Posts etiquetados ‘conflicto social’


MAY 14, 2015

majes referencial

El tercer día de paro se tiñe con más sangre. Tras un enfrentamiento entre miembros del orden y pobladores de Majes, que apoyan las protestas contra el proyecto Tía María, tres personas fueron baleadas y otro número creciente presentan diversas lesiones. Entre los heridos habrían policías, incluso se habla de dos hombres de prensa.

De acuerdo a las primeras informaciones uno de los manifestantes recibió el impacto de bala de lleno en el pecho. Estos enfrentamientos se registraron en el Pedregal.

Los tres heridos de bala y los otros lesionados han sido derivados al hospital de Majes, donde serán atendidos.

Aunque desde que iniciaron las protestas el Ministerio del Interior ha negado el uso de armas de fuego, siguen sumándose los heridos por armas de fuego.   (Ampliaremos en breve)

Aquí la relación de heridos en los enfrentamiento con la Policía que ha sido referidos al Hospital Central de Majes, los dos primeros han sido derivados al Hospital Regional Honorio Delgado.

Uriel Mendoza Chuquihuanca (23)
Eduardo Ahumado Mamani (32)
Carlos Chara Flores (41)
Elvis León Coaquira (16)
Jaime Alejandro Berrios Quispe (43)
Edwin Edwar Chara Rodríguez (43)
Elmo Rivera Medina
Victoria Bazan Cosi (41)

 Fuente: http://elbuho.pe/


MEF dispuso suspensión temporales de cuentas a pedido de la Contraloría. Foto: La República

MEF dispuso suspensión temporales de cuentas a pedido de la Contraloría. Foto: La República

12.05.15
Suspensión no comprende las operaciones que se deben efectuar para el pago de ingresos de personal.

El Ministerio de Economía y Finanzas congeló las cuentas de las municipalidades de Islay. Con ello atendió la solicitud de la Contraloría General, que pidió suspender las operaciones bancarias de esos entes para evitar el uso indebido de los fondos públicos.

PUEDES VER. Arequipa: opositores a proyecto minero rompen lunas de vehículos

La Contraloría alertó que existe el riesgo de que algunas municipalidades se encuentren financiando el paro contra el proyecto minero Tía María, de la mexicana Southern Copper.

Las cuentas suspendidas temporalmente son las de la Municipalidad Provincial de Islay y las distritales de Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra, en Arequipa. El Ministerio de Economía aclaró que la medida es de carácter preventivo y temporal.

La suspensión no comprende las operaciones que se deban efectuar para el pago de ingresos de personal, cargas sociales, pensiones, seguros,  servicios públicos  básicos, internet, limpieza, seguridad de la institución, arbitrios y programas sociales.

 La República


Foto: Carlos Zanabria

– Jornada de hoy deja más de una docena de pobladores heridos. Días antes del paro, más de mil manifestantes marcharon por el centro de Arequipa.

Servindi, 24 de marzo, 2015.- Por segundo día se viene acatando de forma multitudinaria el paro indefinido de los pobladores del Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, en contra del proyecto cuprífero Tía María.

Según reportan algunos medios y las redes sociales, en las últimas horas se han producido enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes en el distrito de Cocachacra. Como resultado habría nueve detenidos y más de una docena de heridos; algunos de ellos fueron trasladados al hospital de Mollendo.

Represión

De acuerdo a información de la plataforma Salvemos el Valle Tambo, los enfrentamientos suscitados en horas de la tarde habrían dejado por lo menos una decena de heridos.

Asimismo, información difundida por la Red Muqui da cuenta de que la Policía empezó a disparar perdigones y bombas lacrimógenas contra pobladores de Cocachacra que marchaban pacíficamente a la localidad de El Fiscal.

La lista de heridos es la siguiente: Otto Paricahua Quispe, transferido a Arequipa por tener perdigones en la pierna y el muslo izquierdo, Ramiro Arenas Revilla (50), Zulema Portilla Machaca (19), Francisca Torocahua (53), Shirley Puma Roque (22), José Yucra Cruz (24), Delia Cahui Quico (30), Percy Juño Juño (40).

De igual modo, Emeterio Taype (54), José Gonzalo Choquehuanca (24), Juan de la cruz portilla (75), Lucio cadenas Ch. (29), así como un ciudadano que llegó después de elaborado el informe médico.

Se informa de otro lado que entre los detenidos se encuentra Iván Hurtado Frisancho, abogado de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo y asesor legal de la Municipalidad de Dean Valdivia.

Masivo rechazo

El 23 de marzo se iniciaron las protestas con la presencia de más de 4 mil manifestantes que bloquearon las vías de la Panamericana Sur. Ellos pedían a gritos la presencia del Gobierno y expresaron su rechazo al proyecto con carteles y consignas como “el Valle no se vende, el Valle se defiende”.

Durante la concentración en la Plaza de Cocachacra, los representantes y autoridades del Valle de Tambo y de Islay exhortaron al Gobierno a solucionar el problema con el proyecto minero.

“La solución a este conflicto está en manos del gobierno central”, sostuvo Jaime de la Cruz, alcalde del distrito Deán Valdivia.

Los manifestantes fueron convocados por la Junta de Usuarios de Cocachacra y gremios de agricultores que se concentraron en el Valle de Tambo para luego pronunciarse en la citada plaza.

“Hermanos de Valle de Tambo y de la provincia del Islay, esta es una fecha histórica que quedará grabada en las páginas de la región y a nivel nacional”, dijo Jaime de la Cruz.

Las autoridades resaltaron que la principal actividad económica en el Valle es la agricultura y que con la mina, que solo estará por un tiempo, esta actividad se verá en peligro.

