimos meses a analizar el Estudio de factibilidad del proyecto Chadín II. Producto de ello es que en algunos días publicará su trabajo en internet para luego hacer lo mismo en un soporte impreso.


José Serra Vega ha trabajado de cerca con los pueblos de la amazonía peruana

En diálogo telefónico, Serra Vega, detalló una serie de aspectos que el EIA de Chadín II no ha tomado en cuenta. Entre estos se encuentra el destino que le espera a los cerca de mil pobladores que serán desplazados de sus hogares para dar paso a la inundación de un área de 3,250 hectáreas.

El especialista que ha seguido de cerca casos como el del Proyecto hidroeléctrico Inambari, lamentó que no se quieran estudiar otras alternativas para el aprovechamiento de la zona a través de actividades como el turismo. Destacó que los ingresos por este rubro pueden ser también significativos.

Serra Vega es autor de los estudios “Inambari: La urgencia de una discusión seria y nacional. Pros y contras de un proyecto hidroeléctrico”, y coautor de “Costos y Beneficios del Proyecto Hidroeléctrico del Río Inambari”.

A continuación compartimos la entrevista a José Serra Vega, realizada por Servindi la primera semana de este mes.


Fuente: Celendin Libre

– ¿Qué tan riguroso es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico Chadín II?

Me parece que ellos (AC Energía S.A.) han hecho un esfuerzo por cubrir las exigencias de un Estudio de Impacto Ambiental pero han dejado de lado muchos aspectos. Creo que el EIA tiene vacíos importantes. La parte positiva es que han hecho algunos estudios sobre la botánica, la fauna, la flora, de una zona que es completamente desconocida desde el punto de vista científico. Esto es un aporte al conocimiento del Valle del Marañón. Desde el punto de vista estricto de EIA me parece que hay muchas cosas que ellos no han resuelto y que el Ministerio (de Energía y Minas) no les ha exigido.

– ¿Qué hechos negativos generaría la construcción de una hidroeléctrica en esta parte de la cuenca del río Marañón?

Primero, la alteración del caudal del río, porque si usted pone un dique para bloquear el curso del río, lo que fluía antes según los pulsos estacionales, estación de lluvia, estación seca, ya no va fluir igual, porque el agua se va soltar según las necesidades de generación de electricidad y eso altera toda la vida aguas abajo de la represa.

Segundo, es que los sedimentos que antes bajaban con las aguas del río en la época de lluvias, serían bloqueados por la represa. En la época de lluvia bajan cantidades de arcilla, gravas, arenas, etcétera, que ahora van a quedarse acumuladas contra esa pared que van a encontrar, esos sedimentos traen cantidades de vida, traen microorganismos, elementos minerales que son necesarios para la vida del río, río abajo.

Tercero, los peces ya no podrán subir y bajar el río. Según el EIA hay 21 especies pero pueden ser más porque, como le digo, el río nunca ha sido estudiado desde el punto de vista científico y algunas de esas especies se extinguirán definitivamente porque tienen sitios de desove que seguramente está aguas arriba y ya no tendrán probabilidad de llegar a ellos.

El cuarto punto es la deforestación, porque yo he calculado que unas 12 mil hectáreas serían deforestadas, la compañía promete compensar con la reforestación de 5 mil hectáreas pero hay una parte importante que no sería compensada si mis cálculos son correctos.


Proyecto no solo dañaría el paisaje, también generaría escasos puestos de trabajo. Dar clic aquí para agrandar la imagen.

– Se suma el tema de la generación de gases de efecto invernadero.

La emisión de gases de efecto invernadero es siempre consecuencia de la construcción de represas. La vegetación inundada se pudre en el fondo de la represa y durante años estará emitiendo cantidades de dióxido de carbono y de metano a la atmósfera y de óxido de nitrógeno. Y luego lo que es muy importante y nadie tiene en consideración es la destrucción del paisaje. Esos cañones del río Marañón son lugares únicos, son magníficos, son parte del patrimonio nacional, lo malo es que son desconocidos. Primero, son de acceso muy difícil, no hay carreteras. Segundo, no hay mucha gente que ha ido a ver. En el Perú no hay una verdadera vocación de exploración, de conocimiento del territorio. Entonces esos paisajes están ahí, 99.9 por ciento de los peruanos no saben que existen pero son paisajes que son valiosísimos y que van a ser gravemente alterados por la construcción de esa represa.

