Posts etiquetados ‘USE’


Anuncios




CÉSAR ESTRADA, MIEMBRO DE LA RED DE COMUNICADORES INDIGENAS DEL PERÚ (REDCIP) EN PLENA LABOR INFORMATIVA

¡Detienen en Cajamarca a beneficiario de medida cautelar de la CIDH!
– Según medios locales doce detenidos también fueron golpeados.

Servindi, 13 de mayo, 2014.- Algo inaudito ocurrió este mediodía en Cajamarca. El comunicador indígena César Estrada Chuquilín fue detenido por la policía junto a otras doce personas cuando cumplía su labor periodística.

El hecho es de suma gravedad dado que hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas para garantizar su vida e integridad junto con la de otras personas que se oponen al proyecto minero Conga.

La acción represiva de hoy se llevó a cabo en el sector donde se ubica la tranquera de ingreso a la laguna El Perol y que es territorio ancestral de las comunidades.

La abogada Zulma Villa del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) llamó la atención sobre este hecho, el cual vinculó con un pronunciamiento del Ministerio de Justicia a favor de la continuidad de los trabajos de la empresa Yanacocha en la zona.


INSPECCIÓN PACÍFICA

Zulma Villa precisó que la visita a las inmediaciones de la referida laguna, en la que participaron mayoritariamente campesinos y campesinas de las rondas, así como activistas de otros países, se realizó en el marco de una inspección para verificar el estado de las reservas naturales de agua.

Estaba previsto que de esta inspección serían parte pobladores de las provincias de Bambamarca, Cajamarca y Celendín.

Afirmó, en ese sentido, que de la misma estaban enterados la policía, el ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La detención se habría dado sin razón alguna. No existía orden judicial de por medio ni tampoco flagrante delito.

Los efectivos policiales rodearon a los campesinos y activistas para pedirles sus documentos, posteriormente registraron a todos para finalmente detenerlos.

La abogada recalcó, sin embargo, que la detención no fue lo más grave. Según información recogida por medios de comunicación locales luego de ser detenidos las doce personas fueron golpeadas.

La abogada del IIDS responsabilizó por esta acción a Jorge Gutiérrez, jefe del Frente Policial de Cajamarca, quien dio la orden de detención pese a estar plenamente informado de la inspección y de su naturaleza pacífica.
 

LOS DETENIDOS

Según últimas informaciones, los doce detenidos se encuentran en la caseta policial que se ubica entre las lagunas Azul y Cortada.

En el tiempo que tuvo para comunicarse, Estrada informó que entre los detenidos se encuentran personas originarias de centros poblados como El Alumbre, Piedra Redonda, entre otras, y que pertenecen a la zona de la cuenca del río Jadibamba.

Según información brindada por la abogada y algunos medios locales, los detenidos son: Idelfonso Cisneros Vásquez, Juan Yamoctanta Cruzado, Javier Ortiz Vásquez, Fabiolita Huahua Garay, Juan Uriarte García, Manuel Ramos Campos, César Estrada Chuquilín.

No es la primera vez que Estrada es víctima de los efectivos del orden al servicio de intereses empresariales.

También se encuentran, Víctor Vásquez Peralta, Elvis Vásquez y Percy Coluche, este último originario de Chota. Coluche tendría una herida de gravedad en la cabeza.

También estarían entre los detenidos la joven activista Elvira Vásquez y los ciudadanos extranjeros María Norden, Johana Muller, ambos de Suecia, y el chileno Víctor López Abarca.


PISOTEANDO A LA CIDH

Esta nueva detención se realiza a una semana de que la CIDH ordene al Estado adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de 46 líderes y lideresas de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, así como de la familia Chaupe y del comunicador César Estrada Chuquilín.

Justamente la detención de este último estaría dando cuenta de una nueva forma de operar del Gobierno, advirtió Villa.

Ella manifestó su preocupación al respecto y tal como señala la CIDH en la medida cautelar 9/2014, destacó el papel de los comunicadores en situaciones de conflictos sociales como pasa en esta parte del país con el caso Conga.

De otro lado argumentó que la actuación de la policía este mediodía responde a lo vertido por Juan Jimenez Mayor, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hace algunos días.

Como se recuerda, Jimenez, respecto a la reciente medida cautelar de la CIDH, sostuvo que la misma permite la continuidad de las obras del proyecto Conga en Cajamarca a cargo de Yanacocha.

“Esto es claramente las consecuencias de las declaraciones de Juan Jimenez Mayor”, sentenció.

La población de la zona se viene organizando para pedir ante la opinión pública la liberación de los detenidos.

 

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTRADA ES VÍCTIMA DE LOS EFECTIVOS DEL ORDEN AL SERVICIO DE INTERESES EMPRESARIALES.
 

