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Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación ~ Miércoles, 22 Jul 2015

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En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derechono estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Áncash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Conoce aquí qué comunidades forman parte de la base de datos preliminar de pueblos indígenas

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El Ministerio de Energía y Minas contrató a consultores privados para identificar cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real.

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

EN LOS ANDES. El 63% de las comunidades identificadas como indígenas son quechuas del norte y sur del Perú.Crédito: Miguel Mejía.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

 Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.


Entre el gobierno de Alan García y el de Ollanta Humala han muerto 253 personas en conflictos sociales. ¿Son viables los proyectos mineros sin licencia social?

El Perú viene impulsando megaproyectos mineros por 20 millones de dólares, según palabras del Premier Pedro Cateriano. El país lidera la producción de oro en Suramérica, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial; es el tercer productor de cobre a nivel global y ocupa el segundo lugar en la producción de plata. En el año 2010 la consultora PriceWaterhouseCoopers denominaba a Perú como uno de los principales centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan de cifras y de proyecciones económicas basadas en la extracción de estos recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las industrias extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello implica.

Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y  sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.

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253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años en conflictos sociales

Durante el gobierno de Alan García (2006-2011) murieron 193 personas en conflictos sociales, 153 civiles. Mientras que en la gestión del  presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el conflicto  del proyecto Tía María de Southern Copper. En el lapso de 17 días han fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en torno a este conflicto, llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del actual gobierno. 253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a que la criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer este modelo de desarrollo.

¿Sin licencia social es viable la explotación de los recursos naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) no cuentan con legitimidad social, y proyectos como Tambogrande y Majaz en Piura y Cerro Quilish en Cajamarca  no fueron viables por no tener licencia social. Todos estos proyectos impulsados desde el poder Ejecutivo sin diálogo con las poblaciones han dejado como saldo muertos, heridos, defensores ambientales denunciados,  secuestro y torturas, como fue el caso de la minera Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos.

Optar por la militarización ha generado una tensa relación y rechazo hacia las fuerzas del orden, en estas disputas han fallecido 41 militares durante ambos gobiernos.

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Desde el Poder Ejecutivo se ha ido tejiendo un manto de protección legal a las fuerzas del orden, quienes intervienen mediante represiones violentas en los conflictos. Durante los dos últimos gobiernos –García y Humala- se han aprobado diversas normas legales, como los decretos legislativos: 982, 983, 988, 989, 991  y 1095. Este último fundamenta que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Además se aprobaron leyes como N° 29986 (26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del año 2014, que permiten hechos como el levantamiento de cadáveres por efectivos militares y/o policiales sin presencia del fiscal en  zonas declaradas en estado de emergencia; exoneración de responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones.

Cajamarca: una región minada

En el caso concreto de la región Cajamarca, el año 2006, el campesino Isidro Llanos perdió la vida por defender el agua en Combayo. En 2012, el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas, entre ellos un niño. Todas estas muertes se dieron en disputas entre las fuerzas armadas y las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados, siguen impunes.

En esta región existe un alto índice de criminalización de la protesta y disputas entre los “pro mineros” y los “antimineros”. Entre los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282 heridos y 303 líderes ambientales procesados, según la sistematización realizada por Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y reportes de las ONGs como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y archivos periodísticos.

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Los más altos índices de los conflictos también se registran en esta región. En la última década (2005 – 2014) se han reportado cerca a mil conflictos (977), 80% se debieron a conflictos socioambientales (777); de este último indicador, 480 se debieron al agua (61.7%), mientras los conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de acuerdo a los reportes de conflictos de la  Defensoría del Pueblo. La sistematización arroja además que alrededor de la minera Yanacocha se han dado los mayores eventos conflictivos: 241, siendo los más frecuentes alrededor del proyecto minero Conga. La minera Coimolache registra 76 conflictos en la última década, seguida de La Zanja (74), Gold Fields (74).

La expansión minera sin límites es otro de los detonantes de los conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería, lo que representa casi 1.5 millones de hectáreas. Según el Ministerio de Energía y Minas en la región existen 2,331 concesiones mineras, 24 unidades en producción y 9 unidades en exploración.

Grupo Yanacocha tiene acumulado un total de 500 concesiones en Cajamarca, con una extensión de  396,567.28 ha.