“lo que es muy importante y nadie tiene en consideración es la destrucción del paisaje. Esos cañones del río Marañón son lugares únicos, son magníficos, son parte del patrimonio nacional, lo malo es que son desconocidos.”

– A lo ya dicho, ¿qué es lo que el EIA no ha considerado?

Primero, todo estudio de impacto ambiental debería considerar los costos de los impactos, de darle un valor monetario en la medida de lo posible. El EIA no ha considerado el impacto en la población aguas abajo de la represa. O sea, es verdad que no hay mucha población, son cañones relativamente despoblados pero así y todo hay un impacto que puede ser de larga distancia, el río Marañón es uno de los afluentes que forman el río Amazonas. Los peces viajan a lo largo del Marañón. Entonces hay impacto definitivamente aguas abajo pero que no ha sido evaluado.

Luego, no se ha considerado los impactos a lo largo de las carreteras necesarias para la construcción (de la hidroeléctrica). Luego, igual para la línea de transmisión a Cajamarca, esa electricidad de Chadín hay que sacarla, entonces hay que construir una línea de transmisión que tendría 85 kilómetros hasta Cajamarca y el impacto ambiental de esa línea de transmisión no ha sido considerado.

Después, esas personas que van a desplazar que son unas mil personas que viven en el fondo del Marañón, tienen que reubicarlas en algún lugar, entonces también tendrían que tener una idea, capaz en estos momentos todavía no, porque no saben dónde las van a reubicar, tienen que negociar con la gente. Para comenzar, la gente no acepta ser reubicada en estos momentos. Pero en el lugar donde se van a reubicar va haber un impacto ambiental de todas maneras y eso hay que considerarlo.

– ¿Qué otro impacto más debe ser considerado?

Un impacto muy importante es el hecho de que cuando hay estos grandes trabajos, como es una represa de una inversión de 1,650 millones de dólares, hay muchísima gente que llega para buscar trabajo y toda esa gente se instala en el lugar, deforesta, se apodera de tierras, se crea poblaciones, etcétera, para hacer comercio. Hay también delincuencia, hay prostitución, entonces todo eso no se ha considerado, el impacto de la inmigración de gente a la búsqueda de oportunidades, esos son los impactos más importantes que no han considerado.

– ¿La energía que se vaya a generar sería para el proyecto Conga?

Lo primero que tienen que ver es cómo se hace para vender la energía, antes que nada, la empresa Odebrecht, en este paso para poder conseguir financiamiento de un banco, tiene que encontrar un cliente antes de empezar la construcción, un cliente que no absorbería toda la electricidad pero que se comprometa a absorber una parte importante, porque esto le va dar seguridad al banco de que va haber una entrada de dinero para que le rembolsen sus préstamos.

Entonces eso obviamente no puede ser Conga, porque Conga no existe, hay un conflicto importante ahí y no hay seguridad de que resuelva. Entonces en el caso de Chadín II yo creo que ellos buscarían un cliente del lado de mineras que ya existen, tipo Yanacocha que ya tienen contrato, pero en el Perú hay varias mineras que recién van a comenzar o que van a comenzar de aquí a seis años o siete años cuando Chadín esté funcionando, y esas son mineras que están en el sur básicamente, como Tía María o Cerro Verde, entonces es posible de que ellos busquen clientes de ese lado.


Oposición de los habitantes del lado de Cajamarca.

– Usted que ha tenido contacto con los habitantes que serán desplazados en la zona donde se ejecutará el proyecto, ¿qué posición es la que vienen asumiendo en torno a Chadín II?

Los que se oponen son los que están en el fondo del Valle, que son unas mil personas que se encuentran en pueblos que están sobre todo del lado de Amazonas. En el mes de diciembre, por ejemplo, cuando un equipo de ingenieros de Odebrecht intentó penetrar a la zona para iniciar sus estudios geológicos, la población los rechazó.

– ¿En estos momentos se puede decir que Chadín II marcha seguro?

