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Máxima Acuña es la mujer que no se amilanó ante un gigante como la minera  mencionada. Imagen: Miguel Mejía / La República
La abogada contó que su patrocinada la llamó llorando y pidiendo ayuda.

Efectivos policiales de la Dinoes ingresaron a la propiedad de Máxima Acuña Chaupe, en Cajamarca, para destruir la ampliación de la vivienda que la mujer estaba construyendo, indicó su abogada, Mirtha Vásquez.

PUEDES VER: Yanacocha asegura que es legal desalojo a casa de Máxima Acuña 

En diciembre del 2014, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca le dio la razón a Acuña y la absolvió de la denuncia interpuesta por la minera Yanacocha, en la que la despojaban de su propiedad, ubicada frente a la laguna Azul, una de las áreas que serían afectadas por el proyecto Conga.

La abogada relató que la mañana del martes, recibió la llamada desesperada de su patrocinada, quien llorando le contó que integrantes de la Dinoes llegaron a su vivienda para destruir lo que estaba construyendo.

“La Policía ha tumbado su casa ya que por el motivo de las lluvias están arreglando y ampliando su casita más o menos a 200 metros. Máxima está totalmente desesperada. La Dinoes entiendo que ha disparado pero no les han hecho nada y ya se fueron en camionetas”, indicó en declaraciones a Noticias SER.

La campesina, como se escucha en el audio, exige justicia, al sentirse impotente por el abuso policial y el apoyo con el que cuenta la minera, al punto de llevar efectivos policiales y destruir la ampliación de su vivienda, que con tanto esfuerzo estaba construyendo.

Yanacocha publicó estas fotografías indicando un “acto de defensa posesoria”. (Foto: Yanacocha)

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La República


Foto tomada el pasado 28 de febrero de 2013, SECURITAS cerrando acceso a via publica. Foto: Internet

El día 28 de febrero a las 19.17 horas, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, en la persona de los Dres. Gloria Torres Díaz y Marco Terán Arribasplata constata la comisión de un presunto ilícito que es denunciado por Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC). El defensor ambientalista denuncia a Minera Yanacocha-Conga por presunto delito de perturbación a los medios de transporte y comunicación en la vía pública. En el acta fiscal se deja constancia que la empresa minera a través del personal de seguridad de Securitas (Ex Forza) y con colaboración de la Dinoes ha puesto una tranquera de tubos de fierro que impiden el libre tránsito en la carretera pública que conduce al Centro Poblado Menor Santa Rosa, Distrito de Huasmín, provincia de Celendín.

En el acto de constatación estuvo presente por parte de minera Yanacocha un funcionario de seguridad de la minera, Paul Sagástegui Alvarez, identificado con DNI 09450949.

El acta da cuenta de que la tranquera que impide el libre tránsito hacia el distrito de Huasmín está en las cercanías de la laguna Azul. Los comuneros presentes en el momento de la constatación fiscal refieren que la vía pública tiene una antigüedad aproximada de 30 años, es decir diez años antes de que llegara la empresa minera a Cajamarca y muestran su justo reclamo además porque la laguna azul es un recurso hídrico que es del Estado y que como se estipula en la legislación peruana al ser un bien público es de libre acceso. No obstante, la empresa Securitas que proporciona servicios de seguridad a Yanacocha ha impuesto una tranquera de tubos de fierros con un candado al centro y al costado una garita de control y vigilancia que solo permite el acceso de vehículos de la empresa minera o la policía nacional que trabaja contratada para la minera, mientras que impide el libre tránsito de los pobladores que tienen una actitud opuesta a la imposición del proyecto minas Conga a los cuales se les impide el paso, se les filma y aún con apoyo de la Dinoes se les exige identificarse para ser registrados lo cual vulnera definitivamente el derecho de libre tránsito. (Fotos adjuntas)

El ingeniero Paul Sagástegui del personal de seguridad de Yanacocha firma el acta fiscal argumentando “que la tranquera existe por es propiedad de su representada”. Milton Sánchez por su parte, denuncia que la tranquera que viola el derecho de libre tránsito ha sido instalada desde hace un año sin que la autoridad impida la comisión de este delito.

