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Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación ~ Miércoles, 22 Jul 2015

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En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derechono estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Áncash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Conoce aquí qué comunidades forman parte de la base de datos preliminar de pueblos indígenas

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El Ministerio de Energía y Minas contrató a consultores privados para identificar cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real.

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

EN LOS ANDES. El 63% de las comunidades identificadas como indígenas son quechuas del norte y sur del Perú.Crédito: Miguel Mejía.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

 Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.




– Material recoge declaraciones de Teodosia Mayta Murga, quien en febrero de este año fue víctima de ataques por parte de efectivos de la Dinoes.

Servindi, 30 de agosto, 2014.- El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) puso en circulación el foto ensayo “Conga: El grito del pueblo”, que explica el daño que ocasionará la ejecución del proyecto minero Conga en Cajamarca. Compartimos el material que contó para su realización con el apoyo de las comunidades y rondas campesinas de las zonas en riesgo.

Con la difusión de este material, el Instituto da inicio a una campaña de solidaridad a favor de los pueblos que sufren el constante asedio de las fuerzas del orden que brindan servicio a Yanacocha, empresa a cargo del proyecto.

El peligro para estos pueblos tiene sustento en las obras del proyecto que impactarán de manera significativa e irreversible en la cabecera de cuenca de donde proviene el agua que utilizan para el desarrollo de sus principales actividades.

Con la difusión de material de este tipo, los pueblos afectados por este megaproyecto esperan difundir su “resistencia pacífica e inteligente” iniciada hace más de dos años.

Asimismo, ellos explican que su lucha continuará hasta lograr que el Estado declare la nulidad de la concesión y la Empresa Yanacocha se retire de sus territorios ancestrales.

“Conga: El grito del pueblo” es una producción del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad(IIDS).

Gran parte de las fotografías han sido tomadas por Isabel López Meza, del IIDS. El resto de imágenes corresponden al archivo fotográfico de las rondas campesinas, el IIDS y otros profesionales comprometidos con esta resistencia.


También muestra preocupación por “la falta de implementación efectiva de las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales”.

Respuesta de las autoridades ante los conflictos sociales preocupa a la ONU. Foto: La República

Respuesta de las autoridades ante los conflictos sociales preocupa a la ONU. Foto: La República

El Comité de la ONU sobre la Discriminación Racial lamentó este viernes que sigan ocurriendo hechos violentos en Perú relacionados con la oposición a la explotación de recursos naturales y que no se realicen investigaciones exhaustivas al respecto.

“El Comité nota con preocupación la información reciente sobre persecuciones penalesy uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de pueblos indígenasque se oponen a proyectos extractivos”, señaló el órgano de la ONU.

En un documento que contiene las observaciones y conclusiones del Comité, tras evaluar el informe de Perú sobre la manera en la que da cumplimiento a esa Convención, se señala que una reforma reciente del Código Penal puede tener un impacto negativosobre los pueblos indígenas.

Se trata de una modificación legislativa que exime de responsabilidad penal a agentes de las fuerzas del orden cuando causan lesiones o muerte, como resultado del uso de la fuerza en el cumplimiento de su deber, según se explica.

Para revertir esta situación, el Comité -integrado por dieciocho expertos independientes-recomienda al Estado peruano que considere la anulación de esa reforma del Código Penal para asegurar que los responsables de un uso excesivo de la fuerza contra indígenas respondan ante la justicia.

En otro pasaje del documento se expresa inquietud por “la falta de implementación efectiva de las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales” de los proyectos extractivos.

A ese respecto, menciona que esas concesiones siguen “vulnerando los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre sus tierras, territorios tradicionales y ancestrales, recursos naturales, incluyendo las aguas, generando problemas como la contaminación de mantos acuíferos”.

El Comité se pronuncia igualmente sobre la situación de pueblos indígenas en situación deaislamiento voluntario o de contacto inicial, y considera que las medidas adoptadas para protegerlos sufren de “vacíos en su implementación”.

En este ámbito le preocupa, en particular, el plan para ampliar las actividades de exploración y extracción de gas natural en la reserva de Kugapakori Nahua Nanti debido a que “puede poner en peligro el bienestar físico y vulnerar los derechos” de quienes viven en la zona.

