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Por Meghan Walsh
Traducción de Silvia Campos
August 15, 2014

En una tarde de viernes de junio, la Plaza de Armas en Cajamarca estaría a rebosar de vida. Ahora es invierno, y aunque las densas nubes blancas revolotean bajo en la distancia, el sol en el norte de esta ciudad peruana aprieta caluroso. Las parejas se sientan en los bancos unas frente a otras. Los niños corren en la hierba entre parterres. Hombres trajeados avanzan por el perímetro. Es un día idílico. Pero algo más amenazador no escapa a la vista. En la ladera de la montaña que domina la ciudad se han tallado en la vegetación las palabras Nova Conga. Es una advertencia constante más allá de la plaza, cercada con hoteles internacionales y restaurantes caros. Allí hay otra realidad.

En las calles laterales, fuera de la vista de la Plaza de Armas, los campesinos se alinean a pie de carretera para vender queso, huevos de codorniz y cacerolas. Las mujeres nativas quechuas llevan las tradicionales faldas de franela hasta la rodilla, brillantes carteras estampadas colgadas al torso, y altos sombreros de paja sobre unas largas trenzas negras. Tienen la piel oscura y curtida por estar trabajando toda una vida a pleno sol. Cuando sonríen se les ven pocos dientes.

Aquí, en las montañas de los Andes, en medio de las llanuras altas de hierba, se distinguen dos clases de personas: aquellas que han alcanzado una prosperidad económica gracias a la presencia de oro, y quienes han sentido que los tejidos sociales y ecológicos, que una vez mantuvieron unida a esta comunidad, se están desgastando por la invasión de los intereses corporativos.


Manifestantes marchan hacia el lago Perol en junio contra el proyecto minero Conga. Imagen de Meghan Walsh.

Conga, cuyo mensaje en la montaña condeno abiertamente, es una mina de oro y cobre de 5 mil millones de dólares programada para que dé comienzo en 2016 a 20 años de excavaciones. Conga se acelerará al igual que otra operación minera masiva que reformó la región que está por terminar. Las mismas empresas que hay tras el proyecto Conga (Newmont con sede en Colorado es el principal accionista, seguida por la peruana Buenaventura) también gestionan Minera Yanacocha, un yacimiento que ha dado más de 7 mil millones de dólares del valor del mineral en las últimas dos décadas.

Yanacocha ha sido fuente de tumultos sociales y ambientales a lo largo de su permanencia. Muchos de los lugareños, temerosos de que la historia vuelva a repetirse, han pasado varios años dedicados a ahuyentar a los inversores. Los manifestantes detuvieron los intentos de Yanacocha de anclarse en el pasado, y sus protestas virulentas contra Conga llevaron al presidente peruano a suspender temporalmente la construcción, así que parecía que la oposición podría prevalecer. Pero a medida que pasa el tiempo, es más evidente que el proyecto continuará según lo estipulado. Por tanto la pregunta ahora es: ¿Conga será otra Yanacocha? ¿O ayudará a los cajamarquinos a salir definitivamente de la pobreza?

La minería no tiene el potencial suficiente para reforzar un desarrollo económico en zonas empobrecidas. Pero tal y como escribiera Leonith Hinojosa, una becaria de investigación de la Facultad de Medioambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester, en un debate en Internet organizado por la Universidad de Columbia en torno a si la minería es la clave para la prosperidad en Latinoamérica: “Todo depende de las reglas del juego.”

Mirando al pasado

Cuando Yanacocha abrió las puertas por primera vez a principios de los 90, los vecinos del lugar —la región tiene una población total de unos 1,3 millones— pensaron que representaría una oportunidad para vivir mejor. Como con cualquier proyecto de este calibre, habría un coste ambiental, junto con el desplazamiento forzado de la población rural. Pero también habrían puestos de trabajo, regalías y nuevos negocios. Las personas, en su mayor parte, eran acogedoras. Sin embargo, la desilusión pronto se asentó.


El lago andino de Perol. Acabará agotándose y se usará como vertedero de residuos si dan luz verde al proyecto. Imagen de Meghan Walsh.

“Cajamarca tuvo una oportunidad, y la hemos perdido,” dijo Carlos García, un nativo que ha trabajado como ingeniero minero durante casi una década. Le cambiaron el nombre desde que lo desautorizaron a que hablara conmigo. “Cuando Yanacocha apareció, todo el mundo hizo las cosas mal. Yanacocha no tenía las mejores normas ambientales. El gobierno [de Cajamarca] no estaba preparado, así que echaron a perder las oportunidades.”