El día sábado 02 de marzo a las 10 am, los fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en prevención del Delito de Cajamarca , doctores Sandra Flores y Johny Díaz toman constancia en acta fiscal de denuncias de ronderos sobre abusos policiales y piden se investigue a los que han intervenido en el desmantelamiento del campamento de los guardianes de las aguas en terrenos de propiedad privada de la familia Chaupe hecho ocurrido el 10 de enero pasado, igualmente piden que se investigue a Yanacocha por el delito contra libre tránsito al haber instalado dos tranqueras y casetas de control que impiden que los pobladores y los guardianes de las aguas se desplacen libremente por la carretera a Huasmín.

La instalación de las tranqueras que impiden el libre tránsito en las vías públicas apunta a amedrentar a los defensores de las aguas o hacer desistir a quienes circulen por las lagunas que van a ser destruidas por minas Conga ya que la policía los interviene arbitrariamente como ha ocurrido con periodistas o investigadores académicos nacionales y extranjeros. La ilícita situación reviste gravedad cuando se impide la libre circulación del personal de salud del puesto de Santa Rosa como ocurrió el día 1ro de marzo por la tarde o se impidió el derecho de tránsito a Elmer Campos, un rondero con discapacidad desde que una balacera policial le causó paraplejia.

Cajamarca, 04 de marzo 2013.
Observatorio de Conflictos Mineros.GRUFIDES.


Acusan a sujeto de querer asesinar a presidente regional de Cajamarca

Hoy los ronderos de la comunidad El Tambo, distrito de Bambamarca, provincia cajamarquina de Hualgayoc, presentarán a un sujeto, presuntamente contratado para asesinar al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

Eladio Huamán, presidente del Frente de Defensa de la comunidad El Tambo, identificó al sujeto como Carmen Edwin Idrogo López (19), a quien lo intervinieron en la tercera cuadra del jirón Ancón, en Cajamarca por un robo menor; sin embargo, en el transcurso de las investigaciones declaró  que intentó asesinar al presidente regional, Gregorio Santos, pero le tembló la mano al momento de querer disparar.

Carmen Edwin Idrogo López (19) firmó un acta donde indica haber contactado a delincuentes de Trujillo, Chiclayo, y de la selva para acabar con la vida de los dirigentes antimineros y les pagarían 12 mil soles a cada uno.

El sujeto fue llevado hasta la comunidad El Tambo en Bambamarca, por motivos de seguridad, donde hoy será presentado a los medios de comunicación y puesto a disposición del Ministerio Público, con la finalidad que se prosigan con las investigaciones respectivas.

Fuentes: RPP Noticias

Informe. OCM afirma que en Perú se ignoran los estudios de impacto ambiental
mediación. El sacerdote Miguel Cabrejos habla a pobladores de Cajamarca.
La Razón / EFE, Lima
00:32 / 22 de julio de 2012

Ante los conflictos mineros que afectan al Perú, el presidente Ollanta Humala ha empleado la misma represión y persecución a los dirigentes sociales, ambientalistas y autoridades locales que sus predecesores, a pesar de comprometerse a no hacerlo. 

Así lo establece el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú, mismo que destaca que el Gobierno aplicó un “manejo militar” en los últimos conflictos antimineros, como “la declaración de estados de emergencia, la militarización de las calles y abusos de las fuerzas del orden que ya han provocado la muerte de 17 personas” durante las protestas.

Desde 2007, el Observatorio supervisa la actividad minera en las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Apurímac y Piura ante el creciente clima de protestas sociales.