De otro lado, el informe mencionan las dificultades que “enfrentan los niños cuya lengua materna no es el español para el acceso a una educación de calidad“.

Apunta, en esta misma línea, “los altos niveles de analfabetismo entre niñas y niños perteneciente a comunidades indígenas y afroperuanas”, razón por la que se pide que se implemente de forma efectiva la política de Educación Intercultural Bilingüe. (EFE)

Publicado en La República el Viernes, 29 de agosto de 2014


Fotos: María Isabel Ferreira

Servindi, 15 de abril, 2014.- Indígenas del sur de Ecuador anunciaron su respaldo a la lucha de las organizaciones, pueblos y comunidades originarios de Perú que defienden el agua, territorio y vida del daño que ocasionan las actividades extractivas inconsultas y que atentan contra los derechos de la población.

Así lo dieron a conocer en un pronunciamiento al final del Foro Binacional de Comunidades Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú y Ecuador, que reunió a más de 140 delegados de ambos países. El encuentro se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de abril en la provincia peruana de San Ignacio, región Cajamarca.

Del lado de Ecuador asistieron representantes de los pueblos Saraguro, Cañari, Shuar y Kichwa de las provincias Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Y de Perú delegados nativos de las regiones Cajamarca, Piura y Amazonas.

Los delegados de Ecuador se refirieron a la vulneración de derechos en los casos del megaproyecto minero Conga que la empresa Yanacocha planea ejecutar en la región Cajamarca con una inversión de cerca de 5 mil millones de dólares.

Asimismo, a la construcción de la hidroeléctrica Chadín II, a cargo de la multinacional brasileña Odebrecht. Esto en el límite de las regiones Amazonas y Cajamarca. El proyecto contempla el reasentamiento de más de mil personas así como perjuicios a la biodiversidad de la cuenca del Marañón.

De igual modo, a los casos de la comunidad de Supayacu, también en Cajamarca, y al de los nativos que luchan por la restitución del Parque Nacional Ichigkat Muja en la Cordillera del Cóndor, zona de frontera con Ecuador.

En ese mismo espíritu, los originarios de Ecuador ofrecieron su respaldo a los indígenas acusados por los hechos trágicos del denominado Baguazo, ocurrido en el 2009, y que culminó con la muerte de más de treinta personas, entre efectivos policiales y nativos.

La primera fase del encuentro de tres días estuvo marcado por el intercambio de experiencias de lucha en la defensa de sus territorios y recursos.

Luego de ello se apuntó a fortalecer procesos de autonomía territorial, organizativa, política y de libre autodeterminación, acordes a la cosmovisión y formas de vida ancestral de los pueblos indígenas de la zona de frontera.

Compartimos a continuación el contenido del pronunciamiento:

Fuente: Servindi


Por Luis Hallazi*

22 de mayo, 2013.- A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.

Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” (1) mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social.

Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos de transición (2) que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica.

El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.

Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo.

Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.

Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados

Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto (3). En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera (4); basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados (5) para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias.

Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.

El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos (6)) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana, conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos” (7). Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir(8).

Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.

Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación (9).

En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar(10), la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.

Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero.

Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas (11) y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.

Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.

Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas.

Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca (12), en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.

En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.

Notas:

(1) En la versión de Alan Garcia “El Perú no es un país agrario sino eminentemente minero” Diario La Primera, El Perú es minero, no agrario”, 11-09-2010http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-per-es-minero-no-agrario_69937.html

(2) Los movimientos de incitativa de Transición están emergiendo principalmente en Europa se configuran como propuestas creativas a la crisis energética o climática.

