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Carlín siempre tan preciso.

Por: Roy Palomino 

 
Cuando explotó el conflicto en Tía María, muchos nos sorprendimos no solo por la violencia de la policía sino porque algunos tenían identificaciones tipo: “FilosofeXXX“. Sobre este tema, ha escrito Gustavo Gorriti en su columna semanal y allí revela un dato importante:la minera Southern Peru Copper Corporation registra un convenio con la policía. El servicio que la brinda la PNP XI Dirtepol de Arequipa es de protección, vigilancia y seguridad.

“En el caso específico de Tía María, por ejemplo, la periodista Jacqueline Fowks investigó y encontró en 2010, cuando trabajaba en IDL-Reporteros, que existía un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre la Southern Peru Copper Corporation Proyecto Tía María y la PNP XI Dirtepol (Región Arequipa)”. Se lo clasificó como “servicio individualizado” cuyo objeto era la “protección, vigilancia y seguridad” del proyecto”.

Además, Gorriti también contó que estos servicios individualizados se dividen en varios porcentajes, una parte va directamente hacia el agente policial y otra a su institución.

“Eso era pagado, tanto al policía como a la institución. De acuerdo con el convenio, según el reporte de Fowks, el 20% del monto pagado a oficiales y suboficiales se depositaba, como recursos directamente recaudados, a una cuenta corriente de la PNP en el Banco de la Nación”

Nosotros hemos buscado más convenios entre mineras y la policía y hemos encontrado esta relación de mineras que tienen el mismo arreglo con la Diroes, Divoes y la PNP.

En esta lista del 2012, elaborada por la misma policía ante un requerimiento del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, no aparece Southern, pero sí podemos ver que la policía le presta servicio a minas en 10 regiones del país, desde Ayacucho hasta Iquitos. Y en total son 485 los efectivos policiales que están a disposición de las mineras.

Cuadro elaborado por la policía. Vía IDEHPUCP.

Ojo. Estas prestaciones no se contabilizan como parte de su “franco”, sino como su servicio regular. En el informe también se puede ver cómo se reparten los ingresos económicos que este convenio genera. Como se observa en el siguiente cuadro, una parte va directamente al suboficial, otra al oficial y una tercera parte al Estado peruano.

Cuadro elaborado por la Policía. Vía IDEHPUCP.

Ahora, ¿es esto un problema? Si queremos ser un país serio, sí. Gustavo Gorriti lo resume muy bien en su columna:

“¿Queremos ley, progreso y una lucha eficaz contra el crimen? Empecemos por ser un Estado serio. Un Estado serio no tiene a la Dirección de Operaciones Especiales de su Policía trabajando como huachimanes de las minas, para luego reprimir a los que se oponen a ellas”.

Hay mejores formas de pagarle a la Policía. Por ejemplo, dedicar parte del canon para eso. No se puede tener a la policía recibiendo pagos de particulares. Eso, en cualquier otro contexto, se llama coima.

 

Comunicaciones entre los ministros de Energía y Minas y del Ambiente hacen evidente que petrolera Karoon hizo el sustento técnico de Reglamento de Hidrocarburos que quiere eliminar los EIA para la exploración petrolera. También revelan diferencias de Pulgar Vidal con Mayorga.

 documentos. Se ha hecho evidente una discusión  entre los ministros Manuel Pulgar Vidal y Eleodoro Mayorga.
 
Un correo electrónico entre Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, y Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, confirma que la petrolera Karoon Energy International (KEI) elaboró el sustento técnico del Reglamento de Hidrocarburos que propone eliminar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las actividades de exploración sísmica de hidrocarburos.

En este e-mail, uno de los 3.500 mails hackeados por Anonymous Perú al ex primer ministro René Cornejo, Pulgar Vidal reprocha a Mayorga que haya sido la petrolera de capitales australianos la encargada de exponer a sus funcionarios la justificación de esta exoneración.

“En este proceso debemos tener mucho cuidado y no hacer que sea una petrolera (Karoon) la que exponga el sustento técnico del Reglamento como hicieron hoy al personal delMINAM en la sede del MINEM”, escribió Pulgar Vidal.