“Acá la gente vive de la agricultura y hay pobladores que indirectamente también viven de ella pero no lo saben. Deben darse cuenta de que las ilusiones de trabajo que les pinta hoy la minera les durará dos, tres meses y luego los votarán”, expresó Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Cocachacra.

En su exposición, Cornejo acusó a la minera de “querer apoderarse de todo” y que eso es algo que no van permitir. “La lucha va a continuar hasta que el proyecto minero se retire definitivamente”, concluyó.

Foto: Salvemos el Valle de Tambo

Por su parte Helard Valencia, alcalde de Cocachacra, destacó la importancia de hacer respetar el derecho que la población tiene a defender su agua y su calidad de vida.

Finalmente se dio a conocer el acta de compromiso suscrita por las autoridades y gremios de Islay, que exige el retiro inmediato del proyecto minero.

Se supo, además, que cuatro pobladores del Valle de Tambo se declararon en huelga de hambre y que varios de sus familiares harán lo mismo.

Antecedentes

En viernes último se instaló una Mesa de Desarrollo en el distrito de Mejía con la presencia de los ministros de Energía y Minas, Rosa Ortiz; Agricultura, Juan Manuel Benites; Ambiente, Manuel Pulgar, y la presidenta regional de Arequipa Yamila Osorio.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Usuarios de Cocachacra, Jesús Cornejo, aseguró que no fue llamado a participar en la reunión.

Asimismo, los alcaldes distritales Jaime de la Cruz (Deán Valdivia), Helard Valencia (Cocachacra) y José Ramos (Punta de Bombón) tampoco  participaron de la mesa.

Estos tres distritos conforman el Valle de Tambo y son los más afectados por el proyecto minero cuprífero.

El acta no fue firmada por el Alcalde de Islay, Richard Aley, quien apoya el paro.

El rechazo al proyecto minero se mantiene desde el 2011 debido a los impactos ambientales y los potenciales perjuicios a la agricultura del Valle de Tambo.

Estudio de Impacto Ambiental rechazado

Como se recuerda, la compañía de capitales mexicanos presentó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en setiembre del 2013 y que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en agosto del 2014.

Al respecto, el abogado del Frente de Defensa de Islay, Iván Hurtado, explicó que se tramita un proceso de nulidad contra la resolución ministerial que aprueba dicho estudio.

Los pobladores piden que la UNOPS revise este nuevo EIA debido al antecedente del primero al que la UNOPS le encontró 136 observaciones. Vale precisar que dicho estudio fue declarado nulo por el Ministerio de Energía y Minas en abril de 2011.


El día de ayer otorgaron la concesión a la Central Hidroeléctrica Chadín II; y a  propósito de este conflicto social, dejamos con ustedes un artículo publicado en la revista Resistencia Celendina, en dónde se plantean algunas razones por lo que las comunidades de las riberas del Río Marañón y de Celendín en general se oponen a esta mega Central Hidroeléctrica.

¿PORQUÉ NI CONGA NI CHADÍN?

Mucho se ha esforzado César Gonzáles, gerente de sostenibilidad y comunicaciones del proyecto hidroeléctrico Chadín II de la transnacional brasilera Odebrecht, para desvincular la relación existente entre el represamiento del río Marañón y el proyecto minero Conga.  En numerosas entrevistas a los medios de comunicación de Chachapoyas, Celendín y Cajamarca manifestó con absoluta frialdad que “Chadín II no ha nacido para Conga”. Sin embargo la mentira tienen patas cortas y al final todo se llega a saber. Esta pillería de César Gonzáles fue puesta al descubierto por el mismo Ollanta Humala cuando el 20 de septiembre de 2013 en Arequipa, Humala pronunció (leyó) “su discurso” de clausura a la 31° Convención Minera, evento que alberga anualmente a las principales empresas mineras del mundo, a quién se dirigió agachado lo cabeza, no sólo para leer, en los siguientes términos: “Siéntanse seguros, como en casa…”, “La minería ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo…”, “La ejecución de los proyectos no pueden tardar años en permisos y expedientes … eso nos restaría continuidad de crecimiento”; el auditorio repleto de empresarios mineros reventó en aplausos, habían escuchado al Ollanta para quién escribieron el discurso. Terminó la convención minera eligiendo a Roque Benavides, dueño de Yanacocha, ex jefe de César Gonzales, como el nuevo presidente de la siguiente reunión anual de mineros. Bueno, en esta reunión mientras Humala leía su discurso, se mostraba mapas en pantalla gigante que ilustraba lo que decía. “En la siguiente lámina estamos apreciando cómo podemos generar en torno a la minería, un polo de desarrollo territorial en la macro región norte. Como vemos, en esta z
ona predominan los proyectos de oro y cobre, ubicados en la sierra de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash y La Libertad. Para funcionar, requieren energía, y para ello se prevé la construcción de al menos cinco centrales hidroeléctricas que, aprovechando la fuerza hidráulica podrían alcanzar una producción superior a los diez mil mega watts, (…)”


Las centrales hidroeléctricas que mostraba las imágenes eran Chadín 2, Balsas, Cumba 4, Rentema y Manseriche, todas ellas en el cauce del Río Marañón y los proyectos mineros que demandan de esta energía son Proyecto Conga de Minera Yanacocha, Proyecto La Granja de la minera Río Tinto, Proyecto El Galeno de la china Lumina Copper, Proyecto Michiquillay de Anglo American, Proyecto Shahuindo de la minera Sulliden Mining, sólo en la Región Cajamarca quedando incluir los proyectos de ampliación de Yanacocha y los ubicados en Ancash, La Libertad y Piura.