El hecho de que ellos (AC Energía S.A.) hayan mandado un equipo de ingenieros en diciembre, quiere decir que ellos tienen la intención de proseguir. Además ellos han abierto una oficina en Balsas (distrito de la provincia de Chachapoyas) en el lado de Amazonas en la cual están entrevistando gente y han contratado un abogado en Celendín para ir comprando las tierras, o sea que sí se están moviendo.

– ¿En lugar de una hidroeléctrica, que otra actividad se podría desarrollar en la zona?

Hay que mirar todos estos proyectos hidroeléctricos como un conjunto que va afectar gravemente los paisajes del río que también tienen un valor económico. Muchos paisajes se pueden comparar al del Gran Cañón del Colorado, que es un lugar muy famoso en los Estados Unidos, y que produce miles de millones de dólares para el estado de Arizona en la forma de turismo. Y eso no se ha evaluado, ni siquiera se ha pensando en el Perú, eso es algo que habría que descontar del aporte que podrían hacer estas empresas, esa pérdida de paisajes que va haber.

Otras noticias:


Este artículo, escrito por Luis Manuel Claps [en] fue publicado originalmente [en] en el blog de NACLA (North American Congress on Latin America) Extractives in Latin America [en]. Luis Manuel Claps estudió Comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires. Ha continuado su labor en América Latina desde el 2004 como editor del sitio web Minas y Comunidades. Reside en Lima, Perú.

Elmer Campos Álvarez, campesino de 32 años, proviene del caserío Túpac Amaru, de la provincia de Celendin, departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. El 24 de noviembre de 2011, Elmer, junto a unos amigos, se encaminaron hacia las montañas de Cajamarca para protestar contra un proyecto de una gran mina de oro a cielo abierto en los distritos de Sorochuco y Huamin. Elmer y sus amigos se llamaban a sí mismos los defensores de las lagunas. Véase el testimonio de Elmer publicado por La Mula en enero de 2012. A pesar de estar defendiendo los lagos, los manifestantes en contra de las mineras como Elmer, enfrentan una nueva amenaza bajo la forma de una ley que permite a la policía a emplear la fuerza letal sin temor a las consecuencias.

Tres días después, llegaron al cruce de Maque Maque, entre los lagos Azul y El Perol, dos de los cuatro lagos amenazados por el proyecto. Entretanto, se ha declarado una huelga regional general en oposición a la mina. En la madrugada del 29 de noviembre, estalló un conflicto cuando una treintena de policías contratados por la minera Yanacocha para resguardar el sitio de concesión, ordenó marcharse a los manifestantes. La policía disparó gas lacrimógeno, balas de goma y reales.

Cuando la policía comenzó a disparar, Elmer fue a socorrer a uno de sus amigos que había recibido un tiro en la espalda. Éste perdió la conciencia y fue llevado a la ciudad de Chota, siendo más tarde transportado a la ciudad costera de Chiclayo, donde permaneció hospitalizado por una semana. Perdió un riñón y su bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo paralizó de la cintura hacia abajo. Se estima que 24 otros manifestantes [en] fueron heridos durante la jornada de represión de Maque Maque.

(infoconga.wordpress)

(infoconga.wordpress)

En Cajamarca conocen demasiado bien el impacto de la gran minería aurífera. En las últimas dos décadas, Newmont Mining y Buenaventura han manejado la mina Yanacocha, la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica. Se dice que una expansión planificada conocida como proyecto Conga asegurará veinte años más de producción. La inversión total alcanza los US$4,8 mil millones, una de las cifras más altas que se ha invertido en la minería peruana. Una planta con la capacidad de procesar 92.000 toneladas de roca diarias produciría 3,1 mil millones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro (se puede acceder al resumen ejectuvo del Estudio de Impacto Ambiental, o EIA, del proyecto, aquí).

La Compañía de Minas Buenaventura es la empresa de metales preciosos más grande del Perú, a la vez que un gran titular de derechos mineros en todo el país. Tiene dos grandes socios estadounidenses: Newmont Mining, asentada en Denver y asociada a la Minera Yanacocha en Cajamarca, y Freeport-McMoRan, con base en Phoenix y asociada a la Sociedad Minera Cerro Verde en Arequipa. Perú es el sexto mayor productor de oro en el mundo.