Antes, ignorando el obvio conflicto de intereses, Mayorga le había dicho que “son las empresas y sus técnicos las que pueden explicar mejor las operaciones y sus impactos”.

Este correo del 6 de marzo y difundido por la plataforma periodística @Ojo_Publico, fue escrito un día después de que Mayorga sorprendiera con declaraciones en las que aseguraba que se iba a exonerar del EIA a la exploración petrolera.

Inmediatamente, Pulgar Vidal aclaró que ninguna propuesta similar había sido aprobada y que, en todo caso, debía ser debatida por el Ejecutivo y estudiada por su ministerio. Este e-mail se enmarca en esta disputa, poco después silenciada. Hasta la fecha, el nuevo reglamento de hidrocarburos no ha sido aprobado.

En otro correo intervenido, fechado el 9 de marzo, Pulgar Vidal vuelve a tratar de impedir la maniobra de Mayorga.

“Es una pena que no estaré mañana ya que estoy saliendo de viaje en este instante –le dice–. Este Reglamento tiene una historia previa. El MINEM quería hacer DIAS hasta de las refinerías y me mandaron el cartón para firmarlo desmostrando poca prudencia. La carta con la que me enviaron el cartón curiosamente también hablaba de supuestos consensos…”.

Un mes después, Mayorga fue al Congreso a dar explicaciones de otro conflicto: el ser asesor de Interoil y pese a ello haber firmado un decreto como ministro que la exonera de una millonaria deuda.

LOS LOTES DE KAROON
Precisamente la empresa Karoon cuenta con concesiones de exploración en el mar del norte de Perú, zona en la que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tenía planeada la promulgación de una zona reservada. Esta Área Natural Protegida (ANP) quedó trunca por el paquete de normas que restó competencias a las instituciones del Ministerio del Medio Ambiente. Pero el jefe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas dijo a La República que no desistiría de su intención de proteger el mar.

Al respecto, Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, consideró que este e-mail entre Mayorga y Pulgar Vidal demuestra que son las empresas las que impulsan la legislación en virtud de sus intereses. 

 

Siguen saliendo a la luz más correos de la cuenta hackeada al ex primer ministro René Cornejo que muestran con absoluta claridad el permanente enfrentamiento que existe y persiste entre los ministros de Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y el de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.


Por César Ipenza*

11 de julio, 2013.- Cuando escucho, veo y leo en los diversos medios situaciones sumamente complejas de la política nacional, con debates que no ayudan a construir el Perú que todos soñamos, y con ataques entre las fuerzas políticas de todo lado, no puedo evitar pensar en que estamos en un país mediocre, en donde prima el interés político sobre el técnico.

Recientemente han sucedido hechos que nos llevan a pensar y replantear lo que pasa con nuestro legado natural y cultural respecto de la “crisis de inversión” y la “necesidad de promoverla” o la “necesidad de facilitarla”.

Ante ello he quedado sorprendido, por no decir más, porque en la “burbuja de Lima” los temas se oyen, se debaten –en algunos casos se intentan soluciones–, luego se olvidan y se pasa de inmediato a otro tema de moda, de mayor escándalo, el que sea más atractivo para la prensa.

Para que nuestro país se aleje de esa mediocridad, lo que no puede pasar de moda son justamente los temas ligados al retroceso en la política nacional, porque es –o debe ser– de interés de todos los peruanos, y porque las malas decisiones repercutirán en todos nosotros. Por ello, si damos prioridad a ciertas inversiones, vale la pena preguntarnos: ¿Qué tipo de inversiones?

Parece ser que en la actualidad los instrumentos ambientales son obstáculos para la inversión. Por ello, se hace lo posible para que no “estanquen” los proyectos. Se reducen plazos, las exigencias y, en suma, se le dan todas las facilidades al inversionista como si un estudio de impacto ambiental tiene que ser sí o sí. ¿Acaso no hemos aprendido que estos instrumentos podrían declarar viable o no a un proyecto?