No quiero ser yo quién sustente por qué Chadín II no debe ejecutarse, las comunidades afectadas se han manifestado de distintas formas a través de su Frente de Defensa y de sus Rondas Campesinas, aquí dejamos uno de sus pronunciamientos dónde expresan su posición frente a Chadín II.

Los comuneros y comuneras afectados que habitamos en las riberas del río Marañón, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, denunciando el intento de destrucción del río Marañón, considerado la naciente del río Amazonas, a través de su represamiento para construir una mega central hidroeléctrica llamada Chadín II, por la empresa brasilera Odebrecht.  Para nosotros el río Marañón no representa un accidente geográfico más, sino una fuente de trabajo, de subsistencia, un modo de vida, que generación tras generación ha contribuido con el alimento no solo para nuestros pueblos, sino también para las regiones de Cajamarca y Amazonas. Recientemente han venido a nuestras comunidades personas extrañas, que con engaños vienen a generarnos división y malestar en nuestras comunidades, alterando la paz y tranquilidad en la que vivimos.

Nos han ofrecido una serie de proyectos como carreteras, cuando es la misma empresa la que realmente la necesita para trasladar sus maquinarias y turbinas para construir la Central Hidroeléctrica Chadín II.  Anunciamos efectivamente que si nos hace falta una carretera para sacar nuestros productos del río Marañón, pero esta será inútil si más de 3 mil hectáreas de nuestros valles productivos quedarán inundados bajo el agua.

Nos han ofrecido trabajo por dos años, cuando los valles de nuestro río Marañón vienen generando trabajo generación tras generación y gracias a ello hemos podido educar a nuestros hijos; si se represa el Marañón, cientos de nosotros perderemos nuestra fuente de trabajo y estaremos condenados a vivir en la miseria. El trabajo que generamos en nuestros valles del Marañón son para toda la vida, además  no nos excluye, porque no nos pide un curriculum, no discrimina si tenemos o no educación superior, tampoco pide límites de edad y el trabajo no es para unos cuantos, sino para toda nuestra comunidad y para vecinos de otros lugares.

Nos han ofrecido canon hidroenergético, pero no nos dicen que este dinero además de ser poco, se tiene que distribuir entre dos regiones y vendrá después de 17 años, porque se tiene que recuperar la inversión. Además no es dinero de la empresa, sino es una deuda que contrae el Perú de los bancos del Brasil y tenemos que pagar todos los peruanos.  También el Brasil impone condiciones para el préstamos; que sea Odebrecht la que construya la represa, sabe qué negociado hay de por medio.

Nos dijeron que es un proyecto que brindará energía limpia, sin embargo generará grandes cantidades de gas metano que contribuye enormemente al calentamiento global y cambio climático, además alterará perjudicialmente el clima en nuestras comunidades; destruirá casi todas las variedades de peces de nuestro río, nos despojará de nuestras tierras para desplazarnos a lugares que no conocemos;  y ningún proyecto que destruya la naturaleza y genere problemas sociales puede decirse que  genera energía limpia, es una mentira que vienen difundiendo. También conocemos de otros proyectos que ha ejecutado la Odebrecht y han desplazado a comunidades y éstas ahora viven en la total y absoluta miseria.

Nos dijeron que la energía producida será para el desarrollo de nuestros pueblos y que no es posible que el Perú traiga energía del Ecuador, pero sin embargo no nos dijeron que esta energía es indispensable para que funcionen los catorce mega proyectos mineros como el proyecto Conga de la de Yanacocha y que la energía del Ecuador no es para la población sino para que funcione esta minera. Es decir no sólo quieren destruir las fuentes de agua de nuestros hermanos de Celendín y Bambamarca con el proyecto Conga, sino también con el proyecto Chadín II, quieren destruir nuestros valles del Marañón, sepultándolos con una inundación de 35 kilómetros destruyendo nuestros cultivos como el cacao que tanta fama le ha dado a Celendín por la producción del chocolate shilico.

Por tanto;

  • Rechazamos rotundamente la destrucción del río Marañón, por la empresa brasilera Odebrecht.
  • Denunciamos el chantaje del Gobierno que amenazan con quitarnos los programas sociales si no vamos a las reuniones de la Odebrecht a firmar nuestra propia destrucción.
  • Denunciamos públicamente la persecución judicial de la empresa Odebrecht para atemorizarnos con juicios y denuncias que nos han hecho a comuneros, autoridades y dirigentes que nos oponemos a la destrucción de nuestras fuentes de subsitencia.
  • Anunciamos que no venderemos ni un centímetro de nuestros terrenos a la empresa mafiosa Odebrecht o a terceros que envían para engañarnos y o para sobornar autoridades.
  • Advertimos a las demás comunidades de Celendín y hermanos de la región Amazonas que mientras nos mantengamos unidos y no vendamos nuestras tierras, no podrán represar el Marañón, es más, por una persona que no venda sus terrenos no podrán represar nuestro río.
  • Le decimos al Gobierno peruano que no aceptamos su visión de desarrollo, pues el desarrollo de ustedes significa la destrucción de nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades.
  • Así mismo nos solidarizamos y apoyamos la lucha frente al proyecto minero Conga, porque no habrá Conga sin energía, sin Chadín II, por lo tanto nuestro lema es ¡Ni Conga, Ni Chadín! ¡Los pueblos se respetan!

