Archivos para 3 febrero, 2014


En el transcurso de las últimas semanas el movimiento social en Cajamarca a venido siendo víctima de una serie de ataques difamatorios por parte del trabajador de la minera Yanacocha, Miguel Santillana. Estos ataques han sido dirigidos a través del Grupo El Comercio, brazo desinformativo de Yanacocha que ahora ostenta el monopolio mediático en el Perú. Con esto se demuestra una vez más que este monopolio utiliza sus medios de comunicación para promover intereses económicos de sus empresas constructoras que tienen contratos con distintas empresas mineras en el Perú. (Ver aquí, aquí y aquí)

Yanacocha en su afán de imponer el Proyecto Conga ha establecido una estrecha alianza con el Gobierno y quieren mostrar las manifestaciones legítimas de los pueblos de Celendín y Bamabamarca como actos delincuenciales, terroristas y es El Grupo El Comercio su instrumento para lograr sus objetivos.

El pasado 16 de enero las comunidades de Celendín, Bambamarca y Cajamarca retornaron a las lagunas amenazadas, este acto constituyó una respuesta contundente al Gobierno de Ollanta Humala, sus ministros y a Vladimiro Huaroc, quienes salieron anunciando que existiría condiciones para reanudar el proyecto minero Conga, incluso Huaroc declaró que habría 32 comunidades que está pidiendo su ejecución. Sólo en la provincia de Celendín que hizo su llegada a la Laguna El Perol en señal de rechazo a Yanacocha y el Proyecto Conga, se concentraron 48 comunidades que serán afectadas por este proyecto, en similar número de manifestantes la provincia de Hualgayoc llegó a la Laguna Mamacocha. Así se demostró una vez más que Conga no tiene licencia social. Entonces ¿quiénes son los que reclaman la ejecución de Conga? Son un pequeño número de personas que vendieron algunos terrenos a Yanacocha, la empresa les prometió que serían los nuevos empresarios de Conga; estas personas formaron cerca de 180 empresas, algunos individuos y familias cuentan con empresas por cada hijo. Ellos se endeudaron comprando camionetas, combis y volquetes para trabajar en la mina y se quedaron sin usarlas cuando se detuvo el proyecto minero. Son estas personas que usadas por Yanacocha los trasladan a Lima a reunirse con los ministros y tienen acceso directo a radio programas del Perú y a los medios del Grupo El Comercio y televisión Nacional del Perú. Sin embargo son un grupo reducido de algunas zonas aledañas a Conga que saben que si el proyecto minero se realiza no podrán vivir en el lugar, pero manifiestan que tendrían el suficiente dinero para ir a vivir en otro lugar.

Hace algunas semanas Anonymous (Ver aquí) filtró archivos del Ministerio del Interior en la que se encuentran informes del reglaje que se viene realizando a dirigentes que junto a su pueblo se oponen a este irracional proyecto minero Conga. En los documentos filtrados también se encuentra un archivo que muestra que el Gobierno de Ollanta Humala planifica toda una estrategia de militarización de las zonas adyacentes al proyecto minero Conga, incluso plantean la construcción de plataformas de aterrizaje de helicópteros para imponer a la fuerza el proyecto minero.

Campamento DINOES

Comisarías en CongaImágenes de documento filtrado por anonymous que revela plan para imponer Conga

