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CNDDHH estuvo informando sobre los impactos de los conflictos sociales en la vida de las mujeres

La Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, estuvo presente el viernes 12 de setiembre con la misión de expertas de ONU sobre discriminación contra las mujeres para informarles sobre el impacto de los conflictos sociales en las mujeres peruanas, incluyendo los casos de viudas, huérfanas y madres de personas que han muerto. De las 227 personas que han fallecido desde el año 2001, el 5.8% son mujeres, del cual, el 11.3% fueron niñas que murieron en circunstancias bastante confusas, incluyendo una bebita que se ahogo por los gases lacrimógenos de la PNP en una movilización de cocaleros.

Las mujeres que participan en protestas han sido golpeadas e incluso vejadas sexualmente (como en el caso Majaz), muchas de ellas son criminalizadas, pues tienen denuncias por diversos delitos incluyendo extorsión agravada. El caso más conocido es el de Máxima Acuña de Chaupe (uruspación agravada) en el contexto del conflicto en Cajamarca (Caso Conga), aunque a su vez, a Lizeth Vásquez (Cajamarca) quien fuera golpeada brutalmente por la policía durante una manifestación, se le denunció por “resistencia a la autoridad” (esta denuncia fue obviamente archivada). Las amenazas contra las mujeres y sus hijos por parte de los policías y autoridades son continuas en contextos de movilizaciones sociales y, a su vez, las resistencias de muchas dirigencias para que las mujeres participen con liderazgos reconocidos aceptados oficialmente.

Por eso cabe resaltar una de las conclusiones del informe de la misión: “Se ha observado que las industrias extractivas tienen consecuencias sociales y ambientales devastadoras, que resultan en perjuicio de género, dispar, generalizado y extremo hacia las mujeres, quienes sufren el impacto como una forma de violencia contra ellas y su patrimonio cultural. Se les priva de sus tierras y medios de vida, agua potable y producción agrícola, con frecuencia, sus hijas están expuestas a la violación y la prostitución en el Amazonas y la sierra y las mujeres y niñas que se ven obligadas a irse a las ciudades son vulnerables a la explotación sexual y laboral en ellas…”.

 
 

Escribe: Jorge Chavez Ortiz
Fotos: Jorge Chavez Ortiz (@ChavezWar)

La mañana del 02 de julio de 2014, al promediar las 11:30 a.m. un grupo de activista llegado de diferentes partes del Perú y el mundo, comienzo la realización del mural histórico de la lucha del pueblo de Celendín contra el proyecto minero Conga, dicho mural ubicado está en la esquina del Jr. Pardo y Jr. 2 de mayo. El mural histórico de la lucha, era el prologo de las actividades conmemorativa, en honor a los caídos del 03 de julio de 2012.

Por la tarde se desarrollo el foro publico denominado “Minería  y Movimientos Sociales en el Perú”, organizado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, donde estuvieron presente como ponentes:
  • José de Echave (Ex-vice ministro del Ministerio del Ambiente)
  • Roció Silva Santisteban  (Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH)
  • Raphael Hoetmer (Activista y investigador, miembro del Programa Democracia y Tranformacion Global – PDTG)
  • Alejandro Seminario (Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca)
  • Marco Arana Zegarra (Activista Ambiental y miembro del Movimiento Tierra y Libertad)
El foro publico inicio desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la Casa del Maestro, donde el publico presente pudo hacer preguntas al los panelistas.
Por la noche, a las 8:30 p.m. inicio la vigilia en el atrio de la Iglesia Virgen del Carmen, la vigilia fue dedicada en honor a los hermanos caídos el pasado 03 de julio de 2012 a manos del Ejercito Peruano y la Policía Nacional del Perú.
Doña Máxima Acuña de Chaupe, La Dama de las Lagunas, estuvo presente también en la vigilia.
Dentro de las organizaciones internacionales que estuvieron presente esta noche, fue el Comité de Justicia y Paz de Denver, Colorado de Estados Unidos. Donde se manifestaron sobre el proyecto minero Conga, como se sabe el pasado 2010, la misma organizacion reconoció a la ONG GRUFIDES por el trabajo y apoyo a las comunidades afectadas por las actividades extractivas en la región de Cajamarca. También estuvo presente la representante del Comité de Apoyo París Francia.
La vigilia contó con participación de diferentes artistas celendinos y cajamarquinos, donde los mas destacados esta Daniel Gil, cantautor y guardián de las lagunas. En otra parte de la vigilia, un  grupo de mujeres se encontraban trabajando en el cafecito que se repartió entre los presentes, como también preparaban los insumos para la olla común de se cocinara este 03 de julio.
Para el cierre de la vigilia, el grupo musical Tinkari, creador del himno de la lucha “Agua Si, Oro No”, se hizo presente, cerrando así la vigilia cultural.