La superficie territorial otorgada mediante concesiones a Yanacocha es de 227,153.51 ha, con 302 concesiones acumuladas. Mientras que Chaupiloma Dos tiene 144 concesiones con 124,357.64 ha. Newmont Perú tiene 54 concesiones con una extensión de 45,056.13 ha. Así, el Grupo tiene un acumulado  total de 500 concesiones, con una extensión de 396,567.28 ha en la Región Cajamarca.  Esta elevada cifra convierte a Yanacocha S.R.L. en la empresa minera con mayor concesión en la región, seguida de Vale explorarion SAC, S.M.R.L. Chaupiloma II de Cajamarca, y Barrick Misquichilca S.A. (CooperAcción/Ingemmet. Oct.2014).

Minería y pobreza

El historiador Antonio Zapata señala que la enorme riqueza minera del Perú contrasta vivamente con la pobreza de las regiones donde se asienta su producción. Así por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica y Pasco se hallan entre las regiones más pobres del Perú, no obstante la vigencia y antigüedad de la gran minería en estas localidades. Son pocas las regiones, como Moquegua y Tacna, que han logrado combinar gran minería con desarrollo. En la mayoría de casos, por el contrario, la presencia de la gran minería ha traído pobreza para las regiones y también para para los mismos trabajadores mineros.

Cajamarca, tras 22 años de gran minería, sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Esta región, que concentra la mayor producción de oro del Perú, y que debería ser el modelo de desarrollo en el país, es la región con mayores desigualdades, lidera las cifras de pobreza en el país (53.7%) y de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 154,800 personas de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir, siendo la población femenina la que presenta la tasa más elevada, alcanzando el 25,5%. Asimismo, 57 mil niños de 3 a 5 años no acceden al sistema educativo, lo que arroja un déficit de 58.6%.

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Si bien es cierto que la distribución de la riqueza en las zonas rurales es una tarea que le compete al Estado y no a las empresas mineras que operan en la zona, los gobiernos de turno no han buscado equidad en la distribución de las riquezas generadas durante dos décadas. Además, no ha fomentado el orden bajo un esquema de responsabilidad ambiental ni legitimidad social, ni han impulsado compensaciones en cuanto a impactos ambientales, sobre las personas y las comunidades.

¿Cuántas décadas más debe esperar Cajamarca para que su población vea los beneficios de la minería? “Más allá de las cifras macroeconómicas y de los millonarios ingresos que genera esta actividad a las arcas del Estado, lo tangible es que Cajamarca es el departamento más pobre del país y las comunidades han visto muy pocos beneficios en estos últimos 20 años”, sostiene Keith Slack gerente de Programa de Industrias Extractivas de Oxfam América.

La exclusión de otras actividades productivas ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza

“El problema central es que no hay una mirada de desarrollo compartido, el gobierno central no articula con los gobiernos locales ni regionales, no hay una visión común de desarrollo. La actividad minera es importante, pero en un horizonte de actividades la minería no debe ser lo más importante, sino también la agricultura y la ganadería. La exclusión de otras actividades productivas de las regiones ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza. La ausencia del Estado a nivel de la diversificación productiva es fuerte. Nosotros hemos propuesto desde el Gobierno Regional diversificar la económica con diferentes actividades, sin embargo no hay interés desde el Ejecutivo”, señala Sergio Sánchez, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca.

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Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que históricamente la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de desarrollo económico de largo plazo. Pues no se trata solo de superar el paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación productiva, sino también de transformar el capital derivado de los recursos no renovables de la región en capital humano -educación y capacitación-, infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico con criterios de largo plazo para impulsar el cambio estructural con igualdad.

Slack recomienda que para llevar adelante las inversiones se debe empezar a transparentar las actividades extractivistas, proveer información a las comunidades, escuchar y responder a las preocupaciones que tienen. “Debe haber procesos de consulta, no se puede avanzar en un proyecto sí o sí pensando que las comunidades son un obstáculo para la inversión, ellos (comunidades) deben ser tratados como socios no como objetos de obstáculos, tampoco se debe quitar legitimidad a las opiniones de las comunidades, las mineras hablan de “pequeñas lagunitas”, como si no fueran cosas importantes para las poblaciones, cuando son la base fundamental de su producción agrícola”, dice.

Los muertos y heridos en conflictos sociales no pueden seguir siendo considerados como una consecuencia a la oposición de un proyecto extractivo, la discusión no se debe centrar en “minería sí o no”. Es falaz presentar estas dos únicas opciones para poder reflexionar sobre  la minería o el modelo económico en el país. Hay preocupaciones y demandas reales  que deben ser atendidas.