Por todo ello, declaramos al proyecto Chadín II, como un proyecto inviable por ser  destructor de nuestros recursos naturales y rechazamos su construcción.

f596f-06072013chadin2audpubchumuch0026

90dd9-06072013chadin2audpubchumuch0061

 

 


Escuchar audio aquí: http://www.ivoox.com/maxima-acuna-chaupe-denuncia-nueva-intimidacion-de_md_2799468_1.mp3″

Alrededor de las 11:20 horas del día de hoy se comunicó Máxima Acuña de Chaupe con nuestro medio para denunciar nuevamente el hostigamiento que viene siendo víctima su familia por parte de la empresa minera Yanacocha a través de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) a quién esta empresa minera ha contratado para brindarle seguridad.IMG_1287

Informó que la DINOES en un número de 18 efectivos fuertemente armados que llegaron en 3 camionetas de la empresa minera han entrado a su propiedad a impedir que desarrollen sus actividades agrícolas. La empresa alude que el terreno en donde vive la familia Chaupe Acuña es de su propiedad, los efectivos de la policía han ido a llevar este mensaje de prohibición de trabajar en sus chacras. Por otro lado también se conoce que la familia viene afrontando un litigio con la todo poderosa minera Yanacocha que quiere apropiarse de sus terrenos que poseen desde 1994 y que se encuentran ubicado estratégicamente en el corazón del cuestionado proyecto minero Conga, frente a la Laguna Azul que se convertiría en su botadero de desechos tóxico de ejecutarse dicho proyecto.

Así mismo Máxima informó que los efectivos de la policía han ido a notificarles que no trabajen pero no mostraron ninguna orden del juez o de alguna autoridad pertinente, por lo que este hecho se constituye en un acto arbitrario y abuso de autoridad de la Policía Nacional del Perú, a ordenes de minera Yanacocha.

Máxima y su familia vienen siendo amenazados constantemente incluso denunciaron ser víctimas de amenazas de muerte, invocó también al la Fiscalía de Celendín para impedir este tipo de abusos que vienen sufriendo.

La Red Ulam ha hecho un llamado de acción urgente para impedir que se siga vulnerando los derechos de esta familia: Ver el Enlace y apoya.

Máxima Acuña Chaupe está en peligro


– Las tendenciosas y calumniosas informaciones en contra de activistas ambientales de Piura y Cajamarca enrarece el clima de los derechos humanos en un país que se jacta de respetarlos.

Servindi, 2 de febrero, 2014.- No es un caso aislado. Se trata de una campaña orquestada para denigrar la imagen de dirigentes y activistas sociales que la gran prensa pretende estigmatizar en un nuevo delito imaginario: “defender la vida, el ambiente y los derechos de las comunidades”.

No solo son los líderes que defienden el ambiente y los recursos de los campesinos de Cajamarca frente al megaproyecto minero Conga. La campaña ahora se extiende a Piura donde se calumnia a Lupo Canterac.

Ante la incapacidad del Estado peruano para implementar procesos de consulta previa en el ámbito minero y respetar los derechos colectivos de las comunidades originarias los sectores empresariales se han lanzado a desacreditar a quienes han elegido defender el ambiente y los recursos naturales.

Miguel Santillana, un servidor de la empresa Yanacocha es la persona encargada del trabajo sucio de enlodar honras ajenas y presentar casi como delincuentes a líderes y promotores sociales que actuan en el marco de la ley.

La Red Muqui -un colectivo de 27 instituciones que hace más de 10 años promueve el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por actividades mineras- denunció las calumnias periodísticas contra Lupo Canterac, responsable de la Red Muqui Norte.

Lupo Canterac es una persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo. Coordina la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), una articulación que promueve la salida pacífica frente a los conflictos socioambientales que involucran a comunidades locales.

Medios de prensa han divulgado la presencia de Lupo Canterac como “parte de un relazamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras”.

Como si trata de un peligroso prontuariado un diario reportó que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.

La Red Muqui denunció que las acusaciones que tienen como fuente instigadora a Miguel Santillana, servidor de Yanacocha, “son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales”.

Solidaridad internacional

La campaña mediática que pretende desacreditar a los activistas sociales recibió una amplia condena de parte de una amplia red de asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad.

Mediante un pronunciamiento público con fecha 31 de enero afirman que la campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos y ambientales.

La campaña también tiene como meta específica desacreditar a quienes se oponen al proyecto minero “Conga” a quienes acusa de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo en el Perú.

Piden al gobierno peruano desaprobar la “campaña de difamación contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en el mundo entero” que tiene al grupo mediático El Comercio, como su principal vector.

El comunicado internacional coincide con la Red Muqui en que la campaña es “iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las empresas mineras” en alusión indirecta a Miguel Santillana, servidor de la empresa minera Yanacocha.

El pronunciamiento internacional menciona el contexto represivo que se vive en el Perú con la promulgación de la Ley 30151 que garantiza la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia así como en la instalación de puestos policiales en las ciudades en conflicto.

Finalmente, llama a las organizaciones democráticas que defienden los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca y se unan a la coordinadora que actualmente están conformado.

A continuación reproducimos el comunicado de la Red Muqui y luego el pronunciamiento internacional:

Denunciamos campaña pública para deslegitimar actividades de defensores e instituciones de derechos humanos, ambientales y de desarrollo local sostenible a nivel nacional

La RED MUQUI, colectivo conformado por 27 instituciones de la sociedad civil de todo el Perú, que desde hace más de 10 años promueve el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones afectadas por las actividades mineras en el país, así como sus posibilidades de desarrollo humano, integral y sostenible, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. El día 27 de enero del presente, la edición norte del diario La República, publicó la nota denominada “Miguel Santillana advierte sobre presencia de Lupo Canterac en Tambogrande”. En ella se cita declaraciones del citado consultor de empresas Miguel Santillana, aludiendo que la presencia de Lupo Canterac, actual responsable de la Red Muqui Norte, y Coordinador de la Red Agua, Democracia y Desarrollo – REDAD de Piura (miembro de Red Muqui), en Tambogrande, “forma parte del relanzamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras (…)”. El diario también señala que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (en el distrito de Tambogrande), (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.