¿Acaso no nos damos cuenta de que “facilitar” la aprobación (ojo, aprobación de los instrumentos en 100 días como indican los decretos supremos 054 y 060) está complejizando y complicando el sistema, y también presionando a los funcionarios y servidores públicos para decir sí o sí a un instrumento ambiental? De manera particular, creo que los decretos supremos (1) emitidos con el fin de “facilitar la inversión” no van a solucionar el problema, sino todo lo contrario, sumarán conflictos de los que ya estamos cansados y que nos muestran como un país poco serio para las inversiones.

Si sumamos a esto los anuncios sectoriales como, por ejemplo, los del MINEM, el cual indica que ante los decretos esperan “encontrar un equilibrio” o “hay plena voluntad del Minam para trabajar juntos en la aplicación de la norma y que más bien sean promotoras de la inversión”, vamos de mal en peor. Las aplicación de las normas, entre ellas el ECA (estándar de calidad ambiental) aire no deben ser negociables o prorrogables, simplemente deben aplicarse, más aun cuando estas normas tienen como principal propósito proteger la salud de la población.

El ECA aire fue regulado desde el año 2001 (D.S. N° 074-2001/PCM), actualizado el 2008 (D.S. N° 003-2008-MINAM). La aplicación gradual de los ECA aire para Dióxido de azufre está claramente establecido en los plazos fijados desde el año 2001 (365 ug/m3 diario y 80 ug/m3 anual), los nuevos valores a partir del año 2009 (80 ug/m3 diario) y posteriormente para el 2014 (20 ug/m3 diario). “Las empresas minero metalúrgicas han tenido 13 años para desarrollar sus inversiones con miras a cumplir las normas de calidad del aire”, según señaló el mismo MINAM.

Esto me lleva a reflexionar y mencionar uno de los principios fundamentales del derecho ambiental –de aceptación y plena vigencia en el derecho ambiental comparado e internacional– el Principio de No Regresión, el cual busca que el sistema no tenga retrocesos de los avances ya alcanzados por cada Estado. Conlleva a tener claro, que los logros hechos en materia ambiental o del derecho al desarrollo sostenible tengan que permanecer y sean vinculantes, tanto para la administración pública, como para todos los administrados.

Finalmente es pertinente reflexionar sobre si estas medidas contradicen la cláusula 18.3.2 del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos de América, donde se establece que es inapropiado promover la inversión o comercio mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en la legislación ambiental, lo que podría generar severas denuncias contra el Estado Peruano, contra el TLC suscrito con los Estados Unidos y otros compromisos asumidos por el Perú con la comunidad internacional y traducida en diversos convenios, acuerdos y declaraciones, entre otros.

Nos toca a todos los peruanos ejercer nuestra ciudadanía y mostrarnos críticos a cualquier situación que signifique retroceso en los logros alcanzados o los avances en nuestra política, ya que finalmente esto redundará en los que nos toque vivir el día de mañana.

Nota:

(1) Decreto Supremo N° 054-2013-PCM y Decreto Supremo N° 060-2013-PCM.


*César Ipenza es abogado, con estudios de especialización en Biología de la Conservación, Conflictos Sociales, Gobernanza y Política Ambiental, Derechos Humanos y Derecho Humanitario Internacional. Tiene una Maestría en Espacios Naturales Protegidos en las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá. Ha trabajado en diversos organismo públicos como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional del Ambiente y fue asesor de la Alta Dirección del Primer Ministro del Ambiente (2009-2011), viendo temas relacionados a minería, minería ilegal, áreas naturales protegidas, bioseguridad, diversidad biológica en general y temas relacionados a los derechos de los pueblos indígenas.

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Fuente: Publicado el 10 de julio por Noticias SER: http://www.noticiasser.pe/10/07/2013/amargo-cafe/retrocesos-en-la-politica-de-patrimonio-natural-y-ambiental

Información relacionada publicada en Servindi:

Denuncian estrategia del gobierno para justificar medidas lesivas que facilitan inversiones

 

– Medidas representan retroceso en protección del patrimonio natural y cultural.