Una de las historias habla de Máxima Acuña, la

Una de las historias habla de Máxima Acuña, la “Dama de la laguna”, quien lucha por la contaminación en Conga. Foto: Jorge Chávez

En Perú se plasman dos casos: Conga, respecto a la minera Yanacocha; y Pachacaca, relacionado a la fábrica procesadora de cal.

A unos tres meses de celebrarse la Conferencia de las Partes de la ONU (COP20) en Lima, la revista digital Número Zero presenta su reportaje multimedia “Extracción al límite: Latinoamérica pone en entredicho su motor de crecimiento; donde se menciona cinco países: Ecuador, Colombia, México, Perú y Argentina.

El reportaje explora el modelo económico basado en la producción de metales y combustible fósil, característica común al crecimiento de América Latina -con sus matices en cada país-, en el contexto de los conflictos socioambientales que genera.

“Extracción al límite” muestra realidades ignoradas, como las de Pachachaca (Junín) y Conga (Cajamarca), en Perú; el parque Yasuní, en Ecuador; la Sierra Norte de Puebla, en México; Marmato, en Colombia; y Pascua Lama en la frontera norte entre Chile y Argentina.

En el caso de Perú, se habla de dos problemas: Conga y Pachacaca; en el primero se detalla el tema de la minera Yanacocha, contada desde la perspectiva de una pobladora que lucha contra la contaminación en el lugar desde hace tres años.

En el segundo, sobre la comunidad campesina de Pachacaca, en Junín, dónde lospobladores se resisten a la contaminación de una fábrica procesadora de cal.

El reportaje pudo realizarse gracias a la coordinación de un grupo de periodistas peruanos junto a corresponsales en México y Argentina.

“En este contexto, la posición del Gobierno peruano es de una dicotomía que resulta interesante; por un lado, ha anunciado que está dispuesto a “asumir obligaciones” en la lucha frente al cambio climático (…) Sin embargo, al mismo tiempo aprueba medidas de estímulo económico que a todas luces privilegian las actividades extractivas”, se lee en la introducción.

Publicado en Diario La República.

Viernes, 29 de agosto de 2014


También muestra preocupación por “la falta de implementación efectiva de las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales”.

Respuesta de las autoridades ante los conflictos sociales preocupa a la ONU. Foto: La República

Respuesta de las autoridades ante los conflictos sociales preocupa a la ONU. Foto: La República

El Comité de la ONU sobre la Discriminación Racial lamentó este viernes que sigan ocurriendo hechos violentos en Perú relacionados con la oposición a la explotación de recursos naturales y que no se realicen investigaciones exhaustivas al respecto.

“El Comité nota con preocupación la información reciente sobre persecuciones penalesy uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de pueblos indígenasque se oponen a proyectos extractivos”, señaló el órgano de la ONU.

En un documento que contiene las observaciones y conclusiones del Comité, tras evaluar el informe de Perú sobre la manera en la que da cumplimiento a esa Convención, se señala que una reforma reciente del Código Penal puede tener un impacto negativosobre los pueblos indígenas.

Se trata de una modificación legislativa que exime de responsabilidad penal a agentes de las fuerzas del orden cuando causan lesiones o muerte, como resultado del uso de la fuerza en el cumplimiento de su deber, según se explica.

Para revertir esta situación, el Comité -integrado por dieciocho expertos independientes-recomienda al Estado peruano que considere la anulación de esa reforma del Código Penal para asegurar que los responsables de un uso excesivo de la fuerza contra indígenas respondan ante la justicia.

En otro pasaje del documento se expresa inquietud por “la falta de implementación efectiva de las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales” de los proyectos extractivos.

A ese respecto, menciona que esas concesiones siguen “vulnerando los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre sus tierras, territorios tradicionales y ancestrales, recursos naturales, incluyendo las aguas, generando problemas como la contaminación de mantos acuíferos”.

El Comité se pronuncia igualmente sobre la situación de pueblos indígenas en situación deaislamiento voluntario o de contacto inicial, y considera que las medidas adoptadas para protegerlos sufren de “vacíos en su implementación”.

En este ámbito le preocupa, en particular, el plan para ampliar las actividades de exploración y extracción de gas natural en la reserva de Kugapakori Nahua Nanti debido a que “puede poner en peligro el bienestar físico y vulnerar los derechos” de quienes viven en la zona.

De otro lado, el informe mencionan las dificultades que “enfrentan los niños cuya lengua materna no es el español para el acceso a una educación de calidad“.