Los manifestantes han desafiado a la mina de Conga durante los últimos años, y la represión policial es hoy la causa de dos procesos judiciales en Perú. El primero es una investigación criminal en contra de los dos oficiales que estaban al mando el día de los ataques, el coronel Amador Bacalla Guadalupe y el capitán Wagner Ocampo Huamán. El segundo es una demanda civil contra las autoridades de policía y los personeros de gobierno responsables.

Elmer sólo quiere justicia: “Yo no hice nada de malo […] las autoridades del Estado son muy crueles […] No sé qué será de mi vida […] los médicos no pueden hacer nada por mi médula.” Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y defensora de Elmer, agrega: “Buscamos justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas.”

La lucha ha vuelto también a los Estados Unidos. El 2 de enero de 2014, EarthRights International (ERI), organización que representa a Elmer Campos, interpuso una acción ante la Corte Federal en la ciudad sede de Newmont, Denver, Colorado, solicitando la información que está en manos de la empresa, incluyendo evidencia fotográfica y en video, informes de seguridad de los empleados de Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas de la empresa, que aporten claridad sobre los hechos de aquel día y para beneficio de los procedimientos judiciales peruanos. La acción fue archivada bajo el código 28 U.S.C. § 1782 [en], ley que permite a las partes de procesos legales extranjeros obtener documentos e información de individuos y corporaciones estadounidenses.

“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú,” dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada.”

A fines de enero, Elmer y la acción judicial de ERI atrajeron considerable atención en la prensa y los medios sociales peruanos. Esto coincidió con una ofensiva coordinada para presentar a los dirigentes locales opositores a la Minera Yanacocha de Cajamarca como beneficiarios de una “red de apoyo internacional [que] tiene el objetivo de frenar el modelo de desarrollo económico del país,” como señaló hace poco un investigador vinculado al sector minero en el periódico El Comercio. La campaña para deslegitimar a los dirigentes locales también llegó al departamento de Piura, donde Buenaventura quiere desarrollar el proyecto aurífero El Faique.

Un consenso violento

Partiendo por un fuerte precedente bajo el anterior gobierno de Alan García, la respuesta del gobierno a las protestas en Perú ha tomado la forma de una apabullante militarización. Steven Levitsky lo denomina el “consenso de Lima“: las elites limeñas son simpatizantes de un neoliberalismo ortodoxo tal que el empleo de la fuerza letal parece ser un modo legítimo de lidiar con las protestas sociales en las regiones mineras. Pese a que la administración de Ollanta Humala a veces ha buscado medios más políticos y negociadores, este consenso permanece inamovible.

Un informe publicado en diciembre de 2013 por las ONGs peruanas Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Sociedad por los Pueblos Amenazados (SPA) de Suiza, reveló que las empresas mineras extranjeras han firmado acuerdos con la Policía Nacional para asegurar sus operaciones. Estos acuerdos les permiten solicitar presencia policial permanente o pedir el rápido despliegue de unidades mayores para reprimir las protestas sociales. En algunos casos, demuestra el informe, las empresas otorgan a la policía [en] apoyo financiero y logístico total.

Organizaciones internacionales de derechos humanos como el Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han solicitado al presidente Humala impedir el uso arbitrario de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad en las operaciones de control masivo. Pero el gobierno peruano parece ir en la dirección opuesta, ya que el mes pasado se modificó un artículo del código penal de una manera en que críticas apuntan que permite a la policía y a los militares emplear la fuerza letal sin consecuencias. La nueva Ley 30151 [en] dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se hallan “exentos de responsabilidad penal” si causaren lesiones o muerte por el uso de sus armas en el cumplimiento de su deber.

En un pronunciamiento en condena a la ley, la Defensoría del Pueblo recordó que desde mediados de 2011, han muerto 34 civiles y han sido heridos más de 949 personas en conflictos sociales, incluyendo a cinco militares y 357 policías. Un conjunto de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre las que se cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) también han condenado la Ley 30151.

A medida que se agota el mineral de Yanacocha, las operaciones mineras necesitan expandirse. El proyecto Conga es uno de dichos planes de expansión, tal vez el más ambicioso. La larga historia de conflictos mineros de Cajamarca sugiere que la lucha de Elmer por la justicia será larga, y con toda seguridad, la primera de muchas.

Fuente: http://es.globalvoicesonline.org/2014/03/04/peru-la-represion-policial-se-legaliza-mientras-aumentan-las-protestas-mineras/

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