Servindi, 4 de julio, 2013.- Representantes de distintas asociaciones y redes sociales denunciaron la estrategia del Ejecutivo, impulsada con el apoyo de un sector empresarial, que apunta a justificar un paquete de lesivas medidas adoptadas para promover las inversiones a costa de sacrificar el patrimonio natural, cultural y los derechos de las poblaciones locales.Seguir leyendo…
 

Gobierno sacrifica patrimonio natural, cultural y derechos por favorecer inversión

– Con las nuevas medidas Ollanta superaría a Alan García en aplicar la política del “perro del hortelano”.

Servindi, 7 de junio, 2013.- El reciente paquete de medidas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala indican que éste está dispuesto a sacrificar el patrimonio natural, cultural y derechos de las poblaciones locales a fin de que las inversiones sigan fluyendo. Seguir leyendo…


Faenón minero en otoño

Por Carlos Monge*

30 de mayo, 2013.- Como si estuviésemos en primaveral temporada de toros, el otoño del 2013 pasará a la historia como el de un faenón del lobby minero. Frente a un muy débil toro gubernamental, el lobby minero se ha dado un paseo, cortando ambas orejas y rabo, y –ay!!- quien sabe si algo más. Seguir leyendo…


¿Agilizando inversiones sin filtros ambientales y sociales?

Por José De Echave*

27 de mayo, 2013.- Parece que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones. El propio presidente peruano acaba de anunciar un primer paquete de reformas para impulsar las inversiones en el país que coincide con los pedidos que provenían de los gremios empresariales y sus escribidores. Seguir leyendo…


Por: Raisa Ferrer
El bosque seco del Marañón es probablemente una de las regiones ecológicas menos exploradas científicamente del Perú y con una alta tasa de especies exclusivas del lugar (‘endemismo biológico’). Se caracteriza por sus altos cactus, puyas y matorrales, y por presentar un clima árido, donde las lluvias solo llegan tres meses al año y pese a lo anterior aún no se encuentra bajo protección en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado Peruano.

Según un estudio reciente que buscó la propuesta de áreas de conservación prioritarias en elbosque seco del Marañón, entre Cajamarca y Amazonas, se encontró que aproximadamente el 50% de este bosque se ha perdido, debido a las diversas actividades antropogénicas como la agricultura, ganadería, infraestructura, etc.

Pese a lo anterior, se pudo identificar algunas áreas que aún se encuentran en buen estado, y que tendrían comunicación con los bosques montanos (selva alta) de ambas regiones. Ambas representan áreas que se plantea estudiar con más detalle y así se tendrá mayor información acerca de aquello que el Estado debe proteger.

El estudio fue dirigido por los investigadores peruanos Judith Figueroa, Marcelo Stucchi y Roxana Rojas-VeraPinto, de la Asociación para la Investigación y Conservación de la Biodiversidad (AICB) y financiado por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y se realizó tomando como especie “sombrilla“, aquella que al ser protegida conserva de forma indirecta la vida muchas otras especies que componen el ecosistema, al oso andino u oso de anteojos, la única especie de úrsido que habita en América del Sur y que se encuentra en peligro de extinción.

Asimismo, los osos andinos o de anteojos cumplen importantes funciones en el ecosistema, pues son reforestadores naturales, que expulsan semillas a través de sus heces tras ingerir algún fruto del bosque.

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Más información sobre el estudio en: https://www.box.com/s/scnfwpsgap3zxuasuyho
Más información sobre el oso andino en: https://www.sites.google.com/site/aicbperu/oso-andino


Vigilancia. Reforzarán la presencia policial en regiones donde la presencia de actividad extractiva genera conflictos.
El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, informó que se ha dispuesto la instalación de frentes policiales en zonas mineras, ante la evidencia de nuevos conflictos sociales en el país, como la Lambayeque.
En diálogo con RPP Noticias, sostuvo que este control policial permitirá garantizar las actividades de las empresas mineras, así como la seguridad de la población.
Fue al preguntarle por la protesta en el distrito lambayecano de Cañaris, cuyos pobladores realizan una vigilia a 800 metros del campamento de la empresa minera Candente Cooper, en rechazo a los trabajos de exploración que realiza en dicha zona.
“El conflicto minero va ser permanente y por eso nuestra necesidad de crear frentes policiales para garantizar la actividad al ciudadano, la inversión minera y también la protesta pacífica”, señaló.
Pedraza manifestó que se ha enviado una dotación de 150 policías a Cañaris, donde la empresa Candente Cooper ha expresado su disposición al diálogo para resolver el conflicto.
Dijo que este sistema de monitoreo de conflicto minero del Ministerio del Interior se emplea conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros.