(3) Martínez Alier Joan ¿Cuánto Coflictos mineros hay en el mundo?http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cuantos_conflictos_ambientales_por_mineria_hay_en_el_mundo

(4) Reporte de Conflictos Sociales N.- 110 – Abril 2013:http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-110-Abril-2013.pdf

(5) Observatorio para los conflictos de minería en América Latina OCMALhttp://www.conflictosmineros.net/home

(6) Declaraciones de la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino ahora flamante presidenta de la Sociedad peruanos de Hidrocarburos: http://www.larepublica.pe/07-03-2013/nombran-beatriz-merino-como-presidenta-de-la-sociedad-peruana-de-hidrocarburos

(7) Informe de la Contraloría de la Republica Colombiana:http://www.rebelion.org/docs/167838.pdf

(8) Declaraciones del Adjunto para Pueblos Indígenas … entrevista en Rumbo Económicohttps://www.youtube.com/watch?v=q_FmXoM0Utg

(9) En el caso de la Federación del Pueblo Shuar (FIPSE) con la compañía petrolera ARCO, el Estado Ecuatoriano arguyo que “los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos son motores del crecimiento económico y por tanto obedecen al interés de desarrollo nacional”.

(10) Gobierno ecuatoriano evalúa reformas a Ley Minera para impulsar el sector.http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/12970-gobierno-ecuatoriano-evalua-reformas-a-ley-minera-para-impulsar-el-sector

(11) El Comercio, Gobierno sabe que 14 proyectos mineros requieren consultahttp://elcomercio.pe/actualidad/1572596/noticia-mapa-gobierno-sabe-que-14-proyectos-mineros-requieren-consulta

(12) Guatemala: Violación a los derechos humanos, durante Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1728-guatemala-violacion-a-los-derechos-humanos-durante-estado-de-sitio-en-jalapa-y-santa-rosa

*Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.com


En un oficio dirigido a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) volvió a escudarse en la ausencia de una Base de Datos oficial de pueblos indígenas para no someter a consulta previa sus proyectos mineros, como ordena la ley. Esta vez, el documento enviado por el director de la Oficina General de Gestión Social del Minem, Fernando Castillo Torres, señala que la ley vigente indica que la Base de Datos “sirve para el proceso de identificación de los pueblos indígenas” por lo que ha manifestado la negativa del ministerio para implementar el derecho de consulta en la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris por proyecto minero Cañariaco de la empresa Candente Copper, calificándolo como “inviable”.

Al respecto, LaMula.pe conversó con el viceministro de Interculturalidad, Ivan Lanegra, quien señaló que no se puede declarar la inviabilidad proceso de consulta solo por la ausencia de la Base de Datos pues precisó que las normas necesarias para este proceso ya han sido dictadas. Del mismo modo, recordo que ya se ha puesto a disposición pública la Guía Metodológica, documento dirigido a funcionarios públicos que orienta el desarrollo del proceso de consulta paso por paso.

“No hay razón para no avanzar con los procesos de consulta. Ya se han publicado todas las normas que debían dictarse, así como la Guía Metodológica. Y en lo que concierne a la identificación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que pudieran ser afectados, la base de datos sería de gran ayuda, pero el no contar con ella no impide realizar dicha identificación, analizando cada caso en particular y aplicando lo que ya establece el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consulta Previa y su Reglamento. Nosotros venimos trabajando para apoyar este trabajo en todos los sectores.” señaló Lanegra.

A tono con el viceministro Lanegra, la adjunta de la Defensoría del Pueblo para temas indígenas, Alicia Abanto sostuvo que la ausencia de una base de datos no puede ser utilizado como una excusa por el Minem para señalar que es “inviable” un proceso de consulta, cuando ya existen suficientes herramientas legales y metodológicas para la implementación de este derecho. En ese sentido, Interculturalidad ha resaltado que el Artículo 10° de la Ley de Consulta Previa, la identificación de los pueblos indígenas a ser consultados corresponde a las entidades promotoras de la medida administrativa y  debe realizarse considerando los criterios objetivo y subjetivo establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la legislación vigente.

Lanegra señaló que debe tenerse presente que toda población que cumpla con los criterios indicados forma parte de los pueblos indígenas del país, siendo titulares del derecho a la consulta previa. En ese sentido, revisando la directiva de la base de datos oficial de pueblos indígenas, los criterios de conexión territorial y de lengua indígena, se encuentran presentes en el caso de Cañaris, por que estaríamos frente a una comunidad integrante de los pueblos indígenas quechuablantes. En ese sentido, vale recordar que la Defensoría del Pueblo ha recomendado que se garantice la implementación del derecho a la consulta para el proyecto minero Cañariaco, como ha solicitado la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris, puesto que esta se autorreconoce como indígenas y el 64% de su población habla quechua.

