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“El video de MollendinosTV-Islay TV muestra la corrupción de la policía y de ciertos colegas”, dice Rocio Silva Santisteban.

Te informan o te desinforman, o simplemente te mal informan. ¿Qué hacer cuando un fotógrafo y un redactor de un diario de tiraje nacional asumen como verdad lo que dice la Policía Nacional del Perú (PNP) y permiten la publicación de una noticia incriminadora? Es más, ¿qué pensar cuando lo hacen sabiendo que se está ‘sembrando’ algo que no es? Como no indignarse cuando descubres que una noticia es consecuencia de una ‘siembra’, de una ‘falacia’, de un plan de criminalización.

Sí, nos referimos a la noticia publicada ayer, 23 de abril, en el diario Correo, del Grupo Epensa, y que ahora forma parte del Grupo El Comercio. El diario tildaba a quienes protestaban contra el proyecto Tía María de violentistas y de portadores de ‘armas letales’, y publicó fotos de supuestos ataques a los policías. ‘La otra cara de la moneda: así atacaron los antimineros‘ tituló la sucursal de Arequipa del diario.

La nota que acompaña las fotos no deja dudas: los protestantes son violentos, iracundos, antimineros. Al redactor no le importa averiguar sobre la muerte de Victoriano Huayana, sino enfocarse en los opositores al proyecto según el interés policial.

Afortunadamente, esta versión es contradecida por el video de un reportero de MollendinosTV-Islay TV que estaba en lugar de los hechos el 22 de abril subió a Youtube. Tras ver lo ocurrido la indignación ha invadido las redes sociales.

Veamos, cómo se criminaliza a Antonio Coasaca Mamani (aunque algunos medios lo han nombrado Antonio Cuba).

Pero este segundo video también muestra el abuso de poder. Aquí el agredido es el agricultor Víctor Tobar Choque.

CRIMINALIZACIÓN

Lo ocurrido en Mollendo es una muestra más de la criminalización de las protestas. Es una política de Estado que se ha acentuado. “Un sembrado de pruebas tan evidente de parte de un Dinoes es la verificación de denuncias que nosotros, la misión de la CNDDHH y Red Muqui que fuimos a Cocachacra la semana pasada, habíamos recogido”, dice Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aLaMula.pe.

Silva Santisteban se refiere a los testimonios de tres pobladores, uno de ellos menor de edad, que denunciaron a la PNP de sembrarles piedras en los bolsillos y hasta una honda. “Esto es irregular y es una práctica que no debe permitirse. Si la PNP tiene un protocolo que debe respetar con delincuentes, lo debe hacer mucho más con personas que solo protestan por su agua. Lamentablemente este gobierno ha dado una suma de leyes (Ley 30151, entre otras) que flexibilizan el uso de la fuerza de parte de la PNP”, señala.

OBSÉRVESE QUE EL AGENTE DE LA DINOES, ADEMÁS DE ESTAR CON EL ROSTRO SEMICUBIERTO NO ESTÁ IDENTIFICADO.

Para ella, la publicación periodística no es un caso aislado: “Obviamente no es un desliz: es algo armado. Fíjate que el fotógrafo tiene la cara tapada y no se ve que haya en ese momento gas pimienta o bombas lacrimógenas. Eso es un delito y debe de ser sancionado. Además el tercero civilmente responsable es Correo. Si no tienen normas éticas claras para su personal, que se atengan a las consecuencias. Si fuera directora de un periódico, yo los despediría inmediatamente: están inventando la noticia. Pero, además de eso, con su actitud de maldad banal, que no saben calibrar, están perjudicando a una persona que podría ir cuatro años a prisión si es que no se hubiera descubierto”.

MollendinosTV-Islay TV produjeron un video tan pedagógico sobre la corrupción de la policía y de los ‘coleguitas’, dice la representante de la CNDDHH.

¿QUÉ DICE LA POLICÍA?

Hoy el director general de la PNP, Jorge Flores Goicochea, anunció que luego de la difusión de dos videos con imágenes de agentes haciendo abuso de su autoridad ha ordenado al inspector general de la institución una exhaustiva investigación para sancionar a los culpables.

Flores Goicochea afirmó que las imágenes le han causado mucha indignación y que todas las acciones que ameriten sanción serán denunciadas penalmente.

Los responsables de golpear a un manifestante ya detenido y de ‘sembrar’ un objeto punzocortante a otro serán investigados por el Fuero Militar Policial por desobediencia y también deberán afrontar la denuncia penal que corresponde, agregó.

El ministro

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, reconoció que “evidentemente” un policía ‘sembró’ un objeto punzocortante a un agricultor detenido. “Ya está identificado ese efectivo policial”, manifestó y consideró que lo ocurrido representa “un problema estructural que se vio en la misma forma en el Moqueguazo, en Pichanaki y ahora en Islay”.

¿Y EL DIARIO CORREO?

El diario ha anunciado que sancionará al redactor y al fotógrafo, y resaltó el hecho de que su versión central, la de Lima, no informó de la misma manera que su sucursal.

¿Y si no hubiéramos visto este video? Antonio y otros estarían encarcelados y hasta tal vez golpeados. De hecho, no es un caso aislado ni la primera vez que hay un abuso de autoridad. Si bien lo anunciado por la PNP es lo menos que puede hacer la institución, es también un ejemplo de cómo el Estado recurre a la criminalización de las protestas sociales con el propósito de intimidar a quienes reclaman sus derechos.