2. La Red Muqui rechaza las afirmaciones calumniosas en contra de Lupo Canterac, persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo, en tanto ni él ni nuestros colectivos hemos promovido, ni antes ni ahora, ningún tipo de acción violenta o agitación, pues estamos en contra de ello, y es más impulsamos salidas pacíficas a los conflictos sociales generados, a pedido de las comunidades o poblaciones que se sienten afectadas en sus derechos por las actividades mineras.

3. El ataque contra Lupo Canterac se produce cuando la empresa minera peruana Buenaventura, que es titular del Proyecto Minero “El Faique” en tierras de la Comunidad Campesina de Locuto en el distrito de Tambogrande en la región Piura, busca obtener la autorización de la citada comunidad para sus operaciones. La Comunidad está de acuerdo con realizar una consulta al respecto, pero no condicionada por la empresa minera, como han tratado de hacerlo en dos oportunidades. Lo cierto es que hay un rechazo de la comunidad a su realización, el que se hace patente en el pronunciamiento de la Comunidad publicado en el diario La Hora de Piura del sábado 25 de enero.

4. El proyecto minero “El Faique” está ubicado en la margen izquierda del Rio Piura, y era la segunda etapa del proyecto que fue sometido a una consulta vecinal realizada en junio del 2002, donde el 98% de la población local rechazó su realización.

5. Consideramos que las afirmaciones calumniosas sufridas por Lupo Canterac en Piura, así como por otros líderes, promotores sociales e instituciones de derechos humanos en Cajamarca y Espinar, Cusco, son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales, y las que promueven el desarrollo local sostenible, cuya tarea sólo suple la falta de un Estado que tutele los derechos de la comunidades y poblaciones afectadas.

Consideramos que todos estos ataques no hacen sino restar importancia a los verdaderos problemas que están detrás de los conflictos sociales, como la no realización de procesos de consulta previa en minería hasta la fecha, la falta de mecanismos de participación efectiva, la ausencia de una fiscalización ambiental efectiva, la necesidad de una Ley de Ordenamiento Territorial que permita culminar dichos procesos, entre otras muchas, que de no afrontarse mantendrán la posibilidad de nuevos conflictos sociales, y frente a ello la respuesta represiva desde el gobierno.

Lima, 30 de Enero del 2014

Asociación Marianista de Acción Social (AMAS–Otuzco, La Libertad Andes-Pasco/APRODEH/Arariwa- Cusco/ CADEP-Cusco/ CEDAP-Ayacucho/Centro Labor- Pasco/ Centro Pastoral de la Diócesis de Chulucanas-/CooperAcción/ Derechos Humanos sin Fronteras – Cusco/ Fedepaz/ Grufides – Cajamarca/Grupo Propuesta Ciudadana/ Huñuq Mayu-Apurímac/ Instituto Natura- Áncash/ Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno/Pastoral de la Dignidad Humana- Huancayo/ Programa Democracia y Transformación Global/ Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo de Piura/ Red Uniendo Manos/ Vicaría de Solidaridad de Jaén/ Siguen firmas…

Solidaridad internacional con Cajamarca

Comunicado unitario

Una campaña mediática ha sido lanzada hace poco en el Perú contra el movimiento de solidaridad internacional con el pueblo de Cajamarca (norte de los Andes de Perú), en lucha pacífica desde hace tres años, en defensa del agua y del medio ambiente, contra el megaproyecto minero “Conga”, de la empresa Yanacocha (transnacional Newmont, Buenaventura y el Banco Mundial).

Este proyecto de minería a tajo abierto destruirá cinco lagos de montaña, 700 manantiales y 260 hs de bofedales. Se trata de una amenaza directa a la salud, a la vida de las personas y al medio ambiente de esta importante región agrícola del Perú y contaminará todo el sistema hidrológico aguas abajo, en sus vertientes amazónica y del Pacífico, con un impacto para miles de personas.

Desde hace tres años, las poblaciones afectadas resisten pacíficamente. La respuesta de las autoridades ha sido la represión: en julio de 2012, cinco personas fueron muertas por la policía, que también hirió de bala a una cincuentena. La indignación provocada por esta ola de violencia puso de pie a toda la población de esa región andina y provocó un movimiento de solidaridad nacional e internacional.

El megaproyecto “Conga” fue suspendido oficialmente en agosto de 2012.

Hoy, todas las asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad con Cajamarca, y cuyos objetivos humanitarios no pueden ponerse en duda, son objeto de una campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana.

Iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las empresas mineras, esta campaña arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia, de los derechos humanos y ambientales, con la defensa del derecho al agua, reconocido en el plano internacional como parte integrante de los derechos humanos por la resolución de la Asamblea General de la ONU del 28 de julio del 2010, y en la defensa del derecho a la consulta previa, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.

Esta campaña también tiene como meta desacreditar a todos aquellos quienes, en el Perú, se oponen al proyecto minero “Conga” y siguen defendiendo los derechos de la población. Esta campaña pone en peligro a estas personas, acusadas de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo del Perú.

Tenemos buenas razones para expresar nuestra preocupación pues se acaba de adoptar la Ley 30151, que garantiza la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia y que viola abiertamente las convenciones internacionales, y se está instalando importantes contingentes policiales en las tres ciudades de la región de Cajamarca (Celendín, Cajamarca y Bambamarca).

También observamos con preocupación la declaración de impunidad y el abandono de la investigación para establecer las responsabilidades por los cinco asesinatos cometidos durante las manifestaciones de julio del 2012.

Por lo tanto, denunciamos esta campaña mediática y exigimos del grupo mediático El Comercio, su principal vector, nuestro derecho elemental de respuesta.

Pedimos al gobierno peruano que desapruebe esta campaña de difamación contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en el mundo entero.

Alertamos sobre estos hechos a todas las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional y las llamamos a la mayor vigilancia, al tiempo que reafirmamos solemnemente nuestra solidaridad con el pueblo de Cajamarca, con los miembros de las rondas campesinas y con los líderes sociales y políticos peruanos a quienes la citada campaña amenaza en forma directa.

Así mismo, llamamos a todas las organizaciones democráticas que defienden los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca firmando este comunicado solidario y uniéndose a la coordinadora que actualmente estamos conformando.

París, 31 de enero de 2014.

  • France-Libertés-Fondation Danielle Mitterand
  • Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)
  • France Amérique Latine (FAL)
  • Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire)
  • Coordination Eau Ile – France
  • Comité de Solidarité avec Cajamarca – Francia
  • Collectif de Péruviens en France
  • Amis de la Terre
  • Association des Populations des Montagnes du Monde
  • Association Terre et Liberté
  • Union Syndicale SOLIDAIRES
  • Emancipation – Tendance intersyndicale
  • CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde)
  • Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
  • Parti Communiste Français (PCF)
  • Europe Écologie Les Verts (EELV)
  • Nouveau Parti anticapitaliste (NPA)
  • Gauche Citoyenne
  • Les Alternatifs
  • Comité de solidarité avec les luttes du peuple argentin (CALPA)
  • Comité Amérique Latine de Caen – Francia
  • Comité Celendín Hamburgo – Alemania
  • Asociación de Peruanos en Suecia – Suecia
  • Forum de Peruanos en el Exterior – Italia

Acción ante Corte Federal de Estados Unidos solicita información a Newmont sobre represión de protestas sociales en el proyecto minero Conga

Contact:

Rick Herz (U.S.): (860) 233-4938, rick@earthrights.org
Benjamin Hoffman (Peru): +51-959-284295, benjamin@earthrights.org

Denver, 24 de enero de 2014 – EarthRights International (ERI) presentó hoy una demanda ante la Corte Federal en representación de Elmer Eduardo Campos Álvarez (32), manifestante herido por la violencia policial en la zona del proyecto minero Conga. Con esta acción, ERI busca obtener información y documentos de la empresa Newmont que asistan a los procesos judiciales abiertos en el Perú relativos a la represión de la protesta social contra el proyecto.

El demandante, residente del departamento de Cajamarca, donde está ubicado el proyecto, recibió dos impactos de bala en la espalda el 29 de noviembre de 2011, mientras protestaba pacíficamente en el lugar donde se propone la mina. Por las lesiones sufridas, Campos perdió un riñón y quedó parapléjico. Fue uno de los 24 manifestantes heridos por la policía durante aquella jornada.

La empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont, firmó un contrato con la Policía Nacional del Perú para la prestación de servicios de seguridad. Los agentes de policía implicados en la represión del 29 de noviembre afirmaron ante los fiscales locales que estaban proporcionando seguridad a la empresa. El proyecto Conga generó una fuerte oposición en las comunidades cercanas, ya que supone la destrucción de lagunas altoandinas vitales para el sistema hídrico, y consideradas como fuente fundamental de vida por la población local.

“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú”, dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada. Esperamos que esta acción contribuya a esclarecer la situación y facilite la obtención de justicia en el Perú”.

El demandante busca información de la empresa Newmont – como evidencias fotográficas y de video, informes de seguridad de empleados de Minera Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas – que aporten claridad sobre lo ocurrido.

Si se proporciona, la información solicitada ayudará a las autoridades judiciales peruanas que investigan los hechos, tanto en la investigación penal pendiente contra los dos agentes al mando de la policía aquel día, como en una demanda civil presentada por el señor Campos contra la Policía Nacional de Perú y otros oficiales públicos.

“Justicia significa, en primer lugar, que haya una verdadera investigación para determinar quiénes fueron los responsables y que paguen por sus crímenes. En segundo lugar, significa que el gobierno cumpla con su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y el medioambiente, en lugar de imponer un proyecto minero destructivo mediante conductas policiales abusivas”, señaló Elmer Campos.

La actividad minera es conflictiva en el Perú: en septiembre de 2012 la Defensoría del Pueblo reportó 223 conflictos sociales activos, dos tercios de ellos vinculados a la extracción de minerales. La Defensoría registra además 196 muertos y 2369 heridos en conflictos por los recursos naturales entre 2006 y 2011.

“Esperamos que la acción en los Estados Unidos apoye los esfuerzos legales en curso en el Perú para buscar justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y ayude a poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas”, señaló Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, institución que representa al señor Campos como parte civil agraviada en la investigación penal.

La acción legal ante la Corte Federal fue presentada bajo el Estatuto 28 USC § 1782, ley que permite a las partes de procedimientos judiciales en el exterior obtener documentos e información de personas o empresas en los Estados Unidos.

Además de EarthRights International, el señor Campos es representado en la acción ante la Corte Federal estadounidense por Gail Johnson, de Johnson, Brenner & Klein, PLLC, con sede en Boulder, Colorado.