 DINOES en Py. minero Conga de Yanacocha. Foto: Colectivonadienospaga
 
Por: Juan Arribasplata

Continuando con la información de los hechos que vienen ocurriendo en las inmediaciones del proyecto Conga, donde resultaron detenidas una decena de personas, el presidente del Frente de Defensa por los Intereses de la Región, Ydelso Hernández, manifestó que entre los detenidos se encuentra Elvira Vásquez y César Estrada, ambos periodistas, así como el dirigente del centro poblado El Tambo, Manuel Ramos.

La activista de derechos humanos y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, informó a través de su cuenta de Twitter que dos ciudadanas extranjeras, las investigadoras suecas María Northen y Johanna Moller, estaban entre los detenidos.

Hasta donde Noticias SER ha podido averiguar, se sabe que las delegaciones que se dirigían hacia las lagunas se encuentran realizando una asamblea en las cercanías de estas para determinar las acciones a tomar frente a lo sucedido.

Plantón en la Iglesia San Francisco

En tanto, en la ciudad de Cajamarca, en las instalaciones de la iglesia San Francisco, se viene desarrollando un plantón con decenas de ciudadanos cajamarquinos que piden que se respete la integridad de los manifestantes y periodistas detenidos.

Edilberto Vásquez, uno de las decenas de ciudadanos reunidos en la iglesia de San Francisco, dijo que ya están cansados de tanto abuso que viene cometiendo Minera Yanacocha con la complicidad de la policía. “Estamos acá exigiendo que se respete la integridad de los manifestantes y pido que se unan a nosotros los ciudadanos conscientes para defender nuestras lagunas”, dijo.

 


 Policia amarda para atacar a pobladores, hoy 13.05.2014. Foto: Milton Sanchez
 En una nueva inspección a las lagunas de Conga, liderada por varios dirigentes ambientalistas, se produjo la detención de por lo menos 10 comuneros por parte de la DINOES.      
Manuel Ramos Campos, presidente del Frente de Defensa del centro Poblado El Tambo, afirma la Dinoes entre los detenidos figura Juan Llamoctanta Cruzado, Javier Ortíz Vásquez, Fabiola Huaygua Garay y César Estrada, periodista de Radio Coremarca. 
Asimismo que se encuentran que el grupo que logró huir se encuentran refugiados en el lugar denominado “Piedra Redonda” a unos 200 metros de la laguna Cortada.
Versión Policial
Por su parte, la Policía confirmó la intervención de cuatro personas, cerca de la laguna Cortada. Según esta información, dos ambientalistas fueron intervenidos por encontrarse indocumentados, uno por amenazar a los efectivos con un arma punzocortante y una cuarta persona habría sido intervenida por llevar consigo un cartucho de dinamita.
Habla el Gobernador. En tanto el gobernador regional, Ever Hernández, dijo desconocer sobre lo que está pasando en Conga ni cuantos policías están reguardando a Conga.

 
 

 Policia en posicion de ataque hoy 13 de mayo de 2014. Foto: Milton Sanchez
Por: Juan Arribasplata

Mientras diferentes delegaciones se disponían el día de hoy visitar las inmediaciones de las lagunas cercanas al proyecto Conga, Noticias SER pudo conocer que se habría producido aproximadamente una decena de detenciones por parte de la policía en las cercanías de las lagunas Cortada y Azul.

Como se recuerda, estas organizaciones ambientalistas programaron para el día de hoy inspeccionar las lagunas que pretende afectar el proyecto minero Conga, confiados en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que garantiza la vida y la integridad de los líderes sociales y ambientalistas que defienden su intangibilidad.

En horas de la mañana, el presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, Eddy Benavides, señaló que inspeccionarían la laguna El Perol para asegurar que esté a salvo. “Dios nos cuide y nos acompañe. ¡Conga No Va Ni Hoy Ni Nunca! ¡Hasta La Victoria Siempre!”, manifestó.

Por su parte, la asesora legal de estas organizaciones, Zulma Villa, declaró que es inconcebible que en un estado de derecho se esté actuando de esta manera, ya que los campesinos están legalmente accediendo a sus lagunas por caminos que ellos consideran ancestrales. Villa pidió a las rondas campesinas no caer en provocaciones por parte de la policía y que no se produzcan enfrentamientos. “Estamos en un gobierno que se supone debe defender los derechos humanos. Esto lo vamos a informar a la Corte Interamericana de Derechos humanos”, expresó.

“Vamos a presentar un habeas corpus porque es un acto inconstitucional en un Estado de derecho. No sabemos hasta el momento quienes han sido detenidos”, informó.

En tanto, el gobernador de Cajamarca, Ever Hernández, consultado por los medios de comunicación sobre las detenciones de los manifestantes dijo no conocer sobre el asunto. Agregó que iba a averiguar sobre lo sucedido y que en horas de la tarde brindaría mayor información al respecto.