En su análisis, señala que los estudios de impacto ambiental, realizados para autorizar concesiones mineras y extractivas en Perú, son insuficientes y han quedado desfasados porque sólo permiten medir los impactos por cada proyecto, pero se desconoce lo que sucede en una misma zona cuando se piensa desarrollar dos o tres proyectos a gran escala a la vez.CASOS. Cajamarca es uno de los ejemplos más representativos de la evolución de los conflictos mineros en el Perú por la oposición de sus autoridades regionales al proyecto Conga, donde la empresa Yanacocha planea extraer oro tras vaciar cuatro lagunas con una inversión de $us 4.800 millones.

Según el informe, “de cómo se resuelva el conflicto de Conga va a marcar la pauta respecto a otros conflictos”, pues Humala se manifestó en campaña electoral a favor de respetar el agua, antes que el oro. No obstante, se desconoció el estudio de impacto ambiental de Conga, en el que el Ministerio del Ambiente reconoció “el impacto negativo que sufrirían las cabeceras de cuenca y la depredación de los ecosistemas frágiles”.

 La actividad de Yanacocha en otros yacimientos de Cajamarca ha llevado “progreso” a esa región, pero el 40% del valle ha desaparecido, hay racionamiento de agua y cada día crece la prostitución y la delincuencia, anota el informe.

En el Cuzco, las autoridades del distrito de Espinar también protestaron contra Xstrata, que explota el yacimiento Tintaya, por la existencia de 28 personas contaminadas con mercurio, 24 con arsénico y 10 con valores de cadmio.

Los proyectos mineros que se ejecutan en Apurímac, Junín, Piura o Cuzco también están observados. Apurímac tiene el 58,8% de su territorio con concesiones para la minería, la región Cajamarca tiene el 48%, Junín el 25,9%, Piura el 31% y Cuzco el 21% de su geografía.

Perú no tiene una ley de Ordenamiento Territorial que regule el uso, la ocupación, la transformación del territorio y que propicie su uso sostenible, concluye el informe. Situación en el problema sobre minasHuelgaDesde el 31 de mayo los pobladores de Cajamarca mantienen una huelga indefinida en defensa del medio ambiente y contra el proyecto Conga, que prevé una inversión de $us 4.800 millones, por lo que han suspendido las clases escolares.PérdidasSegún la Cámara de Turismo de Cajamarca, la  región pierde al día un millón de soles (unos $us  378 mil) tras los violentos sucesos ocurridos y por el estado de excepción en la zona. El Gobierno mantiene su posición de apoyo al proyecto minero. EFE, Lima Las crisis forzaron 3 estados de excepción AFP

Como señal de que las protestas son un dolor de cabeza para su gobierno, el mandatario Ollanta Humala decretó tres veces el estado de excepción en distintas ciudades del país, fundamentalmente por conflictos vinculados a la minería, recuerdan analistas.

Por ello, la imagen del Jefe de Estado del Perú sufrió los embates de ese costo: su desaprobación alcanzó el 51% en julio, su nivel más alto desde que juró el 28 de julio de 2011, según un sondeo de Ipsos Apoyo realizado a 1.200 personas.

Ésta “es una gestión en piloto automático”, mientras que “la inestabilidad social afecta las expectativas de los inversores”, dijo el  economista Jorge González Izquierdo.

Humala, excomandante del Ejército de 50 años, tampoco ha respondido como se esperaba al problema de la seguridad. “Es uno de los puntos más flojos de su gestión”, señaló el analista Mario Ghibellini.

“La gente tenía la fantasía de que por ser un militar iba a dar orden y represión selectiva para cortar crímenes, pero (aquello) no se ha cumplido”, sostuvo.

Asimismo, agregó, el control del narcotráfico en el Perú      —uno de los mayores productores mundiales de cocaína según la ONU— es percibido como uno de los aspectos más débiles de la gestión de Humala. Un año con deficiencias en el manejo de disturbiosEn 12 meses, 17 muertos y más de 2.300 heridos en protestas del sector AFP – Lima

El mandatario Ollanta Humala cumplió su primer año de gobierno con serias deficiencias en el manejo de conflictos sociales y en el control del narcotráfico, pero con aciertos en el campo económico, señalan analistas y expertos.