En primer lugar, la seducción de empleo resultó ser un espejismo. Yanacocha creó más de 10.000 empleos directos (algunos a tiempo completo y otros sobre una base contractual), pero la mayoría fueron para los extranjeros con estudios. Si bien la pobreza en Cajamarca mejoró durante unos cuantos años, no fue más que en áreas comparables sin recursos naturales lucrativos. La región sigue siendo una de las más pobres del país.

La posterior afluencia de personas, que estaban haciendo mucho más que la población en general, ha hecho subir el coste de vida. Según un informe de 2009 de la Corporación Financiera Internacional, un inversor en ambas filiales, Yanacocha ha creado “demanda excesiva” para los servicios públicos, mientras que sus contribuciones sociales han sido “relativamente insignificantes.” La empresa construyó escuelas, pero sólo para las familias de los empleados, además de imprimir una división de clases.

“Muchos conflictos asociados con la expansión de la minería están vinculados, de hecho, con la distribución de los beneficios,” escribió Hinojosa, la experta panelista para el debate en Columbia.

Luego había que lamentar las calamidades ambientales. El Ministerio de Pesca —y muchas otras fuentes— documentó miles de truchas muertas ya que el agua subterránea estaba contaminada por la escorrentía ácida. La erosión del suelo y los niveles de sedimento en los canales de agua aumentaron, mientras que los arroyos comenzaron a secarse. La minería a cielo abierto necesita cantidades inmensas de agua para primeramente explotar la roca de la tierra y luego separar el mineral, que también precisa de vastas cantidades de cianuro.


La policía en una protesta que duró varios días. Imagen de Meghan Walsh.

Después de que Yanacocha empezara a construir las minas a cielo abierto, próximas a los canales que traían agua a los agricultores rurales, se redujeron a una fracción de su anterior flujo de agua, según un estudio publicado por la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Si las comunidades locales querían Yanacocha para construir la infraestructura que restableciese los niveles de agua, estaban obligados a transferir sus derechos sobre éstos de manera indefinida. Así lo hicieron, y Yanacocha construyó la reserva de San José. Pero tras una serie de desperfectos, la presa nunca llegó a funcionar plenamente.

Entonces en el año 2000, un camión derramó 150 kilos de mercurio en más de 40 km de carretera. La empresa no consiguió notificar a los oficiales y limpiar el desorden, permitiendo que cientos de vecinos del lugar soñaran con la mezcla de oro contenido, el poder recogerlo con sus propias manos y llevárselo a casa como si de un tesoro se tratase. El incidente provocó disturbios.

“Cajamarca ha empeorado desde lo de Yanacocha,” afirmó García. “Ha dividido mucho a la comunidad.”

En realidad Newmont redactó en Diciembre de 2012 una carta a la población admitiendo su culpa: “Queremos reconocer los errores que hemos cometido en nuestro proceder de los hechos y los negocios realizados. Lo más importante, pedimos disculpas por la desconfianza que hemos generado y por no contar con su confianza.”

La guerra por el agua

El Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica comunicó que se están llevando a cabo en la región más de 200 disputas sobre misiones mineras. El agua es el núcleo de la mayoría: por los derechos, su acceso y la calidad de ésta. El año pasado, José de Echava, ex- viceministro de medio ambiente de Perú, relató a la Agencia de Prensa de Francia (AFP) que la ferocidad y la frecuencia de los enfrentamientos están aumentando, y más que nada, “todo es por el agua.”

El agua es la principal razón por la que los campesinos, así como el gobierno regional, luchan contra Conga. El proyecto, que ya ha desenterrado unas humedades frágiles, drenará cuatro lagos andinos y los sustituirá por embalses artificiales. Una vez que se use el agua para separar el mineral, será tratada antes de ser distribuida, por lo que también aumentarán las preocupaciones sobre la calidad.

De acuerdo a un estudio externo de la evaluación ambiental de Newmont, del que se encarga el presidente peruano, “la situación del agua mejoraría” – si la empresa cumple con sus promesas. Los autores afirman que la actual calidad bacteriológica del agua no es apta para el consumo humano y que causaría infecciones intestinales, mientras que el agua tratada cumpliría con los estandares más altos. Incluso así, el estudio destacó que los embalses, como estaba previsto, no tendrán suficiente capacidad. Tienen que ser más grandes.

Otro estudio independiente, esta vez por el hidrólogo asentado en Colorado, el Dr. Robert Moran, también sostiene que las instalaciones no podrán purificar el agua tal y como están diseñadas a un nivel lo suficientemente alto para el consumo humano.

Los consultores también aconsejaron a Newmont que aportara más dinero a un fondo social porque tras el cierre de la mina, los municipios locales aún tendrán que apoyarse en el nuevo sistema hídrico y gestionarlo.

“Lo que sugieren es que se controlen todos los recursos hídricos en esta zona,” dijo Moran en una reciente entrevista. “Cuando se vayan, ¿quién se hará cargo de las operaciones? El pueblo subvencionará durante generaciones los costes futuros relacionados con el mantenimiento de la instalación y la acumulación y tratamiento de aguas contaminadas.”

