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Marco Arana, en una pausa durante un reciente viaje por el interior del país, leyendo “La Maldición de la Abundancia”. Fuente: CARETAS

En medio de violentos conflictos medioambientales, el gobierno sigue de cerca al activista. Nota de inteligencia policial registra sus actividades, mientras el Premier Óscar Valdés suelta avalancha de tuits: “Podridos. Congelados. Incendiarios”.

Podridos. Congelados. Incendiarios. En una avalancha de twitter, el premier Óscar Valdés rescató el martes 5 la calificación que el historiador Jorge Basadre hiciera de los personajes que lastran al país. Comenzó por la inacción de las élites y siguió con ráfagas de acusaciones telúricas al mismo tiempo que el gobierno caminaba por una cuerda floja y varios actores políticos –que a los ojos de Valdés seguro calzaban en las tres categorías– pedían la cabeza del premier.

La renuncia a la bancada oficialista de los congresistas Verónika Mendoza, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila remeció los titulares del día anterior. Los dos últimos, invitados de izquierda y abiertos descontentos desde hacía meses, aprovecharon la salida de la primera, fundadora del Partido Nacionalista, que tiró el portazo en medio de severos cuestionamientos a su papel en la crisis de Espinar.

La brújula noticiosa dio un giro a favor del gobierno con el destemplado discurso ofrecido el martes por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que en medio del paro convocado en su región llamó al derrocamiento del presidente Ollanta Humala.

Los días anteriores, fichas prominentes del Ejecutivo como el propio Valdés y el ministro de Justicia Juan Jiménez se habían reunido con los corresponsales extranjeros a raíz de la detención de los dirigentes en Espinar, luego de los desmanes que provocaron dos muertos y la declaratoria del Estado de Emergencia. El arrestado alcalde de la localidad, Óscar Mollohuanca, fue trasladado a Ica y se anunció su detención preventiva por un lapso de cinco meses.

Jiménez afirmó que “los que están dirigiendo las protestas son dirigentes radicales, personas altamente ideologizadas, gentes de formación comunista, de ultraizquierda. Y no es casualidad. Se articula la protesta en muchas zonas del país para que la autoridad esté en muchos puntos al mismo tiempo, resguardando la seguridad y libertad de las personas. Es evidente la participación de sectores muy radicales en el gobierno”.

En conferencia de prensa, Mavila criticó los “informes de inteligencia” que le sirven de insumo al gobierno para convencerse de la cualidad conspirativa de protestas aparentemente inconexas, como las de Cajamarca y Cusco. Así lo había declarado el presidente del Congreso, Daniel Abugattas (CARETAS 2234).
Diez Canseco se suma a la percepción de Mavila y advierte a CARETAS que “el gobierno no tiene operadores y va a terminar conducido por el Servicio de Inteligencia y las famosas explicaciones de planes y redes subversivas que están debajo de todos los movimientos del Perú, sin entender los niveles de frustración en la población. Mi sensación respecto a 1992 me resulta francamente preocupante”.

CARETAS accedió a una parte de los documentos de inteligencia mencionados. Y de allí se desprende que el personaje central, aquel que aglutinaría los presuntos esfuerzos conspirativos, es el activista ambiental Marco Arana (49).
Aquí el gobierno apunta alto. Este ex sacerdote y líder del Movimiento Tierra y Libertad, así como de la ONG Grufides, ha recibido reconocimientos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el festival Berlinale, que premió un documental sobre su lucha.

Su oposición a Yanacocha lo convirtió en un personaje reconocido. Y también es cierto que su postura antiminera no admite los matices propios de un país en crecimiento que debe imponer estándares ambientales, pero que obtiene una mayoría de su renta de los socavones y cuyo potencial agrícola tiene techo. “Hemos dejado de usar objetos de oro en nuestra parroquia”, le explicó a la revista Time cuando lo nombró héroe ambiental en 2009. “Dios no debería ser adorado con productos que han causado sufrimiento y destruido la naturaleza”.

Para investigarlo trabajan equipos de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) sin que ambas unidades coordinen entre sí, según fuentes policiales.

Ambas pesquisas están orientadas a conocer en profundidad las actividades de Arana y de sus seguidores, pero también sobre su vida privada, de acuerdo a fuentes confiables. No sería la primera vez (CARETAS 1956).

Para explicar su participación en los hechos del Cusco, inteligencia policial se remonta a una “reunión extraordinaria” ocurrida el 11 de marzo de 2012 en el Jr. San Pedro Nº 310, en Yauri. A dicha cita acudieron “el alcalde (Óscar) Mollohuanca y el padre Arana. Además contó con la participación de dirigentes de Tierra y Libertad, así como de regidores de la Municipalidad de Espinar. En esa reunión se desarrolló coordinaciones con miras a la radicalización de la agenda”.

El apresado Mollohuanca pertenece a Tierra y Libertad.

Según estas informaciones, durante todo marzo Arana organizó “congresos antimineros”: en las localidades de Chamaca, Chumbivilcas, Tintaya, Marquiri, Yauri y Espinar. “En el primer congreso de los nombrados se determinó, entre otros, conformar un Comité de Lucha contra el Corredor Minero (Cotabambas-Chumbivilcas y Espinar), mientras que en el segundo, efectuar una lucha frontal contra la minera Xstrata Tintaya y convocar indefectiblemente a una Huelga General Indefinida para el 21 de mayo”, indica una nota de inteligencia de la Dirin.

Según los documentos de inteligencia, “el pronunciamiento público del Sr. Arana en la provincia de Espinar se basó en tres temas por resolver: que la fundación Xstrata deje de actuar como un Estado en la zona, sin coordinar con los planes de desarrollo locales, que se atienda los pasivos y controles ambientales que vienen desde Tintaya y una mejor participación de las comunidades en la renta minera”.


Nota de inteligencia policial registra las presuntas actividades de Arana.

Se señala, además, que “el ex sacerdote remarcó en declaraciones periodísticas que hay diferencias sustantivas entre los conflictos de Conga y Tintaya. En el segundo se pide mayor participación en las rentas mineras y solución a los pasivos mineros”.

La Digimin señala que “con apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, encabezada por Rut Luque y de Arana (las autoridades de Espinar) llegaron a contactar a las ONGs “CAFOD y MULTI-WATCH” y tramitar una visita a sus sedes principales (Suiza y Gran Bretaña), así como gestionarse una reunión con el Directorio y/o Gerencia Internacional de Xstrata y el Parlamento Europeo, a fin de hacerles conocer los “supuestos” atentados contra el Medio Ambiente así como contra los derechos fundamentales de las poblaciones cercanas a ellas”. La Digimin se refiere al viaje del alcalde Mollohuanca quien, según su récord migratorio, estuvo en Holanda entre el 26 de abril y el 4 de mayo.

Del mismo modo, Arana es ligado por inteligencia con el llamado “Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca”, que tiene como voceros a Ydelso Hernández Llamo, Nilton Sánchez y Edy León Benavides. La Dirin asegura que ambos vienen “promoviendo un paro regional indefinido en 13 provincias de Cajamarca contra la viabilidad del proyecto Conga, así como una consulta popular en los distritos de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Hualgayoc y Celendín”.

Otro documento dibuja el posible alcance inmediato de las protestas:

“El escenario en la región Cusco –punto neurálgico desde donde se extenderían las protestas en el sur del país– se complicaría desde las provincias de Canchis en respaldo a Espinar, contra el Proyecto Salka Pucará y el respaldo a la región Cajamarca; Chumbivilcas, exigiendo el retiro definitivo de la minería en toda la provincia, entre ellas Hutbay, Anabi y Ares, y se extendería hacia Apurímac por la provincia de Cotabambas, en contra del Minero Ducto –que coincidentemente viene desde la provincia de Espinar, pasa por Canchis y Chumbivilcas para llegar a Las Bambas en Cotabambas, Apurímac– extendiéndose hacia Andahuaylas y Abancay, bloqueando la salida hacia Lima”. Allí está el origen de las advertencias del premier Valdés, quien antes de señalar a podridos, congelados e incendiarios, apuntó a las intenciones de frenar en seco Las Bambas, otro proyecto de Xstrata que demandará una inversión de US$ 4,200 millones, y donde el terreno social parecía haber sido asfaltado a lo largo de años.


Líderes del Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca según informe de inteligencia de la Policía Nacional: “Apreciación de inteligencia Nº 106-­­DIRTEPOL-­­C/OFINTERPOL” .

– Por lo menos en lo que concierne a líderes comunales y defensores legales.

Servindi, 18 de enero, 2015.- La premier Ana Jara negó que exista una política de Estado que avale el espionaje y reglaje a sus opositores pero el Instituto Internacional Derecho y Sociedad(IIDS) recordó que se trata de una práctica que se aplica a líderes indígenas y sociales opositores al mega proyecto Conga en Cajamarca y a sus defensoras legales.

Ante una denuncia de la revista Correo Semanal Ana Jara desmintió esta semana que el personal policial realice espionaje y reglaje a sus opositores y exhortó a los medios de prensa a proporcionar información para investigar y acabar con este mito.

Premier Ana Jara salió de inmediato a desmentir y prometió investigación.

Sin embargo, el IIDS citó el informe de inteligencia de la Policía Nacional: “Apreciación de inteligencia Nº 106-­­DIRTEPOL-­­C/OFINTERPOL” donde se consigna una lista de líderes indígenas y sociales opositores al mega proyecto Conga.

Marco Arana, representante del movimiento “Tierra y Libertad” recordó en su cuenta de Twitter que “según Caretas, el reglaje de este gobierno a líderes opositores se está dando desde sus inicios”.

El año 2012 dicha revista publicó un informe en el que señalaba que había accedido a una parte de los documentos de inteligencia, del cual se desprendía que “el personaje central, aquel que aglutinaría los presuntos esfuerzos conspirativos, es el activista ambiental Marco Arana”.

“Según se señalaba, Arana es ligado por inteligencia con el llamado ‘Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca’, que tiene como voceros a Ydelso Hernández Llamo, Milton Sánchez y Edy León Benavides”.

“La Dirin asegura que ambos vienen ‘promoviendo un paro regional indefinido en 13 provincias de Cajamarca contra la viabilidad del proyecto Conga, así como una consulta popular en los distritos de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Hualgayoc y Celendín’”.

La congresista Rosa Mavila criticó entonces los “informes de inteligencia” que le sirven de insumo al gobierno para convencerse de la cualidad conspirativa de protestas aparentemente inconexas, como las de Cajamarca y Cusco, recoge la revista Caretas.

Rondas vigiladas

Integrantes de las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca en la laguna Mamacocha. Imagen: Archivo fotográfico de Manuel Ramos.

El IIDS también recuerda que el año 2013 las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca denunciaron ante el Ministro del Interior y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que líderes ronderos y sus defensoras legales son fotografiados, filmados y seguidos por personal policial.

Estas acciones de reglaje y espionaje han sido consignadas en informes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, por lo menos, desde el año 2012, indica el IIDS.

Debido a que las acciones ilegales continuaban el 14 de febrero de 2014 volvieron a denunciar dichas prácticas ilegales ante el Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.


Medidas cautelares
El 05 de mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 46 líderes de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el comunicador César Estrada y el rondero Luis Mayta.

La medida se otorgó luego de verificarse un conjunto de hechos graves, urgentes e irreparables que ponen en peligro la vida e integridad de los beneficiarios.

La finalidad de la medida cautelar es que el Estado peruano adopte mecanismos efectivos para garantizar la vida e integridad de los mismos, sin embargo las instancias encargadas no han procedido a concertar ninguna medida efectiva.


Nuevas evidencias

El 22 de diciembre de 2014 Ydelso Hernández Llamo denunció que una audiencia en el Juzgado Penal Supraprovincial de Jaén se suspendió debido a que la Oficina de Inteligencia de la Comandancia Rural de la PNP-Jaén tenía información sobre una protesta que se llevaría a cabo por ronderos en los alrededores del juzgado.

El informe confirmaría que personal policial continúa con reglajes y seguimientos ilegales contra las autoridades jurisdiccionales ronderas e indígenas, y que los informes de inteligencia elaborados contra ellos consignan hechos falsos que ahora están siendo utilizados para trasladar los procesos judiciales a la ciudad de Lima.

Sin duda, ello atenta contra el derecho de defensa de los líderes indígenas implicados en dicho caso, como es Ydelso Hernández, uno de los beneficiarios de la medida cautelar y presidente de la Central Única Nacional de Ronderos del Perú (CUNARC-P).


Emplazamiento al gobierno

El IIDS se pregunta ¿Por qué la Premier Ana Jara niega que el actual gobierno utilice prácticas de espionaje y reglaje para seguir sistemáticamente a los opositores del gobierno?

En todo caso, el Estado debe decir cuáles son los fundamentos legales y medios probatorios que la policía aplica para elaborar informes de inteligencia dirigidos contra las autoridades jurisdiccionales ronderas e indígenas.

Es de resaltar que la CIDH también ha trasladado las denuncias de los líderes indígenas de Cajamarca a la Procuraduría Supranacional para que el Estado dé cuenta de los mismos ante esta instancia internacional.

La Premier dice no contar con información de reglaje y seguimiento pero el Ministerio del Interior y el de Justicia, a través de la Procuraduría Supranacional, sí tienen información sobre las denuncias hechas por los líderes y lideresas indígenas de Cajamarca.

La pregunta es ¿cuántas denuncias más necesita el Gobierno para que cese el reglaje y seguimiento del personal policial contra las autoridades jurisdiccionales ronderas?

 

Hoy se dictó el mandato de detención preventiva contra Gregorio Santos por 14 meses. ¿Cuál es el caso por el que Goyo pasará una temporada en prisión? Del archivo de La República, que no es precisamente un medio pro Yanacocha:

Según el requerimiento fiscal, al que ha tenido acceso La República, Santos sería la cabeza de una organización criminal que benefició con la adjudicación de 11 obras de infraestructura pública por 130 millones de soles, desde el año 2011.

En el 2013, la Contraloría General de la República aplicó una acción de fiscalización de las actividades del Gobierno Regional de Cajamarca en el periodo 2011-2012. Como resultado, detectó una concertación entre autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca con los proveedores de este organismo para obtener supuestos beneficios ilegales.

Santos y sus colaboradores deberán responder por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho, colusión, falsificación de documentos y falsa declaración en procedimientos administrativos, entre otros.

(…)

De acuerdo con el reporte del organismo de control, Gregorio Santos dispuso latransferencia de 600 millones de soles a Prorregión para ejecutar obras públicas, entre ellas 11 que se entregaron a las empresas de Wilson Vallejos.

Ojo que el caso ya tiene bastante tiempo investigándose y hoy, durante la audiencia, se presentó bastante evidencia. Y si bien es cierto que las suspicacias se ponen a la orden cuando vemos que el asesor de Nadine Heredia es bastante amigo del gerente de Yanacocha, también resulta cierto que a Santos le han impuesto la misma medida preventiva que a otros 3 presidentes regionales (dos en prisión, uno prófugo).

Pero antes que comiencen a descorchar el Moet Chandon en Yanacocha, hay dos atingencias que hacer.

La primera es que, dado que no tiene sentencia firme, Gregorio Santos puede postular aún estando en prisión. Es más, hasta puede ganar. De hecho, ya tuvimos un caso similar en Madre de Dios hace algunos años. Y aquí la campaña en Cajamarca puede variar en su escenario, con un Goyo que tranquilamente puede victimizarse. Para complicar las cosas, el arma de la acusación de corrupción podría ser neutralizada, debido a que sus principales competidores son Absalón Vásquez – cuya trayectoria no requiere mayores comentarios – y Osías Ramírez, quien representa orgánicamente al fujimorismo. A menos, claro está, que en el lado zurdo decidan reemplazar a Santos por otro de los líderes opositores a Conga.

El segundo problema es que, incluso con Goyo en prisión, el proyecto Conga sigue siendo inviable. De un lado, por cuestiones económicas, dado que el precio actual del cobre no logra sostener la inversión que haría la empresa – incluyendo la construcción de reservorios en lugar de las cuatro lagunas que se bajarían -. Y, de otro lado, porque el problema de fondo subsiste: la desconfianza de buena parte de los cajamarquinos en Yanacocha. De hecho, en las últimas semanas se presentaron audios sobre presuntos acercamientos entre consejeros regionales y Yanacocha para financiar actividades políticas. Amen de todo el cerro de errores que la empresa ha cometido durante los últimos 20 años.

Para completar la mala imagen de la empresa, Yanacocha ha aparecido detrás de dos movidas bastante complicadas en contra de derechos fundamentales: intentos para acotar lo más posible la aplicación de la Ley de Consulta Previa y también detrás de cortarle facultades a la OEFA como parte del paquete ambiental (que solo ha pasado por la Comisión de Economía del Congreso y lo aprobaron rapidito nomás – ahí si no hay fútbol que valga -). De hecho, como cuentan en La Mula, hasta Pulgar – Vidal se está mechando con la controvertida empresa:

El ministro informa que Yanacocha -cuyo accionista principal es Buenaventura, capitaneada por Roque Benavides- ha presentado una acción de amparo destinada a eliminar el aporte por regulación, una alicuota que pagan las empresas de los sectores minería y energía para el funcionamiento del OEFA. “Yanacocha ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial argumentando que ese aporte tiene carácter confiscatorio”, contó Pulgar Vidal. Se trata de “cerrarle el caño” al OEFA. “Buscan desaparecer al OEFA y como gobierno no lo permitiremos”, ha insistido días después Pulgar Vidal.