 
Por Marc Gavaldà*

15 de julio, 2012.- Perú vive un escenario social complejo encendido por la represión contra la oposición de la población local contra los proyectos mineros. Ante una postura cada vez más firme y desenmascarada de un gobierno servil a los intereses de la minería, será preciso analizar con lupa también los proyectos energéticos que enquistarán al país en el monocultivo extractivista. El Gasoducto Andino Sur, vendido como la oportunidad para consumir el gas de Camisea a nivel interno es uno de ellos.

Hasta la fecha, del complejo de Camisea, en el corazón de la selva urubambina, salen dos gasoductos, uno de líquidos de gas y otro de gas natural, que transportan las reservas del lote 88 hasta los mercados nacionales e internacionales. A parte, otro gasoducto está en fase avanzada de diseño, el Log Sur –antes llamado Log Selva– para hacer lo mismo de las reservas del lote 56 y 57.
En 2011, se difunde la puesta en marcha de un nuevo gasoducto, esta vez para que Petrobras venda el gas del lote 58, así como de los lotes vecinos 57 y 88. El objetivo, dijeron, “es sacar el gas para, esta vez sí, motivar el consumo interno de energía barata que genere desarrollo para el sur del país”. Examinemos hasta qué punto.
 

Petrobras construye un nuevo gasoducto

El proyecto Gasoducto Andino Sur, con una longitud de 1.071.5 kilómetros, incluye tres ductos, uno de gas natural, otro de líquidos de gas y un tercero de etano. Además, una planta de separación en la selva y una planta de fraccionamiento en Ilo. En esta última, que ya han anunciado que será la más grande del país, los líquidos de gas serán transformados en propano, nafta y otros derivados.
La compañía constructora del proyecto es la Kuntur Transportadora de Gas, empresa de propiedad de la norteamericana Conduit, y en la cual las brasileñas Petrobras (que ha encontrado gas en el Lote 58) y Odebrecht evalúan adquirir el 51% de las acciones. La inversión aproximada requerida era de US$ 1.200 millones, pero a medida que se agilizaban los trámites de otorgación de la licencia ambiental, la empresa llegó a más que duplicar la promesa de inversión hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares.
 

Insumos para la minería
 
Cuando el gasoducto esté en funcionamiento, Kuntur promete suministrar con el gas de Camisea los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Lo que no está claro todavía, es si el gas llegará para consumo doméstico, o se destinará principalmente a alimentar a los grandes centros mineros del sur del Perú, los cuales han generado contundentes manifestaciones de rechazo últimamente. Valga recordar el levantamiento aymara en las ciudades de Puno y Juliaca con la despedida represiva que ofició el gobierno de Alan García, semanas antes de dejar el cargo.
 
De esta manera, cruzando los intereses de las transnacionales mineras para tener energía barata, con los de las corporaciones gasíferas de tener mercados cercanos y solventes, queda en cuestión si la población de las provincias del sur peruano, será la pretendida beneficiada por el Gasoducto Andino Sur, o más bien la perjudicada. Lo que es evidente, es que el poder extractivo de las mineras aumentará con el suministro y que esto generará más conflictos con las comunidades que se oponen a hipotecar el futuro de sus tierras y sus recursos hídricos a una actividad tan contaminante.
No hay que perder de vista, además de las minas, los emprendimientos industriales que esperan la llegada del gas al sur del Perú. Según fuentes del Ministerio de Energía y Minas (2009) en la población de Marcona, existe un proyecto de construir una petroquímica para producir amoníaco y un millón de toneladas anuales de urea. Esta producción sería alimentada con 99 millones de pies cúbicos de gas diarios.
 
