PRONUNCIAMIENTO: Congresista Jorge Rimarachín sobre Conga

El Congresista de la Región Cajamarca, Jorge Rimarachín Cabrera se dirige al país y a los poderes públicos para expresar lo siguiente:

1.- Que el Estado nunca ha planificado ni previsto una política pública orientada a definir cuándo y cómo debe permitirse las concesiones extractivas en lugares que puedan poner en riesgo o alterar el medio ambiente y el habitat de las personas, y sobre todo en cabeceras de cuencas. Por ello, hoy tenemos en todo el territorio del país concesiones autorizadas por el Poder Ejecutivo, que a noviembre del 2011 está cerca de 25 millones de hectáreas, según señala el IX Informe de Conflictos Mineros en el Perú, realizado por organizaciones no gubernamentales vinculados al tema ambiental, como Cooper Acción, Fedepaz y otros, donde se indican que en los últimos diez años las concesiones mineras se han duplicado en extensión. Este informe recoge casos de cinco regiones: Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco, donde se evidencian fuertes tensiones por el impacto en los recursos hídricos, la protección de ecosistemas frágiles y el crecimiento de las concesiones. Es así, que en Cajamarca alcanzan el 47.3% de concesiones en su territorio, en Piura, el 28.7%; en Apurímac, el 58.4% y en Cusco llega a los 19.7%.

2.- En medio de estas circunstancias, el 27 de octubre de 2010 el Ministerio de Energía y Minas expidió la Resolución N° 351-2010-EM/AAM, por el cual se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga a ejecutarse en la concesión minera “Conga” ubicada en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín, el distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, y en el distrito de la Encañada de la provincia de Cajamarca por la empresa minera Yanacocha. La suscripción de este acto resolutivo está suscrita indebidamente por la abogada Clara García Hidalgo, Asesora del Despacho Ministerial. Esa situación ha viciado de nulidad administrativa absoluta la referida resolución, por cuanto se ha incumplido la exigencia prevista en el artículo 3° literal 1) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sobre la competencia para la validez de los actos administrativos, donde se establece de manera clara y precisa, que para la validez de un acto administrativo, ésta debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, a través de la autoridad regularmente nominada al momento de su expedición, que en éste caso, es el titular de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas. No así, una asesora del despacho del Ministerio de ese momento.

3.- En un Estado Constitucional de Derecho, ésta administración, a través del titular del Ministerio de Energía y Minas, en estricta aplicación del artículo 202 de la citada Ley 27444 numeral 202.1, debe declarar la nulidad de oficio del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 351-2010-MEM/AAM, por estar incurso en la insalvable causal de nulidad previsto en el artículo 10 numeral 2), esto es haber omitido uno de sus requisitos de validez, referido a la suscripción del acto resolutivo por autoridad incompetente, y porque además sus efectos y consecuencias agravien el interés público, siendo esta situación de interés especial de la población de la Región Cajamarca.

4.- Sin embargo, el gobierno ha tomado la decisión política de enfrentar los cuestionamientos al Proyecto Conga asumiendo en los hechos la defensa de la empresa minera desde el inicio del conflicto al sostener; que “Conga va, sí o sí”, luego en los hechos el promover la ruptura del diálogo instalado en Cajamarca con sus autoridades y dirigentes sociales el 4 de diciembre de 2011 a sabiendas que el ex – Premier Salomón Lerner ya había logrado acuerdos para instalar dos mesas de negociaciones y que tan solo hacía falta la suscripción de los acuerdos. Luego, sin que se haya producido una sesión formal del Consejo de Ministros, como exige el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, ese mismo día a las 22 horas se anuncia la declaración del Estado de Emergencia. Pero además, en los días siguientes se organiza una persecución contra varios dirigentes de la protesta, deteniendo ilegalmente a Wilfredo Saavedra y ordenando la intervención de la cuentas del Gobierno Regional y gobiernos locales que habían apoyado la protesta. Luego se produce la renuncia de todo el gabinete, siendo nombrado Presidente del Consejo de Ministros el señor Oscar Váldes, quien ha impuesto un estilo autoritario al proceso, llevando en los hechos al Poder Ejecutivo a reemplazar a la empresa minera Yanacocha en la defensa de sus intereses y se enfrenta al pueblo de Cajamarca. Ello se traduce en los siguientes hechos; primero la forma como irrumpe en la segunda reunión de la mesa de diálogo encrispando innecesariamente el ambiente para provocar una confrontación, después en la última reunión convocan a autoridades que no forman parte de la zona de influencia del Proyecto Conga y simulan la celebración de acuerdos que nadie discutió ni aprobó, sino que vino ya impuesto, donde se acomoda todo a los intereses de la empresa minera, al establecer en los términos de referencia del supuesto Peritaje Internacional, en el artículo III, sobre los Objetivos, donde se sostiene que el objeto del peritaje es identificar y proponer medidas de mitigación a los daños que causaría el Proyecto Conga en el manejo del agua. Por lo que sabemos, el Peritaje concebido por el Poder Ejecutivo, siempre estuvo orientado a confirmar los intereses de la empresa minera y a validar el EIA.

5.- Finalmente, comparto la mortificación del pueblo de Cajamarca por el injustificado nuevo aplazamiento en la entrega del llamado Peritaje Internacional que ahondan las dudas y la poca transparencia con que se ha elaborado, porque todos los plazos que se anunciaron han expirado. Por ello, me permito proponer el reinicio del diálogo entre las partes en conflicto en una mesa, donde esté presente la empresa minera Yanacocha por un lado, con interlocutor propio, y por el otro lado, las autoridades regionales, municipales y dirigentes sociales de Cajamarca, teniendo como mediador o árbitro al Poder Ejecutivo. Esta reunión debe estar orientada a evitar cualquier desenlace violento sobre el conflicto, donde el papel del Estado tiene que ser el asegurar a la Región de Cajamarca la defensa del agua y del medio ambiente, en el entendido que su población tiene como principal actividad económica a la agricultura, porque no debe olvidarse que el principal deber del Estado es defender los recursos naturales, como parte de la defensa del territorio nacional. Por ello se hace imprescindible el poner en práctica las grandes reformas en la estructura del Estado y que fueron parte de las ofertas electorales del gobierno. La hoja de ruta nunca fue concebida como la continuidad de las políticas neoliberales, sino el camino concertado y democrático hacia una reforma del Estado para hacerla más democrático e inclusivo.

Lima, 15 de abril de 2012.

JORGE RIMARACHÍN CABRERA
Congresista de la República