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La distinción fue entregada en mérito al considerarla como una mujer luchadora ¨ejemplo¨ para las mujeres Latinoamericanas.
EJEMPLO PARA LAS MUJERES LATINOAMERICANAS
La Red Latinoamericana de Mujeres ULAM entregó el Premio ¨Defensora del Año 2014¨ a Máxima Acuña de Chaupe en mérito a su coraje, valentía y compromiso por los derechos humanos.

El premio fue entregado por Lina Solano Ortiz, Presidenta de la ULAM. Al momento de la distinción, la Presidenta de la  ULAM, dijo: ¨Maxima Acuña es símbolo de las luchas de las mujeres en Latinoamérica, mas aún, cuando son aquellas que se encuentran en situación de riesgo¨. 

La representante de ULAM resaltó la fortaleza de esta madre que ha resistido a la Empresa Minera Yanacocha -trabajadores y seguridad- y policía nacional ante los constantes ataques contra su propiedad, su integridad y también de los miembros de su familia.

Maxima Acuña fue seleccionada para este premio a través de una votación mundial vía internet, entre 7 mujeres que fueron consideradas en el 2014para la obtención de este reconocimiento.

Maxima Agradeció la entrega del premio, y entre sollosos, muy triste cuando difundían un video con sus testimonios momentos muy difíciles que tuvo que pasar en defensa de su propiedad.

MAXIMA EXPRESANDO SU AGRADECIMIENTO Y APOYO POR SU CAUSA

                                                                                                                           
                                                 MIRTHA VASQUEZ: ¨HEMOS GANADO¨

Uno de los aspectos mas resaltantes de la ceremonia fue cuando participó su abogada Mirtha Vásquez que relató momentos difíciles que tuvieron que afrontar en la defensa de la causa de Máxima.

A pesar de todo, de las calumnias y las amenazas, ¡Maxima! ¡Hemos Ganado! dijo la abogada Mirtha Vásquez.

¨Ha sido una lucha muy importante que ha terminado por ratificar somos suficientemente fuertes para enfrentar a cualquier amenaza a cualquier poder¨, expresó muy emocionada Mirtha Vásquez, reiterando su afán por la defensa de la integridad y la dignidad de las personas.

LA ABOG. MIRTHA VASQUEZ Y MAXIMA ACUÑA LUEGO DE RECIBIR LA DISTINCION DE ¨DEFENSORA DEL AÑO 2014¨



Compartimos la entrevista que la Red Muqui sostuvo con la Dra Mirtha Vasquez Chuquilin, miembro de GRUFIDES y abogada de la familia Chaupe frente a las acusaciones de la minera Yanacocha en Cajamarca.

¿Qué ha pasado desde diciembre cuando ocurrió la sentencia a favor de Máxima Chaupe y su familia, que dice Yanacocha?
El 17 de diciembre de 2014, salió la sentencia que reconocía que Máxima Chaupe y su familia como inocentes de los cargos de la empresa. La empresa los acusaba de ser usurpadores, de haber usurpado en los terrenos de Yanacocha. La sentencia absuelve Máxima y su familia de todos los cargos.

Después de esto pensamos que la situación iba a ser más tranquila. A pesar de no decidir a quién pertenece el terreno, porque esto no era parte de la denuncia. Lo que por lo menos está reconociendo la sentencia es que es una posesión de la familia en este lugar. Y la posesión es un derecho tan válido como de la propiedad.

Con este pronunciamiento suponemos que la empresa va a utilizar las vías institucionales, una demanda por usar la propiedad. Pero no pasó así.

La familia sigue viviendo en el predio. El 3 de febrero la empresa minera con su compañía de seguridad más la policía privada que está a su servicio y con personas civiles entró a la propiedad de Máxima y destruyeron un nuevo cuartito que habían construido cerca de la casa que esta colapsando por las lluvias. Después de ello se fueron y la empresa minera Yanacocha dijo este acto era un acto de defensa posesoria – que es un concepto jurídico, pero que no se aplica para nada en este caso, porque es un acto de defensa-. Dijeron que la familia está ocupando nuevos predios que son propiedad de la empresa. Pero esto es falso por que la familia estaba construyendo el cuarto dentro de su propiedad. Entonces la empresa minera llegó ilegalmente.

