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Por Carlos Monge*

30 de mayo, 2013.- Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.

Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más.

Todo comenzó con una pequeña baja en el precio de metales como el oro y el cobre y anuncios de una baja igualmente leve en el crecimiento esperado de la China, gran compradora de estos commodities. A ello siguió el anuncio de que empresas como Newmont y Angloamerican abandonarían proyectos (Conga, Michiquillay, Quellaveco) al no tener garantizada la rentabilidad esperada por los accionistas e inversionistas. Lo siguiente fue la histérica campaña de medios y líderes políticos lobistas de las empresas: ¡Se paraliza la inversión minera! ¡Se paraliza el país! ¡Es el fin de mundo! ¡Hay que hacer algo!

Las respuestas del gobierno pudieron haber sido varias. Podría haber dicho, por ejemplo, “felizmente, en realidad no hay problema” pues con Alan García tuvimos 10 mil millones de dólares de inversión y ahora con Toromocho, Las Bambas, Antapaccay y las ampliaciones de Cerro Verde, Shougang y Southern, tendremos algo más o menos igual. O podría haber dicho, “caramba, hay que diversificar las fuentes de renta pública”, volviendo los ojos a otras actividades socialmente más inclusivas y ambientalmente más sostenibles, dinamizando la agricultura, el turismo, algunos servicios, etc.

Pero no. Lo que ha hecho es arrodillarse ante el matador y ofrecer el morro para la estocada final. Así, entre abril y mayo del 2013, se sucedieron las medidas exigidas por los mineros, sus medios y sus presidenciables: la Ley de Consulta no va en la sierra (donde están la mayoría de los proyectos mineros) pues los quechuas y aymaras ya no son indígenas sino campesinos; se flexibiliza el mecanismo para conseguir los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos; y ahora se anuncia lo mismo para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental.

¡No se vayan! ¡Quédense por favor! ¡Pidan lo que quieran! Estos son los mensajes que el Presidente Ollanta Humala da. Una lástima, pues la coyuntura se presenta favorable más bien para hacer un conjunto de reformas indispensables en la gestión del sector minero: terminar de armar el SENACE eliminando las trampas que hay en su ley; fortalecer aún más la OEFA y su capacidad de evaluar, fiscalizar y sancionar; reformar la ley y el reglamento de consulta y publicar y debatir abiertamente la base de datos sobre pueblos indígenas; reformar el sistema de concesiones mineras. Esa es la agenda, y las condiciones están dadas para abordarla. Pero con un toro echado desde el saque ante el torero, poco se puede esperar.

* Carlos Monge es antropólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Historia por la Universidad de Miami. Posee experiencia en trabajo de promoción rural y desarrollo sostenible, asesoría y de consultoría a gremios campesinos locales y nacionales, organizaciones privadas de promoción del desarrollo e instituciones públicas. Es autor de varias publicaciones sobre temas vinculados al desarrollo rural, los movimientos sociales, la descentralización, la participación ciudadana y las industrias extractivas.
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Fuente: Publicado en el diario La Primera el 28 de mayo de 2013:http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/faenon-minero-en-otono_139984.html



Servindi, 19 de noviembre, 2012.- “El Perú está en la suficiente madurez para cambiar y por ello, es necesario evolucionar a un sistema en donde una autoridad especializada se haga cargo de un instrumento como el estudio de impacto ambiental (EIA), que es una pieza importante dentro de la gestión ambiental”, sostuvo el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal.

Así lo declaró durante la clausura del simposio “Evaluación de Impacto Ambiental: balance y propuestas”, organizado la semana pasada por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El ministro coincidió en la necesidad de priorizar la creación de un organismo especializado como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), donde es necesario construir capacidades.

“Queremos hacer del SENACE una entidad con una base tecnológica sólida y que ello permita la aprobación eficiente y objetiva de los EIA y la generación de información línea base que no existe porque no se ha construido”, enfatizó el Ministro.

La propuesta del SENACE es el resultado del consenso entre Ministros de Estado, que incluye gradualidad en la transferencia de funciones y la creación de una ventanilla única, dijo el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, durante la clausura

A su turno, el Viceministro del Ambiente, Mariano Castro Sánchez-Moreno recalcó que el SENACE será una oportunidad para mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones en el país.


Contribuciones críticas al SENACE

La congresista Verónika Mendoza, si bien saludó la propuesta de creación del SENACE, propuso eliminar la salvedad que permitiría que, en algunos casos por la decisión del Consejo de Ministros, los EIA sean evaluados por los sectores de la inversión.

Mendoza también planteó establecer un plazo de dos años para el proceso de transferencia al SENACE; y asimismo expresó su preocupación por que la vicepresidencia del SENACE esté a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.


Presupuesto, capacidades y sobre todo voluntad

Por su parte, Ada Alegre, consultora en derecho y gestión ambiental, puso especial énfasis en que para lograr una real implementación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) será necesario que el proceso vaya de la mano con un presupuesto adecuado, con el fortalecimiento de capacidades y sobre todo voluntad política.

El Simposio, logró promover un espacio de diálogo donde participaron el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, el viceministro de Gestión Ambiental del MINAM, Mariano Castro Sánchez-Moreno, el Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, la Congresista Verónika Mendoza, entre otras autoridades y especialistas del sector minero-energético.

El evento generó una serie de propuestas orientadas a fortalecer instrumentos como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), así como, la necesidad de lograr un real cumplimiento del SEIA.