Yapa track:

Puedes ser tú (el criminalizado)


¿Conga a sangre y fuego?

Peligrosa estrategia de dejar que ronderos se enfrenten con ronderos

 

Ayer a las 11 pm un grupo de más de diez personas se acercaron al campamento que los Guardianes de las Lagunas habían vuelto a levantar durante el día luego de que fueran desalojados, en la zona de la Laguna Namococha, y les dispararon a mansalva mientras los agentes de la DINOES asentados muy cerca solo miraban. Esta situación ha hecho levantar dudas sobre las nuevas estrategias de seguridad de la empresa Minas Conga y del gobierno.

Como se sabe ayer varios grupos de ronderos, así como Jorge Rimarachín, Gregorio Santos, Marco Arana, entre otros personajes de Cajamarca, subieron a la Laguna Namococha para levantar el campamento que el viernes fue desmantelado por un grupo de personas no identificadas. En horas de la tarde esta comitiva bajó a Cajamarca y se quedaron en las lagunas un grupo de ronderos y guardianes con sus dirigentes.

Edy Benavides, dirigente de Bambamarca, quien estuvo ayer presente en el lugar, nos explica que aproximadamente 10 personas armadas hicieron disparos “a quemarropa” al campamento que se acababa de levantar. Es importante señalar que el lugar que ocupan los ronderos en Namococha NO pertenece a la empresa sino a un rondero de El Tambo que les ha cedido el terreno (pronto publicaré una copia del acta de cesión).

Edy Benavides señala que la DINOES miró y solo lanzó un disparo al aire. No repelieron. No protegieron. ¿Qué están esperando? La zona NO es de Newmont-Buenaventura sino propiedad privada.

Hay un documento de trabajo del sociólogo Dante Vera, que es en realidad una consultoría privada realizada para el Grupo Norte el año 2004 –con una redacción muy cercana a la de un informe de inteligencia por la cantidad de datos que recoge, incluso privados, para hacer su diagnóstico.

En esta consultoría Vera señala lo siguiente como estrategia que deben de tomar las empresas mineras de la zona norte de nuestro país: “sectores de la población aledaña a los proyectos mineros que son beneficiadas con posibilidades de empleo y obras se (deben) organizar y fortalecer para enfrentar a los sectores politizados de las rondas campesinas, ONGs e iglesia y (deben) decidir monitorear los impactos de las operaciones mineras en el medio ambiente y en lo social sin ideologizar y politizar el tema”. Pero más adelante agrega: “la principal propuesta para manejar los conflictos en el sector minero en las condiciones actuales y con una perspectiva de largo plazo es la de construir un cordón social de seguridad preventiva que le de sostenimiento social y político a una visión de la región”.

Parecerían estos consejos ser muy racionales, sin embargo, cuando se analiza al detalle y se interpreta de una manera sesgada desde la perspectiva de las necesidades de seguridad de las empresas se podría entender que es necesario “hacer un cordón de campesinos y ronderos” que estén a favor de las empresas para que puedan ellos mismos luchar “contra los que se oponen”. Esta estrategia al parecer se empezaría a utilizar ahora, que la estrategia de los convenios privados con la PNP ha sido denunciada en instancias internacionales como un manejo completamente inadecuado de los conflictos sociales.

Pero lo que ha sucedido ayer, en el marco de esta estrategia, es sumamente grave. ¿A qué está jugando la empresa Minas Conga y este gobierno?, ¿acaso están esperando que los guardianes de las lagunas también les contesten con disparos y que unos se maten a otros mientras la DINOES los mira?, ¿qué posición puede tomar la PNP que recibe un sueldo de la Empresa Minera Conga gracias a un convenio de seguridad privada entre la policía nacional y la empresa?, ¿van a defender a los Guardianes de las Lagunas de las balas que caigan de sectores interesados en que salga adelante el proyecto? Lógicamente va a ser muy difícil que efectivos policiales lo hagan, teniendo en cuenta la larga trayectoria de este conflicto, y las tensiones entre ronderos, policías y seguridad de la empresa.

Nos encontramos frente a una situación muy delicada que debe de ser evaluada de inmediato para evitar un derramamiento de sangre. Considero que la Fiscal Esperanza León, la Jefa de la Junta de Fiscales de Prevención del Delito en Cajamarca, tiene que tomar medidas para “prevenir cualquier delito” venga de donde venga

(Rocío Silva Santisteban).


Ni Un Muerto Mas! – No More Killings! Extractive Industries and Social Protest in Peru

Special Guest Lecture by Peruvian Poet and Human Rights Activist Rocio Silva Santisteban

Mason Hall, Room D3
February 19, 2013, 1:30 PM to 3:30 PM

 

In the 18 months since president Ollanta Humala took office in Peru, some 24 people have been killed by security forces in the context of social protests, mostly over mining concessions. Why? The Latin American Studies program welcomes renowned Peruvian poet, literary critic and human rights activist Rocío Silva Santisteban to discuss the factors that have contributed to this tragic situation. Silva Santisteban, who teaches at the Antonio Ruiz de Montoya University, is currently the Executive Secretary of the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a coalition of Peru’s major human rights organizations. 

Sponsored by Latin American Studies, the Human Rights & Global Justice Working Group, Global Interdisciplinary Programs, and Women & Gender Studies.


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