Después vinieron y empezaron hacer una especie de corredores alrededor del predio de la familia. Pusieron alpacas en el lugar y llevaron casetas de vigilancia que supuestamente van a hacer vigilancia a las alpacas, pero que finalmente están apuntando directamente a la casa de Máxima. Todo esto nos parece hechos realmente escandalosos, de privación de la libertad, afectación a la libertad porque ahora tienen casetas vigilando toda su casa. Pero además han cerrado las vías de acceso a la casa, han puesto tranqueras en las cuales controlan quien entra y sale por estas propiedades. A veces no dejan entrar los hijos de Máxima que viven en Cajamarca. Yanacocha dice que es su carretera ya que había arreglado la vía anteriormente. Su lógica es, “si yo tengo plata y arreglo la calle, se volvería esta mi calle”.


¿Cómo se siente Máxima frente a toda esta situación?

Máxima está muy quebrada emocionalmente y psicológicamente. Alguien puso un ejemplo exacto: “Si alguien, un ladrón o ratero, ha entrado en tu espacio privado, nunca más te quita este trauma, con la idea que van a volver e ingresar”. Imagínense lo que pasa a Máxima y su familia, todos los días están pensado en que la empresa va a ingresar, que los trabajadores van a destruir lo poco que tienen y matar a sus animales porque esto ya han hecho antes. Es una sensación de constante stress y esto impacta la salud de ellos.

Ellos ahora no pueden salir libremente de su casa, así no pueden salir a trabajar y así no tienen que comer. Tienen lo poco que están cultivando y lo que mandan sus hijos desde la ciudad. Pero hay días en que incluso ellos no ni quiera comen. Máxima dice que preferimos estar acá que salir a conseguir algo. Ellos lo justifican diciendo que ya son viejos. Si no comemos, no importa, dicen. Los hijos son grandes ya y solo somos los dos, resisten. Es una gran resignación, una situación de indignación increíble, de constante stress protegiéndose de las amenazas de la empresa. Es muy duro para ellos.

Solicitamos ayuda del Ministerio de la Mujer, y se converso con la aquel entonces ministra Carmen Omonte. Recibimos ayuda y acompañamiento psicológico, pero ahora su gestión de la Ministra Omonte ha acabado.


¿Cuáles son los siguientes pasos para hacer Máxima Chaupe?

Frente a esto y el único que nos queda es seguir denunciar a la empresa minera porque es un delito de usurpación. Pero la empresa tiene todo el poder y sigue anunciar cualquier cosa. Ahora están cerrándolos, llevan animales y personas, esto va a provocar otro enfrentamiento con Máxima y en la población. Esto nos preocupa mucho

Es una evidencia que la empresa no cree en el Estado, en el derecho de este país, en la Ley. No cree en nadie. Ellos quieren autorizarse la autoridad. De hecho esto ya está haciendo. Y sienten la sensación de impunidad de que nadie les va a decir nada porque este Gobierno no va a hacer nada. El riesgo para Máxima persiste ser constante.


¿Cuál ha sido el rol de GRUFIDES en todo este proceso de defensa?

Yo creo que hemos confiado demasiado. Hemos confiado mucho en las vías institucionales y hemos estado siempre esperando que el Estado nos responda. Esto no ha sucedido, esto sigue ser un mayor riesgo para la familia de Máxima.

A lo mejor, a la par de utilizar los mecanismos institucionales, hemos debido buscar apoyos que ayuden a proteger a esta familia. Porque a pesar de los fallos y el poder judicial, esto no va a terminar protegiéndonos. Esto no va a proteger la seguridad de las personas.

Fuente: Red Muqui


 
Por: Juan Arribasplata

Mirtha Vázquez, secretaria ejecutiva de GRUFIDES informó, el día de ayer y en medio de gran expectativa, que el Tribunal Constitucional ha citado a audiencia por el caso del proyecto Conga, el 27 de setiembre próximo, a las 9:30 de la mañana, en la ciudad de Lima.