Los manifestantes continúan convocándose regularmente en las cuencas de Conga.

“Estamos aquí para proteger nuestra agua, y luchar por el pueblo” dijo Marina Catrina, de 19 años, durante una protesta que duró tres días el pasado junio y que atrajo a unos 1000 manifestantes. Catrina vive cerca del lago Perol —una de las lagunas que serán drenadas y usadas como vertedero— en una tierra que su familia ha cultivado durante más de un siglo.

El legado de Conga

Como se muestra en la Plaza de Armas, la minería puede significar prosperidad para los países en desarrollo de América Latina. Solo Yanacocha pagó 1,2 billones de dólares en impuestos y derechos nacionales entre 1994 y 2006, según una declaración de la Corporación Financiera Internacional (IFC). La extracción minera representa el 10% del PIB de Perú, y se espera que las inversiones en minería sean de un total de 14 mil millones de dólares este año. Se espera que estas cifras sólo aumenten en un futuro no muy lejano.


Cajamarca. Imagen de Meghan Walsh.

A pesar de los legados del pasado, estas grandes sociedades no tienen los medios para financiar las inversiones sociales, proporcionar puestos de trabajo y actualizar la infraestructura. Pero la realidad ha sido más bien otra: en su lugar, los gobiernos tienden a apoyar a las empresas extranjeras, los líderes a menudo buscan ganancias financieras a corto plazo, y los promotores en general no respaldan el medio ambiente o la calidad de vida de las personas.

En 2008, Newmont presentó un estudio de impacto ambiental del que los expertos extranjeros dijeron que era “un desafío incluso para técnicos cualificados” el poder entenderlo. Sin embargo, el gobierno lo aprobó a toda prisa y sin el consentimiento de los líderes regionales. El ministro de Energía y Minas que lo firmó fue Felipe Ramirez del Pino, un ex-ejecutivo de Newmont. El presidente Ollanta Humala despidió al anterior ministro, que se opuso al estudio, y lo reemplazó por del Pino.

Según Moran, el estudio de impacto ambiental “no representa una ciencia independiente y desinteresada.”

Pero la mayor crítica de Moran es que el estudio no mencionó Yanacocha ni una vez ni usó lo que pasó allí como un vaticinador de lo que es probable que se desarrolle con Conga, a pesar de que los sitios están a sólo unos pocos kilómetros de distancia y tienen la misma estructura ecológica.

“Tenemos más de 20 años de experiencia en el mundo real de Yanacocha,” exclamó Moran. “No tenemos que depender de la especulación. La experiencia debería ser la base de hacer declaraciones futuras y no ha sido así.”

Entonces justo el año pasado, Humala enmendó la “Ley de Consulta Previa.” La legislación requiere sociedades para negociar acuerdos con las tribus indígenas en la cordillera de los Andes, muy rica en minerales, y en el Amazonas antes de desarrollar proyectos sobre sus tierras. Pero ante la insistencia del ministro de minas, el presidente revisó la norma para excluir las comunidades de habla quechua, las cuales se encuentran mayormente en los Andes.


Manifestantes locales. Imagen de Meghan Walsh.

Sin embargo, han habido buenas noticias. A principios de este año, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua del país, el Dr. Hugo Jara, anunció que el gobierno tiene previsto invertir un adicional de 394 millones de dólares en los embalses y proyectos de tratamiento de agua para beneficiar a los cajamarquinos. Dijo también que la autoridad garantizará los derechos de agua de las comunidades agrícolas andinas, dándoles mayor ventaja jurídica durante las negociaciones con las empresas mineras. Respecto a las recomendaciones de los expertos extranjeros, Newmont también ha declarado que considerará la reubicación del vertedero de residuos de Perol y ampliará la capacidad de los embalses.

Aproximadamente el 41% del territorio de Cajamarca ha sido dividido por las concesiones mineras, sin embargo, el 58% de la población se gana la vida con la agricultura. Queda por ver si su medio de vida anterior será capaz de aguantar después del ir y venir de las minas.

Durante una visita el pasado verano, hablé con un empleado del Departamento Regional de Economía de Cajamarca, que dijo que las personas quieren un negocio que pueda prosperar en el tiempo sin afectar negativamente al medio ambiente, como el turismo, la reforestación o la agricultura. Pero las agencias locales ineficientes y no estructuradas no han sido capaces de desarrollar ninguna de estas industrias.

“Cuando llegó Conga, no estábamos haciendo nada,” dijo García. “¿Por qué el pueblo no propuso otra alternativa?.”