EarthRights International (ERI) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que combina el poder de la ley y los pueblos en defensa de los derechos humanos y el medioambiente, definidos de manera conjunta como “derechos de la tierra”. Nos especializamos en investigación y acciones legales contra quienes violan estos derechos, capacitamos a líderes comunitarios y promovemos campañas de incidencia pública y tenemos oficinas en el Sur Este de Asia, Estados Unidos y Peru.

Documents:

Tras los últimos eventos ocurridos en el proyecto Conga, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Dialogo y Sostenibilidad del Ejecutivo, refirió que el trabajo que actualmente vienen realizando en Cajamarca, es el de recuperar la confianza y crear espacios para dar paso al dialogo para de esa manera atender los reclamos de la población.

En ese sentido, dijo que ha mejorado la relación con los municipios y que próximamente recibirá la visita de 8 alcaldes con quienes trabajan en una solución al conflicto. Pero, sin embargo reconoció que hay un sector sumamente intransigente y radical, que ha mantenido una posición anti conga, que los ha llevado a ejercer presión con violencia sobre quienes no comparten su forma de pensar

Sobre ese punto, el alto comisionado manifestó que es necesario respetar las opiniones del resto

“Debemos entender que no todos pueden estar de acuerdo, sin embargo tienen una influencia muy violenta en los que si quieren dialogar, a través de sanciones que si cuestionamos nosotros, porque debemos dejar que todos expresen su punto de vista” refirió

En cuanto al reinicio de las operaciones en Conga, Huaroc fue cauteloso y no hablo de fechas, pero se mostró a favor de que sea este año, dependiendo de la apertura que muestre la empresa, a recuperar la confianza de la población

cajamarcareporteros.com


Nuevamente la empresa minera Yanacocha protagoniza un desalojo forzoso. Esta vez fue acusada por Segundo Lindorfo Bolaños Atalaya, comunero del Distrito de Sorochuco, que el pasado 19 de enero fue víctima de un violento desalojo de su predio ubicado en el sector Tragadero Grande – Las Posadas, muy próximo a la Laguna Azul, la misma que el proyecto Conga planea convertirla en botadero de relaves tóxicos. En el desalojo habría participado una docena de policías a ordenes de la empresa minera.

lagunas_conga_policias

Segundo Bolaños afirma que su propiedad de 6 hectáreas no ha sido vendida a Yanacocha; además denunció ser víctima de contaminación de sus fuentes de agua como consecuencia de los trabajos de exploración del proyecto Conga. A este hecho se suma a una serie de denuncias hacia minera Yanacocha por el despojo de tierras a comuneros de Cajamarca, como el caso de la familia Chaupe, vecinos de esta nueva familia afectada.

Estos hechos suceden luego que los funcionarios del Gobierno anunciaron que existen 32 comunidades que respaldan la ejecución del Proyecto Conga. La realidad muestra lo contrario; el pasado 16 de enero, pobladores de Celendín y Bambamarca se manifestaron masivamente en rechazo a este proyecto minero, demostraron una vez más que Yanacocha no tiene licencia social para su ejecución.

Aquí las declaraciones de Segundo Bolaños.

http://www.ivoox.com/minera-yanacocha-quita-terrenos-a-comuneros-celendin_md_2747833_1.mp3″

La Disposición N° 4 del Caso 1914-2012 del fiscal Víctos Pinillos Padilla declara improcedente formalizar y continuar la investigación y archiva caso de homicidio de los fallecidos en Celendín el 3 de julio del 2012 ocurrido en las manifestaciones contra el proyecto minero Conga.
Es una resolución contradictoria, en la que el fiscal afirma que la PNP y el Ejército Peruano dispararon cuando ya no tenían armas no letales, lo cual no se desprende del todo en su propio dictamen elaborado sobre la base de los informes de la policía y del ejército. T

ambién afirma que sí hay elementos indiciarios de que hubo homicidio doloso de parte de algunos de los miembros de las FFAAs; sin embargo, al no poder individualizarse a cada uno de los que disparó, debe archivarse la causa.
Increíble, pero señala que incluso algunos de los disparos pudo provenir del helicóptero que sobrevoló en la ciudad durante los disturbios, corroborando lo que han afirmado varios testigos.  Sin embargo, no dispone continuar con las investigaciones sobre este punto.
En las páginas 25 a 27 del dictámen, en las que específicamente señala todo lo que no se llevó a cabo en la investigación y lo que no pudo conseguir el propio fiscal durante su investigación. Ni una sola letra sobre la autoría mediata de los mandos, por supuesto.
También se esmera en señalar que los protestantes eran casi guerreros armados hasta los dientes, a los que se tuvo que enfrentar con las armas letales.
Deplorable actuación del fiscal.  Además, el caso muestra cómo es que se perdió una oportunidad valiosa de contar con pruebas suficientes, las que el fiscal señala en su dictamen, por la desviación de la competencia y el mal accionar de los fiscales que inicialemente conocieron del caso, y por la negativa de las autoridades policiales y militares de enviar la información requerida.
Eso sí, es un excelente ejemplar de lo que no debe ocurrir en una investigación fiscal en casos de esta naturaleza.

También los medios escritos se encargaron de informar el tema:

LA REPÚBLICA

Queda impune muerte de comuneros en Celendín

El fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dispuso que es improcedente formalizar y seguir la investigación preparatoria respecto a la muerte de los comuneros César Medina Aguilar, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y Antonio Sánchez Huamán, el 3 de julio del 2012, en Celendín, en una protesta contra el proyecto Conga.

“El fiscal archiva el caso y alega que no se ha individualizado a quienes efectuaron los disparos que le quitaron la vida a estas personas, aun cuando hay indicios de que los disparos provendrían de los helicópteros”, dijo Víctor Álvarez, abogado de la Coordinadora  Nacional de Derechos Humanos.