Vázquez recordó que en el año 2012 se presentó una Acción de Amparo por el caso Conga. La demanda se interpuso por amenaza de violación al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, planteando que de realizarse el citado proyecto, se provocaría un daño irreversible y se atentaría contra el derecho que asiste a los ciudadanos. “En esta causa se va a ver qué argumentos, qué medios probatorios hemos presentado nosotros, la ciudadanía, para que se pueda respetar al medio ambiente y evitar que el proyecto Conga vaya, debido a su impacto irreversible”, refirió.

Por otro lado, supuso que la empresa minera y el Estado van acudir a la cita para justificarse y exponer las razones por las que quieren que el proyecto Conga siga adelante. “Va a ser un momento muy importante, yo creo, porque el tribunal máximo de este país va a revisar este caso”, opinó Vásquez.

Del mismo modo, la secretaria ejecutiva de GRUFIDES informó que la demanda fue interpuesta contra Yanacocha y el Ministerio de Energía y Minas, y explicó que antes de emitir sentencia, el Tribunal Constitucional llama a una audiencia llamada “Vista de Causa”, en la que las partes argumentan sus posturas. “Lo que nosotros pedimos puntualmente es que se declare inaplicable la Resolución No. 351-2010-MEM/AAM, que aprobó el EIA de Conga, y, por tanto, se suspenda la explotación de dicho proyecto”, dijo.

Cabe recordar que el 14 de abril de este año, la empresa Minera Yanacocha ha presentado, ante el Ministerio de Energía y Minas, una segunda modificatoria al EIA mostrado inicialmente y que fue elaborado por la firma consultora Schlumberger Water Services.

Sobre esta segunda presentación, Vázquez declaró que espera que sean expertos quienes lleven a cabo la revisión, tarea que demora un tiempo importante. “Desde ya las modificatorias expresan que las empresas mineras proponen cambios, y eso le da una inseguridad al ciudadano, porque no sabemos en qué se piensa modificar, qué tipo de nuevas acciones hay en el proyecto, qué nuevas actividades se proponen”, señaló.

 


 Mural en Celendin, Cajamarca region, PeruFront Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders – http://www.frontlinedefenders.org/node/26271



Activistas pedirán nulidad del proyecto minero Conga ante el Tribunal Constitucional.

En la última edición de Lo Justo, programa producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), contamos con la presencia de Marco Arana, líder del Movimiento Tierra y Libertad y Mirtha Vásquez, Secretaria Ejecutiva del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

Arana comentó que el proyecto minero Conga nunca se paralizó y prueba de ellos son las propias declaraciones de Roque Benavides, quien señaló que ya se gastaron 1500 millones de dólares. El líder de Tierra y Libertad aseguró que “lo que pasa es que no avanzó al ritmo que ellos querían por la falta de condiciones sociales y lo que hizo la empresa es rediseñar la construcción de su proyecto”.

Actualmente ya han construido campamentos para los trabajadores, trochas y carreteras, que muchas de ellas han sido tomadas por efectivos policiales. Asimismo, existe una infraestructura hidráulica que ha convertido una laguna en reservorio y lo mismo sucedería con la Laguna Azul.

Peritaje internacional al desmonte

Sobre el famoso peritaje realizado el año pasado por el actual gobierno que recomendó evaluar alternativas para la reubicación de los desmontes del taje Perol para proteger las lagunas Azul y Chica, Marco Arana señaló que no hay modificación alguna pues “la Laguna Azul y la Laguna Perol van a ser destruidas y los tajos abiertos se harán donde la empresa ya había establecido”.

Pedido de nulidad ante el TC

Mirtha Vásquez, Secretaria Ejecutiva de Grufides, señaló que ahora se está intentando buscar una salida legal para lograr la nulidad del proyecto Conga. “Existe un derecho al medio ambiente, elaboramos una demanda el año pasado que fue desestimada por formalidades, luego interpusimos un recurso de agravio constitucional para que el caso sea analizado por el TC, hace unos días hicieron una audiencia y no nos notificaron”, además, añadió que en nuestro país existe una ley que habla sobre el “Principio de precaución” y que están demandando que se aplique.

Por otro lado, el líder de Tierra y Libertad comentó que ahora el Ministerio del Ambiente sostiene que el Informe Giesecke no existe y Yanacocha ha señalado lo mismo ante el Tribunal Constitucional. Además, agregó que existen antecedentes internacionales como el caso Conga en Colombia, Brasil y en otros países. Finalmente, resaltó que este no es un tema de “anti inversión”, “comunista” sino que se exigen “inversiones que garanticen el medio ambiente, el trabajo y la salud”.