Mientras tanto, la ciudad permanece dividida y el número de víctimas de la mina en disputa. Y aquel soleado viernes, a sólo unas manzanas de distancia de la cuidada Plaza de Armas una campesina se encuentra sin un puesto de comida. En cambio, tiende una mano hacia el cambio y un cartel de cartón que dice: “El precio del oro.” The price of gold.


El feminismo reactiva la lucha contra el ‘extractivismo’ en América Latina

Marcha de mujeres amazónicas en Ecuador. MIRIAM GARTOR

De sur a norte las venas de América Latina siguen sangrando. Proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas trasnacionales a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías estatales. Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso de extracción y exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones afectadas.

Pese a que las mujeres han estado presentes en las resistencias socio-ambientales contra los proyectos extractivos, sus luchas no siempre han sido visibilizadas. Sin embargo, en las últimas décadas, la masiva presencia de mujeres y su rol protagónico en la defensa del territorio ha cobrado visibilidad en la medida en que se ha ido profundizando el proceso de despojo.

Sus voces, que parten de la pluralidad de enfoques y posicionamientos, revelan el impacto que las actividadesextractivas producen en las relaciones de género y en la vida de las mujeres. Algunas se sitúan en los feminismos populares y comunitarios, otras parten desde los ecofeminismos, y muchas no se reconocen como feministas de forma explícita. Pero todas ellas, desde su diversidad, comparten el horizonte de una lucha post-extractivista, descolonizadora y antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las resistencias. Su principal aporte: sacar a la luz los estrechos vínculos entre extractivismo y patriarcado.

Trata de mujeres y niñas

Los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana, la explotación minera de Cajamarca en Perú o la ruta de la soja en Argentina comparten una realidad común. En todos estos lugares, afectados por las actividades extractivas, la masiva llegada de trabajadores ha provocado el incremento del mercado sexual. El alcohol, la violencia, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se establecen en la cotidianidad de los pueblos como expresión de una fuerte violencia machista. Un informe realizado en el marco del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería que se celebró en Bogotá en octubre de 2011, señala que “aparecen situaciones críticas que afectan directamente a las mujeres, tales como la servidumbre, trata de personas, migración de mujeres para prestar servicios sexuales (…) y la estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución”.

Por otro lado, el modelo extractivista conlleva la militarización de los territorios, y las mujeres se enfrentan a formas específicas de violencia debido a su condición de género. Esto incluye, en numerosas ocasiones, agresiones físicas y sexuales por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas.

Desde esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la mujer son concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese paralelismo, los movimientos feministas contra los proyectos extractivos han construido un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender. La recuperación del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa del territorio-tierra. Una reinterpretación en la que el concepto de soberanía y autodeterminación de los territorios se amplía y se vincula con los cuerpos de las mujeres.

Son las mujeres Xinkas en resistencia contra la minería en la montaña de Xalapán (Guatemala) quienes, desde el feminismo comunitario, construyen este concepto. Plantean que defender un territorio-tierra contra la explotación sin tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que están siendo violentados es una incoherencia. “La violencia sexual es inadmisible dentro de este territorio porque entonces ¿para qué lo defiendo?”, se preguntaba Lorena Cabnal, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán – Jalapa.

“Las mujeres somos una economía en resistencia”

La penetración de industrias extractivas en los territorios desplaza y desarticula las economías locales. Rompe con las formas previas de reproducción social de la vida, que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Este proceso instala en las comunidades una economía productiva altamente masculinizada, acentuando la división sexual del trabajo. El resto de economías no hegemónicas – la economía popular, de cuidados, etc. –, que hasta ese momento han podido tener cierto peso en las relaciones comunitarias, pasan a ser marginales.

En un contexto donde los roles tradicionales de género están profundamente arraigados y donde el sostenimiento de la vida queda subordinado a las dinámicas de acumulación de la actividad extractiva, los impactos socio-ambientales como la contaminación de fuentes de agua o el aumento de enfermedades incrementan notablemente la carga de trabajo doméstico y de cuidados diario que realizan las mujeres.

“Hay miles de experiencias productivas y económicas desde las mujeres que a partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías en resistencia.” A través de esta idea, adoptada de forma colectiva en el Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares celebrado en Ecuador en junio de 2013, las mujeres plantean otra forma de hacer economía. Una economía basada en la gestión de los bienes comunes que garantiza la reproducción cotidiana de la vida. Tal y como asegura la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa, la presencia de las mujeres en las luchas socio-ambientales ha impulsado un nuevo lenguaje de valoración de los territorios basado en la economía del cuidado. Detrás de esas luchas, por lo tanto, emerge un nuevo paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad.