 
 Por: Rocio Silva Santisteban M. (@pavese)
 
El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el reportaje adolece de confusión en relación con los que implica la institución “rondas” y en la medida que he trabajado el tema desde hace muchos años quería aclarar algunos puntos.

Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido: simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la constitución y la legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.

Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano).

El reportaje de Oscar Miranda del domingo apenas plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas, pero ni en Lima ni en otras ciudades del Perú se percibe la diferencia. Por la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para ello. Y eso es cierto, pero los ronderos que yo conozco, también perciben esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema.

El día viernes estuve en El Tambo, en las alturas de Bambamarca, y le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más reconocidos de las rondas en todo el departamento, sobre su opinión de lo sucedido en el Alondra. Ramos me dijo: “jamás las rondas de El Tambo le han pegado a una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa manera. Y si tendríamos que entrar a un lugar donde se ejerce la prostitución clandestina, hubiéramos sancionado a los cafichos y a los explotadores, no a las explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la prostitución como un ejercicio de libertad de trabajo y de uso del cuerpo como espacio de mercancía dentro de los anchos límites del mercado. Quizás esto sea cierto para un porcentaje muy reducido de trabajadoras sexuales, en términos generales en nuestro país, la prostitución implica una situación de explotación de jóvenes mujeres, sobre todo, en zonas alrededor de campamentos mineros legales e ilegales.

Pero el debate sobre la prostitución es otro tema. Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976. ¿Las rondas campesinas administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales.

Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del narcotráfico, se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por las Lagunas de Conga

 

Por: Rocio Silva Santisteban Manrique – @pavese


En las últimas semanas, a propósito de los miedos en torno al mito de la caída del precio de los metales y pasando piola, el Poder Ejecutivo junto con el Legislativo han producido una serie de leyes y ajustes que profundizan mucho más el modelo neoliberal extractivista. Se trata de una maquinaria de aceleración de aprobación de proyectos, flexibilización de normas laborales y facilitación de excepciones de intangibilidad de restos arqueológicos (CIRAs), de tal suerte que, tanto espacios ecodiversos, monumentos arqueológicos como trabajadores estatales y privados pueden verse seriamente afectados. Por eso, una serie de organizaciones y movimientos sociales, así como partidos políticos, están llamando a una Jornada de Lucha este 4 de julio en el que, lamentablemente, también se recuerda un año de la muerte de 5 personas por las balas Galil del Ejército en el marco de las luchas contra el Proyecto Minero Conga.

No se trata, obviamente, de una simple casualidad: la criminalización de la protesta es la estrategia colateral para que el neoliberalismo extractivista garantice la mayor concentración de riqueza en manos de unos pocos y continúe dando ingresos a las arcas estatales en el corto plazo sin tener en consideración lo que sucederá en esas lagunas y bofedales destruidos y en esos ríos que serán contaminados. Esto no significa que la jornada de lucha del 4 de julio sea de los “antimineros” como tan fácilmente califican algunos periodistas malinformados —¿quién se acuerda ahora de que Ollanta Humala es presidente del calificativo “anti-sistema” de hace pocos años?— sino de los que sentimos indignación ante la sensación de que el Perú crece solo para algunos, pero no se amplían los derechos para todos.

¿Qué queremos? Una Ley General de Trabajo que permita trabajos dignos, con plenos derechos, que se deroguen las leyes de “regímenes de excepción” que tienen casi 50 años “excepcionales” recortando derechos a trabajadores textiles. Una Ley de Consulta Previa sin recortes ni reacomodos que han surgido en el camino de su implementación y un reconocimiento real de las comunidades indígenas, tanto de la sierra como de la Amazonía, haciendo transparente la base de datos, así como un proceso claro y decidido de zonificación territorial que evite la depredación de nuestros ecosistemas. Una Ley de Vivienda Popular que permita que este boom inmobiliario pueda ser disfrutado por los sectores menos favorecidos con préstamos y subsidios para los más pobres. Que no se anule la educación sexual en la escuela, que se promulgue el protocolo del aborto terapéutico y se despenalice el aborto en casos de violación sexual, queremos el reconocimiento de los derechos sexuales de los más vulnerables y el respeto a la diversidad de orientación sexual sin discriminación de ningún tipo. Una Ley Universitaria que NO vea a la universidad como un simple “servicio a la productividad del país” sino como el espacio en el que se debe de crear pensamiento crítico y propuestas tecnológicas alternativas, así como un monitoreo educativo para propiciar procesos cognitivos y de abstracción en nuestros escolares.