A agosto de 2013, Yanacocha fue, con cinco procesos por incumplimiento de límites máximos permisibles o a sus instrumentos de gestión ambiental, la segunda empresa más sancionada por OEFA.

Así las cosas, puede que Goyo hasta sea condenado, pero, ni con esas la empresa minera podría ver su proyecto avanzar. Mientras, Cajamarca espera un mejor gobierno (nacional y regional) para los siguientes años.

(Foto: La República)




Jueza Mercedes Caballero acogió pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 14 meses para Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, al considerar que si hay peligro de fuga por la gravedad de la pena que recibiría.

Luego del dictamen de la jueza, personal de la policía se acercó rápidamente donde se encontraba Santos, quien levantó los brazos antes de ser retirado a la fuerza de la sala.

Durante la audiencia, que se inició poco después de las 9 de la mañana, el fiscal Walter Delgado presentó un material que sería la prueba de los actos de corrupción que pesan sobre Santos. En esta grabación se puede oír una conversación, según un testigo, entre Gregorio Santos Guerrero, Gilmer Idrogo Cruzado y Percy Flores del Castillo.

Gregorio Santos, quien es acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada contra el Estado, deberá permanecer 14 meses en prisión. Hasta el momento no se conoce a que centro penitenciario será trasladado.


(Foto: Twitter / @Caligari_Macs)

Fuente: Espacio 360 – http://espacio360.pe/noticia/actualidad/detenido-ordenan-prision-preventiva-para-gregorio-santos-0a0d#.U6ssDfl5MSN



CÉSAR ESTRADA, MIEMBRO DE LA RED DE COMUNICADORES INDIGENAS DEL PERÚ (REDCIP) EN PLENA LABOR INFORMATIVA

¡Detienen en Cajamarca a beneficiario de medida cautelar de la CIDH!
– Según medios locales doce detenidos también fueron golpeados.

Servindi, 13 de mayo, 2014.- Algo inaudito ocurrió este mediodía en Cajamarca. El comunicador indígena César Estrada Chuquilín fue detenido por la policía junto a otras doce personas cuando cumplía su labor periodística.

El hecho es de suma gravedad dado que hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas para garantizar su vida e integridad junto con la de otras personas que se oponen al proyecto minero Conga.

La acción represiva de hoy se llevó a cabo en el sector donde se ubica la tranquera de ingreso a la laguna El Perol y que es territorio ancestral de las comunidades.

La abogada Zulma Villa del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) llamó la atención sobre este hecho, el cual vinculó con un pronunciamiento del Ministerio de Justicia a favor de la continuidad de los trabajos de la empresa Yanacocha en la zona.


INSPECCIÓN PACÍFICA

Zulma Villa precisó que la visita a las inmediaciones de la referida laguna, en la que participaron mayoritariamente campesinos y campesinas de las rondas, así como activistas de otros países, se realizó en el marco de una inspección para verificar el estado de las reservas naturales de agua.

Estaba previsto que de esta inspección serían parte pobladores de las provincias de Bambamarca, Cajamarca y Celendín.

Afirmó, en ese sentido, que de la misma estaban enterados la policía, el ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La detención se habría dado sin razón alguna. No existía orden judicial de por medio ni tampoco flagrante delito.

Los efectivos policiales rodearon a los campesinos y activistas para pedirles sus documentos, posteriormente registraron a todos para finalmente detenerlos.

La abogada recalcó, sin embargo, que la detención no fue lo más grave. Según información recogida por medios de comunicación locales luego de ser detenidos las doce personas fueron golpeadas.

La abogada del IIDS responsabilizó por esta acción a Jorge Gutiérrez, jefe del Frente Policial de Cajamarca, quien dio la orden de detención pese a estar plenamente informado de la inspección y de su naturaleza pacífica.
 