El extractivismo y la reconfiguración del patriarcado

“La presencia de hombres de otro lugar que ocupan las calles, se ponen a tomar [beber alcohol] y fastidian a las mujeres, genera que éstas no puedan salir a tomar un café porque las tratan como a putas”, cuentan las mujeres en Cajamarca, una de las regiones más afectadas por las actividades mineras en Perú.

En un contexto de acelerada masculinización del espacio, el extractivismo rearticula las relaciones de género y refuerza los estereotipos de masculinidad hegemónica. En las zonas en las que se asientan las industrias extractivasse consolida el imaginario binario basado en la figura del hombre proveedor donde lo masculino está asociado a la dominación. En esta recategorización de los esquemas patriarcales, el polo femenino queda ubicado en la idea de mujer dependiente, objeto de control y abuso sexual.

En definitiva, tal y como señala un estudio publicado por Acsur-Las Segovias, las aspiraciones colectivas que rodean a las actividades extractivas están fuertemente influidas por patrones masculinos, por imaginarios masculinizados. En este sentido, las experiencias feministas permiten visibilizar el extractivismo como una etapa de reactualización del patriarcado. La investigadora y activista social mexicana Raquel Gutiérrez sostiene que “extractivismo y patriarcado tienen una liga simbiótica. No son lo mismo, pero no puede ir el uno sin el otro.”

Protagonistas de la resistencia

Cuando la empresa Yanacocha adquirió el proyecto minero Conga en 2001, nunca imaginó que una sola mujer pondría en riesgo sus aspiraciones. Máxima Acuña se enfrenta con firmeza a uno de los gigantes de la minería. Se niega a entregar sus tierras, ubicadas frente a la Laguna Azul de la región peruana de Cajamarca, a una empresa que ha sido varias veces denunciada por la adquisición irregular de terrenos privados. Desde el año 2011 Máxima y su familia han sido víctimas de violentos intentos de desalojo por parte del personal de la minera y de la policía estatal. Entre amenazas, intimidaciones y hostigamientos, resiste a un proceso judicial plagado de irregularidades que la empresa interpuso bajo el cargo de usurpación de tierras.

En junio de 2008 Gregoria Crisanta Pérez y otras siete mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala,  Guatemala, sabotearon el tendido eléctrico interrumpiendo el suministro de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. Durante cuatro años recayó sobre ellas una orden de captura por sabotaje del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de 2012, los cargos penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar parte de las tierras de Gregoria, que venían siendo utilizadas de forma irregular por la empresa.

Las mujeres del pueblo de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), a la que lograron expulsar de sus tierras en el año 2004. El Estado ecuatoriano había concesionado el 60% de su territorio a la empresa, sin realizar ningún proceso de información ni consulta previa. Fueron las mujeres quienes, desde el principio, tomaron la iniciativa. Cuando el ejército incursionó en su territorio militarizando la zona en favor de la petrolera, ellas les requisaron su armamento. El ejército quiso negociar la devolución de las armas de forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por las mujeres, convocó a toda la prensa del Ecuador para sacar el caso a la luz pública. En el año 2012, tras una década de litigios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de los derechos del pueblo de Sarayaku.

Estos y otros casos ilustran el panorama anti-extractivista latinoamericano en el que las mujeres se alzan como protagonistas de la resistencia, incorporando nuevos mecanismos de lucha y reivindicando su propio espacio. En su comunicado, las mujeres amazónicas que en octubre de 2013 caminaron durante más de 200 km en contra de la XI Ronda Petrolera en Ecuador, proclamaban: “Defendemos el derecho de las mujeres a defender la vida, nuestros territorios, y a hablar con nuestra propia voz”.

Fuente: http://www.lamarea.com/2014/02/17/ecuador-extractivismo-mujeres/


En este texto, John Perkins presenta un panorama claro de cómo Estados Unidos se convirtió en una de las naciones más poderosas del mundo, haciendo pronósticos económicos falsos en los países del Tercer Mundo y manipulando a sus líderes corruptos.

John Perkins fue contratado como economista por una compañía constructora con el fin de que convenciera a los países del Tercer Mundo a pedir cuantiosos préstamos al Banco Mundial y que, de este modo, quedaran endeudados durante años.

Pero no sólo quedarían endeudados económicamente, sino que se les haría pagar la deuda a través de favores que beneficiarían a Estados Unidos, tales como: bases militares, votos favorables en las Naciones Unidas y acceso a los recursos naturales. Esta es la historia de John Perkins, un sicario económico.


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*


En este último mes, la población de Cajamarca ha puesto en tela de juicio la efectividad de la Policía Nacional del Perú – PNP, debido a los últimos asesinatos a taxistas de esta ciudad, más aún debido al gran desplazamiento de efectivos policiales a la zona del Proyecto Conga de Minera Yanacocha.