Las protestas contra varios proyectos mineros, en defensa del agua y del medioambiente, se convirtieron en la piedra en el zapato de Humala por su alto costo social: 17 civiles muertos y más de 2.300 heridos en diferentes conflictos en los últimos 12 meses.

El Gobierno “desaprovechó sus primeros 12 meses de gestión sin reformas estructurales que son necesarias en el Perú, especialmente en el campo de la salud y la educación. Tampoco hubo ninguna reforma del Estado y ningún programa agresivo de infraestructura a nivel nacional”, lamentó el economista Jorge González Izquierdo.

“Los conflictos dominan la escena, porque no hay un manejo adecuado de ellos en la medida que no hay partidos políticos fuertes en las regiones donde ocurren y son reemplazados por grupos locales que se desarrollan en torno al conflicto”, dijo el exministro del Interior Fernando Rospigliosi.



Bala sin percutar encontrada por un poblador de Celendin
Por: Rocío Silva Santisteban – @pavese
Foto: Jorge J. Chavez Ortiz – @ChavezWar
Los discursos encendidos de Huamán, Diez Canseco o Lourdes Huanca; la inmensa bandera verde y ecológica bordada por manos cajamarquinas y traída desde allá por dos estudiantes universitarios; e incluso los desbandes del Movadef, así como el tema de fondo de la marcha, los 15 decesos ocasionados por este gobierno durante diversos conflictos sociales, han pasado a la amalgama de noticias colaterales porque la prensa limeña le ha dedicado todos sus titulares a las pintas ocasionadas por unos jóvenes en el monumento de José de San Martín en la plaza del mismo nombre durante la jornada de movilización el día 12 de julio.

En efecto, la marcha fue pacífica, convocó a más de 15 mil personas, hubo cuadras de cuadras de gente riendo y tocando sus batucadas al lema de “agua sí/oro no”, pero todo, todo, todo quedó reducido al marco teórico de un solo gesto: las pintas. Unos jóvenes cuyos rostros fueron captados por Canal N realizaron pintas con esténciles y sprays de color rojo y la prensa se rasgó las vestiduras; el Presidente de la República salió a dar declaraciones; el ministro de Cultura también hizo lo propio y el procurador de la Municipalidad de Lima se apersonó a la comisaría para sentar la denuncia. Todo en una.

Apenas terminada la marcha, cuando la gente se dispersaba, hubo en tres de los lados de la plaza inusual presencia de policías. Un conato de pelea surgió hacia la base del monumento: era gente del Movadef que discutía con un grupo. Fueron echados por estos jóvenes, pero de inmediato la Policía se acercó corriendo y todo fue un desbarajuste. No se detuvo a nadie. Yo estaba ahí: no me lo han contado. Posteriormente los policías siguieron a varias personas y a cinco de ellas las detuvieron. Incluso entraron a los bares del jirón Quilca y de ahí sacaron a unos y a otros los tomaron caminando por los alrededores de la plaza. Detuvieron a Adrián León Lostanau (20), Katherine Alejandra Dávila Acosta (23), Reynaldo Aragón Olazkagua (22), Carlos Alberto Castro Segura (22) y Luis Alberto Vargas Helm (22). Todos estudiantes, cuatro de la Pontificia Universidad Católica.

Al cerrar este artículo los habían trasladado a Seguridad del Estado, y solo porque la defensora adjunta de Derechos Humanos, Gisella Vignolo, hizo las llamadas necesarias, la abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos pudo entrar a ver a los detenidos que aún no tenían abogado, para que puedan dar su defensa al amparo de un letrado. Estos jóvenes estudiantes universitarios detenidos no fueron los que salieron en las cámaras de Canal N haciendo las pintas. ¿Por qué estaban ahí entonces? Porque tenían en sus manos y mochilas los instrumentos del crimen: pintura en spray y esténciles. Y mis trolles en el Twitter gritaban al unísono: “pena de muerte para los grafiteros”. El mal banal: Hannah Arendt, te debes revolcar en tu tumba.