Nos indignamos porque creemos en la urgencia de un cambio del modelo productivo neoliberal hacia un modelo económico solidario, socialmente justo, ecológicamente sostenible basado en nuestra mega-biodiversidad que fortalezca la democracia, el respeto a los derechos humanos y el acceso pleno a la educación, vivienda y salud. Por eso, como los indignados en muchas partes del mundo, este 4 de julio, que es la Jornada Nacional de Lucha, debemos salir a las calles.

Publicado en el diario La República, 02/07/2013


Por: Rocío Silva Santisteban

El colectivo Nadie nos paga, integrado por distintos jóvenes de Lima y que se hizo bastante conocido por su campaña “Estimado Roque”, ahora ha puesto en circulación un video en el que se preguntan por qué la Policía Nacional del Perú – PNP realiza convenios con empresas extractivas para que contingentes de 100 o más DINOES resguarden sus instalaciones. En un fragmento del video, uno de los miembros del colectivo se lee el siguiente párrafo: “por medio del presente convenio la PNP se compromete a instalar en el campamento de la empresa minera un servicio de seguridad durante las 24 horas del día…” Luego otro miembro pregunta: “Ciudadano Ollanta Humala Tasso ¿desde cuándo es constitucional que la policía nacional tenga un puesto dentro de una empresas minera y sirva ésta como su agencia de seguridad particular?”.


Tanto Nadie nos paga como Salomón Febres Ghitis coinciden: ayer en una entrevista en canal 2, el ex premier sostuvo enfáticamente que la policía no debería dedicarse a resguardo de particulares, sino a estar en las actividades que permitan una mayor eficiencia en relación en la seguridad pública. Por eso mismo, sorprende que en Trujillo, Chiclayo o en Cajamarca se produzcan tantos asesinatos de taxistas o casos de robos agravados y asaltos a mano armada cuando cientos de DINOES y otros miembros de fuerzas de élite de la PNP están acuartelados en Cañariaco o en Conga.

Personalmente me han intervenido oficiales de la PNP cuando he tratado de subir a las lagunas de Conga luego de que nuestra camioneta tuviera que parar ante una tranca puesta en una carretera pública, luego me conminaron a entregarles mi DNI. ¿A razón de qué me puede parar la policía en una carretera si no estoy cometiendo ninguna infracción? La razón que adujeron era de reconocimiento y seguridad porque estábamos en zona de influencia del Proyecto Minero Conga. ¿Y esa qué clase de excusa es? Cualquier ciudadano puede caminar frente a Palacio de Gobierno y no por eso la policía lo va a parar.

Lo mismo sucedió la semana pasada cuando los ronderos de Bambamarca y Celendín intentaron subir al terreno de 24 hectáreas de la familia Chaupe Acuña: buses, camionetas de la policía, policías en camionetas del Banco Continental – BBVA, policías armados con AKMs, otros con grabadoras de video, cámaras fotográficas, intentaron impedirles el tránsito, incluyendo a Elmer Campos, quien subió a la zona un año después de que fuera abaleado allí mismo, motivo por el cual hoy se encuentra inválido. No los dejaron pasar y los ronderos tuvieron que cargar en vilo a Campos durante varias horas para que pueda llegar a la zona. ¿Es lícito que una empresa cierre los caminos públicos y no permita desplazarse a un minusválido?


Por último, repito la pregunta que hace otro de los miembros del colectivo: “Ciudadano Raúl Salazar, jefe de la policía, como ud sabe…en Bambamarca, Celendín, 5 personas fueron asesinadas x miembros d las fuerzas del orden con armas de fuego en el marco de las protestas por Conga, ¿quiénes purgan condena o tienen un proceso abierto?”. Como responsables de la parte civil de estos casos, puedo decir con conocimiento de causa, que ni siquiera hay UN proceso abierto.

A la PNP SI le pagamos todos los peruanos: terminemos de una buena vez con estos convenios que privatizan una institución pública. 

Fotos: Internet, Colectivo Nadienospaga