Al cierre de este despacho, uno de los detenidos que alcanzó a identificarse como César dijo que algunos de sus compañeros detenidos estaban heridos por golpes con la cacha de las armas que utilizan los policías. “Nos tienen separados por casetas, pero sé que son 9 más los que están detenidos. A mí me han quitado mi cámara”, señaló.

 

 Por Juan Vilela (Lambayeque)
Los SEIS GUARDIANES DE LAS LAGUNAS DE CELENDÍN al demostrar su inocencia SALIERON EN LIBERTAD. Demostrando una vez más que su lucha por defender las lagunas de CONGA de la voracidad de la minera Yanacocha, su lucha es justa y que la defensa de las cabeceras de cuenca, de nuestros recursos naturales y de la VIDA es más importante que la explotación irracional del oro.

Ellos fueron detenidos por la policía cuando se dirigían a las lagunas de Conga a una asamblea comunal, acusándolos de los delitos contra la tranquilidad pública y tenencia ilegal de armas, como parte de la criminalización de la protesta social, que el gobierno de Humala viene implementando de manera descarada sin respetar los Derechos Humanos.


Desde Chiclayo nuestro saludo y felicitación a nuestros hermanos y les decimos que su lucha es un ejemplo para seguir no dejar que la minera Candente Copper quiera imponer a la mala su proyecto minero “Cañariaco”.

Vivan nuestros compañeros:
– Fredy García Becerra, candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Huasmín, provincia de Celendín por el Frente Amplio.
– Andrés Fernández Castrejón.
– Jeremías Rodríguez Vargas.
– Marcos Tocas Rodríguez.
– Norberto Medina.
– Waldir Medrano Toscano.

También expresamos nuestro saludo al Dr. Wilfredo Chero Villegas quién a tenido a cargo la defensa de nuestros compañeros y como siempre ha puesto lo mejor de su sabiduría legal para lograr la libertad de los guardianes de las lagunas de Conga.


¡En Cajamarca, Conga No Va! ¡En Cañaris, Cañariaco tampoco Va!


Publicado: 10 febrero, 2014 en DOCUMENTOS, NOTICIAS
Etiquetas:, , , , ,


 
LINK PARA FIRMAR
 
¡Máxima y su familia en riesgo de desalojo!

Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, mantienen una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. Tanto Yanacocha como la familia de Máxima Acuña afirman ser propietarios de la tierra. En julio de 2013 un tribunal anuló una resolución judicial de 2012, dictada tras una querella presentada por la empresa, que declaraba a la familia culpable de ocupación ilegal de la tierra. El juez concluyó que la primera resolución presentaba una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que no se habían examinado pruebas presentadas por la familia de Máxima Acuña y que incluían la documentación relativa a la compra de la tierra. El juez ordenó un nuevo juicio. La próxima audiencia está prevista para marzo.

La familia, mientras aguarda el resultado del nuevo juicio, ha sufrido, según la información recibida, numerosas amenazas y acoso de la policía. El 30 de enero, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armados, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero para intimidarla de nuevo. Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de las tierras.

Información complementaria

Según el derecho internacional, los desalojos forzosos son violaciones graves de varios derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, garantizado por el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en el propio domicilio, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, e independientemente de la situación de tenencia de las personas que van a ser desalojadas, éste debe llevarse a cabo de estricta conformidad con el derecho internacional y con los requisitos del proceso debido. Todo uso de la fuerza debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha manifestado que los desalojos no deben “dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”.

Perú es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, sus autoridades están obligadas a respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluye la prohibición y la prevención de los desalojos forzosos.

 
Fuente: Amnistia Internacional Perú – http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=48#

06 de febrero, 2014.- A través de una misiva dirigida al Presidente Ollanta Humala, el economista español Pedro Arrojo nos refiere sobre su gran preocupación por la reciente promulgación de la Ley 30151 llamándola “licencia legal para matar”, así como de su relación con la criminalización de la protesta social. En esa línea, insta a que el único camino que puede llevar a resolver de forma efectiva los dolorosos conflictos abiertos en Cajamarca y en otras regiones de Perú es el del diálogo en un marco de estricto respeto a los derechos humanos.

Para Arrojo, que dicha ley exima a la policía y al ejército de responsabilidades penales, incluso cuando, haciendo uso de la fuerza, lleguen a producir lesiones y/o la muerte de personas, no sólo es muy grave, sino contrario a los más elementales principios de un orden constitucional democrático. No amparar la vida de las personas que ejercen derechos democráticos, como el de manifestación pacífica, supone una transgresión de los derechos humanos que conmueve y conmoverá más aún a la opinión pública internacional si, como nos tememos, llega a haber heridos graves e incluso muertos al amparo de esta ley, precisó el experto.

Adjuntamos la carta completa dirigida a Ollanta Humala, así como el Informe Final sobre la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua en el Perú.


*Pedro Arrojo, Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza (España).

 
 



 
Foto: Perú 21

Escribe: José De Echave C.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.

La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.

Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.

El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.

Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.

Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.

El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.

Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013