Pero militarizar la zona para imponer el proyecto Conga sería un escándalo. Para ello trazaron una coartada a los compañeros de Bambamarca, acusándolos de haber quemado el día 16 una caseta de telefonía móvil y un puesto de seguridad de la mina. Este echo es de ocurrencia improbable, los puestos de seguridad se encuentran fuertemente custodiados por numeroso contingentes de DINOES, así mismo informaron que habrían encontrado a personas armadas, pero no dijeron que a quién intervinieron fue a la seguridad del Alcalde de Hualgayoc que al igual que la seguridad del presidente Ollanta Humala y Roque Benavides portan armas. Esta era la coartada perfecta y así lo difundió EL Grupo El Comercio, al que se sumó los reportes difamatorios de los corresponsales de Cajamarca para el diario República en Cajamarca. Ellos tomaron como fuente de información a la misma empresa Yanacocha y a la Policía Nacional del Perú que se encontraba en el lugar contratada por la minera para «prestarles seguridad». Como era de prever los titulares fueron como ellos nos llaman, radicales: «Antimineros siembran el Terror en Conga» «Disturbios en Conga» Ver aquí, aquí, aquí y los periodistas y congresistas que defienden la inversión de Yanacocha reclamaban exaltados, casi vociferando «el Gobierno debe poner mano dura en Cajamarca», «se debe restablecer el estado de derecho», palabra de moda dos semanas antes del 16 de enero para los ministros, funcionarios de Yanacocha, confiep y periodistas asalariados; hasta el ex primer ministro Oscar Valdés, responsable de la represión en Celendín y Bambamarca se pronunció «el Estado peruano debe demostrar más firmeza y seriedad para terminar con este tipo de manifestaciones», “Estos antimineros le están causando daño al país, han retrasado inversiones. Necesitamos que las inversiones se den”, «es vital que el ministro del Interior, el titular de la PCM e incluso el presidente de la República vayan a la zona y desenmascaren a estas personas que perjudican a miles de peruanos”, «Se necesita una actitud valiente del gobierno» sentenció (Ver Aquí). Del lado del Gobierno el ministro de Energía y Minas Jorge Merino que se encuentra muy presionado por las empresas mineras y la confiep que en algún momento pidieron su reemplazo se pronunció justamente en el tono que  Yanacocha de acuerdo a su plan requería: ante los recientes hechos de violencia registrados en las instalaciones de la empresa Yanacocha en Cajamarca, inversiones en el país tendrán protección del Estado, afirma ministro Merino. «Apoyamos a la inversión privada; nuestra función como gobierno es darle un marco legal a las inversiones que se hacen en el país no solo en Cajamarca sino en todo el país», dijo. (Ver aquí) Ahí está, justo lo que quería Yanacocha.

Dos días antes de las manifestaciones en las lagunas Vladimiro Huaron se fue de boca, revelenado las intensiones y la coartada de Yanacocha, el manifestó para un diario: «Si no se restablece el estado de derecho en Cajamarca, puede devenir el descontrol» quién probablemente ya sabía que el 16 de enero se iban a generar «desmanes» por los «rojos ultra radicales que se oponen al progreso de nuestro país». (Ver aquí)

Lo mas indignante son las declaraciones de la La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Cajamarca, Esperanza León Deza, ella informó el día de ayer 02 de febrero para Perú 21, diario del Grupo El Comercio, que el Ministerio Público implementará una serie de acciones preventivas con el propósito de evitar desmanes en el marco de las protestas contra el proyecto minero Conga. Esto es una sentencia para los manifestantes, pues sobre los hechos que nos acusan haber causado el 16 se encuentran en investigación, sin embargo la fiscal adelanta juicio al respecto. (Ver aquí)

Celendín manifestación 03 de febrero

Celendín manifestación 03 de febrero

En la misma nota de Perú 21 anuncian que el proyecto conga se reiniciaría el día de hoy 03 de febrero, por lo que las comunidades de Sorochuco y Huasmín el día de hoy nuevamente han regresado a inspeccionar, cuidar y vigilar nuestras lagunas; ellos se enfrentan a un peligro latente pues la base militar en San Nicolás de Chaillhuagón que anunciaron su construcción ya se encuentra funcionando la misma que cuenta con plataformas de aterrizaje de helicópteros. Esta es la nueva forma de imposición de los proyectos que no tienen licencia social. Este peligro se fundamenta más aún con la promulgación por parte del Gobierno de la Ley 30151 (Ver aquí y aquí) que otorga inmunidad al terrorismo que viene del estado y que da licencia para reprimir o matar a los manifestantes. (Manifestantes para El Grupo El Comercio significa: rojos ultra radicales que se oponen al progreso del país)

Mientras los ministros del Gobierno y Vladimiro Huaroc a través del monopolio mediático El Comercio anuncian que Yanacocha ha cambiado de actitud y ha recuperado la confianza de los cajamarquinos (ver, aquíAquí) esta empresa fue nuevamente denunciada por otra familia aledaña al proyecto Conga de despojo y apropiación arbitraria o mejor dicho de robo de sus terrenos (Ver enlace de Audio). Se suma a ello la nueva denuncia que realiza la familia Chaupe de amenazas de muerte e invasión por la policía a sus terrenos pidiéndoles que se retiren de las supuestas propiedades de Yanacocha (Ver aquí); como sabemos la familia Chaupe se negaron vender sus tierras a la minera, sus terrenos se ubican frente a la Laguna Azul y se han constituído en el mayor obstáculo para el Proyecto Conga pues esta laguna es el Corazón mismo del proyecto y se convertiría en el botadero de desechos tóxicos de este proyecto. Así mismo un trabajador de la empresa minera Yanacocha denunció haber sido víctima de contaminación con mercurio en la sangre y que la empresa no se responsabiliza de su caso (Ver video).