En la misma población, otra empresa, la Orica Mining, consumiría 10 millones de pies cúbicos al día para fabricar nitrato de amonio. En Pisco, existe otro proyecto del consorcio chileno Brescia en sociedad con el Grupo Sigdo Koppers para construir una petroquímica con el horizonte de producir 700 mil toneladas de amoníaco y 350 mil toneladas de nitrato de amonio.
 
Movilizaciones por el gas
 
Como sabemos, la población del amplio Sur Peruano, ha visibilizado mediante movilizaciones su rechazo al saqueo de recursos. En junio de 2010, la lucha de la provincia de La Convención contra la exportación del gas, se alió con sus vecinos del departamento de Puno que luchaban contra la Central Hidroeléctrica de Inambari. Los días 17 y 18 de junio se paralizaron ambas provincias, cuyo pliego petitorio de la movilización anhelaba detener la exportación del gas de Camisea, la ejecución de megaproyectos como las hidroeléctricas de Inambari y Salcca Pucara y el cese a concesiones mineras en lugares donde la población estaba en contra.
 
Un amplio reclamo ha sido, como también lo fue en la Guerra del Gas de Bolivia en 2003, la industrialización en el país para evitar exportar una materia prima barata y que el beneficio del gas se genere en otros países.
 
En el país vecino, los anhelos por la industrialización -frente a la exportación– del gas encendió uno de los levantamientos más masivos y desgraciadamente sangrientos de su historia. En 2003 y 2005, las movilizaciones por el gas generaron cambios de gobiernos y de una política energética bajo control de las transnacionales exportadoras. Aunque el proceso nacionalizador iniciado por Evo Morales se quedó por el camino, se manifestó la esperanza del pueblo boliviano en el control y posterior industrialización del gas.

Sin embargo vemos, en base a los proyectos industriales que se esperan implementar en torno al gas de Camisea, que estos básicamente se dedicarán a fabricar urea, amoníaco y nitrato de amonio.
La úrea es un fertilizante químico cuya aplicación masiva en el agro puede aumentar la producción, pero también desestructurar irreversiblemente los suelos agrícolas, contaminar acuíferos, además de potenciar la concentración de tierras y el endeudamiento de los agricultores por los elevados costes que esto implica. Sin duda, los grandes consorcios agro-industriales exportadores podrían estar interesados en este producto en un país donde la tierra es relativamente barata. Por lo que respecta al amoníaco y nitrato de amonio, es más que probable que serán empleados como explosivos para la minería, lo cual, teniendo insumos cercanos y a buen precio, facilitará la ampliación de proyectos mineros en la ya muy castigada cordillera andina.
 

Hay razones para rechazar el Gasoducto

Llegados a este punto, es conveniente ampliar y profundizar el debate sobre la “exportación versus industrialización” para introducir un examen más crítico sobre los usos que se quiere hacer del gas, porque estos no tienen porqué necesariamente beneficiar a la población peruana. No habría que olvidar los intereses de la industria global contaminante por implantarse en estados con bajos niveles de control ambiental, práctica conocida como dumping ambiental.

En los países del Norte, cada vez cuesta más implantar proyectos petroquímicos por el amplio rechazo que esta actividad genera en la población, además de una normativa más estricta. Además de proveer insumos baratos a las mineras, la ubicación de petroquímicas en países como Perú, abarataría la producción por ser más permisivas en cuanto a contaminación y protección de los trabajadores y vecinos se refiere.

Será preciso regresar a la región del Urubamba, una cuenca con millones de hectáreas de bosques tropicales amenazados por la consecución de lotes gasíferos, con miles de familias de diferentes etnias que viven arraigadas a los recursos del río, con pueblos en aislamiento acorralados entre gasoductos, para enfriar la euforia despertada por el boom gasífero. Será entonces necesario recordar, una vez más, que el deterioro de los recursos naturales, las fuentes de agua, de alimento y salud no tiene precio de mercado.

Entonces, en un momento en que en Perú que cada vez más población rechaza a la minería, articular también la crítica hacia los proyectos energéticos que promueven las corporaciones para enquistar el país en tan nocivo modelo extractivista.

* Marc Gavaldà es activista de Alerta Amazónica: http://alertamazonica.wordpress.com y de la Campaña Repsolmata: http://repsolmata.ourproject.org