Es patético que la prensa se indigne por las pintas (que obviamente rechazamos), por las banderas verdes en los ataúdes, por la “provocación” de Marco Arana al sentarse en un banco con un letrero, y minimice hasta la vergüenza a los asesinados por balas Galil de fusiles israelíes en Celendín y por los otros peruanos muertos en Espinar, Sechura, Paita o Cañete, así como por la fractura en el maxilar superior del ex sacerdote y, obviamente, invisibilice la cantidad de gente que salió a las calles el jueves pasado.

Pero el pueblo no es bruto, aunque los medios aliados al gran capital y ahora a los más altos estamentos del Estado sean tan brutos de creer que sí.



Hecho ocurrió en la zona de Quengorrío Alto, en Bambamarca
Un grupo de aproximadamente 80 pobladores que pertenecerían a los poblados de El Tambo y Bambamarca, ingresó esta tarde a la propiedad privada del Proyecto Conga por el acceso principal ubicado en el caserío de Quengorrío Alto, distrito de Bambamarca.
Este ingreso se realizó sin ninguna comunicación previa con la empresa ni con alguno de sus representantes, y en plena vigencia del Estado de Emergencia en la zona.
Tras el ingreso a la propiedad, un grupo de efectivos de la Policía Nacional persuadió de manera pacífica a los manifestantes para que se retiren del lugar. Dos horas después de haber ingresado, el grupo de pobladores se retiró también de manera pacífica.
Yanacocha se reafirma en el diálogo como única vía para alcanzar la paz social y el desarrollo sostenible, y llama a la cordura a los grupos que están realizando este tipo de acciones, las mismas que no aportan a la construcción de un diálogo que favorezca a todos.
Cajamarca, 12 de julio de 2012
Gerencia de Comunicaciones

PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES Y DE DERECHOS HUMANOS ANTE REPRESIÓN Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN PERÚ
Las organizaciones abajo firmantes expresamos profunda preocupación en cuanto a las acciones del gobierno peruano que demuestran una creciente represión de la libertad de expresión, brutalidad policial, y violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al gobierno peruano a poner alto de inmediato a estos abusos, y buscar una solución pacífica, basada en el diálogo, a los conflictos relacionados con los proyectos extractivos en Perú.
Nos consterna que el gobierno de Perú ampare los proyectos extractivos reprimiendo con violencia la oposición de la comunidad. Nuestras organizaciones respaldan los derechos de las comunidades a la protesta pacífica y no violenta. Denunciamos cualquier forma de violencia.
En el último año, los conflictos sociales en Perú han aumentado drásticamente, llegando a más de 240 en la actualidad. Una buena parte de estos conflictos surgen debido a que los proyectos de la industria extractiva no obtienen el consentimiento de las comunidades. En concreto, la falta de consentimiento ha sido el catalizador principal en los crecientes conflictos sociales en Perú.
Durante las últimas semanas, la comunidad internacional ha notado la intensificación de estos conflictos sociales y la respuesta violenta y de mano dura reprimiendo la oposición comunitaria. Muy recientemente, la policía abrió fuego contra manifestantes opuestos al proyecto minero Conga de la empresa minera Newmont, el cual representa una amenaza de contaminación y sequía de los recursos hídricos en la región. Desde principios de julio del corriente año, las agresiones policiales han resultado en la muerte de cinco personas y numerosos heridos en Bambamarca y Celendín.
La detención violenta del Padre Marco Arana y la brutalidad y abusos a los que fue sometido a manos de la policía mientras participaba en una vigilia silenciosa en Cajamarca es preocupante.
Instamos al gobierno de Perú a que tome las siguientes medidas inmediatas:
  •  Detener de inmediato la represión y los ataques violentos en contra de manifestantes;
  • Levantar el “estado de emergencia” que viola los derechos de ciudadanos y  ha llevado a la militarización de la región, lo que podría resultar en nuevos actos de violencia;
  • Llevar a cabo inmediatamente una investigación sobre la violenta detención del Padre Marco Arana, y la intimidación de otros dirigentes de la oposición al proyecto Conga; 
  • Establecer  una política de consentimiento de las comunidades antes de cualquier proyecto de la industria extractiva, ya que la falta de consentimiento es el principal causante de conflictos sociales en Perú.
También instamos a la empresa minera Newmont, encargada del proyecto Conga, a que se pronuncie públicamente en contra de la represión violenta de las libertades civiles y el acoso de manifestantes que se oponen a la mina, por parte del gobierno peruano. Se le solicita a la empresa que no proceda con este proyecto sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
En tanto parte de una amplia red de organizaciones internacionales de la sociedad civil, vigilaremos de cerca la situación en Perú. Seguiremos informando a las autoridades en Norteamérica y a nivel internacional, encargados de tomas de decisiones y medios de comunicación sobre las acciones represivas del gobierno peruano y la oposición de las comunidades al proyecto minero Conga.
Por último, expresamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas, organizaciones, autoridades locales,  y especialmente las familias de víctimas en Perú.
Firman,
350.org (EEUU)
Acción Ecológica (Ecuador)
Amazon Watch (EEUU)
American Baptist Home Mission Societies
ArtAndes (EEUU)
Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta ADES Santa Marta (El Salvador)
Asociación para el Desarrollo de El Salvador CRIPDES (El Salvador)
Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal en El Salvador CORDES  (El Salvador)
Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (Guatemala)
Canadian Union of Postal Workers – Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) (Canadá)
Canadian Union of Public Employees (Canadá)
Canadians Against Mining Injustices in Peru (Canadá)
CATAPA (EEUU)
Center for Alternative Mining Development Policy (EEUU)
Center for Constitutional Rights (EEUU)
Center for Constitutional Rights (EEUU)
Center for International Environmental Law (CIEL) (EEUU)
Center for Justice & Accountability (EEUU)
Centro de Investigación sobre Economía y Comercio CEICOM (El Salvador)
Coalition Québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique Latine (QUISETAL) (Canadá)
Columbian Justice and Peace JPIC (Reino Unido)
Columbia Law School Human Rights Institute (EEUU)
Comité Ambiental de Cabañas CAC  (El Salvador)
Common Frontiers (Canadá)

Conference of Major Superiors of Men (EEUU)

CONGA NO VA (Canadá)

EarthRights International (EEUU)

Earthworks (EEUU)

Environment and Human Rights Advisory (EEUU)

Environmental Investigation Agency (EEUU)

Foreign Policy In Focus (EEUU)

Foundation Earth (EEUU)

Friends of the Earth – United States (EEUU)

Friends of the Earth Canada (Canadá)

Friends Victoria (EEUU)

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD  (El Salvador)

Global Concerns Committee, Montclair Presbyterian Church (EEUU)

Global Exchange (EEUU)

Global Greengrants Fund

Global-Local Links Project & Global Community Rights Framework Initiative (EEUU)

Golden Dolphin Films (EEUU)

Government Accountability Project (EEUU)

Grand Riverkeeper (EEUU)

Great Basin Resource Watch (EEUU)

Green Hearts Project

Green Hearts Project (EEUU)

Guatemala Human Rights Commission (EEUU)

ICCO / KIA (Netherlands)

Indigenous Environmental Network

Indigenous Peoples Solidarity Movement Ottawa (Canadá)

Institute for Policy Studies, Sustainable Energy & Economy Network (EEUU)

International Accountability Project (EEUU)

International Forum on Globalization (EEUU)