Fuente: CNDDHH – http://derechoshumanos.pe/2013/11/marco-arana-%E2%80%9Cconga-nunca-se-detuvo-solo-no-avanzo-al-ritmo-que-yanacocha-queria%E2%80%9D/


Medioambientalista Marco Arana pidió al presidente del TC, Óscar Urviola, que se valore todas las pruebas antes de resolverse el recurso.

TC debe escuchar a la población

Ideeleradio.- El Tribunal Constitucional (TC) no notificó debidamente a la ONG Grufides en torno a la audiencia en que se analizó la acción de amparo contra el proyecto minero Conga, y por eso pedimos al presidente de este organismo, Óscar Urviola Hani, que se escuche a la población de Cajamarca y que se valore todas las pruebas, dijo el medioambientalista Marco Arana.

“El motivo que nos ha traído ahora a Lima, es la espera de que el Tribunal Constitucional pudiera acoger, adecuadamente, la acción de amparo justamente para encontrar una salida pacífica institucional al conflicto Conga. […] Tenemos severos cuestionamientos a la manera cómo el Tribunal Constitucional está manejando el tema, en la medida que la acción de amparo se presentó el año pasado, han visto la causa y no hemos sido notificados”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Esa] es la razón por la que estamos aquí, exigiendo que el Tribunal Constitucional, en este caso del conflicto Conga, pudiera escuchar a la población, ya que ya escuchó a la empresa minera y nosotros teniendo el domicilio legal en Cajamarca no hemos sido notificados para poder estar adecuadamente exponiendo las razones por las cuales este proyecto amenaza el derecho a la vida, el derecho al ambiente, el derecho al agua, y, por tanto, habría que encontrar una solución pacífica”, apuntó.

Razones suficientes para decir no a Conga

Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), refirió que están solicitando al Tribunal Constitucional que valore los derechos fundamentales y que deje sin efecto la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“Nosotros no estamos planteando un ‘no a Conga’ sin razones. Estamos en realidad exponiendo en la demanda que tenemos razones suficientes para argumentar que ese proyecto amenaza seriamente el derecho al medioambiente de las poblaciones y tenemos suficientes argumentos para demostrar que en este caso, pues se aplique una ponderación adecuada de derechos, porque está bien que se promueva la libre empresa, las inversiones, pero cuando estas inversiones tienen serios indicios de dañar o atentar contra este derecho y afectar, por tanto, la vida de las poblaciones no se puede permitir”, refirió.

“Eso [de desaparecer o mover lagunas, hacer minería en cabecera de cuenca, destrozar humedales] tiene que ponderar el Tribunal y hay precedentes interesantes en América Latina, por ejemplo, en Colombia se ha resuelto varios casos de estos en los que se pregunta si vale la pena considerar estos espacios ambientales o darle paso a las grandes inversiones”, concluyó.

 


Foto: MAMÁGRANDE Films/Milton Sánchez

Después de casi dos años de juicio, el día de hoy a las 10 de la mañana en la Sala Penal de Cajamarca se emitió sentencia sobre el caso “Chaupe”, familia acusada por Minera Yanacocha de usurpar sus propiedades en el proyecto minero Conga.
 

Como se recuerda, este denuncia de interpuesta por Minera Yanacocha se inició en noviembre del 2011, la empresa minera intentó desalojar por la fuerza a la familia Chaupe de su terreno ubicado en inmediaciones del proyecto minero Conga (Ver video de intento de desalojo)
 
Minera Yanacocha aduce que estos terrenos son de su propiedad y que fueron comprados a los directivos de la Comunidad de Sorochuco en el año 1994; sin embargo, la familia demuestra con sus títulos de posesión y contratos de compra venta que ellos son los reales propietarios y comuneros, y que han poseído estas tierras desde los años 90, además que nunca dieron su autorización ni cedieron en venta estos terrenos, y que siguen viviendo en los mismos hasta la fecha.
 