LOS DETENIDOS

Según últimas informaciones, los doce detenidos se encuentran en la caseta policial que se ubica entre las lagunas Azul y Cortada.

En el tiempo que tuvo para comunicarse, Estrada informó que entre los detenidos se encuentran personas originarias de centros poblados como El Alumbre, Piedra Redonda, entre otras, y que pertenecen a la zona de la cuenca del río Jadibamba.

Según información brindada por la abogada y algunos medios locales, los detenidos son: Idelfonso Cisneros Vásquez, Juan Yamoctanta Cruzado, Javier Ortiz Vásquez, Fabiolita Huahua Garay, Juan Uriarte García, Manuel Ramos Campos, César Estrada Chuquilín.

No es la primera vez que Estrada es víctima de los efectivos del orden al servicio de intereses empresariales.

También se encuentran, Víctor Vásquez Peralta, Elvis Vásquez y Percy Coluche, este último originario de Chota. Coluche tendría una herida de gravedad en la cabeza.

También estarían entre los detenidos la joven activista Elvira Vásquez y los ciudadanos extranjeros María Norden, Johana Muller, ambos de Suecia, y el chileno Víctor López Abarca.


PISOTEANDO A LA CIDH

Esta nueva detención se realiza a una semana de que la CIDH ordene al Estado adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de 46 líderes y lideresas de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, así como de la familia Chaupe y del comunicador César Estrada Chuquilín.

Justamente la detención de este último estaría dando cuenta de una nueva forma de operar del Gobierno, advirtió Villa.

Ella manifestó su preocupación al respecto y tal como señala la CIDH en la medida cautelar 9/2014, destacó el papel de los comunicadores en situaciones de conflictos sociales como pasa en esta parte del país con el caso Conga.

De otro lado argumentó que la actuación de la policía este mediodía responde a lo vertido por Juan Jimenez Mayor, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hace algunos días.

Como se recuerda, Jimenez, respecto a la reciente medida cautelar de la CIDH, sostuvo que la misma permite la continuidad de las obras del proyecto Conga en Cajamarca a cargo de Yanacocha.

“Esto es claramente las consecuencias de las declaraciones de Juan Jimenez Mayor”, sentenció.

La población de la zona se viene organizando para pedir ante la opinión pública la liberación de los detenidos.

 

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTRADA ES VÍCTIMA DE LOS EFECTIVOS DEL ORDEN AL SERVICIO DE INTERESES EMPRESARIALES.
 

 DINOES en Py. minero Conga de Yanacocha. Foto: Colectivonadienospaga
 
Por: Juan Arribasplata

Continuando con la información de los hechos que vienen ocurriendo en las inmediaciones del proyecto Conga, donde resultaron detenidas una decena de personas, el presidente del Frente de Defensa por los Intereses de la Región, Ydelso Hernández, manifestó que entre los detenidos se encuentra Elvira Vásquez y César Estrada, ambos periodistas, así como el dirigente del centro poblado El Tambo, Manuel Ramos.

La activista de derechos humanos y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, informó a través de su cuenta de Twitter que dos ciudadanas extranjeras, las investigadoras suecas María Northen y Johanna Moller, estaban entre los detenidos.

Hasta donde Noticias SER ha podido averiguar, se sabe que las delegaciones que se dirigían hacia las lagunas se encuentran realizando una asamblea en las cercanías de estas para determinar las acciones a tomar frente a lo sucedido.

Plantón en la Iglesia San Francisco

En tanto, en la ciudad de Cajamarca, en las instalaciones de la iglesia San Francisco, se viene desarrollando un plantón con decenas de ciudadanos cajamarquinos que piden que se respete la integridad de los manifestantes y periodistas detenidos.

Edilberto Vásquez, uno de las decenas de ciudadanos reunidos en la iglesia de San Francisco, dijo que ya están cansados de tanto abuso que viene cometiendo Minera Yanacocha con la complicidad de la policía. “Estamos acá exigiendo que se respete la integridad de los manifestantes y pido que se unan a nosotros los ciudadanos conscientes para defender nuestras lagunas”, dijo.

 

Vigilancia. Reforzarán la presencia policial en regiones donde la presencia de actividad extractiva genera conflictos.
El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, informó que se ha dispuesto la instalación de frentes policiales en zonas mineras, ante la evidencia de nuevos conflictos sociales en el país, como la Lambayeque.
En diálogo con RPP Noticias, sostuvo que este control policial permitirá garantizar las actividades de las empresas mineras, así como la seguridad de la población.
Fue al preguntarle por la protesta en el distrito lambayecano de Cañaris, cuyos pobladores realizan una vigilia a 800 metros del campamento de la empresa minera Candente Cooper, en rechazo a los trabajos de exploración que realiza en dicha zona.
“El conflicto minero va ser permanente y por eso nuestra necesidad de crear frentes policiales para garantizar la actividad al ciudadano, la inversión minera y también la protesta pacífica”, señaló.
Pedraza manifestó que se ha enviado una dotación de 150 policías a Cañaris, donde la empresa Candente Cooper ha expresado su disposición al diálogo para resolver el conflicto.
Dijo que este sistema de monitoreo de conflicto minero del Ministerio del Interior se emplea conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros.

La casa de la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, abogada y defensora de los derechos humanos, ha sido asaltada dos veces en tres semanas. Otros miembros de la organización para la que trabaja en Perú han sufrido también intimidación en el último mes.

La casa de la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, que trabaja para el Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), fue asaltada por primera vez el 24 de noviembre. Los asaltantes no se llevaron nada de valor, pero dejaron las puertas abiertas de par en par. La casa fue asaltada por segunda vez el 15 de diciembre, mientras la hija de Mirtha Vásquez y la persona que cuida a la niña estaban de paseo. Los asaltantes rompieron una cristalera, pero no se llevaron ningún objeto de valor. El 8 de noviembre, la casa de la secretaria de GRUFIDES, Ivett Sánchez, también fue asaltada. El 14 de diciembre, el automóvil de Sergio Sánchez, asesor que trabaja para la misma organización ecologista, fue objeto de vandalismo. Todos estos incidentes tuvieron lugar cuando las personas en cuestión estaban ausentes, lo que sugiere que pueden estar siendo sometidas a vigilancia.

Estos incidentes se produjeron poco antes de la fecha prevista para el inicio de la investigación oficial sobre la tortura del padre Marco Arana. El padre Marco Arana, también defensor de los derechos humanos en GRUFIDES, fue detenido y golpeado por agentes de policía el 4 de julio, cuando protestaba pacíficamente contra el proyecto Conga de minería de oro en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. GRUFIDES ha respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina y que temen el impacto medioambiental que puede tener la expansión del proyecto. El padre Marco Arana quedó en libertad condicional al día siguiente de su detención. En julio presentó una denuncia por tortura y abuso de autoridad contra los policías responsables. En agosto, un tribunal regional resolvió a favor de un recurso de hábeas corpus presentado en su favor que afirmaba que su detención había sido ilegal y arbitraria.

Información Complementaria

GRUFIDES es una organización no gubernamental centrada en el desarrollo sostenible y las cuestiones medioambientales, que tiene su sede en la ciudad de Cajamarca, departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. Esta organización ha respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina de oro de Conga, una expansión del proyecto minero, más amplio, de Yanacocha, dirigido por una empresa estadounidense. Tras un accidente en el año 2000, en el que un camión que transportaba mercurio vertió parte de su carga cerca de Yanacocha, las comunidades rurales temen el posible impacto medioambiental de la expansión del proyecto. Al parecer, los residentes locales no fueron informados del vertido, y algunos miembros de la comunidad presentaron síntomas de envenenamiento por mercurio.

En 2006, la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín y el padre Marco Arana recibieron amenazas de muerte, y fueron sometidos a seguimiento y vigilancia (véase AU 312/06), poco después de que GRUFIDES empezara a respaldar los casos de dos activistas campesinos asesinados en agosto y noviembre de 2006, respectivamente, al parecer a causa de su oposición a la expansión del proyecto Conga. Las amenazas contra el personal y los miembros de GRUFIDES comenzaron poco después del primer homicidio.

A consecuencia de estos incidentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades peruanas que proporcionaran a la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín y al padre Marco Arana medidas de seguridad cuando estuvieran en las oficinas de GRUFIDES y cuando viajaran a comunidades rurales. La Corte también ordenó a Perú que realizara una investigación para llevar ante la justicia a los responsables de las amenazas. No obstante, según los miembros de GRUFIDES, las medidas de seguridad adoptadas han sido inadecuadas, y no se ha llevado a nadie ante la justicia. 

Fuente: Amnistia Internacional Peru