Máxima Acuña y su familia, agricultores de subsistencia, mantienen una disputa con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. Tanto Yanacocha como la familia de Máxima Acuña afirman ser propietarios de la tierra. En julio de 2013 un tribunal anuló una resolución judicial de 2012, dictada tras una querella presentada por la empresa, que declaraba a la familia culpable de ocupación ilegal de la tierra. El juez concluyó que la primera resolución presentaba una serie de irregularidades, entre ellas el hecho de que no se habían examinado pruebas presentadas por la familia de Máxima Acuña y que incluían la documentación relativa a la compra de la tierra. El juez ordenó un nuevo juicio. La próxima audiencia está prevista para marzo.
La familia, mientras aguarda el resultado del nuevo juicio, ha sufrido, según la información recibida, numerosas amenazas y acoso de la policía. El 30 de enero, Máxima Acuña recibió una llamada telefónica de un hombre que le dijo: “sal de tu propiedad, si no vas a morir”. Poco después de la llamada, dos policías se acercaron a ella y le dijeron que dejara de cultivar la tierra, porque no le pertenecía. Según afirman ella y su hija, cuando ambas regresaron a casa dos policías, uno de ellos armados, entraron en la casa y les dijeron que dejaran de cultivar y que abandonaran las tierras inmediatamente. Los policías se marcharon después de que Máxima Acuña hiciera varias llamadas telefónicas pidiendo ayuda, pero regresaron a su propiedad el 4 de febrero para intimidarla de nuevo. Durante los últimos años, la familia Acuña ha denunciado haber sufrido ataques y acoso reiterado por parte de la policía, que, según afirma la familia, intenta expulsarla de las tierras.
Información complementaria
Según el derecho internacional, los desalojos forzosos son violaciones graves de varios derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, garantizado por el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en el propio domicilio, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, e independientemente de la situación de tenencia de las personas que van a ser desalojadas, éste debe llevarse a cabo de estricta conformidad con el derecho internacional y con los requisitos del proceso debido. Todo uso de la fuerza debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha manifestado que los desalojos no deben “dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”.
Perú es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, sus autoridades están obligadas a respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluye la prohibición y la prevención de los desalojos forzosos.
CELENDIN LIBRE 