Apunta, en esta misma línea, “los altos niveles de analfabetismo entre niñas y niños perteneciente a comunidades indígenas y afroperuanas”, razón por la que se pide que se implemente de forma efectiva la política de Educación Intercultural Bilingüe. (EFE)

Publicado en La República el Viernes, 29 de agosto de 2014


Tarde lluviosa en la laguna Perol, adonde llegaron alrededor de 4000 personas por la visita de los facilitadores del diálogo el 18 de julio. (Fotos: J. Fowks)

“¡Lagunas naturales y no artificiales!”, “El agua no se vende, el agua se defiende”, “Éste es el pueblo que lucha por la vida”, escucho en los videos cuando se cumplen tres semanas del encuentro de miles de cajamarquinos con los facilitadores del diálogo por el conflicto del proyecto minero Conga, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, en tres de las lagunas que desaparecerían con las operaciones del proyecto minero Conga. Sin embargo, no hay aún novedades por parte del Ejecutivo para suspender el estado de emergencia en Cajamarca y continúa la violencia injustificada en las calles de Celendín.

En Lima, desde que el conflicto en Cajamarca llegó a las primeras planas -noviembre 2011- ha habido insistencia en responsabilizar de las movilizaciones al presidente regional Gregorio Santos y al ex dirigente Wilfredo Saavedra, que ocupó un cargo en el Frente de Defensa de Cajamarca. A ambos los han denominado azuzadores de la violencia ‘antiminera’; algunos incluyen también al activista y político Marco Arana. Sin embargo, para la gran mayoría de los cajamarquinos es claro que -por su historia política- no basta con uno o dos políticos para gestar una causa. La tradición e institución de las rondas -desde la década de los años 80- obliga a tomar acuerdos y respetar la institucionalidad, que también se expresa en otras redes y organizaciones más pequeñas (como por ejemplo, beneficiarios de programas sociales, dirigencias de centros poblados, etcétera). Es también necesario decir que en el área de influencia del proyecto Conga, la mayoría de la población es rural y pobre, pero con organizaciones.

Cabalgata hacia la laguna Perol, algunos atravesaron con dificultad los bofedales (pantanos), otros bordearon la trocha luego de bajar de las colinas.

También los medios capitalinos insisten en que algún rezago del terrorismo (el radicalismo) mueve las protestas en Cajamarca, sin embargo, todos los que lideran la posición de ‘Conga no va’ (Saavedra no lidera) han contrarrestado los intentos de Movadef, que trató de colarse a algunas movilizaciones. Y, recordando el pasado de 1980 al 2000, Sendero Luminoso no pudo actuar en Cajamarca porque las rondas los combatieron y les ganaron.

El gabinete que dirige el primer ministro Juan Jiménez Mayor ha anunciado que evaluará si anulan el estado de emergencia siempre y cuando haya gestos de paz y retorno a la normalidad, por parte del presidente regional de Cajamarca. Sin embargo, la Policía Nacional no da esos gestos de normalidad, en particular en Celendín donde la semana pasada nuevamente agredieron fuertemente a jóvenes (y un menor de edad). En Celendín se originó la posición contraria al proyecto minero Conga. ¿Cómo puede entonces el gobierno exigir lo que sus fuerzas del orden incumplen?

Por otro lado, una nota del diario La República reveló el sábado que el Ministerio Público no es capaz de encontrar a los responsables de las cinco muertes por los tiroteos del 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca. Hay videos, tanto de la PNP como de ciudadanos, y también documentos donde queda la huella de las órdenes de la PNP y el Mininter que deben servir para llegar a los responsables. Entonces: ¿son estos los mensajes y los gestos para restablecer el diálogo en Cajamarca?

En la segunda laguna esperaban unas 500 personas a mediodía. (Foto: J. Fowks)

Han pasado tres semanas de esas tres visitas a las lagunas en riesgo por el proyecto minero. Una sola imagen que describa qué ocurrió, tendría que decir que cerca de cuatro mil peruanos, predominantemente rurales, llegados la mayoría por sus propios medios y teniendo que superar los controles de seguridad de la policía y de la seguridad privada de Conga, quisieron hacerle ver a los enviados, urbanos, el peligro de su modo de vida, o simplemente de su vida: por ejemplo, una mujer denunció que la empresa minera ha entrado a su casa a sacarla a ella y su hija con violencia, que ha matado sus animales, y que no le hacen caso porque no tiene un celular o una cámara para grabar y probar lo que dice.

A continuación, dos videos de algunas formas como los ciudadanos cajamarquinos llegaron a Perol, la tercera laguna visitada por Cabrejos y Garatea.


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