Otro hecho de importancia durante estas semanas que pasaron ha sido el archivamiento por parte del Fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo de los asesinatos que ocasionaron las represiones a manifestantes que mostraban su rechazo al proyecto Conga. Estas muertes fueron causadas por disparos de parte de fuerzas conjuntas de policías y militares el pasado 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca, incluso reconocen que los disparos podían haber provenido de los helicópteros que sobrevolaba en la ciudad de Celendín (Ver aquí y aquí). El fiscal Pinillos alude que la justificación para el archivamiento del caso es la imposibilidad de determinar quienes dispararon; sin embargo creemos que alguien ha tenido que ordenar la utilización no sólo armamento de disuasión (bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma), sino también de armas letales como fusiles Galil, AKMs, etc. que fue lo que al final causó la muerte a 5 ciudadanos peruanos y no las piedras que se tiraron entre ellos como anunció el Ministerio del Interior en comunicado en su página web que luego retiraron.

Conclusiones:

  1. El proyecto Conga no tiene licencia social por lo que quieren imponerlo a la fuerza,  utilizando las fuerzas especiales de la Policía y modificando las leyes para bañarlas de impunidad en caso asesinen a los manifestantes.
  2. Yanacocha goza del total rechazo de la población y nunca ha recuperado la confianza de los Cajamarquinos.
  3. Que los monopolios mediáticos son una amenaza para la población pues anteponen sus intereses económicos antes de informar con la verdad.
  4. Vladimiro Huaroc no cumple su función, la oficina de «Diálogo» que el tienen a su cargo en la PCM no resuelve los conflicto, los aviva, los agrava. Por ello este señor debe renunciar.
  5. Es inminente el peligro de la población Cajamarquina, pues al reclamar sus derechos y hacer escuchar su voz podría causarles la muerte por parte de la policía que goza de la impunidade de la ley que otorga licencia para matar.
  6. Es inminente el peligro que corre la familia Chaupe por las amenazas de muerte y el constante hostigamiento de parte de la Policía Nacional del Perú al servicio ya no de la población, sino de la empresa minera Yanacocha.
  7. Se hace necesario la intervención urgente de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para garantizar los derechos de la población cajamarquina, puesto que en el Perú su Gobierno y algunas de sus instituciones están sumamente parcializadas y en un franco apoyo a las mineras.

Existen más conclusiones que podríamos obtener de este análisis, sin embargo en este momento se me escapa de la mente.

Milton Sánchez Cubas

Secretario General Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) (Los defensores de yanacocha, los del monopolio mediático nos llama la ultra radical PIC)


– Las tendenciosas y calumniosas informaciones en contra de activistas ambientales de Piura y Cajamarca enrarece el clima de los derechos humanos en un país que se jacta de respetarlos.

Servindi, 2 de febrero, 2014.- No es un caso aislado. Se trata de una campaña orquestada para denigrar la imagen de dirigentes y activistas sociales que la gran prensa pretende estigmatizar en un nuevo delito imaginario: “defender la vida, el ambiente y los derechos de las comunidades”.

No solo son los líderes que defienden el ambiente y los recursos de los campesinos de Cajamarca frente al megaproyecto minero Conga. La campaña ahora se extiende a Piura donde se calumnia a Lupo Canterac.

Ante la incapacidad del Estado peruano para implementar procesos de consulta previa en el ámbito minero y respetar los derechos colectivos de las comunidades originarias los sectores empresariales se han lanzado a desacreditar a quienes han elegido defender el ambiente y los recursos naturales.

Miguel Santillana, un servidor de la empresa Yanacocha es la persona encargada del trabajo sucio de enlodar honras ajenas y presentar casi como delincuentes a líderes y promotores sociales que actuan en el marco de la ley.

La Red Muqui -un colectivo de 27 instituciones que hace más de 10 años promueve el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por actividades mineras- denunció las calumnias periodísticas contra Lupo Canterac, responsable de la Red Muqui Norte.

Lupo Canterac es una persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo. Coordina la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), una articulación que promueve la salida pacífica frente a los conflictos socioambientales que involucran a comunidades locales.

Medios de prensa han divulgado la presencia de Lupo Canterac como “parte de un relazamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras”.

Como si trata de un peligroso prontuariado un diario reportó que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.

La Red Muqui denunció que las acusaciones que tienen como fuente instigadora a Miguel Santillana, servidor de Yanacocha, “son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales”.

Solidaridad internacional

La campaña mediática que pretende desacreditar a los activistas sociales recibió una amplia condena de parte de una amplia red de asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad.