La denuncia dio lugar a un juicio que en primera instancia se llevó a cabo en Celendín y que terminó sentenciando a la familia Chaupe como culpables del delito de usurpación en agravio de Minera Yanacocha, ordenando no solo una reparación civil a favor de la empresa, sino el desalojo de la familia de los terrenos.

Tal sentencia fue apelada y el día de hoy la Sala Penal resolvió este caso, declarando NULA no solo la sentencia sino todo el proceso judicial que se llevó a cabo en contra de la familia Chaupe, por contener no solo errores de tipo jurídico y de hecho, sino por haber obviado valoración de pruebas fundamentales que obran en el proceso y que son favorables a esta familia.

Esta sentencia significa no solo el reconocimiento de que la familia fue sometida a un proceso judicial mal llevado, sino que fue injustamente Sentenciada sin los medios probatorios suficientes.

Es verdad que el efecto de esta sentencia será someter a la familia a un nuevo juzgamiento, pero esta vez en condiciones diferentes con un juez imparcial que está obligado a valorar todas las pruebas que la familia aportó y a emitir una sentencia dentro de lo que la ley establece.

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES



Cajamarca, 27 de Marzo 2013

El día miércoles 27 de marzo, a las 9am cuando la reconocida defensora de derechos humanos, Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, quien se dirigía a realizar algunas diligencias en la Fiscalía Provincial de Cajamarca, fue interceptada por una patrulla policial apenas salía de su domicilio. La intervención policial se realizaba por una requisitoria de su vehículo (BGZ-108), el que supuestamente habría intervenido en un asalto y robo a mano armada en la ciudad del Lima el día 27 de marzo del 2006.

En la requisitoria exhibida por la policía no figura quién es la autoridad que ordena, ni el demandante ni el demandado. No obstante, el vehículo fue conducido a la 2da. Comisaría policial de Cajamarca y allí permanece sin que el comisario explique quién es la autoridad que ordena la captura ni proporcione ninguna otra información.

Después de más de seis horas, al solicitar la Dra. Vásquez, la intervención de la Defensoría del Pueblo, el comisario de la 2da Comisaría de Cajamarca pudo averiguar que se trataría de la Comisaría de Magdalena del Mar en Lima, en una supuesta investigación policial iniciada hace siete años. El comisario de la PNP de Magdalena del Mar ha referido que no hay mandato judicial sino que “solo se trata de una investigación policial y que para resolver eso la afectada debe viajar a la ciudad de Lima (más de 800 kms) “para esclarecer los hechos”.

Al no haber mandato judicial y al haber transcurrido siete años de solo una investigación policial en la que nunca fue notificada la Dra. Mirtha Vásquez, el hecho que su vehículo fuera intervenido no en un operativo de rutina policial sino cuando salía recién de su domicilio el día de hoy (una patrulla que habría actuado con mandato expreso) parece indicar que se solo se trata de un acto arbitrario de la PNP de Cajamarca destinado a hostigar a la Dra. Mirtha Vásquez quien ha realizado denuncias contra el hoy ex Director Nacional de la Policía, Raúl Salazar, y varios jefes y efectivos policiales más por abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza y tortura en el conflicto que Yanacocha y el proyecto minas Conga han originado en la región por una disputa al derecho al agua.

Llama la atención que precisamente ocurra esta intervención policial cuando la Dra. Mirtha Vásquez acaba de regresar de una audiencia en la Comisión Interamericana de derechos Humanos en Washington DC, donde junto a miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció los convenios existentes entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú.

La Dra. Vásquez ha repetido en todos los tonos ante el comisario de Cajamarca que, aunque ella puede probar que el vehículo que obra en su propiedad desde el año 2002 nunca estuvo en Lima desde que lo adquirió y que, por tanto, de haber una investigación judicial en curso que puede tratarse de delincuentes que clonaron las placas de su vehículo, se somete plenamente a los requerimientos judiciales, y por ello precisamente rechaza las arbitrariedades que la PNP de Cajamarca está cometiendo contra su persona.

GRUFIDES, se solidariza con la Dra. Mirtha Vásquez, Secretaria Ejecutiva de nuestra organización y expresa su rechazo a estos actos de hostigamiento policial, cuyo móvil sería las múltiples denuncias que en instancias nacionales e internacional está realizando nuestra organización contra malos policías que han infringido la ley y han violado derechos humanos.