Por lo general la gente cree que es el gobierno quien moviliza los policías a la zona de Conga, pero resulta que este movimiento se debe a los convenios institucionales entre la DIROES y la empresa minera Yanacocha. Hasta el momento se tiene conocimiento que Yanacocha posee dos convenios[1] firmados uno en el 2007 y el otro en el 2011, estos son respaldados por el Decreto Supremo[2] N° 004-2009-IN, decreto que aprueba el reglamento de prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial.

Pero a donde queremos llegar, es saber que hay antecedentes de empresas mineras que usan a los efectivos policiales como “mercenarios a sueldo” que solo protegen los intereses de la empresa minera y no de la población, para la cual mencionaremos algunos casos, que no solo pasa en Perú sino también a nivel mundial.

Como primer antecedente[3] tenemos, el 7 de agosto de 1996, en Tanzania – África, la empresa junior SUTTON de capital canadiense, con sus excavadoras y respaldados por la “policía militar”, expulsaron a miles de mineros de los campos de oro de Bulyanhulu y otros fueron enterrados vivos por los bulldozers que rastrillaron el terreno, a parte, varias personas perdieron sus tierras sin explicación alguna, en otras palabras se les fue expropiada, en este caso, deja claro que la “policía militar de Tanzania” participò como respaldo para evitar que los pobladores se opongan al desalojo; actualmente la mina Bulyanhulu es ahora propiedad de la canadiense Barrick Gold.

Como segundo antecedente tenemos, el 16 de agosto de 2012, en Sudáfrica – África, miles de trabajadores de la mina Marikana (extracción de platino) que pertenece a la británica Lonmin, salieron a protestar por mejoras laborales y salariales, los mineros estaban armados de palos, lanzas y machetes pero estos fueron reprimidos por más 3 000 efectivos, incluidos miembros de la unidad de control de disturbios, respaldada por helicópteros y caballos, estos efectivos fueron desplegados por el gobierno sudafricano con el objetivo de salvaguardar los intereses de la minera. Este enfrentamiento dejo alrededor de 34 muertos y 250 heridos, todos producidos por armas de fuego y en ocasiones los disparos fueron a quemarropa. Este suceso fue catalogado como una “masacre” y recordó los tiempos del apartheid que vivió Sudáfrica, la mejor prueba sobre esta masacre fue un video filmado por Reuters[4] y publicado por varios sitios internaciones, donde se observa el avance de un grupo de mineros contra una formación de policías que imprevistamente disparan sus ametralladoras y pistolas contra los trabajadores desarmados. Esta masacre le valió a Lonmin ser nominada para el premio Public Eye Adwards 2013 (premio que se da a la peor empresa del mundo) que es promovida por Greenpace y BD.

Masacre de la policía en Caso Lomin en Sudafrica. Foto: Reuters

Masacre de la policía en Caso Lomin, foto de heridos y muertos. Foto: Reuters

Como tercer antecedente[5][6] tenemos, entre el 1 y 3 de agosto de 2005 en Ayabaca – Piura, en el campamento de la empresa minera Majaz S.A, 29 comuneros entre ellos 2 mujeres fueron torturados por la DINOES y la empresa de seguridad FORZA, ahora conocida como SECURITAS, parte de la tortura consistía en golpes, maltratos psicológicos y en el caso de las mujeres violentación sexual, dentro del grupo un comunero no soporto los golpes y murió desangrado, después de 3 días, los 28 comuneros fueron liberados y denunciados por terrorismo, luego de que se filtraran las fotografías de la tortura, decidieron denunciar a la empresa minera, a los policías y a la empresa de seguridad, en el 2010 los 28 comuneros ganaron el juicio en la Altas Cortes Británicas contra la empresa Majaz, actualmente se sigue las investigaciones a la policías, trabajadores de la empresa minera como también a la empresa de seguridad.


Comuneros detenidos ilegalmente en caso Majaz, fueron torturados y golpeados por DINOES. 
Foto: Foto filtrada de la DINOES

La lista de antecedentes donde se ven a mineras y policías que participan juntos en represiones, tortura y desalojos es larga, respecto al Perú hay muchos que incluso no han sido registrado aun por alguna organización. Actualmente la población dice “la policía usa las armas que se compra con dinero del pueblo y estas son usadas para matar al pueblo “. En el caso de Perú urge revisar y eliminar estos tipos de convenios, decretos y demás, pero todo esto depende de la voluntad política del gobierno, pues su obligación es proteger a la población y no estar al servicio de empresas que por tener poder económico, pueden contratar a la policía para hacer lo que ellas quieren, sabiendo que esta contratación va e en contra de los intereses de la población.