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Fuente:

psosa (http://lamula.pe/2013/04/20/viceministro-de-interculturalidad-emplaza-al-minem-por-no-implementar-la-consulta-previa/paolososa)



 

En carta dirigida al Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), expresó que la Comisión Multisectorial conformada para consensuar la reglamentación de la Ley de consulta Previa “no cuenta con la legitimidad y representatividad que se requiere para un proceso tan importante”.

“De las 6 organizaciones nacionales que venían participando en el proceso, actualmente sólo han quedado dos (CCP y CONAP) mientras que las cuatro, es decir la mayoría (AIDESEP, CONACAMI, ONAMIAP y CNA) están al margen”, señala el documento.

La organización solicitó además ampliar el proceso de la Comisión con el fin de no terminar con el diálogo para consensuar el Reglamento porque “sería una señal importante de que se tiene la voluntad de lograr un Reglamento legítimo y representativo, y no se busca impornerlo”.

La CNDDHH también recomendó al Gobierno atender el pedido de algunas organizaciones indígenas, como Aidesep, que demandaron la modificación de la Ley de Consulta (artículos 1, 2, 4,7, 15, 19 y la segunda disposición complementaria final), pero que ello no afecte el consenso respecto al reglamento “puesto que se puede correr de manera paralela”.

AIDESEP PREPARA DEMANDA ANTE LA CIDH

En conferencia de prensa, el lunes pasado, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) anunció que se iniciará los trámites para la declaratoria de la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta ante el Tribunal Constitucional y la elaboración del cuadernillo para la presentación de una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que recomiende al Estado la modificatoria de esta norma.

Aidesep sostiene que el Gobierno no tomó en cuenta para la elaboración del borrador de la Ley los puntos acordados en los seis talleres macrorregionales y el Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, desarrollado a mediados del presente mes.

Según el presidente de dicha organización, Alberto Pizango, se han ignorado los acuerdos “por un tema de plazos, de compromisos económicos. El Estado, en un acto de mala fe, está atropellando los derechos de los pueblos indígenas; cuando en un principio indicamos la necesidad de que otras organizaciones participaran de los talleres, el Gobierno no lo permitió”.

LANEGRA AFIRMA QUE EL ESTADO CUMPLIRÁ LOS PLAZOS

El viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, señaló que el Gobierno cumplirá con los plazos para reglamentar la Ley de Consulta Previa y con el recojo de aportes de las comunidades originarias de la selva y los Andes.

“El compromiso del ministro de Cultura, Luis Peirano, es cumplir con los plazos. (…) El Gobierno cumple con sus promesas, cumple con lo que señala, porque hay una serie de compromisos que cumplir”, manifestó.

Lanegra aseguró que hoy miércoles continuará el diálogo con los representantes de las comunidades originarias, para recoger sus planteamientos en torno al reglamento. De ese conjunto mencionó que solo la Confederación Nacional Amazónica de Perú (Conap) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) presentaron sus propuestas.

Las organizaciones que no lo hicieron son la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

En entrevista con LaMula, Lanegra señaló que de no llegarse a un acuerdo con cada una de las partes involucradas en el proceso de Reglamentación, el Estado trabajará con otros actores y de esta manera continuará con el debido proceso de la Ley de Consulta.

“El Estado tiene varios actores con los cuales ha interlocutado. Hay otros dos actores que están actuando cumpliendo con los compromisos previamente acordados”, señaló.

CONSULTA PREVIA EN UN PUNTO MUERTO

En su columna del Diario 16, el especialista de la organización Servicios Educativos Rurales (SER), Javier Torres, sostuvo que “el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa parece haber caído en un punto muerto”, debido a que algunas organizaciones indígenas no acudieron al diálogo convocado por el Gobierno.

“El problema de la posición maximalista que han tomado sus dirigentes (de las organizaciones indígenas) lleva a la consulta a un punto muerto. Con ello terminan haciéndole un enorme favor a quienes desde hace varios años, desde la burocracia estatal, el sector privado y algunos medios de comunicación, han negado los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo Torres.

Ver carta de la CNDDHH: