Posts etiquetados ‘Consulta previa’


Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación ~ Miércoles, 22 Jul 2015

www.ojo-publico.com

En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derechono estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Áncash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Conoce aquí qué comunidades forman parte de la base de datos preliminar de pueblos indígenas

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El Ministerio de Energía y Minas contrató a consultores privados para identificar cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real.

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

EN LOS ANDES. El 63% de las comunidades identificadas como indígenas son quechuas del norte y sur del Perú.Crédito: Miguel Mejía.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

 Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.


También muestra preocupación por “la falta de implementación efectiva de las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales”.

Respuesta de las autoridades ante los conflictos sociales preocupa a la ONU. Foto: La República

Respuesta de las autoridades ante los conflictos sociales preocupa a la ONU. Foto: La República

El Comité de la ONU sobre la Discriminación Racial lamentó este viernes que sigan ocurriendo hechos violentos en Perú relacionados con la oposición a la explotación de recursos naturales y que no se realicen investigaciones exhaustivas al respecto.

“El Comité nota con preocupación la información reciente sobre persecuciones penalesy uso desproporcionado de la fuerza contra miembros de pueblos indígenasque se oponen a proyectos extractivos”, señaló el órgano de la ONU.

En un documento que contiene las observaciones y conclusiones del Comité, tras evaluar el informe de Perú sobre la manera en la que da cumplimiento a esa Convención, se señala que una reforma reciente del Código Penal puede tener un impacto negativosobre los pueblos indígenas.

Se trata de una modificación legislativa que exime de responsabilidad penal a agentes de las fuerzas del orden cuando causan lesiones o muerte, como resultado del uso de la fuerza en el cumplimiento de su deber, según se explica.

Para revertir esta situación, el Comité -integrado por dieciocho expertos independientes-recomienda al Estado peruano que considere la anulación de esa reforma del Código Penal para asegurar que los responsables de un uso excesivo de la fuerza contra indígenas respondan ante la justicia.

En otro pasaje del documento se expresa inquietud por “la falta de implementación efectiva de las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales” de los proyectos extractivos.

A ese respecto, menciona que esas concesiones siguen “vulnerando los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre sus tierras, territorios tradicionales y ancestrales, recursos naturales, incluyendo las aguas, generando problemas como la contaminación de mantos acuíferos”.

El Comité se pronuncia igualmente sobre la situación de pueblos indígenas en situación deaislamiento voluntario o de contacto inicial, y considera que las medidas adoptadas para protegerlos sufren de “vacíos en su implementación”.

En este ámbito le preocupa, en particular, el plan para ampliar las actividades de exploración y extracción de gas natural en la reserva de Kugapakori Nahua Nanti debido a que “puede poner en peligro el bienestar físico y vulnerar los derechos” de quienes viven en la zona.

De otro lado, el informe mencionan las dificultades que “enfrentan los niños cuya lengua materna no es el español para el acceso a una educación de calidad“.

Apunta, en esta misma línea, “los altos niveles de analfabetismo entre niñas y niños perteneciente a comunidades indígenas y afroperuanas”, razón por la que se pide que se implemente de forma efectiva la política de Educación Intercultural Bilingüe. (EFE)

Publicado en La República el Viernes, 29 de agosto de 2014


 
Publicado en Semana Económica
Por Paolo Benza

26 Mayo 2014

En pocas palabras, es cada vez más caro y complicado producir oro. Esta es la principal razón por la que Carlos Gálvez, gerente de Administración y Finanzas de Buenaventura, cree que el precio del metal volverá a subir y se ubicará por encima de los US$1,500 la onza en el 2015. Pese a ello, su compañía ha tenido que reducir y focalizar su presupuesto de exploración en los últimos años. “Y es simple, no puedes encontrar lo que no puedes buscar”, dice. En esta entrevista, Gálvez cuenta algunos de los planes de la compañía para el futuro cercano.

¿Va a haber lugar para las minas de baja ley y baja producción en el mercado de oro?

Si revisamos los descubrimientos auríferos de clase mundial de los últimos 15 años, encontraremos que ya no son de las calidades de hace dos décadas. Los dos últimos están en Nevada y Filipinas, ambos tienen entre 10 y 15 millones de onzas, pero están en profundidad, son sulfuros, de difícil explotación y más difícil metalurgia. No son del costo competitivo al que estábamos acostumbrados. Por eso, el costo total de la industria hoy está ampliamente por encima de los US$1,200 la onza y el costo de efectivo supera los US$750 la onza. Entonces, la inversión no es atractiva.

¿Cómo percibe que han evolucionado las restricciones sociales y ambientales en exploración?

Cada vez son peores. En el Perú, en particular, además de las expectativas generadas en las comunidades, tenemos la expectativa generada a los ilegales e informales, que pretenden que las empresas formales no puedan explorar y ni operar, para manejar ellos la operación. Simplemente veamos lo que pasó en Tambogrande (Piura): esa es una muestra de lo que se está pretendiendo y lo que se podría replicar. Si además ponemos la consulta previa –que todavía no se ha realizado en actividad minera– a comunidades que no tienen el perfil para ser consultadas, sino que cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado, la cosa será aún más difícil.

Buenaventura pretende producir 900,000 onzas este año ¿Qué tiene planeado?

No sé si alcanzaremos las 900,000 onzas. Es una guía, un objetivo loable, y estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para acercarnos a ello. Lo que nos queda por hacer es seguir explorando, desarrollando, construyendo y poniendo en producción nuestros proyectos. Para eso tenemos los que hemos realizado en los últimos años: La Zanja (Cajamarca), Tantahuatay (Cajamarca) y Breapampa (Ayacucho) en oro. Además, estamos en vías de construir el proyecto de Tambomayo (Arequipa), que es de oro y plata, y seguiremos en la brega a pesar de todo.

¿Cómo se va a suplir Yanacocha, a la que le quedan 5 años?

Si nos remitimos al concepto de reservas, es decir, el mineral económicamente explotable, demostrado y que cuenta con todos los permisos y las factibilidades, es cierto que nos quedan 5 años. Sin embargo, eso cambia si es que consideramos Conga. Entonces, se extiende por lo menos por 15 años más. Por otro lado, recordemos que Yanacocha inició sus operaciones en 1993, cuando el precio del oro estaba entre US$290 y US$300, y hoy día está en US$1,300. Tendremos que evaluar si se puede regresar a explotar las minas que se dejaron cuando el precio estaba más bajo. Luego, continuaremos explotando y profundizando los depósitos. Ya no serán solamente óxidos, seguramente serán sulfuros y habrá que tener un trabajo más intensivo, más demandante y de más altos costos, pero acorde con los tiempos.

Si asumimos que Conga es un proyecto necesario, ¿qué plazos manejan para llevarlo a cabo?

Si los planetas se alinean y se toman las decisiones, Conga es un proyecto que se puede ejecutar y concluir en tres años. Así que dependerá de cuál sea el momento de la bajada de bandera.

¿Cuánto se ha reducido su presupuesto de exploración?

Hay tres tipos de exploración. La primera es en los propios los yacimientos mineros, básicamente para reponer reservas en vetas; la segunda es la exploración brownfield, en los alrededores de nuestras unidades, en el mismo distrito y donde están las zonas más conocidas y con mejor información; y la tercera es la exploración greenfield, que se da fuera de nuestras áreas de operación. Esta última podría generar nuevos hallazgos, totalmente distintos a los conocidos, que traerían como consecuencia la construcción de un nuevo proyecto con una planta propia, pero es más riesgosa. Nosotros hemos reducido nuestras exploraciones más riesgosas y nos hemos concentrado en las exploraciones brownfield y en aquellas adyacentes a los depósitos que así lo ameritan, como Orcopampa (Arequipa), La Zanja (Cajamarca) y Uchucchaco (Lima), que es de plata. Desde luego, cuando uno se focaliza, también reduce sus presupuestos y eso es lo que estamos haciendo.


Raquel Yrigoyen afirma que el gobierno no puede dar pase a Conga si no tiene elconsentimiento de los pueblos afectados, así garantice más agua y de mejor calidad para Cajamarca.
Servindi.- Comentario de Raquel Yrigoyen Fajardo ante el mensaje del 20 de abril de Ollanta Humala dando pase al proyecto Conga:
Abril 21st, 2012 a las 0:38
Sobre la decisión del Gobierno: Va este ejemplo. Así el médico me diga: “no se preocupe señora, ya tengo la prueba del riesgo quirúgico que Ud. podrá superar la operación a corazón abierto”, pero si yo NO me quiero operar, el médico NO me puede obligar. Esto es lo que se llama “consentimiento previo, libre e informado”. Tan simple como eso es el estándar de la Corte Interamericana que el gobierno no quiere entender ni respetar (Sentencia CIDH Saramaka vs. Surinam). Así el Estado diga que hay altas probabilidades de mitigar los impactos hídricos de un megaproyecto minero a tajo abierto, si los pueblos, las comunidades y las rondas campesinas afectadas NO dan su consentimiento, el Estado NO puede imponerles por la fuerza un megaproyecto que, además de secar todo un sistema hídrico, impactará significativamente en sus condiciones de vida y subsistencia, en su visión del mundo, historia, paisaje e identidad cultural… impactos que no se mitigan con reservorios o cisternas. Más allá de lo que digan los peritos, sin el consentimiento de los pueblos, el Estado NO tiene atribución jurídica para imponer un proyecto por la fuerza, sin ponerse por fuera del Estado de derecho. Los ronderos están rondando las lagunas, de acuerdo a su derecho consuetudinario, asi es que con los cientos de militares y policías que el gobierno ha enviado para “garantizar la ejecución” del megaproyecto Conga, esto puede ser la crónica de un baguazo anunciado. Ya basta de gobiernos de facto que no respetan los derechos! Tenemos derecho a un gobierno que respete el art. 1ro de la Constitución. No queremos otro baguazo. No permitamos que nuestro país se enfrente y desangre sólo por responder a intereses sin respeto de los derechos. Apelemos a los funcionarios de buena fe que aún hay en el gobierno y que conocen los DH. que, por favor, le explíquen al gobierno las consecuencias de sus actos. Apelemos al Defensor del P, las iglesias, las personas de buena voluntad: que el gobierno no vaya contra el derecho internacional ni contra el derecho de los pueblos. Tenemos derecho a vivir en justicia, paz, democracia y un Estado social y pluricultural de derecho.


La experta en derecho indígena, Raquel Yrigoyen señaló en ‘Barra de Mujeres’ que el reglamento de la Ley de Consulta previa mantiene un modelo inconstitucional de expolio*.

Yrigoyen indicó que si un pueblo indígena no acepta el precio que determinada empresa le ofrece por ocupar sus tierras, esta va a un “procedimiento de servidumbre minera obligatoria” en la que se tasa la tierra y el pueblo indígena queda obligado a vender su territorio.

Asimismo, la experta en derecho indígena enfatizó que el primer artículo de la Constitución señala que el fin supremo del Estado es el respeto a los derechos e indicó que la Corte Interamericana señala que “ya no estamos en la época que se permitía el genocidio a los Estados, estamos en otra época, una en que los Estados respetan a los pueblos”.

“En esos casos de megaproyectos que tienen un impacto en la condición de vida de los pueblos, no solo te tienen que consultar sino tener el consentimiento”, finalizó.

Sobre el mismo tema, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra reconoció que su cartera tiene un arduo trabajo por hacer y que la única manera de saber si es que la reglamentación va a funcionar es la implementación.

Sobre el tiempo que señala el reglamento de 120 días de plazo, Lanegra sostuvo que este solo se cuenta desde la entrega de la propuesta hasta la firma del acuerdo o desacuerdo de la consulta, más no de todo un largo proceso previo entre el Estado y los pueblos indígenas.

“No hay que esperar a que empiece la consulta para trabajar con las comunidades. Los proyectos de inversión de gran escala demoran años en prepararse, lo que hay que hacer es no esperar a las etapas finales para conversar”.

* Despojar con violencia o con iniquidad.


Minas Conga está fuera de la lista. La ley no es retroactiva, incluye proyectos de abril de este año hacia adelante.

Por Richard Manrique (diario Gestión)

¿La Ley de Consulta Previa es retroactiva?

El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), vigente desde el 1995 en nuestro país, introdujo el derecho a la consulta en el Perú, pero ni la ley ni el reglamento pueden ser aplicados en forma retroactiva. Sólo podría considerarse como referente desde la publicación de esta norma (abril de 2012) hacia delante.

Si se diera algún conflicto con proyectos anteriores, ¿no se aplicaría?

No. Eso no quiere decir que las personas pierdan su derecho, pero tendrá que juzgarse en el marco de las normas en su momento vigentes. Además, no todo proyecto de inversión requiere pasar por consulta previa. El primer requisito es que haya pueblos indígenas en las zonas de los proyectos y, en segundo lugar, haya una afectación a sus derechos. Sólo en ese caso se aplica.

Entonces, en el proyecto Conga no habría consulta.

No. En ese caso, hay un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, ya se tomó una decisión. Es evidente que la autoridad ha considerado que no hay ninguna afectación directa de a un derecho colectivo de un pueblo indígena.

¿Aún cuando el peritaje pueda observar el EIA de Conga?

No. Los mecanismos toman en cuenta los procesos que están por iniciarse. Ahí hay un EIA aprobado, pero eso no quiere decir que no tengas mecanismos de participación. Los EIA contienen mecanismos de participación: han implicado un trabajo cercano con las comunidades.

¿Quiénes son considerados indígenas?

El concepto deriva del Convenio 169 de la OIT, en su primer artículo. Establece dos requisitos: en primer lugar, los pueblos indígenas son aquellos que representan a poblaciones que estaban en el Perú antes de la llegada de los españoles y que conservan en todo o en parte las instituciones prehispánicas. Es decir, que mantienen una cultura viva, transformada seguramente, pero con ese vínculo. Esto se expresa en el idioma, las costumbres, las tradiciones. Y, en segundo lugar, se deben autoidentificar como pueblo indígena.

¿Ya tienen identificados a los pueblos indígenas? ¿Cuándo será la primera consulta?

La ley y el reglamento recogerán una base de datos oficial, donde se detallará cuáles son los pueblos indígenas del país y sus organizaciones representativas. Ésta estará operativa el próximo mes, que nos permitirá identificar con claridad cuáles son los proyectos que van a requerir rápidamente empezar el trabajo de consulta.

¿Cómo harán con los pueblos en aislamiento?

El reglamento tiene una previsión al respecto. Evidentemente no se puede hacer consulta, porque la condición de vulnerabilidad impide tener un contacto. Le corresponde al Viceministerio de Interculturalidad emitir opinión previa vinculante en caso hubiera algún tipo de proyecto que se desarrollara dentro de esas áreas.

¿Cuánto se reducirán los conflictos sociales con esta ley?

No todos los conflictos sociales tienen que ver con indígenas, pero sí una parte importante. No podemos hacer un cálculo exacto de cuál será el impacto efectivo de la consulta, pero es una herramienta fundamental en cualquier estrategia de prevención de conflictos.