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* Jorge J. Chávez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.
[1] Lista incompleta de “convenios” firmados entre la Dirección de Operaciones Especial – DIROES de la PNP y empresas mineras. Disponible en: http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.html
[2] Decreto Supremo N° 004-2009-IN, disponible para su lectura y descarga en: http://minacorrupta.wordpress.com/2012/08/11/decreto-supremo-n004-2009-in-contratacion-de-policia-para-seguridad-privada-para-minera-petroleras-bancos/
[3]Deneault, Alain; “Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique”; Editorial Ecosociété; Canadá; 2008. Disponible en francés: http://www.congoforum.be/upldocs/EBOOK%20FRan%C3%A7ais%20Noir%20Canada%20Pillage%20corruption%20et%20criminalit%C3%A9%20en%20Afrique%20Al_.pdf
[4] “La policía sudafricana dispara a los mineros en huelga”, video que está disponible en el canal de YouTube de propiedad de Euro News. Disponible en: http://youtu.be/eraSx-EDVpo
[5] Elizabeth Prado; “En Majaz sí se torturó el año 2005”; Diario La República; 09 de enero de 2009. http://www.larepublica.pe/09-01-2009/en-majaz-si-se-torturo-el-ano-2005
[6] “Caso Majaz: Indemnizan a 33 campesinos que fueron torturados en campamento minero”; CNDDHH; 20 de julio de 2011. http://derechoshumanos.pe/2011/07/caso-majaz-indemnizan-a-33-campesinos-que-fueron-torturados-en-campamento-minero/

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 12 y 13 http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa


Domingo 23 de diciembre de 2012 Ahora que el periodismo de personaje se dedica a individualizar, Otramérica se aferra a la tarea de colectivizar. Hay muchos más, pero os queremos recordar 10 rostros colectivos de las dignas luchas de Nuestra América. ¿Quieres proponer más?

Imagen de los zapatistas este 21 de diciembre en Palenque.

Por Equipo Otramérica

En este mundo occidental de individualidades es difícil visualizar a las colectividades. Time reelige personaje del año a Barack Obama, desoyendo la terca verdad de los hechos y coincidiendo con el argentinísimo diario La Nación. El diario español El País se enrosca en su propia trampa y se queda con las que denomina como Cien Estrellas de Iberoamérica y las reduce al final a una: Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia que era ministro de Defensa cuando sus soldados desaparecieron y mataron a casi 4.000 jóvenes en los conocidos como “falsos positivos”. Nada nuevo bajo el sol de los tópicos…pero ¿qué colectivos o comunidades han sido os sujetos colectivos del año en Nuestra América? Son cientos por no decir miles, pero vamos a destacar a 10, como para seguir la línea los top ten que tanto gustan por el Norte Global. Vamos a ello:

 
1/ La sociedad civil mexicana: empezamos por aquí por lo fresco que está todo. Diferentes movimientos y colectivos mexicanos han plantado cara a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente. Lo han hecho desde la palabra, desde la propuesta y, también, desde las calles. La respuesta del poder ha sido brutal, pero no parece que un pueblo acostumbrado a convivir con un poder secuestrado se amedrente fácilmente. La lucha por la liberación de las 14 personas que siguen presas tras la cacería del 1 de Diciembre en las calles del Distrito Federal, la impresionante manifestación colectiva del día 21 de diciembre de los zapatistas en Chiapas, la resistencia de Cherán o Guerrero… Las gentes de México, aunque se pongan diferentes etiquetas y tengan diferentes tendencias, son un gran sujeto colectivo de dignidad en uno de los contextos más complejos, violentos y acosados del Hemisferio.