Refirió además que el fiscal Pinillos ha basado su dictamen en informes de la Policía y el Ejército, “quienes le negaron información como el propio fiscal reconoce”.

Aquí el enlace

PERÚ 21

Fiscalía archivaría asonada en Celendín

Miércoles 22 de enero del 2014 | 07:11

No habría encontrado pruebas contra la Policía Nacional, que participó en enfrentamiento de 2012, intentando frenar la convulsión que se vivía.

Archivarían asonada en Celendín. (USI)

Archivarían asonada en Celendín. (USI)

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, que dirige el doctor Víctor Pinillos, pidió el sobreseimiento de las investigaciones por la asonada antiminera en Celendín, que dejó el saldo de tres muertos y una veintena de heridos –entre ellos, siete policías y tres soldados–, además de 15 detenidos, en el año 2012.

Fuentes de Perú21 confirmaron que el pedido fiscal se debería a que no se encontraron pruebas contra la Policía Nacional que participó en este enfrentamiento, en su intento por frenar la convulsión que se vivía en ese entonces en la provincia cajamarquina que se opone al proyecto Conga.

Como lo informó este diario, la revuelta comenzó cuando dos policías que trabajaban en la sede municipalfueron atacados por la turba antiminera dirigida por allegados al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

Enlace aquí

Dejamos también un video de lo ocurrido ese fatídico 3 de julio de 2012 en dónde las fuerzas criminales de la policía y del ejército del Perú asesinaron a ciudadanos peruanos en Celendín. Al final encontraremos justicia, Ollanta Humala será juzgado por todos sus crimenes.


Por: Rocío Silva Santisteban

El Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional (Londres), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA ), la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado en contra de la Ley 30151 promulgada el 13 de enero que exime a los efectivos policiales y del Ejército de responsabilidad penal cuando al hacer uso de la fuerza letal produzcan lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber, incluso sin su arma de reglamento. Para nosotros, derecho-humanistas, esta ley es simplemente una licencia para matar y es apenas una estrategia efectista pero no eficaz en relación con la labor de la policía contra el crimen organizado. No en balde hay coincidencia entre todas las instituciones mencionadas y preocupación de algunas personas, incluido el propio Ministro del Interior Walter Albán.

Por cierto, esta posición no implica desconocer la necesidad de la Policía Nacional del Perú de fortalecerse, mejorar sus condiciones de trabajo siempre arriesgadas y precarias, así como empoderar a sus efectivos, sobre todo  aquellos que trabajan en zonas de alto riesgo. La PNP está pasando por una situación de crisis moral y de liderazgo que se ha visibilizado con el affaire López Meneses. Tendremos que esperar un poco para ver si las últimas decisiones gubernamentales han sido efectivas, sin embargo, queda aún pendiente la famosa “reforma policial” que incluso fue una de las recomendaciones de la CVR.

Hoy, los suboficiales que deben poner su pecho día a día y que saben lo difícil que es ser honesto en nuestro país deben sentirse respaldados no solo por el gobierno sino por la ciudadanía. Hay que respetar al policía honesto, hay que sancionar al policía corrupto; hay que empoderar al policía cobarde, hay que controlar al policía autoritario que no respeta y discrimina, ningunea y desprecia al ciudadano. Y esto lo digo porque aún resuena en mis oídos la frase que soltó ese policía en la Plaza de Cajamarca el 4 de julio de 2012 cuando, increpado por una joven sobre el maltrato a los cajamarquinos, y espetándole ¿por qué nos tratan así?, contestó: “porque son perros conchatumadre…” (ver video). No, ni nosotros somos perros ni ellos son ratas o cerdos como también han querido calificarlos. No podemos tratarnos así y debemos de respetar al otro en su otredad. Hace muchos años, Ana Carolina Lira, una policía honesta, fue ametrallada por Sendero Luminoso en una combi, quedó paralítica y ciega. ¿No es ella el símbolo de lo que nunca más debe suceder? Y mientras tanto hay oficiales que negocian las armas, la gasolina, los helicópteros de la policía. ¿Es posible que no nos indignemos?

Pero la Ley 30151 no va a solucionar todos estos problemas sino que tendería a agravarlos al permitir, con su flexibilidad, que los enfrentamientos, no con los delincuentes zafios y organizados sino con la población, permitan situaciones de indefensión. Los impulsadores de la norma sostienen que los policías se ven envueltos en largos procesos penales; en mi experiencia de denuncia de las 4 muertes de Celendín y 1 de Bambamarca, no es así.

Los fiscales de Chiclayo no toman decisiones, no abren investigación y, al parecer, esperan archivar la denuncia por falta de pruebas (sí, con videos, protocolos, informes, necropsias que demuestran muerte por bala de Galil). Algunos peruanos autoritarios dicen: “bien hecho, eso les pasa por revoltosos”. César Medina, 16 años, estudiante que salía de una cabina de internet, fue uno de los que recibió una bala en el cráneo, ¿su muerte es una sanción ejemplar?, ¿su muerte es un delito de función?,  ¿y si fuera tu hijo, qué?

Organismos internacionales de DDHH calificaron como uso excesivo de armas letales la represión del 3 y 4 de julio del 2012 en Celendín y Bambamarca por parte de la Policía Nacional y del Ejército. Hubo como saldo 5 personas asesinadas y decenas de heridos. Hechos ocurridos en las manifestaciones de rechazo al proyecto minero Conga, esta es una de las imágenes de aquellos días.
La policía también agredió en la comisaría de Cajamarca a miembros de la Cordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo.

 

Ver minuto 3:25