International Rivers (EEUU)

Joining Hands Coordinating Team, Presbytery of San Francisco (EEUU)

Laguna Acoma Coalition For A Safe Environment (EEUU)

Land is Life (EEUU)

Latin American Studies Alumni SUNY Plattsburgh

Maritimes – Guatemala Breaking the Silence Network (Canadá)

Maryknoll Office for Global Concerns (EEUU)

Medical Mission Sisters’ Alliance for Justice (Reino Unido)

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador (El Salvador)

Minding our Mines (EEUU)

MiningWatch Canada (Canadá)

Missionary Oblates of Mary Immaculate, Justice, Peace and Integrity of Creation (EEUU)

Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 MUFRAS 1932 (El Salvador)

NALACC (EEUU)

Oxfam America (EEUU)

Partnership for Earth Spirituality (EEUU)

PLAN Action Fund (EEUU)

Polaris Institute (Canadá)

Progressive Leadership Alliance of Nevada

Project of Heart (Canadá)

Puchka Peru (EEUU)

Rainforest Action Network (EEUU)

Responsible Sourcing Network (EEUU)

Responsible Sourcing Network a project of As You Sow

SAKBE, Comunicacion y Defensa para el Cambio (México)

SalvAide (Canadá)

Sisters of Mercy of the Americas Institute Justice Team (EEUU)

Tri-State Coalition for Responsible Investment (EEUU)

Unidad Ecológica Salvadoreña UNES (El Salvador)

United Steelworkers (Canadá)

United Steelworkers, AFL-CIO (EEUU)

Victoria Mining Justice Committee (Canadá)

Washington Office on Latin America (WOLA) (EEUU)

Yukon Conservation Society (Canadá)






Defensor emplaza a ministro del Interior por golpiza a comisionada

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, denunció maltratos físicos cometidos por miembros de la Policía Nacional contra la comisionada de esta institución en Cajamarca, Genoveva Gómez, quien acudió a la sede de la Región Policial para conocer la situación de seis personas detenidas durante la protesta contra el proyecto minero Conga.

Según explicó, la comisionada llegó hasta el área de detención de la dependencia policial y ahí pudo observar a varias personas tiradas en el suelo gritando. Este hecho alarmó a la funcionaria, quien se disponía a dialogar con el director de la dependencia, cuando fue acorralada por unos 20 policías.

Fue en ese preciso momento cuando, en medio de insultos, Genoveva Gómez fue golpeada por los policías. Primero la empujaron y luego la jalaron de los cabellos. Asimismo, intentaron arrebatarle su credencial de identificación de la Defensoría del Pueblo hasta que finalmente fue expulsada de la instalación. Este hecho fue corroborado por la representante de la Coordinadora de Derechos Humanos, Amparo Abanto, quien se encontraba acompañando a la comisionada y quien también fue víctima de atropellos, pues recibió golpes e insultos de los mismos agentes.

Frente a esta situación, el defensor instó al ministro del Interior, Wilver Calle, a que investigue y sancione a los responsables de la brutal golpiza. “En todo momento la comisionada Gómez se identificó como personal de la Defensoría del Pueblo y trató de explicar el objetivo de su presencia y las facultades legales que respaldan su actuación en situaciones de este tipo, pero no fue oída. Esta es la primera vez, en 15 años, que sucede una agresión y obstrucción a la labor constitucional de un funcionario de la institución”, increpó Eduardo Vega.

Por su parte, el Jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, exigió una investigación seria por parte del Ministerio Público. Asimismo, precisó que la funcionaria agredida se encuentra con múltiples golpes en el cuerpo, lo que será corroborado por el informe del médico legista.

Moreno aseguró que el móvil de este brutal hecho, se debe a que trataron de ocultar los golpes que propinaban a los detenidos. “Le pegaron para que no vea lo que estaba sucediendo. Ella (Genoveva Gómez) escuchó los gritos y cuando quiso ingresar, no tuvieron mejor opción, que golpearla. Este acto es tan irrazonable”, declaró el funcionario a diario16.