Mediante un pronunciamiento público con fecha 31 de enero afirman que la campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos y ambientales.

La campaña también tiene como meta específica desacreditar a quienes se oponen al proyecto minero “Conga” a quienes acusa de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo en el Perú.

Piden al gobierno peruano desaprobar la “campaña de difamación contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en el mundo entero” que tiene al grupo mediático El Comercio, como su principal vector.

El comunicado internacional coincide con la Red Muqui en que la campaña es “iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las empresas mineras” en alusión indirecta a Miguel Santillana, servidor de la empresa minera Yanacocha.

El pronunciamiento internacional menciona el contexto represivo que se vive en el Perú con la promulgación de la Ley 30151 que garantiza la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia así como en la instalación de puestos policiales en las ciudades en conflicto.

Finalmente, llama a las organizaciones democráticas que defienden los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca y se unan a la coordinadora que actualmente están conformado.

A continuación reproducimos el comunicado de la Red Muqui y luego el pronunciamiento internacional:

Denunciamos campaña pública para deslegitimar actividades de defensores e instituciones de derechos humanos, ambientales y de desarrollo local sostenible a nivel nacional

La RED MUQUI, colectivo conformado por 27 instituciones de la sociedad civil de todo el Perú, que desde hace más de 10 años promueve el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras en el país, así como sus posibilidades de desarrollo humano, integral y sostenible, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. El día 27 de enero del presente, la edición norte del diario La República, publicó la nota denominada “Miguel Santillana advierte sobre presencia de Lupo Canterac en Tambogrande”. En ella se cita declaraciones del citado consultor de empresas Miguel Santillana, aludiendo que la presencia de Lupo Canterac, actual responsable de la Red Muqui Norte, y Coordinador de la Red Agua, Democracia y Desarrollo – REDAD de Piura (miembro de Red Muqui), en Tambogrande, “forma parte del relanzamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras (…)”. El diario también señala que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (en el distrito de Tambogrande), (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.

2. La Red Muqui rechaza las afirmaciones calumniosas en contra de Lupo Canterac, persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo, en tanto ni él ni nuestros colectivos hemos promovido, ni antes ni ahora, ningún tipo de acción violenta o agitación, pues estamos en contra de ello, y es más impulsamos salidas pacíficas a los conflictos sociales generados, a pedido de las comunidades o poblaciones que se sienten afectadas en sus derechos por las actividades mineras.

3. El ataque contra Lupo Canterac se produce cuando la empresa minera peruana Buenaventura, que es titular del Proyecto Minero “El Faique” en tierras de la Comunidad Campesina de Locuto en el distrito de Tambogrande en la región Piura, busca obtener la autorización de la citada comunidad para sus operaciones. La Comunidad está de acuerdo con realizar una consulta al respecto, pero no condicionada por la empresa minera, como han tratado de hacerlo en dos oportunidades. Lo cierto es que hay un rechazo de la comunidad a su realización, el que se hace patente en el pronunciamiento de la Comunidad publicado en el diario La Hora de Piura del sábado 25 de enero.

4. El proyecto minero “El Faique” está ubicado en la margen izquierda del Rio Piura, y era la segunda etapa del proyecto que fue sometido a una consulta vecinal realizada en junio del 2002, donde el 98% de la población local rechazó su realización.

5. Consideramos que las afirmaciones calumniosas sufridas por Lupo Canterac en Piura, así como por otros líderes, promotores sociales e instituciones de derechos humanos en Cajamarca y Espinar, Cusco, son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales, y las que promueven el desarrollo local sostenible, cuya tarea sólo suple la falta de un Estado que tutele los derechos de la comunidades y poblaciones afectadas.

Consideramos que todos estos ataques no hacen sino restar importancia a los verdaderos problemas que están detrás de los conflictos sociales, como la no realización de procesos de consulta previa en minería hasta la fecha, la falta de mecanismos de participación efectiva, la ausencia de una fiscalización ambiental efectiva, la necesidad de una Ley de Ordenamiento Territorial que permita culminar dichos procesos, entre otras muchas, que de no afrontarse mantendrán la posibilidad de nuevos conflictos sociales, y frente a ello la respuesta represiva desde el gobierno.