2/ Cajamarca y Celedín, Perú: Los habitantes de Cajamarca han luchado duro contra el gobierno de Perú y contra los intereses de la multinacional minera Newmont. Y están a punto de ganar. De momento, han logrado que el Gobierno frene temporalmente el devastador proyecto minero, aunque voces del ejecutivo ya señalan que en 2013 habrá que reanudarlo. El momento más drmático se produjo en julio, cuando en choques con los militares murieron cinco comuneros. Este 21 de diciembre, y después de 5 meses de Estado de Excepción, se retiraron las tropas acantonadas en Bambamarca. Tal y como describe el reconocido blogCeledín Libre: “El pueblo aplaude su retirada, jamás les dieron la bienvenida, siempre el pueblo repudiaba su presencia, los sentimientos son solo malos recuerdos porque asesinaron a quema ropa a nuestros paisanos, sin compasión a cinco hermanos ronderos que clamaban que no destruyan las lagunas de conga por parte de la transnacional Newmont-Yanacocha. Mientras tanto, las rondas campesinas siguen cuidando sus lagunas desde el 8 de octubre del 2012 en forma rotativa, la lucha sigue advierten los dirigentes de sociedad civil de la provincia de Hualgayoc la región Cajamarca, seguro que el gobierno nacional en complicidad tratará de imponer el proyecto minero de Conga, pero ahora les encontrará más unidos y preparados que nunca, sostienen”.
3/ Pueblos Originarios del Cauca (Colombia): parece que se ha olvidado, pero en julio los combativos indígenas del Cauca daban la vuelta al mundo con su actitud de digna resistencia al conflicto armado. Primero, al echar de su territorio a un centenar de militares del Ejército de Colombia; después al detener y enjuiciar, según la Justicia originaria, a algunos integrantes de las FARC. La primera reacción del establecimiento colombiano fue estigmatizar a los pueblos originarios y plantear el problema en términos nacionalistas. El tiempo, las luchas de siglos y la razón está del lado de unos pueblos que resisten al conflicto con propuestas.
4/ La sociedad civil de Paraguay: Los pueblos siempre son más valientes que sus políticos. Y quizá por eso en Paraguay es la sociedad civil la que ha plantado cara todo el año al golpe de Estado parlamentario que sacó del poder a Fernando Lugo el 22 de junio de este 2012. Las manifestaciones, denuncias y reivindicaciones en la calle son constantes aunque los grandes medios invisibilicen a Paraguay y se empeñen en convertir al país en una finca brasileña. El último gesto simbólico fue la condena a los parlamentarios por parte del Tribuna Ético a finales de noviembre.
5/ República Dominicana, el paraíso tiene grietas: la histórica situación de injusticia social que vive la población de República Dominicana queda oculta entre los anuncios turísticos y los tópicos caribeños. Pero este país ha tenido un año caliente de protestas contra la corrupción, contra la intencional desfinanciación de la universidad pública o contra el trato a los descendientes de los haitianos. El 8 de noviembre la Policía de ese país, que acumula un inmenso expediente por violación de los DDHH, asesinó a un estudiante durante las protestas contra el llamado ‘paquetazo fiscal’. La voz de las y los dominicanos ha retumbado en Otramérica.

6/ Madres centroamericanas: El drama de los migrantes que trepan por México para alanzar Estados Unidos es brutal. Y sus familias lo viven en carne propia. Se calcula que puede haber unos 70.000 desaparecidos (oficialmente hay 24.000) y por eso 38 madres de víctimas migrantes recorrieron México en octubre para reclamar verdad, justicia y reparación. Una caravana digna y poderosa con rostros y voces fundamentales.

7/ Resistencia en Tierras Bajas (Bolivia): Después del éxito colectivo de la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Securé (TIPNIS) celebrada en Bolivia en 2011, en 2012 las comunidades han seguido resistiendo contra el Gobierno, su aparato de dinero y favores y las artimañas legales de Evo Morales para desmontar la ley de intangibilidad del TIPNIS que aprobó en 2011 y realizar la post consulta trampeada de este 2012. Pase lo que pase con la carretera que el Gobierno quiere hacer pasar por el medio de este valioso territorio, las comunidades originarias del TIPNIS han demostrado este año que la defensa de la vida no tiene ni límite ni admite descanso.
8/ La voz de la calle en Haití: No hay nada como la niebla informativa para ocultar la realidad. Lo que occidente quiere ver de Haití es a personas mendicantes, pobres, desamparadas y necesitadas de ayuda externa. Lo que pasa día a día en la calle es que los movimientos sociales haitianos cada vez están más (re) organizados,protestan ante la intervención extranjera que controla el país y exigen un Estado democrático, sin corrupción y sin la dudosa misión de Naciones Unidas.

9/ Colón, se acabó la vaina: Panamá es otro paraíso teórico. Ahora los medios del Norte lo califican como el lugar más feliz del continente. Claro, no contemplan las movilizaciones masivas de los Ngäbe-Buglé, que en febrero lucharon contra al Código Minero y contra la construcción de represas en su territorio y tampoco miran a la ciudad de Colón. Allá, el sujeto colectivo agrupado alrededor del frente Amplio por Colón (FAC), se levantó en octubre ante el intento del Gobierno de vender sin consulta las tierras de la zona franca que rodea a esta ciudad. Después de varios días de choques y de una brutal represión (que dejó al menos cuatro personas muertas), los afrodescendientes de Colón lograron parar el proyecto y hoy siguen en pie de lucha.
10/ La interminable lucha del Aguán (Honduras): En Honduras se libran muchas batallas por la libertad, pero en la zona del Bajo Aguán están poniendo demasiadas víctimas. El Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) y el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) son hostigados de forma brutal por los paramilitares de dos terratenientes: Miguel Facussé y René Morales. Las últimas víctimas de esta resistencia son José Cecilio Pérez Martínez, presidente de la Cooperativa El Despertar, y Antonio Trejos, abogado del MARCA.

Fuente: http://otramerica.com/temas/los-10-sujetos-colectivos-nuestra-america-2012/2735