Asimismo, sostuvo que existen testigos, entre ellos, un trabajador de la Defensoría, los mismos detenidos, y otros policías, quienes observaron las agresiones contra las abogadas. Ante ello, aseguró que exigirán una investigación inmediata para identificar a los responsables.

PATRICIA HOYOS: phoyos@diario16.com.pe


Por: Ronald Ordoñez
Cuando todo hacía presagiar que la jornada del paro indefinido acatado el día de ayer concluiría sin incidentes lamentables, al promediar las 6:30 p.m., efectivos policiales reprimieron nuevamente a los manifestantes apostados en la plazuela Bolognesi.
Los incidentes iniciaron luego de un altercado entre un efectivo policial y un manifestante; entonces, una primera bomba lacrimógena fue dirigida a la carpa donde se preparaban los alimentos para la olla común, dispersando inmediatamente a quienes se encontraban allí, acto seguido se lanzaron más bombas, asfixiando a varias personas incluso, a quienes no participaban de la protesta y transitaban por la vía. Los pobladores respondieron con piedras y palos, generándose enfrentamientos que se extendieron hasta las 9 de la noche, a lo largo de la plazuela de los Héroes.
Producto de estos hechos varias personas resultaron heridas, entre ellas, el estudiante universitario Cristian Cerna que presentó una herida en el cuello por el impacto de una bomba lacrimógena, además de una mujer embarazada que fue evacuada rápidamente al primer nosocomio de Cajamarca, y por lo menos tres efectivos policiales.
Se registraron once detenidos, algunos de ellos identificados como: Segundo Minchán, David Campos, Wilser Marín, Segundo Tello y Modesto Alcántara, aparte de tres menores, una de ellas originaria de la provincia de Celendín.
En la plaza de Armas
Mientras sucedían estos hechos, en la plaza de Armas, el presidente regional Gregorio Santos, se dirigía a la población, exigiendo al gobierno nacional “escuchar la demanda de Cajamarca”.
Asimismo, durante el mitin, el presidente regional pidió a los líderes de la protesta “seguir unidos y resolver las diferencias en las asambleas internas”. Wilfredo Saavedra quién en un primer momento criticó el envío de la carta al presidente Ollanta Humala, esta vez respaldó a Santos: “Se dice que no coincidimos, desde aquí quiero ratificar la decisión unitaria, queremos plantearle al presidente de la República nuestra propuesta. Se debe terminar el Ordenamiento Territorial de la región porque así vamos a decidir dónde y cómo se van a desarrollar las actividades económicas”, dijo.
Por su parte, el integrante del Comando Unitario de Lucha, Milton Sánchez, señaló: “Así como en palacio de gobierno se recibe a los integrantes de Newmont, Buenaventura y a los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, exigimos que el presidente escuche a la población de Cajamarca. No es posible que quiera mandar una comitiva de ministros que ya está de salida”, manifestó.
Abogadas y abogado agredidos
Las abogadas Amparo Abanto de GRUFIDES y representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; además de Genoveva Gómez de la Defensoría del Pueblo y un representante del Colegio de Abogados, fueron agredidos por efectivos policiales mientras se encontraban en la primera comisaría de la ciudad defendiendo a los detenidos, quienes habrían sido golpeados al interior de la dependencia policial.
El día de hoy
Para el día de hoy, en el día 23 de paro contra el proyecto Conga, la población se viene agrupando en la plazuela Bolognesi y en la plaza de Armas de Cajamarca, con la intención de realizar en las siguientes horas una movilización por las principales calles de la ciudad.
Notas relacionadas: “Cajamarca: Población aguarda mensaje presidencial”, en: http://www.noticiasser.pe/21/06/2012/cajamarca/cajamarca-poblacion-aguarda-mensaje-presidencial