Lima, 30 de Enero del 2014

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS–Otuzco, La Libertad Andes-Pasco/APRODEH/Arariwa- Cusco/ CADEP-Cusco/ CEDAP-Ayacucho/Centro Labor- Pasco/ Centro Pastoral de la Diócesis de Chulucanas-/CooperAcción/ Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/ Fedepaz/ Grufides – Cajamarca/Grupo Propuesta Ciudadana/ Huñuq Mayu-Apurímac/ Instituto Natura- Áncash/ Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno/Pastoral de la Dignidad Humana- Huancayo/ Programa Democracia y Transformación Global/ Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo de Piura/ Red Uniendo Manos/ Vicaría de Solidaridad de Jaén/ Siguen firmas…

Solidaridad internacional con Cajamarca

Comunicado unitario

Una campaña mediática ha sido lanzada hace poco en el Perú contra el movimiento de solidaridad internacional con el pueblo de Cajamarca (norte de los Andes de Perú), en lucha pacífica desde hace tres años, en defensa del agua y del medio ambiente, contra el megaproyecto minero “Conga”, de la empresa Yanacocha (transnacional Newmont, Buenaventura y el Banco Mundial).

Este proyecto de minería a tajo abierto destruirá cinco lagos de montaña, 700 manantiales y 260 hs de bofedales. Se trata de una amenaza directa a la salud, a la vida de las personas y al medio ambiente de esta importante región agrícola del Perú y contaminará todo el sistema hidrológico aguas abajo, en sus vertientes amazónica y del Pacífico, con un impacto para miles de personas.

Desde hace tres años, las poblaciones afectadas resisten pacíficamente. La respuesta de las autoridades ha sido la represión: en julio de 2012, cinco personas fueron muertas por la policía, que también hirió de bala a una cincuentena. La indignación provocada por esta ola de violencia puso de pie a toda la población de esa región andina y provocó un movimiento de solidaridad nacional e internacional.

El megaproyecto “Conga” fue suspendido oficialmente en agosto de 2012.

Hoy, todas las asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad con Cajamarca, y cuyos objetivos humanitarios no pueden ponerse en duda, son objeto de una campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana.

Iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las empresas mineras, esta campaña arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia, de los derechos humanos y ambientales, con la defensa del derecho al agua, reconocido en el plano internacional como parte integrante de los derechos humanos por la resolución de la Asamblea General de la ONU del 28 de julio del 2010, y en la defensa del derecho a la consulta previa, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

Esta campaña también tiene como meta desacreditar a todos aquellos quienes, en el Perú, se oponen al proyecto minero “Conga” y siguen defendiendo los derechos de la población. Esta campaña pone en peligro a estas personas, acusadas de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo del Perú.

Tenemos buenas razones para expresar nuestra preocupación pues se acaba de adoptar la Ley 30151, que garantiza la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia y que viola abiertamente las convenciones internacionales, y se está instalando importantes contingentes policiales en las tres ciudades de la región de Cajamarca (Celendín, Cajamarca y Bambamarca).

También observamos con preocupación la declaración de impunidad y el abandono de la investigación para establecer las responsabilidades por los cinco asesinatos cometidos durante las manifestaciones de julio del 2012.

Por lo tanto, denunciamos esta campaña mediática y exigimos del grupo mediático El Comercio, su principal vector, nuestro derecho elemental de respuesta.

Pedimos al gobierno peruano que desapruebe esta campaña de difamación contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en el mundo entero.

Alertamos sobre estos hechos a todas las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional y las llamamos a la mayor vigilancia, al tiempo que reafirmamos solemnemente nuestra solidaridad con el pueblo de Cajamarca, con los miembros de las rondas campesinas y con los líderes sociales y políticos peruanos a quienes la citada campaña amenaza en forma directa.

Así mismo, llamamos a todas las organizaciones democráticas que defienden los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca firmando este comunicado solidario y uniéndose a la coordinadora que actualmente estamos conformando.

París, 31 de enero de 2014.

  • France-Libertés-Fondation Danielle Mitterand
  • Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
  • France Amérique Latine (FAL)
  • Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire)
  • Coordination Eau Ile – France
  • Comité de Solidarité avec Cajamarca – Francia
  • Collectif de Péruviens en France
  • Amis de la Terre
  • Association des Populations des Montagnes du Monde
  • Association Terre et Liberté
  • Union Syndicale SOLIDAIRES
  • Emancipation – Tendance intersyndicale
  • CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde)
  • Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
  • Parti Communiste Français (PCF)
  • Europe Écologie Les Verts (EELV)
  • Nouveau Parti anticapitaliste (NPA)
  • Gauche Citoyenne
  • Les Alternatifs
  • Comité de solidarité avec les luttes du peuple argentin (CALPA)
  • Comité Amérique Latine de Caen – Francia
  • Comité Celendín Hamburgo – Alemania
  • Asociación de Peruanos en Suecia – Suecia
  • Forum de Peruanos en el Exterior – Italia